Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de los Países Bajos
Adición
* La versión original del presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial.
Información suministrada por los Países Bajos sobre el seguimiento de las observaciones finales*
[Fecha de recepción: 8 de noviembre de 2018]
Recomendación 22 b): Modificar la Ley de Medios de Comunicación de conformidad con los artículos 2 f) y 5 a) de la Convención, de modo que los estereotipos de género se consideren discriminación
El derecho a la libertad de expresión garantizado por la Constitución de los Países Bajos se aplica íntegramente a los medios de comunicación. Estos disfrutan de un alto grado de libertad al respecto, de modo que es conveniente que el Gobierno actúe con gran moderación en esa esfera. Ahora bien, el grado de libertad no es ilimitado. El derecho penal impone límites a la libertad de expresión: las formas de expresión que incitan a la discriminación, el racismo, la violencia o el odio son delitos penales.
Sea como fuere, los medios de comunicación operan dentro de un contexto social, por lo que es esencial que sean conscientes de los cambios de opinión respecto de los estereotipos (sexistas) y de la influencia que tienen en ese sentido. En consecuencia, el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia fomenta y facilita la autorregulación del sector. Por ejemplo, el sistema público de radiodifusión cuenta con un defensor del espectador que se ocupa de las quejas sobre los programas periodísticos y mantiene a los organismos de radiodifusión atentos a sus responsabilidades. Además, el Comité del Código de Publicidad examina los distintos anuncios cuando recibe, por ejemplo, quejas por cuestiones que se ha considerado que atentan contra el buen gusto o la decencia.
En todo caso, la representación es un tema importante que merece la pena investigar. A esos efectos, los Países Bajos tienen la intención de examinar la evolución de la representación y la imagen de la mujer. El Consejo de Ministros lo ha anunciado en su Plan de Política de Igualdad de Género y LGBTI 2018-2021.
Recomendación 22 c): Intensificar la colaboración con los agentes pertinentes y asignar recursos para financiar campañas de sensibilización eficaces a fin de promover una imagen positiva y no estereotipada de la mujer en los medios de comunicación y en la publicidad, y realizar un estudio sobre la posible repercusión de las imágenes sexistas de mujeres y niñas en los medios de comunicación y sobre la medida en que exacerban la violencia de género contra la mujer en el Estado parte
En 2016, a raíz de la conferencia internacional sobre el tema “La mujer y la imagen de la mujer”, organizada en 2013 por el Gobierno junto con el Consejo de Europa, el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia financió un estudio sobre cómo podría colaborar con las diferentes partes interesadas a fin de crear una agenda para los próximos años basada en información factual. En una primera etapa, la atención se centró en hasta qué punto los creadores de los medios de comunicación actuales y futuros son conscientes de la fijación de estereotipos y desean tener acceso a instrumentos y recursos para inducir un cambio, lo que dio lugar a una iniciativa apoyada por el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia desde septiembre de 2017 (la Coalición sobre Representación en los Medios de Comunicación). Varias partes de los sectores de los medios de comunicación públicos y comerciales y de la comercialización se han unido a la Coalición con el objetivo de luchar contra los estereotipos en los medios de comunicación promoviendo una representación equilibrada (o más equilibrada) de la sociedad neerlandesa. Además de poner en marcha actividades en sus propias organizaciones, su objetivo es incluir este tema en la agenda de todo el sector.
Por lo que se refiere a la publicidad, los Países Bajos se remiten al Comité del Código de Publicidad creado por la Autoridad del Código de Publicidad de los Países Bajos, que sirve como forma de autorregulación desde hace más de 50 años. La publicidad debe ser conforme a la ley, la verdad, el buen gusto y la decencia. No podrá ir en detrimento del interés público, las políticas públicas ni las normas morales o éticas. Toda persona que considere que un anuncio en particular es contrario a esos intereses tiene derecho a presentar una queja. A la hora de decidir lo que está permitido y lo que no está permitido dentro de esos límites, el Comité tiene en cuenta la opinión actual. El Gobierno señala que en este sector también está aumentando la concienciación sobre el papel que puede desempeñar la publicidad en las imágenes estereotipadas.
Las expresiones sexistas en los medios de comunicación constituyen una manera de fijar estereotipos de género. Se ha llevado a cabo una notable labor de investigación sobre la influencia de los estereotipos de género en los medios de comunicación y la publicidad; un ejemplo de ello es el informe de 2017 de la Dirección de Normas de Publicidad del Reino Unido. El Gobierno cree que es importante que los Países Bajos evalúen también la situación actual. En consecuencia, está realizando un estudio sobre la evolución de la representación de las mujeres en los medios de comunicación. La atención se centrará tanto en la frecuencia con que aparecen las mujeres en los medios de comunicación como en la forma en que son representadas.
