Introducción

El 22 de enero de 1996 Argelia ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Decreto No. 96-51). Cuando presentó su informe inicial (CEDAW/C/DZA/1) los días 21 y 26 de enero de 1999, la delegación de Argelia indicó que, a pesar de las difíciles circunstancias por las que atravesaba, su país había querido presentar ese informe tan sólo dos años después de su adhesión a la Convención para dar testimonio del compromiso del Gobierno de Argelia con la defensa de los derechos humanos y, en particular, los de la mujer, tal y como se definen en la Convención. Durante esa presentación, la delegación de Argelia expuso el programa de reformas políticas y económicas puesto en marcha tras la aprobación de la Constitución del 23 de febrero de 1989 con miras al establecimiento de nuevas instituciones basadas en el pluralismo político, la separación de poderes, la independencia del poder judicial, la libertad de expresión y la apertura a la economía de mercado. También subrayó que, a nivel internacional, el Gobierno de Argelia estaba tratando de agilizar el proceso de adhesión a los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos.

Desde la presentación del informe inicial, los poderes públicos argelinos han proseguido su tarea de consolidación del Estado de derecho, de la democracia pluralista y de la promoción y la protección de los derechos humanos a pesar de las limitaciones derivadas del terrorismo. Así, en el marco de la revisión constitucional del 28 de noviembre de 1996, se crearon nuevas instituciones, se reforzaron los mecanismos de promoción de los derechos humanos ya existentes y se adaptaron a la nueva situación numerosos aspectos de la legislación económica, social y cultural. La Ley de la concordia civil, aprobada por las dos cámaras del Parlamento, recibió, en el referéndum del 16 de septiembre de 1999, la adhesión del 98,63% de los votos emitidos. En el marco de esta dinámica de consolidación del Estado de derecho y de afianzamiento de la democracia, la justicia, la educación y las estructuras y cometidos del Estado han sido objeto de profundas reformas, que han corrido a cargo de Comisiones Nacionales integradas por profesionales y personalidades independientes. Desde entonces, las recomendaciones de esas Comisiones son la base de las medidas que adopta el Gobierno. Por último, sigue desarrollándose el movimiento asociativo, que cuenta cada vez con más apoyo.

El presente informe periódico, presentado en cumplimiento del artículo 18 de la Convención, pasa revista a las distintas medidas adoptadas por los poderes públicos con miras a consolidar los derechos de la mujer en Argelia. El informe pretende ofrecer al Comité un resumen de la situación real de la mujer argelina y de las medidas prácticas que se han aplicado desde que la Convención entró en vigor. En su elaboración han participado varios departamentos ministeriales e instituciones.

De conformidad con las directrices del Comité, el presente informe consta de dos partes. La primera, titulada “Información general”, se refiere a la estructura política general del país y recuerda el marco en el que tiene lugar la lucha contra la discriminación contra la mujer. La segunda parte incluye información sobre las disposiciones de fondo de la Convención respecto de las cuales se han producido modificaciones desde que se redactara el informe inicial.

Primera parteInformación general

Desde que recuperó su independencia en 1962, Argelia se ha esforzado por establecer un Estado basado en la participación popular y respetuoso de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Las distintas Constituciones de Argelia desde su independencia han consagrado los principios universales al respecto. Pero es a partir de la restauración del multipartidismo en 1989 cuando Argelia aceleró el proceso de adhesión a los instrumentos jurídicos internacionales relativos a los derechos humanos. A partir de entonces, presenta regularmente informes, de conformidad con esos compromisos internacionales.

1.Territorio y población

Superficie: 2.380.000 km2; población: 31,04 millones de habitantes al 1º de enero de 2002, de los que 15.334.946 son mujeres. La población se ha triplicado desde la independencia de Argelia. Ingreso por habitante; 1.630 dólares EE.UU. (2001); deuda externa: 22.571 millones de dólares EE.UU. (2001); tasa de desempleo: 28,9%; idioma oficial: árabe; idiomas nacionales: árabe y tamazight; religión: islamismo; esperanza de vida – total: 71,5 años, hombres: 70,03 años, mujeres: 72,8 años; tasa de mortalidad infantil en 2000: niños – 54,2 por mil; n i ñas – 47,8 por mil; total – 51,1 por mil; tasa de mortalidad materna: 117 por 100.000 nacimientos; índice sintético de fecundidad: 2,54 (2000); niños menores de 5 años: 32% (2000); jóvenes de 15 a 24 años: 23%; adultos de 25 a 59 años: 38%; personas de más de 60 años: 7%; población rural: 12.943.686 (41,7%); p o bl a ción urbana: 18.096.326 (58%).

2.Estructura política general

Tras la independencia, Argelia tuvo que afrontar múltiples problemas: repatriación de los refugiados, asistencia social y moral a las familias de las víctimas, reconstrucción nacional en todos sus aspectos, y creación de las estructuras del Estado. En una nación joven, tales desafíos debían ser asumidos por instituciones que era necesario concebir y crear y, además, lograr que funcionaran con eficiencia de inmediato. Tales acciones de recuperación permitieron la escolarización obligatoria de todos, el acceso gratuito a los servicios de salud y una política de pleno empleo.

A partir de 1988 se impuso para Argelia la exigencia de consolidar el Estado de derecho y de efectuar una doble transición (democratización política y liberalización económica). Al igual que en el resto del mundo, esa evolución no se realizó sin dificultades. La construcción de un Estado moderno, de funcionamiento democrático y gestión transparente, tropezó con la inercia interna de la cultura de partido único y con las limitaciones económicas y sociales.

Las reformas políticas iniciadas por los poderes públicos a partir de aquella fecha, tras un largo proceso de diálogo con todos los partidos políticos que respetaban la Constitución y las leyes de la República, desembocó en el establecimiento de instituciones elegidas por sufragio universal. Además, cuando el 28 de noviembre de 1996 se aprobó por referéndum la modificación de la Constitución, se afianzó más el ámbito de las libertades, el pluralismo político, la separación de poderes y la independencia del poder judicial.

Además de la Constitución, hay tres textos fundamentales que favorecen hoy en día la democratización de la actividad pública en Argelia:

a)La Ley de partidos políticos, aprobada en 1989 y modificada en 1997, que ha permitido que en el panorama político aparezcan más de 60 agrupaciones políticas. La decantación que se ha producido desde entonces ha permitido una reorganización que ha desembocado en los 28 partidos existentes hoy en día;

b)La Ley de asociaciones, promulgada en 1988 y modificada en 1990 dispone que las asociaciones se pueden crear mediante una simple declaración de los fundadores, ya sea en la wilaya (prefectura), o en el Ministerio del Interior (si la asociación es de ámbito nacional). Actualmente desarrollan actividades en Argelia cerca de 50.000 asociaciones; algunas de ellas, como las asociaciones de defensa y promoción de los derechos de las mujeres, reivindican el reconocimiento de un estatuto de utilidad pública;

c)La Ley de información, aprobada en 1990, que ha despejado el camino para la aparición de periódicos independientes o de partido, además de la prensa oficial.

Las primeras elecciones pluralistas a la Presidencia de la República se celebraron el 16 de noviembre de 1995. Posteriormente, el 15 de abril de 1999, se celebraron elecciones presidenciales anticipadas. El mandato del Presidente sólo se puede renovar una vez. El Presidente ejerce la magistratura suprema dentro de los límites fijados por la Constitución y designa al Jefe de Gobierno. Este último define su programa y lo somete a la aprobación de la Asamblea Popular Nacional.

El poder legislativo es ejercido por el Parlamento, compuesto por dos cámaras: la Asamblea Popular Nacional y el Consejo Nacional (Senado). El Parlamento controla la actuación del Gobierno y promulga la legislación. La Asamblea Popular Nacional está compuesta actualmente por 389 diputados (de los que 24 son mujeres), tras las elecciones legislativas del 15 de mayo de 2002. Integran la Asamblea nueve partidos políticos y 30 independientes. En la legislatura anterior, resultante de las elecciones del 5 de junio de 1997, la Asamblea contaba con 380 diputados y la integraban 10 partidos políticos y 11 independientes. Por su parte, el Consejo Nacional, creado en diciembre de 1997, tiene 144 escaños. Dos tercios de sus miembros son elegidos por el colegio de miembros de las Asambleas populares municipales y de wilaya y el tercio restante, es decir, 48 miembros, es designado por el Presidente de la República.

El artículo 138 de la Constitución consagra la independencia del poder judicial.

3.Marco jurídico general de la protección de los derechos humanos

3.1Mecanismos de derechos humanos

Argelia cuenta ya con las estructuras básicas de alerta y vigilancia de los derechos humanos. Esas estructuras abarcan tanto los derechos individuales, civiles y políticos, como los derechos colectivos, económicos, sociales y culturales, y consisten en cuatro grandes categorías de mecanismos que funcionan de forma concomitante.

a)Mecanismos políticos

Los mecanismos políticos se organizan en torno al Parlamento que, con sus dos cámaras —la Asamblea Popular Nacional y el Consejo Nacional— constituye al mismo tiempo la expresión institucional de la dimensión democrática del Estado argelino y el receptáculo idóneo para la expresión libre y pluralista de las preocupaciones de los ciudadanos. Las cuestiones relativas a los derechos humanos ocupan un lugar importante en los debates y son estudiadas por las comisiones permanentes creadas para tal fin por ambas cámaras.

La legislación considera a los partidos políticos elementos integrantes de los mecanismos de promoción de los derechos humanos. La Ley de 8 de julio de 1989, modificada en marzo de 1997, sobre los partidos políticos estipula que los estatutos y los programas de los partidos políticos deben enunciar expresamente entre sus objetivos la garantía de los derechos individuales y las libertades fundamentales. El artículo 3 de esa ley estable lo siguiente:

“En todas sus actividades, el partido político tiene que atenerse a los principios y objetivos siguientes:

–El respeto de las libertades individuales y colectivas y el respeto de los derechos humanos;

–El compromiso con la democracia en el respeto de los valores nacionales;

–La adhesión al pluralismo político;

–El respeto del carácter democrático y republicano del Estado.”

b)Mecanismos judiciales

El Estado argelino ha establecido mecanismos judiciales a fin de, por una parte, garantizar los derechos del ciudadano y, por la otra, asegurar la autonomía de las decisiones judiciales. Con este fin, en Argelia el poder judicial se organiza de la siguiente forma: a) el juzgado, a nivel de la daira (subprefectura), b) el tribunal, a nivel de la wilaya (departamento), y c) el Tribunal Supremo, a nivel nacional.

Además, en su artículo 152, la Constitución instituye el Consejo de Estado, órgano regulador de la actividad de las jurisdicciones administrativas, que se creó el 17 de junio de 1998, y está integrado por 44 miembros.

Por último, el Parlamento ha aprobado una ley por la que se crea un tribunal encargado de dirimir los conflictos de competencia entre el Tribunal Supremo y el Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la Constitución.

c)Libertad de prensa

La legislación considera que el derecho a la información y la libertad de prensa constituyen un mecanismo imprescindible de vigilancia y protección de los derechos individuales. A ese respecto, el notable desarrollo de la prensa en Argelia ha hecho de ella un factor real de protección colectiva de los derechos humanos. Actualmente hay 32 periódicos diarios (25 en el momento de la presentación del informe anterior), de los que seis pertenecen al Estado (ocho cuando se presentó el informe anterior), y 26 al sector privado o a los partidos políticos (17 cuando se preparó el informe anterior). En promedio, la tirada total es de 1,5 millones de ejemplares al día. Por lo que respecta a las publicaciones semanales, se publican 43 revistas con una tirada media general de 1,4 millones de ejemplares a la semana. Por último, hay otras 20 publicaciones periódicas, bimensuales o mensuales, con una tirada global de 300.000 ejemplares al mes. El número de lectores se estima en 9 millones por semana.

Contrariamente a lo que afirman algunos medios de comunicación, ningún periodista argelino ha sido condenado por un delito de opinión. Los únicos casos registrados están relacionados con procesos de difamación o de difusión de noticias falsas. Por último, la no publicación de algunos periódicos nacionales es por lo general el resultado de litigios comerciales con las imprentas o de quiebras, como sucede en otros lugares.

La prensa en Argelia, según reconocen incluso las organizaciones internacionales, es una de las más libres del tercer mundo. La Federación Internacional de Periodistas, de cuyo Consejo Ejecutivo es miembro Argelia, está acreditada en Argelia; su oficina para el África septentrional tiene su sede en Argel.

Desde que concluyó el proceso institucional que permitió a Argelia dotarse de todos los instrumentos jurídicos relacionados con el funcionamiento democrático de un Estado de derecho, no se ha emprendido acción judicial alguna contra ningún periódico, aunque los casos de “difamación y ultrajes repetidos” en que estaban implicados algunos diarios justificaban ampliamente el recurso a la justicia para obtener reparación. Cabe afirmar en este contexto que se han levantado las restricciones impuestas en un momento determinado en cuanto al tratamiento de la información relacionada con la seguridad.

Además, en Argelia se acredita periódicamente a periodistas extranjeros. Esa acreditación está a cargo de un mecanismo específico para permitir mayor flexibilidad y rapidez en la tramitación de las solicitudes. Como prueba de la facilidad que los periodistas extranjeros tienen para acceder a Argelia, baste señalar que en 1997 estuvieron acreditados 1.200 de ellos, en 1998 626, en 1999 839, en 2000 706, en 2001 654 y hasta el 30 de septiembre de 2002 593.

Los artículos negativos y, en ocasiones, tendenciosos que han publicado algunos de ellos no han impedido a sus autores visitar en diversas ocasiones Argelia.

d)Mecanismos asociativos y sindicales

Desde 1988 el movimiento asociativo se ha desarrollado considerablemente. En la actualidad existen a nivel nacional cerca de 50.000 asociaciones que realizan actividades en diversos ámbitos. La Constitución argelina reservó un lugar importante a la libertad de asociación en defensa de los derechos humanos. Su artículo 32 garantiza la defensa individual y colectiva de esos derechos y el artículo 41 determina el ámbito de aplicación: libertad de expresión, de asociación y de reunión. La libertad de asociación se aplica, naturalmente, a la esfera política, pero se expresa también a nivel de la protección de los derechos de determinados grupos de población, los derechos de las mujeres, de los niños, de los enfermos, de los discapacitados, de los consumidores y de los usuarios de los servicios públicos. Los poderes públicos fomentan la actividad asociativa mediante diversas subvenciones y facilidades.

La mayoría de las asociaciones cuentan hoy en día con un estatuto, unas bases y una actividad que les permiten integrarse en el movimiento asociativo internacional. Las asociaciones que se ocupan de la promoción de los derechos de la mujer, de la educación o de la lucha contra el analfabetismo son especialmente activas.

La libertad sindical se ha reafirmado en la Constitución y se organiza en el marco de la Ley de 21 de diciembre de 1991. En la segunda parte del presente informe figuran datos más detallados en relación con el artículo 8.

e)Otros mecanismos de defensa y promoción de los derechos humanos

El 9 de octubre de 2001, el Presidente de la República procedió a la puesta en marcha oficial de la Comisión Nacional Consultiva de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, compuesta por 45 miembros de los que 13 son mujeres. Su composición y la designación de sus miembros se basan en el principio del pluralismo sociológico e institucional.

Esa Comisión, creada en virtud del Decreto Presidencial No. 01-71, de 25 de marzo de 2001, es: “una institución independiente que colabora con el Presidente de la República y garantiza la Constitución, los derechos fundamentales de los ciudadanos y las libertades públicas”.

Esta institución nacional es también un órgano de carácter consultivo de vigilancia, alerta temprana y evaluación en relación con el respeto de los derechos humanos.

La Comisión se encarga de examinar las situaciones de violación de los derechos humanos comprobadas o denunciadas y de tomar las medidas pertinentes al respecto. Su misión consiste también en “realizar actividades de sensibilización, información y comunicación social para la promoción de los derechos humanos, promover la investigación, la educación y la enseñanza en esa esfera y formular recomendaciones con miras a mejorar la legislación nacional ...”. Además, la Comisión prepara un informe anual sobre la situación de los derechos humanos que presenta al Presidente de la República.

Esta nueva institución sustituye al Observatorio Nacional de los Derechos Humanos, disuelto en virtud del Decreto Presidencial por el que se creaba la Comisión. Ésta ejerce actividades de mediación que antes corrían a cargo del Mediador de la República.

3.2Tratados internacionales y ordenamiento interno

Los compromisos internacionales de Argelia tienen primacía sobre la legislación nacional. El Consejo Nacional, en una decisión de fecha 20 de agosto de 1989, confirmó el principio constitucional según el cual los tratados internacionales ratificados tienen primacía sobre la legislación interna. En la decisión se enuncia expresamente que “después de su ratificación y a partir de su publicación, toda convención se integra en el derecho nacional y, en aplicación del artículo 132 de la Constitución, adquiere una autoridad superior a la de la ley, y autoriza a cualquier ciudadano argelino a valerse de ella ante las jurisdicciones administrativas”. Por consiguiente, cuando un particular haya agotado los recursos internos disponibles, está garantizado su acceso a los mecanismos de salvaguardia establecidos por el Comité de Derechos Humanos o por el Comité contra la Tortura.

Las autoridades argelinas, la Comisión Nacional Consultiva de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CNCPPDH), las asociaciones y los medios de difusión tienen muy presente la posibilidad de recurrir a los mecanismos internacionales. En la práctica, los ciudadanos argelinos y sus abogados parecen conformarse con utilizar las múltiples vías de recursos internos existentes (tribunales, CNCPPDH).

4.Información y publicidad

La ratificación por Argelia de los instrumentos internacionales de derechos humanos ha sido objeto de gran publicidad en los medios de difusión nacionales en el momento en que tales instrumentos se han sometido a la consideración de la Asamblea Nacional para su aprobación. Todos los textos ratificados han sido publicados en el Boletín Oficial de la República de Argelia.

Además de los coloquios y seminarios organizados regularmente sobre este tema, la celebración anual del Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, brinda también la ocasión de dar a conocer los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos en los que Argelia es parte. Asimismo, el 8 de marzo y el 1º de junio son fechas que permiten reafirmar el lugar y la función de la mujer y el niño en la sociedad.

En la universidad, el módulo “Libertades públicas”, que se enseñaba en las facultades de derecho, se ha actualizado a fin de tener en cuenta las novedades internacionales y las nuevas adhesiones. Algunas universidades (por ejemplo, las de Orán, Tizi-Ouzou y Annaba) ya han creado módulos específicos. Se imparten conceptos de derechos humanos a los alumnos del Instituto Nacional de la Magistratura, la Escuela Superior de Policía y la Escuela Nacional de Administración Penitenciaria.

En la Universidad de Orán se ha creado una cátedra UNESCO de Derechos Humanos. Esa estructura pedagógica, inaugurada en diciembre de 1995, tiene el propósito de organizar y promover un sistema integrado de investigación, formación, información y documentación sobre los derechos humanos. Dicha cátedra está preparando un curso específico relativo a los “derechos humanos”. Asimismo, organiza regularmente jornadas de estudio sobre derechos humanos y derecho humanitario, cuyos resultados se publican. Por su parte, el Observatorio Nacional de los Derechos Humanos difunde los principios de los derechos humanos contenidos en la legislación nacional y los instrumentos internacionales en los que Argelia es parte. Las actividades de difusión de este órgano se traducen, en particular, en la publicación de revistas y la organización y el patrocinio de seminarios, exposiciones y jornadas de estudio en colaboración con el movimiento asociativo.

Desde el principio del decenio, Argelia está viviendo un período de transición que tiene dos dimensiones. Se trata de la transición hacia la democracia pluralista y la economía de mercado; esta transición compleja adolece de ciertas dificultades debidas esencialmente a la situación de la economía nacional y al contexto económico internacional desfavorable. Estas dificultades económicas han sido terreno abonado para la discordia que determinadas fuerzas han tratado de utilizar para oponerse al proceso de cambio que atraviesa el país, recurriendo incluso a actos terroristas. Para hacer frente a esa situación, los poderes públicos decidieron declarar el estado de emergencia en febrero de 1992. Si bien el estado de emergencia ha impuesto algunas restricciones al ejercicio de los derechos y libertades públicos, no ha suspendido las obligaciones del Estado en cuanto a la garantía del ejercicio de las libertades fundamentales del ciudadano inscritas en el orden constitucional interno y en los convenios internacionales ratificados por Argelia. Asimismo, las actividades de mantenimiento del orden público, defensa de las personas y protección de los bienes amenazados por el terrorismo se han desarrollado siempre en el marco de la ley y del respeto de los compromisos contraídos en virtud de diferentes instrumentos internacionales. El propósito de esas actividades es consolidar el Estado de derecho e instaurar las condiciones para la legitimación de las instituciones y la restauración de un sufragio universal realmente libre, pluralista y democrático como el que tuvo lugar en Argelia en 1995, 1996, 1997, 1999 y 2002.

5.Información sobre la situación general de la mujer en Argelia

La situación general de la mujer argelina a partir de 1962 no puede disociarse de la evolución del país en los planos político, económico, cultural y social.

Al igual que en las demás sociedades pertenecientes al mundo árabe y musulmán, la condición jurídica de la mujer en Argelia presenta una dicotomía. El principio constitucional de la igualdad de los sexos se respeta escrupulosamente en materia de derechos civiles y políticos y confiere a la mujer un estatuto de ciudadana cabal. Sin embargo, las cuestiones relativas al estatuto personal se rigen por el Código de la Familia, inspirado en parte por el derecho islámico.

