Distr.GENERAL

CAT/C/35/L/ECU30 de junio de 2005

ESPAÑOLOriginal: INGLÉS

COMITÉ CONTRA LA TORTURA34º período de sesionesGinebra, 2 a 20 de mayo de 2005

LISTA DE CUESTIONES QUE DEBEN ABORDARSE AL EXAMINAREL TERCER INFORME PERIÓDICO DEL ECUADOR(CAT/C/39/Add.6)

Artículo 2

1.Sírvanse describir los progresos que ha habido en la aplicación del Plan Nacional de Derechos Humanos de 1998, destinado a prevenir, erradicar y sancionar las violaciones de los derechos humanos en el país, y en particular en el funcionamiento de la Comisión de Coordinación Pública para los Derechos Humanos. Sírvanse facilitar ejemplos.

2.¿En qué fase se encuentran los casos pendientes de una resolución judicial efectiva, esto es, si las víctimas han sido indemnizadas y los responsables del delito han sido debidamente castigados?

3.¿Qué resultados concretos ha producido la aplicación del Plan Operativo de Acción 2000‑2002 sobre la situación carcelaria en los países andinos, concretamente en el Ecuador?

4.Sírvanse indicar si existe un registro para recopilar información de los tribunales nacionales sobre los casos de tortura y malos tratos ocurridos en el Estado Parte.

5.Sírvanse indicar al Comité si la legislación que prohíbe la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contiene disposiciones específicas relativas a violaciones de la Convención de carácter sexista, incluida la violencia sexual. Sírvanse también

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describir las medidas efectivas que se hayan adoptado para vigilar la incidencia de tales actos y para impedir que se produzcan, y proporcionar datos, desglosados por sexo, edad y origen étnico de las víctimas, e información sobre la investigación, enjuiciamiento y castigo de sus autores.

6.La Constitución del Ecuador reconoce que las comunidades indígenas tienen derecho a administrar su propio sistema judicial conforme a sus tradiciones y costumbres. Sírvanse describir la relación entre el Gobierno y los dirigentes indígenas, y cómo garantiza el Gobierno que este sistema judicial paralelo se ajuste a la Convención.

7.¿Qué medidas se han adoptado para poner fin a las dilaciones en la incoación del proceso judicial, que conducen a la puesta en libertad de personas presuntamente responsables de tortura o malos tratos por haber transcurrido los plazos máximos para la prisión provisional (párrafo 25 del informe)?

Artículo 3

8.¿Cómo garantiza el Estado Parte el cumplimiento del párrafo 1 del artículo 3 de la Convención en los casos de expulsión, devolución o extradición? ¿Existe un procedimiento para evaluar el riesgo de tortura que la persona pueda correr en el país al que sea devuelta? ¿Puede esa persona recurrir ante una autoridad judicial o de otro tipo?

9.Sírvanse proporcionar estadísticas sobre los solicitantes de asilo y/o refugio en el Ecuador y sobre el reconocimiento de la condición de refugiado u otra condición por razones humanitarias.

Artículo 4

10.Sírvanse indicar si se ha invocado la Convención directamente ante los tribunales nacionales. En caso afirmativo, sírvanse dar ejemplos.

11.Sírvanse indicar por qué razones la tentativa de tortura no se considera delito en el Ecuador. Sírvanse aclarar la situación a la luz del párrafo 1 del artículo 4 de la Convención.

12.¿Qué medidas se han adoptado para erradicar la tortura en las prisiones y los centros de detención, especialmente en las dependencias de la Oficina de Investigación del Delito, a fin de dar cumplimiento a las observaciones finales formuladas por el Comité en 1993?

13.Sírvanse proporcionar información sobre el caso de Rodrigo Ron, un recluso que murió en prisión en 2002 y cuyo cadáver presentaba señales de golpes. ¿Se ha considerado a alguien responsable de su muerte? ¿Se ha investigado o sancionado de alguna forma a los funcionarios penitenciarios o a otros funcionarios del Estado responsables por actos relacionados con esta muerte?

