5.Nueva Zelandia confía en que estará en condiciones de proporcionar información, según la recomendación del Comité, en su octavo informe periódico de 2016.

6.Nueva Zelandia dispone de una amplia gama de datos desglosados sobre población. Actualmente existen datos suficientes para identificar la situación de las mujeres, desglosados por etnia, discapacidad, localización y edad, particularmente en cuanto a su acceso a la educación, el empleo y los servicios de atención médica. Entre las fuentes importantes se incluyen el Censo de Población y Vivienda de Nueva Zelandia, la Encuesta de salud de Nueva Zelandia, la Encuesta sobre los ingresos de Nueva Zelandia, la Encuesta sobre discapacidad, la Encuesta sobre delincuencia y seguridad, la Encuesta sobre el empleo del tiempo, Te Kupenga (una encuesta sobre el bienestar de los maoríes) y datos administrativos en materia de educación y salud.

7.El Ministerio de Asuntos de la Mujer también está recabando información en materia de género, desglosada por edad, sexo, etnia, discapacidad y localización. Un análisis inicial del conjunto mínimo de indicadores de género de las Naciones Unidas muestra que en Nueva Zelandia se recogen la mayoría de los 52 indicadores. En la actualidad no se está recabando información sobre algunos indicadores, entre ellos la propiedad de la tierra y las empresas por parte de las mujeres. En los próximos meses se seguirá trabajando para terminar este análisis, determinar si los indicadores que faltan son relevantes en el caso de Nueva Zelandia y adoptar las medidas que sean necesarias.

8.El Ministerio de Asuntos de la Mujer también está trabajando con el Ministerio de Justicia para evaluar el modo en que las medidas de violencia interpersonal empleadas en la encuesta sobre delincuencia y seguridad pueden reflejar con exactitud la dinámica de la violencia en que el agresor es la pareja de la víctima.

9.Asimismo, se están realizando cambios con el fin de hacer un mejor uso de la gran variedad de datos administrativos recabados por los organismos gubernamentales. Estos cambios incluyen la integración de datos administrativos recogidos por distintos organismos, así como la integración de los datos administrativos con los datos obtenidos por medio de encuestas oficiales.

10.Los distintos organismos, entre ellos Statistics New Zealand, colaboran para garantizar que se lleve a cabo un análisis basado en el género de los nuevos datos resultantes de la integración de dichos conjuntos de datos, incluyendo, cuando sea posible, datos desglosados por etnia, edad y discapacidad.

11.Como resultado de este proceso de integración de datos de diversas fuentes se pueden producir cambios en las encuestas oficiales. Los organismos también están trabajando para garantizar que:

•las encuestas sigan proporcionando datos desglosados por género para la elaboración de políticas

•las fuentes de datos administrativos sigan cubriendo las necesidades prioritarias.

Recomendación 37b): Asegurar que las reformas que se están llevando a cabo en el sistema de bienestar social no discriminen a los grupos de mujeres desfavorecidas y que se lleva a cabo una evaluación independiente de sus repercusiones en cada uno de los géneros.

12.El objetivo de las reformas del sistema de bienestar es reducir la dependencia de las prestaciones a largo plazo y las consecuencias negativas asociadas a dicha dependencia. Estas reformas permiten transformar el sistema de bienestar en un sistema que promueve la independencia y la responsabilidad personal, principalmente a través del empleo remunerado. La atención se centra actualmente en lo que pueden hacer las personas para conseguir un mejor futuro para sí mismas y para sus familias.

13.Las reformas en el sistema de bienestar social se han llevado a cabo mediante cambios legislativos realizados entre 2012 y 2013. A través de estas reformas se pretende crear un sistema de bienestar en el que se utilicen datos empíricos para invertir en servicios específicos y efectivos y se ayude a los beneficiarios a conseguir empleo. Este enfoque permite al personal de primera línea trabajar con los clientes de formas distintas y centrarse en aquellos con un mayor riesgo de depender de las prestaciones a largo plazo.

