INTRODUCCION

En 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, documento que ha sido ratificado por la mayoría de los países del mundo y se ha constituido en un sólido motor universal de impulso y también de defensa de los derechos de las mujeres. Veinte años más tarde, Naciones Unidas da un nuevo paso de avance al adoptar el Protocolo Facultativo de la Convención, instrumento que facilita su interpretación y aplicación práctica.

El compromiso de la República Dominicana con la lucha por los derechos de las mujeres se expresó ya en 1982 ratificando la Convención. Recientemente, en junio del 2001, hemos ratificado el Protocolo Facultativo, siendo uno de los primeros países de América Latina en dar ese paso.

Parte de ese compromiso es también la presentación de informes periódicos al Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, organismo respo n sable de la supervisión de la aplicación de la Convención. Los informes rendidos, que r e quieren de un examen riguroso de la aplicación de la Convención en el país, así como las sugerencias y recomendaciones hechas por el Comité ante los informes, han servido de e s tímulo y orientación valiosas en nuestros esfuerzos por el cumplimiento de la Convención.

Hasta la fecha han sido presentados cuatro informes al Comité de la CEDAW. En 1988 fue sometido el Primer Informe, en 1993 presentamos el Segundo y Tercer Informe conjuntamente y en 1997 el Cuarto Informe.

Este Quinto Informe corresponde al período 1998-2001 y consta de tres capítulos. El primer capítulo describe a grandes rasgos la situación socioeconómica del país, caracterizando los niveles de pobreza y las acciones gubernamentales para combatirla. El segundo capítulo presenta los niveles de institucionalización de las políticas de género en el sector público, en particular desde la Secretaría de Estado de la Mujer. El tercer capítulo presenta la situ a ción del país en relación a los artículos de la Convención, destacando los avances habidos durante el período.

CAPÍTULO I. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO. El COMBATE

A LA POBREZA

Desde la última década del siglo pasado se están llevando a cabo en nuestro país varios procesos participativos de reforma y modernización del Estado que involucran de manera creciente a diferentes sectores de la sociedad dominicana.

Estos procesos se enmarcan en un contexto económico muy favorable debido al:

buen desempeño en el crecimiento económico de los ’90 (en relación a los ’80), principalmente en los últimos 5 años;

crecimiento sostenido del PIB, pasando éste de 4.4% a 7.8% entre 1994 y 2000

el PIB per capita del 99 fue 2.8 veces mayor que el del 90;

el incremento del PIB estuvo acompañado de un descenso de la inflación: 29% del 81 al 90 y 7.5% del 91 al 2000;

el país mejoró su posición ganando cuatro puestos con respecto al resto de países de ALC en los 90 (en el 2000 ocupamos el puesto 24 en la región ALC y el nº 87 de 174 países del mundo).

Cuadro Nº 1

Tasas de crecimiento anual del PIB real, 1994-01

AÑO	TASAS
1994	4.4
1995	4.8
1996	7.3
1997	8.2
1998	7.3
1999	8.3
2000	7.8
2001	5.0

Fuente: Ramírez, Nelson; “El PIB y el desarrollo: el mito reiterado”, CESDEM, especial Hoy/Areito, 2000. Para 200-01, Lizardo, Jeffrey; INDES, 2001

Cuadro Nº 2

Producto Bruto Interno e inflación para los períodos 81-90 y 91-2000

Período	PIB %	Inflación %
81-90	2.3	28.9
1991-2000	5.9	7.5

Fuente: Lizardo, Jeffrey; INDES, 2001

Este panorama coexiste, sin embargo, con niveles existentes de pobreza, vinculados a la desigual distribución de las riquezas y a la incorporación de la RD al proceso de globalización a través del desarrollo de sectores muy dependientes de factores externos como son el turismo, las zonas francas y la exportación de productos agrícolas.

1.1. Caracterización de la Pobreza

El estudio sobre focalización de pobreza realizado por la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN) , estima que para 1998 la situación de pobreza no extrema afecta al 37% de la población dominicana y la de pobreza extrema al 15%, es decir, el 52% de la población dominicana; impactando más severamente a las poblaciones rurales, principalmente del Suroeste y del Nordeste del país. El estudio no permite determinar las formas específicas con que la pobreza afecta a las mujeres.

Entre el 1996 y el 1998 la pobreza general registró una tasa de descenso de 7% y los hogares con pobreza extrema o indigentes descendieron aproximadamente un 21% (pasando de 18.5% a 14.6%). Aparentemente, ha habido un avance de la población indigente a pobre no extrema y el hecho de que esta última haya permanecido estable entre 1996 y 1998 indica igualmente un avance para este grupo (ver Cuadro nº 3).

Según la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH) aplicada por el Banco Central en 1998, el 28.7% de los hogares dominicanos estaba bajo una jefatura femenina y del total de hogares de más bajos ingresos, 33% eran de jefatura femenina. La jefatura de hogar por sexo según quintiles de ingreso revela que a mayor nivel de ingreso hay mayor proporción de hogares con jefatura masculina, mientras que a menor nivel de ingreso hay mayor proporción de hogares con jefatura femenina. Igualmente revela la mencionada encuesta que el 76% de las jefaturas femeninas se detecta en Santo Domingo y en el resto de las zonas urbanas donde se concentra el mayor número de pobres, mientras que sólo el 64% de la jefatura masculina se encontraba en estas mismas zonas.

Cuadro Nº 3

Niveles de pobreza en el país según zona geográfica para 1996 y 1998

Zona geográfica	1996	1998
Pobreza general	Pobreza No Extrema	Pobreza Extrema	Pobreza general	Pobreza No extrema	Pobreza Extrema
Total país	55.7 (más de un millón de hogares)	37.2	18.5	51.8	37.2	14.6
Urbana	-	-	-	37	30.0	7
Rural	-	-	-	85	48	37

Fuente: ONAPLAN, 1997. “Focalización de la pobreza en RD”, Informe Población No.11, dic.’97.

1.2. El empleo

Entre el 1996 y 1999, el funcionamiento de la variable empleo se caracteriza a grandes rasgos por:

Incremento del empleo en el sector formal (zonas francas y turismo).

Incremento sustancial del empleo en el sector informal, particularmente en micro, pequeñas y medianas empresas, con una gran propensión al empleo por cuenta propia.

Inestabilidad del sector micro empresarial expresada en el elevado número de empleos desaparecidos.

Disminución del desempleo en un 21% a inicios de los ’90 hasta un 15% en 1998, con una alta contribución del sector micro empresarial a esta disminución.

1.3. El Gasto Social

Al revisar el Gasto Social tanto en relación al gasto total como al PIB, los sectores educación (entre 1 y 2.7 % del PIB) y salud (entre 1 y 1.5 %) son los que se han incrementado desde el 1996, mientras que el gasto en vivienda se ha reducido. El gasto total de inversión en desarrollo humano (educación, salud y asistencia social) durante el período 1997-1999 ha oscilado entre 4 % y 5%.

El Gasto Social de los sectores educación y salud ha sido reorientado en este período. En educación, se ha asignado mayor importancia presupuestaria a la educación básica, ocupando ésta un 48% en el período 1997-1999. En salud, para 1998 el gasto total por PIB fue de 4.5%, del cual un 1.6% proviene del sector público y 2.9% del privado.

Cuadro Nº 4

Gasto total y Gasto Social en República Dominicana. 1990-1999.

AÑO	Gasto Total del gobierno central en % PIB	Gasto Social en % del PIB	Gasto Social en % del gasto total
1990	11.9	4.4	39.6
1991	10.6	3.8	37.2
1992	14.9	5.3	35.2
1993	16.7	6.6	38.7
1994	15.7	6.7	42.6
1995	14.2	5.6	39.7
1996	14.7	5.8	39.6
1997	16.4	6.3	38.4
1998	16.0	6.3	38.9
1999	16.6	6.4	40.3
Promedio de la década	14.8	5.7	39.0

Fuente: ONAPLAN, “Estructura económica, funcional y geográfica del gasto público en la República Dominicana (1978-1999), julio 2000

1.4. Las respuestas gubernamentales a la condición de pobreza heredada por el nuevo milenio

Establecida a finales del 97, la focalización de la pobreza en la política del gobierno ha permitido la identificación de los grupos poblacionales y las zonas geográficas más vulnerables.

El paso más importante de este período es la determinación del actual gobierno, iniciado en agosto del 2000, de establecer una política social articulada en todas las instancias públicas y dirigida a reducir los niveles de pobreza de la República Dominicana. Para ello, ha asumido el compromiso de promover e integrar la equidad de género y la potenciación de la mujer como estrategia central de esta política.

Dentro de los lineamientos estratégicos de esta política social que tienen importancia para una política de equidad de género se encuentra el aumento de la eficiencia, calidad y presupuesto del Gasto Social, la focalización de las/os beneficiarios/as, la modernización del Estado y el establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación.

Hasta el momento, la política social aplicada ha prestado mayor atención a las acciones de carácter asistencialista, por lo que se hace necesario potenciar y fortalecer los mecanismos para operativizar las acciones de carácter de bienestar o de reducción de la pobreza.

En enero del 2001, la Secretaría de Estado de la Mujer (SEM), en su calidad de miembro, sometió al Gabinete Social, entidad responsable de la política social del gobierno, una propuesta conteniendo las políticas públicas en relación a la pobreza a ser integradas como políticas de Estado. Ellas establecen:

La transversalidad de género a todos los niveles y la formación en género de todo el personal involucrado con el sector mujer.

Acceso de las mujeres, privilegiando las jefas de hogar, a las políticas económicas de producción y financiamiento, a los recursos productivos, a la capacitación y formación en áreas no tradicionales, mayor acceso a la educación y a los servicios de salud reproductiva y ampliación de las oportunidades en educación formal. Creación de programas especiales para las mujeres de los bateyes.

Focalización del Gasto Social hacia el sector rural.

Promoción de servicios básicos de alimentación, salud, saneamiento, coordinación efectiva de la prevención y reducción de la violencia intrafamiliar.

Sensibilización y comunicación sobre los convenios internacionales relativos a los derechos de las mujeres migrantes, dirigida a las autoridades relacionadas con este grupo poblacional.

1.5. Evaluación de la Sociedad Civil y de las instituciones públicas sobre los avances relativos al tema de mujer y pobreza

Queremos destacar aquí los resultados que, sobre los avances relativos al tema mujer y pobreza, fueron señalados por 96 instituciones públicas y privadas del país y que están contenidos en la “Evaluación de la Aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing en RD” . Son los siguientes:

Mayor reconocimiento en la sociedad de que las mujeres son los sujetos sociales más afectados por la marginalidad y la pobreza.

Movilización de recursos financieros para beneficio de las mujeres (Gobierno, ONGs y cooperación internacional) con énfasis en implementación de programas y proyectos de capacitación y prestación de servicios jurídicos a mujeres de bajos ingresos, readiestramiento a mujeres en control de producción y calidad de comercialización y fortalecimiento del mecanismo nacional de equidad de género (Secretaría de Estado de la Mujer).

Tendencia a la disminución paulatina, pero sostenida, de la incidencia de la pobreza en la República Dominicana , lo cual beneficia indirectamente a las mujeres.

Cambios recientes en las políticas sociales que representan un factor positivo con relación a la situación de las mujeres (aumento del Gasto Social e inicio de un Plan de Acción para la Reducción de la Pobreza).

Implementación de proyectos productivos generadores de ingresos con la consiguiente conciencia y revalorización de la capacidad productiva de las mujeres.

Avance en el acceso directo de la mujer a las tierras de la reforma agraria, así como ampliación del mandato de incluir mujeres en los programas que realizan otras instituciones del sector agropecuario.

Avances en el nivel de autonomía económica, incluyendo mayor incorporación en producción de alimentos y crianza de animales domésticos, sector financiero, micro- empresas y en zonas francas industriales

Avance en diferentes tipos de servicios públicos que han beneficiado a importantes sectores de mujeres (en educación, salud.).

