Naciones Unidas

CRC/C/GC/26

Convención sobre los Derechos del Niño

Distr. general

22 de agosto de 2023

Español

Original: inglés

Comité de los Derechos del Niño

Observación general núm. 26 (2023), relativa a los derechos del niño y el medio ambiente, con particular atención al cambio climático *

I.Introducción

1.El alcance y la magnitud de la triple crisis planetaria, que comprende la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación generalizada, representan una amenaza urgente y sistémica para los derechos del niño en todo el mundo. La extracción y uso insostenibles de recursos naturales, junto con la polución generalizada provocada por la contaminación y los deshechos, han tenido un profundo impacto en el medio natural, que ha exacerbado el cambio climático, intensificado la contaminación tóxica del agua, el aire y el suelo, acidificado los océanos y destruido la biodiversidad, así como los ecosistemas mismos que sustentan toda forma de vida.

2.El empeño de los niños por llamar la atención sobre estas crisis ambientales propició e impulsó la presente observación general. Las aportaciones realizadas por los niños en el día de debate general sobre los derechos del niño y el medio ambiente celebrado en 2016 resultaron excepcionalmente útiles al Comité. El proceso de consulta organizado para elaborar la observación general contó con el apoyo de un equipo asesor infantil variado y comprometido, formado por 12 asesores de entre 11 y 17 años de edad. Se recibieron 16.331 aportaciones de niños de 121 países, a través de encuestas electrónicas, grupos focales y consultas presenciales de escala nacional y regional.

3.Los niños consultados denunciaron los efectos negativos que la degradación ambiental y el cambio climático tienen en su vida y comunidades. Reivindicaron su derecho a vivir en un medio ambiente limpio, saludable y sostenible: “El medio ambiente es nuestra vida”. “Los adultos [deben] dejar de decidir sobre un futuro que no van a vivir. Somos el principal medio para hacer frente al cambio climático, ya que son nuestras vidas las que están en juego”. “Me gustaría decirles [a los adultos] que nosotros somos las generaciones del futuro, así que, ¡¿dónde viviremos si destruís el planeta?!”.

4.Los niños defensores de los derechos humanos, en cuanto que agentes de cambio, han hecho contribuciones históricas a los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Es necesario reconocer su estatus y atender sus exigencias de medidas urgentes y de gran calado para afrontar los daños ambientales en todo el mundo.

5.Si bien la presente observación general se centra en el cambio climático, su aplicación no debería limitarse a ninguna cuestión ambiental en particular. Pueden aparecer nuevos problemas ambientales, por ejemplo, en el marco del desarrollo tecnológico y económico y de los cambios sociales. Los Estados deben difundir ampliamente la presente observación general entre todas las partes interesadas, en particular los niños, en diversos idiomas y formatos, con versiones accesibles y adecuadas para cada edad.

A.Enfoque de la protección ambiental basado en los derechos del niño

6.Para aplicar un enfoque ambiental basado en los derechos del niño hay que tener en cuenta todos los derechos del niño reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos.

7.En un enfoque basado en los derechos del niño, el proceso por el que se hacen efectivos dichos derechos es tan importante como el resultado. Como titulares de derechos, los niños tienen derecho a protección frente a las vulneraciones de sus derechos derivadas de daños ambientales y a que se los reconozca y respete plenamente como agentes ambientales. Adoptar un enfoque de este tipo implica prestar especial atención a las numerosas barreras que encuentran los niños desfavorecidos para ejercer y reivindicar sus derechos.

8.Un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es tanto un derecho humano per se como una condición necesaria para el pleno disfrute de un amplio abanico de derechos del niño. A la inversa, la degradación ambiental, y dentro de esta las consecuencias de la crisis climática, afecta negativamente al disfrute de esos derechos, especialmente en el caso de los niños en situaciones desfavorables o que viven en regiones muy expuestas al cambio climático. El hecho de que los niños ejerzan su derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, a la información y la educación, a participar y ser escuchados y a recursos efectivos puede propiciar políticas ambientales más respetuosas con los derechos y, por tanto, más ambiciosas y eficaces. Así pues, los derechos del niño y la protección del medio ambiente forman un círculo virtuoso.

B.Evolución del derecho internacional de los derechos humanos y del medio ambiente

9.La Convención trata las cuestiones ambientales de forma expresa en el artículo 24, párrafo 2 c), en el que se indica que los Estados deben adoptar medidas para combatir las enfermedades y la malnutrición, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de la contaminación del medio ambiente, y en el artículo 29, párrafo 1 e), en el que se exige a los Estados que encaminen la educación del niño a inculcarle el respeto del medio ambiente natural. Desde la adopción de la Convención, se ha ido imponiendo el reconocimiento de los numerosos vínculos existentes entre los derechos del niño y la protección del medio ambiente. Las crisis ambientales sin precedentes y los consiguientes obstáculos para el ejercicio de los derechos del niño exigen interpretar la Convención de forma dinámica.

10.El Comité está al corriente de diversas iniciativas relevantes para su interpretación, entre ellas: a) el reconocimiento por la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano; b) los principios marco sobre los derechos humanos y el medio ambiente; c) las reglas, principios, normas y obligaciones que emanan del derecho internacional del medio ambiente, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, y su evolución; d) el reconocimiento, a través de los avances legislativos y la jurisprudencia de ámbito regional, de la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente; y e) el reconocimiento de alguna variante del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible en los acuerdos internacionales, la jurisprudencia de los tribunales regionales y nacionales, las constituciones nacionales, las leyes y las políticas de la gran mayoría de los Estados.

C.Equidad intergeneracional y generaciones futuras

11.El Comité reconoce el principio de la equidad intergeneracional y los intereses de las generaciones futuras, a los que se refirieron la inmensa mayoría de los niños consultados. Si bien los derechos de los niños que ya están presentes en la Tierra exigen una atención urgente e inmediata, los niños que van llegando día tras día también tienen derecho al máximo disfrute de sus derechos humanos. Además de las obligaciones inmediatas que establece la Convención en materia de medio ambiente, los Estados deben responder de las amenazas ambientales previsibles que se produzcan por acción u omisión en el presente, cuyas consecuencias puede que no se manifiesten plenamente hasta transcurridos varios años o incluso decenios.

D.Objetivos

12.Con la presente observación general, el Comité pretende:

a)Recalcar la apremiante necesidad de abordar los efectos adversos de la degradación ambiental en el disfrute de los derechos del niño, haciendo especial hincapié en el cambio climático;

b)Fomentar una visión holística de los derechos del niño relacionados con la protección del medio ambiente;

c)Aclarar las obligaciones de los Estados en virtud de la Convención y proporcionar orientaciones por autoridades en la materia acerca de medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean apropiadas para afrontar los daños ambientales, con especial atención al cambio climático.

II.Derechos concretos de la Convención relacionados con el medio ambiente

13.Los derechos del niño, como todos los derechos humanos, son indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. Algunos de estos derechos se ven especialmente amenazados por la degradación ambiental. Otros juegan un papel decisivo en la protección de los derechos del niño en lo que respecta al medio ambiente. El derecho a la educación, por ejemplo, conjuga ambas dimensiones.

A.Derecho a la no discriminación (art. 2)

14.Los Estados tienen la obligación de prevenir de manera eficaz la discriminación directa e indirecta vinculada al medio ambiente, proteger contra ella y facilitar recursos jurídicos. Los niños en general, y determinados grupos de niños en particular, tienen que superar más barreras para poder ejercer sus derechos, debido a formas múltiples e interseccionales de discriminación que se incluyen, además de los motivos expresamente prohibidos en el artículo 2 de la Convención, “cualquier otra condición” a la que se hace referencia en dicho artículo. Las repercusiones de los daños ambientales afectan de forma discriminatoria a determinados grupos de niños, especialmente en los niños indígenas, los niños pertenecientes a grupos minoritarios, los niños con discapacidad y los niños que viven en entornos propensos a los desastres o vulnerables al cambio climático.

15.Los Estados deberían recopilar datos desglosados para determinar los efectos diferenciados que tienen en los niños los daños relacionados con el medio ambiente y para conocer mejor las interseccionalidades, prestando especial atención a los grupos de niños expuestos a un mayor riesgo, y aplicar las medidas y políticas especiales que sean necesarias. Los Estados deben asegurarse de que ni el contenido ni la aplicación de ninguna ley, política o programa relacionado con el medio ambiente discrimine, de forma intencionada o no, a los niños.

B.Interés superior del niño (art. 3)

16.Las decisiones ambientales conciernen, en general, a los niños, por lo que el interés superior del niño debe ser una consideración primordial cuando se aprueben y ejecuten decisiones ambientales, en forma de leyes, reglamentos, políticas, normas, directrices, planes, estrategias, presupuestos, acuerdos internacionales o de prestación de asistencia para el desarrollo. En los casos en que una decisión relacionada con el medio ambiente pueda tener importantes efectos en los niños, conviene seguir un proceso más exhaustivo de evaluación y determinación del interés superior del niño y crear oportunidades para que participen de forma sustantiva y genuina.

17.La determinación del interés superior del niño debería comprender una evaluación de las circunstancias específicas que hacen que los niños corran un riesgo diferenciado cuando se producen daños ambientales. El objetivo de la evaluación del interés superior del niño será asegurar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos, incluido el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Además de proteger a los niños contra los daños ambientales, los Estados deberían también velar por su bienestar y desarrollo, teniendo en cuenta la posibilidad de riesgos y daños futuros.

