65º período de sesiones
24 de octubre a 18 de noviembre de 2016
Tema 4 del programa provisional
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Lista de cuestiones y preguntas relativa al sexto informe periódico de los Países Bajos
Adición
Nota : El presente documento se distribuye únicamente en español, francés e inglés.
* El presente documento se publica sin revisión editorial.
Respuestas de los Países Bajos*
[Fecha de recepción: 5 de julio de 2016]
Marco jurídico y normativo
Al hilo de las observaciones finales anteriores del Comité ( CEDAW/C/NLD/CO/5 , párr. 12), sírvanse facilitar información sobre las iniciativas concretas emprendidas para incorporar las disposiciones de la Convención en la legislación nacional y velar por la disponibilidad de remedios jurídicos efectivos para todas las mujeres, en especial las migrantes, en todos los territorios del Estado parte.
En general, el examen del cumplimiento con lo dispuesto en las convenciones y convenios internacionales forma parte integrante de los procedimientos legislativos y la formulación de políticas. En los párrs. 161 a 164 del sexto informe periódico, se indica detalladamente cómo se incorporan las obligaciones internacionales al ordenamiento jurídico de los Países Bajos.
Para combatir y prevenir la discriminación, es necesario que los ciudadanos, las empresas e instituciones, los interlocutores sociales y el Gobierno presten una atención constante y adopten un enfoque proactivo. El Gobierno introdujo medidas legislativas y normativas para prevenir la discriminación. Si, a pesar de ello, sigue habiendo discriminación, el Gobierno es también responsable de velar por que los ciudadanos dispongan de formas y medios de presentar denuncias, y que las denuncias se registren y se supervisen de forma adecuada para que ofrezcan una buena perspectiva de las cuestiones que requieren más atención. Además de los remedios jurídicos habituales, los ciudadanos pueden presentar denuncias por discriminación a los órganos adecuados como la policía o el Servicio Municipal de Lucha contra la Discriminación (ADV). En los Países Bajos, los ciudadanos también pueden recurrir al Instituto Neerlandés para los Derechos Humanos, que es competente para emitir opiniones sobre las denuncias por discriminación.
Facilítese asimismo información sobre las medidas específicas adoptadas para hacer frente a las disparidades en la aplicación de la Convención en dichos territorios ( ibid. párr. 14).
Tal como se indica en los párrs. 4 a 9 del informe periódico, el Reino está compuesto de cuatro países que son autónomos en lo que se refiere a sus cuestiones internas. Cada uno de los cuatro países del Reino aplica las obligaciones que se derivan de la Convención según su criterio.
Por lo que respecta a Bonaire, San Eustaquio y Saba, que forman parte de los Países Bajos, uno de los cuatro países que integran el Reino, desde 2010, se han producido muchos cambios en estas islas en un plazo relativamente corto. A la hora de adoptar medidas legales y de otro tipo, es necesario tener en cuenta la capacidad de las islas para absorberlas. Las islas difieren esencialmente de la parte europea de los Países Bajos y, en muchos casos, estas diferencias exigen normas legales distintas.
Indíquese si se ha nombrado una comisión encargada de redactar una política nacional integrada en materia de género para Aruba ( CEDAW/C/NLD/6 , párr. 216).
Se designó una comisión encargada de redactar una política nacional integrada en materia de género para Aruba por orden del Ministro de Política de Educación y de la Familia el 17 de octubre de 2014. Sus miembros proceden de diversos departamentos gubernamentales, así como de la Oficina Central de Estadística de Aruba y del Centro para el Desarrollo de la Mujer (CEDEHM). Actualmente, la comisión está haciendo consultas a las partes interesadas pertinentes, tanto organismos gubernamentales como organizaciones no gubernamentales (ONG). Los resultados finales se expondrán detalladamente en la propuesta de política, para la cual se tomará como base la Convención.
Se ruega aportar, además, información actualizada acerca de los avances logrados por el Ministerio de Administración Pública, Planificación y Servicios de Curaçao para formular una política de incorporación de la perspectiva de género (párr. 288).
El Ministerio de Administración Pública, Planificación y Servicios ha puesto en marcha la formulación de una política en materia de género.
Las cuestiones de género las coordina la Sección de Familia y Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, Trabajo y Bienestar, que se ocupa de formular una política de género destinada a eliminar todas las formas de desigualdad entre hombres y mujeres, y sus prioridades principales son las siguientes:
•Mejorar el rendimiento académico e invertir el fracaso escolar de los niños;
•Mejorar las políticas de contratación y selección en el sector público;
•Desarrollar una política de igualdad de oportunidades coherente e integrada que haga hincapié en el empoderamiento, el desarrollo y la promoción de la autonomía social de niños y niñas.
Este proceso transcurre lentamente debido a la insuficiencia de personal y a la decisión de incorporar los objetivos y metas en la estructura de la Sección de Familia y Juventud. Se está examinando una propuesta para crear una oficina internacional que se ocupe de una serie de cuestiones; con esto se prestaría especial atención no solo a las cuestiones de las mujeres y el género, sino también a la situación de los niños y las personas con discapacidad.
En 2015, la Oficina de la UNESCO, el Ministerio de Desarrollo Social, Trabajo y Bienestar, y diversas ONG unieron sus fuerzas para organizar dos eventos que ponían de relieve los derechos humanos de las mujeres y otros grupos desfavorecidos (como los niños y las lesbianas, gais, bisexuales y trans [LGBT]), además de difundir más información y sensibilizar sobre estas cuestiones. Estos eventos dieron lugar a un enfoque normativo más amplio para 2016 y más allá, que incluye los puntos que se mencionan más arriba.
La Sección de Familia y Juventud también está organizando una serie de sesiones interministeriales de capacitación sobre el género y la violencia contra la mujer, la primera de las cuales se celebró el 30 de mayo de 2016.
Señálese si existe una estrategia nacional sobre igualdad de género que abarque todos los territorios del Estado parte.
No existe una única estrategia para el Reino en su conjunto, dado que cada uno de los cuatro países que lo integran es autónomo en lo que se refiere a la política de igualdad entre los géneros. Puede encontrarse información sobre las políticas nacionales en materia de género de Aruba y Curaçao en los párrs. 5 a 10 anteriores. En los Países Bajos, el Gobierno envió una carta a la Cámara de Representantes en mayo de 2013 en la que esbozaba sus objetivos en el ámbito de la política de igualdad de género e igualdad de las personas LGBT para 2013-2016, y en la que establecía también las medidas normativas que se estaban aplicando en esta esfera.
En vista de las anteriores observaciones finales del Comité ( CEDAW/C/NLD/CO/5 , párr. 16), sírvanse proporcionar información actualizada sobre las medidas específicas adoptadas para concienciar a la población, en especial a los abogados y miembros del sistema judicial, acerca de la Convención y su Protocolo Facultativo.
La Academia para la Legislación y la Academia para Abogados del Estado ofrecen cursos generales de corta duración sobre derechos humanos para funcionarios públicos, invirtiendo de esta forma en la calidad del asesoramiento jurídico primario y garantizando que todos los departamentos normativos tengan la capacidad necesaria para reconocer la cuestiones básicas de derechos humanos.
El Centro de Estudio y Formación para el Poder Judicial ofrece formación continua para jueces y otros funcionarios de los tribunales sobre cuestiones como la violencia doméstica y la discriminación, con el objetivo de mejorar los conocimientos especializados en el ámbito de los derechos humanos entre las personas relacionadas con estas cuestiones.
Sobre la base de la Ley de Asesoramiento Letrado (Advocatenwet) y del Reglamento sobre la Profesión Jurídica, se exige a los abogados, de manera justificada, que mantengan y desarrollen su conocimiento profesional anualmente en el ámbito del derecho con el que trabajen. Según los términos de la Ley de Asesoramiento Letrado (Advocatenwet), los detalles relacionados con la capacitación de la profesión jurídica son competencia absoluta del Colegio de Abogados de los Países Bajos (Nederlandse Orde van Advocaten, NOvA). Esta capacitación incluye cursos opcionales sobre derechos humanos.
Facilítese también información actualizada sobre las medidas adoptadas para poner en práctica las recomendaciones formuladas por el Comité en la comunicación núm. 36/201 2 ( CEDAW/C/57/D/36/2012 ).
El 19 de septiembre de 2014, el Gobierno explicó al Comité que, en su opinión, el texto del artículo 11, párr. 2, inciso inicial y apartado b), de la Convención, no se refiere a las personas que trabajan por cuenta propia y no impone, en sí mismo, la obligación de prever un plan de prestaciones públicas para este grupo en particular. Por este motivo, el Gobierno neerlandés no ha seguido las recomendaciones del Comité en relación con ese apartado.
Sin embargo, a su propia discreción, el Gobierno introdujo un plan de prestaciones de maternidad para mujeres que trabajan por cuenta propia en 2008.
Mecanismo nacional encargado del adelanto de la mujer
El Comité, en sus anteriores observaciones finales ( CEDAW/C/NLD/CO/5 , párr. 18), expresó preocupación por la ausencia de una estrategia y una política unificadas para aplicar las disposiciones de la Convención en los territorios del Estado parte. Habida cuenta de la reestructuración constitucional del Estado parte (párr. 4), con la que Curaçao y San Martín adquirieron la condición de países dentro del Reino y Bonaire, San Eustaquio y Saba se convirtieron en “los Países Bajos del Caribe” o el “Caribe Neerlandés”, sírvanse proporcionar información acerca de la estructura de los mecanismos nacionales encargados del adelanto de los derechos de la mujer y la coordinación de la incorporación de la perspectiva de género en todos los territorios del Estado parte.
En los Países Bajos, la responsabilidad relativa a la política de igualdad de oportunidades recae en el Ministro de Educación, Cultura y Ciencia. Es responsabilidad del Ministro coordinar las políticas que promueven y fomentan la igualdad entre los géneros. A ese fin, existe un departamento específico de igualdad de oportunidades que se ocupa de la igualdad entre los géneros. Este departamento sigue un enfoque doble para promover la igualdad entre los géneros que comprende una política específica sobre igualdad de oportunidades, destinada a eliminar las desventajas para niñas y mujeres, y la incorporación de la perspectiva de género, a fin de incluir las cuestiones de género en los objetivos normativos generales.
Varios ministerios colaboran en la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades para niñas y mujeres. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia trabaja con el Ministerio de Salud, Bienestar y Deporte en la Alianza Género y Salud (véase también el párr. 27 más abajo).
Además, los Países Bajos cuentan con una institución nacional de derechos humanos de categoría A, el Instituto Neerlandés para los Derechos Humanos. Este órgano examina las denuncias particulares por trato desigual, investiga la presencia u otro tipo de discriminación sistemática, asesora sobre leyes y reglamentos, e informa sobre la situación de los derechos humanos.
La administración central coopera con un gran número de organizaciones, entre ellas las autoridades locales, la comunidad empresarial y las organizaciones de mujeres, con el fin de lograr los objetivos de la política de igualdad de oportunidades. El proyecto “Kracht on Tour” es un excelente ejemplo. El objetivo de este proyecto consiste en sensibilizar al público sobre la importancia de la independencia financiera de las mujeres, así como en celebrar acuerdos con las autoridades municipales, los empleadores y las instituciones educativas para aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral. La administración central aporta 11,2 millones de euros todos los años mediante subvenciones para proyectos e instituciones de la sociedad civil que promuevan la igualdad entre los géneros y los derechos de las LGBT. Además, el Gobierno pone fin a los contratos con cualquier empresa que tenga o cuyos directivos hayan sido condenados por discriminación mediante sentencia final e inapelable.