Artículos 6 y 7

14.Según fuentes no gubernamentales, la policía y las fuerzas armadas han cometido en el ejercicio de sus funciones una serie de actos que han dado lugar a detenciones arbitrarias, prisión incomunicada y tortura de personas que ejercían su derecho constitucional a la libre orientación sexual. ¿Cómo justifica estas actuaciones el Estado Parte a la luz de los artículos 6 y 7 de la Convención?

15.Ciertas organizaciones no gubernamentales (ONG) han señalado que en el Estado Parte no es una práctica establecida ofrecer a los detenidos a disposición judicial y a los presos preventivos, incluidos aquellos a quienes se aplican los artículos 6 y 7, la posibilidad de comunicar sin demora con un abogado y con su familia. Sírvanse informar sobre las medidas que el Estado Parte haya adoptado o tenga previsto adoptar para garantizar a los detenidos y presos la posibilidad de comunicar sin demora con un abogado y, en el caso de los extranjeros, con los representantes de su Estado.

16.El párrafo 1 del artículo 6 dispone que la prisión provisional y otros medios jurídicos "se mantendrán solamente por el período que sea necesario a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición". El Comité posee información según la cual más del 70% de los reclusos en prisiones del Ecuador no han sido oficialmente condenados, y a veces los presos permanecen detenidos hasta dos años antes de ser puestos a disposición del juez. Sírvanse explicar las contradicciones que parecen existir entre las disposiciones de la Convención y la práctica real del sistema penal ecuatoriano.

Artículo 10

17.Sírvanse informar de los efectos que ha tenido el programa de formación en derechos humanos dirigido a los miembros de las fuerzas armadas del Ecuador que se cita en el párrafo 129 del informe, en especial en lo referente a la prevención de la tortura.

18.¿Existen programas de capacitación similares para las fuerzas del orden locales, los guardas de prisiones, los funcionarios públicos y cualesquiera otros grupos de personas que "puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión"?

19.¿Dispone el Estado Parte de algún mecanismo para verificar los resultados de esos programas de capacitación para el personal de las fuerzas armadas y otros grupos?

20.Sírvanse indicar si el Estado Parte, de conformidad con el párrafo 142 del informe y en el marco del Plan Nacional de Educación para los Derechos Humanos, dispone ya de programas de formación del personal médico encargado de detectar y documentar casos de tortura y de prestar asistencia en la rehabilitación de las víctimas.

Artículo 11

21.Sírvanse proporcionar información relativa al funcionamiento de los centros de detención administrados por instituciones privadas.

22.¿Han asignado el Congreso Nacional y el Gobierno ecuatoriano una parte de su presupuesto anual (de un 0,5 hasta un 1%) a la gestión de las prisiones y los centros de detención provisionales, con objeto de poner fin al hacinamiento y la malnutrición de los presos y a las condiciones inhumanas de detención que sufre la mayoría de ellos?

23.Sírvanse describir los resultados concretos que ha tenido el Plan Nacional de Derechos Humanos, que prevé la creación de mecanismos apropiados de investigación y sanción en el sistema penitenciario.

24.Sírvanse indicar si la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, en su calidad de administradora del sistema penitenciario, ha suprimido todos los calabozos existentes en las cárceles ecuatorianas.

25.¿Por qué la mayor parte de las personas que ingresan en un Centro de Detención Provisional no lo hacen en virtud de una orden o mandamiento judicial como dispone el párrafo 6 del artículo 24 de la Constitución?

26.¿Qué medidas se han tomado para erradicar y prevenir los casos de tortura en los establecimientos penitenciarios, en particular el Centro de Detención Provisional de Quito?

27.¿Qué medidas ha tomado el Estado Parte para combatir las fuentes de corrupción como, por ejemplo, el cobro de gastos de alojamiento a los presos o la compra y venta de estupefacientes dentro de los centros de detención?