18.La adopción de todas las medidas de aplicación debe seguir, asimismo, un procedimiento que garantice que el interés superior del niño sea una consideración primordial. Habría que realizar una evaluación del impacto en los derechos del niño para estudiar las repercusiones ambientales de cualquier medida de aplicación, como los proyectos de política, legislación, reglamentación, presupuesto y demás decisiones administrativas que afecten a los niños, la cual debe complementar el seguimiento y la evaluación permanentes del impacto de las medidas en los derechos del niño.

19.Los posibles conflictos entre el interés superior del niño y otros intereses o derechos deben resolverse caso por caso, sopesando cuidadosamente los intereses de todas las partes. Las autoridades deberían analizar y sopesar los derechos e intereses de todos los afectados, dando la importancia que merece a la primacía del interés superior del niño. Los Estados deberían tener en cuenta la posibilidad de que decisiones relativas al medio ambiente que por separado y a corto plazo parecen razonables pueden dejar de serlo si se combinan y si se consideran todos los perjuicios que causarán a los niños a lo largo de su vida.

C.Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo (art. 6)

20.El derecho a la vida se ve amenazado por la degradación ambiental provocada, entre otros, por el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, fenómenos estrechamente relacionados con otros graves problemas que impiden la realización de ese derecho, como la pobreza, la desigualdad y los conflictos. Los Estados deberían adoptar medidas positivas para proteger a los niños de una muerte prematura o no natural previsible y de las amenazas contra su vida que pueden derivarse tanto de actos como de omisiones, así como de las actividades de los actores empresariales, y garantizarles el disfrute de su derecho a una vida digna. Entre esas medidas cabe citar la aprobación y aplicación efectiva de normas ambientales, por ejemplo, en materia de calidad del aire y del agua, inocuidad alimentaria, exposición al plomo o emisiones de gases de efecto invernadero, y todas las demás medidas ambientales que resulten adecuadas y necesarias para proteger el derecho del niño a la vida.

21.Las obligaciones que incumben a los Estados en virtud del artículo 6 de la Convención también son aplicables a los problemas estructurales y a largo plazo provocados por condiciones ambientales que pueden suponer una amenaza directa para el derecho a la vida, por lo que es necesario adoptar medidas adecuadas para hacerles frente, por ejemplo, haciendo un uso sostenible de los recursos requeridos para cubrir las necesidades básicas o proteger la salud de los ecosistemas y la biodiversidad. Es preciso adoptar medidas de protección especiales para prevenir y reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años causada por las condiciones ambientales y de los grupos en situación de vulnerabilidad.

22.La degradación ambiental eleva el riesgo de que los niños sean objeto de graves violaciones de sus derechos en los conflictos armados como consecuencia de los desplazamientos, la hambruna y el aumento de la violencia. En el contexto de un conflicto armado, los Estados, en consonancia con sus compromisos internacionales, deberían prohibir la fabricación o posesión de municiones sin detonar y residuos de armas biológicas, químicas y nucleares, además de asegurar la limpieza de las zonas contaminadas por estos.

23.La degradación ambiental compromete la capacidad del niño para alcanzar todo su potencial de desarrollo e interfiere en muchos otros derechos consagrados en la Convención. El desarrollo de los niños está íntimamente ligado al entorno en el que viven. Un medio ambiente saludable resulta beneficioso para el desarrollo, entre otras cosas, por las oportunidades que ofrece de realizar actividades al aire libre y de interactuar y jugar en entornos naturales, incluido el mundo animal.

24.Los niños más pequeños están especialmente expuestos a los peligros ambientales, debido a su patrón de actividades, sus comportamientos y su funcionamiento propios. La exposición a contaminantes tóxicos, incluso a niveles bajos, durante las fases de desarrollo de mayor vulnerabilidad, puede alterar fácilmente los procesos de maduración del cerebro, de los órganos y del sistema inmunitario y causar enfermedades y deficiencias durante la infancia y más adelante, en ocasiones tras un prolongado período de latencia. Los efectos de los contaminantes ambientales pueden persistir incluso en generaciones futuras. Los Estados deberían ocuparse de forma sistemática y expresa de las repercusiones de la exposición a sustancias tóxicas y a la contaminación durante los primeros años de vida.

25.Los Estados deben tener en cuenta cada etapa de la infancia, la importancia de estas para las posteriores etapas de maduración y desarrollo, y las distintas necesidades de los niños en cada una de ellas. A fin de crear un entorno óptimo para el disfrute del derecho al desarrollo, los Estados, deberían estudiar de forma expresa y sistemática todos los factores necesarios para que los niños de todas las edades puedan sobrevivir, desarrollarse y prosperar al máximo de su potencial, e idear y poner en práctica intervenciones de base empírica encaminadas a hacer frente a los diversos determinantes ambientales que surgen durante la trayectoria vital.

D.Derecho a ser escuchado (art. 12)

26.Los niños consideran que las cuestiones ambientales tienen gran importancia para su vida. La opinión de los niños es un potente motor para la protección del medio ambiente en todo el mundo, y sus puntos de vista aportan perspectivas y experiencias pertinentes a la hora de decidir sobre cuestiones ambientales a todos los niveles. Desde bien pequeños, los niños pueden contribuir a mejorar las soluciones ambientales, por ejemplo, aportando información muy valiosa sobre cuestiones como la eficacia de los sistemas de alerta temprana ante peligros ambientales. Es menester recabar de forma proactiva la opinión de los niños y tenerla debidamente en cuenta al diseñar y aplicar medidas para resolver los graves problemas ambientales de larga duración que inciden de forma determinante en sus vidas. Los niños pueden utilizar medios creativos de expresión, como el arte y la música, para participar y expresar su opinión. Podrían requerirse apoyo adicional y estrategias especiales para empoderar a los niños en situaciones desfavorables, como los niños con discapacidad, los pertenecientes a grupos minoritarios y los que viven en zonas vulnerables, a fin de que puedan ejercer su derecho a ser escuchados. Si se utilizan con cautela y prestando la debida atención a los problemas relacionados con la inclusión digital, el entorno y las herramientas digitales pueden facilitar las consultas a los niños y ampliar su capacidad y oportunidades de colaborar de forma efectiva en los asuntos ambientales, por ejemplo ejerciendo presión de forma colectiva.

27.Los Estados deben implantar mecanismos adecuados para la edad, seguros y accesibles para recabar la opinión de los niños periódicamente y en todas las fases de los procesos de adopción de decisiones relativas al medio ambiente relativos a las leyes, políticas, reglamentos, proyectos y actividades que puedan afectarlos, tanto a nivel local como nacional e internacional. Para que los niños puedan participar de forma libre, activa, sustantiva y efectiva, deben recibir educación ambiental y sobre los derechos humanos e información accesible y adecuada para su edad, y disponer de tiempo y recursos suficientes y un entorno propicio. Deberían recibir información sobre el resultado de las consultas ambientales, así como la manera en que se ha tenido en cuenta su opinión, además de tener acceso a procedimientos de denuncia y vías de recurso adaptados a ellos, en caso de que no se respete su derecho a ser escuchados en asuntos relacionados con el medio ambiente.

28.A escala internacional, los Estados, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales internacionales deberían facilitar la participación de las asociaciones de niños y de las organizaciones o grupos dirigidos por niños en los procesos de adopción de decisiones relativas al medio ambiente. Los Estados deberían asegurarse de incorporar sus obligaciones relacionadas con el derecho del niño a ser escuchado en los procesos internacionales de adopción de decisiones relativas al medio ambiente, tanto durante la negociación como al aplicar instrumentos de derecho ambiental internacional. Las iniciativas destinadas a aumentar la participación de los jóvenes en los procesos de adopción de decisiones relativas al medio ambiente deberían incluir a los niños.

E.Libertad de expresión, asociación y reunión pacífica (arts. 13 y 15)

29.En todo el mundo, los niños están actuando, tanto a título individual como colectivo, para proteger el medio ambiente, en particular haciendo hincapié en las consecuencias del cambio climático. Los Estados deben respetar y proteger los derechos del niño a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en conexión con el medio ambiente, entre otras cosas proporcionando a los niños un entorno seguro y propicio y un marco jurídico e institucional en el que ejercer sus derechos de forma efectiva. El derecho del niño a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica no podrá ser objeto de más restricciones que las que imponga la ley y resulten necesarias en una sociedad democrática.

30.Los niños que ejercen su derecho a la libertad de expresión o participan en manifestaciones sobre cuestiones ambientales, en especial los niños defensores de los derechos humanos ambientales, son a menudo objeto de amenazas, intimidación, acoso y otras graves represalias. Los Estados están obligados a proteger los derechos de estos niños, en particular ofreciéndoles un entorno seguro y propicio para que puedan organizar iniciativas de defensa de los derechos humanos en la escuela y en otros espacios. Los Estados, los actores estatales, como la policía, y otras partes interesadas, entre ellas el personal docente, deberían recibir formación acerca de los derechos civiles y políticos del niño, y en especial sobre las medidas necesarias para que los niños puedan ejercer sus derechos en condiciones de seguridad. Los Estados deben adoptar todas las medidas procedentes para que no se impongan restricciones a la constitución de asociaciones y a la participación en ellas, así como a la participación en protestas ambientales, salvo que estén previstas por la ley y resulten necesarias. No se debe hacer un uso abusivo de las leyes, en particular de las relativas a la difamación y la calumnia, con el fin de coartar los derechos del niño. Los Estados deberían aprobar y aplicar leyes para proteger a los niños defensores de los derechos humanos, tal y como establecen las normas internacionales de derechos humanos, y establecer vías de recurso efectivas en caso de violación del derecho del niño a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.

31.Los Estados deberían alentar, reconocer y apoyar la positiva contribución de los niños a la sostenibilidad del medio ambiente y a la justicia climática, por cuanto constituye un medio importante para implicarse civil y políticamente, a través del cual los niños pueden negociar y promover la realización de sus derechos, incluido el derecho a un medio ambiente saludable, y exigir responsabilidades a los Estados.

