* El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.
Información suministrada por Nueva Zelandia en relación con el seguimiento de las observaciones finales sobre su octavo informe periódico *
[Fecha de recepción: 30 de julio de 2020]
I.Introducción
En julio de 2018, el Comité publicó sus observaciones finales sobre el octavo informe periódico de Nueva Zelandia (CEDAW/C/NZL/CO/8). Junto con una serie de observaciones positivas, el Comité formuló algunas recomendaciones para la adopción de nuevas medidas.
El Comité solicitó a Nueva Zelandia que, en el plazo de dos años, proporcionara información de seguimiento por escrito sobre las medidas adoptadas para poner en práctica sus cuatro recomendaciones relativas a la dotación de recursos de la Comisión de Derechos Humanos y su jurisdicción en relación con los trabajadores migratorios; una estrategia para la lucha contra la violencia por razón de género contra las mujeres, incluidas las mujeres con discapacidad; la despenalización del aborto; y el acceso a la justicia en el sistema de los tribunales de familia.
En la información que figura a continuación se examinan las medidas adoptadas hasta la fecha para aplicar estas recomendaciones. Nueva Zelandia dará respuestas completas a estas y otras recomendaciones formuladas por el Comité en 2022, cuando presente su noveno informe periódico.
Además de medir los progresos realizados por todas las mujeres de Nueva Zelandia, el país está decidido a garantizar que se dé visibilidad al progreso de las wāhine Māori. El sitio web del Ministerio de la Mujer (https://women.govt.nz/cedaw) incluye un instrumento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer diseñado recientemente, en el que se reflejan los progresos del Gobierno en relación con todas las recomendaciones formuladas a Nueva Zelandia, con una sección dedicada a cada una de las recomendaciones, cuando procede, para las wāhine Māori. Nueva Zelandia está decidida a seguir informando sobre los progresos realizados en cuanto a las wāhine Māori en su noveno informe periódico.
II.Información de seguimiento
Institución nacional de derechos humanos
A.Información de seguimiento relativa al párrafo 20 de las observaciones finales (CEDAW/C/NZL/CO/8)
En 2019/20, la Comisión de Derechos Humanos recibió un aumento de la financiación en lo que fue su primer incremento en 12 años. La financiación aprobada fue de casi 7 millones de dólares para un período de cuatro años. La financiación aprobada para 2019/20 fue de 11,1 millones de dólares respecto de los 9,4 millones de dólares aprobados para 2018/19, lo que supone un aumento aproximado del 18 %. La financiación para 2020/21 es de 10,8 millones de dólares. Además, la Comisión recibió 3,2 millones de dólares en 2019/20 para la lucha contra el discurso de odio, el racismo y la discriminación.
La Comisión tiene previsto utilizar los fondos adicionales para llevar a cabo las funciones reglamentarias con mayor eficacia y mejorar la capacidad, la competencia y el apoyo internos a sus Comisionados. La financiación también se utilizará para responder al aumento de la demanda de servicios de mediación y servicios de la Oficina de Procedimientos de Derechos Humanos, y a facilitar la participación digital y las consultas.
La protección y promoción de los derechos de la mujer es una de las diversas esferas fundamentales de la labor de la Comisión. Entre las esferas prioritarias cabe citar la lucha contra la pobreza que experimentan las mujeres trabajadoras, la igualdad de remuneración, incluidas las diferencias salariales por razones de origen étnico, la violencia por razón del género y el acoso sexual.
En la actualidad, no hay planes de reformar el artículo 392 de la Ley de Inmigración de 2009. Sin embargo, el Ministro de Justicia ha indicado que la Ley de Derechos Humanos se revisará en un futuro próximo. El Gobierno no ha adoptado ninguna decisión sobre el calendario y el alcance de la revisión, pero es probable que incluya el examen de la jurisdicción de la Comisión de Derechos Humanos.