En Aruba, el CEDEHM, creado en 2011, es una entidad pública que depende directamente del Ministro de Política de Educación y de la Familia. Ofrece una serie de servicios directamente a las mujeres y coopera con diversas entidades públicas y ONG para proteger y promover los derechos de las mujeres y sus familias. Estas organizaciones incluyen la Fundacion Hende Muhe den Dificultad (Fundación para las Mujeres en Dificultad), Famia Planea (Fundación para la Planificación Familiar), el Club de Mujeres de Aruba, la Fundacion Hende Homber pa Hende Homber (Fundación para Hombres de Aruba) y el Departamento de Asuntos Sociales. Además, el CEDEHM ha establecido una relación con la Fundacion Hende Homber pa Hende Homber (Fundación para Hombres de Aruba) a fin de promover la sensibilización acerca de los derechos de la mujer y fomentar la colaboración sobre diversas cuestiones relativas a las mujeres y los hombres. El objetivo consiste en que estas entidades públicas y ONG apliquen la política de género de forma conjunta.
En Curaçao, algunos de los servicios del antiguo Territorio Insular de Curaçao quedaron abolidos en 2010, entre ellos, la Oficina de Asuntos de la Mujer y el Departamento de Desarrollo Social. La mayor parte de las tareas que llevaban a cabo se han reasignado a nuevos ministerios, pero el trabajo en estas esferas se ha reducido en cierta medida por diversos motivos.
Si bien no existe una política integrada en materia de género, una serie de ONG comprometidas con las cuestiones de género reciben subvenciones públicas de conformidad con el programa de requisitos establecido en el plan de actividades del Ministerio de Desarrollo Social, Trabajo y Bienestar y con la normativa del Gobierno sobre subvenciones.
Se ofrece información sobre los agentes pertinentes de San Martín en los párrs. 31 a 33.
¿Realiza el Estado parte evaluaciones de las consecuencias en función del género de las leyes y políticas y análisis presupuestarios con perspectiva de género? En tal caso, ¿en qué medida? Apórtese información sobre los resultados de incorporar la perspectiva de género en el Estado parte.
En los Países Bajos, las Instrucciones para Redactar Legislación contienen directrices para la formulación de leyes y reglamentos. Las repercusiones y efectos (secundarios) de las nuevas leyes o reglamentos deben examinarse en cada caso, así como cualquier posible consecuencia para la situación de la mujer. El Departamento de Igualdad de Oportunidades también analiza la dimensión de género y las repercusiones de las propuestas normativas y legislativas pertinentes, y brinda asesoramiento, sin que ello implique la elaboración de informes pormenorizados sobre las repercusiones relativas a la igualdad de oportunidades.
En una carta dirigida al Parlamento en la que se esbozaban los objetivos de la política de igualdad de oportunidades para 2013-2016, el Gobierno anunció un estudio de exploración sobre la incorporación de la perspectiva de género, así como un estudio sobre la creación de una alianza de género y salud.
La Alianza Género y Salud (formada por numerosos expertos del sector de la atención sanitaria y el mundo académico) desarrollará un Programa Nacional de Conocimientos sobre Género y Salud para definir los aspectos de nuestros conocimientos en esta materia que son susceptibles de mejora. La incorporación de la perspectiva de género también se ha reforzado en otras esferas, como la independencia económica, la seguridad y la educación. Estas iniciativas se llevan a cabo a varios niveles: en la administración central, en los municipios y en la sociedad civil.
En Aruba, las entidades públicas y las ONG trabajan actualmente de conformidad con las leyes vigentes y las políticas aplicables a sus respectivas organizaciones. Cuando se ponga en marcha la incorporación integrada de la perspectiva de género, se modificará la legislación según sea necesario y se llevará a cabo la incorporación de las políticas a nivel nacional .
En Curaçao, no se han realizado evaluaciones de las consecuencias en función del género ni análisis de la presupuestación con perspectiva de género.
Desde 2013, el Ministro de Desarrollo Social, Trabajo y Bienestar ha participado en todas las reuniones regionales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.
En San Martín, el Departamento de Desarrollo Social y el Departamento de Desarrollo de la Comunidad, Familia y Asuntos Humanitarios organizaron de forma conjunta un taller sobre incorporación de la perspectiva de género en noviembre de 2010. El taller determinó si las leyes y políticas públicas se ajustaban a la igualdad de género y subrayaban la importancia de incorporar la perspectiva de género para los representantes del Gobierno. Las conclusiones del taller confirmaron que la mayor parte de las leyes, políticas y prácticas públicas estaban en consonancia con la igualdad entre los géneros.
Además, se llevó a cabo una encuesta sobre matriculación escolar y participación en el mercado laboral para el Primer Informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2011. Se constató que San Martín cuenta con una representación de los géneros casi igual en lo que se refiere al acceso a la educación y el empleo. La legislación en materia de trabajo de San Martín no establece ninguna distinción entre mujeres y hombres trabajadores, quienes gozan de los mismos privilegios y remuneración por el mismo trabajo.
Además, el Plan Nacional de Desarrollo, a pesar de no estar terminado, ha puesto de relieve el compromiso del Gobierno de San Martín para promover una sociedad inclusiva. Esta filosofía se ha seguido consolidando mediante el Marco Interactivo de Política Cultural desarrollado por el Departamento de Cultura. Este marco tiene como objetivo promover y alentar el crecimiento y el diálogo en la sociedad, mediante el empoderamiento de todos los distritos y comunidades a fin de que contribuyan a la modelación de unas normas éticas compartidas y de una visión inclusiva del futuro de San Martín. El marco también pone de relieve la igualdad entre los géneros y fomenta el desarrollo, la educación y el reconocimiento de las personas como individuos.
Medidas especiales de carácter temporal
El Comité, en sus anteriores observaciones finales ( CEDAW/C/NLD/CO/5 , párr. 22), señaló la falta de comprensión existente en torno a las medidas especiales de carácter temporal, según la interpretación expuesta por el Comité en su recomendación general núm. 25 (2004) relativa a ese tipo de medidas. En el párrafo 20 del informe, se indica que existen leyes en vigor en las que se establecen metas en relación con el porcentaje de mujeres en puestos de máxima responsabilidad del sector privado, así como que la legislación se evaluaría en 2015.
Facilítese información acerca de los resultados de la evaluación de la legislación y señálese si el Estado parte contempla introducir sanciones por el incumplimiento de las metas en ella estipuladas.
Según lo establecido en una ley del Parlamento aprobada en 2013, las mujeres deben representar al menos el 30% de los consejos de determinados tipos de empresas. La Ley también estipula que las empresas que no cumplan este requisito deben indicar detalladamente las medidas que están adoptando para alcanzar el objetivo del 30%. El Gobierno y la Confederación Industrial y Patronal de los Países Bajos (VNO-NCW) unieron sus fuerzas en diciembre de 2014 para mejorar los resultados en lo que se refiere a llevar a más mujeres “a la cima”. Una evaluación pormenorizada de la eficacia de este enfoque realizada en 2015 constató que se habían logrado progresos. Sobre la base de estos resultados, el Gobierno decidió aumentar el alcance de esta Ley, e intensificar y ampliar el enfoque. Los progresos se supervisarán de cerca y los resultados se presentarán al Parlamento en otoño de 2016. Si en ese momento no se han alcanzado los resultados previstos, se debatirán otras medidas en el Parlamento.
Proporciónese asimismo información sobre otras medidas especiales de carácter temporal adoptadas para acelerar el logro de una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el sector público.
En los últimos años, se han adoptado diversas medidas para promover la igualdad entre hombres y mujeres en el sector público. El Programa de Acción sobre Discriminación en el Mercado Laboral del Gobierno abarca 42 propuestas de acción en total, 21 de las cuales son generales y otras 21 dirigidas a grupos específicos. Cabe destacar las siguientes propuestas de acción:
•E: la creación de un Equipo sobre Discriminación en el Trabajo (es decir, para combatir la discriminación en el lugar de trabajo) dentro de la Inspección de Asuntos Sociales y Empleo a partir del 1 de mayo de 2015.
•M y N: estudio de las diferencias entre los salarios de los hombres y las mujeres, también en el sector público. Estas propuestas de acción tienen como objetivo velar por que las denuncias por discriminación se traten de forma adecuada a través de los canales internos.
•S: Mujeres en la Cima, con referencia específica a la administración central (porcentaje objetivo del 30% en 2017; véase también la respuesta a la pregunta 12).
Se ruega especificar las medidas especiales de carácter temporal en vigor, aparte del proyecto de voluntariado “1.001 miembros” (párr. 24), cuyo fin sea abordar las desigualdades que sufren los grupos desfavorecidos de mujeres, en particular las mujeres migrantes y pertenecientes a minorías étnicas.
El Programa Nacional de Acción contra la Discriminación se puso en marcha en 2016. Incluye medidas que tienen como objetivo la prevención y sensibilización pública, la cooperación más estrecha y la infraestructura, así como una mayor atención a la discriminación a nivel local. Se presta especial atención en este contexto a la discriminación por motivos de sexo, etnia, color de la piel o religión. Las cuestiones que se abordarán abarcan la discriminación en el mercado laboral (por cualquier motivo). El Programa también promueve la sensibilización sobre los prejuicios y la idiosincrasia cultural. Las actividades incluyen una campaña nacional de sensibilización, el desarrollo de un barómetro para medir la diversidad cultural en el mundo empresarial, así como directrices para los profesores sobre cómo gestionar en el aula debates sobre temas delicados desde el punto de vista social, como la discriminación.
El Plan de Acción sobre Discriminación en el Mercado Laboral se puso en marcha en 2014 y define una serie de grupos destinatarios específicos, entre ellos las mujeres y los migrantes no occidentales. Con este plan, el Gobierno y los empleadores están promoviendo un cambio cultural en que estos asumen la responsabilidad de preparar a los jóvenes para el mercado laboral mientras están en la etapa educativa, así como de adoptar una política de contratación y una cultura institucional abiertas e inclusivas.
¿Qué iniciativas se contemplan para adoptar medidas especiales de carácter temporal prescriptivas, entre ellas, el establecimiento de cuotas, con miras a promover la participación de facto de las mujeres en la vida política?
Los partidos políticos son responsables de reclutar miembros y seleccionar candidatos para ocupar cargos políticos. Los consejos municipales y provinciales deben ser proactivos a la hora de proponer candidatas. Los datos relativos a la participación de la mujer a nivel político y oficial en el gobierno local se presentan en el informe bianual “Staat van het Bestuur” (“Tendencias de gobernanza”, disponible solo en neerlandés).
Estereotipos y prácticas nocivas
El Comité, en sus anteriores observaciones finales ( CEDAW/C/NLD/CO/5 , párr. 24), expresó preocupación por la existencia de estereotipos y actitudes tradicionales en relación con el papel de las mujeres y los hombres en la familia y la sociedad. El Estado parte reconoce que los estereotipos negativos de las niñas y las mujeres están todavía extendidos en la sociedad, sobre todo en los anuncios que muestran a “niñas que juegan con aspiradoras y planchas” (párr. 15).
Sírvanse facilitar información sobre las medidas adoptadas para hacer frente a la persistencia de publicidad sexista y discriminatoria, así como a la sexualización de las mujeres por parte de los medios de comunicación, en el Estado parte. ¿Qué progresos se han realizado desde que el Gobierno anunció su apoyo a la creación de una plataforma para los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales relativa a la cuestión de las mujeres y los medios de difusión?