En el derecho civil, como en el derecho penal, no hay ninguna disposición jurídica que discrimine entre hombres y mujeres. Como el hombre, la mujer posee plena capacidad jurídica y la utiliza libremente, de conformidad con el artículo 40 del Código Civil, según se explicará en la segunda parte de este informe. La mujer goza del derecho a adquirir y administrar todos sus bienes, a disfrutar y disponer de ellos, y a celebrar contratos y realizar actos comerciales. Al contraer matrimonio, la mujer conserva sus derechos, sus bienes personales y el producto de su trabajo, que siguen estando libremente a su disposición. En derecho penal, ninguna disposición discrimina a la mujer en relación con el hombre; por el contrario, algunas penas están atenuadas.

En materia de estatuto personal, el Código de la Familia, promulgado en 1984, revela la dicotomía ya señalada. Las disposiciones más cuestionadas por la opinión pública y los especialistas se refieren a varios artículos entre los que figuran los relativos al domicilio conyugal en caso de divorcio, la poligamia, el tutor matrimonial y la dote.

Estas contradicciones evidentes no deben ser ni minimizadas ni exageradas en su realidad efectiva. Deben considerarse a la luz de otro elemento de importancia fundamental relativo al lugar y el papel del derecho islámico en el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia de Argelia. Ese lugar y ese papel no sólo son sumamente limitados, sino que, además, debido a la complejidad de los problemas que se plantean actualmente en materia de interpretación de las distintas prácticas culturales, se da la paradoja de que el adelanto del proceso de secularización en los distintos ámbitos de la vida cultural, social, política y económica ha puesto de manifiesto la voluntad de revisar el Código de la Familia a la luz de una interpretación de la Charia y del derecho musulmán, en los que se supone se basan las disposiciones del Código, desde su perspectiva histórica.

La evolución de la sociedad argelina y el empeño de los poderes públicos en propiciar una mayor emancipación de la mujer argelina permitirán, sin duda, hacer progresar la cuestión. Desde esa perspectiva, en junio de 2002 se creó una instancia ejecutiva, a saber, el Ministerio Delegado de la Familia y la Situación de la Mujer, cuya misión principal consiste en promover el proceso de emancipación de la mujer argelina.

La ratificación por Argelia de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer refleja esa voluntad de emancipación gradual. Esa ratificación causó cierta desazón en la opinión pública, con la oposición contradictoria tanto de los medios conservadores como de los partidarios de una mayor emancipación femenina. La posición del Gobierno fue la de adherirse a la Convención con algunas reservas, que, cabe señalar, no se refieren a la esencia misma de la Convención, por entender que era necesario recurrir a la adhesión a esta Convención y a otras del mismo tipo para promover la evolución social y normativa; la maduración de esta evolución conducirá, con el tiempo, a la retirada de las reservas mencionadas. La adhesión ha llevado al Gobierno a estudiar la posibilidad de introducir modificaciones en el Código de la Familia.

Para tal fin, se ha creado un grupo de trabajo interdisciplinario, integrado por especialistas en los distintos aspectos del derecho, que se encargará de revisar el Código de la Familia lejos de las presiones y las interpretaciones ideológicas que, por lo demás, pueden manifestarse libremente a través de los distintos medios de expresión pública que se ha convertido hoy en día en Argelia en una realidad cotidiana.

En el plano político, la participación de la mujer argelina en la lucha de liberación nacional la llevó a participar activamente en el proceso de reconstrucción del país. Por su parte, los poderes públicos no han promulgado en ningún momento disposiciones legislativas que puedan considerarse discriminatorias contra la mujer. Por el contrario, y pese a la evolución y los cambios de naturaleza política acaecidos en Argelia, se han logrado adelantos considerables en la situación general de las mujeres.

En el plano económico, las limitaciones derivadas de las transformaciones resultantes de la transición hacia una economía de mercado han tenido repercusiones negativas en la situación de los ciudadanos en general y en la situación de las mujeres en particular, debido a varios factores que se examinarán en la segunda parte del presente informe.

Los derechos de la mujer y el reconocimiento de su papel en la vida política, económica y social del país ya se consagraban en los distintos textos legislativos mucho antes de que Argelia se adhiriera a la Convención. Sin embargo, cabe señalar que esta adhesión reciente alentará, sin duda, a los poderes públicos y a los mecanismos asociativos a aplicar medidas concretas para mejorar la situación de la mujer.

Segunda parteInformación relativa a las disposiciones de fondo de la Convención

Artículo 2. Obligaciones de los Estados partes

Desde la independencia de Argelia, el legislador ha respetado escrupulosamente el principio de no discriminación entre los ciudadanos. Ha facilitado esta norma el hecho de que, tradicionalmente, las prácticas discriminatorias son desconocidas en la sociedad argelina.

Los derechos de la mujer se consagran, en primer lugar, en las disposiciones de la Constitución que garantizan la igualdad de los ciudadanos.

En su preámbulo, la Constitución estipula que “es la ley suprema” y que “es la ley fundamental que garantiza las libertades y los derechos individuales y colectivos”.

La Constitución tiene por objeto proporcionar protección jurídica y controlar la acción de los poderes públicos en una sociedad en la que reinan la igualdad y la plenitud del ser humano en todos sus aspectos.

La Constitución dedica varias disposiciones a los derechos y libertades fundamentales:

Según el artículo 29, “Los ciudadanos son iguales ante la ley sin discriminación algunas por motivos de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”;

Según el artículo 31, “Las instituciones tienen por finalidad garantizar la igualdad de derechos y deberes de todos los ciudadanos y ciudadanas, suprimiendo los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de la persona humana la participación de todos en la vida política, económica, social y cultural”;

El artículo 34 garantiza la inviolabilidad de la persona humana y proscribe toda forma de violencia física o moral. Esta disposición se complementa con el artículo 35, que reprime las violaciones de los derechos y libertades y los atentados contra la integridad física o moral de la persona humana;

El artículo 140 estipula que la justicia se basa en los principios de legalidad e igualdad, y que es igual para todos, accesible a todos y se expresa por el respeto del derecho.

Sobre la base de esos principios constitucionales, la legislación argelina vela por que en ninguna esfera de la vida haya distinción entre hombres y mujeres que, por consiguiente, gozan de una total igualdad de derechos y deberes.

El Código Civil, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código Electoral y los distintos códigos especiales (de comercio, de información, de salud, de aduanas, etc.) se fundan en el principio de la igualdad entre los ciudadanos. El Consejo Constitucional no ha considerado que ninguna de sus disposiciones atente contra el espíritu o la letra de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Cabe recordar que este Consejo se encarga principalmente de comprobar la conformidad de las leyes con la Constitución y con las convenciones internacionales en las que Argelia es parte, de censurar toda violación del principio de igualdad entre los ciudadanos y de verificar que las normas legislativas y reglamentarias aplicadas a los ciudadanos extranjeros sean compatibles con la Constitución y con las convenciones internacionales ratificadas por Argelia.

En lo concerniente a la adopción de medidas legislativas que prohíben cualquier tipo de discriminación contra la mujer, cabe señalar que el principio de la igualdad entre los sexos es suficiente por sí mismo, puesto que cualquier ley que no se ajuste a ese principio podrá ser derogada por el Consejo Constitucional.

Artículo 3. Medidas apropiadas

Desde la independencia, Argelia ha adoptado medidas que garantizan a la mujer, sin distinciones con respecto al hombre, el acceso a la educación y a la formación profesional a fin de permitirle, en particular, adquirir la capacidad necesaria para incorporarse al mercado laboral.

Los textos legislativos y normativos incluyen disposiciones que propician la igualdad de trato entre los ciudadanos sin distinciones por motivo de sexo. La ley garantiza también la igualdad en lo concerniente al acceso al trabajo, al salario y a los ascensos, como se precisará más adelante mediante estadísticas. Esas medidas se han traducido en el importante adelanto de la mujer en las distintas esferas de actividad.

El principio de igualdad de los dos sexos se consagra en los artículos 29, 31, 33, 34, 36 y 51 de la Constitución. A este respecto, cabe señalar que la mujer, al igual que el hombre:

i)Tiene acceso a todos los cargos públicos;

ii)Es electora y sanciona con su voto a los candidatos a mandatos electorales;

iii)Puede presentarse como candidata a todas las elecciones, incluidas las presidenciales;

iv)Puede fundar partidos, asociaciones y sindicatos y ocuparse de su dirección y representación;

v)Puede expresar sus opiniones libremente por todos los medios;

vi)Puede celebrar reuniones y manifestaciones;

vii)Tiene acceso a los tribunales y a cualquier otra jurisdicción;

viii)Elige su domicilio y circula libremente en el interior del país y en el extranjero;

ix)Goza de todas las prestaciones sociales previstas por la legislación;

x)Tiene acceso a la educación primaria, media, secundaria y superior;

xi)Tiene acceso a los ciclos de formación profesional en todas las ramas, incluidas las consideradas tradicionalmente masculinas;

xii)Tiene acceso a los servicios de atención de la salud preventivos o terapéuticos;

xiii)Celebra contratos de toda índole;

xiv)Tiene acceso a préstamos y a cualesquiera otras modalidades de crédito similares previstas por la legislación. La ley no establece ninguna discriminación en cuanto a la concesión de préstamos bancarios e hipotecarios;

xv)Tiene acceso al empleo y goza de las garantías de las perspectivas de carrera y ascensos; y

xvi)Tiene derecho al mismo salario, al descanso remunerado establecido por la ley y a la pensión de jubilación.

La no discriminación puede entenderse a través de la situación que se da en tres grandes sectores, la educación, la justicia y los servicios sanitarios:

a)La educación: hoy en día el elemento femenino constituye entre el 45% y el 48% del alumnado de los ciclos de enseñanza primaria, media, secundaria y universitaria. Además, el 43% del personal docente de la enseñanza primaria son mujeres (índice que alcanza el 82% del total en las cinco ciudades más importantes del país: Argel, Orán, Constantina, Annaba y Setif), el 45% en la enseñanza media (un 71% en las ciudades citadas) y el 33% en la enseñanza secundaria (un 61% en las ciudades citadas). En definitiva, sea cual fuere el ritmo adoptado, el cambio normativo seguirá indefectiblemente esta evolución;

b)La justicia: de un total de 2.510 magistrados, 667 son mujeres, es decir, el 26,57% del total. De los 34 magistrados que integran el Consejo de Estado, establecido en junio de 1998, 16 son mujeres. Por último, los exámenes de ingreso a la magistratura celebrados los últimos años revelan que de los 200 candidatos aceptados hay una media de 110 mujeres en cada promoción. Esa tendencia pone de manifiesto el principio de no discriminación entre hombres y mujeres.

c)Los servicios sanitarios: en los sectores médico y farmacéutico las estadísticas revelan una feminización creciente. En 1996 la tasa de feminización de esas profesiones se estimaba en un 51%; por lo que respecta a los médicos, la tasa es del 36% en los hospitales universitarios, del 46,7% entre los médicos especialistas y del 48,6% entre los generalistas. El índice asciende a un 64,4% de los dentistas y a un 65,4% de los farmacéuticos.

La mujer trabajadora casada goza del estatuto que le confiere su calidad de afiliada a la seguridad social. El estado civil no influye en modo alguno en sus derechos a la seguridad social. Además, no existe ninguna disposición normativa que constituya un impedimento para el trabajo de las mujeres casadas. En virtud del artículo 17 de la Ley No. 90-11, de 21 de febrero de 1990, relativa a las relaciones laborales, queda prohibida toda discriminación relacionada con el estado civil de la mujer. Además, se le conceden facilidades, como la posibilidad de acogerse a un período de excedencia para atender a sus hijos menores de 5 años o discapacitados.

Por lo que respecta a la contratación, cabe señalar que la ley consagra la igualdad de acceso al empleo sin discriminación por motivos de sexo. A título indicativo, las contrataciones efectuadas en 1996 y 1997 en la administración pública revelan un predominio neto del elemento femenino, que alcanzó respectivamente un 65% y un 58%. Hay que recordar que no se exige a la mujer autorización alguna del marido para acceder al empleo. Para la constitución de un historial administrativo se exigen los mismos documentos a las mujeres que a los hombres.

La ley consagra la igualdad en materia de remuneración, que se aplica efectivamente y con el mayor rigor, tanto en el sector público como en el privado. La Inspección del Trabajo fiscaliza su aplicación.

Por lo que se refiere a las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno desde la entrada en vigor de la Convención y en el marco de la promoción de una política global para la mujer se ha procedido a:

a)La creación de un Ministerio Delegado de la Familia y la Situación de la Mujer que consagra los esfuerzos realizados por todas las fuerzas sociales tanto en el marco de los organismos públicos como entre la sociedad civil.

En el preámbulo de su programa, el Ministerio reconoce a la mujer “el estatuto dimanante de su autoridad moral en el seno de la familia en sus funciones de madre, hija, hermana y esposa, pero también como ciudadana de un Estado que ha contribuido a crear con dolor y orgullo”.

Esta estructura consagrada como tal por primera vez en Argelia desde la independencia, rechaza las interpretaciones miserabilistas de la situación de la familia y la mujer y presenta como prueba la movilidad social que ha impulsado a la mujer argelina en el proceso de individualización e integración en la construcción nacional, al igual que a las demás categorías sociales que se han beneficiado de ese mismo proceso.

Sin embargo, la estructura que se inspira en la práxis social en toda su diversidad y vitalidad, y partiendo de la acumulación de importantes logros, articula su programa de acción en torno a seis grandes ejes, a saber:

–La mujer y la legislación;

–La mujer, la familia y la economía;

–La mujer, la familia y la educación;

–La mujer, la familia y la cultura;

–La mujer y la información; y

–La mujer y las relaciones internacionales.

Por lo que respecta al eje relativo a “la mujer, la familia y la economía” el Ministerio, con apoyo de los instrumentos jurídicos igualitarios existentes, presta gran atención al concepto de género y desarrollo, en estrecha colaboración con otros Ministerios interesados y con los organismos de las Naciones Unidas presentes en Argelia que desarrollan actividades en ese ámbito.

b)El nombramiento de cinco mujeres para el cargo de Ministro en sectores importantes (hacienda, investigación científica, familia y situación de la mujer, comunicaciones y comunidad argelina en el extranjero).

Artículo 4. Medidas temporales especiales de lucha contra la discriminación

La legislación argelina por la que se rigen las relaciones labores se basa en la Constitución de 1989, revisada en 1996, que, en su artículo 29, consagra el principio fundamental de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin discriminación alguna por motivos de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

En el ámbito del trabajo y de las condiciones laborales, la Constitución consagra también en sus artículos 55, 56 y 57:

–La igualdad y el derecho de los ciudadanos a la protección, la seguridad y la higiene en el trabajo;

–El derecho al descanso;

–El ejercicio de los derechos sindicales; y

–El derecho de huelga.

Desde el respeto de las disposiciones constitucionales y de las convenciones internacionales ratificadas por Argelia, principalmente las convenciones que se inscriben en el respeto de los derechos humanos fundamentales, la legislación laboral consagra a la protección del derecho a ocupar sin discriminaciones, un puesto de trabajo acorde con las aptitudes y el mérito, estipulando, principalmente, que los trabajadores tendrán derecho a la misma remuneración y las mismas prestaciones por el mismo trabajo a igualdad de cualificaciones y de rendimiento. Esa legislación recuerda también los derechos fundamentales de los que gozan los trabajadores, a saber: el ejercicio del derecho a la negociación y los derechos sindicales, la seguridad social, la pensión de jubilación, la higiene, la seguridad, y la protección contra los riesgos laborales y la medicina laboral.

Además se han adoptado medidas concretas de protección de la mujer relacionadas con la maternidad y el papel de la mujer en la célula familiar.

Todos esos principios se aplican en la práctica a las empresas económicas del sector público o privado por medio de los convenios colectivos de las empresas o de los sectores del control de cuya legalidad se encarga la Inspección de Trabajo.

La única excepción es la que figura en la Ley No. 90-11, relativa a las relaciones laborales, en la que se establece una diferencia en relación con los trabajadores del sexo masculino: se trata de la prohibición del trabajo nocturno para las mujeres, salvo derogación de la Inspección de Trabajo.

Esta excepción, que figura en gran número de legislaciones extranjeras, especialmente en Europa, se basa en la protección de la salud de la mujer y de la célula familiar, en particular por lo que respecta a la protección de los hijos.

La legislación argelina contiene disposiciones concretas que favorecen a la mujer en el ámbito laboral y que se pueden considerar una forma de discriminación positiva.

La más reciente de esas disposiciones tiene por objeto proteger a la mujer de la violencia física o moral, y dimana de la Presidencia de la República que, a través del Jefe del Gobierno, ha indicado al Ministro Delegado de la Familia y de la Situación de la Mujer la necesidad de crear un servicio de atención y seguimiento para hacer frente a la violencia y al hostigamiento de que son víctimas las mujeres en el entorno laboral. Sobre la base de esta medida inicial, el Ministerio se propone sensibilizar a la opinión pública acerca de la cuestión movilizando a las mujeres que, por su experiencia profesional y su posición privilegiada en la jerarquía social y económica, pueden transmitir valores deontológicos basados en el respeto entre los sexos a todos los niveles de la sociedad argelina.

La Ley No. 90-11, de 21 de abril de 1990, relativa a las relaciones laborales, confirma, en su artículo 29, la prohibición de contratar a mujeres para la realización de trabajos nocturnos, salvo derogación específica. Esa Ley dispone también que los períodos de licencia por maternidad se considerarán períodos de trabajo (artículo 46).

Entre las disposiciones legislativas, cabe mencionar también:

–La prohibición de contratar a mujeres para que trabajen el día de descanso oficial;

–La prohibición de despedir a una trabajadora durante el embarazo o en el período posterior al parto;

–La posibilidad de que las trabajadoras puedan optar por una excedencia para acompañar a su marido en caso de que éste sea destinado a otro lugar o para permitirles atender a un hijo menor de 5 años o afectado por una enfermedad o discapacidad que requiera cuidados especiales.

Por lo que respecta a la protección, las embarazadas son objeto de medidas especiales para proteger su propia salud y la de su hijo: exposición a sustancias (yodo radiactivo, rayos X), labores penosas (cargas pesadas).

En cuanto a la jubilación, la mujer goza de un trato de favor por lo que se refiere a la edad de jubilación dado que el artículo 6 de la Ley No. 83-12, de 1983, relativa a la jubilación, fija en 60 años la edad de jubilación para los hombres y en 55 para las mujeres que, además, se benefician de un año de reducción por hijo hasta un máximo de tres años. Esa ley se modificó y complementó en virtud de la Ordenanza No. 97-13, de 31 de mayo de 1997, que instaura la posibilidad de que los asalariados con un mínimo de 20 años de cotización puedan optar por la jubilación a partir de los 50 años. La edad y la duración previstas se reducen en cinco años en el caso de las trabajadoras asalariadas (artículo 2).

Artículo 5. Modificación de las pautas de comportamiento sociocultural

Habida cuenta de la acumulación positiva en materia de participación masiva de la mujer en el proceso de democratización de la enseñanza y de su integración inequívoca y sin discriminación alguna en el mercado laboral estructurado, se observa cierta mejora de los comportamientos sociales, que se muestran más abiertos a la promoción de la mujer en todos los medios. Sin embargo, han surgido nuevos obstáculos que afectan a la escolarización de los niños pequeños de las zonas rurales y de las zonas de la periferia de las ciudades, debido al doble efecto devastador de la crisis económica y de la situación en materia de seguridad de los diez últimos años. Estas circunstancias han dado lugar a la aparición de prácticas no estructuradas en la actividad económica de las familias argelinas en las que se observa un aumento del número de mujeres entre los cabeza de familia. Esa situación ha llevado a los poderes públicos a adoptar un enfoque racional e integrado para atender a esta nueva categoría mediante la creación de un organismo de ayuda financiera a las empresas pequeñas y medianas que representan una parte importante de la estrategia de desarrollo integrado, especialmente de los hombres y las mujeres jóvenes. Además, existe la voluntad política de ampliar esos mecanismos para que puedan acceder a ellos las mujeres analfabetas y/o cabezas de familia de las zonas rurales.

La protección de la mujer contra la violencia se aborda, fundamentalmente, en el marco de las disposiciones de la Constitución que garantizan la protección del ciudadano en general.

En el artículo 24 de la Constitución se dispone que “el Estado es responsable de la seguridad de las personas y de los bienes”. El artículo 34 garantiza la inviolabilidad de la persona humana y proscribe cualquier forma de violencia física o moral o de atentado contra la dignidad. Esta disposición se complementa con el artículo 35 que establece que “las violaciones de los derechos y las libertades y las agresiones físicas o morales contra la integridad del ser humano serán castigadas por la ley”.

Por su parte, el artículo 65 dispone que “la ley sanciona el deber de padres y madres con respecto a la educación y la protección de sus hijos”.

Hay varios artículos del Código Penal que tratan de los actos de violencia intencionados, que se castigan mediante penas adecuadas (artículos 264 a 267). Existen disposiciones concretas que castigan a los autores de actos de violencia contra menores y de privación voluntaria de alimentos y cuidados que pongan en peligro la salud de éstos (artículos 259 a 272). Esos delitos pueden castigarse con penas de reclusión de tres a 20 años en función de sus consecuencias. La pena es de cadena perpetua si esas prácticas causan una muerte no intencionada. Pero “si los golpes, heridas, actos de violencia, agresiones físicas o privaciones se han infligido con intención de provocar la muerte, el autor será castigado como culpable de homicidio o de homicidio frustrado” (artículo 271).