El Gobierno señala que las declaraciones sexistas en los medios de comunicación, aunque no son en sí mismas la causa principal del sexismo en general ni de la violencia de género en particular, sí contribuyen a crear un clima sexista en el que puede engendrarse la violencia de género.
Recomendación 24 c): Reunir sistemáticamente datos sobre todas las formas de violencia contra la mujer, desglosados por edad y relación entre el autor y la víctima, así como sobre las medidas de protección, los enjuiciamientos y las sanciones impuestas a los autores, en particular en los municipios de Bonaire, San Eustaquio y Saba.
En abril de 2018, el Ministerio de Salud, Bienestar y Deportes, el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Asociación de Municipios de los Países Bajos pusieron en marcha el programa “No hay lugar para la violencia” (2018-2020), en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y el Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo (del nuevo Gobierno). El objetivo del programa es reducir la violencia doméstica y el abuso de menores, limitar los daños causados por la violencia y romper así el ciclo de violencia, que se transmite de una generación a otra. En el marco de este programa se llegó a la conclusión de que ya existe un gran número de publicaciones, estudios y ejemplos de buenas prácticas para encarar la violencia doméstica y el abuso de menores. No obstante, hay margen para mejorar la forma en que esa información se difunde y utiliza. Así pues, se ha creado un programa de investigación supervisado por un comité asesor para establecer, entre otras cosas, un sistema de seguimiento de los resultados. Además, se está elaborando un instrumento para supervisar los efectos de las actividades realizadas por las organizaciones, los profesionales y las autoridades públicas pertinentes.
Por otro lado, el Gobierno central está recopilando datos sobre la violencia doméstica y el abuso de menores de varias maneras.
Las organizaciones Veilig Thuis (centros de asesoramiento y denuncia de la violencia doméstica y el abuso de menores cuyo nombre en neerlandés significa “seguros en casa”) están obligadas, en virtud de la Ley de Apoyo Social de 2015, a proporcionar información relativa a las políticas. Esa información engloba estadísticas sobre el número total de recomendaciones emitidas y de informes de abuso e investigaciones subsiguientes llevadas a cabo por Veilig Thuis, así como el número de recomendaciones e informes de abuso, clasificados según la capacidad de la persona que solicita asesoramiento o denuncia el abuso, y el número de recomendaciones, clasificadas según la naturaleza de la violencia. Esas cifras se desglosan por género. La Oficina Central de Estadística de los Países Bajos publica semestralmente los datos. La información proporcionada por Veilig Thuis para el año 2017 se puede consultar en https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2018/25/beleidsinformatie-veilig-thuis-stand-van-zaken-in-2017 (en neerlandés). Actualmente se está trabajando para mejorar y adaptar el protocolo de información con el fin de armonizar el registro con las prácticas actuales de las organizaciones Veilig Thuis.
Asimismo, el Instituto Verwey-Jonker y la Universidad Erasmus, en colaboración con otras universidades e instituciones de enseñanza profesional superior, están llevando a cabo un estudio sobre la eficacia del enfoque contra la violencia doméstica y el abuso de menores. El estudio, que sigue de cerca a aproximadamente 2.000 familias durante 18 meses desde 2017, analiza la ayuda que han recibido las familias en el período que se examina, si la violencia ha cesado y el bienestar de los padres y los niños. El programa de investigación consta de varios elementos, entre ellos un estudio longitudinal de la transferencia intergeneracional de la violencia (cuya conclusión está prevista para 2018), un estudio de cohortes de la eficacia del enfoque actual (cuya conclusión está prevista para 2020) y un estudio cualitativo de qué tipo de apoyo ha sido eficaz (cuya conclusión está prevista para 2020).
Además, se están llevando a cabo estudios de prevalencia en la población. El Estudio de Vigilancia de la Salud Sexual en los Países Bajos, realizado por Rutgers, centro de expertos en salud sexual y reproductiva, es un estudio representativo de la población neerlandesa y aborda cuestiones como la violencia sexual o el comportamiento sexual transgresor tanto entre hombres como mujeres. La última edición del estudio data de 2017. Además, Rutgers y Soa Aids Nederland, entidad especialista en intervenciones centradas en las infecciones de transmisión sexual y el VIH, realizan una encuesta periódica titulada “El sexo antes de los 25 años” en colaboración con los servicios municipales de salud. La encuesta ofrece una visión representativa de la salud sexual entre las personas jóvenes de 12 a 25 años. Esta encuesta, que se realizó por última vez en 2017, también se centra en la violencia sexual y el comportamiento sexual transgresor entre las niñas y los niños. En mayo de 2018, se publicó un estudio de prevalencia de la naturaleza y el alcance del abuso de las personas mayores. En él se puso de manifiesto que los hombres y las mujeres tienen las mismas probabilidades de ser víctimas de esos abusos. Por otro lado, en 2017 se inició un estudio sobre la incidencia y la prevalencia de la mutilación genital femenina, que terminará a finales de 2018.