28.Sírvanse explicar cómo la ley que autoriza la puesta en libertad de un preso sólo por orden judicial, independientemente de la legalidad de la detención, es compatible con la obligación que incumbe al Estado Parte en virtud de la Convención de velar por que existan condiciones de seguridad en las prisiones "a fin de evitar todo caso de tortura", dado que muchos presos desconocen la existencia de esta ley y no pueden permitirse contratar a un abogado, y que la ley contribuye al grave hacinamiento de las cárceles y las comisarías del país.

29.¿Reciben los presos atención médica desde el momento mismo de su ingreso en prisión? ¿Pueden solicitar la atención de un médico de su elección?

Artículos 12 y 13

30.¿Qué autoridad es competente para ordenar la apertura de una investigación criminal en casos de tortura o tratos crueles? ¿Se requiere la presentación formal de una denuncia por parte de la presunta víctima? Sírvanse indicar si el procedimiento disciplinario por actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes se instruye al mismo tiempo que el proceso penal por los mismos hechos.

31.Sírvanse describir cómo se vigila en la práctica la situación de los detenidos en las comisarías de policía fuera de Quito. Sírvanse indicar asimismo el número de denuncias por malos tratos en dichas comisarías, así como sus resultados.

32.¿Ha investigado el Estado Parte los casos de los 58 presos que murieron en 2004, según informó el Consejo Nacional de Rehabilitación Social? La mitad de esas muertes se atribuyeron a enfermedades contraídas en prisión, y una tercera parte a homicidios perpetrados por otro interno. En vista de esas muertes, sírvanse explicar cómo el Estado Parte cumple las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención, en particular del artículo 11.

33.Sírvanse facilitar estadísticas sobre las denuncias presentadas contra funcionarios de prisiones y de policía por actos de tortura cometidos en los establecimientos penitenciarios, así como los expedientes disciplinarios incoados y las sanciones impuestas.

34.Según algunas ONG, el sistema de justicia de la policía permite que fiscales y jueces, que son también miembros de las fuerzas de seguridad, se encarguen de juzgar a sus colegas de las fuerzas del orden. Sírvanse proporcionar información sobre el mantenimiento de este sistema en los casos de posible violación de la Convención y sobre cómo el mantenimiento de este sistema es compatible con la obligación del Estado Parte de proceder "a una investigación pronta e imparcial" en tales casos.

35.Un ejemplo es el caso de Carlos Aristides Lara Silva y David Eduardo Delgado Galarza, quienes fueron detenidos el 29 de diciembre de 2001 por cinco funcionarios de la policía nacional al sur de Guayaquil. El 1º de enero de 2002 se encontraron sus cuerpos, que presentaban claros signos de tortura así como heridas de bala. Los funcionarios, que más tarde fueron declarados culpables del delito, fueron puestos en libertad antes de que concluyera su juicio, y la Corte Nacional de Justicia de la Policía no ordenó que volvieran a ser detenidos. ¿Puede el Estado Parte indicar si existe algún mecanismo para garantizar que esos funcionarios de policía, y otros que cometen análogos actos de tortura cumplan su condena o sean de otro modo sancionados?

36.¿Cómo ha garantizado el Estado Parte que "quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado"? Sírvanse explicar detalladamente todos los mecanismos y procedimientos que el Estado Parte utiliza en general en tales casos para proteger a las víctimas y los testigos contra represalias o malos tratos.

37.Sírvanse indicar, en relación con el párrafo 99 del informe, qué progresos se han logrado en cuanto a la plena aplicación del artículo 26 de la Constitución de 1998, relativo a la necesidad de que toda investigación de un delito de tortura sea realizada exclusivamente por jueces independientes, integrantes del poder judicial.

38.¿Puede un juez anular una decisión del ministerio público de archivar las actuaciones por supuestos actos de tortura o malos tratos a detenidos (párr. 166)?