14.Cuando se empezaron a desarrollar estas reformas en el sistema de bienestar, se reconoció que era probable que afectasen desproporcionadamente a las mujeres. Las mujeres, que constituyen la mayoría de la población que recibe las prestaciones para progenitores sin cónyuge, serían las más afectadas por las obligaciones sociales introducidas en la Ley de Seguridad Social (categorías de prestaciones y esferas prioritarias) de 2013. Estas obligaciones exigen que los niños a cargo de beneficiarios reciban educación preescolar y escolar financiada por el Estado, estén inscritos en los servicios de salud y se sometan a los principales reconocimientos médicos completos.

15.En el marco del enfoque de inversión adoptado por las reformas, el objetivo del personal de primera línea es ayudar a sus clientes a cumplir con sus obligaciones sociales, más que vigilar su cumplimiento de las mismas. Se trata de que el personal interactúe con los padres y los cuidadores de manera flexible y comprensiva. Este proceso involucra a un mínimo de cuatro contactos distintos y auxiliares de causas durante un período mínimo de ocho semanas. Cada uno de esos contactos supone una oportunidad para que los auxiliares de causas puedan analizar los posibles obstáculos a los que tienen que hacer frente los padres o los cuidadores para acceder a los servicios, y proporcionar a la comunidad local información que les ayude a cumplir sus obligaciones sociales.

16.A finales de 2012, a través de la Ley de Enmienda de la Seguridad Social (apoyo a los jóvenes y esferas prioritarias) de 2012, se introdujeron cambios para los jóvenes que recibían asistencia financiera del Gobierno. Esta ley estableció un nuevo sistema de apoyo, obligaciones y asistencia financiera para los jóvenes (jóvenes de 16 y 17 años sin hijos y padres de entre 16 y 18 años) que recibían algunas de las principales prestaciones.

17.Era evidente que las mujeres jóvenes tenían probabilidades de estar excesivamente representadas en la categoría de padres jóvenes. Una vez más, lo importante es invertir en un mayor apoyo y alentar a los padres jóvenes a cursar estudios y a administrar bien su dinero.

18.Las tasas de mujeres jóvenes maoríes y de las islas del Pacífico que no cursan estudios ni están trabajando también son desproporcionadamente elevadas y, en consecuencia, los proveedores de servicios contratados tienen que demostrar su capacidad para trabajar satisfactoriamente con estas jóvenes.

19.El Gobierno se compromete a garantizar que se lleven a cabo análisis basados en el género en todas las etapas de la formulación de políticas. La legislación relativa a las reformas en el sistema de bienestar ha sido examinada para garantizar que esté en consonancia con la Ley sobre la Carta de Derechos de Nueva Zelandia de 1990, que prohíbe la discriminación injustificada contra la mujer.

20.Entre dichas reformas se incluye un plan exhaustivo de seguimiento y evaluación compuesto por el seguimiento mensual de los efectos que tienen los cambios en todos los clientes y un plan de cuatro años para evaluar el éxito de la aplicación de las reformas en el sistema de bienestar social, en comparación con la intención política. Este plan de cuatro años incluye la evaluación de los efectos de las reformas del sistema de bienestar en los resultados de diversos grupos de clientes, entre ellos los progenitores sin cónyuge. Las evaluaciones de los resultados para los clientes que dejan de percibir prestaciones y los efectos de las reformas del sistema de bienestar desde el punto de vista de los clientes se completarán a finales de 2014.

21.En caso de que durante el transcurso de esta evaluación se detecte alguna desventaja para un grupo en concreto, serán notificadas y las conclusiones de dicha evaluación constituirán una parte fundamental del diseño de las futuras intervenciones para los beneficiarios.

Recomendación 37c): Velar por que las políticas relacionadas con el proceso de recuperación posterior al terremoto de 2011 incorporen una perspectiva de género, y realizar un análisis de sus repercusiones en las cuestiones de género utilizando datos desglosados por sexo, edad, origen étnico y otras condiciones.