F.Acceso a la información (arts. 13 y 17)

32.El acceso a la información es imprescindible para que los niños y sus padres o cuidadores sean conscientes de los efectos potenciales que los daños ambientales tienen sobre los derechos del niño. Se trata, asimismo, de un requisito previo indispensable para que los niños puedan ejercer su derecho a expresar su opinión, a ser escuchados y a acceder a recursos efectivos en lo que respecta a las cuestiones ambientales.

33.Los niños tienen derecho a tener acceso a información precisa y fidedigna sobre el medio ambiente, en particular sobre las causas, los efectos y las fuentes actuales y potenciales de daños ambientales y climáticos, las medidas de adaptación, las leyes y reglamentos pertinentes sobre el clima y el medio ambiente, las conclusiones de las evaluaciones del impacto climático y ambiental, las políticas y los planes, y la adopción de un estilo de vida sostenible. Esta información permite a los niños saber qué pueden hacer en su entorno inmediato en lo que concierne a la gestión de los residuos, el reciclaje y los hábitos de consumo.

34.Los Estados tienen la obligación de proporcionar información ambiental. Los métodos de difusión deberían ser adecuados a la edad y capacidad de los niños y tratar de salvar obstáculos como el analfabetismo, la discapacidad, las barreras lingüísticas, la distancia o a la tecnología de la información y las comunicaciones. Los Estados deberían animar a los medios de comunicación a que divulguen información y materiales rigurosos acerca del medio ambiente, por ejemplo, acerca de las medidas que pueden adoptar los niños y sus familiares para hacer frente a los riesgos relacionados con las catástrofes derivadas del cambio climático.

G.Derecho a no ser objeto de ningún tipo de violencia (art. 19)

35.La degradación ambiental, que incluye la crisis climática, es una forma de violencia estructural contra los niños y puede traer consigo el colapso social de comunidades y familias. La pobreza, las desigualdades sociales y económicas, la inseguridad alimentaria y los desplazamientos forzados acentúan el riesgo de que los niños sean objeto de violencia, abusos y explotación. Los hogares más pobres, por ejemplo, tienen menos resiliencia a las perturbaciones relacionadas con el medio ambiente, incluidas las causadas o agravadas por el cambio climático, como la subida del nivel del mar, las inundaciones, los ciclones, la contaminación atmosférica, los fenómenos meteorológicos extremos, la desertificación, la deforestación, las sequías, los incendios, las tormentas y la pérdida de biodiversidad. Las dificultades económicas, la escasez de alimentos y agua limpia y la fragilidad de los sistemas de protección infantil que traen consigo este tipo de perturbaciones dificultan el día a día de las familias, suponen una carga adicional para los niños y aumentan su vulnerabilidad a la violencia de género, el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina, el trabajo infantil, los secuestros, la trata de personas, los desplazamientos, la violencia y la explotación sexuales y el reclutamiento por grupos delictivos, armados o extremistas violentos. Hay que proteger a los niños de toda forma de violencia física y psicológica y de la exposición a la violencia, por ejemplo la doméstica o la infligida a los animales.

36.Invertir en servicios para la infancia puede reducir considerablemente los riesgos ambientales generales que afectan a los niños en todo el mundo. Los Estados deberían adoptar medidas intersectoriales para abordar las causas de la violencia contra los niños relacionadas con la degradación ambiental.

H.El derecho al más alto nivel posible de salud (art. 24)

37.El derecho a la salud comprende el disfrute de una gran variedad de instalaciones, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud, lo que incluye un medio ambiente saludable. Este derecho depende de muchos otros derechos consagrados en la Convención y es imprescindible para hacerlos efectivos.

38.La contaminación del medio ambiente representa una grave amenaza para la salud de los niños, expresamente reconocida en el artículo 24, párrafo 2 c), de la Convención. Sin embargo, son muchos los países que no prestan atención a la contaminación y subestiman su impacto. La falta de agua potable, las deficiencias en materia de saneamiento y la contaminación del aire en los hogares suponen graves amenazas para la salud de los niños. La contaminación resultante de actividades industriales del pasado o del presente, incluida la exposición a sustancias tóxicas y desechos peligrosos, entraña amenazas más complejas para la salud, con efectos que a menudo se manifiestan mucho tiempo después de la exposición.

39.El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas representan un obstáculo al ejercicio del derecho del niño a la salud. A menudo se produce una interacción entre dichos factores ambientales, lo que acentúa aún más las desigualdades en materia de salud. Por ejemplo, la subida de las temperaturas causada por el cambio climático incrementa el riesgo de contraer enfermedades de transmisión vectorial y zoonótica, así como las concentraciones de contaminantes atmosféricos que inhiben el desarrollo cerebral y pulmonar y agravan las enfermedades de las vías respiratorias. Tanto el cambio climático como la contaminación y las sustancias tóxicas son factores causantes de la alarmante pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas de los que depende la salud humana. Algunas de sus consecuencias concretas son la reducción de la diversidad microbiana, fundamental para el desarrollo del sistema inmunitario de los niños, y la creciente prevalencia de enfermedades autoinmunitarias, las cuales producen efectos a largo plazo.

40.La contaminación del aire y del agua, la exposición a sustancias tóxicas, como los fertilizantes químicos, la degradación de los suelos y las tierras, y otros tipos de daños ambientales aumentan la mortalidad infantil, sobre todo la mortalidad de los niños menores de 5 años, y favorecen la prevalencia de enfermedades, las alteraciones del desarrollo cerebral y las consiguientes deficiencias cognitivas. Los efectos del cambio climático, como la escasez de agua, la inseguridad alimentaria, las enfermedades de transmisión vectorial e hídrica, la agudización de la contaminación atmosférica y los daños físicos provocados por fenómenos repentinos o de evolución lenta, afectan de forma desproporcionada a los niños.

41.Otro motivo de preocupación son los trastornos psicosociales y mentales que los niños sufren o podrían sufrir como consecuencia de los daños ambientales, entre los que se incluyen los relacionados con el cambio climático. La relación cada vez más evidente entre los daños ambientales y la salud mental de los niños, por ejemplo en forma de depresión y ecoansiedad, requiere la atención urgente de las autoridades sanitarias y educativas, tanto para combatir dicho problema como para poner en marcha programas de prevención.

42.Los Estados deberían incluir en sus planes, políticas y estrategias nacionales de salud y medio ambiente medidas para responder a las cuestiones de salud ambiental que afectan a los niños. Hay que proteger de forma efectiva la salud ambiental de los niños en los lugares donde viven, estudian, juegan y trabajan, por medio de marcos legislativos, reguladores e institucionales, lo cual comprende la normativa relativa al sector empresarial. Las normas de salud ambiental deberían estar en consonancia con la mejor información científica disponible y con todas las directrices internacionales en la materia, como las que establece la Organización Mundial de la Salud, y aplicarse de forma estricta. Las obligaciones que incumben a los Estados en virtud del artículo 24 de la Convención también son aplicables a la hora de elaborar y poner en práctica acuerdos ambientales destinados a combatir las amenazas transfronterizas y mundiales para la salud de los niños.

43.El derecho a la salud requiere que los niños afectados por daños ambientales tengan acceso a un sistema de salud pública e instalaciones, bienes y servicios de salud de calidad, debiendo prestarse especial atención a los grupos de población que carecen de servicios adecuados o con los que es difícil entrar en contacto y a la prestación de atención prenatal materna de calidad en todo el país. Las instalaciones, programas y servicios deben disponer del equipamiento necesario para responder a los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente. La protección de la salud también concierne a los elementos necesarios para que los niños lleven una vida sana, entre los que se cuentan un clima sin riesgos, agua potable y saneamiento, energía sostenible, una vivienda adecuada, acceso a alimentos apropiados desde el punto de vista nutricional e inocuos y condiciones de trabajo saludables.

44.Es fundamental disponer de datos de calidad para protegerse adecuadamente de los riesgos climáticos y de salud ambiental. Los Estados deberían evaluar los efectos que los daños ambientales tienen sobre la salud a nivel local, nacional y transfronterizo, lo cual comprende las causas de mortalidad y morbilidad, al tiempo que toman en cuenta la integralidad del ciclo vital de los niños y las vulnerabilidades y desigualdades a las que se enfrentan en cada etapa de su vida. Es necesario detectar las preocupaciones prioritarias, los efectos del cambio climático y los nuevos problemas de salud ambiental. Además de recopilar datos por medio de los sistemas ordinarios de información sobre salud, hay que llevar a cabo una labor de investigación, por ejemplo, realizar estudios longitudinales de cohortes y estudios de mujeres embarazadas, lactantes y niños, con el fin de descubrir los riesgos existentes en las fases críticas del desarrollo.

I.Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado (arts. 26 y 27)

45.Los niños tienen derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es indispensable para poder hacer efectivo ese derecho, que incluye el derecho a una vivienda adecuada, a la seguridad alimentaria y al agua potable y al saneamiento.

46.El Comité subraya que el derecho a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua y al saneamiento debe ejercerse de forma sostenible, también en lo que respecta al consumo de materiales, al uso de recursos y energía y a la apropiación del espacio y la naturaleza.

47.La exposición a daños ambientales obedece a causas tanto directas como estructurales y exacerba las consecuencias de la pobreza infantil multidimensional. La seguridad social, amparada por el artículo 26 de la Convención, reviste especial relevancia en el contexto ambiental. Se insta a los Estados a que introduzcan cláusulas en las políticas de seguridad social y niveles mínimos de protección social, que protejan a los niños y a sus familiares contra las perturbaciones ambientales y los daños de evolución lenta, incluidos los derivados del cambio climático. Los Estados deberían reforzar los programas de alivio de la pobreza centrados en el niño en las zonas más vulnerables a los riesgos ambientales.

