Programas de formación profesional ofrecidos por el Instituto de Formación de las Fuerzas del Orden y de Seguridad (Opleidingsinstituut Rechtshandhaving & Veiligheidszorg (ORV))

Servicio

Nivel

Materias en las que se trata la violencia doméstica

Oficial de Admisión y Servicio - Policía (I&S)

Policía

Formación profesional secundaria de nivel 2 (SBO2)

Sociología

Telefonista del Centro de Denuncias de Maltrato Infantil

Centro de Llamadas Conjunto

Policía

Formación profesional secundaria de nivel 2 (SBO2)

Sociología

Telefonista del Centro de Llamadas (CTC)

Policía

Formación profesional secundaria de nivel 2 (SBO2)

Sociología

Asistente de Investigación Penal (Rass)

Policía

Formación profesional secundaria de nivel 2 (SBO2)

Sociología

Oficial de Aplicación de la Ley y Asistencia de Emergencia (BPO)

Policía

Formación profesional secundaria de nivel 3 (SBO3)

Prioridad: grupos diana

Derecho penal

Aplicación de la ley en la práctica/Actividades procesales

(estudios de casos)

Oficial de Control de Fronteras (OGB)

Formación profesional secundaria de nivel 3 (SBO3)

Sociología

Oficial Superior de Policía (VPO)

Policía

Formación profesional secundaria de nivel 4 (SBO4)

Prioridad: grupos diana

Derecho penal

Estudios policiales - Operacionales

Policía

Formación profesional superior (HBO 5+)

Derechos humanos

Título de Grado en Estudios Policiales

Policía

Formación profesional superior (HBO 6)

Derechos humanos

C alificación y recalificación obligatorias

Tipo

Servicios

Materias en las que se trata la violencia doméstica

Jefe del Ministerio Público

Examen final

ORV, KPC, célula especial de investigación (Landsrecherche Curaçao), Interpol, aduanas

Instrucciones sobre la Violencia en las Relaciones (2017.01)

Recalificación

ORV, KPC, célula especial de investigación (Landsrecherche Curaçao), Interpol, aduanas

Instrucciones sobre la Violencia en las Relaciones (2017.01)

Campañas de sensibilización sobre la violencia doméstica

La campaña Sendé Sendé está dirigida por el Ministerio de Justicia en colaboración con los Ministerios de Desarrollo Social, Trabajo y Bienestar, de Salud, de Medio Ambiente y Naturaleza y de Educación, Ciencia, Cultura y Deportes. El proceso sigue en curso. Los videos se editaron durante el curso escolar 2021-2022.

El programa semanal de radio “Hustisia, seguridad i abo” informa al público sobre el apoyo disponible para las personas que hacen frente a violencia, estrés, etc. El programa comunica el tipo de apoyo disponible y las organizaciones que lo ofrecen, así como los datos de contacto de esas organizaciones (teléfono y WhatsApp).

El grupo de trabajo sobre justicia restaurativa lleva a cabo una campaña de concienciación en las escuelas llamada “Legumai beef, por otro”.

El Ministerio de Justicia está estableciendo un centro de información central y supervisando la fusión de los distintos organismos de aplicación.

Se ha mejorado la pericia de los orientadores familiares en el trabajo adaptado al sistema mediante la formación de diez orientadores familiares profesionales para que proporcionen apoyo intensivo al desarrollo infantil en el hogar (Intensieve Pedagogische Thuishulp) (Ministerio de Desarrollo Social, Trabajo y Bienestar, AJJC, organización de salud mental Skuchami).

En cuanto al trato brindado a los delincuentes en prisión (justicia restaurativa), se ha desarrollado una nueva forma de ofrecerles formación de asistencia (Veiligheidshuis).

El Gobierno de Curasao, reconociendo la gravedad de los problemas de la violencia doméstica y el maltrato infantil, ha seguido intensificando sus esfuerzos para encarar y erradicar la violencia doméstica, la violencia de género y el maltrato infantil.

En 2018 el Gobierno, en consonancia con la priorización de la protección de las víctimas de la violencia doméstica y el maltrato infantil, emitió decretos nacionales por los que se creó un grupo de trabajo interministerial para coordinar la aplicación gubernamental del Plan Nacional contra la Violencia y estableció un Comité Permanente para supervisar la aplicación del Plan Nacional contra la Violencia Doméstica y el Maltrato Infantil por los organismos gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales.