Igualmente, esta evaluación plantea entre los obstáculos identificados que:

Aunque ha habido disminución de la pobreza, ésta sigue siendo uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del país y el avance de las mujeres.

A pesar de los logros alcanzados, los recursos asignados por el Estado a los programas de reducción de la pobreza son todavía insuficientes.

Los indicadores macroeconómicos no facilitan el análisis del impacto de las políticas de los programas que combaten la pobreza.

Los hombres siguen siendo privilegiados en el modelo económico vigente porque las mujeres además de trabajar en los espacios públicos, mantienen la responsabilidad del trabajo del hogar.

Persisten las desigualdades entre las propias mujeres debido a la vulnerabilidad de grupos tales como envejecientes, trabajadoras sexuales, discapacitadas, niñas y adolescentes y las dominicanas de origen haitiano.

Varias de las recomendaciones que fueron hechas para superar estos obstáculos están siendo implementadas:

Realizar un programa amplio de sensibilización en género a funcionarios/as, técnicos/as del sector público.

Promover que los programas sociales del gobierno beneficien más a las mujeres jefas de hogar, con discapacidades y envejecientes.

Promover la organización de microempresas para mujeres y apertura de ventanillas de crédito.

Fomentar un mayor acceso de las mujeres a los centros de capacitación técnico-laboral y técnico-profesional.

CAPÍTULO II. INSTITUCIONALIDAD DE GÉNERO EN

EL SECTOR PÚBLICO

En el párrafo nº 338 de las observaciones finales al 4º informe de RD (OF/4I/RD/P338) se “solicita que en su próximo informe la República Dominicana proporcione información detallada sobre la aplicación de la Convención en la práctica, destacando los efectos de los programas y políticas encaminados a lograr la igualdad de la mujer”. Por esta razón hemos procedido a realizar un pequeño sondeo sobre estos mecanismos en aquellas instituciones del sector público que consideramos fundamentales para garantizar los avances de la CEDAW.

2.1. Institucionalización de la política de género

El 11 de agosto de 1999, fue promulgada la Ley nº 86-99 de creación de la Secretaría de Estado de la Mujer (SEM) , organismo responsable de establecer las normas y coordinar la ejecución de políticas, planes y programas a nivel sectorial, interministerial y con la Sociedad Civil, dirigidos a lograr la equidad de género y el pleno ejercicio de la ciudadanía por parte de las mujeres. La Secretaría de Estado de la Mujer (SEM) es el resultado de un proyecto iniciado en 1997 en el marco de los planes de reforma y modernización del Estado que logró articular un proceso de negociación sectorial en el que participaron alrededor de 100 instituciones gubernamentales y ONGs a favor de su creación.

Sus atribuciones son de tipo normativo y rector, de política internacional, sensibilización y educación de la sociedad y de coordinación y articulación con la Sociedad Civil. Al mismo tiempo, se ratifica el Consejo Consultivo de la antigua Dirección General de Promoción de la Mujer (DGPM), que pasa a la SEM y se crea el Consejo Sectorial de la Mujer, integrado por los/as Secretarios/as de Estados y Directores/as de las oficinas sectoriales como organismos de enlace y coordinación con la SEM.

2.1.1. Institucionalización del mecanismo nacional

Tanto en calidad de Dirección General como en su condición actual de Secretaría de Estado, este mecanismo nacional ha estado inmerso en varios procesos de fortalecimiento institucional. Desde 1996 hasta la fecha, de un total de 17 programas y proyectos desarrollados con el auspicio de agencias internacionales de cooperación, cuatro están destinados al fortalecimiento institucional general de la DGPM/SEM (uno ejecutado y tres en ejecución).

El fortalecimiento institucional se ha enfocado en las siguientes prioridades:

promover el rango institucional de la DGPM, a través de la creación de la Secretaría de Estado de la Mujer (SEM),

desarrollar los planes de descentralización a través de la creación de las Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer (OPMM),

fortalecimiento de la SEM y de sus Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer,

reestructuración y capacitación interna,

incidencia en procedimientos e instrumentos de planificación/decisión, incidencia y articulación con espacios estratégicos,

sensibilización, capacitación y lobby con el personal técnico y responsable de las tomas de decisiones en las instancias públicas.

Los demás programas y proyectos están referidos a los ejes de violencia, medio ambiente, producción y generación de ingresos (a través de créditos, capacitación y asistencia técnica), mujer rural, divulgación de los derechos de la mujer. Entre éstos se están ejecutando tres proyectos de producción y generación de ingresos, a cuatro y cinco años cada uno, dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresarias.

Durante el período que corresponde a este informe los ejes de acción desarrollados por la DGPM/SEM han sido:

la lucha contra la pobreza orientada hacia la reducción de los niveles de pobreza,

el empoderamiento de la mujer dominicana, mediante el desarrollo de liderazgo femenino y la participación de las mujeres en las instancias de toma de decisiones,

educación, comunicación y cultura,

violencia y salud enfocadas hacía la prevención, penalización y erradicación de la violencia de género

Estos ejes se desarrollan en un marco de estrategias globales de concertación con la Sociedad Civil, el apoyo de las agencias internacionales de cooperación y el involucramiento de las instituciones públicas desde sus respectivas áreas de acción (aunque todavía de manera marginal, excepto en los sectores de salud y educación)

Servicios que ofrece la Secretaría de Estado de la Mujer (SEM) :

Departamento de Defensoría contra la Violencia a la Mujer.

Apoyo a la Fiscalía en evaluaciones psicológicas de sobrevivientes de violencia.

Formación y sensibilización de género y temas relacionados a la condición y situación de la mujer, dirigidos a funcionarios y técnicos del sector público, a sectores no gubernamentales estratégicos: dirigentes políticas, funcionarias, ONGs de mujeres, organizaciones de mujeres, organizaciones barriales y grupos comunitarios, gremios profesionales en las diferentes provincias y comunidades del país. Igualmente, la formación a nivel interno del personal central y de las oficinas provinciales. En este nivel se destacan las acciones de formación de multiplicadores para trabajar en el diseño y análisis de políticas públicas con perspectiva de género, las actividades de sensibilización, lobby y creación de redes en las instancias públicas realizadas en este año.

Programa Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Contra la Mujer. (Ver 3.5.6.3).

2.1.2. Las Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer (OPMM)

Las OPMM constituyen un total de 48 oficinas presentes en todas las regiones del país, con la finalidad de trabajar los asuntos de equidad de género desde las comunidades mismas. En junio del 2000 existían 11 OPMM, y se prevé que para finales del quinquenio 2000-2004 la mayoría de las 30 provincias y 125 municipios dispondrán de una oficina responsable del trabajo de equidad de género. En el proceso de fortalecimiento, las funciones de estas oficinas están fundamentalmente dirigidas a:

Acciones de sensibilización y capacitación en género dirigidas a las organizaciones de mujeres, al público en general, así como al personal que en ellas labora ; sobre temas de violencia intrafamiliar, participación política y social.

Escuelas de capacitación laboral con dos tipos de formación: en áreas tradicionales, que son las de mayor demanda por parte de las mujeres (costura, belleza, repostería, panadería, artesanía, etc.) y en oficios no tradicionales (carpintería, electricidad, plomería). Estas escuelas funcionan mediante un acuerdo de la Secretaría de Estado de la Mujer (SEM) con el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP). Una vez terminada la formación laboral, está previsto una formación con INFOTEP en administración de proyectos productivos Esta formación incluye la alfabetización de mujeres cuando sea necesario.

Proyectos de producción o de generación de recursos económicos con niveles de apoyo, mediante acuerdo de la Secretaría de Estado de la Mujer (SEM) con el Programa para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME) de manera que las mujeres reciban préstamos para sus proyectos productivos.

Cuadro Nº 5

Nº de Oficinas provinciales y municipales de la Mujer según región.

Secretaría de Estado de la Mujer (SEM), dic. 2001

Región	Total de OPMM	Provinciales	Municipales
Sur / Suroeste	8	6	2
Este	6	6	-
Norte	23	13	10
Total	37	25	12

2.2. Instrumentos nacionales para la equidad de género

La Secretaría de Estado de la Mujer (SEM) en coordinación con las organizaciones e instituciones de mujeres de la Sociedad Civil y del sector público, ha diseñado los siguientes instrumentos para la aplicación de la equidad de género:

Diagnósticos de Género en la Reforma y Modernización del Estado, real i zados en 1999 por la SEM en áreas en las cuales la incorporación del enfoque de equidad de género tiene mayor impacto para la población femenina y son estratégicamente relevantes para el trabajo de la SEM y para el movimiento de mujeres. Las 6 áreas seleccionadas fueron: sistema Planificación, sector Est a dísticas, Poder Judicial, sistema educativo, sector Salud y Seguridad social, sector agropecuario. De manera general los diagnósticos revel a ron que:

en los procesos de reforma y modernización y en las instancias que le sirven de referencia, se ha logrado la aceptación sobre la importancia del tema de género,

el éxito del tema género en los procesos de reforma y modernización del Estado se garantiza si va acompañado de capacitación, creación de instrumentos de trabajo y la toma de decisiones sectoriales.

Plan Nacional de Equidad de Género (PLANEG) , el cual fue diseñado a partir de un proceso consultivo, realizado entre enero de 1999 y marzo del 2000, con la participación de 26 instituciones gubernamentales y 29 organizaciones e instituciones del área de la mujer. El Plan está diseñado para 7 áreas de acción: Comunicación y cultura, Educación, Economía, Producción y empleo, Salud y no violencia, Participación política y social, Legislación y Medio ambiente y Desarrollo sostenible. Plantea el análisis de la situación con sus causas y efectos, identificación de prioridades (resultados), líneas de acción para lograr esos resultados, los indicadores para medir dichos logros y las fuentes de verificación de esos indicadores.

Evaluación de la Plataforma de Acción de Beijing en RD 1995-2000 , realizada en abril del 2000 por 96 instituciones y organizaciones del sector público y de la Sociedad Civil.

2.3. Concertación con la sociedad civil

Una de las atribuciones consignadas en la ley de creación de la Secretaría de Estado de la Mujer (SEM) es la de coordinar y concertar con la sociedad civil “para impulsar los lineamientos de equidad de género en lo referente a la participación política, modernización, erradicación de la pobreza, violencia, educación, cultura, trabajo y salud”.

Muestra de esta articulación son los múltiples espacios de coordinación en el que participan la SEM y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).. Contamos con alrededor de 18 instancias, tales como el Comité Inter-institucional de Protección a la Mujer Migrante (CIPROM), la Comisión Nacional de Prevención y Lucha Contra la Violencia (CONAPLUVI) , el Consejo Sectorial de la Mujer, el Comité Intergubernamental contra la Prostitución Infantil, la Comisión Nacional de Lactancia Materna, la Comisión Nacional de Mortalidad Materna, la Comisión Interinstitucional para el Desarrollo Infantil, etc.

El contenido de los acuerdos institucionales formalizados por la SEM con la Sociedad Civil durante el período 1996 a junio 2001, están referidos a intercambios de los servicios que mutuamente se ofrecen, casi siempre relacionados a la capacitación gerencial de micro y pequeñas empresas, educación comunitaria y temas de salud y violencia, proyectos de generación de empleos; todos ellos con perspectiva de género. Otras áreas son la promoción, difusión y enseñanza de las Leyes y el apoyo a campañas nacionales. Además, proyectos de creación y manejo de cartera de créditos. Igualmente, la coordinación por parte de las OSC de actividades comunitarias a fin de canalizar apoyo desde la SEM. Igualmente, asesoría a organizaciones de base sobre leyes y mecanismos disponibles para la defensa de los derechos de las mujeres, e intercambio de información estadística sobre los sectores en que se desempeñan las OSC.