48.Los niños, incluidos los desplazados, deberían tener acceso a una vivienda adecuada y acorde con las normas internacionales de derechos humanos. Las viviendas deberían ser sostenibles y resilientes, y no se deben construir en terrenos contaminados o en zonas con alto riesgo de degradación ambiental. Deberían disponer de fuentes de energía seguras y sostenibles para la cocina, la calefacción y la iluminación, así como de ventilación adecuada, y no tener presencia de moho, sustancias tóxicas ni humo. Deberían contar con una gestión eficaz de los residuos y desechos, estar protegidas del tráfico, el ruido excesivo y el hacinamiento, y tener acceso a instalaciones de agua potable y de higiene y saneamiento sostenibles.

49.Los niños no deberían ser objeto de desalojos forzosos sin que se les proporcione previamente una vivienda alternativa adecuada, por ejemplo mediante el realojo en proyectos urbanísticos y de infraestructuras dotados de medidas energéticas y de mitigación del cambio climático y adaptación a este. Las evaluaciones del impacto sobre los derechos del niño deberían ser un requisito previo en este tipo de proyectos. Debe prestarse especial atención a la preservación de las tierras tradicionales de los niños indígenas y a la protección de la calidad del medio natural para que puedan disfrutar de sus derechos, incluido el derecho a un nivel de vida adecuado.

50.En situaciones de desplazamiento y migración transfronterizos causados por fenómenos climáticos y ambientales o relacionados con situaciones de conflicto armado, el Comité subraya la importancia de la cooperación internacional y la obligación de los Estados de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la Convención a todos los niños sujetos a su jurisdicción, sin discriminación alguna. Las autoridades competentes deberían tener presente el riesgo de violación de los derechos del niño causado por los efectos de la degradación ambiental, incluido el cambio climático, al decidir si se admite o no una solicitud de protección internacional y al examinar este tipo de solicitudes, en particular teniendo en cuenta, por ejemplo, las consecuencias especialmente graves para los niños de la falta de alimentos o de servicios de salud. Los Estados no deben expulsar a los niños y a sus familiares a ningún lugar en el que corran un riesgo real de sufrir violaciones graves como consecuencia de los efectos adversos de la degradación ambiental.

J.Derecho a la educación (arts. 28 y 29, párr. 1 e))

51.La educación es una de las piedras angulares de un enfoque ambiental basado en los derechos del niño. Los niños han destacado que la educación es fundamental para proteger sus derechos y el medio ambiente y para reforzar sus conocimientos y preparación para hacer frente a los daños ambientales. Sin embargo, el derecho a la educación se ve muy afectado por los daños ambientales, ya que estos pueden dar lugar al cierre de los centros educativos y a la interrupción de las clases, al abandono escolar y a la destrucción de escuelas y espacios de recreo.

52.El artículo 29, párrafo 1 e), de la Convención, que exige que la educación del niño esté encaminada a inculcarle el respeto del medio ambiente natural, debe leerse conjuntamente con el artículo 28, con miras a garantizar a todos los niños el derecho a recibir una educación que transmita valores ambientales.

53.Toda educación ambiental basada en los derechos debería ser transformadora e inclusiva, estar centrada en los niños y adaptarse a ellos y empoderarlos. Debería buscar el desarrollo de la personalidad, dotes y aptitudes del niño, reconocer la estrecha relación que existe entre el respeto del medio natural y otros valores éticos enunciados en el artículo 29, párrafo 1, de la Convención, y tener una orientación tanto local como global. Es necesario adaptar los planes de estudios a los contextos ambientales, sociales, económicos y culturales concretos de los niños y dar a conocer los contextos de otros niños afectados por la degradación ambiental. Los materiales didácticos deberían proporcionar información ambiental rigurosa desde el punto de vista científico, actualizada y adecuada para los distintos grados de desarrollo y edades. Todos los niños deberían adquirir las habilidades necesarias para afrontar los problemas ambientales que se les presenten en la vida, como los riesgos de desastres y los efectos sobre la salud relacionados con el medio ambiente, lo cual comprende la capacidad de reflexionar de forma crítica sobre dichos problemas, resolver problemas, tomar decisiones ponderadas y responsabilizarse del medio ambiente, por ejemplo, adoptando estilos de vida y de consumo sostenibles, en consonancia con la evolución de sus facultades.

54.Deberían incorporarse valores ambientales a la educación y formación de todos los profesionales del ámbito de la enseñanza, tanto en lo que se refiere a los métodos didácticos, las tecnologías y los enfoques utilizados en la educación, como al entorno escolar y a la preparación de los niños para trabajar en empleos verdes. La educación ambiental va más allá de la escolarización formal y abarca un amplio abanico de experiencias de vida y aprendizajes. Los métodos exploratorios, informales y prácticos, como el aprendizaje al aire libre, son una forma muy apreciada para lograr ese objetivo pedagógico.

55.Los Estados deberían construir infraestructuras seguras, saludables y resilientes para que el aprendizaje sea efectivo. A tal efecto, deben asegurarse de que haya vías peatonales y ciclistas y medios de transporte público para ir a la escuela y de que las escuelas y centros de aprendizaje alternativos estén situados a una distancia prudencial de las fuentes de contaminación y las zonas de inundaciones, corrimientos de tierras y otros peligros ambientales, como los terrenos contaminados, así como de que los edificios y las aulas dispongan de calefacción y refrigeración adecuadas y de acceso a instalaciones de agua potable y saneamiento suficientes, seguras y aceptables. Las instalaciones escolares ecológicas, como las que disponen de iluminación y calefacción alimentadas por energías renovables y de huertos escolares, pueden ser beneficiosas para los niños y contribuir a que los Estados cumplan sus obligaciones ambientales.

56.En los períodos de escasez de agua, tormentas de arena, olas de calor y otros fenómenos meteorológicos graves, y después de ellos, los Estados deberían asegurar el acceso físico a las escuelas, especialmente a los niños de comunidades remotas o rurales, o considerar la posibilidad de utilizar métodos de enseñanza alternativos, como las instalaciones educativas móviles o la enseñanza a distancia. Debería darse prioridad a las comunidades carentes de servicios adecuados a la hora de adaptar las escuelas al clima y renovarlas. Los Estados deberían proporcionar alternativas habitacionales a las poblaciones desplazadas lo antes posible para evitar que las escuelas sean utilizadas como vivienda. Al responder a las emergencias causadas por fenómenos meteorológicos graves en zonas ya afectadas por conflictos armados, los Estados deben velar por que las escuelas no se conviertan en objetivos de la actividad de los grupos armados.

57.Los Estados deberían reconocer y subsanar los desproporcionados efectos indirectos y en cadena que causa la degradación ambiental en la educación de los niños, prestando especial atención a las situaciones propias de cada sexo, como el abandono escolar para ocuparse de las tareas domésticas y económicas adicionales a los que deben hacer frente los hogares afectados por las perturbaciones y el estrés relacionados con el medio ambiente.

K.Derechos de los niños indígenas y de los niños pertenecientes a grupos minoritarios (art. 30)

58.Los niños indígenas se ven afectados de forma desproporcionada por la pérdida de biodiversidad, la contaminación y el cambio climático. Los Estados deberían estudiar en detalle las consecuencias que los daños ambientales, como la deforestación, tienen sobre las tierras y la cultura tradicionales y sobre la calidad del medio natural, al tiempo que velan por los derechos a la vida, a la supervivencia y al desarrollo de los niños indígenas. Deben adoptar medidas para que los niños indígenas y sus familias participen de manera efectiva en la lucha contra los daños ambientales, incluidos los causados por el cambio climático, teniendo debidamente en cuenta los conceptos extraídos de las culturas indígenas y los conocimientos tradicionales, e integrándolos en las medidas de mitigación y adaptación. Pese a los riesgos específicos a que se enfrentan los niños de las comunidades indígenas, estos niños también pueden actuar como educadores y defensores para que se apliquen sus conocimientos tradicionales a fin de reducir el impacto de las amenazas de escala local y de reforzar la resiliencia, si se transmite y respalda ese conocimiento. Deberían adoptarse medidas similares respecto a los derechos de los niños pertenecientes a grupos minoritarios no indígenas, cuyos derechos, modo de vida e identidad cultural estén estrechamente relacionados con la naturaleza.

L.Derecho al descanso, al juego, al esparcimiento y a las actividades recreativas (art. 31)

59.El juego y las actividades recreativas son esenciales para la salud y el bienestar del niño y promueven el desarrollo de la creatividad, la imaginación y la confianza en sí mismo y en la propia capacidad y la fuerza y las aptitudes físicas, sociales, cognitivas y emocionales. Contribuyen a todos los aspectos del aprendizaje, son fundamentales para el desarrollo holístico de los niños y les brindan importantes oportunidades para explorar y experimentar el mundo natural y la biodiversidad, lo que resulta beneficioso para su salud mental y bienestar y les ayuda a comprender, apreciar y cuidar el medio natural.

60.Por el contrario, un entorno inseguro y peligroso obstaculiza la realización de los derechos previstos en el artículo 31, párrafo 1, de la Convención y constituye un factor de riesgo para la salud, el desarrollo y la seguridad del niño. Los niños necesitan espacios inclusivos para jugar, que estén cerca de su hogar y no presenten peligros ambientales. Los efectos del cambio climático acentúan dichos problemas, mientras que la carga que se deriva del cambio climático para la renta de los hogares puede reducir el tiempo de que disponen los niños para el descanso, el ocio, las actividades recreativas y el juego, así como sus posibilidades para disfrutar de ellos.

