COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40 DEL PACTO

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 1994

REPÚBLICA DE MOLDOVA *

[17 de enero de 2001]

INFORME INICIAL Y PRIMER INFORME PERIÓDICO DE LA

REPÚBLICA DE MOLDOVA SOBRE EL ESTADO DE

APLICACIÓN DEL PACTO INTERNACIONAL DE

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

CHIŞINĂU - 2000

ÍNDICE

PárrafosPágina

Introducción 1 - 24

Artículo 1 3 - 494

Artículo 2 50 - 999

Artículo 3 100 - 12317

Artículo 4 124 - 12720

Artículo 5 128 - 13420

Artículo 6 135 - 17321

Artículo 7 174 - 20327

Artículo 8 204 - 23031

Artículo 9 231 - 26835

Artículo 10 269 - 29741

Artículo 11 298 - 31344

Artículo 12 314 – 34146

Artículo 13 342 – 35151

Artículo 14 352 – 44953

Artículo 15 450 – 45365

Artículo 16 454 – 47465

Artículo 17 475 - 48967

Artículo 18 490 - 50868

Artículo 19 509 - 54871

Artículo 20 549 - 55875

Artículo 21 559 - 57576

Artículo 22 576 - 61379

Artículo 23 614 - 65383

Artículo 24 654 - 82287

Artículo 25 823 - 831104

Artículo 26 832 - 838106

Artículo 27 839 - 935107

Referencias 936122

Introducción

1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con las directrices relativas a la forma y el contenido de los informes iniciales de los Estados Partes, se presenta al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el presente informe consolidado, relativo a las medidas adoptadas por la República de Moldova para aplicar el Pacto y sobre los progresos realizados entre el 25 de febrero de 1993 y el 1º de mayo de 2000.

2.La República de Moldova ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el 28 de julio de 1990, por Decisión del Parlamento Nº 217-XII, que entró en vigor el 26 de abril de 1993.

Artículo 1

3.El rápido desmoronamiento de la Unión Soviética alentó el movimiento de liberación nacional en la ex República Socialista Soviética de Moldavia y terminó por acelerar su proceso de libre determinación.

4.El proceso resultó difícil y dramático por la hostilidad comunista y chauvinista y por la presión de las autoridades de la antigua Unión. De ahí que todos los pasos hacia la libre determinación se caracterizaran por su extrema cautela y la persistente influencia del “sovietismo” y el “socialismo”.

5.El 23 de junio de 1990, el órgano legislativo de la República Socialista Soviética de Moldavia, el Soviet Supremo, aprobó la Declaración de Soberanía de la República Socialista Soviética de Moldavia.

6.En la Declaración se proclama a la nación fuente y depositaria de la soberanía, que ha de ser ejercida en interés de toda la nación por el órgano representativo supremo de la República. Tiene carácter programático la proclamación de que “no puede arrogarse el derecho de ejercer la soberanía ninguna parte de la nación, ningún grupo de ciudadanos, ningún partido político u organización pública ni otras estructuras o personas”.

7.En las condiciones determinadas por la agonía del imperio soviético, con el fin de consolidar la soberanía del país, el Soviet Supremo de la República Socialista Soviética de Moldavia promulgó el 27 de abril de 1990 el Decreto sobre la bandera del Estado, el 3 de noviembre de 1990 el Decreto sobre el escudo del Estado y el 27 de julio de 1990 el Decreto sobre el poder del Estado. En éste se proclama que en la República todo el poder dimana del pueblo, pero es ejercido directamente por sus órganos representativos. Por primera vez se separa el poder del Estado, por un acto normativo, en poder legislativo, ejecutivo y judicial, y se declara que “todos los ciudadanos son iguales ante la ley y los tribunales”.

8.La Resolución del Parlamento de 28 de julio de 1990 relativa a la adhesión de la República a la Declaración Universal de Derechos Humanos y la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, contribuyó considerablemente a impulsar en aquel momento un rápido proceso de libre determinación.

9.El 23 de mayo de 1991, el Soviet Supremo de la República Socialista Soviética de Moldavia aprobó la Ley relativa al cambio de nombre del país, en virtud de la cual el Estado soberano de la República Socialista Soviética de Moldavia pasó a llamarse República de Moldova, y el Soviet Supremo de la República Socialista Soviética de Moldavia, Parlamento de la República de Moldova.

10.El primer estadio del proceso de libre determinación fue culminado por la Ley de Declaración de Independencia de Moldova, de 27 de agosto de 1991.

11.Es significativo que la Declaración de Independencia fuera aprobada por un Parlamento constituido por primera vez mediante elecciones libres y democráticas. La Declaración reafirma los principios fundamentales del Estado y proclama, en nombre de toda su población, que “la República de Moldova es un Estado soberano, independiente y democrático, libre de decidir su presente y su futuro sin injerencias externas, de conformidad con los sagrados ideales y aspiraciones del pueblo dentro del territorio de su desarrollo histórico y étnico”.