A raíz de la conferencia internacional que el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia organizó en 2013 de forma conjunta con el Consejo de Europa sobre el tema “La mujer y la imagen de la mujer”, se han celebrado diversas reuniones de expertos con una serie de partes interesadas de los medios de comunicación y el mundo académico en torno a la representación y la imagen de la mujer en los medios de comunicación neerlandeses. Se concluyó que es necesario forjar vínculos entre diversas partes y abordar esta cuestión de forma activa. Por lo tanto, en 2016, se inició un estudio de un año de duración, financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia, para encontrar formas de elaborar un programa colectivo con base empírica para los próximos años. Este estudio se llevará a la práctica a fin de crear una amplia base de agentes influyentes y un sentido de urgencia en relación con este asunto, con el objetivo último de desarrollar una estrategia plurianual sobre la representación de la mujer en los medios de comunicación. Esta estrategia será desarrollada y aplicada por las propias partes interesadas. El papel del Gobierno se limita a brindar apoyo a las partes interesadas, teniendo en cuenta la libertad de prensa. El objetivo consiste en promover una mejor representación de la mujer en los medios de comunicación, así como una representación más equilibrada de los grupos sociales a largo plazo, tanto en los medios de comunicación tradicionales como en los medios de comunicación en línea y los medios sociales más recientes. Esto también incluye la diversidad cultural.
Facilítese información acerca de las medidas específicas adoptadas para eliminar los estereotipos de género que se reflejan en la existencia de actitudes discriminatorias hacia las mujeres migrantes en la sociedad.
Véanse los párrs. 36 y 37 anteriores.
Proporciónese asimismo información actualizada sobre la situación de la propuesta legislativa encaminada a introducir medidas civiles para prevenir el matrimonio forzado, que se había sometido a la consideración del Senado en el momento de presentar el informe, en 2014 (párr. 91).
El 5 de diciembre de 2015 entró en vigor la Ley sobre Matrimonios Forzados (Contramedidas). Esta Ley pone trabas al matrimonio forzado. No podrá contraerse matrimonio hasta la edad de 18 años. Anteriormente, en circunstancias especiales, era posible casarse con 16 años. Ahora es más difícil contraer matrimonio con familiares consanguíneos de tercer o cuarto grado. La Ley de Pasaportes modificada contribuirá también a luchar contra el abandono del país de origen y los matrimonios forzados.
El Servicio de la Fiscalía ha adquirido las competencias necesarias para evitar que se celebre un matrimonio forzado; asimismo, podría anularse un matrimonio forzado que ya se haya celebrado. Además, debe observarse el Código de Notificación de casos de violencia doméstica y abuso de menores cuando se sospeche de violencia relacionada con el honor y matrimonios forzados.
De acuerdo con la información de la que dispone el Comité, entre algunas comunidades de migrantes del Estado parte existe un problema denominado “cautividad conyugal”, que constituye una modalidad de matrimonio forzado. Se ruega informar sobre las medidas adoptadas para abordar este fenómeno.
Para asegurar que las personas conocen su derecho a actuar con autonomía, en enero de 2015 se puso en marcha el Plan de Acción sobre Libre Determinación, que incluye una campaña nacional. Las violaciones del derecho de las personas a decidir sobre su propia vida se producen especialmente en el seno de relaciones de dependencia y desigualdad entre hombres y mujeres. El matrimonio forzado es un ejemplo de ello. Este Plan de Acción se basa en el Plan de Acción para la Prevención de los Matrimonios Forzados de 2012-2014. Se proporcionó capacitación a un total de 160 oficiales de información; organizaron 1.000 reuniones para el diálogo comunitario sobre libre determinación en 12 comunidades.
Todos los años se repite la campaña “Casarte en contra de tu voluntad”, que informa a los jóvenes sobre dónde pueden acudir para obtener asesoramiento y ayuda. La Plataforma de Conocimiento de la Sociedad e Integración presta apoyo y asesoramiento a los equipos de ayuda social de los barrios sobre las formas de prevenir, denunciar y luchar contra los matrimonios forzados. Se han impartido cursos de capacitación gratuitos a las personas que trabajan en el ámbito de la educación con jóvenes de culturas no occidentales. En los cursos se les enseña a identificar y actuar frente a los indicios de matrimonio forzado, abandono del país de origen y actos de violencia relacionados con el honor.
Violencia contra la mujer
En el párrafo 76 del informe se reconoce que, cada año, unos 220.000 adultos son víctimas de violencia grave en su entorno familiar y que, en casi el 75% de los casos de violencia doméstica que se conocen, la mayoría de las víctimas son mujeres que sufren maltrato físico y abusos sexuales.
Sírvanse indicar el número de casos, investigaciones, enjuiciamientos y condenas registrados, así como la naturaleza de las sanciones impuestas a los autores de actos de violencia contra la mujer, inclusive de violencia doméstica, y apórtense datos sobre la violencia ejercida contra las mujeres migrantes.
Todos los años, la policía gestiona unos 95.000 casos de violencia doméstica, en relación con los cuales detiene a unas 15.000 personas. El Servicio de la Fiscalía tramita entre 11.000 y 12.000 casos de violencia doméstica al año. El 87% de los sospechosos son hombres y el 13%, mujeres. Entre las víctimas de violencia doméstica, aproximadamente el 60% son mujeres y el 40%, hombres. Más de un tercio de las víctimas declaran ser también autoras de actos de violencia.
La etnia no se registra en los Países Bajos, de forma que no es posible proporcionar cifras específicas de mujeres migrantes. Los “delitos de honor” (entre 30 y 60 casos al año) se registran de forma independiente, como una forma de violencia contra la mujer. Los casos de mutilación genital femenina que se registran cada año oscilan entre 0 y 6.
El Centro Nacional de Información Especializada sobre la Violencia Relacionada con el Honor brinda apoyo a la policía, haciendo posible que actúe de manera segura para dar respuesta a las sospechas de violencia por motivos de honor. En 2014, el Centro recibió 460 denuncias de presuntos casos de violencia relacionada con el honor e intervino en 11 juicios por asesinato u homicidio.
Facilítese además información sobre los retos planteados y los logros obtenidos en la aplicación de la Ley sobre las Órdenes de Alejamiento Temporal del Domicilio (2009), que establece la expulsión de los autores de actos de violencia doméstica de sus hogares (párr. 78).
Los alcaldes emiten unas 3.000 órdenes de expulsión todos los años mediante un Instrumento de evaluación de riesgos derivado de esta Ley.
Por medio del Instrumento de evaluación de riesgos de violencia en la familia, el fiscal adjunto determina, en cada caso de (presunta) violencia doméstica, si es necesario dictar una orden de expulsión del hogar. El Instrumento se utiliza para reunir información sobre: 1) el presunto autor de los actos de violencia doméstica, 2) los acontecimientos que rodean al acto violento y 3) los antecedentes familiares. En total, se evalúan 20 señales.
En la actualidad, se está llevando a cabo un estudio para determinar si la Ley cumple los criterios establecidos en el Convenio de Estambul y la Directiva de la Unión Europea por la que se establecen normas mínimas para las víctimas.
Aproximadamente el 80% de las órdenes de expulsión del hogar van acompañadas de un proceso penal.
Se ruega aportar datos sobre la tasa de reincidencia, teniendo en cuenta la evaluación de la repercusión de la Ley según la cual la frecuencia de la violencia doméstica solía disminuir tras la emisión de una orden de expulsión ( ibid. ).
El estudio de evaluación desvela que es menos probable que vuelva a producirse violencia en la familia tras una orden de expulsión del hogar que en otras situaciones similares en que no se impone este tipo de medida. No solo es menos frecuente la reincidencia, sino que los plazos también son más largos. El programa de ayuda a los autores es el principal motivo que explica la relación positiva que se establece entre las órdenes de expulsión del hogar y la frecuencia relativamente inferior de reincidencia en la violencia doméstica.
En el 57% de los casos, la composición de los hogares había cambiado un año después de expirar la orden de expulsión del hogar. Generalmente, esto significa que la pareja se ha separado. Aproximadamente el 15% de las órdenes de expulsión del hogar se imponen por casos relacionados con abuso de menores.
La tasa de reincidencia de dos años de los autores de actos de violencia en la familia que fueron procesados en 2011 puede desglosarse como sigue: El 33% fue acusado de un nuevo delito penal procesable (sin tener en cuenta la naturaleza o la gravedad del delito; esto es, reincidencia general). En el 25% de estos casos, el delito objeto de reincidencia se clasificó como “grave”, mientras que en el 4% de los casos se clasificó como “extremadamente grave”.
La tasa de reincidencia de los autores de actos de violencia en la familia que habían sido objeto de una orden de expulsión del hogar es la siguiente: la reincidencia general representa el 29%, de la cual el 24,6% se clasificó como “grave” y el 5,8% como “extremadamente grave”.
Asimismo, facilítese información actualizada acerca de la situación del proyecto de ley sobre las órdenes de alejamiento temporal del domicilio de Aruba (párr. 222).
Desde el 15 de febrero de 2014, pueden emitirse órdenes de expulsión del hogar en virtud del artículo 1:164, párrafo 1 e), del Código Penal de Aruba. Las víctimas de violencia doméstica pueden solicitar también al tribunal civil una orden de expulsión o de alejamiento.
Descríbanse los avances logrados en la enmienda de la Ley de Apoyo Social con miras a introducir disposiciones relativas a la prevención de la violencia doméstica.
La nueva Ley de Apoyo Social entró en vigor el 1 de enero de 2015. El concepto de apoyo social se ha ampliado para incluir la seguridad en un entorno doméstico. Esto es importante porque la percepción de seguridad es un requisito previo para que las personas participen en su comunidad. Debe entenderse que la seguridad significa aquí “ausencia del riesgo de sufrir violencia en el entorno doméstico”; debe haber un espacio seguro para todos, en el hogar, o si no es posible, en otro lugar.
En el párrafo 194 del informe se indica que los resultados de un estudio de exploración llevado a cabo sobre la violencia contra la mujer en los Países Bajos del Caribe (Bonaire, San Eustaquio y Saba) resultan preocupantes. Sírvanse aportar datos sobre el alcance de la violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica, en los Países Bajos del Caribe.
No hay ninguna organización en los Países Bajos del Caribe que mantenga registros centrales y disponga de una perspectiva completa de la prevalencia de la violencia doméstica. Sin embargo, la violencia doméstica es un problema importante. Su prevalencia está muy arraigada y está estrechamente relacionada con la pobreza y los problemas de la vivienda en las islas. Además, se considera que este tema es tabú. El Gobierno adopta un enfoque integrado en la lucha contra la violencia doméstica, desde la prevención y el apoyo hasta los procesos penales, y constituye una prioridad del Ministerio de Salud, Bienestar y Deporte para los próximos años.
Sírvanse también proporcionar información actualizada sobre los progresos logrados con respecto a la elaboración y la aplicación de legislación con el objetivo de luchar contra el abuso de menores y la violencia doméstica en Curaçao (párr. 298). Sírvanse indicar la situación actual del Plan de Acción Nacional contra la Violencia en Curaçao, habida cuenta de que se ha creado un comité para su elaboración en 2012.
Se han promulgado leyes para luchar contra el abuso de menores, pero deben mejorarse. Todo acto de violencia cometido contra una persona constituye un delito penal en virtud del derecho de Curaçao y es objeto de sanciones severas. En los últimos años, el Servicio de la Fiscalía de Curaçao ha dado instrucciones a la policía de otorgar la máxima prioridad a los casos de violencia doméstica y estas órdenes se están acatando debidamente.
El Plan de Acción Nacional para la Lucha contra el Abuso de Menores y la Violencia Doméstica contiene recomendaciones con respecto a la modificación de leyes y la introducción de cambios similares en este contexto, entre ellas, la publicación de las instrucciones mencionadas dirigidas a la policía, a fin de alentar a la población a ejercer sus derechos en virtud de dichas órdenes.