22.Los terremotos de Canterbury de septiembre de 2010 y febrero de 2011, así como las aproximadamente 13.000 sacudidas de réplica posteriores, han tenido efectos devastadores para la población de la región de Canterbury, incluida la segunda ciudad más grande de Nueva Zelandia, Christchurch. El terremoto provocó 185 muertos y 11.432 heridos.

23.Estos terremotos han constituido la mayor prueba de las últimas décadas para las disposiciones en materia de riesgo de peligros y gestión de emergencias de Nueva Zelandia. En respuesta a los terremotos se han llevado a cabo investigaciones para evaluar cómo estos, y el posterior proceso de recuperación, afectan a la población, proporcionando datos desglosados por género.

24.Un elevado número de organismos, incluidos los gobiernos central y local, participan en el proceso de recuperación de Canterbury. Esos organismos fundamentan sus aportaciones a la recuperación tomando como referencia dichos datos, y se les alienta a elaborar análisis basados en el género en sus ámbitos de responsabilidad.

25.Los planes de recuperación se consultan con las comunidades y en el Foro comunitario hay una amplia representación de mujeres que proporcionan asesoramiento al Ministerio para la Recuperación de Canterbury después del Terremoto.

Bienestar

26.La Autoridad para la Recuperación del Terremoto de Canterbury realiza encuestas trimestrales sobre el bienestar desde septiembre de 2012, en las que se incluyen datos desglosados por género, etnia, edad, discapacidad, distrito y tipo de vivienda. El informe más reciente publicado en septiembre de 2013, en el que se incluyen indicadores tales como la calidad de la vida, el estrés y el bienestar emocional, indica que actualmente las diferencias por género son pequeñas. Existen pruebas que demuestran que las mujeres están más vinculadas al apoyo social, lo que puede haber contribuido a su resiliencia.

27.En junio de 2014, la Autoridad para la Recuperación del Terremoto de Canterbury puso en marcha una iniciativa psicosocial, “Community in Mind”, desarrollada en colaboración con el gobierno central y local, grupos indígenas locales y organizaciones no gubernamentales, para orientar el proceso de recuperación psicosocial de la mayor parte de Christchurch.

28.Las pruebas e investigaciones científicas a nivel internacional señalan que los desastres naturales pueden conllevar un incremento de la violencia doméstica. Los datos y la información recabados tras los terremotos fueron difíciles de interpretar. Women’s Refuges informó de que, tras los terremotos de septiembre de 2010 y febrero de 2011, el número de solicitudes ha disminuido, pero sin embargo se produjo un incremento tras las réplicas de junio de 2011 y septiembre de 2011. La información de la policía mostró un aumento de las llamadas de emergencia tras los terremotos de septiembre de 2010 y febrero de 2011. Las estadísticas de delitos registradas mostraron, no obstante, un descenso en los casos de delitos de violencia familiar tras el terremoto de febrero de 2011 y durante todo el año.

Empleo

29.Se siguen utilizando datos administrativos, desglosados por género, etnia y discapacidad, tales como datos sobre las prestaciones, listas de espera para viviendas estatales y encuestas específicas, para comprender los efectos de los terremotos en distintos grupos de la población. Por ejemplo, la Encuesta sobre población activa en los hogares de Nueva Zelandia mostró que el empleo de las mujeres se vio desproporcionadamente afectado tras los terremotos.

30.Como resultado, el Gobierno determinó que centrándose en el empleo de las mujeres en Canterbury se podría contribuir en gran medida a las iniciativas de recuperación. También identificó una oportunidad para integrar las labores destinadas a mejorar el empleo de la mujer y la planificación de la fuerza de trabajo con el fin de cubrir la demanda de trabajadores necesarios para reconstruir Canterbury.