61.Los Estados deben adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole efectivas para que todos los niños, sin discriminación alguna, puedan jugar y participar en actividades recreativas en entornos seguros, limpios y saludables, como los espacios naturales, los parques y los patios de recreo. En los planes públicos de ordenación del territorio, tanto urbanos como rurales, se debe asignar la debida importancia a la opinión de los niños y priorizar la creación de entornos que promuevan su bienestar. Debe estudiarse la posibilidad de: a) permitir el acceso, con medios de transporte seguros, asequibles y accesibles, a zonas verdes, grandes espacios abiertos y espacios naturales para el juego y las actividades recreativas; b) crear un entorno local seguro donde jugar libremente, que esté exento de contaminación, productos químicos peligrosos y residuos; y c) adoptar medidas de tráfico rodado destinadas a reducir los niveles de contaminación en las proximidades de viviendas, escuelas y parques infantiles, entre otras cosas estableciendo zonas en las que se dé prioridad a los niños que estén jugando, caminando o montando en bicicleta.

62.Los Estados deberían aprobar leyes, reglamentos y directrices, y acompañarlos de las necesarias asignaciones presupuestarias y de mecanismos eficaces de supervisión y ejecución, para asegurar el cumplimiento por terceros del artículo 31 de la Convención en los proyectos de desarrollo urbano y rural, por ejemplo estableciendo normas de seguridad para todos los juguetes e instalaciones lúdicas y recreativas, en particular en lo relativo a las sustancias tóxicas. En los casos de desastres relacionados con el cambio climático, deberían tomarse medidas para restablecer y proteger estos derechos, entre otras cosas creando o restaurando espacios seguros y estimulando el juego y la expresión creativa para promover la resiliencia y la curación psicológica.

III.Derecho a un medio ambiente limpio, saludabley sostenible

63.Los niños tienen derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Este derecho está implícito en la Convención y directamente relacionado, sobre todo, con los derechos a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, consagrados en el artículo 6; al disfrute del más alto nivel posible de salud, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente, consagrado en el artículo 24; a un nivel de vida adecuado, consagrado en el artículo 27; y a la educación, consagrado en el artículo 28, encaminada, en particular, a inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural, de acuerdo con el artículo 29.

64.Los elementos sustantivos de este derecho son de gran importancia para los niños, ya que comprenden el aire limpio, un clima seguro y estable, unos ecosistemas y una biodiversidad saludables, un suministro de agua seguro y suficiente, una alimentación saludable y sostenible y un entorno no tóxico.

65.El Comité considera que, para que los niños puedan hacer efectivo este derecho, los Estados deberían adoptar las siguientes medidas, de forma inmediata:

a)Mejorar la calidad del aire, reduciendo tanto la contaminación del aire exterior como la interior, para prevenir la mortalidad infantil, en particular la de los niños menores de 5 años;

b)Garantizar el acceso a un abastecimiento seguro y suficiente de agua, al saneamiento y a ecosistemas acuáticos saludables, a fin de evitar la propagación de enfermedades de origen hídrico entre los niños;

c)Transformar la agricultura y la pesca industriales, de manera que produzcan alimentos saludables y sostenibles con los que prevenir la malnutrición y promover el crecimiento y el desarrollo de los niños;

d)Eliminar de forma gradual y equitativa el uso de carbón, petróleo y gas natural, conseguir una transición justa en lo que atañe a las fuentes de energía e invertir en energías renovables, almacenamiento de energía y eficiencia energética, con el fin de hacer frente a la crisis climática;

e)Conservar, proteger y restaurar la biodiversidad;

f)Prevenir la contaminación del mar, prohibiendo la introducción directa e indirecta en el medio marino de sustancias peligrosas para la salud de los niños y los ecosistemas marinos;

g)Regular rigurosamente y erradicar, según proceda, la producción, venta, uso y vertido de sustancias tóxicas que tengan efectos adversos desproporcionados para la salud de los niños, en particular las sustancias que sean neurotóxicas para el desarrollo.

66.Los elementos de procedimiento, como el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y un acceso a la justicia adaptado a los niños y dotado de recursos efectivos, son de igual importancia para el empoderamiento de los niños, también mediante la educación, a fin de que se conviertan en agentes de su propio destino.

67.Los Estados deberían incorporar a su legislación nacional el derecho del niño a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, y adoptar las medidas necesarias para hacerlo efectivo, con el fin de reforzar la rendición de cuentas. Ese derecho debe tenerse en cuenta en todas las decisiones y medidas que afecten a los niños, como las políticas en materia de educación, ocio, juego, acceso a espacios verdes, protección infantil, salud infantil y migración, así como a los marcos nacionales para la aplicación de la Convención.

IV.Medidas generales de aplicación (art. 4)

A.Obligación de los Estados de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos del niño

68.Los Estados deben procurar un medio ambiente limpio, saludable y sostenible a fin de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos del niño. El cumplimiento de la obligación de respetar los derechos del niño exige que los Estados se abstengan de violar dichos derechos como consecuencia de haber ocasionado daños ambientales. Deben proteger a los niños de los daños ambientales atribuibles a otras fuentes y a terceros, entre otras vías, mediante la regulación de las empresas. Los Estados partes también tienen la obligación de prevenir y corregir los efectos de los peligros ambientales sobre los derechos del niño, incluso cuando tales amenazas escapen al control humano, por ejemplo, estableciendo sistemas inclusivos de alerta temprana. Los Estados deben tomar medidas urgentes para cumplir su obligación de facilitar, promover y permitir que los niños puedan disfrutar de sus derechos, incluido el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, a través, por ejemplo, de la transición a energías limpias y la aprobación de estrategias y programas para asegurar el uso sostenible de los recursos hídricos.

69.Los Estados tienen la obligación de actuar con la diligencia debida a fin de adoptar medidas preventivas adecuadas para proteger a los niños contra los daños ambientales que sean razonablemente previsibles y contra las violaciones de sus derechos, prestando la debida consideración al principio de precaución. Esto incluye evaluar los impactos ambientales de las políticas y proyectos, detectar y evitar los daños previsibles, atenuarlos si no se pueden prevenir y proporcionar recursos efectivos de forma oportuna, para solucionar tanto los daños previsibles como los que ya se han producido.

70.Los Estados también están obligados a respetar, proteger y hacer efectivos aquellos derechos del niño que guardan relación con el medio ambiente. La obligación de respetar esos derechos obliga a los Estados a abstenerse de toda acción que limite el derecho del niño a expresar su opinión sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente y de entorpecer el acceso a información ambiental rigurosa, así como a proteger a los niños de la desinformación sobre los riesgos ambientales y del riesgo de sufrir violencia u otras represalias. La obligación de hacer efectivos los derechos hace necesario que los Estados combatan las actitudes sociales negativas sobre el derecho del niño a ser escuchado y faciliten su participación efectiva en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente.

71.Los Estados deben actuar de forma deliberada, concreta y específica para asegurar el disfrute pleno y efectivo de los derechos del niño relacionados con el medio ambiente, incluido el derecho a un medio ambiente saludable, en particular elaborando leyes, políticas, estrategias y planes de base científica y acordes con las directrices internacionales pertinentes en materia de salud y seguridad ambientales, y absteniéndose de adoptar medidas regresivas que protejan menos a los niños.

72.Los Estados están obligados a dedicar el máximo de recursos financieros, naturales, humanos, tecnológicos, institucionales e informativos de que dispongan a hacer efectivos los derechos del niño relacionados con el medio ambiente y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

73.A reserva de las obligaciones derivadas del derecho internacional, incluidas las contenidas en los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente en los que sean parte, los Estados pueden ejercer su discrecionalidad para encontrar un equilibrio razonable entre la determinación de los niveles adecuados de protección del medio ambiente y la consecución de otros objetivos sociales, en función de los recursos disponibles. Sin embargo, dicho margen de maniobra queda limitado por las obligaciones que la Convención impone a los Estados. Los niños tienen una probabilidad mucho mayor que los adultos de sufrir daños graves, como secuelas irreversibles y permanentes o la muerte, a consecuencia de la degradación ambiental. Por lo tanto, teniendo en cuenta su acusado deber de diligencia, los Estados deberían establecer y aplicar normas ambientales para proteger a los niños de repercusiones desproporcionadas y a largo plazo.

74.Los Estados deberían asegurarse de recopilar datos y estudios fidedignos, actualizados periódicamente y desglosados sobre los daños ambientales, que incluyan los riesgos y las consecuencias reales que los daños relacionados con el cambio climático tienen sobre los derechos del niño. Deberían contar con datos longitudinales acerca de los efectos del daño ambiental sobre los derechos del niño, en particular sobre la salud, la educación y el nivel de vida a distintas edades. Dichos datos y estudios deberían servir de base para formular y evaluar leyes, políticas, programas y planes ambientales en todos los niveles, y deben ponerse a disposición de la ciudadanía.

B.Evaluación del impacto sobre los derechos del niño

75.Todas las leyes, políticas, proyectos, reglamentos, presupuestos y decisiones relacionados con el medio ambiente que se propongan o que ya estén en vigor deben ser objeto de una rigurosa evaluación del impacto sobre los derechos del niño, tal como se establece en el artículo 3, párrafo 1, de la Convención. Los Estados deberían exigir que se evalúe, antes y después de su aplicación, su impacto directo e indirecto sobre el medio ambiente y el clima, prestando también atención a los efectos transfronterizos, acumulados, tanto de producción como de consumo, sobre el disfrute de los derechos del niño.