En relación a los acuerdos con el sector público , están referidos a la creación de espacios de coordinación para la formación y la capacitación en la cuestión de género a funcionarios y personal técnico. Incluyen además, la definición, diseño y promoción de políticas de género en el sector público, intercambio de informaciones, establecimiento de estrategias, programas y proyectos que promuevan una mayor incorporación de la participación de la mujer. Así mismo, asistencia en equidad de género para los procesos de coordinación, formulación y ejecución de programas de desarrollo, capacitación de multiplicadores, apoyo a la revisión de los marcos jurídicos de las Leyes a fin de erradicar la discriminación contra la mujer. En el marco de la lucha contra la pobreza, proyectos productivos y de cooperativas para jefas de hogar y envejecientes y realización de diagnósticos sobre la situación de la equidad de género en las reformas del sector público.

2.4. Estadísticas por sexo

A pesar de las dificultades que todavía persisten para introducir la perspectiva de género en la producción estadística nacional, se pueden destacar algunos logros a lo largo del período.

Al interior de la Oficina Nacional de Estadística, se ha creado en 1997 el Departamento de Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales del Sector Mujer cuya función es la de procesar datos estadísticos sobre las mujeres dominicanas en las áreas socio-demográficas y económicas que permitan disponer de indicadores estadísticos sobre esta población.

Las Secretarías de Educación (SEE) y de Salud (SESPAS) están produciendo información estadística desagregada por sexo. La SEE está procesando y publicando sin retrasos importantes sus estadísticas escolares anuales; la SESPAS, ha dado pasos de avances importantes en el establecimiento de un Sistema Nacional de Información para la Vigilancia Epidemiológica, mediante la sistematización de las normas nacionales para la vigilancia, en las cuales la variable sexo es básica. Ello incluye vigilancia en mortalidad infantil y materna, nacidos vivos, etc.

Igualmente el Banco Central ha incorporado la variable sexo en la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).

Pero la contribución más importante al avance de la producción de estadísticas segregadas por sexo es el trabajo que viene impulsando la Secretaría de Estado de la Mujer (SEM). Podemos destacar en este período:

Publicación en abril 2000 de una serie de 6 Diagnósticos de Género en la Reforma y Modernización del Estado, antes mencionados.

Publicación en junio 2000 del libro “Estadísticas para la planificación social con perspectiva de género” con informaciones actualizadas sobre población y hogares, participación económica y política, educación, salud y violencia.

Introducción de la perspectiva de género en el 8º Censo Agropecuario por parte de la SEA con el apoyo de la SEM con la finalidad de recopilar la información desagregada por sexo y procesar sus resultados con perspectiva de género.

En el sector privado también se han producidos cambios importantes en los análisis de las principales encuestas nacionales (la Encuesta Demográfica y de Salud (DHS), mejor conocida como ENDESA , la Encuesta Nacional de Cultura Política y Democrática conocida como DEMOS , etc.), donde de manera cada vez más sistemática se introducen no sólo análisis con perspectiva de género, sino que esta visión está contemplada desde el diseño, lo cual permite la búsqueda de formas creativas ya actualizadas en el proceso de recolección de información.

CAPÍTULO III. INFORMACION RELATIVA AL ARTICULADO DE LA CONVENCION

3. 1 Y 3.2. ARTICULOS 1, 2: DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES

Los logros obtenidos durante este período que se encaminan a eliminar la discriminación contra las mujeres se sintetizan en cuatro aspectos:

En primer lugar, las reformas legales y jurídicas a través de la promulgación y aplicación de leyes que fortalecen y amplían los derechos de la mujer. Siete leyes promulgadas durante el período enero 1998 a septiembre 2001 favorecen la aplicación de la CEDAW y específicamente tienen efectos sobre la situación de la población migrante, la salud, la seguridad social y la participación política de las mujeres.

El segundo aspecto hace referencia a la creación de mecanismos y programas vinculados, directa o indirectamente, al mejoramiento de la situación y de la condición de la mujer . Entre ellos tenemos:

Programas, áreas y proyectos para el trabajo a favor de la mujer desde el sector público. Alrededor de veinte programas están disponibles en las instituciones del sector para los ejes de educación, capacitación, salud, producción y crédito, planificación, violencia, etc., la mayoría de los cuales han sido creados en los últimos cinco años.

Programas y proyectos dirigidos desde las Organizaciones de la Sociedad Civil hacia la construcción de un estado de derechos para la mujer. Solamente la Coordinadora de ONGs del Área de la Mujer cuenta con 25 instituciones miembras que desarrollan múltiples trabajos en cuanto a la defensa, promoción y avance de los derechos de la mujer desde la perspectiva de su desarrollo físico, espiritual e intelectual.

Mecanismos de coordinación y articulación intersectorial, intrasectorial e interinstitucional donde se articulan el sector público y la Sociedad Civil .

El tercer aspecto está en relación con el diseño y elaboración de instrumentos para la acción que ya han sido reseñados : el Plan Nacional de Equidad de Género (PLANEG), la Evaluación de la Plataforma de Acción de Beijing en República Dominicana 1995-2000; instrumentos desarrollados a partir del trabajo de colaboración entre las ONGs del Área de la Mujer y las instituciones del sector público.

El cuarto aspecto refiere a las acciones concretas en pos de la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres , tales como la creación en otras ciudades de los Destacamentos Amigos de la Mujer (San Francisco de Macorís, Santiago, Villa Altagracia y Baní), la creación de la Oficina de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, de la que se desprenden mejoras significativas para las mujeres en términos legales” . Igualmente, las acciones y campañas de divulgación de los derechos de las mujeres, principalmente en cuanto a violencia y participación política

3. 3. ARTÍCULO 3. DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

3. 3. 1. Situación general y tendencias de la Violencia Intrafamiliar contra las Mujeres (VIFM)

La segunda mitad de la década pasada no sólo hizo visible la violencia intrafamiliar contra la mujer, sino que en ella se establecieron legislaciones y mecanismos para su prevención y erradicación. Se crearon programas gubernamentales para ofrecer servicios dirigidos a la población femenina sobreviviente de violencia. Se realiza un trabajo hacia la sensibilización y concienciación de la población sobre este problema, dándole así a la VIFM el carácter social y público que le corresponde. Asimismo, se incrementa el número de organismos no gubernamentales con programas especializados en el tema y se fortalecen los programas existentes.

Los resultados de la encuesta ENDESA’99, que dedicó toda una sección para el estudio de la violencia intrafamiliar, revelan que:

una tercera parte de las mujeres entrevistadas ha sido objeto de violencia física por parte del marido u otra persona, siendo las más afectadas las separadas y divorciadas (51%) y las de la zona rural (39%).

13% del total de mujeres entrevistadas admitió haber sido golpeada en el último año.

de las mujeres casadas o unidas al momento de la encuesta, 29% había sido víctima de alguna violencia física por parte del marido o compañero, 23% de violencia emocional y 10% de violencia sexual.

54% de las mujeres maltratadas no buscó ayuda o apoyo; un 47 % de éstas opina que de nada sirve o que no era necesario.

Desde enero hasta octubre del 2001, se han registrado en el país 88 casos de feminicidio (9 casos por mes). Entre septiembre de 1990 y octubre de 1999 se registraron 938 casos (es decir 104 casos por año o 9 casos por mes) .

3. 3. 2. Limitaciones en la aplicación de la Ley

Desde la promulgación de la Ley (1997), han sido establecidos cinco destacamentos especializados en Protección a la Mujer contra la VIFM : en Santo Domingo, en el barrio de Villa Juana (1997), en San Francisco de Macorís (1999), en Santiago (2000), en Villa Altagracia (2001) y en Baní (2002).

Las limitaciones identificadas a la aplicación de la Ley son:

La falta de presupuestos adecuados en las instituciones gubernamentales que la sosti e nen.

La visión de género aún es difícil de introducir en el espíritu de la justicia y tanto el M i nisterio Público como la Policía Nacional necesitan una mayor capacitación en equidad de género.

Se constata la falta de centros y/o de mecanismos de rehabilitación para hombres agresores. Sin embargo, la ley 24-97, prevé en el artículo 309-5 la obligación de asistir a los infractores para enseñarles a canalizar los impulsos violentos contra las mujeres.

Es insuficiente la oferta de atención especializada para las personas sobrevivientes de violencia. La oferta es cubierta principalmente por el sector privado.

No hay disponibilidad de Casas de Acogida para las víctimas (también previsto por la Ley)

3. 3. 3. Mecanismos e instrumentos para la prevención y erradicación de la VIFM

Hay que señalar también la creación de mecanismos e instrumentos con la finalidad de optimizar los recursos disponibles:

Creación en noviembre de 1998 de la “Comisión Nacional de Prevención y Lucha Contra la Violencia Intrafamiliar” (CONAPLUVI) . Su finalidad principal es, por un lado, facilitar la coordinación y supervisión de políticas orientadas a la prevención de la VIFM y, por otro, vigilar la aplicación de las Leyes 24-97 y 14-94 (contra la violencia y de protección a menores), el cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por el país y los acuerdos interinstitucionales derivados del Plan Estratégico Nacional. El Plan Estratégico Nacional trazado por CONAPLUVI consta de cinco lineamientos de acción: prevención de la VIFM, acciones y mecanismos para la aplicación de la Ley, atención a sobrevivientes de VIFM, rehabilitación social e individual de agresores y apoyo emocional a proveedores de servicios de atención a sobrevivientes de VIFM.

Desarrollo del proyecto Regional Piloto de Prevención y Atención a la VIFM contra la Mujer- Programa RD, ejecutado en el período 1998-2001 por ONAPLAN y financiado por Banco Interamericano de desarrollo (BID). Desarrollado a través de dos componentes: uno de atención y prevención y otro de comunicación. Este programa ha sido asumido por la Secretaría de Estado de la Mujer (SEM) y sus resultados más importantes son:

Las “Normas Nacionales para la Atención Integral en Salud a la VIFM Contra las Mujeres”, cuyo objetivo es proporcionar los criterios técnicos y administrativos generales que orienten la atención integral de las mujeres afectadas por la VIFM en los diferentes niveles de atención y desde una perspectiva intersectorial y de género.

Un sistema integral de registro de la VIFM.

Un “ Diagnóstico de Situación sobre la Violencia Intrafamiliar (VIFM)” que identifica y evalúa la oferta y la calidad de los servicios ofrecidos a las mujeres que son víctimas de violencia y los programas de prevención existentes. Este diagnóstico fue realizado en dos zonas geográficas: Los Alcarrizos en el Distrito Nacional y la provincia de Salcedo. Las poblaciones estudiadas fueron las mujeres víctimas de violencia, los hombres victimarios y las/os prestatarios de servicios ( instituciones públicas o privadas que prestan apoyo a las mujeres afectadas por VIFM).

En la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) hay programas dirigidos a atender y prevenir la violencia intrafamiliar, como:

el Programa Nacional de Violencia Doméstica y Abuso Sexual de la Dirección de Salud Mental.

el Centro de Atención a la Mujer Maltratada, que brinda atención especializada a las mujeres sobrevivientes de violencia sexual, consistente en servicios clínicos de certificación de maltratos y abusos.

En el sector justicia, la Fiscalía del Distrito Nacional creó el Departamento de Familia compuesto por dos ayudantes especializadas en la atención de los casos de VIFM. La sección de Abusos sexuales de este departamento, atendió unos 400 casos mensuales .

El “Programa Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Contra la Mujer” que ejecuta el Departamento de No Violencia de la Secretaría de Estado de la Mujer (SEM). Está integrado por varios componentes y está dirigido tanto a promover los mecanismos para reducir la violencia doméstica y el abuso sexual, como a ejecutar, en coordinación con diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, acciones para disminuir los niveles de violencia. Tiene dos componentes: uno de Atención y Servicio y otro de capacitación ”. Este Departamento “atendió 680 casos entre enero y octubre del 1999” (68 mensuales).