31.La investigación llevada a cabo por el Ministerio de Asuntos de la Mujer en 2013 demostró que en Canterbury había numerosas mujeres cualificadas en busca de empleo. Sin embargo, las mujeres consideraban que los puestos de trabajo en la construcción eran “trabajos para hombres”. Esta investigación ha sentado las bases para el desarrollo de las siguientes medidas:

•garantizar que los asuntos relacionados con el empleo de la mujer se incorporen a la planificación de empleos relacionada con el reconstrucción de Canterbury

•mostrar a la industria de la construcción que existe una fuerza de trabajo local que está disponible para satisfacer la demanda de trabajadores

•movilizar a los proveedores de formación locales para que atraigan a las mujeres para que realicen cursos de preparación para oficios y de capacitación en ingeniería, y consigan que estas permanezcan en dichos ámbitos

32.La experiencia adquirida mediante la aplicación de estas medidas en Canterbury se está utilizando para desarrollar iniciativas orientadas a fomentar la contratación y la permanencia de las mujeres en sectores en los que están insuficientemente representadas (construcción y ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, entre otros).

Discriminación de la mujer en el matrimonio

Recomendación 39a): Revisar la edad mínima para contraer matrimonio y cambiarla a los 18 años de edad, sin excepciones para el consentimiento de los padres.

33.La legislación de Nueva Zelandia establece que nadie puede casarse legalmente hasta los 16 años. Las personas de 16 o 17 años necesitan el consentimiento de sus padres o del Tribunal de Familia para que el Secretario pueda expedir una licencia de matrimonio. Los contrayentes son los únicos que pueden dar su consentimiento para el matrimonio en el momento de su celebración y es ilícito entregar a una mujer para contraer matrimonio sin su consentimiento.

34.Nueza Zelandia considera que el matrimonio forzoso y de menores de edad es una cuestión de gran importancia. No obstante, a pesar de que algunos grupos creen que existen casos de matrimonios forzosos en Nueva Zelandia, el Gobierno ha tratado de corroborar dichas afirmaciones sin conseguirlo.

35.La prohibición de los matrimonios entre personas menores de 18 años preocupa asimismo al Gobierno, puesto que podría:

•constituir una discriminación por motivos de edad en virtud de lo dispuesto en la Ley de Derechos Humanos de 1993 de Nueva Zelandia, que prohíbe la discriminación por motivos de edad a partir de los 16 años

•suponer una desventaja para los jóvenes de 16 o 17 años que realmente deseen casarse.

36.El Gobierno considera que el enfoque más eficaz consistiría en mantener las medidas educativas de carácter no legislativo esbozadas en respuesta a la recomendación 39b) del Comité, que aparece a continuación.

Recomendación 39b): Introducir medidas legislativas para prohibir el matrimonio de menores de edad y los matrimonios forzosos y promover medidas para proteger a las mujeres afectadas por la poligamia y la violencia por causa de la dote.

37.El matrimonio de menores de edad y forzoso ya es ilegal en Nueva Zelandia. Existen varios delitos concernientes al matrimonio forzoso y de menores de edad, en función de las circunstancias de cada caso. Entre esos delitos se incluye el secuestro o la detención de una mujer con fines de matrimonio o de relaciones sexuales ilícitas, así como el acto de entregar a una mujer para contraer matrimonio sin su consentimiento. También constituye un delito simular ser un oficiante de matrimonios y celebrar un matrimonio.

38.Como se ha señalado anteriormente, no existen pruebas sólidas que demuestren la existencia de matrimonios forzosos en Nueva Zelandia. Por lo tanto, para el Gobierno es difícil determinar, en ese caso, qué tipo de respuesta legislativa sería necesaria.

39.El Gobierno considera que, si se sigue prestando atención a la educación y se establecen relaciones de confianza con las comunidades migrantes, se reducirá el riesgo de matrimonios forzosos o de menores de edad y se protegerá a las mujeres de la violencia de manera más eficaz.