Por último, a principios de 2019 se publicará un estudio de prevalencia a gran escala sobre la naturaleza y el alcance de la violencia doméstica y el abuso de menores. A raíz de las críticas por la falta de sensibilidad a las cuestiones de género en el anterior estudio de prevalencia (2010), se adoptaron varias medidas para mejorar el nuevo estudio a ese respecto. Con ese fin, en mayo de 2016 se publicó un informe consultivo sobre cómo aumentar la sensibilidad de género en los estudios de prevalencia de la violencia doméstica. Elaborado por Regioplan, consultora en investigación de políticas, y Bureau Dijkstra, organismo con experiencia en el ámbito de la violencia en las relaciones, en el informe se define que los estudios de prevalencia que tienen en cuenta las cuestiones de género son aquellos que aclaran las diferencias y similitudes entre hombres y mujeres como perpetradores o víctimas o el efecto que tiene la violencia sobre ellos, así como la medida en que estas diferencias o similitudes están asociadas con el género. A partir del informe consultivo y de una reunión de expertos, se introdujeron varias mejoras sustantivas y metodológicas en el estudio en curso. El estudio de prevalencia comprende varios subestudios: una estimación de la prevalencia de la violencia doméstica y el abuso de menores mediante el método de captura-recaptura, una encuesta a niños y niñas en edad escolar y un estudio de múltiples informantes sobre el abuso de menores, un estudio de los autores del abuso y estimaciones de la prevalencia de las víctimas y los autores. El informe de síntesis que se elabore a partir de estos subestudios proporcionará una imagen coherente y que tiene en cuenta las cuestiones de género de la prevalencia y la naturaleza actuales de la violencia doméstica y el abuso de menores, así como de su coincidencia en el seno de la familia.
En cuanto a Bonaire, San Eustaquio y Saba, se decidió hacer hincapié en la aplicación del acuerdo administrativo sobre violencia doméstica y abuso de menores para el período 2017-2020, concertado entre el Ministerio de Salud, Bienestar y Deportes y las autoridades públicas de las tres islas. Sus prioridades son la prevención (la sensibilización y el suministro de información), la mejora de los conocimientos técnicos de los profesionales interesados, el refuerzo de la ayuda y la cooperación en el conjunto de la estructura de apoyo, en particular la creación de refugios seguros para las víctimas, la adopción de medidas para mejorar la cooperación entre los organismos de apoyo y las autoridades judiciales, y el establecimiento de un sistema de denuncia de fácil acceso. A la hora de diseñar este sistema, se prestará atención a las posibles formas de registro.
Recomendación 36 d): Intensificar los esfuerzos a fin de investigar, enjuiciar y sancionar los casos denunciados de discriminación relacionada con el embarazo, incluido el acoso sexual.
En marzo de 2017, el Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo puso en marcha el Plan de Acción contra la Discriminación relacionada con el Embarazo, que complementa al Plan de Acción contra la Discriminación en el Mercado Laboral de 2014. El Plan de Acción contra la Discriminación relacionada con el Embarazo contiene 13 medidas destinadas a hacer frente a esta forma de discriminación en el mercado laboral, y tiene por objeto, en parte, la observancia, la sensibilización, la denuncia y el registro. El equipo de discriminación laboral de la Inspección Social y de Trabajo contribuye a la observancia. El equipo comprueba si los empleadores tienen una política para hacer frente a la discriminación por cualquiera de los 12 motivos enumerados en la legislación neerlandesa, entre ellos, el sexo, que incluye el embarazo. En cada visita a una empresa, el equipo evalúa si existe un problema al respecto, o si podría existir, y en qué medida, y si la política y las disposiciones de la empresa son apropiadas o tienen que modificarse.