El Plan Nacional contra la Violencia Doméstica y el Maltrato Infantil tiene por objeto, en consonancia con el Plan Nacional contra la Violencia, velar por que la población reciba suficiente información y una protección adecuada, específicamente en lo que respecta a la violencia contra los niños y la violencia doméstica y en las relaciones, al tiempo que se vela por el pleno cumplimiento de los tratados y la legislación pertinentes, en parte incrementando o mejorando la prevención, detectando y previniendo la violencia, mejorando la prestación de ayuda y brindando una atención posterior adecuada.

En 2018/2019 se propuso un proyecto de investigación orientado a determinar los elementos necesarios para crear y poner en marcha un sistema estructurado interinsular de centros de acogida para víctimas de la violencia. La investigación comenzó en julio de 2020 y finalizó en julio de 2021. Los temas tratados fueron la legislación, la seguridad social y los costos de proteger a las víctimas. El estudio también examinó planes detallados armonizados (protocolos), incluida una herramienta de evaluación de riesgos, para derivar a las víctimas a otra isla (neerlandesa) o a los Países Bajos.

En 2020 se actualizaron las Instrucciones del Ministerio Público sobre la Violencia en las Relaciones (Aanwijzing Relationeel Geweld), que contienen orientaciones para la policía y el sistema judicial sobre cómo hacer frente a la violencia interpersonal (doméstica).

En octubre de 2020, el Cuerpo de Policía (que depende del Ministerio de Justicia) inauguró un centro de delitos sexuales nuevo y mejorado donde se ubica ahora la célula de delitos sexuales. El centro hace posible que la policía preste una atención óptima a las víctimas de delitos sexuales y dé prioridad a sus derechos. También alberga la oficina del médico de la policía, donde las víctimas pueden ser examinadas médicamente con el debido respeto de su privacidad.

Otra prioridad para el Gobierno es la ratificación del Convenio de Estambul. A tal fin, se encargó a la Universidad de Curasao estudiar los requisitos para que el país pueda ratificar y empezar a aplicar el Convenio. Basándose en las conclusiones de la investigación y teniendo en cuenta la capacidad y los recursos limitados de los que dispone, el Gobierno espera haber ratificado el Convenio para 2025.

Formación impartida por las organizaciones regionales e internacionales y cooperación con ellas

Durante la pandemia de COVID-19, la Organización Internacional para las Migraciones, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Fondo de Población de las Naciones Unidas apoyaron y siguen apoyando al Gobierno de Curasao y a las organizaciones no gubernamentales locales en sus esfuerzos por ayudar a los migrantes indocumentados presentes en la isla y a las víctimas de abuso infantil y violencia doméstica que necesitan alimentos y acogida.

En 2021 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados prestó apoyo operacional a un centro de acogida local que albergaba a migrantes y a víctimas de la violencia de género y del maltrato infantil.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas ejecutó un proyecto de 60 días de duración con financiación de emergencia para sostener los esfuerzos del Gobierno por ayudar a los refugiados venezolanos víctimas de la violencia de género. Esto incluyó trabajar en la mejora de las vías de derivación, proporcionar formación a los equipos de respuesta inicial y enviar equipos de protección personal y kits de salud reproductiva (anticonceptivos y medicamentos) a los asociados participantes de la isla.

El Gobierno de Curasao agradece el apoyo y la cooperación que está recibiendo de la comunidad internacional para crear capacidad y formular e implantar sus políticas nacionales sobre los derechos del niño y los derechos de la mujer.

El Gobierno de Curasao, en cooperación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ha conseguido fondos a través de la Unión Europea para desarrollar un conjunto de herramientas de formación y concienciación sobre la protección de la infancia como parte de su estrategia de protección de los niños. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia también ha conseguido fondos de Postcode Loterij para prestar apoyo técnico a la formulación y aplicación de un código de protección de la infancia.

Además, la administración local y las organizaciones no gubernamentales han venido creando capacidad organizativa y de personal en relación con las víctimas de abuso y sus derechos, y formando al personal en asistencia a los delincuentes para que pueda tratar con los autores de actos de violencia.