Definición del “Modelo Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar” . Este modelo establece cinco ejes estratégicos de atención (promoción de una vida familiar libre de violencia, detección, captación y prevención de daños mayores, atención específica a personas afectadas, atención judicial-represiva y servicios de apoyo para el fortalecimiento del un nuevo proyecto de vida). Igualmente establece las líneas de trabajo a nivel nacional normativo, institucional y local-comunal; precisando para cada eje los mecanismos de ejecución, la población meta y las instancias responsables.

Organizaciones no gubernamentales vienen trabajando desde hace más de dos décadas en prevención de la violencia contra la mujer, desde diferentes perspectivas y/o ejes de intervención.

3.4. ARTICULO 4: MEDIDAS ESPECIALES

En el período de referencia de este informe se han tomado algunas medidas especiales en beneficio de la equidad de género en el país. Estas son:

la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW,

la creación de las Unidades Sectoriales de Equidad de Género,

la promulgación de las leyes 12-2000 y 13-2000 que fijan cuotas para las candidaturas femeninas a diputados y síndicos ,

políticas especiales dentro del combate a la pobreza que están dirigidas a las madres solteras jefas de hogar.

3.4.1. El Protocolo Facultativo de la CEDAW, establecido por la ONU como un mecanismo jurídico de supervisión para garantizar el seguimiento y control sobre el cumplimiento de la CEDAW por parte de los países, fue ratificado por el gobierno dominicano mediante la Ley nº 111-01 en fecha 8 de junio del 2001. El Protocolo posibilita viabilizar las denuncias frente a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres en los países miembros de la CEDAW.

3.4.2. Las Oficinas Sectoriales de Equidad de Género y Desarrollo (OEGD)

Con asiento en cada Secretaría de Estado y bajo la articulación de la Secretaría de Estado de la Mujer (SEM) , tienen el propósito de incorporar en las políticas, planes, acciones, programas y proyectos de cada Secretaría de Estado el enfoque de equidad de género a nivel nacional para la integración de la mujer al desarrollo. En su artículo 4, el decreto establece que cada oficina deberá monitorear, evaluar y reportar cada 6 meses a la SEM los avances en los planes, políticas y estrategias para la igualdad del hombre y de la mujer, además de coordinar los ajustes necesarios a implementar en su área, para el cumplimiento de los convenios y compromisos internacionales asumidos por el Estado Dominicano.

Al respecto, hay que consignar la creación de la Subsecretaría de Género en la Secretaría de Estado de Trabajo, cuya finalidad es impulsar la equidad de género en esa institución. La Subsecretaría, recién creada, desarrolla un programa de orientación con mujeres trabajadoras que emigran a España, y planifica la instalación de una Oficina de Equidad de Género para el 2003.

3.4.3. Política social de lucha contra la pobreza

La política social del gobierno está orientada a contribuir a la reducción de la pobreza y para ello se ha priorizado como población objeto a las mujeres pobres del país. Podemos mencionar algunos ejemplos:

El Programa para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME), creado en el 1997 para promover la competitividad, eficiencia y desarrollo integral de este sector e impactar en la creación de nuevos empleos productivos y nuevas fuentes de ingresos para las familias, ha sido integrado al conjunto de instituciones que conforman el Gabinete Social del gobierno y entre sus líneas políticas está el favorecer el acceso de las mujeres al crédito.

El Plan Presidencial Contra la Pobreza (PPCP), privilegia el apoyo a las iniciativas y actividades de las mujeres, a través del apoyo financiero a instituciones, como es el caso de la Secretaría de Estado de la Mujer (SEM) , que realizan programas a favor de las mujeres pobres. Para el año 2002, el PPCP ha establecido 10 tipos de acciones dirigidas a contribuir a los lineamientos de la CEDAW tales como financiamiento, infraestructura, construcción de viviendas, apoyo al plan de lucha contra la violencia intrafamiliar. Las acciones proyectadas están orientadas a superar los niveles de pobreza extrema de las mujeres con discapacidad, envejecientes, trabajadoras de las zonas francas industriales (ZFI), de la industria sexual y mujeres migrantes.

COMUNIDAD DIGNA es un plan de acción para la reducción de la pobreza, elaborado por la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN) a partir de los resultados obtenidos en el estudio sobre focalización de la pobreza. Entre las acciones desarrolladas a favor de las mujeres tenemos:

El apoyo a la creación de cooperativas de producción y a iniciativas de pequeñas empresas para mujeres, con la finalidad de contribuir a la reducción del desempleo femenino. Un ejemplo de ello es la cooperativa de talleres de confección de ropa y otros productos textiles, en ejecución por la Secretaría de Estado de la Mujer (SEM) a un costo de 60 millones de pesos dominicanos .

El apoyo a jefas de hogares vulnerables a partir de la entrega de bonos equivalentes a 500 pesos mensuales para adquirir los servicios ofrecidos por el Instituto de Estabilización de Precios INESPRE y los comedores económicos. Esta política prioriza a las madres solteras. Se estima que beneficia a un 60 % de las madres solteras jefas de hogares pobres con hijos menores de 14 años en las áreas priorizadas por sus niveles de pobreza.

3. 5. ARTÍCULO 5. PATRONES SOCIOCULTURALES DE CONDUCTA

3. 5. 1. Equidad de género en los medios de comunicación

Entre los logros identificados durante la Evaluación de la Aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing , en relación al eje Mujer y Medios de Difusión se mencionan:

La existencia de programas radiales , principalmente de carácter regional, orientados a trabajar la discriminación de género y en los cuales participan mujeres feministas o están dirigidos por organizaciones de mujeres. Igualmente en algunos medios de la prensa escrita hay articulistas que trabajan con visión de género y que tratan temas en relación a la discriminación de género.

Una mayor participación de las mujeres en los medios de difusión

Un incremento en la matriculación de mujeres en las carreras de comunicación y publicidad.

Sin embargo, a pesar de este avance la participación de las mujeres no refleja la diversidad de roles que ellas juegan en la sociedad actual y no ha habido un aumento de la participación de las mujeres en los puestos de dirección de este sector. La Evaluación mencionada plantea que en los medios de difusión no existe una política de género y persisten los patrones masculinos, las prácticas y el lenguaje sexista, las mujeres como objetos sexuales y de violencia, así como los tradicionales roles estereotipados que no reflejan la vida de la mujer contemporánea.

Al igual que en las organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil, desde la Secretaría de Estado de la Mujer (SEM) se ha estado trabajando la concientización de la población a varios niveles, aprovechando las coyunturas como las celebraciones del 8 de marzo y 25 de noviembre y las elecciones congresionales y municipales.

3.6. ARTICULO 6: PROSTITUCION

Aunque no existen aún estudios que permitan establecer la población de trabajadoras sexuales que ejercen tanto en el país como en el extranjero, se puede afirmar que la prostitución sigue representando una alternativa de generación de ingresos para las mujeres dominicanas. Estimaciones realizadas por el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) hacen suponer que para el año 2000 y a nivel interno existían unas cien mil trabajadoras sexuales. Esta estimación era de unas 60 mil mujeres para 1998.

Según el COIN, en el plano interno se ha evidenciado claramente una variación en las modalidades del negocio de la prostitución. Desde el 2000, los negocios se establecen bajo el formato de centros de diversión (tienda de venta de licores, lavaderos de vehículos, cafeterías, etc.); formas que son culturalmente más aceptadas, produciéndose no sólo la instalación sino también la transformación de viejos negocios hacia esas nuevas modalidades. Igualmente, se identifica un mayor número de trabajadoras independientes identificadas como chicas beepers o celulares . Dada la falta de estudios, no se puede distinguir con precisión si ha habido un aumento sustancial del número de mujeres prostituidas o una mayor visibilidad de las que trabajan de manera independiente.

En el plano internacional, la estimación del COIN es igualmente de unas100 mil mujeres . Ya en 1991 se estimaba en 50 mil mujeres las trabajadoras sexuales en el extranjero . “El trabajo sexual fuera del país ha pasado de ser un estigma a constituir una vía de generación de ingresos socialmente aceptada, como destacan muchas de las personas que trabajan en las comunidades emisoras y las propias mujeres involucradas.” . Los principales destinos son América Latina y Caribe (9 países) y Europa (7 países). Mientras que en el plano interno se han establecido nuevas modalidades en el ejercicio de la prostitución, en el extranjero se han diversificado los lugares de destino.

Dentro de las acciones del gobierno dominicano para enfrentar esta situación podemos mencionar:

la creación del Comité Interinstitucional de Protección a la Mujer Migrante (CIPROM), ya mencionado, el cual ha realizado en el 2001 un plan de trabajo concertado con los sectores participantes (Sociedad Civil organizada, organismos gubernamentales e internacionales). El plan incluye: investigación de la situación y magnitud real de esta problemática, campañas de educación vía los medios de comunicación, talleres de formación de líderes para difundir información, capacitación para las instituciones públicas y privadas asociadas al CIPROM o interesadas en el tema del tráfico de mujeres, creación de espacios de atención a las mujeres retornadas al país y programas de desarrollo dirigidos al empleo y la salud. Estos dos últimos ejes de trabajo han sido sólo establecidos como necesidades aunque todavía no se dispone de los recursos humanos y financieros para su realización.

Establecimiento de un convenio entre la Secretaría de Estado de la Mujer (SEM) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de fecha abril 2001, para desarrollar un programa de prevención y combate del tráfico con fines de explotación sexual. El mismo incluye acciones de prevención e información, asistencia al retorno y reintegración de víctimas de tráfico, capacitación y apoyo al fortalecimiento institucional de instituciones públicas y no gubernamentales, realización de estudios destinados a la definición de políticas y programas y preparación de legislación contra el tráfico.

La sensibilización de los funcionarios del sector público vinculados al tema del tráfico de personas o de la prostitución, como son la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores y sus representaciones en el extranjero, (en particular en los países receptores) la Secretaría de Turismo, Policía Nacional, entre otros.

La firma del “Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Transnacional Organizada”, ONU, dic. 2000

Por su parte, el COIN destaca también otros avances respecto al fenómeno:

La consolidación del Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU), asociación que engloba unas 500 trabajadoras sexuales.

Un mayor control de las enfermedades de transmisión sexual y SIDA por parte de las mujeres que trabajan en los “negocios de diversión” y prostíbulos.

Mayor apertura por parte de sectores de la sociedad que tradicionalmente no se acercaban a esta población, tales como organizaciones del área de la mujer y medios de comunicación.

Un aumento en la conciencia y en la práctica ciudadana de las mujeres de mayor liderazgo. De las 500 mujeres organizadas, unas 100 participan y están integradas a otros espacios organizativos y comunitarios principalmente del área de la salud,, violencia, derechos humanos.

Entre las limitaciones que deben todavía superarse están, fundamentalmente:

La falta de programas de desarrollo social dirigidos a la mujer pobre dedicada al trabajo sexual.

Falta de un marco legal bien definido que permita sancionar, en particular, el tráfico de personas.

El poco conocimiento y aplicación de las leyes y convenios internacionales de migración y de trata de personas.

3.7. ARTICULO 7: VIDA PÚBLICA Y PARTICIPACION POLÍTICA

La participación de la mujer en la esfera política sigue siendo activa a todos los niveles y podemos caracterizarla como de ascenso permanente. A ello ha contribuido la intensidad y seriedad con que las organizaciones de mujeres y las líderes del movimiento de mujeres han asumido la lucha por ejercer sus derechos de elegibilidad política..

3.7.1. La participación en los poderes

Tal y como expresáramos en el informe anterior, la RD realiza elecciones cada 4 años para los cargos de los poderes ejecutivo, legislativo y municipal; con una diferencia de 2 años entre las elecciones para el ejecutivo y las elecciones para el legislativo y municipal.