Actualmente, esa evolución positiva se ve contrarrestada por el fenómeno del terrorismo, que afecta a todas las categorías de la sociedad argelina, y, especialmente, a las mujeres que, sobre todo en las zonas rurales, son víctimas de asesinatos, secuestros, violaciones y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Por lo que respecta a las medidas que ha adoptado Argelia para luchar contra la violencia de que es objeto la mujer, es lamentable observar que el fenómeno de la violencia contra la mujer ha adquirido, al igual que en otros países, mayor amplitud, como se señaló con ocasión de la celebración, a finales del mes de octubre de 2001, por iniciativa el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), de un seminario que se ocupó de los aspectos médicos y jurídicos de la violencia contra la mujer, en general.

La celebración de ese seminario pone sin duda de manifiesto el interés real de los poderes públicos por el fenómeno de la violencia, que afecta a todas las capas sociales y a todos los grupos de edad, y, según el servicio nacional de policía, arroja las siguientes cifras:

En el tercer trimestre de 2001, se recibieron en 42 wilayas las denuncias de 1.439 mujeres víctimas de la violencia de las que: 1.087 habían sido víctimas de violencia física; 50 de violencia sexual; 267 de malos tratos; 4 habían sido asesinadas; y 31 habían sido víctimas de hostigamiento sexual.

En el 12% de los casos el autor de los hechos era el cónyuge; en el 1% el padre; en el 3% el hermano; en el 2% el hijo; y en el 3% el compañero.

Cabe también recordar que, el 29 de octubre de 1999, es decir, nueve meses después de la presentación del informe inicial de Argelia, el Presidente de la República creó la Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia (CNRJ) a la que se encomendó el mandato de:

–Analizar y evaluar los distintos aspectos del funcionamiento del servicio público de justicia;

–Identificar las posibles formas de interacción con el entorno institucional y social, llevar a cabo una evaluación y proponer todas las medidas de adaptación necesarias; y

–Proponer todas las recomendaciones que se consideraran útiles para facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia, hacer más eficaces los instrumentos jurídicos y los medios de acción, y flexibilizar a las condiciones y modalidades de funcionamiento de las jurisdicciones y de los establecimientos penitenciarios”.

El documento presentado al Presidente de la República el 11 de junio de 2000 supone una verdadera renovación de la justicia a fin de adaptarla a las exigencias del presente.

De hecho, se identificaron numerosas lagunas y obstáculos en el ordenamiento jurídico que, en algunos casos, atentaban contra los derechos y las libertades consagrados en la Constitución. Por ese motivo, la CNRJ recomendó que se procediera a revisar los textos y a armonizar la legislación con las disposiciones de los in s tr u mentos internacionales.

Con ese fin, en enero de 2000, el Ministro de Estado de Justicia creó dos comités para que procedieran a revisar el Código Civil, el Código Penal, el Código de Procedimiento Civil y el Código de Procedimiento Penal. El comité encargado de la revisión del Código Penal se ocupa de los delitos de hostigamiento, violencia doméstica y agresión sexual, y de la definición de violación.

Aunque no existe ninguna disposición concreta que se refiera a las mujeres víctimas de violencia, en todos los casos de daños y perjuicios, el juez establece la indemnización civil con arreglo a su apreciación del caso en virtud de la ley, tanto cuando se trata de un hombre como de una mujer, lo que explica la falta de estadísticas relativas a las mujeres víctimas de violencia a nivel de las jurisdicciones.

Esto nos lleva a pensar que la inclusión de los delitos relacionados con la violencia en la revisión del Código Penal recomendada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer permitirá, a mediano plazo, dar instrucciones a las jurisdicciones para que, en el futuro, establezcan estadísticas sobre las mujeres víctimas de la violencia.

Sin embargo, hay que reconocer que, en Argelia, como en muchas otras sociedades, la violencia doméstica forma parte de lo inconfesable y del tabú.

No obstante, cabe recordar las medidas, muy alentadoras, adoptadas por los poderes públicos a fin de garantizar una mayor presencia de la mujer en profesiones que, en un pasado reciente, se consideraban del dominio exclusivo de los hombres, principalmente en los sectores de la policía y la protección civil.

Esas medidas de integración de la mujer en el cuerpo de policía tienen por objeto reforzar las actuaciones de proximidad y los servicios de atención a las mujeres en situación difícil a nivel de las comisarías.

En cada una de las comisarías de daira hay por lo menos una mujer que se ocupa de atender y orientar a las mujeres, con el fin de humanizar las comisarías y de alentar a las ciudadanas a acudir con tranquilidad a exponer sus problemas: la presencia de mujeres policías es visible también a nivel de los aeropuertos y los puertos, y a nivel de las jurisdicciones.

En las comisarías de las zonas urbanas, hay mujeres que ostentan el grado de oficiales o de comisarias. Cabe insistir en el hecho de que la incorporación de mujeres al cuerpo de auxiliares de justicia y la creación de una policía de proximidad han permitido, sin lugar a dudas, atender a esa categoría particular de mujeres víctimas de malos tratos gracias a los servicios de atención y orientación y al apoyo que se les presta hasta lograr que se procese a los culpables.

Personal femenino en funciones en la Dirección General de la Policía Nacional

Grado	Total
Comisaría principal de policía	01
Comisaría de policía	21
Oficial de policía	217
Inspectora de policía	331
Sargento de policía	11
Investigadora principal de policía	85
Cabo de policía	50
Investigadora de policía	68
Agente de policía	1 492

Alumnas de las escuelas de policía de Constantina y de Ain Benian – Argel

Grado	Total
Oficial de policía	50
Inspectora de policía	150
Agente de policía	500
Total en 2002	2 972
Agentes civiles	3 007
Total general	5 979

En el ámbito de la protección civil, la participación de la mujer en labores que antes eran del dominio exclusivo de los hombres se ha traducido en un aumento de los efectivos femeninos que, en la actualidad, ascienden a 496 mujeres de las que 384 desempeñan funciones en la administración central y local, cinco de ellas en cargos superiores. El empeño de los poderes públicos en integrar a la mujer en el sector operacional caracteriza una etapa importante que marca tanto una ruptura como un adelanto cualitativo. Se ha contratado a 112 mujeres médicos que participan eficazmente en las tareas de prevención y en los servicios de proximidad y de socorro.

Gracias a su capacidad de atender a las víctimas, han demostrado su eficacia en los dramas que afectaron al país en el último decenio y, más recientemente, durante las inundaciones que se produjeron el 10 de noviembre de 2001.

Artículo 6. Supresión de la explotación de la mujer

La trata de mujeres y la explotación de la prostitución son prácticas poco frecuentes en la sociedad argelina. El Código Penal, en virtud de sus artículos 342, 343, 344 y 345, sanciona esos comportamientos. Argelia es parte en todos los instrumentos internacionales que prohíben esa práctica.

El 11 de septiembre de 1963 Argelia ratificó el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, aprobado el 2 de diciembre de 1949. La ratificación se publicó en el Boletín Oficial No. 66, de 14 de septiembre de 1963, con una reserva sobre el artículo 22.

El 16 de mayo de 1989 Argelia ratificó la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobada el 10 de febrero de 1984 y que entró en vigor el 27 de junio de 1987 (Boletín Oficial No. 20, de 17 de mayo de 1989).

Además de esos convenios, en su calidad de miembro de las Naciones Unidas, Argelia se atiene a las declaraciones y resoluciones aprobadas en los períodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a la eliminación de las desigualdades, de la discriminación y de la explotación de la mujer, principalmente la resolución 48/106, de 20 de diciembre de 1993, que invita a los Estados Miembros a tomar todas las medidas necesarias para eliminar la violencia contra las mujeres a través de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por la Asamblea General en 1993.

La legislación penal reprime severamente la trata de mujeres y la explotación de la prostitución en todas sus formas, de conformidad con los artículos 342 a 349 del Código Penal. El artículo 342 castiga con una pena de reclusión de cinco a diez años y una multa de 500 a 25.000 dinares a toda persona que promueva, propicie o facilite la perversión y la corrupción de personas menores de 19 años de uno u otro sexo, o incluso, ocasionalmente, de personas menores de 16 años. El artículo 343 castiga todos los actos relacionados directa o indirectamente con la explotación de la prostitución. Quien perpetre un delito de ese tipo será castigado con una pena de cárcel de dos a cinco años y una multa de 500 a 20.000 dinares. A menos que el hecho constituya un delito más grave, esas sanciones se aplican a toda persona que cometa, a sabiendas, los siguientes actos:

–Ayudar, asistir o proteger de cualquier manera la prostitución de terceros o su captación con miras a la prostitución;

–Compartir, de cualquier manera, el producto de la prostitución ajena o recibir dinero de una persona que se dedique habitualmente a la prostitución o que obtenga recursos de la prostitución ajena;

–Vivir con una persona que se dedique habitualmente a la prostitución;

–Encontrarse en relación habitual con una o más personas que se dediquen a la prostitución y no poder justificar ingresos correspondientes a su nivel de vida;

–Contratar, entrenar o mantener a una persona mayor de edad, incluso con el consentimiento de ésta, con miras a la prostitución o entregarla a la prostitución o la perversión;

–Actuar de intermediario, en cualquier carácter, entre personas que se dediquen a la prostitución o a la perversión e individuos que exploten o remuneren la prostitución o la perversión ajena; y

–Mediante amenazas, presiones, maniobras o cualquier otro medio, obstaculizar la acción de prevención, control, asistencia o reeducación por parte de organismos cualificados en favor de las personas que se dedican a la prostitución o que están en peligro de dedicarse a la prostitución.

También se sancionan los delitos contra las buenas costumbres (artículos 333 a 335) y la violación se castiga con una pena de cinco a diez años de prisión. Esa pena puede ampliarse a 20 años si la víctima de la violación es menor. Constituye también un agravante el hecho de que el autor sea un ascendiente de la víctima o una persona que tenga autoridad sobre ella (artículos 336 y 337).

En la sociedad argelina no existen casos de esclavitud, servidumbre ni trabajo forzado u obligatorio. Argelia es parte en distintas convenciones internacionales que prohíben esos actos, en especial el Convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, de 1949, las Convenciones de Ginebra de 1926 y 1956 sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, el Convenio para la represión de la trata de mujeres y niños, de 1921, y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo forzoso, No. 29 (1930), y sobre la abolición del trabajo forzoso, No. 105 (1957).

En el plano civil, el artículo 96 estipula que “el contrato es nulo si su objeto es contrario al orden público y a las buenas costumbres”.

Es preciso reconocer que la pobreza sigue siendo la causa principal de marginación social y, en casi todas las sociedades, pone en peligro la capacidad de las familias de subvenir a las necesidades de sus miembros.

La miseria afecta a todos los aspectos de la vida familiar y hace especialmente vulnerables a las capas más desfavorecidas, en las que las mujeres son las prim e ras víctimas.

Cabe señalar que como sucede en la mayoría de los países, la prostitución no constituye un delito castigado por el Código Penal, aunque atenta contra la dignidad de la mujer y del hombre que la practican, lo que contradice la idea muy extendida de que la prostitución es el oficio más viejo del mundo y un mal necesario.

Sin embargo, como se ha indicado anteriormente, toda persona que, a sabiendas, ayude, promueva o proteja la prostitución ajena o la captación de personas con miras a la prostitución será castigada severamente.

Sólo el proxenetismo se considera delito y es perseguido y castigado por la ley.

Artículo 7. Igualdad en la vida política y publica a escala nacional

Ninguna disposición legislativa o normativa prohíbe ni restringe la participación de la mujer en la vida política del país. La Constitución y la Ordenanza No. 97-07, de 6 de marzo de 1997, por la que se promulga la Ley orgánica relativa al régimen electoral, garantizan a la mujer el derecho a votar y a ser elegida, en las mismas condiciones que el hombre (artículo 5 de la Ley electoral).

Sólo puede ejercerse el voto por procuración si el elector pertenece a una de las categorías siguientes (artículo 62):

–Enfermos hospitalizados o atendidos a domicilio;

–Personas con discapacidades graves;

–Trabajadores destinados fuera de su wilaya de residencia o que se encuentren de viaje y Trabajadores que no puedan abandonar su lugar de trabajo el día del escrutinio; y

–Ciudadanos que se encuentren en el extranjero.

Cabe subrayar que, desde la promulgación de la Ley No. 97-07, el marido y la mujer podían votar por procuración en lugar de su cónyuge, lo que, sin duda, ponía en cuestión el ejercicio personal del derecho de voto por la mujer argelina.

Esa antigua fórmula que autorizaba el voto por procuración llevó a la mujer a expresarse a través de un tutor, normalmente, el marido, que era el que votaba en nombre de su mujer, con arreglo a las tradiciones de la sociedad argelina.

La actividad y la presencia de la mujer argelina en el ámbito político está en constante evolución. Los poderes públicos alientan a las mujeres a participar más en la vida política como electoras o como candidatas en las distintas elecciones.

Las estadísticas que figuran a continuación ponen de manifiesto la evolución de la participación de la mujer en las elecciones locales y legislativas de 2002 con respecto a las de 1997:

Legislativas (junio de 1997):

De 322 candidatas, fueron elegidas miembros de la Asamblea Nacional Popular 11 mujeres en representación de sus partidos políticos respectivos;

Asambleas populares (octubre de 1997):

De las 1.281 candidatas, 75 fueron elegidas miembros de las Asambleas populares municipales; y de 905 candidatas, 62 mujeres fueron elegidas miembros de las Asambleas populares de wilaya.

Legislativas (mayo de 2002):

De 694 candidatas, resultaron elegidas 27 mujeres. De ellas, tres ocupan cargos en el Gobierno. Las otras 24 mujeres elegidas son actualmente miembros de la Asamblea Popular Nacional.

Asambleas populares locales (octubre de 2002):

De 3.679 candidatas, 147 mujeres fueron elegidas miembros de las Asambleas populares municipales;

De 2.684 candidatas, 113 mujeres fueron elegidas miembros de las Asambleas populares de wilaya.

Siete mujeres son miembros del Consejo Nacional (Senado).

Por lo que respecta a la presencia de la mujer en los órganos de adopción de decisiones, desde 1982, 17 mujeres han ocupado cargos en el Gobierno en calidad de Ministras, Viceministras o Secretarias de Estado.

Desde la reorganización ministerial de junio de 2002 han entrado en el Gobierno cinco mujeres, incluida una Ministra Delegada de la Familia y la Situación de la Mujer. Esta nueva estructura gubernamental tiene por misión ocuparse de las cuestiones relacionadas con la promoción y la protección de los derechos de la mujer y de las cuestiones relativas a la familia.

Además, se han tomado medidas importantes a fin de permitir a las mujeres acceder a cargos de responsabilidad, como el reciente nombramiento de mujeres para cargos importantes del poder ejecutivo: jefe de wilaya (prefecto), jefe de daira (subprefecto); y del poder judicial: jefe de jurisdicción, Presidencia del Consejo de Estado. Por primera vez desde la independencia dos mujeres jueces ocupan el cargo de presidentas de tribunal. También hay 34 presidentas de juzgados de un total de 56, una Fiscal de la República, y 137 de un total de 404 jueces de instrucción.

Por último, de un total de 2.751 magistrados, 846 son mujeres.

Cabe constatar que las mujeres ocupan cargos en las jurisdicciones de todo el territorio nacional, tanto en el sur como en el norte, el este o el oeste, y no sólo en los grandes núcleos urbanos como Orán, Constantina o, principalmente, la capital, Argel.

También por primera vez, las mujeres ocupan cargos de responsabilidad en las universidades, como en la Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la Universidad de Ciencias y Tecnología y en la Facultad de Letras.

Dos mujeres ocupan los cargos de Vicegobernadora del Banco Nacional de Argelia y de miembro intuitu personae del Consejo Nacional de la Moneda y del Crédito.

También se ha nombrado a dos mujeres directoras de estudios y relaciones exteriores y de documentación e información en el Consejo Superior Islámico.

En el plano político, dos mujeres lideran sendos partidos políticos. Sin embargo, la participación de la mujer a todos los niveles de la vida política nacional, aunque esté experimentando un progreso constante, sigue siendo limitada. No obstante, la incorporación de las mujeres a los partidos políticos se intensificó durante las últimas elecciones legislativas y locales.

En la sociedad civil, la participación de la mujer se manifiesta en la dinamización del movimiento asociativo femenino. Existen 441 asociaciones de mujeres, de las que 21 son de ámbito nacional, que se ocupan de todo tipo de cuestiones. Todas esas asociaciones tienen por objeto contribuir a la promoción de la mujer en todos los ámbitos y a su plena integración en el proceso de desarrollo socioeconómico del país.

Por lo que respecta al desarrollo socioeconómico del país, la participación de la mujer se refleja en su mayor participación en el mercado laboral en todos los sectores y, en particular, en:

–La educación, la formación profesional, la enseñanza superior, y la salud, en los que la tasa de “feminización” está en constante expansión.

Por ejemplo, en el sector de la formación profesional, el número de mujeres se distribuía, al 31 de enero de 2002, de la siguiente forma:

1.A nivel de la administración central:

El número de mujeres en la administración es de 122 de un total de 285, es decir, el 42%:

–Cargos superiores del Estado: 9 de 47, es decir, el 19%

–Puestos directivos: 16 de un total de 42, es decir, el 38%

–Mandos intermedios: 53 de un total de 78, es decir, el 67%

–Personal ejecutivo: 44 de un total de 118, es decir, el 37%.

2.A nivel local:

–Directora de wilaya de formación profesional: 3 de un total de 48, es decir, el 6%.

Cabe señalar que la primera directora nombrada en el sector de la formación profesional lo fue en 2001, y las dos siguientes a principios de 2002, una de ellas en la wilaya de Illizi (al sur del país).

–Directoras de centros de formación profesional: 59 de un total de 687, es decir, el 8%.

–Inspectoras: 12 de un total de 90, es decir, el 13%.

En estos dos últimos cuerpos se observa que las mujeres representan una pequeña proporción del total, lo que se explica porque la participación de la mujer a nivel local es relativamente menos importante; en las ciudades pequeñas y en las zonas rurales su participación sigue siendo limitada.

Sin embargo en los dos últimos años se observa una evolución importante del número de mujeres tanto en la administración central como a nivel local como resultado de las medidas de reforma que se están aplicando en el sector.

Artículo 8. Igualdad en la vida política en el plano internacional

Tal y como ocurre en los demás sectores de la función pública, el acceso al cuerpo diplomático está abierto tanto a las mujeres como a los hombres, sin discriminación. El Decreto Presidencial No. 96-442, de 9 de diciembre de 1996, relativo al estatuto de los miembros del cuerpo diplomático y consular, no se establece ninguna distinción por razones de sexo en las disposiciones del capítulo relativo al ingreso en el cuerpo, la formación y los ascensos. El artículo 17 de ese Decreto dispone lo siguiente:

“No podrá ingresar en uno de los cuerpos instituidos por el presente Decreto ninguna persona que no:

–Tenga nacionalidad argelina;

–Disfrute de sus derechos cívicos y sea de moralidad irreprochable;

–Reúna las cualificaciones exigidas para el desempeño de la función y conozca, como mínimo, dos idiomas extranjeros;

–Satisfaga las condiciones de edad y aptitud física exigidas para el ejercicio de la función; o

–Justifique su posición con respecto al servicio nacional.”

Entre los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores hay 74 mujeres de las que 17 ocupan cargos o funciones superiores, incluidas cuatro embajadoras.

Su participación en reuniones internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, se efectúa sin ningún tipo de discriminación por motivos de sexo. Se designa regularmente a mujeres para que integren las delegaciones argelinas que participan en las distintas negociaciones y reuniones internacionales. También se presentan como candidatas a los cargos electos del sistema de las Naciones Unidas. Por ejemplo, desde 2000, han resultado elegidas dos candidatas argelinas, una en la Subcomisión de Derechos Humanos y otra en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

Artículo 9. Igualdad ante las leyes sobre la nacionalidad

Según el artículo 30 de la Constitución “la nacionalidad argelina se define por ley”.

Las condiciones para la adquisición, la conservación y la pérdida de la nacionalidad argelina se determinan en la Ordenanza No. 70-86, de 15 de diciembre de 1970, por la que se promulga el Código de la Nacionalidad que no establece ninguna distinción entre el hombre y la mujer por lo que se refiere a las condiciones generales de adquisición y pérdida de la nacionalidad. Según los artículos 6 y 7 de esa Ordenanza, es de nacionalidad argelina:

–El hijo de padre argelino;

–El hijo de madre argelina y padre desconocido;

–El hijo de madre argelina y padre apátrida; y

–El hijo nacido en Argelia de madre argelina y padre extranjero pero nacido en Argelia, salvo que el hijo repudie la nacionalidad argelina en el curso del año que precede a su mayoría de edad.

El artículo 8 dispone que “el hijo que es de nacionalidad argelina en virtud de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 se considera que lo ha sido a partir de su nacimiento, aunque las condiciones estipuladas por la ley para atribuirle la nacionalidad argelina se determinen con posterioridad a su nacimiento”. La atribución de la condición de “ciudadano argelino” a partir del nacimiento, y la retirada o el repudio de esa condición en virtud de las disposiciones del párrafo 3 del artículo 6 y de los párrafos 1 y 2 del artículo 7, “no afectan a la validez de los actos realizados por el interesado ni a los derechos adquiridos por terceros sobre la base de la nacionalidad que anteriormente poseía el hijo”.