Matrimonio y vida familiar
B.Información de seguimiento relativa al párrafo 26 a) de las observaciones finales
Labor integral de lucha contra la violencia por razón de género en Nueva Zelandia
En Nueva Zelandia, las mujeres tienen muchas más probabilidades que los hombres de sufrir violencia física, sexual y psicológica infligida por sus parejas. Reconociendo que la violencia en la familia es un problema grave y generalizado en nuestro país, Nueva Zelandia ha avanzado con éxito en la creación de un enfoque holístico y duradero para eliminar la violencia en la familia y la violencia sexual en el país. Este enfoque comprende:
•La introducción de nuevas leyes y políticas (incluida la Ley sobre la Violencia en la Familia de 2018, la Ley por la que se modifica la Ley sobre la Violencia en la Familia de 2018, la Ley de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica de 2018, el Proyecto de Ley sobre la Violencia Sexual (pendiente de su segunda lectura), y la política de la Policía de Nueva Zelandia;
•La elaboración de una estrategia nacional para la prevención de la violencia en la familia y la violencia sexual;
•El aumento de la financiación para los servicios en materia de violencia sexual y violencia en la familia, incluidos los servicios kaupapa Māori en materia de violencia en la familia;
•La mejora de la recopilación y la comprensión de los datos sobre la incidencia y;
•El compromiso con un programa de reforma a largo plazo para construir un sistema de salud y discapacidad más sólido, centrado específicamente en la atención de los problemas de las personas con discapacidad que tratan de vivir sin violencia.
Introducción de nuevas leyes y políticas
La Ley sobre la Violencia en la Familia de 2018 y las disposiciones restantes de la Ley por la que se modifica la Ley sobre la Violencia en la Familia de 2018 entraron en vigor en julio de 2019. Estas Leyes tienen como objetivo reconocer que la violencia en la familia es inaceptable, poner fin y prevenir la violencia en la familia, y proteger a las víctimas de ese tipo de violencia. La definición de violencia en la familia se amplió para incluir los comportamientos coercitivos y controladores y el abuso relacionado con la dote. Asimismo, las modificaciones contemplan que un cuidador también puede mantener una estrecha relación personal con la persona que cuida y eliminan los obstáculos jurídicos para el intercambio de información entre instituciones a fin de aumentar la seguridad de las víctimas. La nueva figura penal de la tentativa de estrangulamiento ha hecho que la Policía presente un promedio de cinco cargos por día, una cantidad significativamente más elevada de lo previsto.
Las Leyes introdujeron cambios para mejorar las respuestas a la violencia en la familia en el derecho penal y el derecho de familia. La Ley sobre la Violencia en la Familia contiene nuevas disposiciones que facilitan el acceso a las órdenes de protección y ocupación para las mujeres que puedan ser discapacitadas, estableciendo como tipo específico de abuso la interrupción del cuidado de alguien que lo necesite por su edad, discapacidad o estado de salud.
La Ley de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica de 2018, que entró en vigor en abril de 2019, establece el requisito normativo de que los lugares de trabajo presten apoyo específicamente a las víctimas de la violencia doméstica. Exige que ofrezcan condiciones de trabajo flexibles y hasta diez días de licencia con sueldo a las personas afectadas por la violencia doméstica y a las que cuidan de los niños y niñas afectados por ella.
Distintas empresas y organismos de diverso tamaño han establecido de manera proactiva sus propias políticas y disposiciones para los empleados que se enfrentan a problemas de violencia doméstica. WorkSafe New Zealand también ofrece asesoramiento sobre la gestión de riesgos en relación con la violencia doméstica en virtud de la Ley sobre Salud y Seguridad en el Lugar de Trabajo de 2015.
La Comisionada de Derechos de las Personas con Discapacidad se ha centrado específicamente en las cuestiones relativas a las personas con discapacidad que tratan de vivir sin violencia. La Comisionada ha comunicado estas cuestiones a los ministros y se ha acordado un plan de trabajo inicial entre la Comisionada y la Operación Conjunta para avanzar en la solución de los problemas que enfrenta esta población.
Una estrategia nacional para la prevención de la violencia en la familia y la violencia sexual
En 2019 se creó un equipo interinstitucional encargado de una Operación Conjunta cuyo fin es dar una orientación clara al compromiso del Gobierno de eliminar la violencia en la familia y la violencia sexual. La Junta encargada de la labor de la Operación Conjunta está integrada por los directores generales de los siguientes organismos: el Oranga Tamariki (Servicio de Bienestar Infantil), el Ministerio de Salud, el Te Puni Kōkiri (Ministerio de Desarrollo Maorí), el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, la Policía, la Corporación de Indemnizaciones por Accidente, el Departamento de Instituciones Penitenciarias y el Departamento del Primer Ministro y el Gabinete. El Gabinete también estableció un nuevo puesto de “Ministro Principal” para supervisar y coordinar esta labor. El grupo directivo interinstitucional de la Operación Conjunta está decidido a realizar cambios significativos en todo el sistema en respuesta a la violencia en la familia y la violencia sexual. Su objetivo es centrarse en la prevención de la violencia en la familia y la violencia sexual, mejorar nuestra asociación maorí y de la Corona para hacer frente a ese tipo de violencia, y transformar el modo en que el Gobierno actúa para hacer frente a este problema.