Los marcos legales fundamentales que protegen el derecho ciudadano de las mujeres a ser elegidas son la Ley 12-2000 que establece un 33% para las candidaturas femeninas a cargos de diputados y la Ley 13-2000 que prescribe la postulación de una mujer para el cargo de síndico o de vicesíndico .

De manera general, la participación de las mujeres en los diferentes sectores de la sociedad, registra una mejoría apreciada en la cantidad y calidad de los puestos ocupados. Se constata, no obstante, una relación inversa entre participación y niveles de dirección, puesto que a mayor nivel corresponde una menor participación de las mujeres, además de que, a la fecha, los niveles de participación política alcanzados están por debajo de la cuota de elegibilidad legalmente dispuesta. Sin embargo, por primera vez tenemos una mujer vicepresidenta, 37% de mujeres en el Poder Judicial. Hemos tenido, sin embargo, una ligera disminución de la proporción de mujeres en el Congreso respecto al período anterior (14.2 en el 2002-2006 frente a 14.5 en el período 1998-2002).

3.7.1.1. El poder ejecutivo

En el poder ejecutivo, desde la presidencia hasta las subdirecciones, las mujeres ocupan el 17.6% de los puestos de mayor poder de decisión. Este porcentaje está influenciado por los altos niveles de representación de mujeres en los puestos de gobernadoras (34.5%) y en las direcciones de los organismos especiales, particularmente las Oficialías de Estado Civil (45%).

En la Presidencia de la República, máxima representación del poder ejecutivo, el país no ha tenido una candidatura femenina al cargo. En cuanto a la Vicepresidencia, ha habido tres candidaturas de mujeres , una de ellas la actual vicepresidenta.

En el 2001, se constata una vez más la relación inversa entre participación y niveles de dirección, de manera que tenemos un 11.8 % de Secretarias de Estado, un 16.7% de Subsecretarias de Estado, un 19 % de directoras, presidentas, administradoras generales y un 22% de subdirectoras, sub-administradoras, vicepresidentas.

3.7.1.2. El poder legislativo

A pesar de la aprobación de la Ley 12-2000 que establece la cuota de un 33 % de participación de las mujeres en las candidaturas a cargos de diputados, los niveles de representación de las mujeres en el Congreso, como resultado de las elecciones del 2002, han disminuido ligeramente respecto al período anterior. Es así que el Congreso del actual período (2002-2006), tiene un total de 14.3 % de mujeres congresistas frente a un 14.5% del periodo 98-2000. En el Senado, tenemos 2 mujeres (igual que en el período anterior), lo que representa un 6.2% de participación femenina. En la Cámara de Diputados, se mantuvo igualmente el número de 24 mujeres, es decir, un 16% (ver Cuadro No. 6).

Cuadro No. 6 Distribución del Número de Representantes Congresionales
Según Tipo de Elección y Sexo. 1994, 1998, 2002
Tipo de elección y año	Mujeres Electas	Hombres Electos	T O T A L E S
No	%	No.	%	No.	%
Cámara Baja
1994	14	11.7	106	88.3	120	100
1998	24	16.1	125	83.9	149	100
2002	24	16	126	84	150	100
Senado
1994	1	3.3	29	96.7	30	100
1998	2	6.6	28	93.4	30	100
2002	2	6.2	30	93.8	32	100
Totales
1994	15	10	135	90	150	100
1998	26	14.5	153	85.5	179	100
2002	26	14.3	156	85.7	182	100
Fuente: Cuadros elaborados por el Programa Mujer y Política de Participación Ciudadana
a partir de datos de la Junta Central Electoral

3.7.1.3. Poder Judicial

A pesar de que en el Poder Judicial no se han producido cambios sustanciales y que, al igual que sucede en otros poderes, se constata la tendencia de a mayor jerarquía menor participación de las mujeres, es éste el único de los poderes que mantiene una participación de mujeres acorde con el 33% que establece la ley.

En efecto, desde agosto de 1997, a diferencia del 1993, hay una participación de 33 % de mujeres jueces en la Suprema Corte de Justicia. En las Cortes de Apelación, aunque hay una disminución de la participación de la mujer de 30.7 % en el 1993 a 25% en el 1999, sin embargo, las mujeres ascienden en las posiciones pasando de 20% a 35% en los puestos de presidentas. La mayor participación de las mujeres en el Poder Judicial esta dada en los Tribunales de Tierra la cual alcanza dos terceras partes (93 = 52%, 99 = 46% y 2000 = 62%).

3.7.1.4. Poder local

a) Sin embargo, la participación de las mujeres en los gobiernos municipales ha tenido un mayor avance. En efecto, dando cumplimiento a la Ley 13-2000 que prescribe la postulación de una mujer para el cargo de síndico o de vicesíndico, han sido elegidas 9 mujeres para el cargo de síndicas (7%) mientras que durante el período anterior, fueron electas solamente un 2% de mujeres síndicas. Igualmente y como resultado de la Ley 13-2000, el 92.8% de los municipios tiene una mujer como vicesíndica.

b) Igualmente, al analizar el poder municipal desde los puestos de regidores/as, vemos que el número de mujeres regidoras casi se ha duplicado respecto al 1994. En las recientes elecciones para el período 2002-2006 fueron electas 218 regidoras, lo que significa un 27.7%, siendo este porcentaje de 25.5% (193 regidoras) para el período 1998-2002..

3.7.1.5. Otras instancias de poder

3.7.1.5.1. Los partidos políticos

En cuanto a la participación de las mujeres en las directivas de los partidos políticos, no se pueden señalar avances. En 1996, dos de los tres partidos mayoritarios que se han alternado el poder en los últimos tres gobiernos, tenían en sus directivas 31% y 44% de mujeres. Sin embargo, el actual partido en el poder apenas tenía 8.7% (aunque es el primer partido que logra ganar las elecciones teniendo una mujer como Vicepresidenta).

Gobierno 90-94 y 94-96 del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), 31 %

Gobierno 96-2000 del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 44.2 %

Gobierno 2000-2004 del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 8.7%

A pesar de que no disponemos de estadísticas actualizadas sobre la participación de las mujeres al interior de los partidos, tanto en términos cuantitativos (número de mujeres en la dirección), como cualitativos (capacidad de convocatoria, de movilización, de producir alianzas y de negociación), sí se evidencia en el escenario público una mayor pro-actividad de las mujeres de los partidos a reclamar y luchar por sus espacios como elegibles y una mayor exposición pública de sus reivindicaciones propias

Por otra parte, fue creado el 18 de agosto del 1999 el Foro de Mujeres de Partidos políticos de la RD, el cual es un espacio multipartidario constituido como vía para consolidar la participación dominicana en el Foro Regional Centroamericano de Mujeres de Partidos Políticos. Entre sus objetivos está el de “impulsar que los partidos dominicanos se aboquen a un proceso de revisión de sus estructuras, principios y lineamientos generales de modo que contribuyan a fortalecer la equidad de género y el desarrollo de liderazgo bajo condiciones de igualdad de oportunidades”. Por ello, entre sus prioridades el Foro incluye el cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing .

En la Evaluación de la Plataforma de Acción de Beijing se destacó entre los logros en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones una “mayor visibilización de las prioridades de las mujeres en los discursos de los partidos políticos”. Esta tendencia se ha mantenido en los últimos tres certámenes electorales incluso en el uso de lenguaje no sexista por parte de los candidatos políticos. Igualmente, se ha dado una creciente inclusión de las propuestas provenientes del movimiento de mujeres y las mujeres políticas en los programas de gobierno de los partidos. Aunque esta tendencia se remonta al Programa Minímo Feminista de principio de la década (1990), su asunción por parte de los partidos se ha consolidado especialmente a partir de las elecciones del 1994. Se destacó la inclusión de propuestas del Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (PIOM) en los programas de 1996, las elecciones congresionales y municipales del 1998, y en los programas de dos de los tres partidos mayoritarios en la campaña para las elecciones presidenciales del 2000.

3.7.1.5.2. Los sindicatos y gremios

La participación de las mujeres en las directivas de las centrales sindicales varía e n tre 15 % en la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y 31% en la Central Gen e ral de Trabajadores (CGT).

En cuanto a los gremios, la situación sigue siendo la ya expresada en el informe a n terior. En las directivas de los tres gremios que agrupan un mayor número de prof e sionales la repr e sentación femenina no sobrepasa el 25%.

3.8. ARTICULO 8: REPRESENTACION

La participación de la mujer dominicana en representación del gobierno en el exterior ha continuado en ascenso. A la fecha de este informe las mujeres representan el 17 % de los/as embajadores/as. Una tercera parte de la representación consular en el extranjero es ejercida por mujeres. Esta proporción se mantiene en los puestos consulares remunerados y dism i nuye en los puestos consulares honorarios.

Cuadro Nº 7

Representación Consular en el extranjero según cargo y por sexo

(Noviembre 2001)

Cargo	Total	Mujeres	%	Hombres	%
Total	273	93	34	180	66
Cónsul General	40	15	38	25	63
Vicecónsul	77	25	32	52	68
Auxiliar Consular	76	35	46	41	54
Consulados Honorarios
Cónsul General Honorario	11	2	18	9	82
Cónsul Honorario	65	15	23	50	77
Vicecónsul Honorario	4	1		3	75

Fuente: Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores (SEREX), Depto. De Recursos Humanos

En lo que se refiere a las misiones permanentes ante las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, ONU en Ginebra, OEA y UNESCO ha habido un descenso, puesto que de 4 delegaciones con representación de mujeres sólo la UNESCO permanece con una mujer en calidad de embajadora permanente, al igual que en los últimos 6 años.

En noviembre del 2001, las mujeres representaban el 53 % del conjunto del personal dominicano en las misiones ante organismos internacionales. Aunque hay igualdad en el número de mujeres y hombres en las delegaciones, no la hay en los niveles o rangos en que éstas participan, observándose la tendencia de la relación inversa entre nivel del cargo y participación de mujeres: 17% de mujeres como embajadoras, 58% como ministras y 89% como secretarias.

Cuadro Nº 8

Representación dominicana de Misiones ante organismos internacionales

(noviembre 2001)

(Ante Naciones Unidas, OEA, ONU en Ginebra, Suiza y UNESCO)

Cargo	Total	Hombres	Mujeres	% de Mujeres
Total General	47	22	25	53
Embajadores	12	10	2	17
Representante Permanente	3	3	-
Representante Alterno	4	4	-
Alterno	3	3	-
Delegada Alterna	1		1
Delegada Permanente	1		1
Ministros	26	11	15	58
Ministros Consejeros	9	5	4
Consejeros	15	5	10
Consejeros Económicos	1	1	-
Agregada Cultural Honorífica	1	-	1
Secretarias	9	1	8	89
Primera	8	1	7
Segunda	-	-	-
Tercera	1	-	1

Fuente: Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, Departamento de Recursos Humanos

En el período, República Dominicana ha entrado a formar parte del Comité Directivo de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA), del cual somos parte.

Desde enero del 2000, la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores creó la oficina encargada de “Asuntos atinentes a la Mujer, Niños, Niñas y Adolescentes” dependiente de la División ONU/OEA, Organismos y Conferencias Internacionales.

3.9. ARTICULO 9: NACIONALIDAD

3.9.1. Las dominicanas de origen haitiano

La definición de la nacionalidad afecta directamente a las mujeres dominicanas de origen haitiano, quienes además forman parte de los grupos más empobrecidos del país que son las poblaciones de los bateyes.

Según las encuestas ENDESA 1991 y 1996, dos terceras partes de la población de inmigrantes a la RD es haitiana, habiendo pasado de 63% a 68% durante ese período. Sin embargo, para 1996 el 49% de la población inmigrante registrada en el país había llegado a RD en este mismo período 90-96. En el decenio anterior, 80-89, esta población representaba sólo el 25% del total de inmigrantes. Este aumento probablemente está relacionado con los cambios socio-políticos sucedidos en Haití a partir del 1986 .