El artículo 17 estipula que “los hijos menores de edad de personas que adquieren la nacionalidad argelina la adquieren al mismo tiempo que sus progenitores”.

Además, los hijos menores de edad y solteros de la persona que recupera la nacionalidad argelina, cuando residen efectivamente con esa persona, recuperan o adquieren de pleno derecho la nacionalidad argelina.

Las personas que solicitan la naturalización deben satisfacer las siguientes condiciones:

–Haber residido en Argelina durante siete años como mínimo en la fecha de presentación de la solicitud;

–Residir en Argelia en el momento de firmarse el decreto que concede la naturalización;

–Ser mayor de edad;

–Ser de moralidad irreprochable y no haber sido nunca objeto de una condena infamante;

–Justificar medios de vida suficientes;

–Ser sano de cuerpo y de espíritu; y

–Justificar su asimilación a la comunidad argelina.

El acta de naturalización puede acordar la nacionalidad argelina a los hijos menores de edad del extranjero naturalizado; no obstante, dichos hijos tienen la posibilidad de renunciar a la nacionalidad argelina entre los 18 y los 21 años de edad.

Como puede comprobarse, ni el matrimonio con un extranjero, ni el cambio de nacionalidad del esposo durante el matrimonio, cambian la nacionalidad de la mujer, ni la tornan apátrida, ni la obligan a adoptar la nacionalidad del marido. De los tres sistemas jurídicos en materia de nacionalidad que existen en el mundo: el basado en los vínculos de filiación por sangre o jus sanguini; el basado en la territorialidad o jus soli; o el basado en la adquisición de la nacionalidad, Argelia ha optado por el jus sanguini”.

Artículo 10. Igualdad en la educación

El Estado argelino garantiza a todos los niños el derecho a la educación, sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo o por ninguna otra razón. Ese derecho se consagra en los textos fundamentales de la República, principalmente en el artículo 53 de la Constitución y en la Ordenanza No. 76-35, de 16 de abril de 1976, relativa a la organización de la educación y de la formación, en cuyos artículos 4 a 7 se dispone el acceso en igualdad de condiciones a la educación, la enseñanza obligatoria para los niños de edades comprendidas entre los 6 y los 16 años, la igualdad de condiciones de acceso a la educación y su gratuidad. Asimismo en el decreto por el que se establece el carácter obligatorio de la enseñanza básica, se prevén medidas coercitivas contra los padres o tutores que incumplen esa obligación. Los datos estadísticos y los indicadores del sistema educativo argelino que figuran a continuación reflejan, de manera concreta, la aplicación de las distintas disposiciones de la legislación y la normativa nacional en ese ámbito:

1.Número de alumnos

La población escolarizada registra un crecimiento medio anual del 6,55%, es decir, un aumento medio de 190.000 alumnos al año, de los que 92.000 son niñas.

A modo de ejemplo, estos son algunos indicadores de la evolución del número de alumnos en el sistema escolar desglosados por sexo:

Número total de alumnos

Curso	Total	Niñas	Porcentaje
1995/96	7 162 592	3 310 933	46,22
1997/98	7 587 545	3 624 849	47,77
2000/01	7 712 182	3 726 603	48,31

El crecimiento medio del número de alumnos es de 106.238 alumnos más al año, de los que 78.479 son niñas.

a.En los ciclos primero y segundo de la enseñanza básica (primaria):

Curso	Total	Niñas	Porcentaje
1995/96	4 617 728	2 129 494	46,12
1998/99	4 778 870	2 229 152	46,65
2000/01	4 720 950	2 210 114	46,81

En 1995-1996 los alumnos matriculados en primaria representaban el 64,47% de la población escolarizada en todos los ciclos. En 1998-1999 representaban el 62,98%, y en 2000-2001, el 61,21% del total de alumnos matriculados en el sistema educativo.

La tasa de escolarización de los niños de 6 años es de cerca del 100%.

El aumento anual de los alumnos de primaria es de 40.285, de los que 24.914 son niñas.

b.En el tercer ciclo de la enseñanza básica (enseñanza media):

Curso	Total	Niñas	Porcentaje
1995/96	1 691 561	751 023	44,40
1998/99	1 898 748	896 262	47,20
2000/01	2 015 370	968 544	48,05

En 1995 y en 1996 los alumnos escolarizados en la enseñanza media representaban el 23,61% de la población escolarizada en todos los ciclos de la enseñanza. En 1998-1999 representaban el 25,02%, y en 2000-2001 el 26,13% del total de alumnos matriculados en el sistema educativo, es decir, la cuarta parte de la población escolar.

El incremento medio es de cerca de 52.000 alumnos más al año, de los que más de 24.000 son niñas.

c.En la enseñanza secundaria:

Curso	Total	Niñas	Porcentaje
1995/96	853 303	430 416	50,44
1998/99	909 927	499 435	54,89
2000/01	975 862	547 945	56,14

En 1995-1996 los alumnos matriculados en la enseñanza secundaria representaban el 11,91% de la población escolarizada en todos los ciclos de la enseñanza. En 1998-1999 representaban el 12%, y en 2000-2001, el 12,65% del total de alumnos del sistema educativo.

De un 50,44% en 1995-1996, la participación de las niñas en la enseñanza secundaria aumentó a un 54,89% en 1998-1999 y a un 56,14% en 2000-2001, es decir, a más de la mitad de los alumnos matriculados en la enseñanza secundaria.

Como indican las cifras que figuran anteriormente, el sistema argelino garantiza, además de la enseñanza básica, una enseñanza media y una enseñanza secundaria de nivel adecuado.

La proporción de niñas en la enseñanza básica es prácticamente similar a la de niños. En la enseñanza secundaria, las niñas son más numerosas que los niños.

Ese importante aumento del número de alumnos ha requerido inversiones considerables tanto en infraestructuras educativas como por lo que respecta a la formación y contratación masiva de personal docente.

2.Personal docente

Curso	Total	Niñas	Porcentaje
1995/96	319 407	140 641	44,03
1998/99	324 147	149 986	46,27
2000/01	327 284	154 507	47,20

En 1995-1996 había en la enseñanza primaria 169.010 maestros de los que 74.309 eran mujeres. En 1998-1999 había 77.833 maestros de los que 169.549 eran mujeres y en 2000-2001 cerca de la mitad de los 169.559 maestros, 79.093, es decir, el 46,64%, eran mujeres.

En la enseñanza media había en 1995-1996, 98.187 profesores de los que 45.852 eran mujeres, y en 1998-1999, de los 100.525 profesores cerca de la mitad, 49.389, eran mujeres. Hoy en día las mujeres representan el 50,07% (51.150) de los 102.137 profesores.

En la enseñanza secundaria, en 1995-1996 el número de profesores era de 52.210, de los que 20.480 eran mujeres. En 1998-1999 el número de profesores era de 54.033 de los que 22.764 eran mujeres. Actualmente el número de profesores es de 55.588 de los que 24.264, es decir, el 46,88%, son mujeres.

3.Infraestructuras

Se ha realizado un esfuerzo considerable con miras a ampliar la red escolar, especialmente en las zonas rurales, a fin de acercar al máximo la escuela a las familias.

En el siguiente cuadro se indica el número de establecimientos escolares en los cursos 1995-1996, 1998-1999 y 200-2001:

Curso	Enseñanza primaria	Enseñanza media	Enseñanza secundaria	Total
1995-1996	15 186	2 921	1 033	19 140
1998-1999	15 507	3 224	1 183	19 914
2000-2001	16 186	3 414	1 266	20 866
Diferencia entre 1995-1996 y 1998-1999	321	303	150	774
Diferencia entre 1998-1999 y 2000-2001	589	190	83	952

4.Presupuesto

La educación siempre ha sido una de las prioridades del Estado que, desde comienzos del decenio de 1960, le asignaba alrededor del 20% de su presupuesto. En los últimos años, la proporción asignada a la educación ha oscilado entre el 20% y el 30% del presupuesto del Estado.

En 1999 el presupuesto asignado a la educación fue de más de 128.000 millones de dinares argelinos, es decir, de cerca de 1.800 millones de dólares EE.UU. En 2001, el presupuesto de educación ascendió a 191.986.773 dinares de los que 10 millones se asignaron en el marco del programa de apoyo a la reactivación económica.

Es importante señalar que la parte correspondiente a los salarios, que representaba el 97% del presupuesto de funcionamiento del sector de la educación, representa hoy en día sólo el 91% y cada vez se acerca más a las normas internacionales en la materia.

5.Rendimiento del sistema

a.Porcentaje de aprobados de los alumnos

Los resultados en los exámenes de fin de ciclo son los siguientes:

Porcentaje de aprobados al finalizar la enseñanza primaria (sexto curso de enseñanza básica)

Curso	Porcentaje de aprobados	Niños	Niñas
1995/96	79,54	77,49	82,10
1998/99	72,80	68,74	72,80
2000/01	77,42	73,83	81,64

Porcentaje de aprobados al finalizar la enseñanza media (noveno curso de enseñanza básica)

Curso	Porcentaje de aprobados	Niños	Niñas
1995/96	47,31	42,21	53,54
1998/99	44,53	39,16	50,22
2000/01	50,64	47,64	53,44

Porcentaje de aprobados al finalizar la enseñanza secundaria (bachillerato)

Curso	Porcentaje de aprobados	Niños	Niñas
1995/96	19,63	18,27	20,93
1998/99	23,96	22,75	24,89
2000/01	32,74	32,61	32,83

Cabe destacar que el número de niñas que aprueban los exámenes de final de curso es similar o incluso superior al de niños. Sin embargo, las niñas son menos numerosas en las secciones técnicas, aunque tienen las mismas posibilidades de acceso a esas secciones que los varones y cada vez son más las que optan por esas especialidades.

b.Repeticiones de curso y abandonos

Según la última encuesta estadística realizada por el Ministerio de Educación Nacional en 2000-2001, el porcentaje de niñas que repiten curso es inferior al de niños en todos los ciclos de la enseñanza, como muestran los siguientes cuadros:

Porcentaje de repetidores al concluir el sexto curso de enseñanza básica (fin del ciclo de enseñanza primaria)

Curso	Porcentaje de repetidores	Niños	Niñas
1995/96	11,27	14,20	7,60
1998/99	19,60	23,43	14,97
2000/01	16,98	20,15	13,26

Porcentaje de abandonos al concluir el sexto curso de la enseñanza básica (fin del ciclo de enseñanza primaria)

Curso	Porcentaje de abandonos	Niños	Niñas
1995/96	9,19	8,31	10,30
1998/99	5,93	6,33	5,46
2000/01	5,60	6,02	5,10

Porcentaje de repetidores al concluir el noveno curso de enseñanza básica (fin del ciclo de enseñanza media)

Curso	Porcentaje de repetidores	Niños	Niñas
1995/96	26,42	29,09	23,17
1998/99	30,03	32,17	27,77
2000/01	29,97	30,99	29,01

Porcentaje de abandonos al concluir el noveno curso de enseñanza básica (fin del ciclo de enseñanza media)

Curso	Porcentaje de abandonos	Niños	Niñas
1995/96	26,26	28,70	23,29
1998/99	25,44	28,66	22,01
2000/01	19,39	21,37	17,55

Porcentaje de repetidores al concluir el tercer curso de enseñanza secundaria

Curso	Porcentaje de repetidores	Niños	Niñas
1995/96	32,70	32,31	33,06
1998/99	44,59	42,66	46,08
2000/01	43,42	42,44	44,08

Porcentaje de abandonos y exclusiones al concluir el tercer curso de enseñanza secundaria

Curso	Porcentaje de abandonos	Niños	Niñas
1995/96	47,68	49,42	46,01
1998/99	31,46	34,59	29,03
2000/01	23,84	24,95	23,09

De estos cuadros se desprende que los porcentajes de repetición de curso y abandonos son relativamente importantes. Los motivos son múltiples y de índole diversa: económicos, sociales, y psicopedagógicos, entre otros.

El Ministerio de Educación Nacional, consciente de la importancia del problema, ha hecho de la lucha contra el fracaso escolar una de sus prioridades. En el curso 2000-2001 se prevé aplicar medidas urgentes a fin de mitigar ese fenómeno. Además, con apoyo del UNICEF, se ha puesto en marcha un estudio encaminado a establecer un diagnóstico lo más preciso posible de la situación, lo que permitirá hacer frente con mayor eficacia a ese problema.

Es importante señalar que se han adoptado varias medidas con miras a promover la escolarización infantil, principalmente la de las niñas, en particular, entre la población y en las regiones más desfavorecidas.

6.Medidas de promoción de la escolarización (principalmente de las niñas)

Se han adoptado medidas para promover la escolarización, en particular, de las niñas, principalmente en las regiones desfavorecidas. Entre esas medidas, cabe destacar las siguientes:

–Los comedores escolares en los que el Estado ha desplegado un especial esfuerzo dedicándoles, este año, una partida presupuestaria de 2.000 millones de dinares argelinos, frente a sólo 500 millones en 2000. El número de beneficiarios se ha más que duplicado, pasando de 601.000 en 1988-1999 a 1.050.000 en 2000-2001, y a 1.470.000 en 2001-2002.

–Los internados, que en 2001, acogieron a 3.585 niñas y niños de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años.

Esos internados ofrecen servicios a los niños de las zonas más apartadas y, principalmente, a los hijos de los nómadas de las regiones del Sáhara.

Los comedores escolares y los internados de enseñanza primaria son totalmente gratuitos.

La construcción de establecimientos escolares en zonas muy apartadas ha permitido acercar la escuela a la población.

–Media pensión e internados en la enseñanza media:

Media pensión:

Curso	Alumnos	Niñas	Beneficiarios	Niñas	Porcentaje	Niñas
1995/96	1 691 561	751 023	91 223	41 620	5,52	5,72
1998/99	1 898 748	896 262	133 725	65 310	7,04	7,29
2000/01	2 015 370	968 544	171 384	85 871	8,50	8,87

Internado:

Curso	Alumnos	Niñas	Beneficiarios	Niñas	Porcentaje	Niñas
1995/96	1 691 561	751 023	32 249	7 939	1,95	1,09
1998/99	1 898 748	896 262	33 801	10 075	1,78	1,12
2000/01	2 015 370	968 544	34 835	12 022	1,73	1,24

– Media pensión e internados en la enseñanza secundaria:

Media pensión:

Curso	Alumnos	Niñas	Beneficiarios	Niñas	Porcentaje	Niñas
1995/96	853 303	430 416	71 750	38 316	8,41	8,90
1998/99	909 927	499 435	100 907	56 776	11,09	11,37
2000/01	975 882	547 945	128 702	73 557	13,19	13,42

Internado:

Curso	Alumnos	Niñas	Beneficiarios	Niñas	Porcentaje	Niñas
1995/96	853 303	430 416	51 899	18 123	6,08	4,21
1998/99	909 927	499 435	54 007	20 905	5,94	4,19
2000/01	975 882	547 945	55 106	24 176	5,65	4,41

– La concesión de becas de estudios a las familias que no disponen de medios tiene por objeto ayudar a los padres a sufragar los gastos de internado y media pensión de sus hijos. El número de beneficiarios de esas becas que, en 1996, era del orden de 160.000, es actualmente de 323.391, de los que 178.506 cursan estudios de enseñanza media y 144.885 de enseñanza secundaria.

Además, se conceden becas para material escolar a los alumnos de enseñanza secundaria técnica necesitados a fin de permitirles adquirir el material técnico pedagógico necesario para llevar a cabo sus trabajos prácticos. Han recibido ese tipo de becas más de 42.512 alumnos.

– La solidaridad escolar tiene por objeto garantizar a todos los alumnos la obtención de los libros de texto y el material escolar que necesitan mediante una ayuda directa a los más desfavorecidos.

–Desde el curso 2000-2001 se ha instituido una prima de escolaridad de un monto de 2.000 dinares argelinos para cada niño escolarizado. Para tal fin, se ha dispuesto una partida presupuestaria de 6.000 millones de dinares argelinos para el curso 2001-2002 que se ha repartido entre 3 millones de niños.

El sistema educativo argelino tiene por objeto formar a los ciudadanos de mañana y, por esa razón, garantiza una educación para la ciudadanía, e inculca al niño los valores nacionales y universales, a través de las distintas asignaturas que se imparten, como la historia, la lengua árabe y los idiomas extranjeros, la educación sanitaria, la educación medioambiental, la educación demográfica, la educación cívica y la educación religiosa, con el fin de que adquieran conductas sanas y actitudes positivas, es decir, para que “sepan estar”. Esas actividades se desarrollan desde el primer ciclo de la enseñanza básica.

En ese ámbito, la educación cívica es la asignatura clave. Esta asignatura, que antes se llamaba educación social, se impartía a partir del tercer curso de la enseñanza básica. Desde septiembre de 1997 se imparte desde el primer curso de la enseñanza básica y se integra en los programas oficiales con el nombre de educación cívica.

Los textos por los que se rige el sector de la educación, y los reglamentos de los centros escolares, prohíben la práctica de la violencia en el seno de la institución de enseñanza y, principalmente, los castigos corporales a los alumnos. El Ministerio envía periódicamente a los establecimientos escolares circulares en las que se recuerdan esas medidas y las sanciones administrativas aplicables a los que las violen.

Además, el Ministerio de Educación Nacional ha creado una comisión nacional que agrupa a representantes de los distintos sectores y de las organizaciones no gubernamentales que desarrollan actividades relacionadas con la infancia, y a las asociaciones de padres de alumnos con miras instaurar una cultura de paz y de lucha contra la violencia y los flagelos sociales (como las drogas, y el tabaco) en la escuela, comisión que tiene representaciones en todas las wilayas (departamentos) del país.

En ese marco, se ha establecido un programa nacional que se ejecuta en todos los establecimientos escolares.

Asimismo, con ayuda del UNICEF, se ha puesto en marcha un programa intersectorial de atención psicológica a los niños traumatizados por la violencia terrorista que incluye, entre otras cosas, actividades de sensibilización y de formación dirigidas a todos los profesionales que atienden a esos niños.

La escolaridad de los niños que presentan dificultades especiales (por ejemplo, niños discapacitados y niños hospitalizados) corre a cargo de instituciones que dependen, según el caso, del Ministerio de Educación Nacional, del de Sanidad o del de Protección Social, en el marco de los convenios interministeriales por los que se rige esta cuestión y en los que se definen las modalidades y la misión, las prerrogativas y las obligaciones de cada Ministerio.

También en un marco intersectorial, son el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Sanidad y Población los que se ocupan de la atención a la salud del niño. Para ello, se han creado equipos de sanidad escolar que cubren todas las escuelas del país y unidades de detección y seguimiento (1.114 a nivel nacional) integradas por médicos de la sanidad escolar, dentistas y psicólogos, y que desarrollan sus actividades directamente en los establecimientos escolares.

7.La alfabetización

Se desarrollan programas de alfabetización en las distintas regiones del país, tanto en las zonas rurales como en las urbanas.

–Evolución de la tasa de analfabetismo (de la población mayor de 10 años):

	Porcentaje
Sexo/Año	1966	1977	1987	1998
Hombres	62,80	48,20	30,75	23,65
Mujeres	85,40	74,30	56,56	40,27
Total	74,60	58,10	43,82	31,90

El cuadro indica claramente la tendencia a la baja de la tasa de analfabetismo.

Este fenómeno afecta, en particular, a los grupos de edad de más de 59 años, cuya tasa de analfabetismo en 1994 era de un 83,9%, aunque muestra una tendencia a la baja, ya que en 1992 la tasa se situaba en un 87.92%.

En 1990 la Oficina Nacional de Alfabetización y Educación de Adultos (ONAEA) puso en marcha, con ayuda del UNICEF, un programa de alfabetización para mujeres y muchachas que abarcaba varias wilayas y se desarrollaba tanto en zonas urbanas como en zonas rurales.

El programa tiene los siguientes objetivos:

–La adquisición de mecanismos básicos (lectura, escritura, cálculo);

–La divulgación de nociones de higiene, economía, etc.; y

–La iniciación profesional.

El programa ha permitido una mayor adhesión de la población, principalmente en las zonas rurales, donde suele ser más reticente (mentalidad).

La ONAEA ha podido ampliar sus actividades a la práctica totalidad de las wilayas.

El 8 de septiembre de 1995, en Pekín, la UNESCO concedió un premio a ese proyecto que, actualmente, se encuentra en fase de evaluación.

8.Apoyo del Estado a las asociaciones que desarrollan actividades en ese ámbito

1.A través de la ONAEA:

–programas, material didáctico (libros de texto, guías ...),

–formación del personal docente.

2.Remuneración del personal encargado de la alfabetización,

3.Puesta a su disposición de las infraestructuras necesarias (aulas ...),

4.Subvenciones.

Desde hace un año, la ONAEA está siendo objeto de una reestructuración en el marco de la cual se están poniendo en marcha unidades locales en las 48 wilayas (departamentos) del país.

Se ha levantado un censo exhaustivo de todas las organizaciones no gubernamentales nacionales y locales que desarrollan actividades de alfabetización y de todas las iniciativas locales a fin de coordinar y armonizar las actividades que se desarrollan en todo el territorio nacional con miras a mejorar su eficacia y rendimiento. Son más de 160 en asociaciones que colaboran estrechamente con la Oficina.