39.Sírvanse proporcionar estadísticas sobre el número de denuncias y recursos constitucionales y judiciales interpuestos por actos de tortura (párrafo 196 del informe), y en particular sobre los recursos presentados al Tribunal Constitucional por desestimación de la solicitud de hábeas corpus por el juez competente.

Artículo 14

40.Sírvanse explicar qué medidas se adoptan para introducir en la legislación ecuatoriana mecanismos específicos para garantizar la indemnización y rehabilitación de las víctimas de actos de tortura.

41.Sírvanse proporcionar información sobre el caso de Joffre Aroca Palma, que fue detenido por la policía en Guayaquil el 27 de febrero de 2001 y que posteriormente fue encontrado asesinado. Dos funcionarios fueron declarados culpables en el caso, pero ninguno de los dos ha cumplido una pena de prisión. ¿Ha recibido la familia del Sr. Aroca Palma algún tipo de reparación por su muerte? De no ser así, sírvanse explicar por qué, cuándo se otorgará dicha reparación, y cómo cumplirá el Estado Parte lo dispuesto en el artículo 14 de la Convención.

42.Sírvanse proporcionar estadísticas sobre las indemnizaciones concedidas a las víctimas de actos de tortura, incluidos aquellos que ocasionaron la muerte de la víctima, con indicación de su cuantía (párrafo 204 del informe), y los procedimientos entablados para obtener tales indemnizaciones.

43.¿Es posible ejercitar una acción civil, independientemente de la acción penal, en los casos de supuestos actos de tortura o tratos inhumanos (párr. 222)?

Artículo 15

44.Sírvanse explicar en detalle si el Código Penal federal permite que las declaraciones obtenidas mediante la tortura sean utilizadas como prueba contra las víctimas. Sírvanse exponer asimismo los procedimientos establecidos para velar por que las pruebas admisibles sean debidamente cribadas para eliminar las declaraciones obtenidas mediante la tortura, y describir la formación que se imparte a jueces, fiscales e investigadores en esta materia.

Artículo 16

45.¿Qué medidas se han tomado en relación con los casos de uso excesivo de la fuerza por la policía y el ejército contra los indígenas, especialmente en el contexto de manifestaciones políticas y disturbios civiles?

46.¿Qué medidas ha tomado el Estado Parte, en su caso, para hacer frente al problema del hacinamiento masivo en las prisiones y las comisarías y las deficiencias en materia de higiene y atención médica?

47.¿Cuántas mujeres trabajan como abogadas defensoras de víctimas de violaciones de los derechos humanos (especialmente en casos de violencia de género), como Comisionadas para la Mujer y la Familia, como miembros de la policía especializada o como jueces o magistradas en los juzgados o tribunales de la familia que conocen de las denuncias en casos de violencia de género?

48.¿Existen garantías específicas de protección de los extranjeros que han obtenido asilo en el Ecuador por razones humanitarias contra posibles malos tratos?

49.¿Cómo garantiza el Estado Parte que los niños, en particular los niños indígenas, estén protegidos contra la participación en las peores formas de trabajo infantil?

Otros asuntos

50.¿Existe alguna normativa legal en el Estado Parte dirigida a prohibir la producción y el comercio de equipo destinado específicamente a infligir torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes? En caso afirmativo, sírvanse proporcionar información sobre su contenido y aplicación. De no ser así, sírvanse indicar si se está estudiando la posibilidad de adoptar disposiciones legislativas de esta índole.

51.Sírvanse indicar cuándo tiene previsto el Ecuador firmar y ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. A este respecto, ¿se han adoptado medidas para establecer o designar un mecanismo nacional para realizar visitas periódicas a los lugares de detención con el objeto de evitar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes?

52.Sírvanse informar sobre las medidas legislativas, administrativas o de otra índole adoptadas para luchar contra el terrorismo. Asimismo, sírvanse indicar si estas medidas han afectado a algunas garantías legales y prácticas en materia de derechos humanos.

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