Entre las medidas tomadas por el estado para enfrentar esta situación están:

.

Elaboración de un nuevo anteproyecto de Ley de Migración, el cual integra las propuestas esenciales que fueron hechas por diversas organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan sobre la situación de la población dominicana de origen haitiano, así como de inmigrantes haitianos.

Acuerdo entre la Secretaría de Estado de Educación y la Junta Central Electoral para agilizar y facilitar la obtención de las actas de nacimiento necesarias para la inscripción en las escuelas. Es éste un paso importante no sólo para la población dominicana de origen haitiano, sino para la población más pobre o para la población rural que son las más propensas a la declaración tardía de su descendencia.

3.10. ARTICULO 10: EDUCACION

Desde hace 15 años, los indicadores de educación han mostrado que las mujeres han avanzado más sostenidamente que los hombres. Se observan importantes reducciones en las tasas de analfabetismo de hombres y mujeres, disminución creciente de la brecha entre ellos, hasta el punto que en 1996 se invierte el comportamiento, pasando a ser ligeramente más elevadas las tasas de los hombres, principalmente en la zona rural. Esta situación se mantiene y observamos, por ejemplo, que del total de la matrícula escolar para el año 98-99, el 51% es de mujeres y que estos porcentajes se elevan considerablemente cuando se trata de la alfabetización de adultos.

En cuanto al nivel de instrucción, el comportamiento de mujeres y hombres es similar, variando muy ligeramente en la intensidad de los cambios. Entre 1996 y 99, el porcentaje en los niveles sin instrucción disminuyó de 16% a 11% para las mujeres y de 18% a 10% para los hombres, es decir que la movilidad fue más importante en el caso de los hombres. En cuanto al nivel primario las mujeres experimentaron una ligera disminución pasando de 56.4% a 55.6%, mientras que los hombres se mantuvieron en el mismo nivel de 56.5%. En los niveles secundarios y superior, ambos sexos incrementaron sus porcentajes, siendo mayores estos aumentos para los hombres. Esto significa que, en relación a la situación planteada para 1996, aunque las mujeres han seguido avanzando, su progreso se ha des-acelerado respecto al de los hombres. (ver anexo 3).

En la educación técnico-profesional y laboral las mujeres representan el 70% de la matricula, fundamentalmente ubicada en la zona urbana. La importancia que ha adquirido la formación técnico-profesional es relevante. Durante el período 1982 a 1995, el porcentaje de mujeres egresadas del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) pasó de 24% a 39%, es decir, aproximadamente a un ritmo de 1% de incremento anual; mientras que durante el período 1995 a 1997 pasó de 39% a 44% es decir, alrededor de 2% anual. En 1997, de cada 100 egresados de INFOTEP, 80 eran mujeres. En respuesta a la observación al 4to informe (párrafo 348) sobre la capacitación profesional y técnica y sobre labores no tradicionales, podemos mencionar algunas acciones:

Educación a distancia y la capacitación de mujeres para el trabajo, en coordinación con unas 15 ONGs . (Escuelas Radiofónicas Santa María, Universidad APEC, PROFAMILIA, IDENTIDAD, CE-MUJER, entre otras)

Capacitación técnico profesional, laboral y en administración de pequeñas y medianas empresas

Integración y acceso de personas de ambos sexos, sin restricción del tipo de oficio o de carrera, en politécnicos, centros vocacionales e institutos de formación técnica que antes estaban limitados a un solo sexo.

Producción, en coordinación con la ONG Ce-Mujer, de dos video-tape que promueven:

La capacitación laboral en áreas no tradicionales para las mujeres y la integración de la familia a los trabajos domésticos.

El Diagnóstico de Género en la Reforma y Modernización del Sistema Educativo revela “que en la ordenanza departamental I-95 (que establece el curriculum para la educación básica, media, especial y de adultos del sistema educativo dominicano) se presentan los criterios para introducir el principio de la no-discriminación por razones de género en los diferentes niveles educativos, los cuales quedan reflejados, de manera particular, en los propósitos de cada nivel y de forma general, en los contenidos y las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Se trabaja, sin embargo, en la formación en equidad de género del personal directivo y técnico en los niveles central, regional y distrital.

Los logros identificados por las 96 instituciones y organizaciones públicas y privadas de República Dominicana que evaluaron la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing en el eje Mujer y Educación son los siguientes :

Aumento de los recursos disponibles en el sector educativo a partir de incremento en el presupuesto nacional, movilización de fondos de las instituciones internacionales y de la Sociedad Civil. Incremento en los financiamientos a Programas Especiales (por ejemplo, de computadoras). Financiamiento del Banco Mundial para el Proceso de Reforma Educativa en el país.

Jornadas nacionales y programas de alfabetización de adultos con una presencia significativa de mujeres docentes y estudiantes. Fortalecimiento de las opciones de educación básica.

Mejoría sustancial en las ediciones de libros de texto para personas adultas (lenguaje no sexista, personajes que asemejan al prototipo físico de la población, mejor calidad en la presentación).

3.11. ARTICULO 11: EMPLEO

En el informe anterior quedó claramente consignado que en la Constitución y en el Código de Trabajo está establecido el principio de no discriminación de la mujer en su derecho al trabajo y de libre elección del empleo, así como la protección a la maternidad y el derecho a la lactancia.

Esta aún pendiente poner en práctica algunos de estos derechos, principalmente con la creación de espacios adecuados que permitan cumplir con las disposiciones legales que protegen el derecho de la mujer trabajadora a lactar, y la creación de instituciones para el cuidado de los niños (estancias infantiles). Estos mecanismos han sido establecidos dentro de las obligaciones de la Ley de creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) / Nº. 87-01, la cual establece la pensión solidaria para madres solteras desempleadas, la creación de estancias infantiles, los servicios de salud materno-infantil, los servicios para envejecientes, la pensión de sobrevivientes, subsidio de lactancia a las más pobres, entre otros.

Igualmente se han introducido en el Código de Trabajo algunas reformas que favorecen a las trabajadoras domésticas (ver punto 3. 11. 3 ).

Las tendencias del empleo en RD entre 1996 y 99, en términos generales, fueron :

incremento neto de 25 mil empleos en zonas francas (inferior a los registrados entre 83-86 y 90-93)

incremento promedio anual aproximado de 5 mil personas ocupadas en hotelería para el sector turismo (inferior al ritmo observado a mediados de los `80 y principios de los 90)

incremento de 34 mil personas empleadas del gobierno general (gobierno central, instituciones autónomas y descentralizadas, y ayuntamientos). Incremento ligeramente superior a lo ocurrido en períodos previos.

gran inestabilidad en el empleo del sector microempresarial. Entre marzo de 1998 y marzo de 1999, se crearon 263 mil empleos y desaparecieron 208 mil. En el 1999, el 50 % de los negocios establecidos en los últimos 12 meses eran empresas unipersonales o trabajadores por cuenta propia. En este sector, 21% de los trabajadores no recibe remuneración, el 40% de sus propietarios tiene ganancias inferiores a 2 mil pesos mensuales y el 68% percibe por debajo de 5 mil pesos por mes. Igualmente, en ese período sólo se habrían sumado entre 125 mil y 150 mil empleos relativamente estables en los sectores formales de la economía, lo que implica un incremento anual muy inferior al incremento de la fuerza de trabajo. El grueso del aumento corresponde a sectores informales, en particular, unos 260 mil trabajadores adicionales incorporados en las micro y pequeñas empresas .

- 65% de los empleos creados entre 91-99 fueron empleos por cuenta propia

3.11.1. Las mujeres

En términos generales, aunque los niveles de desempleo permanecen elevados para las mujeres, la participación de la mujer en el sector laboral ha mejorado, incrementándose a un ritmo de casi un 2% por año (las trabajadoras representaban el 43% en el 1996 y el 49% en el 1999).

Para 1999, más de una tercera parte (37%) de las mujeres trabajadoras están empleadas por un familiar y 5% de las trabajadoras no recibe dinero por su trabajo; 52% son empleadas por otras personas y 11% son trabajadoras independientes. Las diferencias entre zona urbana y rural están más bien relacionadas con el hecho del pago remunerado del trabajo; 9% de las empleadas familiares de la zona rural no recibe dinero, mientras que sólo el 3% de ellas no lo recibe en la zona urbana. Iguales porcentajes se observan en las trabajadoras independientes (9% rurales y 3% urbanas no reciben dinero). Entre las trabajadoras independientes, las que no reciben dinero son las más jóvenes y las más viejas (14% de las que tienen 15-20 años y 9% de las que tienen entre 45-49 años).

3.11.2. El desempleo

Los niveles de desempleo en los últimos años han experimentado una reducción debido fundamentalmente al desarrollo de los sectores micro empresariales. Así, entre el 92 y el 96 la tasa de desempleo se redujo de 20.7% a 16.5%, en abril del ’97 se había reducido al 15.9%” y para 1998 era de 14.7% siendo el desempleo de las mujeres casi tres veces el de los hombres (24% y 9% respectivamente) .

El desempleo de las mujeres es mayor en las más jóvenes representando 2/5 partes en las mujeres con menos de 24 años. Es mínima la diferencia del desempleo entre hombres y mujeres en la población de 60 años y más, lo cual podría estar indicando que las mujeres se retiran a edades más avanzadas. Además el desempleo es particularmente más elevado en las mujeres pobres ya que, en términos generales, la población que percibe los ingresos más bajos tiene una tasa de desempleo de 41%, mientras que en los sectores de más altos ingresos la tasa sólo llega al 7%.

En 1999, el 51% de las mujeres en edad reproductiva no estaba trabajando, el 39% trabajaba todo el año y el 10% restante trabajaba estacional u ocasionalmente. Mientras que en 1996 estos porcentajes eran: el 57% no trabajaba, el 36% trabajó todo el año y el 6% trabajó de manera ocasional o estacionalmente . Las mujeres están participando, sobre todo, en el sector informal que es el más inestable de la economía.

3.11.3. El trabajo doméstico remunerado

En 1998, del total de trabajadores remunerados (3,517,194 personas), 22% eran trabajadores domésticos y de ese grupo 97% eran mujeres, lo cual equivale a decir que casi una cuarta parte (21%) de las/os trabajadores remunerados son mujeres trabajando en tareas domésticas. Esas trabajadoras contribuyen en 10.3% al PIB. .

A pesar de su aporte al PIB, es éste el grupo de trabajadoras cuyos derechos están menos protegidos. En efecto, los pocos derechos que se reconocen a las trabajadoras domésticas están consignados en un régimen especial del Código de Trabajo, de manera que son excluidas del conjunto de disposiciones que benefician a las/os trabajadores. No obstante, en 1999, la Ley amplió estos derechos prescribiendo el doble sueldo o aguinaldo, que debe ser pagado en diciembre, dos semanas de vacaciones remuneradas al año de trabajo y a que su empleador le conceda los permisos necesarios para ir a la escuela o al médico o centro de salud, en caso de enfermedad, siempre y cuando sea compatible con su jornada de trabajo en el o los días acordado (s) con su empleador. La inscripción al Seguro social está legalmente reconocida desde 1948, la cual contempla la cobertura contra riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez y muerte.

Sin embargo, en la práctica estos derechos se aplican a discreción del empleador/a. Por otra parte, contribuye a la deficiente aplicación de los derechos de las trabajadoras domésticas su escasa difusión, resultando casi desconocidos para las partes interesadas: empleadas y empleadores.

3.11.4. Acciones concretas de estímulo al empleo

Recientemente (enero 2002) ha sido creada en la Secretaría de Estado de Trabajo la Subsecretaría de Equidad de Género con la finalidad de promover una política de equidad de género tanto en los programas y políticas laborales como en cuanto al funcionamiento interno de la Secretaría. La Subsecretaría está en proceso de creación de la Oficina de Equidad de Género, planificada para el 2003 .