9.Acceso de la mujer a cargos de responsabilidad en el sector de la educación nacional

En 1999, las mujeres ocupaban los siguientes cargos en el sector:

1 consejera;

1 directora de estudios;

2 inspectoras centrales;

3 subdirectoras;

2 directora de educación de wilaya.

En 2002, las mujeres que ocupan cargos en el sector son:

2 consejeras;

2 directoras de estudios;

3 inspectoras centrales;

4 subdirectoras;

3 directoras de educación de wilaya.

10.La mujer en la enseñanza superior

La presencia de la mujer en la enseñanza superior ha experimentado un aumento constante gracias a la igualdad de acceso a la enseñanza que los poderes públicos han promovido desde la independencia de Argelia. En el año académico 2001-2002, estaban matriculadas en las distintas universidades 245.244 alumnas. En los dos últimos cursos (1999-2000 y 2000-2001) se ha registrado un aumento del número de matriculados a razón de un 14% en el caso de los varones y de un 17,6% en el de las mujeres. El aumento de la matriculación de mujeres corresponde a las siguientes especialidades:

	Porcentaje
Ciencias políticas y ciencias de la información:	75,6
Farmacia:	54,1
Tronco común:	41,5
Literatura árabe:	36,7

En el curso 2000-2001, en todo el territorio nacional, el total de alumnos matriculados en todos los cursos de las carreras universitaria era el siguiente:

	Hombres	Mujeres
Medicina	31 286	17 486
Odontología	33 520	2 028
Farmacia	41 510	2 133
Veterinaria	4 197	1 582
Literatura árabe	26 524	21 012
Lenguas extranjeras	27 026	19 095
Ciencias de la información	9 525	5 709
Ciencias sociales	38 133	23 315
Ciencias jurídicas	72 878	42 497
Ciencias comerciales y economía	87 752	44 183
Geología	7 810	3 602
Tecnología	75 759	26 936

Los licenciados en el año académico 1999-2000 en todo el territorio nacional se distribuyen de la siguiente forma:

	Hombres	Mujeres
Medicina	1 974	1 062
Ciencias islámicas	1 399	882
Lengua y literatura árabes	3 349	2 709
Ciencias jurídicas	5 214	2 709
Odontología	379	231
Farmacia	316	197
Veterinaria	551	227
Tecnología (diversas especialidades)	7 189	2 218

Estudios de posgrado en todas las universidades:

	Hombres	Mujeres
	12 303	4 920
Especialidad de medicina	3 950	2 003
Doctorado de Estado	6 280	1 852

Cuerpo docente: en todas las especialidades, en el año académico 2000-2001:

Catedráticos (mujeres y hombres)	1.126, incluidas 234 mujeres
Profesores de conferencias	1.582, incluidas 240 mujeres
Encargados de curso	7.971, incluidas 1.646 mujeres
Profesores adjuntos	6.073, incluidas 2.184 mujeres
Profesores auxiliares	1.928, incluidas 502 mujeres
Total	17.780 de los que 4.806 son mujeres

Las mujeres catedráticas son 113 en la Facultad de Medicina y 31 en la de Ciencias Exactas. El resto de las mujeres miembros del personal docente se distribuyen de la siguiente forma:

Tecnología	1 141
Medicina	826
Ciencias exactas	821
Ciencias naturales	503
Ciencias sociales	339
Derecho	267
Idiomas extranjeros	224
Ciencias económicas	213
Geología	210
Literatura	133
Veterinaria	54
Ciencias comerciales	50
Información y comunicación	13
Ciencias políticas	09

En las ciudades universitarias de toda Argelia (34 wilayas) se aloja un total de 135.563 muchachas, frente a 115.253 varones.

Formación permanente: 19.783 (total de hombres y mujeres)

11.La mujeres en la formación profesional

a)Evolución de la formación femenina

Aunque siga siendo insuficiente, la formación profesional femenina ha sido una preocupación constante de los responsables de la formación profesional.

En el primer plan cuatrienal para 1970-1973 se definió la misión de la formación profesional como factor esencial de la preparación de los trabajadores para ejercer un oficio, tanto a través de la formación básica como del perfeccionamiento o de la formación permanente. Sin embargo, la formación profesional de la mujer siguió limitada a las secciones tradicionales (costura, secretaría) inauguradas tanto en los centros de formación profesional y de aprendizaje (CFPA), denominados polivalentes, como en los dos únicos centros femeninos existentes desde 1967 (Birkhadem femenino y Skikda femenino).

En el marco del segundo plan cuatrienal (1973-1977) se decidió poner en marcha un sistema nacional de formación profesional de concepción unificada, con una oferta diversificada y una gestión descentralizada.

De ese modo, la promoción de la formación profesional de la mujer quedó consagrada en el marco del Año Internacional de la Mujer, que se celebró en 1975, en el que el Ministerio que a la sazón de encargaba de la cuestión procedió a la creación de seis establecimientos femeninos (Annaba, Constantina, Tizi-Ouzou, Tlemcen y Saida) con capacidad para 250 alumnas cada uno.

La formación profesional femenina que se imparte en los centros de formación profesional ha experimentado un gran desarrollo ya que, en un plazo de diez años, el número de alumnas se ha multiplicado por más de diez.

En efecto, en 1971 recibieron formación 289 mujeres y, en 1981 su número fue de 337. Esa evolución positiva se debe a la ampliación de la capacidad de los centros que se ocupan de la formación de la mujer.

Existen dos tipos de centros:

–Los centros propiamente femeninos; y

–Las secciones femeninas y las secciones mixtas existentes en los centros mixtos.

En 1968 sólo había tres centros femeninos, pero, en 1981, su número ascendía a nueve. Esos nueve centros incluían 73 secciones y acogían a 1.696 mujeres.

En 1980, el sector de la formación profesional disponía de 74 CFPA en los que cursaban estudios más de 30.000 alumnos de los que el 13% eran mujeres.

Ese porcentaje siguió aumentando durante todo el decenio de 1980 gracias, principalmente, a la entrada en vigor de la Ley sobre el aprendizaje y a las inversiones realizadas en el marco del plan quinquenal para 1985-1989 en materia infraestructuras.

La diversificación de las especialidades y la ampliación de la formación a los alumnos de tercer curso AS han contribuido en gran medida al incremento del número de mujeres en secciones habitualmente solicitadas por los varones (como el mantenimiento, las técnicas audiovisuales, las artes gráficas, la informática o la agricultura).

En 1992 el porcentaje de mujeres era de más del 30% de los alumnos en régimen de internado y del 10% de los alumnos en régimen de aprendizaje.

En 1995 el número CFPA femeninos era de 43 centros, y el resto de los centros eran mixtos, lo que el número de mujeres aumentó a un 45% del total de alumnos. En 1996 el porcentaje de mujeres en régimen de internado era del 51% del total del alumnado, el 42% de los alumnos que asistían a los cursos nocturnos y del 22% en de los alumnos en régimen de aprendizaje.

En 1998 y 1999 las mujeres representaban el 51% del total de alumnos. En septiembre de 2001, el alumnado femenino era de 102.032 mujeres de un total de 198.262 estudiantes, es decir, el 51%.

Ese alumnado se reparte en las 21 ramas profesionales que ofrece la nomenclatura del sector de la formación profesional.

Ramas	Número de alumnas	Total de alumnos	Porcentaje
Agricultura y pesca	323	504	64
Artesanía	15 331	16 583	92
Artesanía tradicional	9 611	13 264	72
Banca y seguros	401	668	60
Construcción, obras públicas e hidráulica	2 062	16 549	12
Carpintería y ebanistería	79	5 562	1,5
Química, caucho y materiales plásticos	203	351	57
Construcción mecánica y siderurgia	64	3 318	2
Construcción metálica	241	6 015	4
Marroquinería y peletería	14	737	1,8
Electricidad y electrónica	1 004	18 489	5,4
Corte y confección	31 908	32 760	97
Hostelería y turismo	725	1 787	40
Industria agroalimentarias	163	348	46
Industria de vidrio	0	19	0
Industrias poligráficas	204	809	25
Informática	20 703	41 484	49
Maquinaria textil	74	312	23
Mecánica de maquinaria y motores	219	8 086	2,7
Técnicas administrativas y de gestión	18 611	30 301	61
Técnicas audiovisuales y de la comunicación	92	317	29
Total	102 032	198 262	51

Aunque las alumnas se concentran, en particular, en las especialidades consideradas tradicionalmente como femeninas (corte y confección, técnicas administrativas y de gestión, artesanía), también ocupan puestos en las especialidades consideradas tradicionalmente como masculinas (construcción y obras públicas, fontanería, electricidad y electrónica y mecánica, entre otras).

Cabe destacar que la tendencia a la especialización de los centros (femeninos) ha desaparecido porque las alumnas suelen optar por una especialidad, cualquiera que sea la naturaleza del establecimiento. Por otra, se observa que, gracias a las secciones de los centros mixtos, se ha podido descentralizar la formación femenina que antes se concentraba en las zonas urbanas.

Por lo tanto, la población femenina rural puede, aunque a un nivel todavía modesto, beneficiarse de la ampliación de la capacidad de acogida del sector.

b)Personal docente

El personal docente está integrado por 13.941 personas de las que son mujeres el 35% en la formación relacionada con los empleos de oficina, los oficios relacionados con la confección, la artesanía y, cada vez en mayor número, la informática y las técnicas de gestión.

Se observa que la participación de la mujer en el personal docente a nivel local es relativamente menos importante en relación con el total, y que en las ciudades del interior del país y las zonas rurales sigue siendo limitada. El sector no puede evolucionar armoniosamente si no lo hace su personal femenino a nivel de todos los cuerpos.

Artículo 11. Igualdad de derecho al empleo y al trabajo

1.Legislación laboral

La legislación argelina ha optado por brindar a la mujer trabajadora una protección especial en virtud de la Ley No. 90-11, de 21 de abril de 1990.

Esta Ley consagra la igualdad en materia salarial puesto que dispone que a iguales cualificaciones y rendimiento, el hombre y la mujer han de recibir la misma remuneración. La Ley recuerda también los derechos fundamentales de los que gozan los trabajadores (ejercicio del derecho a la negociación colectiva, seguridad social, jubilación, higiene, seguridad y medicina del trabajo, descanso, y derecho de huelga).

La Ley confirma, además, el derecho a la protección contra toda discriminación en materia de empleo que no se base en las aptitudes y los méritos (artículo 6).

El artículo 17 establece que “toda disposición de un convenio o un acuerdo colectivo o un contrato de trabajo que establezca una discriminación de cualquier tipo en el trabajo por motivos de edad, sexo, situación social o estado civil, vínculos familiares, convicciones políticas, o afiliación o no a un sindicato, será nula y sin valor”. Esas discriminaciones se castigan con las penas previstas en los artículos 142 y 143 de la misma Ley.

La legislación laboral de 1990 se aparta de la visión tradicional para ocuparse del estatuto de la persona en el trabajo. Así, la Ley No. 90-11 mantiene los derechos fundamentales y la protección esencial pero deja a la negociación colectiva el establecimiento de las relaciones laborales. También cabe señalar que la ley regula el trabajo a tiempo parcial.

2.Datos estadísticos sobre el empleo femenino

La población femenina representa la mitad de la población total, según el Censo General de Población y Vivienda de 1998, 29.272.343 habitantes, de los que 14.471.744 son mujeres.

Al 30 de septiembre de 2001, la Oficina Nacional de Estadística estimaba la población activa total en 8.568.221 personas, es decir, el 27% del total.

En septiembre de 2001 la población activa femenina representaba el 15,21% del total.

La población activa femenina pasó de 109.000 mujeres en 1966 a 1,26 millones en septiembre de 2001, es decir, una relación de 1 a 12 que refleja un ritmo de crecimiento cuatro veces más rápido que el de la población activa total, que pasó de 2,56 millones de personas en 1966 a 8,6 millones al 30 de septiembre de 2001.

a)Parte relativa a la actividad femenina

	Zonas urbanas	Zonas rurales	Total
Edad	PAT	PAF	PAF/ PAT		PAT	PAF	PAF/ PAT		PAT	PAF	PAF/ PAT
16 a 19 años	355 190	44 362	12,49	410 982	30 856	7,51	766 172	75 218	9,82
20 a 24 años	820 656	192 082	23,41	677 461	76 953	11,36	1 498 117	269 035	17,96
25 a 29 años	940 426	213 992	22,75	600 927	62 327	10,37	1 541 353	276 319	17,93
30 a 34 años	77 312	186 591	24,12	444 258	32 122	7,23	1 217 770	218 713	17,96
35 a 39 años	670 562	129 364	19,29	383 640	29 087	7,58	1 054 202	158 451	15,03
40 a 44 años	530 038	90 947	17,07	301 860	21 473	7,11	831 898	111 970	13,46
45 a 49 años	433 834	63 631	14,67	269 300	19 276	7,16	703 134	82 907	11,79
50 a 54 años	284 143	36 214	12,74	209 304	13 627	6,51	493 447	49 841	10,10
55 a 59 años	139 968	18 384	13,13	101 899	8 489	8,33	241 867	26 873	11,11
	4 948 329	975 117	19,71	3 399 631	294 210	8,65	8 347 960	1 269 327	15,21

PAT: población activa total.

PAF: población activa femenina.

Al 30 de septiembre de 2001 la población empleada ascendía a alrededor de 6,2 millones de personas y, de ellas, cerca del 60% residía en zonas urbanas.

En septiembre de 2001 la población femenina empleada era de 883.549 mujeres, frente a 95.000 mujeres en 1966.

b)Distribución de la población femenina empleada por edad y lugar de residencia

	Lugar de residencia
Edad	Zonas urbanas	Zonas rurales	Total
15 a 19 años	19 585	18 737	38 322
20 a 24 años	67 449	41 013	108 462
25 a 29 años	123 381	42 475	165 856
30 a 34 años	134 026	25 506	159 532
35 a 39 años	112 085	27 809	139 894
40 a 44 años	80 982	20 935	101 917
45 a 49 años	59 182	19 276	78 458
50 a 54 años	33 117	13 010	46 127
55 a 59 años	17 733	8 489	26 222
Más de 60 años	8 810	9 949	18 759
Total	656 350	227 199	883 549

El porcentaje de mujeres entre la población empleada es del 14,18% (883.990 mujeres).

3.Población femenina desempleada

Las mujeres en busca de empleo representaban, en septiembre de 2001, el 17,29% del total de las personas desempleadas (alrededor de 404.540 personas).

El número de mujeres en paro pasó de 15.000 en 1966 a 404.540 en 2001. Cabe señalar el rápido aumento del desempleo entre las mujeres, que se debe, principalmente, a los problemas macroeconómicos que han provocado una disminución importante de la creación de empleo.

La población femenina desempleada se caracteriza por su juventud ya que más de las tres cuartas partes tiene menos de 30 años (307.932).

a)Distribución de las mujeres desempleadas por edad y lugar de residencia

	Lugar de residencia
Edad	Zonas urbanas	Zonas rurales	Total
Menos de 20	24 777	12 119	36 896
20 a 24 años	124 633	35 940	160 573
25 a 29 años	90 611	19 852	110 463
30 a 34 años	52 565	6 616	59 181
35 a 39 años	17 279	1 278	18 557
40 a 44 años	9 515	538	10 053
45 a 49 años	4 449	00	4 449
50 a 54 años	3 097	617	3 714
55 a 59 años	651	00	651
Total	327 577	76 960	404 537

El desempleo afecta a todas las categorías de la población femenina puesto que, por nivel de instrucción, se constata que una de cada cuatro mujeres en paro es universitaria.

b)Distribución de las mujeres desempleadas por nivel de instrucción y lugar de residencia

	Lugar de residencia
Nivel de instrucción	Zonas urbanas	Zonas rurales	Total
Sin instrucción	4 548	4 402	8 950
Alfabetizada	1 277	922	2 199
Enseñanza primaria	29 494	6 499	35 993
Enseñanza media	87 571	21 366	108 937
Enseñanza secundaria	115 933	24 070	140 003
Enseñanza superior	88 755	19 702	108 457
Total	327 578	76 961	404 539

La misma proporción indicada anteriormente se observa entre las mujeres en paro que han acabado un ciclo de formación.

c)Distribución de las mujeres desempleadas por formación profesional y lugar de residencia

	Lugar de residencia
Formación profesional	Zonas urbanas	Zonas rurales	Total
Ciclo concluido	121 593	74 218	142 660
Ciclo no concluido	11 290	2 088	13 378
Sin formación profesional	194 695	53 806	248 501
Total	327 578	76 961	404 539

4.Características del empleo femenino

Los datos relativos al empleo femenino permiten constatar que, en Argelia, la mano de obra femenina se caracteriza por la juventud de sus integrantes, ya que más de un tercio de las mujeres con un puesto de trabajo tienen menos de 30 años, y por su elevado nivel de instrucción; el 48,6% de las mujeres que, en septiembre de 2001, tenían un puesto de trabajo tienen un grado de instrucción equivalente o superior al nivel de la enseñanza secundaria.

a)Distribución de las mujeres empleadas por edad y lugar de residencia

	Lugar de residencia
Edad	Zonas urbanas	Zonas rurales	Total
15 a 19 años	19 585	18 737	38 322
20 a 24 años	67 449	41 013	108 462
25 a 29 años	123 381	42 475	165 856
30 a 34 años	134 026	25 506	159 532
35 a 39 años	112 085	27 809	139 894
40 a 44 años	80 982	20 935	101 917
45 a 49 años	59 182	19 276	78 458
50 a 54 años	33 117	13 010	46 127
55 a 59 años	17 733	8 489	26 222
Más de 60 años	8 810	9 949	18 759
Total	656 350	227 199	883 549

b)Distribución de las mujeres empleadas por nivel de instrucción y lugar de residencia

	Lugar de residencia
Nivel de instrucción	Zonas urbanas	Zonas rurales	Total
Sin instrucción	77 640	93 426	171 066
Alfabetizada	7 912	6 017	13 929
Enseñanza primaria	57 317	38 099	95 416
Enseñanza media	132 108	41 423	173 531
Enseñanza secundaria	211 055	34 574	245 628
Enseñanza superior	170 320	13 661	183 980
Total	656 350	227 199	883 550

La actividad femenina es principalmente urbana. La tasa de actividad de la mano de obra femenina en las zonas urbanas era, en septiembre de 2001, del 18,28%, frente a un 8,61% en las zonas rurales.

c)Proporción de mujeres empleadas por lugar de residencia

	Zonas urbanas	Zonas rurales	Total
Edad	PET	PFE	PFE/ PET		PET	PFE	PFE/ PET		PET	PFE	PFE/ PET
16 a 19 años	143 972	19 585	13,60	228 759	18 737	8,19	372 731	38 322	10,28
20 a 24 años	386 128	67 449	17,47	424 031	41 013	9,67	810 159	108 462	13,39
25 a 29 años	562 222	123 381	21,95	400 147	42 475	10,61	962 369	165 856	17,23
30 a 34 años	581 326	134 026	23,06	355 554	255 006	7,17	936 880	159 532	17,03
35 a 39 años	573 651	112 085	19,54	324 656	27 809	8,57	898 307	139 894	15,57
40 a 44 años	467 887	80 982	17,31	270 725	20 935	7,73	738 612	101 917	13,80
45 a 49 años	392 372	59 182	15,08	238 099	19 276	8,10	630 471	78 458	12,44
50 a 54 años	252 861	33 117	13,10	182 422	13 010	7,13	435 283	46 127	10,60
55 a 59 años	132 567	17 733	13,38	91 131	8 489	9,32	223 698	26 222	11,72
	97 381	8 810	9,05	122 883	9 949	8,10	220 264	18 759	8,52
	3 590 367	656 350	18,28	2 638 407	227 199	8,61	6 228 774	883 549	14,18

PET: población empleada total.

PFE: población femenina empleada.

La característica fundamental del empleo de la mujer es el desarrollo que ha experimentado en el sector de los servicios no comerciales (44,3%) y la industria (27,6%); no hay mano de obra femenina en el sector de la construcción y las obras públicas, y su presencia es muy escasa en el comercio.

d)Distribución de las mujeres empleadas por sector de actividad y lugar de residencia

	Lugar de residencia
Sector de actividad	Zonas urbanas	Zonas rurales	Total
Agricultura	28 468	81 833	110 301
Industria	175 346	68 899	244 245
Construcción y obras públicas	4 997	1 175	6 172
Comercio	24 636	2 646	27 282
Servicios comerciales	84 254	20 104	104 358
Servicios no comerciales	338 649	52 542	391 191
Total	656 351	227 200	883 551

En general, las mujeres están igualmente presentes en el sector público y en el sector privado. Sin embargo, cabe destacar que, en las zonas urbanas, su presencia es más marcada en el sector público, que emplea al 61,2% de las mujeres que trabajan en esas zonas.

e)Distribución de las mujeres empleadas por sector y lugar de residencia

	Lugar de residencia
Sector	Zonas urbanas	Zonas rurales	Total
Público	401 449	51 319	452 768
Privado	252 181	173 911	426 092
Mixto	2 721	1 969	4 690
Total	656 351	227 199	883 550

Las mujeres que trabajan en el sector no estructurado se concentran principalmente en los servicios, la artesanía y algunas actividades asistenciales. La población femenina que trabaja en el sector no estructurado asciende, según estimaciones aproximativas, a más de 200.000 mujeres. Cabe señalar la tendencia a la especialización de la formación femenina en determinados sectores de actividad (enseñanza, sanidad y administración pública).