El Gobierno actual desea concentrar parte de sus esfuerzos en la discriminación relacionada con el embarazo, en particular en el marco de su política general para el mercado laboral. Antes de finales de 2018 se creará un nuevo Plan de Acción contra la Discriminación en el Mercado Laboral que comprenderá medidas para combatir la discriminación relacionada con el embarazo. En la lucha contra la discriminación por el embarazo se seguirá concediendo importancia al conocimiento (el suministro de información) y la sensibilización tanto de las mujeres embarazadas como de los empleadores. Actualmente se está estudiando la posibilidad de reforzar la función de observancia de la ley de la Inspección Social y de Trabajo con respecto a la vigilancia de la discriminación, en particular de la discriminación relacionada con el embarazo, en la contratación y la selección. En el primer semestre de 2018, el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia financió un proyecto de sensibilización titulado “Bebé y Trabajo”, que incluía una campaña por Internet dirigida a las mujeres en edad de procrear con trabajo o a la búsqueda de empleo. En primer plano se encuentra la importancia de conservar o conseguir un empleo para las empleadas embarazadas y los padres y madres de niños y niñas pequeños. El proyecto ha proporcionado información a un gran número de mujeres sobre sus derechos y posibilidades de acción. La campaña en línea se ha ampliado hasta julio de 2019, con la ayuda de una contribución financiera del Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo.
En los últimos años, el Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo ha dedicado una atención considerable al problema de los factores de estrés psicosocial en el lugar de trabajo, que incluyen la discriminación directa e indirecta en el lugar de trabajo, como el acoso, la agresión y la violencia sexuales, el acoso laboral y la presión en el trabajo. Estos factores causantes de estrés a menudo generan un aumento del absentismo y un elevado movimiento de personal. Ahora que el Gobierno ha colocado este tema en la agenda, se ha dado prioridad a apoyar medidas concretas dentro de las organizaciones para prevenir y frenar el acoso sexual, entre otros factores. Por ejemplo, el Gobierno ha llamado la atención sobre la necesidad de nombrar asesores confidenciales a los que las víctimas puedan acudir fácilmente para recibir atención y denunciar conductas inapropiadas. Al igual que en el caso de la discriminación, la Inspección Social y de Trabajo supervisa las medidas adoptadas por los empleadores para proteger a su personal contra el estrés laboral, prestando especial atención a los riesgos.
En su acuerdo de coalición, el actual Gobierno anunció que ampliaría la capacidad de la Inspección Social y de Trabajo. La financiación aumentará gradualmente hasta 2021, año en que se reservarán 50 millones de euros anuales para el sistema de observancia de la Inspección Social y de Trabajo. Los temas del estrés laboral y la discriminación en el mercado laboral, en particular la discriminación relacionada con el embarazo, se incluirán en la toma de decisiones sobre la implantación de la Inspección Social y de Trabajo en los próximos años (prevista para el otoño de 2018).
Además de la vigilancia realizada por la Inspección Social y de Trabajo contra la discriminación relacionada con el embarazo y el estrés laboral, las propias mujeres pueden denunciar la discriminación y el acoso sexual a través de diversos canales. Por ejemplo, pueden presentar una denuncia ante su servicio local de lucha contra la discriminación. Estos servicios ofrecen apoyo a las víctimas de discriminación y pueden mediar en el diálogo con los empleadores. Los casos también pueden presentarse ante el Instituto de Derechos Humanos de los Países Bajos o ante los tribunales civiles. Aunque las conclusiones del Instituto no son jurídicamente vinculantes, la tasa de aplicación del 87 % pone de relieve que las partes demandadas están dispuestas a adoptar las medidas adecuadas en esas situaciones. Las conclusiones del Instituto siempre se hacen públicas. Otra posibilidad es solicitar una indemnización a los tribunales civiles. En el Estudio de Vigilancia de Casos de Discriminación de 2017 se indica que el 35 % de los 4.259 informes recibidos por el Instituto ese año correspondían a la discriminación relacionada con el embarazo. Un análisis realizado por el Instituto de los más de 855 casos denunciados al centro provisional de denuncias de discriminación relacionada con el embarazo (mayo y junio de 2017) puso de relieve que la mayoría de las mujeres con un contrato temporal o flexible se enfrentan a ese tipo de discriminación.
El comportamiento sexual inapropiado entre adultos constituye un delito penal si comporta coacción, al igual que la interacción sexual que entraña el abuso de personas en una situación o posición vulnerable, o el abuso de autoridad. Las víctimas pueden denunciar ese comportamiento a la policía o a uno de los centros contra la agresión sexual. La apertura del 16º centro contra la agresión sexual en 2018 completó una red nacional de centros en los que las víctimas de violencia sexual pueden encontrar apoyo multidisciplinario (forense, médico y psicosocial).