Por otra parte, la política social del gobierno ha priorizado la generación de empleo y ha dirigido los esfuerzos del combate a la pobreza al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de facilitación de créditos, capacitación técnica y gerencial y formación técnica vocacional.

Según el informe de gestión de los primeros 6 meses de este gabinete (abril-septiembre. 2001) , a través de PROMIPYME, se han invertido 95 millones de pesos de créditos facilitados para el fomento de las micro y pequeña empresas, a una tasa de 1.2 % de interés mensual (los bancos tienen una tasa de 2% mensual). Estos préstamos, que han beneficiado a 6,215 microempresarios/as, son facilitados a pequeños negocios que no califican para acceder al sistema financiero nacional, siendo priorizadas en las acciones de financiamiento, capacitación y asistencia técnica las mujeres micro, pequeñas y medianas empresarias.

Desde agosto del 2000 a junio del 2001, PROMIPYME en sus programas de capacitación ha favorecido un 59% de mujeres; igualmente el 43 % de participantes en las jornadas educativas y de orientación son mujeres y el 60% y 51% de los préstamos otorgados vía el Plan Presidencial contra la Pobreza (PPCP), han sido para mujeres. Además, en su programa de apoyo a la Sociedad Civil, se creó una línea de crédito (casi 26 millones de pesos desembolsados de 39 millones aprobados) con un grupo de 7 ONGs experimentadas en este sector y que funcionan como intermediarias, las cuales tienen programa de créditos para mujeres. De estas instituciones, dos que trabajan específicamente con mujeres han recibido el 44% de los fondos otorgados.

A través de COMUNIDAD DIGNA se desarrolla el proyecto de Cooperativas de Producción para Mujeres cuyo objetivo es contribuir a la reducción del desempleo femenino mediante el apoyo a la creación y operación de cooperativas de producción y a iniciativas de pequeñas empresas. La cooperativa de talleres de confección de ropa y otros productos textiles, a ser ejecutado por la SEM, tuvo un costo de 60 millones de pesos dominicanos .

3.12. ARTICULO 12: SALUD

3.12.1. Algunos indicadores de la salud sexual y reproductiva de la mujer dominicana

Disminución de las tasas de fecundidad

En la República Dominicana, se ha registrado en los últimos años un descenso en los niveles de fecundidad, pasando la tasa global de fecundidad de 3.2 hijos por mujer en 1996 a 2.7 hijos por mujer en 1999. El mayor descenso se registró en la zona rural pasando de 4 a 3 hijos por mujer, mientras que la urbana pasó de 2.8 a 2.4 hijos por mujer. Igualmente, se registró un descenso en la fecundidad deseada, pasando de 2.5 a 2 hijos por mujer entre 1996 y 1999.

Al mismo tiempo, ha habido un aumento del período intergenésico (espaciamiento de los hijos), pasando de 29 a 31 meses entre 1996 y 1999. Este indicador interviene en la disminución tanto del número promedio de hijos como de los riesgos de los nacimientos (bajo peso al nacer, desnutrición infantil, mortalidad infantil). Igualmente es menor en la zona rural que en la urbana, (29 y 32 meses respectivamente). Y, claramente, guarda estrecha relación con los niveles de educación. A mayor nivel de educación corresponde mayor período intergenésico, variando desde 28 meses para las mujeres con 1 a 4 años de instrucción hasta 35 meses para las que alcanzaron el nivel secundario. En 1999, el 5 % de la población femenina de 15 a 49 años estaba embarazada al momento de la encuesta; este porcentaje alcanza el 9% entre las mujeres sin instrucción.

Disminución del embarazo en adolescentes

Aunque entre 1996 y 1999 el embarazo en las adolescentes ha disminuido de 23% a 21%, sigue siendo muy elevado, puesto que una quinta parte de las adolescentes (15-19 años) ha iniciado la procreación y una de cada 3 adolescentes es madre a la edad de 18 y 19 años. Estos porcentajes aumentan considerablemente entre las menos instruidas: 30% de las adolescentes con educación primaria o menos han estado embarazadas, no registrándose diferencias entre las zonas rural y urbana. A esta situación contribuye el hecho de que en las escuelas se imparte de manera muy limitada la educación sexual.

Aumento de la atención prenatal

En 1999 se registra un ligero aumento en la atención materno infantil:

el 99% de los niños nacidos en los 5 años anteriores a la encuesta tuvieron asistencia prenatal realizada por un médico (98% en 1996).

86% de las madres recibieron 2 ó más dosis de toxoide antitetánico.

Aumento de la asistencia al parto y de las condiciones físicas de los nacidos vivos. Respecto a la cobertura de atención institucional al parto, las cifras del 1999 muestran una mejoría respecto a años anteriores :

97% de los partos fueron atendidos en instituciones de salud (95% en 1996) y 2% en la casa.

96% de los partos fueron atendidos por médicos (92% en 1996). La participación de enfermeras graduadas y auxiliares en la atención final del embarazo disminuyó de 4% a 2% entre el 96 y 99; igualmente se observa que la participación de comadronas disminuyó de 3% a 1%.

Sin embargo, hay que hacer notar también el aumento de los nacimientos por cesárea (28 % en 1998 frente a 26% en 1996). Para las mujeres de 35 años y más, la cifra alcanza el 33% y para las que tienen un nivel de educación superior llega al 51%.

Morbilidad femenina

Durante 1998 las principales causas de consulta hechas por mujeres en edad reproductiva y registradas en los establecimientos de la SESPAS, fueron las infecciones respiratorias (17%), el embarazo (11%) y la vaginitis (11%), así como la hipertensión arterial (8%), desnutrición (7%), enfermedades diarreicas agudas (7%) e infecciones urinarias (4%).

3.12.2. Disminución de la mortalidad materna y de las categorías de alto riesgo

Los niveles de mortalidad materna han experimentado una ligera disminución, pues la razón de mortalidad materna estimada para el año 1983-84 aproximadamente era de 229 muertes por 100,000 nacidos vivos (ENDESA 96) y para 1999, según los datos ofrecidos por el Sistema de Vigilancia de Mortalidad Infantil y Materna , es de 123 muertes por 100 mil nacidos vivos. Se señalan como causas principales la toxemia (46%), complicaciones del aborto (19%), el cual sigue penalizado en todas sus circunstancias, hemorragias (11%) y cardiopatías. Este descenso podría estar asociado al establecimiento de los Comités de Vigilancia de la Mortalidad Materna establecidos por la Secretaría de Salud Pública que investigan las muertes maternas acontecidas en el sistema público de salud a fin de mejorar la calidad del servicio.

Respecto a las causas de mortalidad de las mujeres, según los registros de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), las más importantes son el infarto del miocardio (15%), SIDA (6%) y el aborto (6%); además del cáncer uterino (3%) cuyos registros se relacionan con una baja cobertura de las acciones de prevención a través del test Papanicolau pues para 1996 sólo el 27% de las mujeres había realizado esta prueba. Aunque no disponemos de estadísticas del cáncer de mamas se puede inferir una prevalencia importante dado que en el 1996 sólo el 11% de las mujeres de 15 a 49 años había realizado en el último año pruebas para su detección. En el Distrito Nacional, el SIDA representa el 12% de muertes, seguido de las muertes violentas y el cáncer no relacionado con el sistema reproductivo, alcanzando alrededor de un 10% cada una de estas causas .

Según datos de la referida encuesta ENDESA 1999, ha habido igualmente una reducción en las categorías de alto riesgo reproductivo ya que el 44% de los nacimientos en los últimos 5 años se encuentra en alguna categoría de riesgo elevado de mortalidad, siendo esta cifra de un 49% para 1996, y el porcentaje de mujeres en peligro de concebir un hijo en una o más categorías de elevado riesgo reproductivo es de un 31% mientras que en 1996 esta cifra alcanzaba un 36%.

3.12.3. SIDA

Para marzo del 2001, el total acumulado de personas notificadas conviviendo con VIH/SIDA es de 11,079, de los cuales son mujeres un 35%. La categoría de transmisión declarada más frecuente continúa siendo la sexual. Igualmente, el 13% de estos casos corresponde a jóvenes de 15 a 24 años y de este grupo el 46% son mujeres. Datos del 2000 confirman que el 2.2% de la población adulta está afectada por el VIH y las proyecciones para el 2005 estiman que el 2.4% de la población adulta estará infectada por el VIH.

Recientemente, la SESPAS ha instalado en los hospitales públicos (se estima su cobertura en un 75% de todo el país) el Programa de Disminución de la Transmisión vertical madre-hijo, consistente en la administración de un retroviral a la madre y al hijo, la adopción de cesárea para el nacimiento y utilización de leche de fórmula para lactar al bebé.

Según la ENDESA 99, el conocimiento del SIDA es universal en República Dominicana, sin diferenciación de niveles de educación, zona de residencia o edad. Sin embargo, la percepción del riesgo no esta universalizada, pues el sólo el 88 % de las mujeres y el 94% de los hombres saben que una persona que luce saludable puede tener SIDA. En cuanto a las formas de protección, 5% de las mujeres declaró que no sabe qué hacer para evitar contagios y estos porcentajes son mayores entre las mujeres sin escolaridad (13%) o con 4 años y menos de educación (10%).

3.12.4. Reformas fundamentales

En el sector salud durante el período 1998-2001, se han realizado dos grandes reformas de tipo legislativo: la promulgación de la Ley General de Salud, nº 42-01 del 8.3.2001 y la Ley No. 87-01 del 8.5.2001 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). La Ley de Seguridad Social integra como parte de sus objetivos la promoción de la mujer y la reducción de la pobreza.

La Ley general de Salud consigna la equidad en términos generales, la universalidad y la concertación. Plantea la participación de las OSC y del sector privado, a través de creación de mecanismos de coordinación, comunicación e información entre las instituciones del sector y la participación en instancias de decisión como lo es el Consejo Nacional de Salud.

Se priorizan las poblaciones que están por debajo de la línea de pobreza y entre éstas a las mujeres, en particular las embarazadas, la población infantil hasta 14 años, de envejecientes y discapacitados.

En términos de servicios están priorizados los de atención materno- infantil y la prevención de la morbi-mortalidad materna e infantil.

3.12.5. Progresos en el sector salud

Según la “Evaluación de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing en la RD” , los principales logros de salud para las mujeres son:

la reducción de la mortalidad materna y accesibilidad a los servicios materno-infantiles incluyendo el establecimiento de los Comités de Vigilancia de la Mortalidad Materna.

El establecimiento de una política de género por parte de la Dirección General de Epidemiología (DIGEPI) de la SESPAS, integrando programas y acciones a favor de la salud de la familia, la mujer, recién nacido, niñez, adolescencia y juventud .

Creación del Comité Intersectorial “Género y Reforma” como espacio para el análisis y la acción política en el sector salud. Entre sus resultados está la elaboración de indicadores para evaluar la calidad de la atención en salud

La ampliación y el fortalecimiento de los programas de salud implementados desde el gobierno y desde las ONGs: entre ellos destacamos el aumento de clínicas rurales, la ampliación del acceso de la prueba VIH, equipamiento de los centros de salud y creación de otros especializados en áreas de salud reproductiva y mayor presencia de personal médico en las comunidades del interior.

Podemos destacar igualmente una mayor participación de mujeres en los puestos de dire c ción de los centros de salud. En 2001, 26% del personal de dirección a nivel provincial y regional de hospitales y subcentros de salud eran mujeres. Esta participación aún presenta una relación inversa con el nivel del puesto. A mayor nivel corresponde menor particip a ción de las mujeres: 14% de mujeres subsecretarias de salud, 29% de mujeres en la dire c ciones de los hospitales de todo el país y 32% en los su b centros.