Si bien el Parlamento aprobó legislación relativa a las órdenes de alejamiento temporal para los autores de actos de violencia, esta no podrá aplicarse por el momento, ya que todavía no están disponibles todas las infraestructuras necesarias.
El Plan de Acción Nacional para la Lucha contra el Abuso de Menores y la Violencia Doméstica se presentó al Gobierno de Curaçao en diciembre de 2015. Su declaración sobre la visión de futuro abarca los próximos diez años. El Plan consiste en una estrategia y una “guía” en la que se enumeran diversas recomendaciones de medidas que deben adoptar el Gobierno y las partes interesadas. Se ha empezado a trabajar en la planificación del proceso de aplicación de las medidas recomendadas, que se llevará a cabo en los próximos años.
Una de las esferas de cooperación está relacionada con la actual campaña de sensibilización pública sobre el abuso de menores y la violencia doméstica. El objetivo de esta campaña es informar a la población sobre el reconocimiento de los indicios de maltrato y las formas de prevenirlo, así como sobre sus consecuencias para adultos y niños, y sobre los lugares a los que se puede acudir en busca de ayuda.
El Comité para la Prevención de la Violencia Doméstica y la Violencia contra los Niños y Jóvenes publicó su informe final en diciembre de 2015. Dicho informe se presentó al Primer Ministro y su Comité Ejecutivo, que solicitó al Ministerio de Desarrollo Social y Bienestar que calculase los costos de aplicar el Plan de Acción Nacional.
De conformidad con el párrafo 83 del informe, en virtud de la Ley de la Juventud, las autoridades municipales son ahora responsables de la prevención del abuso de menores y de la prestación de asistencia a las víctimas. Sírvanse proporcionar información sobre las repercusiones y los retos que conllevan esos cambios en la lucha contra el abuso de menores.
Gracias a la descentralización de los servicios de atención juvenil, las autoridades locales pueden adoptar un enfoque integrado respecto de la lucha contra el abuso de menores y la violencia doméstica. Todas las denuncias (también las sospechas) de abuso de menores y violencia doméstica ahora se dirigen a las oficinas regionales de la organización Seguros en el Hogar (Veilig Thuis, VT). Hay 26 regiones en total, que conforman una red nacional. La policía también transmite las preocupaciones fundamentadas que recibe a VT, que ofrece asesoramiento y se encarga de gestionar las denuncias. VT estudia cómo se debe proceder para investigar las sospechas o detener la violencia con la mayor rapidez posible y, en este contexto, ofrece asistencia personalizada a todas las personas implicadas. En los próximos años, VT seguirá reforzando su cooperación interna, así como la colaboración con los profesionales que participan en la presentación de denuncias, los equipos de apoyo social de los barrios, la policía y el sistema judicial, y las organizaciones de asistencia social y atención sanitaria.
Sírvanse indicar la medida en que las autoridades municipales han proporcionado refugio y asistencia a las víctimas de la violencia doméstica, y han aplicado las directrices relativas a la redacción y el desarrollo de la política de prevención de la violencia doméstica que publicó el Gobierno central en 2009 (párr. 82).
Existe una red nacional de centros de acogida para mujeres que ofrece alojamiento, protección y asistencia a las víctimas de forma inmediata. Hay camas de crisis y emergencia para aquellas mujeres que necesitan refugio inmediato. Además, se presta asistencia especializada a las jóvenes que son víctimas de la violencia relacionada con el honor, a las víctimas de sexo masculino y a las víctimas de la trata de personas. Para aquellas víctimas que reciben amenazas graves y constantes, hay un número limitado de casas refugio con direcciones secretas. Todas las regiones cuentan con su propio sistema de atención social ambulante, que puede aplicar medidas como la imposición de una orden de expulsión del hogar y prestar apoyo a los autores de los actos de violencia, así como a las víctimas y sus hijos.
Los municipios han dado un paso más y han redactado planes regionales en los que se detalla su política de violencia doméstica. En dichos planes se trata la prevención, el reconocimiento y la presentación de denuncias, la prestación de atención y cuidados, y la asistencia posterior en relación con las distintas formas de violencia doméstica (p. ej., la violencia contra la pareja, el abuso de menores, el maltrato de ancianos). Hasta el momento, 33 regiones (= 94%) han adoptado planes regionales y otras 2 lo harán en el futuro próximo.
¿Qué repercusiones ha tenido el cambio de enfoque que implica contar con un servicio de policía imparcial en materia de género que se encarga de los casos de violencia por razón de género?
Las conclusiones de un estudio (encargado por el Ministerio de Salud, Bienestar y Deporte, el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia, y el Ministerio de Seguridad y Justicia) con respecto a la función que desempeña el género en la violencia contra la pareja se están utilizando para determinar cómo pueden incorporarse las cuestiones de género a los instrumentos, formatos y procedimientos de trabajo de las organizaciones pertinentes, la policía y el Servicio de la Fiscalía.
En vista de la publicación del estudio Genderscan aanpak huiselijk geweld en 2014, ¿qué medidas se han adoptado para garantizar que se presta atención de forma sistemática a las políticas de género y a la práctica en materia de violencia contra la mujer, en especial a la función que desempeñan los estereotipos y las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres en las familias (párr. 80)?
En 2015, se celebró una reunión con las autoridades locales, la policía, el Servicio de la Fiscalía y la organización Seguros en el Hogar a fin de determinar qué necesitaban estos organismos para aplicar una perspectiva de género en la labor que desempeñan. Si bien hubo consenso respecto de la importancia de adoptar un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género, los profesionales pusieron de relieve la necesidad de establecer directrices concretas. Por lo tanto, se está desarrollando una guía práctica (que contiene, entre otros elementos, una ficha técnica y un método de revisión por pares) tanto para los municipios como para los profesionales.
¿Qué medidas se han adoptado para mejorar la capacidad de la organización que se ocupa de los reconocimientos médicos de las mujeres solicitantes de asilo a fin de garantizar que se realizan evaluaciones exhaustivas y que se identifican los casos de violencia por razón de género?
En el sistema de inmigración se siguen los mismos protocolos que en los servicios ordinarios de atención sanitaria. La sensibilidad cultural es fundamental: los trabajadores asistenciales son conscientes de que sus pacientes proceden de un entorno cultural diferente.
A todos los solicitantes de asilo se les ofrece la posibilidad de ingresar en un centro médico al principio del procedimiento de asilo. Este ingreso tiene por objetivo, en primer lugar, determinar si la persona es capaz de formular una declaración coherente y lógica en la entrevista de asilo. Además, en ese momento pueden ponerse de manifiesto enfermedades resultantes de agresiones sexuales. De ser necesario, los servicios médicos ordinarios proporcionarán un tratamiento médico a la víctima.
Una víctima de agresiones sexuales que busca asilo por ese motivo debe ser capaz de ofrecer un testimonio creíble durante la entrevista de asilo acerca de la violencia sexual sufrida. Para consultar un análisis más detallado sobre la violencia por razón de género y el asilo, véase el párr. 174 del sexto informe periódico.
Trata y explotación de la prostitución
Se indica que los datos de la Relatora Nacional sobre la trata de personas y la violencia sexual contra los niños de 2012 muestran que el Servicio de la Fiscalía registró el mayor número de casos de trata de personas desde 2000 (párr. 105).
Sírvanse proporcionar información sobre las evaluaciones que se han realizado para comprender ese aumento pronunciado de los casos de trata.
Uno de los factores que puede haber contribuido al aumento de los casos registrados de trata de personas es el carácter prioritario que muchas organizaciones gubernamentales han asignado a la lucha contra la trata de personas. Las iniciativas desarrolladas en este sentido han aumentado la concienciación respecto de este problema. Asimismo, es posible que la presencia de investigadores penales y fiscales especializados dentro de los organismos encargados de hacer cumplir la ley haya contribuido al incremento del número de casos, y que la labor del Equipo de Tareas sobre la Trata de Personas haya fortalecido sus gestiones.
¿Qué intervenciones específicas se realizaron para garantizar el aumento en el número de condenas del 25%, entre 2004 y 2009, al 71%, en 2010 y 2012 (párr. 105)?
La participación de los investigadores penales y fiscales especializados dentro de los organismos encargados de hacer cumplir la ley ha aumentado la calidad de las investigaciones y los enjuiciamientos, lo que ha dado lugar a más condenas por trata de personas. De igual modo, se ha mejorado la calidad de la labor realizada en este contexto gracias a los varios años de experiencia en materia de investigación sobre la trata de personas y de enjuiciamiento de los autores de los actos de violencia. Asimismo, es posible que los jueces hayan logrado entender mejor la compleja naturaleza de la trata de personas.
Desde el 1 de enero de 2013, todos los casos relacionados con la trata de personas son juzgados por un número limitado de jueces y otros funcionarios de los tribunales. El propósito de esta organización es garantizar que los tribunales que conocen de estos casos, a menudo complejos, poseen los conocimientos fundamentales necesarios.
Sírvanse proporcionar información actualizada sobre los progresos logrados con respecto a la creación de un mecanismo nacional de remisión (párr. 104).
Como parte del mecanismo nacional de remisión, en junio de 2015 se puso en marcha un sitio web (www.wegwijzermensenhandel.nl) que ofrece un panorama general de los servicios de apoyo disponibles para las víctimas de la trata de personas. Además, se está probando un modelo multidisciplinario concebido para determinar la credibilidad de los testimonios de las personas que afirman ser víctimas de la trata de personas en un proyecto piloto previo. A finales de 2014, la policía puso en marcha un proyecto piloto utilizando salas de entrevistas con equipos de grabación de vídeo en tres centros de acogida adaptados. Está previsto llevar a cabo una evaluación en el verano de 2016. Por último, se ha planificado poner en marcha un teléfono de asistencia 24 horas como proyecto piloto en junio de 2016.
Sírvanse también facilitar datos sobre el número de mujeres víctimas de la trata que se mostraron reacias a colaborar con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en las investigaciones penales y han obtenido un permiso de residencia por motivos humanitarios (párr. 115).
En virtud de las normas actuales relativas a la residencia de las víctimas de la trata de personas, estas pueden obtener un permiso de residencia temporal por motivos humanitarios si existen claros indicios de que son víctimas de la trata de personas y no pueden colaborar con la investigación penal a causa de las amenazas que reciben o de un problema grave de salud. La Relatora Nacional observa en su noveno informe que, en la práctica, solo se recurre a esta cláusula en contadas ocasiones a lo largo del año. En respuesta a esta observación, esta cláusula se ha señalado de forma explícita a la atención de la policía, de los trabajadores sanitarios y sociales, y del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS). Además, se introdujo una enmienda a las Directrices para la Aplicación de la Ley de Extranjería en virtud de la cual la policía ya no está obligada a redactar un informe sobre la condición de víctima de la persona en cuestión, sino que puede ser suficiente con una declaración sobre la existencia de indicios de trata de personas.
¿Qué medidas específicas se han adoptado para hacer frente a la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas migrantes a la trata con fines de prostitución forzada y de explotación laboral?
En los Países Bajos, se difunde información para prevenir la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral de dos maneras. En primer lugar, se facilita información al público a través de sitios web, con la publicación de folletos digitales en diversos idiomas, entre otras cosas, acerca de la prostitución y la explotación laboral, dirigidos a las víctimas actuales o potenciales. En segundo lugar, los Países Bajos colaboran con los principales países de origen de las víctimas en Europa Central y Oriental. Las embajadas neerlandesas ofrecen información acerca de las condiciones de vida y de trabajo en los Países Bajos orientada a posibles trabajadores migrantes. Del mismo modo, el Gobierno de los Países Bajos celebra con frecuencia consultas sobre este asunto con los gobiernos de distintos países de origen.