La Operación Conjunta se encarga de elaborar una estrategia nacional colectiva, diseñada en colaboración con el sector encargado de la familia y la violencia sexual, distintas comunidades (por ejemplo, las personas con discapacidad y la comunidad arcoiris), los maoríes, y el público en general. Se elaborarán indicadores como parte de la estrategia nacional para hacer seguimiento de los progresos del Gobierno en la eliminación de la violencia en la familia y la violencia sexual.
En 2020, el Ministerio de Desarrollo Social puso en marcha tres marcos quinquenales para la prevención de la violencia en la familia en todo Aotearoa:
1.E Tū Whānau;
2.Pasefika Proud;
3.No está bien (Campaña de Acción contra la Violencia en la Familia).
Estas iniciativas implican tender puentes con nuevas comunidades a través de E Tū Whānau y probar nuevos enfoques como Safe Man Safe Family, que se centra en cómo movilizar a los hombres para que cambien su comportamiento de modo positivo y sostenido.
Aumento de la financiación para los servicios de violencia sexual y violencia en la familia, incluidos los servicios kaupapa Māori de violencia sexual
En 2019, el Gobierno anunció que realizaría la mayor inversión anual en su historia para hacer frente a la violencia en la familia y la violencia sexual. El paquete de 320 millones de dólares (a lo largo de cuatro años) incluye financiación y apoyo para:
•Proporcionar servicios de apoyo en casos de crisis por violencia sexual para adultos, niños, niñas y jóvenes;
•Ofrecer formas alternativas de testificar para las víctimas de la violencia sexual, a fin de reducir el riesgo de sufrir traumas adicionales;
•Asignar fondos específicos a una respuesta kaupapa Māori a la violencia sexual;
•Ampliar los puntos de Respuesta Integrada de Seguridad de modo que cubran a más de un millón de neozelandeses. La Respuesta Integrada de Seguridad es una intervención interinstitucional diseñada para garantizar la seguridad inmediata de las víctimas, los niños y las niñas, y para trabajar con los perpetradores para evitar nuevos actos de violencia y;
•Aumentar la financiación para atender las presiones sobre los costos en los Servicios de Apoyo a las Crisis por Daños Sexuales.
Este paquete complementa la financiación de años anteriores de 76 millones de dólares (a lo largo de cuatro años) en 2018.
En 2020, el Gobierno anunció un nuevo paquete de 253,3 millones de dólares (a lo largo de cuatro años) de financiación y apoyo para:
•El Ministerio de Desarrollo Social, a fin de garantizar el acceso continuo a los servicios especializados en materia de violencia en la familia, como:
•Los servicios de apoyo a las víctimas de violencia en la familia;
•Los servicios de ayuda a los perpetradores para que dejen de infligir violencia en la familia; y
•El apoyo a las víctimas de maltrato en la vejez;
•Una iniciativa interinstitucional con la Policía, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud para garantizar que las víctimas de estrangulamiento no mortal puedan tener acceso a médicos cualificados y con formación para tratar el trauma y a los servicios forenses necesarios a fin de reunir las pruebas sólidas que se requieren para procesar a los responsables y;
•La Policía, las comunidades y los servicios especializados en violencia en la familia y violencia sexual, de modo que puedan hacer frente a los costos y demandas adicionales en respuesta a la enfermedad por coronavirus (COVID-19).
El presupuesto de 2020 asigna otros 183 millones de dólares (a lo largo de cuatro años) a abordar las presiones sobre los costos en los servicios especializados de violencia en la familia, financiados por el Ministerio de Desarrollo Social, para las víctimas, sobrevivientes y perpetradores de violencia en la familia, incluido el maltrato en la vejez. Esta inversión tiene por objeto garantizar el acceso continuo a los servicios especializados en materia de violencia en la familia, y comprende:
•142 millones de dólares para servicios de apoyo a las víctimas y sobrevivientes de la violencia en la familia;
•16 millones de dólares para servicios de ayuda a los perpetradores de violencia en la familia y;
•25 millones de dólares para las personas de edad afectadas por la violencia en la familia.