76.Independientemente de que las evaluaciones del impacto sobre los derechos del niño formen parte del marco de una evaluación del impacto ambiental o integrada o se lleven a cabo por separado, deben tener especialmente en cuenta los efectos diferenciales que las decisiones relativas al medio ambiente tienen sobre los niños, en particular sobre los niños pequeños y otros grupos de niños más expuestos, en relación con todos los derechos pertinentes reconocidos en la Convención, en particular los impactos a corto, medio y largo plazo, los impactos combinados e irreversibles, los impactos interactivos y acumulados y los impactos en las diferentes etapas de la infancia. A título de ejemplo, los Estados con un importante sector de combustibles fósiles deben evaluar el impacto social y económico de sus decisiones en ese ámbito en los niños.

77.Las evaluaciones del impacto sobre los derechos del niño deberían realizarse en la fase más temprana posible del proceso de toma de decisiones, en las etapas clave de la toma de decisiones y cuando se revisen las medidas que se hayan adoptado. Tales evaluaciones deberían contar con la participación de los niños y se debería tener debidamente en cuenta tanto su opinión como la de los expertos temáticos. Las conclusiones deberían publicarse en un lenguaje adaptado a los niños y en las lenguas que estos utilizan.

C.Derechos del niño y sector empresarial

78.Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos del niño relacionados con el medio ambiente. Los Estados tienen la obligación de proteger a los niños contra la vulneración de sus derechos por terceros, incluidas las empresas.

79.La actividad empresarial es fuente de considerables daños ambientales, lo que favorece que se vulneren los derechos de los niños. Estos daños se derivan, por ejemplo, de la producción, uso, emisión y eliminación de sustancias peligrosas y tóxicas, la extracción y quema de combustibles fósiles, la contaminación industrial del aire y el agua y las prácticas agrícolas y pesqueras insostenibles. Las empresas son una importante fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, que repercuten negativamente en los derechos del niño, y de vulneraciones a corto y largo plazo de sus derechos ligadas a las consecuencias del cambio climático. Las repercusiones de las actividades y operaciones empresariales pueden reducir la capacidad de los niños y sus familias para adaptarse a los efectos del cambio climático, por ejemplo, en los lugares donde se han degradado las tierras, con el consiguiente agravamiento del estrés climático. Los Estados deberían fortalecer la efectividad de los derechos del niño compartiendo y haciendo accesibles las tecnologías existentes y ejerciendo presión sobre las operaciones empresariales y las cadenas de valor para prevenir el cambio climático, mitigarlo y adaptarse a él.

80.Los Estados tienen la obligación de establecer un marco para hacer que las empresas respeten los derechos del niño, por medio de leyes, reglamentos, control del cumplimiento y políticas, así como de medidas correctivas y de vigilancia, coordinación, colaboración y sensibilización, que sean eficaces y tengan en cuenta a los niños. Los Estados deberían exigir a las empresas que procedan con la diligencia debida en lo que respecta a los derechos del niño, a fin de detectar, evitar y mitigar el impacto de sus actividades sobre el medio ambiente y los derechos del niño, y rendir cuentas al respecto. La diligencia debida es un proceso basado en el riesgo, que consiste en concentrar los esfuerzos allí donde existan riesgos graves y probables de daños ambientales, prestando especial atención a la exposición al riesgo de determinados grupos de niños, como los niños que trabajan. Si se establece la condición de víctimas de los niños, deben tomarse medidas de inmediato para evitar que su salud y desarrollo se sigan viendo afectados y para reparar adecuada y eficazmente el daño causado, de forma oportuna y efectiva.

81.El Comité recomienda a las empresas que elaboren, en colaboración con las partes interesadas, incluidos los niños, procedimientos de diligencia debida que permitan integrar en sus operaciones evaluaciones del impacto sobre los derechos del niño. Las normas de comercialización deben evitar que las empresas confundan a los consumidores, en particular a los niños, mediante prácticas de ecoimpostura o de un falso ecologismo, al hacer gala de iniciativas falsas de prevención o mitigación de daños ambientales.

D.Acceso a la justicia y los recursos jurídicos

82.Deberían existir recursos efectivos para reparar las violaciones y promover la justicia social. A pesar de que los niños han estado a la vanguardia de varios casos relacionados con el medio ambiente y el cambio climático y de que la Convención los reconoce como titulares de derechos, debido a su condición, en muchos Estados se topan con barreras que les deniegan la legitimación jurídica, con lo que sus posibilidades de hacer valer sus derechos en el contexto ambiental se ven limitadas.

83.Los Estados deberían facilitar a los niños vías de acceso a la justicia, como mecanismos de denuncia adaptados a los niños, que respondan a las cuestiones de género y sean inclusivos de las personas con discapacidad, de manera que, en caso de que se produzca una violación de sus derechos a causa de daños ambientales, puedan recurrir a mecanismos judiciales, cuasijudiciales y extrajudiciales eficaces, como las instituciones nacionales de derechos humanos centradas en los niños. Para ello, hay que eliminar las barreras que impiden a los niños entablar procedimientos por sí solos, revisar las normas de legitimación y asignar a las instituciones nacionales de derechos humanos el mandato de recibir denuncias de niños.

84.Deberían existir mecanismos para denunciar daños inminentes o previsibles y violaciones pasadas o actuales de los derechos del niño. Los Estados deberían asegurarse de que esos mecanismos sean fácilmente accesibles para todos los niños sujetos a su jurisdicción, sin discriminación, incluidos los niños que se encuentren fuera de su territorio y se vean afectados por daños transfronterizos resultantes de actos u omisiones de los Estados ocurridos dentro de su territorio.

85.Los Estados deberían permitir la presentación de demandas colectivas, como acciones colectivas o litigios de interés público, y ampliar los plazos de prescripción de las violaciones de los derechos del niño ligadas a los daños ambientales.

86.La complejidad de los casos de daños ambientales provocados por efectos transfronterizos, de sus causas y de los impactos acumulados hace necesario contar con una representación letrada eficaz. Los litigios a menudo llevan mucho tiempo, y los organismos supranacionales suelen exigir que, antes de presentar una denuncia, se hayan agotado los recursos internos. Los niños deben tener acceso a asistencia letrada y de otro tipo sin costo alguno, incluida la asistencia jurídica y la representación letrada efectiva, y se les debe dar la oportunidad de ser oídos en todo procedimiento judicial o administrativo que los afecte. Los Estados deberían considerar la posibilidad de adoptar medidas adicionales para reducir los costos que supone para los niños interponer recursos, por ejemplo, protegiéndolos de las condenas en costas, con el fin de limitar el riesgo financiero que corren los niños que interponen demandas de interés público sobre cuestiones ambientales.

87.A fin de reforzar la rendición de cuentas y promover el acceso de los niños a la justicia en cuestiones ambientales, los Estados deben estudiar opciones para que los niños que presenten una demanda para demostrar la existencia de una relación de causa-efecto, en un contexto de numerosas variables e información deficiente, no tengan que soportar la onerosa carga de la prueba.

88.Los niños pueden experimentar dificultades especiales para acceder a recursos jurídicos en los casos relacionados con empresas que puedan estar causando conculcaciones de sus derechos o contribuyendo a ellas, sobre todo en lo que respecta a consecuencias transfronterizas y de escala mundial. Los Estados tienen la obligación de establecer mecanismos judiciales y extrajudiciales para facilitar el acceso a recursos efectivos en los casos de vulneraciones de los derechos del niño cometidos por empresas, incluso los ocurridos como resultado de sus actividades y operaciones de carácter extraterritorial, siempre que exista un vínculo razonable entre el Estado y la conducta de que se trate. Según lo estipulado en las normas internacionales, se espera que las empresas se doten de mecanismos de reclamación efectivos para los niños que hayan sido víctimas de tales abusos, o que participen en mecanismos a esos efectos. Los Estados también deberían asegurar la existencia de organismos reguladores, seguir de cerca las vulneraciones y proporcionar recursos jurídicos adecuados en los casos en que se produzcan violaciones de los derechos del niño derivadas de daños ambientales.

89.Para que una reparación sea adecuada debe incluir la restitución, una indemnización suficiente, la satisfacción, la rehabilitación y garantías de no repetición, tanto en lo que respecta al medio ambiente como a los niños afectados, así como el acceso a asistencia médica y psicológica. Los mecanismos de reparación deberían tener en cuenta la especial vulnerabilidad de los niños a los efectos de la degradación ambiental, en particular la posibilidad de que el daño sea irreversible y se prolongue durante toda la vida. La reparación debería ser rápida, a fin de limitar las violaciones actuales y futuras. Se recomienda aplicar formas novedosas de reparación, como las órdenes de creación de comités intergeneracionales, en los que los niños participen de forma activa, con el fin de dictaminar y supervisar la aplicación rápida de medidas destinadas a mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse a ellos.

90.Habría que facilitar el acceso a los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos aplicables, entre otras cosas mediante la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. Debería informarse ampliamente sobre estos mecanismos y sobre su uso a los niños, los padres, los cuidadores y los profesionales que trabajan con y para los niños.

E.Cooperación internacional

91.Los Estados tienen la obligación de actuar, por separado y conjuntamente, a través de la cooperación internacional, para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos del niño. El artículo 4 de la Convención pone de relieve que la aplicación de esta es una actividad de cooperación para todos los Estados del mundo, y que la plena efectividad de los derechos del niño conforme a la Convención dependerá en parte de la forma en que los Estados interactúen. El cambio climático, la contaminación y la pérdida de diversidad biológica son ejemplos claros y urgentes de amenazas mundiales para los derechos del niño, que exigen la cooperación más amplia posible de todos los países y su participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada. Las obligaciones que incumben a cada Estado en materia de cooperación internacional dependen, en parte, de su situación. En el contexto del cambio climático, esas obligaciones se orientando según proceda en función de las emisiones históricas y actuales de gases de efecto invernadero, así como del concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas y de la capacidad respectiva de los Estados, atendiendo a las diferentes circunstancias nacionales, al tiempo que requieren que los Estados desarrollados presten asistencia técnica y financiera a los Estados en desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención. Los Estados deberían cooperar a escala internacional para asegurar la conformidad entre las normas que rigen el reconocimiento y la aplicación de los derechos del niño y los procedimientos de diligencia debida en materia de medio ambiente.