Se ha designado a un fiscal especializado en casos de violencia doméstica para que se encargue de su enjuiciamiento. Se calcula que, desde la introducción de las medidas relativas a la COVID-19, a mediados de marzo de 2020, unas 4.500 personas han perdido su empleo. Durante este período, la economía se ha deteriorado y muchas personas han sufrido pérdidas de ingresos. Estos factores han provocado mucho estrés y ansiedad en las relaciones, y se espera que el número de casos de violencia aumente como consecuencia de ello.

El Ministerio Público seguirá aplicando las Instrucciones sobre la Violencia en las Relaciones. Los casos pueden denunciarse ante los tribunales o la fiscalía puede decidir imponer una sanción, por ejemplo un curso de gestión de agresiones. Se puede abrir una causa, pero también es posible imponer una condena condicional. La mediación restaurativa también puede ser una solución si ambas partes están de acuerdo. Una intervención adecuada, que beneficie tanto al delincuente como a la víctima, es esencial para la sensación de seguridad de la víctima.

El Ministerio Público, el Servicio de Libertad Condicional, la policía y el Servicio de Apoyo a las Víctimas de Curasao celebran consultas semanales para evaluar los casos de violencia doméstica y llegar a la mejor solución posible para las partes. Se puede otorgar a la víctima una plaza en un centro de acogida para mujeres, si es necesario para su protección.

El Ministerio Público también participa en una campaña de concienciación en la que equipos multidisciplinares visitan las escuelas y asesoran a los adolescentes, especialmente a las chicas, sobre diversos temas, como la sexualidad, la violencia y la denuncia de la violencia (sexual) a las autoridades.

Trata de personas y explotación sexual

El enjuiciamiento de los casos de trata de personas es un tema prioritario. La trata de personas está penada por el artículo 2:239 del Código Penal de Curasao. Cada año, el Ministerio Público, junto con el Ministerio de Justicia y otras partes interesadas, como el Servicio de Apoyo a las Víctimas de Curasao, redacta el informe sobre la trata de personas y formula la política conexa. El Ministerio Público colaboró con el Ministerio de Justicia en una campaña de concienciación pública sobre la trata de personas.

La policía investiga rápidamente los posibles casos de trata de personas, y los sospechosos son llevados a juicio con presteza. Desde 2014, se han llevado a cabo numerosas investigaciones y enjuiciamientos penales relativos a la trata de personas, incluidos casos de explotación sexual de mujeres.

En 2021 se puso en marcha un procedimiento operativo estándar, coordinado por el Coordinador Nacional de la Lucha contra la Trata de Curasao. Con este documento se pretende ayudar a las partes interesadas, incluido el Ministerio Público, a prestar apoyo y protección a las víctimas de la trata de personas. Este mecanismo de derivación sustituye a las orientaciones publicadas en 2015 y facilita que las partes interesadas puedan responder rápida y adecuadamente a las situaciones de trata y tráfico de personas.

Las víctimas de trata de personas que deseen presentar una querella y cooperar en la investigación penal reciben un permiso de residencia temporal y no serán deportadas. El Ministerio Público sigue considerando prioritario este tipo de delito y ha designado a un fiscal especializado.

Evolución de las políticas en materia de trata y tráfico de personas desde 2017:

a)Se ha puesto en marcha un nuevo sitio web sobre la trata y el tráfico de personas (www.humantraffickingpreventioncuracao.com);

b)Se han publicado orientaciones sobre el tratamiento de las víctimas de la trata y el tráfico de personas;

c)El sistema de registro electrónico ACTPOL incluye un registro de casos de trata y tráfico de personas;

d)Se han introducido modificaciones en el memorando de entendimiento sobre la trata de personas aplicable a todo el Reino y en los procedimientos para hacer frente a la trata y el tráfico de personas;

e)Deben realizarse al menos tres investigaciones penales sobre casos de trata y tráfico de personas cada año.

Participación en la vida política y pública

Inmigración e integración

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Ginebra, julio de 1951) no se aplica a Curasao. Sin embargo, se puede invocar la protección del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Los menores no acompañados están a cargo del Gobierno, que los aloja en instalaciones locales, y se inician actuaciones judiciales especiales.

Si se puede localizar a los padres de un menor no acompañado en su país de origen, se toman medidas para la reagrupación familiar en ese país. Si los padres no tienen ningún documento oficial en el país de origen, deben ponerse en contacto con las autoridades de su país para poder reunirse con su hijo.