La financiación adicional se dedicará a apoyar a los proveedores actuales financiados por el Ministerio de Desarrollo Social para que empiecen a subsanar la presión actual sobre los costos y para que retengan, apoyen y perfeccionen a su valioso personal. Con ello se lograrán entornos de trabajo más seguros para el personal y mejores resultados para las personas afectadas por la violencia en la familia.
Mejora de la recopilación y la comprensión de los datos sobre la incidencia
Nueva Zelandia está mejorando los datos recopilados sobre la violencia en la familia y la violencia sexual. Esto nos dará una idea más clara de la prevalencia de la violencia en la familia y la violencia sexual, y de los resultados logrados a través de los servicios.
Los datos de Nueva Zelandia sobre la prevalencia de la violencia en la familia y la violencia sexual se obtuvieron en una encuesta nacional sobre la delincuencia. La Encuesta de Nueva Zelandia sobre la Delincuencia y las Víctimas, de 2018, concedió prioridad al estudio a fondo de la violencia en la familia y, por lo tanto, ofrece los datos más amplios obtenidos hasta la fecha sobre la prevalencia de ese tipo de violencia y de la violencia sexual en el país. Se hicieron preguntas a más de 8.000 neozelandeses mayores de 15 años sobre los delitos de que habían sido víctimas. Entre los resultados destacan las siguientes conclusiones:
•Las mujeres (21 %) tenían más probabilidades que los hombres (10 %) de haber sufrido uno o más incidentes de violencia de pareja a lo largo de su vida; y
•Las mujeres (34 %) tenían más probabilidades que los hombres (12 %) de haber sufrido uno o más incidentes de violencia sexual a lo largo de su vida;
La Ley sobre la Violencia en la Familia de 2018 también introdujo medidas para mejorar la recopilación de datos sobre ese tipo de violencia. La Ley introduce la asignación de un indicador a los delitos de violencia en la familia que identifica el asunto durante todo el proceso judicial y aparece en los antecedentes penales de los delincuentes. Con ello se dispondrá de información fiable sobre el número y el tipo de delitos de violencia en la familia enjuiciados por el sistema de justicia.
En 2019, el Ministerio de Justicia publicó un nuevo estudio en el que se cuantificó la proporción de casos de violencia sexual denunciados que actualmente avanzan en el sistema de justicia hasta culminar en una condena. Gracias al estudio se ha podido establecer una línea de base que permitirá hacer un seguimiento de las variaciones a lo largo del tiempo y en los distintos grupos de población.
La Oficina de Asuntos relacionados con la Discapacidad promueve la recopilación de mejores datos para comprender cuántos discapacitados tienen acceso a los servicios de violencia sexual y el impacto de esos servicios. Es necesario seguir trabajando en este sentido para poner de relieve la importancia de recopilar datos relativos a las experiencias de las personas discapacitadas en materia de violencia en la familia y violencia sexual y garantizar que los métodos de recopilación de datos sean accesibles.
Salud
C.Información de seguimiento relativa al párrafo 40 a) de las observaciones finales
Aplicación de la recomendación 40 a): aborto
En 2020, Nueva Zelandia despenalizó el aborto, con la excepción de las infracciones cometidas por los proveedores de servicios de aborto que no son profesionales de la salud.
La Ley del Aborto de 2020 entró en vigor el 24 de marzo de 2020. La Ley tenía como objetivo despenalizar el aborto y armonizar mejor la regulación de los servicios de aborto con otros servicios de salud. La Ley también tenía por objeto modernizar el marco jurídico del aborto previsto anteriormente en la Ley de Delitos de 1961 y la Ley de Anticonceptivos, Esterilización y Aborto de 1977.
Cambios introducidos por la Ley del Aborto en los aspectos penales de la legislación sobre el aborto
La Ley eliminó de la Ley de Delitos y la Ley de Anticonceptivos, Esterilización y Aborto de 1977 la consideración del aborto como conducta delictiva para los profesionales de la salud y las mujeres. El hecho delictivo que queda incluido en la Ley de Delitos es nuevo y se refiere a las personas que practican un aborto sin ser profesionales de la salud. Las mujeres a las que se les practica el aborto quedan excluidas del delito.