92.La mayoría de los Estados desarrollados se han comprometido a respaldar las medidas dirigidas a solucionar los problemas ambientales interrelacionados de escala mundial que afectan a los países en desarrollo, facilitando para ello la transferencia de tecnología verde y ayudando a financiar medidas ambientales, en consonancia con los objetivos de financiación en materia climática y de biodiversidad acordados a escala internacional. La Convención debería ser un elemento central de las decisiones globales relativas al medio ambiente, lo que incluye las estrategias internacionales de los Estados en materia de mitigación, adaptación y daños y pérdidas. Los programas ambientales de los Estados donantes deberían estar basados en los derechos, mientras que los Estados que reciben financiación y asistencia ambiental internacional deberían considerar la posibilidad de destinar una parte sustancial de esa ayuda expresamente a programas destinados a los niños. Es necesario revisar y actualizar las directrices de aplicación, para tener en cuenta las obligaciones de los Estados respecto a los derechos del niño.

93.Los Estados deberían asegurarse de que las medidas ambientales respaldadas por los mecanismos internacionales de financiación ambiental y las organizaciones internacionales respeten y protejan los derechos del niño y traten de hacerlos efectivos de forma proactiva. Los Estados deberían incluir normas y procedimientos de evaluación del riesgo de causar daños a los niños, cuando planifiquen y ejecuten nuevos proyectos relacionados con el medio ambiente, y adoptar medidas para mitigar el riesgo de daños, de conformidad con la Convención y sus Protocolos Facultativos. Deberían asimismo cooperar para apoyar la implantación y aplicación de procedimientos y mecanismos que faciliten el acceso a recursos efectivos en caso de que se violen los derechos del niño en este contexto.

94.Los Estados tendrían que cooperar de buena fe para establecer y financiar iniciativas mundiales para hacer frente a los daños ambientales que sufran las personas en situación de vulnerabilidad, con especial atención a la salvaguarda de los derechos del niño dada su especial vulnerabilidad a los riesgos relacionados con el medio ambiente, y para paliar las devastadoras consecuencias que la alteración del clima, tanto súbita como de evolución lenta, tiene para los niños, sus comunidades y sus naciones. Los Estados deberían cooperar para invertir en la prevención de conflictos y en iniciativas de mantenimiento de la paz que contribuyan positivamente a mitigar cualquier daño ambiental a los niños que pudiera derivarse de un conflicto armado, y deberían tener en cuenta las opiniones de los niños en los procesos de establecimiento de la paz y consolidación de la paz.

V.Cambio climático

A.Mitigación

95.El Comité insta a todos los Estados a que adopten medidas colectivas urgentes para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, en consonancia con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Más concretamente, son los principales emisores, tanto históricos como actuales, los que deberían liderar los esfuerzos de mitigación.

96.Los avances insuficientes en el cumplimiento de los compromisos internacionales para limitar el calentamiento global entrañan una mayor exposición de los niños a los daños permanentes y en rápido aumento derivados de unas concentraciones más elevadas de emisiones de gases de efecto invernadero y de los consiguientes aumentos de la temperatura. Los científicos alertan sobre los puntos de inflexión, o umbrales a partir de los cuales ya es imposible evitar determinados efectos, que entrañan riesgos graves e inciertos para los derechos del niño. Si se quiere evitar llegar a esos puntos de inflexión, es necesario adoptar medidas urgentes y ambiciosas para reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

97.Los objetivos y las medidas de mitigación deberían basarse en la mejor información científica disponible y revisarse periódicamente para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de carbono a más tardar en 2050, de forma que se eviten daños a los niños. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha señalado la necesidad imperiosa de acelerar los esfuerzos de mitigación a corto plazo, para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y que la cooperación internacional, la equidad y los enfoques basados en los derechos son fundamentales para alcanzar objetivos ambiciosos de mitigación del cambio climático.

98.Al valorar si sus medidas de mitigación se ajustan a la Convención, y teniendo presente también la necesidad de prevenir y corregir los posibles efectos adversos de dichas medidas, los Estados deberían tener en cuenta los siguientes criterios:

a)Los objetivos y medidas de mitigación deberían indicar claramente de qué modo respetan, protegen y hacen efectivos los derechos del niño consagrados en la Convención. Los Estados deberían centrarse de forma transparente y expresa en los derechos del niño al preparar, comunicar y actualizar las contribuciones determinadas a nivel nacional. Esta obligación también es aplicable a otros instrumentos, como los informes bienales de transparencia, los procesos de evaluación y examen internacional y los procesos de consulta y análisis internacional;

b)Los Estados tienen la responsabilidad individual de mitigar el cambio climático para cumplir las obligaciones que les imponen la Convención y el derecho internacional del medio ambiente, en particular el compromiso contenido en el Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales para 2030. Las medidas de mitigación deben reflejar la parte equitativa que corresponde a cada Estado parte en las iniciativas mundiales dirigidas a mitigar el cambio climático, en función de la reducción total necesaria para proteger contra la persistencia y el agravamiento de las violaciones de los derechos del niño. Cada Estado, y todos ellos conjuntamente, deberían seguir reforzando los compromisos climáticos, con la mayor ambición posible y de acuerdo con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. Los Estados de renta alta deberían seguir encabezando los esfuerzos adoptando metas absolutas de reducción de emisiones absolutas para el conjunto de la economía, y todos los Estados deberían aumentar sus esfuerzos de mitigación, a la luz de sus diferentes circunstancias nacionales, a fin de proteger al máximo los derechos del niño;

c)Las sucesivas medidas de mitigación y las promesas actualizadas deben ser representativas de los esfuerzos progresivos de los Estados a lo largo del tiempo, y habría que tener en cuenta que el plazo para evitar un cambio climático de consecuencias catastróficas y daños a los derechos de los niños es más breve y requiere medidas de carácter urgente;

d)Las medidas de mitigación a corto plazo deberían tomar en consideración el hecho de que retrasar una rápida eliminación gradual de los combustibles fósiles dará lugar a un aumento de las emisiones acumuladas y, por tanto, a mayores daños previsibles para los derechos del niño;

e)Las medidas de mitigación no pueden basarse en que en el futuro se conseguirá eliminar los gases de efecto invernadero de la atmósfera a través de tecnologías no probadas. Los Estados deberían dar prioridad a la reducción rápida y efectiva de las emisiones en la actualidad a fin de favorecer que los niños disfruten plenamente de sus derechos lo antes posible y evitar que se causen daños irreversibles a la naturaleza.

99.Como medida de mitigación para evitar que se produzcan más daños y riesgos, los Estados deberían dejar de subvencionar a agentes públicos o privados que inviertan en actividades e infraestructuras incompatibles con la transición hacia un bajo nivel de emisión de gases de efecto invernadero.

100.Los Estados desarrollados deberían ayudar a los países en desarrollo a planificar y aplicar medidas de mitigación, a fin de ayudar a los niños en situación de vulnerabilidad. Esta ayuda podría incluir el compartir información y conocimientos financieros y técnicos, además de otras medidas de fomento de la capacidad que contribuyan de forma expresa a prevenir los daños causados a los niños por el cambio climático.

B.Adaptación

101.En vista de la intensificación de los efectos del cambio climático sobre los derechos del niño, es necesario acelerar de forma urgente y drástica el diseño y la aplicación de medidas de adaptación que tengan en cuenta a los niños, que respondan a las cuestiones de género y sean inclusivas de las personas con discapacidad, y de los correspondientes recursos. Los Estados deberían detectar las vulnerabilidades relacionadas con el cambio climático que afectan a los niños en lo que respecta a la disponibilidad, calidad, equidad y sostenibilidad de servicios esenciales para los niños, como el agua y el saneamiento, la atención de la salud, la protección, la nutrición o la educación. Los Estados deberían reforzar la resiliencia climática de sus marcos jurídicos e institucionales y asegurarse de que sus planes nacionales de adaptación y las políticas sociales, ambientales y presupuestarias existentes tengan en cuenta los factores de riesgo relacionados con el cambio climático, ayudando a los niños sujetos a su jurisdicción a adaptarse a los efectos inevitables del cambio climático. Entre estas medidas cabe citar reforzar los sistemas de protección infantil en contextos de riesgo, proporcionar un acceso suficiente al agua, el saneamiento y la atención de la salud, así como a entornos escolares seguros, y fortalecer las redes de protección social y los marcos de protección, al tiempo que se da prioridad al derecho del niño a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Los ecosistemas saludables y la biodiversidad también son importantes para fomentar la resiliencia y la reducción del riesgo de desastres.

102.Al adoptar medidas de adaptación, incluidas las de reducción del riesgo de desastres, preparación, respuesta y recuperación, deben tenerse debidamente en cuenta las opiniones de los niños. Estos deberían estar preparados para comprender las consecuencias que las decisiones relacionadas con el clima tienen sobre sus derechos y tener la oportunidad de participar de forma efectiva y genuina en los procesos de toma de decisiones. Ni al diseñar ni al aplicar medidas de adaptación se debe discriminar a los grupos de niños en situación de mayor riesgo, como los niños pequeños, las niñas, los niños con discapacidad, los niños en situación de migración, los niños indígenas y los niños en situación de pobreza o conflicto armado. Los Estados deberían adoptar medidas adicionales para que los niños en situación de vulnerabilidad que se vean afectados por el cambio climático puedan disfrutar de sus derechos, en particular combatiendo las causas subyacentes de la vulnerabilidad.