–Enseñanza:48,4%;

–Salud pública:20,5%;

–Administración pública:25,4%.

Pese a la desaceleración de la actividad económica que ha marcado estos últimos años y que ha provocado desequilibrios cada vez más importantes entre la oferta y la demanda de empleo, entre 2000 y 2001 se ha registrado un aumento de la mano de obra femenina. Cabe señalar que al 30 de septiembre de 2001 trabajaban 883.550 mujeres, frente 697.683 en 2000.

Desde 1997, el trabajo a tiempo parcial y el trabajo a domicilio están regulados por ley, lo que supone una garantía para la mujer que opta por esos dos tipos de actividad. El trabajo a domicilio es una solución de sustitución apreciable para las mujeres que no han encontrado trabajo fuera de casa (desempleadas) o que se ven obligadas a permanecer en el hogar (discapacitadas o mujeres con obligaciones familiares).

Asimismo, cabe señalar que, a pesar de los efectos negativos del desempleo y la crisis económica en la actividad femenina durante los últimos años, el empleo femenino ha registrado un crecimiento neto desde la independencia hasta nuestros días (883.550 mujeres al 30 de septiembre de 2001, frente a 95.000 en 1966).

Esa progresión de la actividad femenina se ha traducido en una mayor emancipación de la mujer y en un incremento de su participación en la vida económica del país.

Con el fin de hacer frente a la situación de desempleo y recesión, los poderes públicos han puesto en marcha nuevas actividades de promoción del empleo mediante la elaboración y aplicación de toda una serie de dispositivos de creación de actividades generadoras de ingresos. Esos programas alternativos de empleo sostenido por el Estado han desempeñado en los últimos años una función de apoyo nada despreciable en la gestión del mercado laboral.

Los programas de incorporación al mercado laboral se desarrollan sin ningún tipo de discriminación ni segregación entre los jóvenes. Las mujeres pueden acceder a ellos en las mismas condiciones que los varones.

5.Incorporación de la mujer a los programas de creación de actividades

a)Puestos de trabajo remunerados de iniciativa local

Esos puestos de trabajo constituyen uno de los medios de inserción social y profesional de los jóvenes que buscan empleo que más beneficiosos han resultado a nivel local, principalmente en las zonas más desfavorecidas.

Ese tipo de programas, que presentan gran flexibilidad de gestión, siguen siendo uno de los mejores medios de ayudar a las colectividades locales a mantener los equipamientos colectivos y a mejorar el nivel de vida. Se trata de un medio de contratación realmente efectivo dirigido a las personas que buscan su primer trabajo y a otros grupos de población de cualificación insuficiente.

La participación femenina en este programa es relativamente importante porque, el 31 de diciembre de 2001, representaba el 37,8% de la incorporación total a puestos de trabajo remunerados de iniciativa local.

El siguiente cuadro pone de manifiesto el incremento de la mano de obra femenina en ese tipo de empleos:

Año	1997	1998	1999	2000	2001
Total de incorporaciones (en miles)	181,2	152,9	157,9	145,4	178,5
Incorporación de mujeres (en miles)	54,2	53,2	64,6	56,8	67,5
Porcentaje de la incorporación de mujeres	29,9	34,8	41,0	39,1	37,8

b)Programa de ayuda a la creación de microempresas

Este programa consiste en ayudar a los jóvenes a crear su propia empresa mediante préstamos sin intereses, la bonificación de los tipos de interés de los créditos bancarios y otras ayudas financieras. El programa, que abarca sectores importantes de actividad relacionadas con el mantenimiento y las reparaciones, ha contribuido a rehabilitar varios oficios artesanales y de servicios con tendencia a desaparecer y, sobre todo, a generar empleos socialmente útiles y económicamente duraderos. Cabe señalar que, de las 37.754 empresas que han recibido financiación, 3.792 son microempresas creadas y gestionadas por mujeres, que, al 30 de septiembre de 2001, representaban el 10,047% del total, y que esas empresas han ocupado nichos de actividad sumamente diversos, como la electrónica, la construcción y las obras públicas, el transporte o la fabricación de productos alimentarios.

El siguiente cuadro pone de manifiesto el importante papel que desempeñan las mujeres en ese dispositivo:

Sector de actividad	Número de microempresas financiadas	Mujeres	Porcentaje de microempresas de mujeres
Transporte (V)	11 665	393	3,37
Transporte (M)	6 922	184	2,66
Servicios	6 596	1 582	23,83
Agricultura	4 620	189	4,09
Artesanía	4 513	895	19,83
Industria	1 498	246	16,42
Construcción, obras públicas y vivienda	847	32	3,78
Profesiones liberales	663	256	37,63
Mantenimiento	351	15	3,45
Hidráulica	44	0	0,00
Pesca	35	0	0,00
Total	37 754	3 792	10,04

c)Programa de microcréditos

En su calidad de programa de incorporación al mercado laboral y de lucha contra el desempleo y la pobreza, los microcréditos creados en 1999 por la Agencia de Desarrollo Social y los bancos están dirigidos a las categorías de desempleados capaces de crear su propio empleo, pero que no pueden beneficiarse del programa de creación de microempresas por su edad o por la falta de medios financieros.

Se trata de pequeños préstamos de 50.000 a 350.000 dinares con tipos de interés subvencionados, reembolsables y garantizados mediante un fondo de garantía domiciliado en la caja del seguro de desempleo.

Los microcréditos son instrumentos adaptados para ayudar a las personas pobres y sin empleo a ser los artífices de su propia promoción social y a trabajar por cuenta propia.

Orientados hacia la promoción del trabajo independiente, el trabajo a domicilio (15%), la artesanía y los servicios, los microcréditos se conceden para la realización de actividades productivas y comerciales: ganadería a pequeña escala y apicultura, agricultura, hidráulica, transporte y pesca.

Al 31 de diciembre de 2000, de las 10.140 solicitudes aceptadas 3.350 correspondían a proyectos presentados por mujeres (el 35% de los proyectos, distribuidos entre los servicios y las actividades de producción).

d)Contratos de preempleo

En el marco de la incorporación de los jóvenes al mercado laboral en período de ralentización de la economía, se ofrecen contratos de preempleo a los licenciados en paro que, a la vista de las exigencias del mercado laboral en materia de experiencia profesional, tropiezan con graves dificultades para encontrar su primer puesto de trabajo. El contrato de preempleo permite al beneficiario adquirir formación práctica para adaptarse al puesto de trabajo y recibir un presalario a cargo del Estado durante un año.

Asimismo, esos contratos les permiten adquirir experiencia profesional e incrementan las posibilidades de que, después del período de preempleo, se incorporen de manera duradera al mercado laboral gracias a las medidas e iniciativas dirigidas a los empleadores.

La preponderancia de las mujeres en este programa es notable ya que, al 1º de junio de 2001, se contrató a 78.927 mujeres inscritas, de un total de 121.840 personas, lo que supone un porcentaje de contratación femenina del 65%.

6.Ayuda a los grupos demográficos vulnerables

La situación económica del país ha dado lugar a un incremento bastante rápido de la pobreza y de los fenómenos relacionados con la marginación, especialmente durante el último decenio.

A pesar de los importantes progresos logrados sobre el terreno, las mujeres siguen siendo muy vulnerables y sin disponer de las mismas oportunidades (crédito, trabajo, vivienda) que los hombres.

Por consiguiente, los poderes públicos se han comprometido a satisfacer la demanda de servicios sociales, en particular, en la lucha contra las desigualdades.

En la práctica, esta política se ha traducido en las partidas destinadas a servicios sociales que ocupan un lugar cada vez más importante en el gasto público.

Esos servicios sociales representan en gran medida la política social del Estado y revisten la forma de ayudas sociales o de equipamientos sociales colectivos destinados a los grupos de población desfavorecidos, en forma de exenciones fiscales sobre los ingresos de los grupos de menos ingresos, o de apoyo a los precios de determinados productos y servicios básicos.

En resumen, se trata de los gastos efectuados con cargo al presupuesto del Estado y que tienen por objeto proporcionar unos ingresos, complementar los ingresos o prestar una ayuda social a los ciudadanos y ciudadanas para compensar una situación desfavorecida y permitirles acceder a un bien, a un servicio o a una actividad generadora de empleo y de ingresos.

Como norma general, los desembolsos de servicios sociales tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de la población, y protegerla contra los riesgos derivados de la precariedad. Las mujeres ocupan un lugar importante entre las categorías de personas que solicitan ayudas, materiales o de otra índole.

El programa busca esencialmente la reorientación de la acción social del Estado hacia fórmulas que favorezcan la integración social de la población mediante una contribución eficaz las actividades de desarrollo, incluidas las de las mujeres que luchan por liberarse de su dependencia económica.

Las medidas de asistencia y de solidaridad incluyen las siguientes prestaciones:

•La red de seguridad social;

•Las ayudas que se conceden a los discapacitados;

•Las ayudas que se conceden a las personas de edad;

•Las ayudas que se conceden a la infancia; y

•Todas las demás medidas sociales (como el fondo específico de solidaridad nacional, los intereses subvencionados, y los diferenciales de pensiones).

Las tendencias que se observan actualmente ponen de manifiesto la importancia de los gastos de asistencia y solidaridad que representan el 40% de los gastos sociales, de los que una parte considerable se destina a las mujeres de edad que son cabezas de familia o que viven solas, a las mujeres discapacitadas mayores de 18 años y a las mujeres afectadas por enfermedades incurables.

De las personas que no cotizan a la seguridad social pero que reciben atención médica (cobertura de los gastos de enfermedad) cerca de una tercera parte son mujeres.

Sin embargo, es prioritario mejorar la gestión y la eficacia de todos los programas y medidas con el fin de incrementar sus repercusiones positivas en el desarrollo humano, principalmente de las mujeres.

En cuanto a las cifras, el número de beneficiarias de los subsidios que se conceden en el marco de la seguridad social es de 257.747 mujeres, es decir, el 48% del total (hombres y mujeres) de las que 201.650, es decir; el 50%, perciben el subsidio global de solidaridad.

Cabe señalar que, en el cuarto trimestre de 2000, de los 537.603 beneficiarios (hombres y mujeres), 163.664 eran mujeres de edad, 37.985 eran discapacitadas, 108.667 eran mujeres cabeza de familia y 150.816 eran mujeres que vivían solas.

Las dos terceras partes de las beneficiarias son mujeres de edades comprendidas entre los 25 y los 51 años.

Los distintos textos normativos elaborados en ese contexto ponen de manifiesto la necesidad de conceder especial atención a la aplicación de medidas prácticas para hacer frente al fenómeno de la pobreza que afecta, en particular, a las mujeres.

Entre esas medidas figura la promoción de un movimiento asociativo femenino organizado (850 asociaciones nacionales femeninas) en el marco de los servicios de apoyo y seguimiento, sobre todo para la identificación de futuras beneficiarias.

Por lo que respecta a las mujeres discapacitadas, cabe señalar que del total de niños y jóvenes adultos de menos de 25 años discapacitados que se benefician del programa, un tercio son mujeres que reciben formación en centros de acogida especializados por tipo de discapacidad y que dependen del Gobierno.

Por lo que respecta a la legislación, la reciente promulgación de un texto de ley relativo a la protección y la promoción de los discapacitados pondrá, sin duda, de relieve la situación de las mujeres discapacitadas, les permitirá beneficiarse de las ventajas derivadas de la aplicación del texto y, sobre todo, promoverá la igualdad de oportunidades en todas las esferas de la vida.

7.Acogida y cuidado de los niños pequeños

En el período actual se ha asistido a la multiplicación de las formas alternativas de acogida y cuidado de los niños que todavía no han cumplido la edad de escolarización obligatoria.

Esta situación ha permitido alentar a las mujeres a contribuir al desarrollo y, en particular, a participar en el programa de reactivación económica, que sigue siendo una oportunidad capital para su promoción.

La apertura de centros privados ha permitido acoger a los niños en edad preescolar hijos de mujeres que no trabajan fuera de casa, que representan el 75% de la población femenina en edad de trabajar.

Esta situación brinda a las niñas nuevas oportunidades de beneficiarse de los servicios de enseñanza preescolar.

El número de plazas ofertadas queda todavía muy por debajo de la demanda y requiere la revisión de la normativa del sector, incluida la legislación sobre la reforma del sistema educativo.

Artículo 12. Igualdad de acceso a los servicios de salud

1.Acceso de las mujeres a los servicios de salud: datos generales

La densidad de la red de infraestructuras sanitarias y la ampliación de la plantilla médica y paramédica han mejorado el acceso de la población, incluidas las mujeres, a los servicios de salud.

Desde finales del decenio de 1990, las infraestructuras sanitarias públicas han experimentado la siguiente evolución.

Año/tipo de estructura	Hospitales	Policlínicas	Centros de salud	Salas de curas	Maternidades
1997	223	465	1 144	3 601	530
2000	268*	497	1 252	3 964	616

*Incluidos 13 centros hospitalarios universitarios y 31 establecimientos hospitalarios especializados.

También se ha reforzado la plantilla médica y paramédica, como se indica en el cuadro que figura a continuación, y se ha registrado una feminización del personal sanitario.

2.Evolución de la plantilla médica y paramédica entre 1997 y 2000

	1997	2000
Categoría de personal	Total	Desarrollan una actividad privada	Porcentaje de mujeres		Total	Desarrollan una actividad privada	Porcentaje de mujeres
Médicos especialistas	8 722	3 095	46	10 140	4 065	46,1
Médicos generalistas	19 552	5 100	48,6	22 229	5 721	51,9
Farmacéuticos	4 022	3 604	65,4	4 814	4 587	65,6
Odontólogos	7 966	2 764	64,4	8 197	3 346	66,8
Personal paramédico	85 296*	–	43	86 056**	–	44,5

*Incluidas 5.453 comadronas.

**Incluidas 6.020 comadronas.

Esa densidad de la red ha dado lugar a la siguiente evolución en las tasas de cobertura:

Relación/Año	1997	2000
Camas/1.000 habitantes	2	2
Camas de ginecología y maternidad/1.000 MEP*	1,5	2
Habitantes/1 policlínica	62 365	60 563
Habitantes/1 centro de salud	25 350	24 080
Habitantes/1 sala de curas	8 053	7 593
Habitantes/1farmacia	6 152	5 777

*MEP: mujer en edad de procrear, 15 a 49 años.

Por lo que respecta al personal médico y paramédico, la evolución ha sido la siguiente:

Relación/Año	1997	2000
Habitantes/1 médico	1 123	929
Habitantes/1 odontólogo	4 033	3 672
Habitantes/1 farmacéutico	7 818	6 252
Habitantes/1 enfermero	363	351
Mujeres en edad de procrear/1 comadrona	916	750

Por lo que respecta al acceso a la atención sanitaria, según la encuesta EDG-2000, el 68% de las mujeres entrevistadas vivían a menos de cinco kilómetros de una unidad sanitaria pública que ofrecía gratuitamente prestaciones de salud materna, y el 72% de entre ellas a menos de cinco kilómetros de una unidad que garantizaba el seguimiento de los niños pequeños.

Durante ese período, el presupuesto asignado al sector de la salud pasó de 47.149 a 54.809 millones de dinares. Los gastos de salud (que incluyen tanto el presupuesto del sector de la salud, como las aportaciones de otros sectores y, principalmente, de la seguridad social y la participación de los hogares) representan el 3,6% del PIB, frente al 4,6% a principios del decenio de 1990.

En cambio, los gastos de salud han aumentado en volumen, en términos de dinares constantes, pasando de 26.555 millones de dinares en 1991 a 35.253 en 2001. En proporción, los gastos de salud no han aumentado al mismo ritmo que el PIB. La estructura del gasto sanitario ha evolucionado hacia una mayor participación de los hogares como consecuencia, por una parte, de la ampliación del sector privado y, por otra, de la puesta en marcha progresiva de un proceso de recuperación de costos. Sin embargo, la gratuidad total de la atención sanitaria se mantiene en el caso de las personas sin recursos al tiempo se refuerzan los servicios destinados a ese segmento de la población.

Este proceso se inscribe en el marco de las reformas de la sanidad encaminadas a mejorar la gestión de los recursos financieros. El objetivo consiste en mejorar la gestión de las infraestructuras y del personal. Habida cuenta del importante número de centros de salud, se está tratando de limitar la inversión en grandes estructuras y de invertir más en unidades más pequeñas y de proximidad; por lo que se refiere al personal, se está procediendo a redistribuir a la plantilla en función de las especificidades locales.

A mediano plazo, el proceso de reforma del sector puesto en marcha por el Gobierno en septiembre de 2000 se articula en torno a los grandes ejes estratégicos siguientes:

–La mejora del sistema de gestión financiera, principalmente mediante la revisión del sistema de información sanitaria, la introducción de la contabilidad analítica y el análisis de los costos sanitarios;

–La diversificación de las fuentes de financiación y la revisión del sistema de recuperación de costos;

–La actualización del mapa sanitario, teniendo en cuenta todo el potencial del sector de la salud, incluido el sector semiprivado y privado;

–La valorización de los recursos humanos; y

–La revisión de la Ley de la salud, aprobada en 1985 y modificada en 1990, y su adaptación a la evolución de las necesidades y prioridades en materia de salud, incluida la salud genésica.

Por lo que respecta a la demografía, los resultados del Censo General de Población y Vivienda realizado en 1998 que se publicaron a partir de 1999 confirman el proceso de transición demográfica que se inició a finales del decenio de 1980. Cabe destacar, en particular, la reducción del índice sintético de fecundidad, estimado en 2,67 hijos por mujer a nivel nacional, 2,44 en las zonas urbanas y 3,02 en las zonas rurales. La reducción de la fecundidad es especialmente notable entre los grupos de edad más jóvenes: 10,86 mujeres por mil tienen un hijo antes de los 20 años (9,73 por mil en las zonas urbanas y 12,34 por mil en las zonas rurales), frente a 21 por mil y 23 por mil en 1990. Se observa un claro retroceso de la edad media al contraer matrimonio: en promedio, las mujeres contraen matrimonio a los 27,6 años y los hombres a los 31,3 años (frente, respectivamente, a los 23,7 años y los 27,6 años en 1987). Por ello, los matrimonios y la maternidad precoces representan una ínfima minoría en Argelia.

La evolución demográfica se caracteriza también por la modificación progresiva de la estructura por edades, disminución del peso de las generaciones más jóvenes y un aumento de los grupos de población adulta y los ancianos.

3.Evolución de la estructura de la población por edad y sexo en los dos últimos censos (en porcentaje)

	1987	1998
Grupo de edad	Hombres	Mujeres	Total		Hombres	Mujeres	Total
Menos de 20 años	55,52	54,51	55,02	48,73	47,79	48,27
20 a 59 años	38,89	39,59	39,23	44,93	45,35	45,14
Más de 60 años	5,59	5,90	5,74	6,34	6,86	6,59

4.La salud genésica

La salud genésica forma parte integrante de las prioridades nacionales en materia de salud y población. La revisión de las atribuciones y de la organización del Ministerio de Sanidad y Población, que se llevó a cabo en 2000 (Decreto Ejecutivo No. 2000-150, de 18 de junio de 2000), ha permitido reforzar la integración de ese tipo de atención. En virtud de la nueva normativa, la Dirección de Población, a nivel de la administración central del Ministerio de Sanidad y Población y a través de la Subdirección de salud genésica y planificación familiar, se encarga de:

–“Desarrollar el acceso a los servicios y mejorar la calidad de las prestaciones de salud genésica y planificación familiar;

–Estudiar y proponer normas y criterios para mejorar la legislación en ese ámbito;

–Proponer medidas encaminadas a desarrollar la utilización de la planificación familiar y a mejorar el acceso a los servicios;

–Supervisar, regular y evaluar los programas de suministro de anticonceptivos;

–Proponer las medidas necesarias para mejorar la capacidad técnica del personal que presta servicios en ese ámbito; y

–Participar en la definición y aplicación de otros programas relacionados con la salud genésica, como la detección en los casos de cáncer genital, el tratamiento de los casos de esterilidad y la salud genésica en todos los ciclos de la vida.”

La mejora del acceso a los servicios de salud genésica y planificación familiar es uno de los ejes neurálgicos de acción de la política nacional en materia de población. Cabe señalar que, en 2001, se procedió a reajustar los objetivos y estrategias de esa política para el decenio 2001-2010 en el marco de los trabajos del Comité Nacional de Población. El Consejo de Ministros examinó y aprobó el documento de estrategia que se preparó. Ese examen permitió confirmar el compromiso de las más altas autoridades del país de hacer de la política nacional en materia de población una de las prioridades del desarrollo humano.

En ese marco, los objetivos para 2010 son:

–A nivel demográfico, reforzar la reducción de las tasas de fecundidad mediante el desarrollo de la planificación familiar;

–Generalizar las tasas de utilización de métodos anticonceptivos y alcanzar una tasa de uso del 70%, principalmente reforzando la utilización de los métodos modernos; y

–Reforzar el proceso de reducción de la mortalidad, principalmente de la mortalidad materna e infantil, con miras a lograr una reducción del 50% respecto de las tasas registradas en 1999.

Esos objetivos y prioridades se han definido a la luz de las tendencias que se ponen de manifiesto en las encuestas demográficas y sanitarias, y de las distintas evaluaciones que han permitido observar los progresos y los obstáculos en la aplicación de los programas.