Cambios introducidos por la Ley del Aborto en el acceso a los servicios de aborto
La Ley ha eliminado las disposiciones anteriores de la Ley de Anticonceptivos, Esterilización y Aborto de 1977 que se aplicaban al acceso a los servicios de aborto, para que dicho acceso esté mejor armonizado con el modo en que se prestan otros servicios de salud, incluida la eliminación de la necesidad de que dos consultores titulares de una autorización especial certifiquen que el aborto es legal y cumple las condiciones establecidas en la Ley de Delitos. Por el contrario, la Ley dispone que, en el caso de embarazos de hasta 20 semanas de gestación, la decisión de abortar la toma la mujer, en consulta con un profesional de la salud cualificado.
Para el aborto en casos de embarazo de más de 20 semanas de gestación hay una serie de requisitos legales que deben cumplirse. Un profesional de la salud cualificado solo puede prestar servicios de aborto si tiene motivos razonables para creer que el aborto es clínicamente apropiado en razón de las circunstancias. Para determinar si el aborto es clínicamente apropiado en razón de las circunstancias es necesario consultarlo con, como mínimo, otro profesional de la salud cualificado y tener en cuenta una serie de factores, en particular todas las normas jurídicas, profesionales y éticas pertinentes a las que están sujetos los profesionales de la salud cualificados; la salud física y mental y el bienestar general de la mujer; y la edad gestacional del feto.
La Ley elimina el requisito de que los abortos solo puedan practicarse en locales que dispongan de licencias específicas, ampliando así la variedad de instalaciones donde pueden ofrecerse esos servicios. También permite que una gama más amplia de profesionales de la salud certificados (por ejemplo, parteras y enfermeros especialistas) practiquen abortos (con arreglo a sus ámbitos de práctica, competencia y capacitación). En la actualidad, las mujeres pueden autorremitirse a un proveedor de servicios de aborto.
La Ley garantiza que las mujeres sepan que pueden recibir asesoramiento, en caso de que lo necesiten, tanto antes como después de un aborto. Sin embargo, los proveedores de servicios de aborto no pueden exigir a las mujeres que reciban asesoramiento antes de acceder a los servicios de aborto.
La Ley también ha asignado al Ministerio de Salud el control y la supervisión de los servicios de aborto, incluida la recopilación de datos sobre los servicios de aborto y la elaboración de normas para la prestación de servicios. El Ministro de Salud debe adoptar medidas razonables para garantizar la disponibilidad de servicios de aborto, asesoramiento, anticoncepción y otros servicios de salud reproductiva en Nueva Zelandia.
Matrimonio y relaciones familiares
D.Información de seguimiento relativa al párrafo 48 a) de las observaciones finales
En 2014 se hicieron importantes reformas en el sistema de justicia de familia. Las reformas tenían como objetivo ayudar a la población a resolver las controversias sobre la crianza de los hijos sin tener que acudir a los tribunales. Sin embargo, estas reformas han sido objeto de numerosas críticas por restringir el acceso a la justicia y por no ser útiles para algunas personas.
En 2018, el Ministro de Justicia nombró un Grupo Independiente para que examinara las reformas de 2014 y formulara recomendaciones de cambio. El Grupo examinó las reformas a lo largo de 10 meses y realizó importantes consultas públicas, celebró más de 110 reuniones y recibió más de 500 contribuciones. Se realizó una encuesta exhaustiva a los más afectados por las reformas de 2014, a saber, los niños y las niñas, los jóvenes, los progenitores, los cuidadores, los tutores, los abuelos y otros miembros de la whānau (familia ampliada). En el Grupo también participaron profesionales, proveedores, académicos, organismos gubernamentales, representantes del poder judicial y grupos comunitarios.