Sírvanse comentar el aumento del número de menores víctimas de la trata entre las trabajadoras sexuales (párr. 110).
El porcentaje de víctimas menores de edad entre las posibles víctimas registradas de todas las formas de trata de personas aumentó del 15% en 2010 al 18% en 2014. Esto puede deberse al hecho de que varias organizaciones han comenzado a prestar una mayor atención a las víctimas de la trata de personas que son menores de edad. En los últimos años, el Comité Azough (creado por el servicio de atención juvenil de los Países Bajos) ha elaborado medidas y directrices prácticas para ayudar a los trabajadores de atención juvenil a reconocer, registrar y apoyar a las víctimas menores. Como consecuencia del nuevo enfoque adoptado por el Servicio de la Fiscalía, centrado en el enjuiciamiento de los clientes que pagan por tener relaciones sexuales con menores de edad, el número de enjuiciamientos por este delito en los 6 primeros meses de 2015 fue el mismo que el total de los 14 años anteriores.
Sírvanse proporcionar datos sobre la edad y la nacionalidad de las trabajadoras sexuales en el Estado parte, en especial en Curaçao y Aruba.
Con respecto a Aruba, véase el anexo I.
En Curaçao, no se tolera la prostitución de menores de edad y no hay casos registrados de este tipo de prostitución. Curaçao cuenta con un registro oficial de las trabajadoras sexuales que ofrecen sus servicios en Campo Alegre. Se les concede un permiso de residencia de tres meses para Curaçao y no se les permite trabajar en ningún sitio distinto de Campo Alegre. Tienen edades comprendidas entre los 18 y los 50 años. La mayor parte de las mujeres proceden de Colombia o la República Dominicana.
Sírvanse proporcionar información actualizada sobre la labor del Comité Legislativo del Equipo de Tareas en Aruba, que ha estado trabajando para consagrar los derechos de las víctimas de la trata a defensa letrada y asistencia médica gratuitas, así como sus derechos en relación con las cuestiones de inmigración (párr. 245).
El Comité Legislativo del Equipo de Tareas sobre la Trata de Personas ha logrado algunos progresos hacia la consagración de los derechos de las víctimas de la trata de personas a defensa letrada, asistencia médica y apoyo para la inmigración. Sin embargo, no se ha presentado ninguna propuesta concreta para modificar la ley en este sentido. El Centro de Coordinación sobre la Trata de Personas, creado recientemente para prestar apoyo a la Oficina de Coordinación Nacional y el Equipo de Tareas, dará continuidad a estas iniciativas. Mientras tanto, las víctimas pueden acceder a servicios médicos, de inmigración y de defensa letrada a través del Equipo de Tareas.
Sírvanse también proporcionar información sobre el estudio relativo a las trabajadoras sexuales que se está llevando a cabo en Aruba con el objetivo de determinar el nivel de trata de mujeres entre las trabajadoras sexuales (párr. 248).
Las mujeres que trabajan en la industria del sexo de Aruba pueden dividirse, a grandes rasgos, en trabajadoras sexuales registradas y no registradas. Si bien la prostitución está prohibida por el derecho penal de Aruba, la Ordenanza Nacional sobre Enfermedades Infecciosas estipula que las mujeres que cometan actos lascivos con hombres, ya sea profesionalmente o como práctica habitual, están obligadas a inscribirse en el Ministerio de Justicia o ante un oficial designado. La Ordenanza también exige a las mujeres pertinentes que se registren en el Departamento de Salud Pública, responsable de la realización de exámenes médicos. Desde que la Ordenanza Nacional sobre Enfermedades Infecciosas entró en vigor, todavía no se ha realizado ningún estudio sobre las trabajadoras sexuales de Aruba. Poco se sabe acerca de sus comportamientos arriesgados o condiciones de trabajo. Con la realización de este estudio, el principal objetivo del Departamento de Salud Pública es determinar la prevalencia de comportamientos arriesgados entre las trabajadoras sexuales. También es importante reunir datos sobre los conocimientos, las actitudes, las creencias y las prácticas de estas trabajadoras sexuales a la hora de prestar sus servicios a los clientes. Como solicitó el Equipo de Tareas, las entrevistas que se realicen durante el estudio incluirán preguntas destinadas a determinar la prevalencia de la trata de personas entre las trabajadoras sexuales en Aruba.
Sírvanse proporcionar información actualizada sobre la situación del proyecto de ley concebido para regular la prostitución y luchar contra los abusos en la industria del sexo, que fue presentado a la Cámara de Representantes en noviembre de 2009 (párr. 119).
El Senado de los Estados Generales aplazó su votación del Proyecto de Ley sobre la Regulación de la Prostitución y la Lucha contra los Abusos en la Industria del Sexo en 2013 en espera de una propuesta de enmienda. La enmienda eliminó las disposiciones relativas al registro preceptivo de las prostitutas y a la obligación de los clientes de comprobar este registro. El 21 de junio de 2016, la propuesta de enmienda se aprobó en la Cámara de Representantes. Se espera que el Senado debata la versión enmendada del Proyecto de Ley sobre la Regulación de la Prostitución y la Lucha contra los Abusos en la Industria del Sexo antes de finales de 2016.
¿Qué medidas específicas se han adoptado para proteger a las mujeres que se dedican a la prostitución contra la explotación sexual, sobre todo a manos de turistas que visitan a los territorios del Estado parte en búsqueda de servicios sexuales y de otros tipos (párr. 122)?
Algunos municipios como Ámsterdam, Utrecht y La Haya combaten la explotación por medio de medidas de supervisión y aplicación de la ley, así como a través de la mejora del contacto con las prostitutas y los propietarios de establecimientos de comercio sexual, y de la facilitación del acceso a los servicios sociales. Además, en el Proyecto de Ley sobre la Regulación de la Prostitución se incluyen medidas dirigidas a combatir los abusos. No se han adoptado medidas específicas para luchar contra la explotación sexual a manos de turistas.
Sírvanse proporcionar datos sobre las mujeres que ejercen la prostitución y explicar cómo protege la regulación actual de la prostitución en el Estado parte a las mujeres y las niñas contra la explotación (párr. 121).
En 2014, se llevó a cabo una medición de referencia de la prostitución a gran escala, de la cual se extrajo como conclusión que es imposible calcular el número de prostitutas que trabajan en los Países Bajos. Se espera que el Proyecto de Ley sobre la Regulación de la Prostitución permita obtener un panorama más completo del alcance de la prostitución en los Países Bajos, ya que introduce la obligación de obtener permisos para todos los establecimientos de comercio sexual, entre otras cosas. En este momento, las autoridades locales son las encargadas de elaborar políticas sobre la prostitución. En ellas recae la responsabilidad de adoptar medidas de supervisión y aplicación de la ley en el sector de la prostitución, así como de mantener contactos periódicos con el propio sector para combatir los abusos. Por último, la explotación sexual es un delito penal en virtud del artículo 273f del Código Penal.
¿Qué medidas específicas se han adoptado para reducir la demanda de prostitución?
La prostitución es legal en los Países Bajos. Por ello, no se han adoptado medidas específicas para reducir la demanda de servicios sexuales.
Participación en la vida política y pública
Se indica que, en 2013, las mujeres representaban el 27% de los cargos superiores de la administración pública y que el Ministerio de Vivienda ha presentado un plan de acción a la Cámara de Representantes en el que se establece cómo podría alcanzarse un porcentaje objetivo del 30% (párr. 126).
Sírvanse proporcionar datos actualizados sobre la situación del plan de acción e información sobre los progresos logrados con respecto a la mejora de la representación de la mujer en la vida pública y política, sobre todo en puestos de alcaldesas y en otros cargos de los consejos locales.
Como se indica en el informe, el Gobierno se ha fijado el objetivo de alcanzar una representación de mujeres en puestos superiores de la administración pública (ABD) de al menos el 30% en 2017. Cuando surjan nuevas vacantes, la ABD intentará de forma activa nombrar a mujeres de talento para dichos puestos. En 2015, el 29% de los puestos de dirección de la ABD estaban ocupados por mujeres. El 31 de diciembre de 2015, el 31% de los altos cargos del Gobierno central estaban ostentados por mujeres.
En los gobiernos locales, en mayo de 2016, 78 de un total de 266 alcaldes eran mujeres (véase el cuadro “Panorama nacional de las alcaldías”). Entre 1998 y 2014, las mujeres ocupaban en torno al 19% de los puestos de los comités ejecutivos municipales, un porcentaje que se ha mantenido estable durante algunos años y que constituye un promedio de todos los municipios de los Países Bajos (véase el gráfico y el cuadro “Porcentaje de mujeres en los comités ejecutivos municipales, por tamaño del municipio”, en el anexo II).
Sírvanse explicar la eficacia del principio de “cumplir o explicar”, con el que se trata de garantizar el logro de los objetivos numéricos establecidos cada año para cubrir cargos con mujeres en el Estado parte (párr. 128).
De conformidad con el Acuerdo de Coalición “Tendiendo Puentes”, se ha elaborado un plan de acción para todo el Gobierno con el objetivo de luchar contra la discriminación en el empleo. Este dio lugar, entre otras cosas, a la propuesta de acción S: Lograr que la representación de las mujeres en la ABD alcance el 30% para 2017: de las palabras a los HECHOS. El Gobierno Central ya ha alcanzado esta meta, que se logró, en parte, ascendiendo de forma activa a mujeres de talento a puestos superiores. Además, se está poniendo un gran empeño en la creación de un grupo de mujeres de talento y en su preparación para que asciendan de puestos de nivel superior a cargos ejecutivos en su debido momento. Esto se logra, por ejemplo, realizando entrevistas profesionales adicionales a mujeres de talento en la escala de sueldos 15 y exigiendo que todas las listas de preselección incluyan al menos a una mujer. Los comités de nombramiento que no respeten esta norma deben “cumplir o explicar”. Este método resulta eficaz.
Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas para mejorar la representación de la mujer en los puestos de toma de decisiones de las instituciones académicas, en particular sobre el número de profesoras (párr. 145).
En 2009, 3 universidades (de un total de 14) tenían al menos una mujer en su consejo de rectores. Esta cifra se elevó a seis universidades en 2012 y a nueve en 2015. En 1999, en torno al 6% del profesorado estaba constituido por mujeres. Este porcentaje ascendió al 11,7% a finales de 2008. A fin de sensibilizar a la población y promover el cambio se han adoptado las siguientes medidas:
•El programa Aspasia de la Organización de los Países Bajos para la Investigación Científica (NWO) promueve el ascenso de las profesoras universitarias con talento a las cátedras;
•El Ministerio de Educación apoya la Red Neerlandesa de Profesoras (LNVH);
•El tema “profesoras” se incorporará en el Acuerdo General con la Asociación de Universidades de los Países Bajos (VSNU);
•Cada universidad se ha fijado un número objetivo de profesoras que debe alcanzarse para 2020.
Sírvanse también facilitar datos sobre la participación de la mujer en la vida política y pública en el Caribe Neerlandés (párrs. 201 a 203).
Las últimas cifras facilitadas por la Oficina de Estadística de los Países Bajos (CBS) muestran que el número de mujeres empleadas en este sector (4.220) es ligeramente superior al de hombres (3.900) (2014, total correspondiente a todo el Caribe Neerlandés y a todos los grupos de ingresos). Este es un sector relativamente grande en las islas (representa una quinta parte del número total de puestos de trabajo) en el que estaban empleados 1.120 hombres y 870 mujeres en 2014 (total correspondiente a las tres islas).
¿Qué medidas se han adoptado para mejorar la participación de la mujer en la vida política en Aruba (párr. 249)?