A.Planificación familiar

a)Evolución del uso de métodos anticonceptivos

En el decenio de 1990 se ha producido un aumento importante en el uso de métodos anticonceptivos. Según la encuesta de EDG-2000, la tasa de uso de métodos anticonceptivos, incluidos todos los métodos, era del orden del 64%, frente al 56,9% en 1995.

Está aumentando la planificación familiar cualquiera que sea el lugar de residencia: el uso de métodos anticonceptivos pasó entre 1995 y 2000 del 57,2% al 64,8% en las zonas urbanas y del 56,6% al 62,9% en las zonas rurales. La píldora anticonceptiva sigue siendo el método más utilizado (44,3% en 2000), seguido del dispositivo intrauterino (4,3%); está aumentando la utilización de preservativos (1,5% en 2000, frente al 0,8% en 1995); el 13,9% de las mujeres recurren a los métodos naturales, incluida la lactancia materna prolongada.

La utilización de métodos anticonceptivos se caracteriza también por un incremento de la continuidad: la duración media de la utilización pasó de 31,5 meses en 1995 a 34,4 meses en 2000, lo que produce una mejora del control de la fecundidad por parte de las mujeres que utilizan métodos anticonceptivos.

Cada vez son más las mujeres de todos los grupos de edad que recurren a la planificación familiar. Cabe señalar, sin embargo, que entre 1995 y 2000 aumentó la utilización de métodos anticonceptivos entre las mujeres más jóvenes, como indica el cuadro que figura a continuación; la tasa de utilización de métodos anticonceptivos supera el 70% de las mujeres de edades comprendidas entre los 30 y los 39 años, es decir, las que habitualmente presentan mayor tasa de fecundidad.

b)Evolución del uso de métodos anticonceptivos por edad de la mujer (en porcentaje)

Año/edad	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	Total
1995	43,5	52,3	62,4	63,8	63,1	53,8	33,5	56,9
2000	57,6	60,5	69,3	72,8	71,2	62,3	38,6	64

Estos datos ponen de manifiesto la rápida progresión de la planificación familiar en la sociedad argelina. Los motivos más frecuentes de la no utilización de métodos anticonceptivos son el “deseo tener hijos” y el temor por los efectos secundarios para la salud: esos dos motivos confirman la opción adoptada, consistente en reforzar las campañas de información y sensibilización sobre la salud genésica. La oposición declarada a la planificación familiar es muy escasa, con un 0,2% de mujeres que no utilizaban ningún tipo de método en 2000.

B.Prioridades del programa nacional

Habida cuenta de esta evolución, los programas de acción en marcha se articular en torno a los grandes ejes siguientes:

–La mejora de la calidad de los servicios mediante, principalmente, el reajuste de las normas por las que se rigen las prestaciones en el ámbito de la salud genésica y la planificación familiar, y la amplia difusión de esas directrices técnicas a todos los niveles del sistema sanitario. Se hace especial hincapié en las wilayas más desfavorecidas, es decir, aquellas que presentan peores resultados. Se les presta apoyo, especialmente en materia de equipo y de mejora del nivel técnico, y se refuerza la plantilla de médicos especialistas en el marco del servicio civil.

–La mejora de la capacidad técnica del personal que presta esos servicios, principalmente a través de la formación permanente; a ese respecto, se han impartido cuatro cursos nacionales destinados al personal que presta servicios a los distintos niveles: se trata de un curso de gestión de programas, un curso de técnicas de salud genésica y planificación familiar, un curso de información, educación y comunicación de proximidad, y un curso de utilización de datos demográficos.

–La regulación del suministro de productos anticonceptivos que las estructuras públicas proporcionan gratuitamente y que se reembolsan el 100% a los afiliados a la seguridad social que los obtienen a título privado. Entre las medidas adoptadas en ese marco, cabe destacar la duplicación, en 2001, de la partida asignada a la compra de anticonceptivos a fin de responder al aumento de la demanda.

–La intensificación de las campañas de información y sensibilización acerca de las cuestiones de la planificación familiar y el control de la fecundidad destinadas a los distintos grupos de población (parejas, hombres y mujeres en las zonas rurales, jóvenes, etc.), aunque también al personal sanitario, con el fin de reforzar su motivación y su participación en el programa.

–El fortalecimiento de los estudios y de la investigación operacional: en ese ámbito, cabe destacar, fundamentalmente, la inclusión del tema “salud genésica” entre las prioridades del programa nacional de investigación en materia de salud para el año 2002, subdividido de la siguiente forma: planificación familiar, salud materna y perinatal, esterilidad y enfermedades de transmisión sexual. Además, en 2002 está previsto llevar a cabo una encuesta nacional sobre salud familiar con apoyo de distintos organismos del sistema de las Naciones Unidas en el marco del protocolo de estudio del Proyecto Panárabe de Salud de la Familia; esta encuesta proporcionará información sobre la salud de las mujeres en todos los ciclos de la vida (infancia, juventud, mujeres en edad fecunda, mujeres de entre 50 y 60 años y mujeres ancianas).

5.La salud materna

La mejora de la salud materna forma parte integrante de las prioridades en materia de salud genésica habida cuenta tanto del volumen de nacimientos que todavía se registran en el país como de los indicadores de atención. En efecto, a pesar de la importante reducción del crecimiento demográfico que ha permitido alcanzar una tasa de crecimiento natural de la población del 1,43% en 2000 (frente a un 1,46% en 1999 y un 1,89% en 1995) y una tasa de natalidad del 19,76 por mil en 2000 (frente a 20,21 por mil en 1999 y 25,33 por mil en 1995), el número anual de nacimientos en 2000 fue de 600.000 (frente a 605.000 en 1999 y 771.000 en 1995).

Por lo que respecta a los indicadores de atención a la maternidad, ponen de manifiesto progresos notables pero que pueden seguirse mejorando, especialmente en algunas regiones del país.

En 2000, la atención prenatal era del 79% (81% en las zonas urbanas y 76% en las zonas rurales), frente al 57,3% en 1992. El seguimiento prenatal incluye, principalmente, la vacunación antitetánica de las madres, que, en 2000, era del 55% de las interesadas (frente al 50% en 1996), el 59,1% en las zonas urbanas y el 48,7% en las zonas rurales. Por lo que respecta al parto, según la encuesta EDG-2000, en el 92% de los casos tiene lugar en un centro médico y en el 8% de los casos en el domicilio (frente a un 22% en 1992). El porcentaje de partos a domicilio es más elevado en las zonas rurales (12%) y en la región meridional del país (16%). En 2000, recibieron atención durante el puerperio el 32% de las interesadas (frente al 20% en 1992): a pesar de los progresos realizados, el seguimiento posnatal sigue siendo insuficiente y está previsto reforzarlo en el marco del programa de reducción de los riesgos derivados de la maternidad, que se ha puesto en marcha a nivel nacional.

A pesar de la mejora de la atención durante el embarazo y el parto que los indicadores que figuran anteriormente ponen de manifiesto, la mortalidad materna sigue siendo causa de preocupación para los poderes públicos. La encuesta nacional realizada en 1999 en todos los municipios de Argelia arrojaba unos datos de mortalidad materna del orden de 117 muertes por 100.000 nacidos vivos. Cabe recordar que, en 1989, la mortalidad materna se estimaba en 230 por 100.000, es decir que, en un decenio, se ha reducido a la mitad. La encuesta de 1999 puso de manifiesto, entre otras cosas, importantes diferencias entre las distintas regiones: la mortalidad materna que, en la región central y septentrional del país es de 84 por 100.000, se sitúa en la región sudoriental en 210 por 100.000; la mortalidad materna oscila entre 17 y 235 por 100.000 entre las distintas wilayas del país.

Según los datos de la encuesta, los factores de riesgo más frecuentes son la edad de la madre (con un 19% de fallecimientos de mujeres mayores de 40 años y del 45% de mujeres de entre 35 y 40 años), el número de partos (el 47% de las mujeres fallecidas tenían cuatro hijos o más), la atención insuficiente durante el embarazo (el 35,1% de las mujeres fallecidas no habían sido objeto de ningún reconocimiento prenatal). Las causas más frecuentes de muerte son las causas “clásicas”, a saber, las hemorragias, las infecciones y la hipertensión arterial; cabe señalar que sólo el 5,5% de las muertes están relacionadas con el aborto.

Esta encuesta ha proporcionado elementos útiles para reforzar el programa nacional de lucha contra la mortalidad materna y perinatal. Se han identificado las siguientes prioridades:

–La mejora de la atención prenatal y las sistematización de, al menos, cuatro consultas durante el embarazo; la consulta prenatal incluye, principalmente, la vacunación contra el tétanos neonatal y la prevención de las deficiencias nutricionales (en ese sentido, cabe destacar la reducción de las anemias graves cuya incidencia era del 15% en 1999);

–La mejora de la calidad del servicio que se ofrece a través de la formación permanente de los médicos generalistas y de las comadronas, con miras, principalmente, a detectar los embarazos de alto riesgo; el aumento de la duración de la hospitalización y la amplia difusión de las directrices técnicas sobre la cuestión;

–La mejora del sistema de orientación y de recurso a los distintos niveles de atención sanitaria relacionada con la maternidad, y la mejora de los servicios de urgencias obstétricas; y

–El fortalecimiento de los vínculos entre los distintos programas relacionados con la salud de la madre y el niño (como los programas de planificación familiar y lactancia materna), fundamentalmente en el marco de la atención posnatal.

6.Otros aspectos de la salud genésica

a)Programa de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA

Las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA reciben atención constante en el marco de las actividades de prevención. La pandemia del SIDA llegó a Argelia en 1985, año en que se detectó el primer caso. Desde entonces y hasta el 31 de diciembre de 2001, se han diagnosticado, en total, 527 casos. El número de seropositivos para ese mismo período se calcula en 1.125 casos. La proporción de mujeres entre la población afectada por el SIDA era del orden del 28,5% en 2001, frente al 25% en 1998: las mujeres, principalmente las que se encuentran en edad fecunda, están cada vez más expuestas a la enfermedad.

Distribución de los casos de SIDA por edad y sexo entre 1985 y 2001

Edad/sexo	Hombres	Mujeres	T o tal
0 a 14 años	13	7	20
15 a 19 años	3	1	4
20 a 49 años	306	111	417
Más de 50 años	34	14	48
No declarada	21	17	38
Total	377	150	527

Al 31 de diciembre de 2001, los modos más frecuentes de transmisión de la enfermedad eran los siguientes:

Heterosexualidad:	204 casos
Toxicomanía:	92 casos
Transfusiones:	48 casos
Homosexualidad:	36 casos
Transmisión de madre a hijo:	10 casos
Sin precisar:	135 casos

Se observa una estabilización en los casos de contagio por transfusión sanguínea gracias al control que se efectúa a nivel nacional. Sin embargo, el número de casos de transmisión heterosexual está aumentando, lo que hace necesario intensificar las campañas de información y comunicación.

Desde 1999, la aplicación del programa ha permitido reforzar los siguientes elementos:

Por lo que respecta a la atención de los enfermos, cabe señalar la ampliación de la triterapia, que empezó a suministrarse en marzo de 1998 en el Centro de lucha contra la infección por VIH de Argel. El Estado sufraga la totalidad de los gastos. El número de centros de ámbito regional especializados en la atención de la infección por VIH ha pasado de cuatro en 1990 a seis. Se ha abierto un centro en el gran sur (en Tamanrasset) dada la elevada incidencia de la infección en esa región del país (diez veces superior a la incidencia nacional), debida a la intensidad de los movimientos migratorios (principalmente, las migraciones procedentes del África subsahariana). La utilización del genérico a partir de 2002 permitirá reducir considerablemente el costo del tratamiento y, de ese modo, ampliar la atención que ofrece a los enfermos.

Se han intensificado las actividades de información, educación y sensibilización, especialmente entre los jóvenes y la población escolarizada, con ayuda de los ministerios interesados y del movimiento asociativo.

Se ha reforzado la vigilancia epidemiológica mediante la programación y la realización en 2000 de una encuesta nacional de serovigilancia.

Los ejes estratégicos para el período 2002-2006 son los siguientes:

–Intensificación de la vigilancia epidemiológica: cabe destacar la realización de encuestas periódicas de serovigilancia y la realización, en 2002, de una encuesta sobre la incidencia del VIH entre la población enferma de tuberculosis;

–Mejora de la calidad de la atención médica de los grupos de población de riesgo y de las personas afectadas;

–Intensificación de las campañas de formación y de información para prevenir la transmisión de las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA mediante, entre otras cosas, el fortalecimiento del papel de las asociaciones; y

–Refuerzo del dispositivo legislativo y normativo en la materia con el fin, entre otras cosas, de reforzar el Laboratorio Nacional de Referencia, de crear laboratorios regionales y crear centros de detección anónima.

b)Detección de los cánceres del aparato genital

En 2001 se procedió a reforzar ese apartado de la salud genésica a través, principalmente, de la mejora de la detección del cáncer de cuello de útero. Se ha definido una estrategia nacional de detección sistemática del cáncer de cuello de útero, que es una de las formas más frecuentes de cáncer del aparato genital, con una incidencia de 11 por 100.000 mujeres; la estrategia incluye tanto la detección a escala primaria en las unidades de base que ofrecen servicios de salud genésica como la organización de la referencia a centros especializados. Se ha equipado a un centenar de estructuras de base para que puedan efectuar citodiagnósticos y se les proporcionan los reactivos y los materiales necesarios para esa actividad. La estrategia que, en una primera fase, se ha puesto en marcha en una veintena de wilayas de las 48 del país, se ampliará a todo el país de aquí a 2003, teniendo en cuenta, sobre todo, las actividades formación para realizar análisis citológicos dirigidas al personal de las unidades sanitarias en cuestión. Esta actividad ha contado con el apoyo del FNUAP en el marco del programa de cooperación para el período 1998-2001.

c)Esterilidad y procreación asistida

En 2001 se procedió a establecer el marco normativo de la asistencia médica para la procreación. De ese modo se ha fijado el marco de organización de esa actividad tanto en el sector público como en el sector privado; se han establecido las normas de calidad de los servicios que se prestan en ese ámbito y las modalidades de evaluación y control, teniendo también debidamente en cuenta los aspectos éticos y deontológicos.

d)Atención a los casos de violencia contra la mujer en los programas de salud

La violencia contra las mujeres y los niños forma parte integrante de las preocupaciones en materia de salud. La intervención en ese ámbito se caracteriza por:

–La mejora de los estudios con el fin de comprender la amplitud del fenómeno. A ese respecto, la encuesta EDG-2000 incluía un módulo sobre traumatismos debidos a la violencia (accidental o intencionada) contra mujeres y niños: los resultados pusieron de manifiesto una incidencia de traumatismos del orden de 32 por mil entre los niños menores de 15 años (42 por mil entre los muchachos de más de 15 años y de 18 por mil entre las muchachas), y una incidencia de 18 por mil entre las mujeres en edad fecunda (15 a 49 años).

–El desarrollo de medidas de apoyo psicológico, dirigidas, principalmente, a los niños víctimas de la violencia; esas medidas han contado con el apoyo de los programas de formación del personal sanitario.

–La ampliación del debate entre el personal sanitario y otros sectores implicados (justicia y policía, entre otros); en ese marco, cabe destacar la organización en octubre de 2001 por el Instituto Nacional de Salud Pública de un seminario internacional sobre la atención en los casos de violencia contra la mujer que ha permitido crear una plataforma de acción en ese ámbito.

7.La salud de la mujer en los distintos ciclos de la vida

a)Las niñas

La atención a la salud de las niñas se enmarca en los programas de medicina preventiva, especialmente en el Programa nacional de lucha contra la mortalidad infantil. El proceso de reducción de la mortalidad infantil se ha intensificado desde finales del decenio de 1990. La tasa de mortalidad infantil ha pasado de 53,8 por mil en 1999 a 51,1 por mil en 2000 (54,2 por mil en el caso de los niños y 47,8 por mil en el de las niñas). La reducción de la mortalidad infantil es el resultado del programa ampliado de vacunación: en 2000, el 93% de los niños estaban vacunados contra la tuberculosis (93% en 1995), el 89% había recibido las tres dosis de vacuna contra la tos ferina, la difteria, el tétanos y la polio (frente a un 83% en 1995) y el 83% había recibido la vacuna contra la rubéola (frente al 77% en 1995), sin discriminación por motivos de sexo . También ha mejorado el estado nutricional de los niños menores de 5 años: el retraso severo del crecimiento del niño (peso/talla) se estimaba en 2000 en el 0,6% (0,6% en el caso de los niños y el 0,5% en el de las niñas), frente al 7% en 1995, y el retraso moderado en el 2,8% en 2000 (3,1% en el caso de los niños y 2,4% en el de las niñas), frente al 11% en 1995.

Los programas de prevención destinados a mejorar la salud del niño son cuatro y su objetivo es reducir la incidencia de las enfermedades más frecuentes, especialmente entre los menores de 5 años.

Teniendo en cuenta el retroceso de las causas exógenas de mortalidad infantil, relacionadas principalmente con la reducción de la incidencia de las enfermedades controlables mediante la vacunación, la mortalidad infantil se corresponde cada vez más con la mortalidad neonatal, es decir, la mortalidad de los niños de menos de un mes, que, en la actualidad, representa cerca del 60% de la mortalidad infantil.

b)La salud de los jóvenes

La salud de los adolescentes y los jóvenes es objeto de atención constante, especialmente en el marco de la sanidad escolar y universitaria. Desde finales del decenio de 1990 se ha ampliado la red de unidades de detección y seguimiento (UDS) del sistema de educación nacional que, en 2001, comprendía 1.121 unidades; asimismo, cabe destacar la creación de unidades de medicina preventiva en el ámbito universitario (UMP) que, actualmente, ascienden a 80 unidades repartidas en las 30 ciudades universitarias. Las UDS y las UMP cuentan con equipos interdisciplinarios (médicos, enfermeros, dentistas y psicólogos). La misión de esas unidades es detectar todo tipo de enfermedades entre los niños y los jóvenes, desarrollar actividades de educación sanitaria dirigidas a esos grupos de población y promover una conducta saludable mediante, fundamentalmente, campañas de lucha contra el tabaquismo, la toxicomanía y las enfermedades de transmisión sexual/SIDA. En 2001 se puso en marcha una reflexión con miras a integrar las inquietudes relacionadas con la salud genésica en la salud escolar y universitaria: se está realizando un estudio (que se espera esté concluido en enero de 2002) con el fin de evaluar las necesidades de los jóvenes en ese ámbito y de integrar esas cuestiones, a partir de 2002, en las actividades de las UDS y las UMP.

Las intervenciones de las UDS y las UMP en la esfera de una salud genésica complementan las campañas de educación que se llevan a cabo en el sistema escolar y que guardan relación con la inclusión de las cuestiones relativas a la población en los programas; en ese sentido, cabe destacar la publicación en 2001 de un libro de referencia y de un manual de consulta para el profesorado de enseñanza media, que incluyen módulos sobre salud genésica.

Las campañas de información y educación de los jóvenes, especialmente las relativas a la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA, y la promoción de conductas saludables en materia de reproducción, también se desarrollan en los Centros de información y animación de la juventud (CIAJ) a través de las “unidades de salud” incluidas en esos Centros (actividades de proximidad, distribución de folletos y demás material informativo, y teléfono de atención a los jóvenes, entre otras cosas).

Asimismo cabe destacar la puesta en marcha de proyectos encaminados a integrar el enfoque de “género”. En 1999 se aprobó un proyecto, que se está realizando en colaboración con el PNUD, encaminado a elaborar una estrategia nacional en ese ámbito para los programas de desarrollo y, principalmente, los programas de salud, que cuenta con la participación de diversos ministerios e instituciones; en 2000 se puso en marcha un proyecto en el que intervienen cuatro asociaciones nacionales y que tiene por objeto formar a voluntarios para la realización de actividades de promoción de la mujer y el desarrollo de servicios de información y de asesoramiento destinados a las mujeres (salud genésica, derechos de la mujer y asesoría jurídica).

c)La salud de las mujeres de edad

La evolución demográfica del país hace prever un envejecimiento de la población. La proporción de personas de edad en el total de la población ha pasado del 5,7% al 6,6% entre 1987 y 1998 (fechas de los dos últimos censos). Las proyecciones de población prevén que, de aquí a 2025, ese porcentaje alcance el 11% como consecuencia de la disminución de la fecundidad y del aumento de la esperanza de vida. En ese mismo período, el número de ancianos pasará de 2.010 millones en 2000 a 4.410 millones en 2025, es decir, que se duplicará en 25 años. Las mujeres de edad representan el 52% de las personas de más de 60 años dada la tendencia universal a la mayor longevidad de las mujeres. Por este motivo, la atención de los ancianos figura entre los objetivos en materia de salud y población. En particular, se prevé desarrollar programas de prevención de las enfermedades de la vejez (como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes o la osteoporosis). En la esfera de la salud genésica, la atención a la mujer menopáusica figura entre las actividades de formación permanente destinadas a los médicos y las comadronas. También se ha creado la Sociedad argelina para la atención en la menopausia, que desarrolla campañas de información dirigidas al gran público, se ocupa de la formación de las personas que prestan servicios en ese ámbito y desarrolla la investigación-acción sobre la cuestión.