103.Las medidas de adaptación deberían estar orientadas a reducir los impactos a corto y largo plazo, por ejemplo preservando los medios de subsistencia, protegiendo las escuelas o desarrollando sistemas sostenibles de gestión del agua. Entre las medidas necesarias para proteger los derechos del niño a la vida y a la salud frente a amenazas inminentes, como los fenómenos meteorológicos extremos, se incluyen la creación de sistemas de alerta temprana y el reforzamiento de la seguridad física y la resistencia de las infraestructuras, entre ellas las escolares, las de agua y saneamiento y las sanitarias, al objeto de reducir el riesgo de verse expuesto a amenazas relacionadas con el cambio climático. Los Estados deberían elaborar planes de respuesta para casos de emergencia, por ejemplo medidas para proporcionar sistemas de alerta temprana inclusivos, asistencia humanitaria y acceso a alimentos, agua y saneamiento para todas las personas. Al formular medidas de adaptación, también deberían tenerse en cuenta las correspondientes normas nacionales e internacionales, como las contenidas en el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Los marcos de adaptación deberían ocuparse de la migración y los desplazamientos provocados por el cambio climático y prever disposiciones que permitan asegurar que estas cuestiones se abordan desde el punto de vista de los derechos del niño. En caso de que surjan amenazas inminentes de daños relacionados con el cambio climático, como fenómenos meteorológicos extremos, los Estados tendrían que asegurarse de difundir inmediatamente toda la información que permita a los niños y a sus cuidadores y comunidades adoptar medidas de protección. Los Estados deberían aumentar el conocimiento que tienen los niños y sus comunidades de las medidas de reducción y prevención del riesgo de desastres.

C.Pérdidas y daños

104.En el Acuerdo de París, las partes señalaron la importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático. Los efectos adversos del cambio climático han provocado importantes pérdidas y daños desde el punto de vista de los derechos humanos, sobre todo en los países en desarrollo.

105.Las pérdidas y daños relacionados con el clima pueden afectar a los niños y a sus derechos tanto de manera directa como indirecta. Entre los efectos directos figuran los casos en que se produce una violación de los derechos recogidos en la Convención, bien por fenómenos meteorológicos extremos repentinos, como las inundaciones o las lluvias intensas, bien por fenómenos de evolución lenta, como las sequías. Los efectos indirectos pueden incluir situaciones en las que los Estados, las comunidades o los padres y madres se vean obligados a reasignar recursos de proyectos que tenían previstos, como los relativos a la educación o la atención de la salud, para hacer frente a crisis ambientales.

106.A este respecto, es crucial reconocer las pérdidas y daños como un tercer pilar de la acción climática, junto con la mitigación y la adaptación. Se alienta a los Estados a tomar nota de que, desde el punto de vista de los derechos humanos, las pérdidas y los daños están estrechamente relacionados con el derecho al recurso y el principio de reparación, que incluye la restitución, la indemnización y la rehabilitación. Los Estados deberían adoptar medidas, incluso a través de la cooperación internacional, para proporcionar asistencia financiera y técnica destinada a reparar las pérdidas y los daños que afecten al disfrute de los derechos enunciados en la Convención.

D.Empresas y cambio climático

107.Los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias, convenientes y razonables para proteger contra los daños a los derechos del niño derivados del cambio climático que causen o perpetúen las empresas, y estas, a su vez, tienen la responsabilidad de respetar los derechos del niño relacionados con el cambio climático. Los Estados deberían velar por que las empresas reduzcan rápidamente sus emisiones y exigir a estas, y también a las instituciones financieras, que realicen evaluaciones del impacto ambiental y pongan en práctica procedimientos de diligencia debida con respecto a los derechos del niño para asegurarse de que detecten, prevengan mitiguen los efectos adversos, reales y potenciales, del cambio climático sobre los derechos del niño, incluidos los derivados de actividades relacionadas con la producción y el consumo y los resultantes de sus cadenas de valor y operaciones mundiales, y asuman su responsabilidad al respecto.

108.Los Estados de origen tienen la obligación de hacer frente a los daños y riesgos relacionados con el cambio climático que puedan afectar a los derechos del niño en el contexto de las actividades y operaciones extraterritoriales de las empresas, siempre que exista un vínculo razonable entre el Estado y la conducta en cuestión, y deben permitir el acceso a recursos efectivos en caso de que se violen dichos derechos. Para ello, deben cooperar para lograr que las empresas con actividades transnacionales cumplan las normas ambientales aplicables, con el fin de proteger los derechos del niño frente a los daños relacionados con el cambio climático, y ayudar y cooperar a nivel internacional en las investigaciones y la aplicación de los procedimientos en otros Estados.

109.Los Estados deberían incentivar la inversión sostenible en energías renovables, almacenamiento de energía y eficiencia energética, así como su uso, en particular por parte de las empresas de titularidad o control estatal y las que se benefician en gran medida del apoyo y los servicios de los organismos públicos. Los Estados deberían aplicar una fiscalidad progresiva e imponer requisitos estrictos de sostenibilidad en la contratación pública. Pueden asimismo fomentar el control comunitario sobre la generación, gestión, transmisión y distribución de energía, a fin de ampliar el acceso y la asequibilidad de las tecnologías renovables y el suministro de productos y servicios energéticos sostenibles, especialmente a nivel comunitario.

110.Los Estados deberían asegurarse de que las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos comerciales o de inversión no mermen su capacidad de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, así como de velar por que esos acuerdos promuevan reducciones rápidas de las emisiones de gases de efecto invernadero y otras medidas encaminadas a mitigar las causas y los efectos del cambio climático, entre otras cosas facilitando las inversiones en energías renovables. Habría que evaluar periódicamente los efectos relacionados con el cambio climático que la aplicación de los acuerdos tiene sobre los derechos del niño y adoptar las medidas correctivas que sean necesarias.

E.Financiación para el clima

111.Tanto los proveedores internacionales de financiación para el clima como los Estados receptores deben asegurarse de que los mecanismos de financiación para el clima se apoyen en un enfoque basado en los derechos del niño, tal como establecen la Convención y sus Protocolos Facultativos. Los Estados deberían velar por que los mecanismos de financiación para el clima defiendan los derechos del niño y se abstengan de vulnerarlos, aumenten la coherencia estratégica entre las obligaciones relacionadas con los derechos del niño y otros objetivos, como el desarrollo económico, y delimiten mejor las funciones de las distintas partes interesadas en la financiación para el clima, como los Gobiernos, las instituciones financieras, incluidos los bancos, las empresas y las comunidades afectadas, especialmente los niños.

112.De acuerdo con el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y con las respectivas capacidades, la lucha contra el cambio climático debe tener en cuenta las circunstancias nacionales de cada Estado. Los Estados desarrollados deberían cooperar con los Estados en desarrollo con miras a proporcionar una financiación para la acción climática que defienda los derechos del niño, en consonancia con los compromisos internacionales que los Estados han asumido en materia climática. En concreto, pese al vínculo existente entre diversos mecanismos de financiación, incluidos los que favorecen el desarrollo sostenible, la financiación para el clima proporcionada por los Estados desarrollados debería ser transparente, agregarse a otros flujos financieros de apoyo a los derechos del niño y contabilizarse debidamente, entre otras cosas evitando problemas de seguimiento como el doble cómputo.

113.Los Estados desarrollados deben resolver de forma urgente y colectiva el actual déficit de financiación para el clima. La actual distribución de la financiación para el clima, excesivamente orientada a la mitigación en detrimento de las medidas de adaptación y relativas a las pérdidas y daños, tiene efectos discriminatorios sobre los niños que residen en entornos donde se necesitan más medidas de adaptación y sobre los niños que se ven afectados por las limitaciones de la adaptación. Los Estados deberían subsanar el déficit mundial de financiación para el clima y asegurarse de que las distintas medidas se financien de forma equilibrada, prestando atención a las medidas relativas a la adaptación, la mitigación, las pérdidas y los daños y a otros medios de aplicación más generales, como la asistencia técnica y el fomento de la capacidad. Al fijar el volumen total de financiación para el clima, los Estados deberían tener en cuenta las necesidades documentadas de las comunidades, sobre todo en lo que respecta a la protección de los niños y sus derechos. La financiación para el clima que se proporciona a los países en desarrollo debería concederse en forma de subvenciones, y no de préstamos, a fin de evitar consecuencias negativas para los derechos del niño.

114.Los Estados deberían asegurar y facilitar el acceso de las comunidades afectadas, especialmente de los niños, a la información sobre las actividades que reciben financiación para el clima, y permitirles presentar reclamaciones por presuntas violaciones de los derechos del niño. Tendrían que delegar la toma de decisiones sobre la financiación para el clima de forma que se refuerce la participación de las comunidades beneficiarias, especialmente de los niños, y supeditar la aprobación y desembolso de la financiación para el clima a una evaluación del impacto sobre los derechos del niño, con el fin de evitar y subsanar la financiación de medidas que puedan propiciar una violación de los derechos del niño.

115.Los niños exigen a los Estados que actúen de forma colectiva. Según apuntan dos niños consultados para la presente observación general: “Los Gobiernos de todos los países deberían colaborar para reducir el cambio climático”. “Tienen que reconocernos y decirnos: ‘Os escuchamos. Esto es lo que vamos a hacer para solucionar el problema’”.