La promoción de la participación de la mujer en la vida política es una de las prioridades de la Comisión Nacional de Política de Género, que celebrará consultas con las partes interesadas pertinentes a la hora de elaborar la nueva política. Además de adoptarse medidas para mejorar la participación política de la mujer, también debe sensibilizarse a los votantes acerca de la importancia de contar con un equilibrio de género en el Parlamento y el Gobierno. Las ONG y el sector privado desempeñan funciones clave en la organización de actos independientes e imparciales en los que pueden presentarse candidatas políticas y sus plataformas.
Se indica que, en Curaçao, las mujeres cuentan con una representación insuficiente en los procesos de toma de decisiones de índole política, social y administrativa, sobre todo en los altos cargos (párr. 301). Sírvanse indicar las medidas específicas que se han adoptado para abordar este problema.
Desde la presentación del informe, no se han adoptado medidas concretas. Los órganos gubernamentales competentes están estudiando esta cuestión. En el anexo III puede consultarse información actualizada sobre el número de mujeres en el Parlamento.
Se reconoce que la presencia total de mujeres en el Ministerio de Relaciones Exteriores, también en cargos diplomáticos, era del 50% en 2012, si bien las mujeres ocupaban solo el 18% de los puestos más altos del servicio diplomático (párr. 128). Sírvanse indicar las medidas específicas que se están adoptando para mejorar la representación de la mujer en los cargos superiores del servicio diplomático.
La presencia total de mujeres en 2012 era del 50%. En el período de 2012 a 2014, el porcentaje de altos cargos (embajadores, cónsules generales, puestos de liderazgo en el Ministerio) ocupados por mujeres aumentó del 18% al 25% y, en 2016, ascendió al 26%. A mediados de 2016, la representación de mujeres alcanzará el 29%. El enfoque aplicado en la actualidad se centra en el empoderamiento y la preparación individual de las mujeres, así como en la promoción activa del ascenso de las mujeres de talento a puestos superiores. Todos los años se comunican las cifras relativas a la presencia de mujeres a la Junta Administrativa Superior, encargada de definir marcos y garantizar el respeto de las disposiciones en vigor. Dichos marcos pueden reforzarse en función del desarrollo de los acontecimientos y, en parte, pueden determinar las normas que rigen las series de traslados periódicos, que regulan el ascenso de las mujeres de talento.
Educación
En el informe se indica que “la elección de la materia no está condicionada solo por los estereotipos de género, ya que depende también en gran parte del origen étnico y, por lo tanto, de los prejuicios sobre determinados sectores” (párr. 140). Sírvanse describir las medidas adoptadas para hacer frente a estos prejuicios.
El Gobierno encargó un estudio recientemente para identificar las causas de la disparidad existente entre los resultados que alcanzan las niñas y los niños en la formación profesional secundaria, la formación profesional superior y las universidades. En el estudio, se hizo hincapié en la necesidad de prestar una mayor atención a la diversidad y a las diferencias personales en materia de aprendizaje y desarrollo.
Infórmese sobre los progresos realizados para animar a las niñas a optar por itinerarios no tradicionales, sobre todo en el ámbito de la ciencia y la tecnología.
En los Países Bajos, se ha adoptado un Pacto Tecnológico orientado a contratar y retener a hombres y mujeres jóvenes en el sector de la tecnología. El Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia también financia varios proyectos que lleva a cabo la organización sin fines de lucro VHTO, como el Girlsday anual, durante el cual las niñas visitan empresas técnicas. Ahora las niñas escogen más materias de ciencia y tecnología que antes, en especial en la enseñanza secundaria superior (HAVO), la enseñanza preuniversitaria (VWO) y la formación profesional superior (HBO), aunque todavía con menor frecuencia que los niños.
¿Qué medidas se han adoptado para afrontar las causas fundamentales de la existencia de un elevado número de estudiantes de minorías étnicas no occidentales que suspenden los exámenes finales (párr. 137)?
Solo el 26% de los niños de origen no occidental que empezaron un curso de formación profesional superior en 2008 habían terminado sus estudios satisfactoriamente 5 años después. En estos momentos, el Gobierno está investigando la forma de aportar un mayor sentimiento de pertenencia a los estudiantes con orígenes biculturales durante la enseñanza superior.
Proporciónese información acerca de los avances logrados en la reducción del analfabetismo en el Estado parte.
Aproximadamente 1,3 millones de personas con edades comprendidas entre los 16 y los 65 años que viven en los Países Bajos son analfabetas funcionales (una de las tasas más bajas del mundo). En 2015 se aplicó un nuevo programa de acción para la alfabetización (Tel mee met Taal), cuyo objetivo consiste en prevenir la exclusión social de las personas funcionalmente analfabetas.
Este programa de alfabetización incluye un proyecto piloto dirigido de manera específica a las mujeres funcionalmente analfabetas: Educación para Mujeres con Ambición (EVA). Los voluntarios capacitados instruyen a las mujeres en el ámbito de la lectura, la escritura, la aritmética y los conocimientos digitales en cinco regiones. Si estos proyectos piloto resultan eficaces, el método se incorporará en el programa ordinario para el analfabetismo funcional.
Explíquense las consecuencias específicas de la aplicación del método Tafel van Een (Mesa para Uno) “cuyo objetivo es fomentar la comunicación, la asistencia, la contratación y la motivación de las mujeres con bajo nivel de instrucción que están desempleadas y no reciben ninguna prestación” (párr. 22).
Los resultados del método Mesa para Uno (DTVE) se presentaron a finales de 2014: en 15 municipios, se unieron 4.576 mujeres a la mesa, al tiempo que 3.856 de ellas finalizaron la serie. En total, se organizaron 145 series y participaron 439 voluntarios capacitados en calidad de tutores de mesa. El número de visitantes que asistieron a las 31 sesiones de desayuno ascendió a 8.775. Un 75% de las participantes declararon después que el método DTVE había contribuido a cambiar su situación. Más del 19% de las mujeres consiguieron un empleo remunerado, comenzaron un programa de estudios o emprendieron su propio negocio, mientras que el 57% de ellas afirmaron que deseaban encontrar un empleo remunerado. En 2014, el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia concedió una subvención para ampliar el método DTVE. En 2015, seis municipios optaron por seguir con el método DTVE durante la última parte del proyecto: “Eigen Kracht” (Por tu Propia Cuenta).
Sírvanse aclarar qué medidas se han adoptado para hacer frente a la disminución del número de niñas mayores de 15 años que asisten efectivamente a la escuela en Aruba (párr. 256).
Es necesario seguir investigando los factores que provocan el abandono escolar entre las niñas. El Departamento de Educación controla el nivel educativo de la fuerza de trabajo.
Facilítese información sobre la garantía de una educación obligatoria y adaptada a cada edad sobre derechos en materia de salud sexual y reproductiva, así como sobre conducta sexual responsable, en el Estado parte, en especial en Curaçao (párr. 365).
En la actualidad, Curaçao no dispone de ningún programa educativo obligatorio y adaptado a cada edad sobre derechos en materia de salud sexual y reproductiva, ni sobre conducta sexual responsable. En algunas escuelas se está impartiendo el proyecto piloto “Biba Amor”.
Según la información de la que dispone el Comité, la tasa de deserción escolar en Curaçao se sitúa entre el 32% y el 34%, y los niños migrantes en situación irregular no reciben un título al terminar los estudios. Se ruega aportar datos sobre el número de niñas que abandonan la escuela y las medidas adoptadas para abordar el problema de la no expedición de títulos a niños migrantes en situación irregular cuando acaban la escuela.
La Oficina de Estadística de los Países Bajos (censo de 2011 y cifras actualizadas de 2015) proporciona las siguientes tasas de deserción escolar para Curaçao: entre las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, la tasa de deserción escolar general es del 32,3%. Esta cohorte desglosada presenta un 37,2% en el caso de los niños y un 26,8% en el de las niñas. Dichos porcentajes se corresponden con el número total de personas en este grupo de edad que no reciben educación, para hombres y mujeres por separado. La cantidad total de jóvenes de este grupo de edad que no asisten a la escuela es de 6.811, de los cuales 2.201 (32,3%) no cuentan con un título de enseñanza secundaria.
El Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deportes está analizando el asunto de los niños migrantes en situación irregular que no reciben ningún certificado al finalizar sus estudios y está buscando una solución.
Empleo
En el informe se reconoce que la desigualdad salarial por razón de género sigue suscitando preocupación y que la mayoría de las mujeres trabajan a tiempo parcial (párr. 52).
Sírvanse facilitar información sobre los progresos realizados en la reducción de la desigualdad salarial por razón de género, incluidas las medidas de seguimiento necesarias para combatir la discriminación en el mercado de trabajo, teniendo en cuenta la publicación del informe de asesoramiento del Consejo Económico y Social de los Países Bajos (párr. 55).
En respuesta al informe de asesoramiento del Consejo Económico y Social de los Países Bajos, el Gobierno neerlandés presentó el Plan de Acción sobre Discriminación en el Mercado Laboral, cuyo objetivo consiste en adoptar medidas concretas para combatir enérgicamente la discriminación en el mercado laboral. El Plan de Acción consta de 42 medidas (algunas de las cuales hacen frente a la desigualdad salarial por razón de género) mediante cinco vías diferentes: cumplimiento de la ley; notificación y registro; conocimiento y sensibilización; política sobre diversidad; e investigación. Las 42 medidas comprenden 21 medidas de carácter genérico y 21 medidas orientadas a grupos específicos, como los migrantes de origen no occidental, las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas, las personas LGBT, las mujeres y los ancianos. En 2015, se añadieron otras seis medidas al plan.
Indíquense las medidas en vigor para garantizar que las mujeres accedan a empleos tanto a tiempo completo como a tiempo parcial y prosperen en sus carreras.
El Gobierno promueve la participación de las mujeres en el mercado laboral y el logro de su independencia económica. El proyecto “Kracht on Tour” contribuye a ello, ya que alienta a los municipios, los empleadores y las instituciones educativas a celebrar acuerdos para la reintegración de las mujeres sin trabajo, sensibiliza acerca de la importancia de la independencia económica y alienta a las mujeres a aceptar empleos remunerados (o trabajar más horas). Por otra parte, el proyecto “Eigen Kracht” contribuye a la motivación de las mujeres con un bajo nivel educativo que no tienen trabajo ni ingresos, con miras a mejorar su acceso al empleo. Para tal efecto, se celebraron acuerdos con las autoridades locales. El aumento del alcance para las licencias de atención familiar a corto y largo plazo, desde el 1 de julio de 2015, y la Ley sobre Modalidades de Trabajo Flexible, que entró en vigor el 1 de enero de 2016, también son positivas en este sentido.
Los planes neerlandeses de pensiones complementarias no contienen ningún sesgo de género. La Ley de Igualdad de Trato para Hombres y Mujeres incluye un capítulo especial sobre la igualdad de trato en las disposiciones relativas a las pensiones. Ya no existe un trato desigual en el ámbito de las pensiones.
Sin embargo, debido a la desigualdad de las mujeres en el mercado laboral (en especial las mujeres de edad), por lo general tienen derecho a pensiones inferiores a las de los hombres.
En el informe se indica que las mujeres de minorías étnicas trabajan más horas que las mujeres de origen étnico neerlandés (párr. 35). ¿Qué medidas se han introducido para abordar ese fenómeno y mejorar la participación de las mujeres migrantes en el mercado laboral?
No hay ninguna política específica que se centre en la participación de las mujeres migrantes en el mercado laboral. No obstante, en el Programa de Acción sobre Discriminación en el Mercado Laboral (véanse también los párrs. 35 y 107), existen tres medidas dirigidas a los migrantes de origen no occidental en particular. Dichas medidas, en combinación con las medidas específicas dirigidas a las mujeres en general y las medidas genéricas del Plan de Acción, repercuten de manera indirecta y positiva en el subgrupo de las mujeres migrantes.