El informe final del Grupo Independiente encargado de examinar las reformas del sistema de justicia de familia de 2014 se publicó en junio de 2019 bajo el título “Te Korowai Ture-ā Whānau”. En el informe, el Grupo formuló 69 recomendaciones de gran alcance sobre la legislación, las políticas y las prácticas que actualmente rigen las cuestiones relativas al cuidado de la infancia. Entre las recomendaciones destaca la adopción de las siguientes medidas:
•Aumentar la participación de los niños y las niñas y proteger mejor su seguridad;
•Mejorar el reconocimiento de la Te Ao Māori (la visión del mundo maorí), respondiendo mejor a la diversidad y haciendo ajustes proactivos para las personas con discapacidad;
•Establecer dos nuevas funciones para aumentar la eficiencia del Tribunal de Familia;
•Financiar íntegramente y diversificar la solución de controversias familiares;
•Introducir servicios financiados de asesoramiento al margen de los tribunales y flexibilizar el asesoramiento que se ofrece en el marco judicial;
•Permitir la representación legal en todas las fases de los procedimientos previstos en la Ley sobre el Cuidado de la Infancia de 2004 y;
•Mejorar la tecnología de gestión de casos y la recopilación y evaluación de datos.
El Grupo determinó los obstáculos adicionales que las mujeres pueden enfrentar para acceder al sistema de justicia de familia y señaló que estos pueden ser más pronunciados para las mujeres maoríes, las inmigrantes, las pertenecientes a minorías étnicas, las de entornos rurales y las que tienen una discapacidad. El Grupo recomendó prestar atención para asegurar que las personas con bajos ingresos tengan igual acceso a la justicia y no se vean discriminadas. Por ejemplo, las mujeres disponen, en promedio, de menos ingresos y riqueza que los hombres, y esta desigualdad aumenta después de la separación. El aumento de la disparidad entre las partes puede significar que, por ejemplo, una de ellas pueda costearse un abogado pero la otra no.
La violencia sexual y la violencia en la familia están estrechamente relacionadas con el género. El Grupo expresó su preocupación por el hecho de que todavía no existe un conocimiento generalizado de la violencia en la familia en todas sus formas. Se informó al Grupo de que el personal del sistema de justicia de familia no comprende los efectos del trauma tras las situaciones de violencia ni sus repercusiones en la forma en que las personas interactúan en las controversias relativas al cuidado de los niños.
El Gobierno acogió con satisfacción el informe del Grupo. En mayo de 2020, anunció la primera fase de un extenso programa de trabajo a largo plazo para fortalecer el sistema de justicia de familia con una financiación de 62,086 millones de dólares a lo largo de cuatro años. Esta primera fase comprende:
•La aprobación de la Ley del Tribunal de Familia y de Apoyo a la Familia en los Procesos Judiciales de 2020, que, tras su entrada en vigor el 1 de julio de 2020, restablecerá la representación letrada en las primeras fases de los procedimientos relacionados con la Ley sobre el Cuidado de la Infancia, y ofrecerá asistencia jurídica para las partes que reúnan las condiciones necesarias;
•El establecimiento de la función del Oficial de Enlace de Justicia Familiar para ayudar a los padres y las whānau a orientarse dentro del sistema, proporcionar información sobre el proceso, y colaborar con los proveedores de servicios en materia de justicia familiar;
•La elaboración de información de calidad y accesible para los niños y las niñas, los progenitores y las whānau; y
•El aumento de la remuneración de los abogados especialistas en cuestiones de la infancia para incentivar la contratación y la retención de profesionales cualificados.
A finales de este año también se espera que entre en vigor un segundo proyecto de ley con el objetivo de fortalecer los tribunales de familia, mediante el cual:
•Se aumentará la participación de los niños y las niñas en los procedimientos que les afectan;
•Se garantizará que los niños se sientan apoyados e informados a medida que avanzan en el proceso del Tribunal de Familia;
•Se ampliarán las funciones de los abogados en los procedimientos relativos al cuidado de la infancia; y
•Se reforzarán las expectativas de que las personas deben estar protegidas frente a la violencia en la familia.
En su conjunto, estos cambios contribuirán a asegurar que las familias y las whānau reciban desde un primer momento un apoyo adecuado en forma de asesoramiento e información de carácter jurídico, que los niños y las niñas tengan una mayor participación en el proceso, que se incrementen las funciones de los abogados en los procedimientos relativos al cuidado de la infancia, y que la visión sobre la dinámica de la violencia en la familia, tal como se refleja en la Ley sobre la Violencia en la Familia y en sus objetivos, se aplique explícitamente a los casos que afecten a los niños y las niñas que corren el riesgo de sufrir esa violencia o que padecen sus consecuencias. Asimismo, las modificaciones tienen como objetivo reducir el retraso en la resolución de cuestiones en el Tribunal de Familia, que se ha visto exacerbado por la pandemia de COVID-19.