40.Para ello, en diciembre de 2012 los Ministerios de Desarrollo Social y de Educación, la Policía de Nueva Zelandia y el Servicio de Inmigración de Nueva Zelandia firmaron una carta de acuerdo en la que definieron las funciones y responsabilidades y se comprometieron a desarrollar una respuesta colectiva para las víctimas de matrimonios forzosos. Con el fin de mejorar las iniciativas de las Policía de Nueva Zelandia para hacer frente al matrimonio forzoso, se ha redactado un nuevo capítulo para el manual de la Policía. En él se proporcionan directrices para actuar de manera apropiada cuando se detecten casos de matrimonios forzosos y/o de menores de edad. La Policía de Nueva Zelandia también colabora con las comunidades locales para fomentar la confianza y la seguridad, así como para superar los prejuicios sobre la policía mediante los oficiales de enlace sobre cuestiones étnicas de la Policía, agentes de policía de la comunidad y equipos que proporcionan vigilancia a los barrios.

41.También se está promoviendo que personas de las comunidades étnicas se conviertan en oficiantes de matrimonios. De este modo aumentará el número de oficiantes de matrimonios de dichas comunidades y se logrará una mayor comprensión de los requisitos en materia de edad y de consentimiento para los contrayentes.

42.Entre las iniciativas adicionales se incluyen:

•aumentar la concienciación entre los profesionales de la salud, los proveedores de servicios, los trabajadores sociales y otros profesionales sobre los posibles casos de matrimonios de personas de edad y forzosos en las comunidades en las que trabajan

•mantener un diálogo abierto con el Alto Comisionado de la India y Shakti Community Council (organización no gubernamental de apoyo a las mujeres de Nueva Zelandia procedentes de Asia, de África y de Oriente Medio)

•incluir recursos en hindi sobre el matrimonio forzoso y de menores de edad en colaboración con la campaña nacional de concienciación sobre la violencia familiar de Nueva Zelandia

•facilitar educación sobre los matrimonios forzosos a los refugiados admitidos conforme a las cuotas en el marco del programa de acogida del centro de reasentamiento de refugiados de Mangere, en Auckland.

43.El Gobierno se planteará llevar a cabo un cambio legislativo si surgen nuevas pruebas de que existen matrimonios forzosos y de menores de edad en Nueva Zelandia, tras evaluar la eficacia de las medidas no legislativas adoptadas.

Protección legislativa contra la violencia familiar

44.La Oficina de Asuntos Étnicos ha hecho pública información sobre la violencia familiar con el fin de promover la concienciación sobre el crimen entre las comunidades étnicas.

45.En Nueva Zelandia existen dos órdenes primordiales destinadas a proteger a las personas de la violencia en la familia. De conformidad con las disposiciones de la Ley de Violencia Doméstica de 1995, pueden presentarse peticiones de órdenes de protección ante el Tribunal de la Familia. Las órdenes de seguridad de la policía también son una opción para los agentes de policía cuando se enfrentan a casos de violencia familiar. Dichas órdenes exigen a cualquier persona que constituya una amenaza abandonar las instalaciones de forma inmediata, durante un máximo de cinco días.

46.Además, todas las muertes relacionadas con la violencia familiar están siendo revisadas por el comité de examen de las muertes causadas por violencia en la familia, el cual hace recomendaciones con el fin de mejorar las políticas y prácticas.

47.El Gobierno mantiene su compromiso para incrementar la seguridad de las víctimas de la violencia familiar y reducir el riesgo de que vuelvan a convertirse en víctimas, así como para desarrollar servicios más adecuados para sus necesidades individuales.

48.Durante el último año, el Gobierno ha adoptado las siguientes medidas:

•ha ampliado la definición de “maltrato psicológico” por medio de la Ley sobre Violencia Doméstica de 1995 con el fin de incluir el “maltrato financiero o económico” (por ejemplo, la negación o la limitación del acceso a los recursos financieros y el impedimento o la restricción de las oportunidades de empleo o del acceso a la educación)

•ha elevado la pena máxima impuesta por la violación de una orden de protección de dos a tres años de prisión.

•en julio, el Gobierno anunció también un nuevo conjunto de iniciativas, entre ellas:

•una revisión de la Ley sobre Violencia Doméstica de 1995 que garantice seguridad para las víctimas y se asegure de que los delincuentes rinden cuentas

•un enfoque a largo plazo que permita acabar con el ciclo de la violencia familiar, mediante un cambio en las actitudes y los comportamientos hacia este tipo de violencia.