Sírvanse aportar información sobre las medidas que se están adoptando para hacer frente al problema de la concentración de las mujeres en ocupaciones tradicionales y con escasa remuneración en Curaçao (párr. 316). Facilítense asimismo datos sobre el desempleo entre las mujeres en Curaçao, teniendo en cuenta que la tasa general de desempleo en ese territorio asciende al 15%.
La tasa total de desempleo en 2011, expresada como la proporción de la fuerza de trabajo que busca empleo de manera activa, fue del 9,9%, casi 6,0 puntos porcentuales menos que en 2001. Este porcentaje ha disminuido de forma constante desde 1981. El porcentaje de mujeres que buscan trabajo (aproximadamente el 12%) es mayor que la tasa correspondiente a los hombres (alrededor del 8%). La tasa de desempleo juvenil (es decir, la proporción de personas que buscan empleo en el grupo de edad económicamente activo comprendido entre los 15 y los 24 años) fue del 22,8% en 2011, 11 puntos porcentuales completos por debajo de la tasa de 2001, que ascendía a 33,8% (fuente: Oficina de Estadística de los Países Bajos).
En el informe se indica que, además de haberse registrado un aumento del número de mujeres que disfrutan de la licencia parental, estas disfrutan de más horas semanales de este tipo de licencia que los hombres (párr. 51). Se ruega aportar datos sobre el porcentaje de mujeres con hijos a cargo que recurren a modalidades de trabajo flexibles a fin de conciliar la vida laboral y familiar (párr. 44).
El informe “Equal Rights Monitor” (2014) revela que las parejas con niños menores de edad tienen más probabilidades de trabajar con la combinación de un trabajo a tiempo completo y un trabajo a tiempo parcial (54%) que las parejas que no están criando a ningún hijo (34%). Entre 2011 y 2013, el 44% de las mujeres sin hijos de entre 25 y 50 años tuvo empleos a tiempo completo. Poco después del nacimiento de su primer hijo, el 23% de las madres siguieron trabajando a tiempo completo, mientras que el 25% tuvo empleos sustanciales a tiempo parcial (entre 20 y 28 horas a la semana). El porcentaje de madres con empleos sustanciales a tiempo parcial ascendió al 33% tras el primer año de vida de su primer hijo. Cada vez es más habitual entre las mujeres seguir trabajando tras el nacimiento del primer hijo. Entre 2011 y 2013, este porcentaje ascendió del 54% al 58%, al mismo tiempo que el porcentaje de mujeres que redujeron su número de horas de trabajo disminuyó del 35% al 31%. La proporción de mujeres que dejan de trabajar por completo tras el nacimiento de su primer hijo es inferior a una de cada diez.
Además, ¿qué medidas se están adoptando para garantizar que los hombres participen de manera activa en la crianza de sus hijos, de modo que exista un reparto de las responsabilidades del cuidado de los hijos entre mujeres y hombres?
El Gobierno aumenta la sensibilización sobre el hecho de que repartir las tareas laborales y de cuidados de una manera más igualitaria entre hombres y mujeres ayuda a que todos desarrollen plenamente su potencial. Según la legislación, ambos progenitores tienen derecho a la licencia parental y a la licencia de atención familiar a corto y largo plazo. La licencia de paternidad también puede tener un efecto positivo en las decisiones que toman posteriormente los padres en relación con sus responsabilidades de cuidado. Por este motivo, en enero de 2015 se prolongó la licencia de paternidad en los Países Bajos: además de los dos días de licencia de paternidad retribuida, los padres tienen derecho a otra licencia no retribuida de tres días. Hace poco, se ha decidido ampliar la licencia de paternidad básica a cinco días retribuidos. Por otra parte, el Gobierno de los Países Bajos respalda un proyecto que está considerando la forma en que las organizaciones pueden sensibilizar a los padres jóvenes acerca del importante papel que desempeñan los hombres en la educación de los hijos.
Facilítese información sobre la prestación de servicios de guardería, dada la disminución registrada en el uso de estos (párr. 49).
En los Países Bajos, las prestaciones para los padres que utilizan los servicios de guardería están vinculadas a la participación en el mercado laboral. Debido a la crisis económica, se produjo una caída de la participación en el mercado laboral, así como el correspondiente descenso (pequeño) del uso de los servicios de guardería. Ahora que la economía está mejorando, se espera que aumente la utilización de los servicios de guardería. Además, el Gobierno incrementó la financiación disponible para las prestaciones ligadas al cuidado de los niños en un 25% durante los últimos dos años.
Aclárese el grado de participación del Gobierno en la regulación del uso de modalidades de trabajo flexibles, habida cuenta de que se trata de un aspecto negociado principalmente entre empleadores y empleados (párr. 41).
La Ley sobre Modalidades de Trabajo Flexible entró en vigor el 1 de enero de 2016. Sus aspectos fundamentales son los siguientes:
•Los empleados tienen derecho a solicitar a su empleador un cambio en el horario o el lugar en el que desempeñan su trabajo.
•El empleador debe tener debidamente en cuenta la solicitud de cambio del lugar de trabajo y debe tratar con el empleado el rechazo de dicha solicitud.
•El empleador debe aceptar la solicitud de modificación de la jornada de trabajo, a menos que existan motivos imperiosos de índole empresarial o departamental para no hacerlo, lo que se define como “problemas graves relativos a la seguridad o al calendario de trabajo, o de naturaleza financiera u organizativa”.
•Es posible que en los convenios laborales colectivos figuren otras disposiciones alternativas.
Indíquese qué medidas se han adoptado para hacer frente a la discriminación en el empleo a causa del embarazo y la maternidad e informar a las mujeres sobre sus derechos laborales (párr. 61).
El Programa de Acción sobre Discriminación en el Mercado Laboral, de mayo de 2014, incluye dos propuestas de acción específicas para evitar la discriminación a causa del embarazo:
1En respuesta a las recomendaciones derivadas del estudio Hoe is het bevallen? (2012), realizado por el Instituto Neerlandés para los Derechos Humanos, el Gobierno ha mejorado la información pública sobre el embarazo y la paternidad o maternidad al recopilar todos los datos en un único lugar e incluir un vínculo a la página web del Instituto: www.zwangerenwerk.nl.
2En el segundo trimestre de 2016, como parte de una campaña plurianual contra la discriminación, el Gobierno pondrá en marcha una campaña informativa sobre la discriminación en el mercado laboral. Dicha campaña se centrará en todas las causas por las que puede producirse discriminación, por ejemplo, el embarazo.
El papel de los interlocutores sociales a la hora de combatir la discriminación se abordó a mediados de 2015.
En sus anteriores observaciones finales ( CEDAW/C/NLD/CO/5 , párr. 38), el Comité expresó preocupación por el hecho de que las trabajadoras domésticas tuvieran escaso acceso a la seguridad social, las prestaciones de discapacidad y las pensiones. En el párrafo 38 del informe, se indica que el Gobierno ha nombrado un comité encargado de investigar la posibilidad de mejorar la situación de las trabajadoras domésticas.
Sírvanse facilitar información acerca del resultado de esas investigaciones y las medidas adoptadas para mejorar los derechos de las trabajadoras domésticas en el mercado laboral.
El comité asesor presentó su informe final en la primavera de 2014. El 17 de octubre de 2014, el Gobierno envió al Parlamento su respuesta al informe.
El Gobierno coincide con la conclusión del comité de que no es conveniente que las trabajadoras domésticas tengan una condición jurídica peor que otros trabajadores y, por lo tanto, su objetivo es evitar las prácticas de empleo inadecuadas que afecten a trabajadoras domésticas financiadas con fondos públicos, quienes proporcionan ayuda doméstica a personas enfermas y ancianos (alfahulpen). Para ello, el Gobierno enmendará la legislación o las normas y los reglamentos pertinentes, y aplicará una supervisión y un cumplimiento de la ley más estrictos. A modo de ejemplo, el Gobierno tiene previsto poner fin al uso de alfahulpen en las disposiciones generales de la Ley de Apoyo Social (WMO) de 2015 para el 1 de enero de 2017. En octubre de 2015, el Gobierno puso en marcha una campaña informativa sobre la condición de las trabajadoras domésticas en general (también aquellas de financiación privada) para llamar la atención tanto de los empleadores privados como de las trabajadoras domésticas con respecto a sus derechos y obligaciones.
¿Qué iniciativas se han emprendido para ratificar el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (Núm. 189) de la Organización Internacional del Trabajo?
El Reglamento sobre Servicios a Domicilio, que entró en vigor en 2007, incorporó la protección para las trabajadoras y los trabajadores domésticos que están empleados a tiempo parcial por otras personas. Sin embargo, dicho Reglamento no cumple totalmente el Convenio Núm. 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Gobierno opta por mantener el nivel de protección que existe en estos momentos para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, en lugar de abolir el Reglamento y dejar el trabajo doméstico íntegramente en la esfera de la economía informal. Por consiguiente, actualmente no es posible ratificar el Convenio Núm. 189 de la OIT.
Proporciónese más información sobre la implantación de un sistema de bonos para pagar los servicios prestados por las trabajadoras domésticas (párr. 38).
Los bonos de servicios requieren importantes subvenciones públicas. Este tipo de subvenciones del Gobierno para el mercado privado conlleva unos costos elevados y son susceptibles por naturaleza al fraude, dado que resulta difícil lograr la supervisión y el cumplimiento de la ley en el entorno privado. Por estos motivos, el Gobierno considera que esta clase de subvenciones para el mercado privado no es recomendable.
Salud
Sírvanse facilitar información sobre las medidas adoptadas para mejorar el acceso a atención obstétrica por parte de las solicitantes de asilo, a la luz de la preocupación del Comité, expresada en sus anteriores observaciones finales, por el hecho de que la mortalidad materna entre las solicitantes de asilo sea cuatro veces superior a la de las mujeres de origen neerlandés ( CEDAW/C/NLD/CO/5 , párr. 46).
En el párr. 148 del sexto informe, el Gobierno neerlandés expuso los factores que subyacen al hecho de que las solicitantes de asilo sean un grupo de alto riesgo en lo que respecta a la mortalidad materna. En vista de los antecedentes históricos de las solicitantes de asilo, no es conveniente comparar directamente los datos sobre la mortalidad materna entre las solicitantes de asilo (que pueden ser precisos o imprecisos) y los datos sobre las mujeres oriundas de los Países Bajos.
Las solicitantes de asilo tienen acceso a información sobre la asistencia médica, así como a asistencia médica financiada, lo que incluye la atención obstétrica. Los servicios de asistencia se prestan en la medida de lo posible a través de los canales habituales. La Inspección Sanitaria (IGZ) supervisa con regularidad la asistencia médica prestada a las solicitantes de asilo. No se ha detectado que dicha asistencia médica propicie una situación de alto riesgo para las solicitantes de asilo. La IGZ estudió la atención obstétrica prestada a las solicitantes de asilo y, a continuación, proporcionó determinadas recomendaciones y estableció ciertas medidas, que han sido aplicadas.
En el informe se señala que la insuficiencia cardíaca constituye actualmente la principal causa de fallecimiento entre las mujeres del Estado parte (párr. 146). Enumérense las medidas específicas que se están adoptando para afrontar ese fenómeno. Facilítese información acerca de las medidas adoptadas para garantizar que los grupos desfavorecidos de mujeres, en especial las mujeres migrantes, tengan acceso a servicios de salud.