Otros avances señalados son:

Mejoras en las condiciones laborales del personal de salud y aumento de los recursos humanos. Mejoras en las infraestructuras hospitalarias.

Participación activa del sector ONG en la oferta de servicios en áreas especializadas de salud sexual y reproductiva para la mujer, con modelos de atención accesibles, económicos y de calidad, los cuales promueven cambios de actitud en las familias y en la población de jóvenes y adolescentes.

Mayor capacitación en salud para las mujeres, aportando a desbloquear tabúes en relación a la salud sexual y reproductiva.

Mejoras en el manejo y generación de la información en el sector salud. Existen instrumentos de información y estadísticas actualizadas, investigaciones, creación de normas y regulaciones. En particular, el desglose sistemático de las informaciones de salud por sexo

Avances y mejoras en:

el trabajo con poblaciones vulnerables tales como envejecientes, disminución de la mortalidad de las trabajadoras sexuales en ETS y SIDA.

El seguimiento de embarazos y post-partos y fortalecimiento de los servicios de atención prenatal.

Vacunación de mujeres en edad fértil.

Promoción de la lactancia materna y planificación familiar.

La lucha contra el SIDA incluyendo la tamización para el VIH del 98% de la sangre que se utiliza en el país para transfusión y la instalación de los Programas De prevención de la Transmisión vertical.

Reformulación del mecanismo nacional responsable de las políticas en la lucha contra el SIDA, el Consejo Nacional para el Estudio del SIDA (CONASIDA) donde se articulan sectores estatales y Sociedad Civil

3.13. ARTÍCULO 13: PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

En el período de referencia de este informe el gobierno ha diseñado y aplicado medidas económicas y sociales que benefician a la mujer.

3.13.1. A nivel de la legislación

La Ley No. 87-01, del 8.5.2001 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social establece las siguientes prestaciones:

Art. 50: La pensión por cesantía a edad avanzada.

Art. 63: La pensión solidaria para madres solteras desempleadas con hijos menores de edad que carezcan de recursos suficientes para satisfacer sus necesidades esenciales y garantizar la educación de sus hijos.

Art. 132. Los hijos menores de las trabajadoras afiliadas, con un salario cotizable inferior a tres salarios mínimos, tendrán derecho a un subsidio de lactancia durante 12 meses.

Art. 134 y 135: La creación de estancias infantiles para atender los hijos e hijas de todos los trabajadores desde los 45 días de nacidos hasta cumplir los 5 años de edad. Estas estancias incluyen servicios de salud materno infantil.

El Código de Trabajo fue modificado en lo que se refiere a las trabajadoras domésticas prescribiendo el derecho a vacaciones, 13 salarios, y regulación del horario de descanso.

Sin embargo, en términos generales, se observa que persisten aún dificultades en la aplicación de las leyes laborales debido a la falta de mecanismos de control y vigilancia de su cumplimiento por parte del Estado, así como debilidad en cuanto al conocimiento por parte de las/os trabajadores/as de sus derechos. Hay que hacer notar igualmente que la referida Ley de Seguridad Social es relativamente nueva y sus reglamentos están en proceso de elaboración.

3.14. ARTICULO 14: MUJER RURAL

3.14.1. Contexto de la realidad rural

De manera general, los indicadores socio-económicos y demográficos señalan que las poblaciones rurales son las más afectadas por bajos niveles de desarrollo. En efecto, los índices de pobreza (general y extrema) registrados en 1998, muestran que en la zona urbana la pobreza general alcanza un 37% y la pobreza extrema un 7%, mientras que en la zona rural estas cifras llegan al 85% y 37% respectivamente. Es decir, en los campos existe una pobreza extrema 5 veces mayor que en las ciudades.

Sin embargo, el proceso de descentralización, iniciado desde la década pasada, ha puesto en marcha políticas dirigidas a la participación pro-activa de la ciudadanía. Dos acciones importantes han sido: a) la separación de las elecciones presidenciales de las municipales y legislativas, lo que permite establecer a nivel local más directa y claramente los compromisos entre electores y elegidos/as y b) la focalización de la pobreza, pues se ha logrado identificar cuáles zonas rurales son las más afectadas y hacía dónde se deben dirigir y con qué intensidad los planes de combate a la pobreza.

3.14.2. Mecanismos para el avance de la mujer campesina

La creación de la Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer, con sede en la Secretaría de Estado de Agricultura, es un mecanismo para el avance de la mujer campesina dominicana. Esta oficina tiene por finalidad emprender acciones dirigidas a visibilizar la participación de las mujeres en los procesos productivos del sector agropecuario y contribuir a la disminución de la pobreza rural. Además, esta oficina cuenta con una Unidad Administrativa y una Unidad de coordinación con otras instituciones y ONGs, y tres divisiones: Planes y Proyectos, mujer rural e investigación, capacitación y formación.

Dentro de sus estrategias para el empoderamiento de la mujer rural están:

fortalecer la coordinación sectorial para brindar los servicios de apoyo

la capacitación en género tanto a técnicas/os de las instituciones del sector agropecuario como a las organizaciones rurales de mujeres

promover la participación de las mujeres rurales en los espacios de toma de decisiones

articular las políticas para el sector agropecuario de acuerdo a la nueva ruralidad

gestionar apoyo financiero a organizaciones de mujeres en la creación de empresas agro-industriales

realizar investigaciones que permitan conocer la condición específica de la mujer rural

Entre las acciones realizadas por esta Oficina con el apoyo de la Secretaría de Estado de la Mujer (SEM) está la inclusión de la perspectiva de género en el próximo censo agropecuario.

En la Ley de Gastos Públicos para el 2001, fueron aprobados por el Congreso Nacional para el quehacer de la SEA 21 proyectos en diferentes áreas y financiados por diferentes fuentes, por un monto total de casi 159 millones de pesos.

En el Instituto Agrario Dominicano (IAD), el Departamento de Desarrollo Social realiza el trabajo con la mujer que le exige la aplicación de la igualdad promulgada en la Ley 55-97 . Ha formalizado un acuerdo con la Secretaría de Estado de la Mujer (SEM) para desarrollar un programa de capacitación, organización de mujeres y asesoría al Departamento. El reporte del IAD para este 5to informe revela que en el 2001 han sido beneficiadas con títulos 166 mujeres, cuyas parcelas están distribuidas en una superficie de 9,427 tareas (57 tareas por mujer), valoradas en 86 millones de pesos y localizadas en 14 provincias, incluyendo el Distrito Nacional

Sin embargo, hay que hacer notar que, según el registro de productores agropecuarios de la SEA, las mujeres están accediendo a las parcelas más pequeñas, cuya productividad garantiza solamente la subsistencia. Igualmente muestran las cifras que 47% de las fincas pertenece a mujeres cuyas edades oscilan entre 41 y 60 años, dejando pocas posibilidades a mujeres jóvenes o madres solteras (poblaciones que han sido priorizadas en la política social del gobierno).

El artículo 51 de la Ley 55-97 establece que el IAD gestionará facilidades de crédito para agricultores/as que formen parte de una unidad familiar y de organizaciones y proporcionará asesoramiento técnico adecuado mediante cooperativas agrícolas. En ese sentido, desde 1998 al 2001, 1761 mujeres han tenido acceso a los créditos de las gerencias y proyectos descentralizados de la SEA, es decir 440 créditos por año.

Durante el período, la SEM en coordinación con el Banco Agrícola, Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el IAD ha formalizado 3 convenios de cooperación y colaboración con la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA ) y otras organizaciones de mujeres campesinas, tales como: Unión de Mujeres Rurales (UNDEMUR) y la Fundación Mujeres para Crecer. Los convenios tienen por objetivo la capacitación en género, la promoción y difusión de las leyes de reforma agraria y violencia, programas de alfabetización para campesinas y apertura de carteras de créditos.

La Secretaría de Estado de la Mujer (SEM) ha realizado una labor de difusión de Leyes y Convenciones así como de capacitación de las mujeres campesinas a través de las siguientes acciones:

Versión popular y didáctica de la Ley 55-97 de Reforma Agraria, propiciando un mayor conocimiento de las mujeres sobre sus derechos

Talleres de capacitación a multiplicadoras para difusión de la Ley en las regiones más pobres del país, reforzando el liderazgo de las campesinas.

Versión explicada y resumida de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Reactivación de la Red Regional de Mujer Rural, auspiciada por la FAO, 97

La SEM ejecuta desde 1999 con la participación de Costa Rica, Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Surinam, el Proyecto multilateral de “Capacitación en Género y Desarrollo Rural Sostenible”, dirigido a mujeres lideres rurales de estos 7 países.

3.15. ARTICULO 15: IGUALDAD ANTE LA LEY

Tal como precisamos en el 4to informe, la Constitución Dominicana no establece diferencias por sexo en el reconocimiento de los derechos ciudadanos.

Asimismo, las Leyes promulgadas en este período, en particular la Ley 87-01, del 9.5.01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, en su artículo 3, establece la unive r salidad a todos los dominicanos y a los residentes en el país, sin discriminación por razón de salud, sexo, condición social, política o económica. Igualmente, la Ley General de Salud 42-01, del 8.3.01, consigna la equidad en términos generales, la universalidad y la conce r tación.

Por otra parte, hemos ya mencionado (ver 3.4) la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW y la promulgación de las leyes 12-2000 y 13-2000 que fijan cuotas para las candidaturas femeninas a diputados y síndicos, así como la ampliación de derechos para las trabajadoras domésticas incluídas en 1999 en el Código Laboral.

Se encuentran en proceso de modificación los Códigos Civil, Penal y el Código de Proc e dimiento Criminal

3.16. ARTICULO 16: MATRIMONIO Y FAMILIA

Respecto a este artículo no se consignan cambios habidos durante el período. Existe, sin embargo, una propuesta de modificación del Código civil, según la cual se establecería:

La mayoría de edad a los 18 años para ambos sexos.

La autoridad y tutela compartida de los hijos/as entre padre y madre.

La administración de sus bienes personales por parte de cada cónyuge (eliminando el derecho del hombre a administrar los bienes personales de la mujer).

Para las uniones consensuales, se reconocen las disposiciones generales del régimen legal de la unión marital de hecho, las relaciones económicas entre convivientes y la ruptura de la unión marital de hecho y la disolución de la sociedad patrimonial. Esta disposiciones son de gran importancia para la protección de los derechos económicos y sociales de las mujeres ya que para 1999, del total de mujeres con parejas, el 63 % lo estaba bajo el régimen de la unión consensual.

La jurisprudencia

Hay que señalar, igualmente, un caso ocurrido durante el período que se ha considerado como un precedente positivo a favor de los derechos civiles de las mujeres.

La Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia a favor de una mujer viuda que había perdido en accidente de tránsito a su marido, con la finalidad de que la compañía aseguradora del vehículo causante del accidente le pagara la indemnización correspondiente. La compañía aseguradora había negado este pago bajo el alegato de que la viuda no estaba casada legalmente con su marido y el concubinato no representa un vínculo jurídico que proteja la unión.

Dado que en República Dominicana la justicia en su aplicación se basa en la Ley, la doctrina y la jurisprudencia, esta sentencia establece un precedente importante para el futuro, de manera que tanto jueces como abogados, podrán acogerse a la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia a favor de esta mujer para reconocer, no sólo los derechos para el reconocimiento de la descendencia procreada bajo el régimen del concubinato, sino también el disfrute de los bienes materiales comunes generados en la misma. Así mismo abre la posibilidad de que se modifique la Ley sensibilizando a los miembros del Congreso sobre las reformas que sobre el matrimonio y la familia han estado promoviendo las mujeres desde la Sociedad Civil. Igualmente incita a una mayor insistencia por parte de la población a exigir sus derechos frente a reclamos de bienes materiales independientemente del régimen que sustenta la unión.