8.Las enfermedades endémicas y los programas de salud

Las enfermedades transmitidas por el agua y las zoonosis siguen siendo motivos de preocupación en el ámbito de la salud pública. Sin embargo, en general, la incidencia de esas enfermedades se está reduciendo. Además, no existen diferencias notables entre ambos sexos.

Entre las enfermedades contagiosas, la lucha contra la tuberculosis también figura entre las prioridades: la incidencia de la enfermedad se estimaba en 2000 en 60,7 por 100.000 habitantes, lo que supone un ligero incremento con respecto a 1997 (57,3 casos por 100.000) debido, principalmente, a la mejora en la detección de la enfermedad. La tuberculosis pulmonar es más frecuente entre los hombres (59,6% de los casos); en cambio, la tuberculosis extrapulmonar afecta a una mayoría de mujeres (55,6% de los casos). Se ha puesto en marcha un plan estratégico de reactivación de la lucha contra la tuberculosis para el período 2001-2005 con el fin de reducir la incidencia de la enfermedad a menos de 50 por 100.000 antes de que concluya ese período.

Entre las prioridades en materia de salud figura también la salud mental. A ese respecto, en octubre de 2001 se aprobó un programa nacional de salud mental que se articula en torno a los siguientes ejes estratégicos:

–La organización de los servicios de salud mental, prestando especial atención a la descentralización de la atención primaria y al enfoque comunitario, así como a la disponibilidad de medicamentos; cabe destacar la creación de “centros intermedios de atención a la salud mental” a nivel de los sectores sanitarios;

–El desarrollo de medidas para prevenir los problemas mentales y neurológicos;

–La rehabilitación psicosocial de las personas con problemas psíquicos derivados de la violencia;

–El fortalecimiento de las medidas de formación del personal y de las medidas de comunicación social; y

–El desarrollo de la investigación y la adaptación de la legislación a la nueva organización.

9.La salud en el medio laboral

Se calcula que alrededor del 20% de los trabajadores están cubiertos por la medicina laboral que debe mejorarse reforzando la participación de los organismos empleadores. El número de trabajadores cubiertos por los servicios de medicina laboral de los centros hospitalarios universitarios y de los sectores sanitarios es del orden de 600.000 trabajadores y trabajadoras; los centros médicos de las empresas disponen de una capacidad de cobertura para 500.000 trabajadores. La presencia de 450 médicos especialistas y de 300 médicos generalistas que se dedican a la medicina laboral permite prever una ampliación de la cobertura en ese ámbito.

Artículo 13. Prestaciones sociales y actividades recreativas

1.Seguridad social

El sistema de seguridad social actúa como régimen protector de las mujeres; las trabajadoras o las mujeres que tienen derechos como cónyuges de trabajadores se benefician de la seguridad social.

Las trabajadoras disponen de un seguro médico y de protección contra los accidentes laborales, disponen de una licencia de maternidad de 14 semanas con el 100% del salario sujeto a cotización, tras la deducción de la cotización a la seguridad social y de los impuestos correspondientes a las prestaciones en efectivo. Además, se benefician de prestaciones en especie que consisten en el pago de la totalidad de los gastos médicos y farmacéuticos y de los gastos de hospitalización durante el parto.

Las mujeres que no trabajan pero cuyos maridos están afiliados a la seguridad social también se benefician de prestaciones en especie en virtud del seguro de maternidad.

Al igual que los hombres, las mujeres tienen derecho a percibir una pensión de invalidez si se ven obligadas a interrumpir su trabajo por ese motivo, y a un seguro de vida.

2.La jubilación

La edad legal de jubilación se ha fijado a los 60 años. Sin embargo, las trabajadoras pueden solicitar la jubilación anticipada al cumplir los 55 años.

Las viudas cuyo marido era beneficiario de la seguridad social cobran una pensión de viudedad cualquiera que sea su edad; las hijas de un beneficiario de la seguridad social fallecidos que no tengan ingresos y no estén casadas cobrarán una pensión cualquiera que sea su edad.

Las disposiciones garantizan a la mujer unos ingresos cuando no ejerce ninguna actividad remunerada.

En la esfera de las prestaciones familiares, los trabajadores asalariados reciben subsidios familiares por hijos menores de edad. Asimismo, los trabajadores jubilados reciben una bonificación de la pensión cuando tienen un cónyuge a cargo.

Si se interrumpe su contrato laboral en el marco de una reducción de plantilla por motivos económicos, las mujeres también tienen derecho a percibir el seguro de desempleo hasta que puedan reincorporarse al mercado laboral.

Cabe señalar que, desde 1997, existe una nueva disposición relativa a la jubilación voluntaria de la mujer en virtud de la cual ésta tiene derecho a percibir, cuando así lo solicita, una pensión de jubilación proporcional cuando reúne las siguientes condiciones:

–Haber cumplido al menos 45 años;

–Haber cotizado a la caja de pensiones durante un mínimo de 15 años.

En cumplimiento de su misión educativa, la escuela argelina garantiza el desarrollo de actividades culturales y deportivas, tanto en sus programas de enseñanza, de los que la educación física y la educación artística (dibujo y música) forman parte como asignaturas obligatorias que se califican y contabilizan en los exámenes de ingreso de todos los alumnos (niñas y niños), como a través de los programas de actividades de los establecimientos escolares (deportes, música, canto, danza, dibujo, teatro, y actividades manuales, entre otras cosas), y de los clubes científicos y culturales (clubes de salud, astronomía, informática, medio ambiente o poesía).

En las escuelas argelinas se promueve la afición a la lectura a través de la creación de bibliotecas escolares en los establecimientos de enseñanza básica a secundaria.

El acceso a esas actividades se garantiza a todos los alumnos sin discrim i nación alguna.

La reforma del sistema educativo (Recomendaciones del Comité)

El Presidente de la República creó una comisión nacional de reforma del sistema educativo integrada por universitarios, profesores, investigadores, inspectores, directores de centros docentes, psicólogos, sociólogos y otros especialistas, tanto hombres como mujeres, con el fin de preparar un proyecto de reforma global en profundidad de todo el sistema educativo. La Comisión presentó su informe en abril de 2001, tras 10 meses de trabajo. Actualmente el Gobierno está estudiando el informe en cuestión con miras a su aplicación.

Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional ha establecido los mecanismos que permitirán preparar y aplicar esa reforma.

A tal efecto, se ha creado una Comisión Nacional de Programas (CNP) integrada por especialistas del sector de la educación y de la universidad. Las mujeres están representadas en esa Comisión, en particular en los grupos especializados por asignaturas que se encargan de elaborar los programas. Algunos de esos grupos están presididos por mujeres.

También se ha creado una Comisión Nacional de Homologación de los Libros de Texto con miras a la apertura de la producción y del mercado de libro de texto al sector privado que ha empezado a invertir en la esfera del libro paraescolar.

Los libros de texto se revisan regularmente a fin de adaptarlos a las revisiones de programa que se han llevado a cabo en los últimos años.

Cuando estén listos los nuevos programas, se prepararán nuevos libros de texto en el marco de la reforma global del sistema.

Artículo 14. La mujer rural

1.Situación general de la mujer rural

El período sometido a examen no es lo suficientemente largo como para permitir introducir cambios sustanciales en la situación de la mujer rural. Sin embargo, cabe observar una mayor visibilidad del trabajo de la mujer, especialmente en las zonas más afectadas por el éxodo rural y la aceleración de la urbanización. Al emigrar los hombres a la ciudad, las mujeres permanecen en el campo y toman las riendas de la familia, convirtiéndose, por obligación, en cabezas de familia. Su trabajo es el que permite mantener la vida en el campo.

Aunque, por las razones citadas anteriormente, la tasa de población femenina residente en las zonas rurales que, en 1987, era del 49%, ha pasado a alrededor del 41% (Censo General de Población y Vivienda de 1998), la población femenina rural sigue siendo importante.

La población activa de las zonas rurales asciende a 2.102.760 personas, de las que el 15% son mujeres.

2.Promoción del papel de la mujer rural: medidas adoptadas

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural puso en marcha en 2000 una estrategia y un plan de acción para la integración de la perspectiva de género en el desarrollo.

A continuación se examina la situación en que se encuentra la aplicación de los principales elementos de esa estrategia:

a)Creación de una base de datos y de estadísticas desglosadas por sexo a las que tengan acceso todas las partes interesadas en el desarrollo

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha integrado el concepto de género en el último Censo de agricultura (2002) mediante la inclusión de preguntas en las que se solicitaba información específica sobre la mujer.

La evaluación provisional de ese censo arroja las siguientes cifras:

95.721 mujeres propietarias de explotaciones agrícolas;293.527 mujeres asalariadas permanentes; y 41.793 mujeres cabezas de familia.

b)Institucionalización del enfoque de desarrollo desde una perspectiva de género

Esa institucionalización consiste en la puesta en marcha de instrumentos de organización, formación y reciclaje, y se concreta a nivel nacional y de las wilayas (cámaras de agricultura de las wilayas y/o direcciones de los servicios agrícolas de las wilayas) mediante el establecimiento de entidades (células u oficinas para la mujer rural) que se ocupan de la problemática de las mujeres rurales.

En mayo de 2001 el Instituto Nacional de Extensión Agraria creó una célula para la mujer rural cuya misión consiste, fundamentalmente, en:

–Preparar un enfoque de divulgación dirigido a la mujer rural;

–Organizar un seminario de reflexión y de debate sobre la problemática y las experiencias relacionadas con la integración de las mujeres rurales en el desarrollo rural y agrícola;

–Poner en marcha un programa de perfeccionamiento y de formación del personal directivo femenino;

–Realizar estudios y encuestas socioeconómicas sobre la mujer rural; y

–Poner en marcha programas de divulgación y apoyo técnico para las agricultoras.

Además, el Instituto Nacional de Extensión Agraria ha organizado varias sesiones de formación y de perfeccionamiento en el marco de proyectos de cooperación o a través de otras estructuras del sector:

–Se ha impartido formación a 50 mujeres directivas sobre el enfoque de género;

–Se ha impartido formación a 60 mujeres directivas en la esfera de la comunicación y la animación rural;

–Se ha impartido formación a 60 divulgadoras en la esfera de la salud genésica; y

–Se ha instaurado un curso permanente de divulgación en cuyo marco unas 40 jóvenes han recibido formación relacionada con la divulgación.

En ese mismo contexto, el Ministerio Delegado de la Familia y la Situación de la Mujer ha preparado un programa de trabajo y de investigación en colaboración con la Célula de la mujer rural dependiente del Instituto de Extensión Agraria con el fin de generalizar el proceso de integración del trabajo de la mujer rural en la economía nacional.

c)Fortalecimiento del contexto sociocultural para promover el proceso de desarrollo desde un enfoque de género

Este eje está relacionado con la rehabilitación y/o la creación de las infraestructuras básicas necesarias para la vida de las comunidades, la reducción de la tasa de analfabetismo y la puesta en marcha de un dispositivo de animación informativa de las comunidades.

En colaboración con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el movimiento asociativo ha puesto en marcha diversas actividades, como la celebración de reuniones regionales de mujeres rurales para celebrar sesiones de información y sensibilización sobre temas de su interés, como salud, educación, regulación del trabajo a domicilio y ayudas financieras del Estado a las agricultoras.

Por lo que respecta a la rehabilitación propiamente dicha, en colaboración con la CE y con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las asociaciones están desarrollando actividades, como en el caso del municipio de Bordj t’har en la wilaya de Jijel, de las que las mujeres son las principales beneficiarias.

d)Mayor atención a la mujer en los programas y proyectos de desarrollo del sector

La integración de la mujer se desarrolla a diversos niveles:

–Programa de puesta en explotación de las tierras mediante concesiones;

–Programa de desarrollo de la estepa;

–Programa de reconversión de los sistemas agrarios; y

–Programas de silvicultura.

Cada vez es mayor el número de mujeres que se inscriben en esos programas. La inclusión del desarrollo rural entre las misiones encomendadas al Ministerio de Agricultura permite reforzar el papel de la mujer rural en el marco de un desarrollo integrado.

En la formulación de proyectos de mejora de proximidad destinados prioritariamente a los municipios más aislados y más desfavorecidos es imprescindible aplicar el principio de integración del concepto de género. Para tal fin, se está preparando una guía metodológica destinada a los animadores y animadoras rurales.

e)La salud de la mujer en las zonas rurales

Según datos de las distintas encuestas de salud y de otras fuentes de información estadística (principalmente, el Censo General de Población y Vivienda), las diferencias entre las zonas rurales y las zonas urbanas por lo que respecta al acceso a la atención sanitaria tienden a reducirse.

En 2000 sólo se registraron cinco puntos de diferencia entre las zonas urbanas y las zonas rurales en atención prenatal (frente a 22 puntos en 1992, con una tasa de atención prenatal del 69,9% en las zonas urbanas frente al 47,4% en las rurales), y de sólo dos puntos por lo que se refiere a la utilización de la planificación familiar; en cambio, no se observa ninguna diferencia por lo que respecta a la vacunación de los niños. En la esfera de la planificación familiar, la diferencia es mayor entre las regiones, principalmente entre el norte y el sur del país. Aunque desde 1995 ha aumentado la tasa de utilización de anticonceptivos en el sur del país, que ha pasado de un 48% a un 51,5%, sigue existiendo una marcada diferencia con respecto a la media nacional.

Ese diagnóstico de situación ha llevado a identificar como prioridad de la política en materia de salud y población la reducción y, más a largo plazo, la eliminación de las diferencias entre los distintos grupos de población y las regiones de residencia mediante, principalmente, la descentralización de los programas y la puesta en marcha de actividades de proximidad en las zonas aisladas y/o desfavorecidas.

Se ha hecho especial hincapié en la dinamización de las actividades de los equipos móviles mediante la dotación de vehículos todo terreno y el establecimiento de una red de comunicaciones. En ese mismo sentido, se ha puesto en marcha un programa de desarrollo especial “sur” que incluye un apartado sanitario, a través, principalmente, de la mejora de la distribución de los recursos humanos y materiales con miras a garantizar un paquete mínimo de servicios terapéuticos y preventivos, y el fortalecimiento de los programas sanitarios con objeto de reforzar el tratamiento de patologías concretas, como el tracoma, la esquistosomiasis y las picaduras de escorpiones.

En la esfera de la planificación familiar, en 1999 se puso en marcha, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, un proyecto específico dirigido a los hombres y las mujeres de las zonas rurales. En su marco, el personal masculino y femenino de extensión agraria formado para tal fin lleva a cabo actividades de información y sensibilización en materia de anticoncepción, salud maternoinfantil, nutrición e higiene, entre otras cosas. El proyecto se ejecuta con ayuda del FNUAP.

Artículo 15. Igualdad en cuestiones jurídicas y civiles

La Constitución garantiza la igualdad entre los sexos cuyo artículo 29 estipula que “los ciudadanos son iguales ante la ley sin discriminación alguna por motivos de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Asimismo, en el artículo 31, en el que se establece el mandato de las instituciones, se dispone que “tienen por finalidad garantizar la igualdad de derechos y deberes de todos los ciudadanos y ciudadanas suprimiendo los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la participación de todos en la vida política, económica, social y cultural”.

Además, en el artículo 51 se establece que “se garantizará a todos los ciudadanos la igualdad de acceso a las funciones del Estado sin más condiciones que las que fije la ley”. Por último, el artículo 55 establece que “todos los ciudadanos tienen derecho al trabajo”.

Todas estas disposiciones ponen de manifiesto que la mujer es sujeto de derecho en materia civil, penal, administrativa o comercial. Todos los códigos correspondientes incluyen ese principio de igualdad entre los sexos que permite a la mujer tener los mismos derechos que el hombre, también por lo que respecta a la celebración de todo tipo de contratos, incluidos los contratos comerciales. La mujer tiene también plena capacidad para adquirir, administrar sus bienes y a disfrutar y disponer de ellos.

Por otra parte, los textos legislativos y normativos por los que se rige el mundo del trabajo no sólo consagran esa igualdad jurídica entre el hombre y la mujer sino que también prevén disposiciones específicas en favor de la mujer sin que, por ello, se haya llegado a la igualdad de hecho por lo que respecta al acceso a puestos de trabajo concretos.

A partir del decenio de 1970, la legislación laboral garantizaba el derecho al trabajo de todos y la igualdad de los trabajadores de cualquier sexo y edad, estipulando, fundamentalmente, que los trabajadores “percibirán la misma remuneración y se beneficiarán de las mismas prestaciones por el mismo trabajo y a igualdad de cualificaciones y de rendimiento”.

Además, la legislación laboral incluye medidas concretas de protección de la mujer relacionadas, principalmente, con la maternidad y con su función en seno de la familia.

Por último, por lo que respecta a la libertad de circulación y a la libre elección del lugar de residencia y domicilio, la Constitución de Argelia consagra ese principio en su artículo 44 en el que se establece que todo ciudadano que no haya sido despojado de sus derechos civiles y políticos tendrá derecho a elegir libremente su lugar de residencia y a circular por el territorio nacional.

Ese artículo garantiza también el derecho de entrada al territorio nacional y de salida de éste. El artículo se aplica por igual a los hombres y a las mujeres, sin ningún tipo de distinción.

A ese respecto, cabe destacar que, en algún momento se han aplicado ciertas restricciones tanto a los hombres como a las mujeres, hoy en día la libertad de circulación es total tanto dentro del territorio como para salir de éste. Las mujeres pueden viajar hacia cualquier destino, solas o acompañadas por su familia, por motivos privados o profesionales.

Artículo 16. Igualdad de derechos en la familia

La legislación familiar se rige por la Ley No. 84-11, de 9 de junio de 1984, por la que se promulga el Código de la Familia. Ese texto de ley se basa en la Constitución, que establece que “el Islam es la religión del Estado”, fija las normas jurídicas para la constitución y el funcionamiento de la familia definida como “célula básica de la sociedad”. Ese Código establece las condiciones de la relación conyugal, de las relación materna y del régimen de sucesiones.

Por lo que respecta a la relación conyugal, el matrimonio se define como contrato que se establece y registra por escrito en el registro civil, con lo que se suprime la forma oral tradicional. La edad mínima para contraer matrimonio ha aumentado y se ha fijado a los 18 años en el caso de la mujer y a los 21 años en el del hombre. El consentimiento de ambos cónyuges es un elemento fundamental del matrimonio.

Hoy en día, la práctica totalidad de las parejas se forman fuera de los circuitos tradicionales. Cuando se pide la mano de una mujer, la familia no hace sino acceder a la elección de la hija. Por lo que respecta a los derechos y deberes recíprocos en el matrimonio, el artículo 36 enuncia algunos de ellos entre los que figura, principalmente, “la salvaguardia de los vínculos conyugales y los deberes de la vida común”.

Por lo que respecta al patrimonio, la mujer tiene pleno control de sus propios ingresos y “dispone de sus bienes con toda libertad” de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.

En cuanto al divorcio, éste sólo puede pronunciarse mediante sentencia, lo que excluye cualquier forma de repudio unilateral por decisión verbal del marido. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, se puede obtener el divorcio a petición tanto del esposo como de la esposa, o de común acuerdo.

Además, en su artículo 87, el Código de la Familia permite a la mujer, cuando ha fallecido su marido, ejercer la tutela de sus hijos, lo que constituye un logro importante respecto de las imposiciones sociales y del conservadurismo de la tradición que hacían que la tutela se considerara prerrogativa de los parientes hombres.

La ley respeta la igualdad de derechos personales de los cónyuges, también por lo que respecta a la elección del apellido, de una profesión o de una ocupación. No existe ninguna disposición que limite el ejercicio de esos derechos por parte de la mujer. Lo mismo se aplica a los derechos patrimoniales de los cónyuges acerca de los cuales el artículo 38 del Código de la Familia dispone que “la esposa tiene derecho a disponer de sus bienes con total libertad”.

Por su parte, el Código de Comercio no establece ninguna discriminación entre el hombre y la mujer que se dedican al comercio. Ambos textos, el Código de la Familia y el Código de Comercio, prevén que la mujer goce plenamente de su patrimonio, del que puede disponer libremente sin autorización de su marido.

Derecho a la planificación familiar

El derecho a la planificación familiar forma parte de la legislación de salud en vigor desde 1985. Ese principio se reitera en el marco de la Estrategia nacional en materia de población hasta el año 2010, aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre de 2001. Entre los principios básicos que sustentan la aplicación de la política nacional en materia de población cabe destacar que:

–“El derecho a la información y a los servicios de salud genésica forma parte integrante del derecho constitucional a la salud. Se garantizará a los ciudadanos sin recursos la gratuidad de la atención y los servicios relacionados con la salud genésica;

–El acceso a la planificación familiar se basa en el principio de opción voluntaria y de elección personal. No se permitirá ninguna forma de coacción en la prescripción de métodos anticonceptivos o de limitación de los nacimientos.”

Las campañas de información, educación y sensibilización forman parte integrante de las prioridades en la política nacional en materia de población con miras a reforzar la adopción de conductas saludables y responsables en relación con la procreación, también entre las jóvenes generaciones. En ese ámbito, se observa una clara evolución de las conductas. Según una encuesta realizada entre 2.500 adolescentes de ambos sexos a finales de 1999:

–El 95% de entre ellos consideran que es difícil dar una buena educación a todos los hijos en una familia numerosa;

–El 84% piensan que las familias deben contribuir a la regulación demográfica mediante la planificación familiar; y

–El 44,5% de los jóvenes encuestados desean tener dos hijos y el 65% tres hijos como máximo (el 70% de las muchachas y el 60% de los muchachos).