El 7 de marzo de 2016, el Ministerio de Salud, Bienestar y Deporte anunció que reservaría 12 millones de euros adicionales durante los próximos años para las investigaciones sobre la salud de la mujer. Este dinero se destinará a la aplicación del Programa de Conocimientos sobre Género y Salud, que recoge los conocimientos actuales sobre las diferencias entre hombres y mujeres en materia de atención sanitaria e identifica las lagunas de dichos conocimientos. La investigación de las causas y los síntomas concretos de las enfermedades (como la insuficiencia cardíaca) que afectan a las mujeres y el estudio de las mejores formas de tratamiento para ellas permiten mejorar enormemente la calidad de la atención prestada a las mujeres y, en consecuencia, su calidad de vida. Al ampliar nuestros conocimientos sobre las diferencias médicas entre hombre y mujeres, será posible ajustar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el acceso a la asistencia en función de las necesidades femeninas.
En el informe se señala que, en Aruba, el porcentaje de personas con discapacidad aumenta con la edad, lo cual se pone de manifiesto sobre todo en el caso de las mujeres de edad (párr. 240). Infórmese sobre las medidas específicas que se están adoptando para entender las causas fundamentales del problema y hacerle frente.
Este aumento resulta más perceptible entre las mujeres de edad, lo que está ligado a la mayor esperanza de vida de las mujeres, concretamente 79,8 años frente a los 73,9 años de los hombres. Todavía no existe ninguna diferenciación en función del sexo en los servicios de bienestar social ni en la atención a largo plazo.
Proporciónese asimismo información con respecto al acceso a servicios de aborto en el Estado parte, en especial en San Martín y otros territorios (párr. 410).
En el informe se señaló que el aborto es ilegal en la isla y que se está revisando la legislación vigente. Actualmente, el Ministerio de Salud Pública, Desarrollo Social y Trabajo está ultimando la política relativa a la salud sexual y reproductiva, cuyo objetivo consiste en garantizar el reconocimiento y la protección de los derechos en materia de salud sexual y reproductiva para todos en San Martín. En esta política, el aborto se define como la interrupción médica del embarazo. Se contemplan distintas obligaciones normativas con respecto a la interrupción médica del embarazo, que abarcan desde la educación hasta el acceso a servicios, orientación y el postratamiento. En cuanto se apruebe formalmente la política relativa a la salud sexual y reproductiva, se revisarán y enmendarán de forma inmediata todas las leyes que impidan su aplicación.
En los Países Bajos, también los Países Bajos del Caribe, el aborto se rige por la Ley sobre la Interrupción del Embarazo. Para practicar un aborto, es necesario obtener una licencia del Ministerio, que, a su vez, recibe asesoramiento de la Inspección Sanitaria al respecto. El hospital de Bonaire cuenta con una licencia general. Un determinado número de profesionales médicos de la isla pueden realizar abortos médicos bajo la autoridad conferida por la licencia del hospital, lo que garantiza un acceso apropiado al aborto sin riesgo en Bonaire. Hace poco, se expidió una licencia similar par Saba, una vez satisfechas las condiciones para el aborto sin riesgo que exige la Inspección. Todavía no se ha otorgado ninguna licencia para San Eustaquio. Solo se pueden expedir licencias si existen las salvaguardias necesarias para garantizar los abortos sin riesgo.
Apórtense datos sobre la magnitud del problema de los embarazos en la adolescencia en el Estado parte, concretamente en San Martín (párr. 403).
En el Centro Médico de San Martín, se registraron 377 nacimientos en 2013. Del total de madres en cuestión, 32 tenían 19 años o menos. El Registro de Nacimientos, Defunciones y Matrimonios contabilizó 512 nacimientos y un total de 51 madres de 19 años o menos. El motivo de esta discrepancia es que también nacieron niños en la parte francesa de la isla o en otro país. En 2014, se registraron 511 nacimientos. De acuerdo con los datos obtenidos de las escuelas de enseñanza secundaria de la isla, siete alumnas registradas tuvieron un embarazo en cada uno de los años académicos correspondientes (2012-2013 y 2013-2014). Cabe destacar que estos datos solo hacen referencia a las alumnas inscritas en la escuela, la mayoría de las cuales se encontraban en el último año de la enseñanza secundaria. La educación es obligatoria en San Martín. No obstante, según la División de Inspección del Ministerio de Educación, existe una norma no escrita: las alumnas no pueden seguir asistiendo a la escuela cuando su embarazo se hace patente. Esta práctica es incompatible con la Ley de Educación Obligatoria. No está clara la extensión de esta práctica, pero la División de Inspección ya está redactando una política para hacer frente a este problema.
En los Países Bajos, 1.574 adolescentes dieron a luz en 2015, es decir, 3,2 por cada 1.000 jóvenes menores de 20 años. En total, se registraron 2.579 madres menores de 20 años ese año. La tasa de natalidad entre las adolescentes en los Países Bajos es una de las más bajas del mundo.
Grupos desfavorecidos de mujeres
En el informe se indica que la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo es superior en las regiones occidentales del Estado parte, que están más urbanizadas en comparación con el norte del país (párr. 74). Sírvanse proporcionar información sobre las medidas específicas que se están adoptando para incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral en la zona norte del Estado parte, menos urbanizada.
En estos momentos, la participación de las mujeres es mayor en la parte occidental que en la zona norte, menos urbanizada. El objetivo del Gobierno es evitar los desequilibrios cualitativos y cuantitativos en el mercado laboral. Así, el Plan de Acción sobre el Descenso de la Población 2015-2019 establece una estrategia para afrontar las repercusiones del descenso regional de la población, al tiempo que pretende contratar y retener a los trabajadores (tanto hombres como mujeres) en las zonas rurales y en otras regiones, donde se está produciendo o se prevé que se produzca una disminución (como las provincias del norte del país). De conformidad con la descentralización de tareas, las políticas y las actividades se elaboran y se aplican a nivel provincial, regional y local. La buena cooperación entre empresarios, instituciones educativas, autoridades locales y regionales, círculos académicos y otras instituciones ligadas al conocimiento es fundamental, entre otras cosas, para impulsar la participación entre las mujeres que buscan empleo.
Del mismo modo, infórmese acerca de los avances logrados en la lucha contra la feminización de la pobreza y el “aislamiento de las mujeres de edad y las madres solteras” en el Estado parte (véase el documento CEDAW/C/NLD/CO/5 , párr. 44).
En los Países Bajos, las mujeres y los niños tienen más probabilidades de vivir en la pobreza que los hombres. En el año 2000, el 56% de los hogares de bajos ingresos eran hogares a cargo de mujeres, lo que representa una clara mayoría. Este porcentaje descendió al 52,5% en 2013. El 25% de las madres solteras son pobres, frente al 12% en el caso de los padressolteros. Sin embargo, el sexo o la edad no pueden ser motivos suficientes por sí solos de esta disparidad. Las investigaciones revelan que la diferencia se debe a la posición en el mercado laboral y a las circunstancias familiares medias de las personas afectadas. Por este motivo, el Gobierno neerlandés se centra en la independencia económica, la participación en el mercado laboral (véase también el párr. 107) y la mejora de las oportunidades de conseguir un empleo permanente para las mujeres. En su opinión, constituyen medios clave para evitar la pobreza a largo plazo entre las mujeres que se han separado de su pareja o que no tienen derechos de pensión.
El Gobierno apoya a la organización Single SuperMom, que ayuda a las madres solteras a desarrollar sus redes, superar el aislamiento social y conseguir o mantener su independencia económica.
Además, el Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD) tiene el objetivo de promover la participación social de las personas de edad con un ingreso disponible reducido en las cuatro ciudades principales, por ejemplo, a través de cursos y reuniones en bibliotecas públicas.
También existen diferentes proyectos que recibirán respaldo en 2016 y 2017, en el marco de un plan nacional de subsidios destinado a reducir la pobreza y la deuda. Los proyectos que cumplan las condiciones deben centrarse en grupos destinatarios concretos, como las familias monoparentales. Por lo tanto, a través de la prevención y la mitigación de la pobreza, el Gobierno neerlandés apoya de manera indirecta a las mujeres de edad y a las madres solteras.
Facilítese información acerca de las consecuencias relativas al género de las nuevas normas y políticas sobre cuidadores informales, que establecen que las personas de edad residan en sus hogares, de modo que dependan menos de los servicios municipales.
El objetivo del Gobierno consiste en reforzar la situación de los cuidadores informales, apoyarlosy ponerlos en contacto a fin de evitar que soporten una carga excesiva. Las cuestiones relativas al género también se han tenido en cuenta. De esta forma, una reunión de expertos sobre política local basada en consideraciones de género estudió la forma en que los municipios pueden fomentar una distribución más igualitaria de los cuidados entre hombres y mujeres. Otros estudios anteriores han revelado que el 58% de los cuidadores informales en los Países Bajos son mujeres, frente al 42% correspondiente a los hombres. Los hombres y las mujeres que desempeñan tareas de cuidados emplean de media el mismo número de horas al día para dichas tareas. El Instituto de Investigaciones Sociales de los Países Bajos llevará a cabo otro estudio sobre los cuidados informales durante este año.
Apórtense también datos sobre la situación de las mujeres rurales, las mujeres con discapacidad, las mujeres de edad y las migrantes.
Véase el anexo IV.
¿Qué iniciativas se han emprendido para paliar las consecuencias negativas que han tenido en las condiciones de vida de dichas mujeres las reformas de la seguridad social y la aplicación de medidas de austeridad en el sistema sanitario ( ibid. )?
Dos de las reformas más relevantes en el ámbito de la seguridad social son la incorporación de la Ley de Participación y la Ley (Reforma) sobre Planes de Prestaciones por Hijos a Cargo (WHK) el 1 de enero de 2015. El nuevo complemento monoparental para el presupuesto infantil que se establece en la WHK hace posible que el empleo remunerado esté más retribuido para los progenitores sin cónyuge. La investigación realizada por la Oficina de Estadística de los Países Bajos en 2016 revela que, gracias a la WHK, las familias en el nivel inferior de la escala de ingresos cuentan con 1.000 euros más de ingresos disponibles al año en comparación con el sistema anterior, que databa de 2009.
La Ley de Participación concede a los municipios una mayor responsabilidad para ayudar a las personas que se encuentran más alejadas del mercado laboral a conseguir un empleo remunerado. Los municipios se encuentran en una situación considerablemente más propicia para ofrecer un enfoque personalizado que se ajuste a las circunstancias personales y al mercado de trabajo regional. Para tal efecto, han recibido instrumentos nuevos, como subsidios salariales y apoyo para el empleo. Además, se estableció en el Acuerdo Social la creación de 125.000 empleos adicionales para las personas que no son capaces de ganar el salario mínimo obligatorio.
Matrimonio y relaciones familiares
El Comité, en sus anteriores observaciones finales ( ibid. , párr. 42), expresó preocupación por el hecho de que los requisitos oficiales exigidos para la reunificación familiar —a saber, el examen de integración y los ingresos mínimos— que el Estado parte imponía a los ciudadanos de determinadas nacionalidades afectasen de manera desproporcionada a las mujeres migrantes.
Según la información de la que dispone el Comité, se han reducido los ingresos mínimos exigidos, pero se han endurecido los requisitos de integración cívica. Sírvanse aportar información sobre las consecuencias relativas al género de tales cambios, en especial entre las mujeres migrantes que carecen de un nivel educativo y de alfabetización elevado.
Los cambios en los requisitos de integración entraron en vigor en 2013. Las personas recién llegadas disponen de un plazo de tres años para cumplir estos requisitos. Todavía no es posible extraer conclusiones acerca de los efectos de este cambio en grupos específicos. La nueva legislación se evaluará a su debido tiempo.