La política sobre los menores migrantes indocumentados establece que, en colaboración con el Servicio de Apoyo a las Víctimas de Curasao y el Ministerio de Desarrollo Social, Trabajo y Bienestar, se encontrará una plaza adecuada en uno de los centros de acogida. Esa plaza estará disponible hasta que el menor pueda regresar a su país de origen. Si se dispone de atención informal, la familia migrante indocumentada puede reunirse en una dirección verificada después de la investigación.

Se impone a la familia la obligación de informar a las autoridades y se establecen las garantías necesarias.

La política sobre menores migrantes indocumentados establece que se facilitará el ingreso de los menores acompañados en un centro de acogida, donde podrán permanecer hasta que puedan regresar a su país de origen.

Si se dispone de atención informal, la familia migrante indocumentada puede trasladarse a una dirección verificada después de la investigación. Se impone a la familia la obligación de informar a las autoridades. Los menores no acompañados son objeto de investigación y realojados con parientes en una dirección verificada. Se impone la obligación de informar a las autoridades y se establecen las garantías necesarias. Si hay plazas disponibles, se encarga a una organización que organice un acogimiento voluntario.

Con la ayuda del Servicio Neerlandés de Inmigración y Naturalización, los casos en los que se invoca el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos se tramitan por la vía rápida.

Los menores migrantes indocumentados que han vivido en Curasao durante un período considerable pueden ahora obtener un permiso de residencia.

La construcción de un nuevo centro de acogida para migrantes indocumentados está casi terminada.

Las personas que entraron legalmente en Curasao pero permanecieron en el país después de su fecha de regreso, no suponen una amenaza para el orden público o la seguridad interna, y pueden demostrar que tienen medios de subsistencia suficientes y aportar un valor añadido a la sociedad del país tienen la oportunidad de integrarse en Curasao a través del programa de integración responsable (Verantwoord Inburgeren). El programa se aplicaba a las personas que entraron en el país entre el 22 de marzo de 2022 y el 22 de septiembre de 2021, y se prorrogó hasta diciembre de 2021.

En 2019, 25 migrantes indocumentados escaparon del cuartel donde estaban retenidos. En 2020, esa cifra fue de 17, y otros 9 lo intentaron.

Mujeres de grupos desfavorecidos

Medidas adoptadas por el Centro Penitenciario y de Detención de Curasao (Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou) en relación con los presos LGBTI (tanto migrantes irregulares como presos de Curasao)

En la medida de lo posible, se ubica a las personas LGBTI en celdas unipersonales en un módulo donde se puede vigilar su seguridad y su bienestar mental más fácilmente. Si su estado psiquiátrico lo requiere, también se puede ingresar a los presos en la Unidad de Observación y Tratamiento Forenses.

Las personas que se identifican como mujeres son ubicadas en el módulo de mujeres, con el debido cuidado y atención para su seguridad y bienestar mental. En el módulo de mujeres se puede hacer uso de una celda de aislamiento si es necesario.

En los barracones para migrantes indocumentados también hay celdas de aislamiento que pueden utilizarse si un individuo necesita ser separado (aislado) de los demás.

El régimen de visitas de los reclusos extranjeros es el mismo que el de los presos locales.

Cuando un preso extranjero ha cumplido su condena, el Centro Penitenciario y de Detención de Curasao recibe una resolución de expulsión del Ministerio Público. A continuación, el preso es trasladado a instalaciones para migrantes indocumentados.

Los migrantes indocumentados son alojados en los barracones para extranjeros del recinto del Centro Penitenciario y de Detención por orden ministerial.

El módulo de mujeres del Centro Penitenciario y de Detención es de alta seguridad.

Los migrantes indocumentados reciben comida y cualquier tratamiento médico necesario. Las instalaciones para migrantes indocumentados están destinadas, en principio, a una ocupación de corta duración. El objetivo es que regresen a su país de origen lo antes posible.

En principio, los familiares o conocidos de un migrante indocumentado corren con los gastos de la compra de un billete para el regreso del migrante a su país de origen. Sin embargo, en caso necesario, el Gobierno paga el billete.

El estado actual del país no permite a Curasao abrir sus fronteras a todos los migrantes indocumentados sin tener en cuenta a su propia comunidad, las leyes de inmigración y, en particular, la situación económica y financiera que atraviesa.