12.La Declaración de Soberanía de 23 de junio de 1990, la Declaración de Independencia de 27 de agosto de 1991 y otras leyes internas constituyen el fundamento de la Constitución de Moldova, aprobada en 1994. En el propio artículo 1 de la Constitución se estipula que la República de Moldova es un Estado soberano, independiente, unitario e indivisible y que su forma de gobierno es la república. “La República de Moldova, basada en el imperio de la ley, es un Estado democrático en el que la dignidad de las personas, sus derechos y libertades, el libre desarrollo de la personalidad humana, la justicia y el pluralismo político representan valores supremos que han de ser garantizados”.

13.Se reafirma que la soberanía nacional reside en el pueblo y que no puede arrogarse el ejercicio exclusivo del poder del Estado en ninguna parte de la población, ningún grupo social, ningún partido político ni ninguna persona (artículo 2).

14.Moldova es una república parlamentaria. El Parlamento unicameral, integrado por 101 diputados, es el órgano representativo supremo del pueblo y la única autoridad legislativa del Estado (artículo 60 de la Constitución). Los representantes son elegidos a través de listas de partidos por sufragio universal, igual, directo, secreto y libre. En virtud de las modificaciones recientemente introducidas en la Constitución (Ley del Parlamento Nº 1115, de 5 de julio de 2000), el Presidente de la República de Moldova es nombrado por el Parlamento.

15.Según la Constitución, la economía nacional se basa en la interacción de las fuerzas del mercado, la libre iniciativa económica y la competencia leal (artículo 9). Es una economía de mercado de orientación social basada en la coexistencia de propiedad privada y pública en libre competencia, y se considera la base de un desarrollo humano sostenible (artículo 126). Para promover ese sistema económico, se estableció un marco legislativo acorde con los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes y se acometieron reformas estructurales de la economía y del sector social. La Constitución regula las relaciones económicas en la sociedad, garantiza el derecho a la propiedad y dispone que ninguna propiedad deberá utilizarse para limitar o menoscabar los derechos, las libertades y la dignidad de las personas (artículo 9).

16.En la actualidad no está garantizada la integridad territorial, política y económica de la República, pues el territorio situado en la orilla izquierda del río Dniéster (Nistru) se autoproclamó “República Transdnistria de Moldavia”. La política de los dirigentes separatistas de esa región tiene por objeto el establecimiento de un Estado unitario e independiente, con la esperanza de mantener la antigua orientación ideológica, jurídica y económica. El derecho a la libre determinación de la República de Moldova se ve amenazado también por la presencia en Transdnistria de las tropas del 14º ejército de Rusia, en contra de la disposición constitucional de que “... no admitirá en su territorio la presencia de tropas extranjeras” (artículo 11 2)).

17.Por consiguiente, diez años después de que se proclamara la independencia de la República de Moldova, su integridad está amenazada por la autoproclamación de la República Transdnistria de Moldavia bajo la presión de algunos dirigentes separatistas locales y al amparo del 14º Ejército ruso, denominado actualmente Grupo Operativo de Tropas de la Federación de Rusia en la República de Moldova. Actualmente hay, pues, en la República de Moldova dos sistemas ejecutivos, legislativos,

judiciales, jurídicos, administrativos, económicos, sociales y educativos diametralmente opuestos. En la orilla derecha del Dniéster se está impulsando la democratización de la vida social y política y se están adoptando medidas reales de promoción y protección de los derechos humanos y las libertades, mientras que en la orilla izquierda continúa el proceso de establecimiento de un régimen totalitario.

18.Las autoridades de la República de Moldova prácticamente no ejercen control ni influencia algunos en Transdnistria. De ahí que, al ratificar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (vigente en Moldova desde el 1º de febrero de 1998), el Parlamento de la República de Moldova indicara que, hasta que se resuelva definitivamente el conflicto transdnistrio, no será posible garantizar la observancia de las disposiciones del Convenio frente a las acciones y omisiones de las autoridades de la autoproclamada República Transdnistria en el territorio controlado por el régimen separatista. La misma reserva afecta a otros convenios y tratados internacionales firmados por la República de Moldova.

19.Las autoridades moldovas han hecho y siguen haciendo esfuerzos continuos por encontrar una solución al problema y garantizar la integridad territorial del país. Las dos partes firmaron recientemente diversos documentos tendentes a establecer un marco político adecuado para resolver en forma pacífica el conflicto. Con el fin de garantizar la aplicación práctica de los acuerdos bilaterales se establecieron diversos mecanismos (Comité Unificado de Control, grupos de expertos para la elaboración del estatuto de Transdnistria, etc.) que cuentan con el apoyo de la comunidad internacional.

20.Sin embargo, la política flexible, la buena voluntad y el espíritu conciliador demostrados permanentemente por las autoridades de Chişinău chocan una y otra vez con la intransigencia de los dirigentes secesionistas de Tiraspol, que siguen fortaleciendo sus posiciones. El extremismo político y los actos destructivos de los separatistas han conducido a graves violaciones de los acuerdos suscritos, y en particular del acuerdo firmado en Moscú el 21 de julio de 1992 sobre los principios de solución pacífica del conflicto armado, el acuerdo firmado en Odesa el 20 de marzo de 1998 sobre las medidas de fomento de la confianza y el desarrollo de contactos entre la República de Moldova y Transdnistria, así como de otros acuerdos.

21.El principal objetivo del acuerdo sobre la solución política del conflicto es la elaboración de un estatuto especial de la región transdnistria. La República de Moldova ha manifestado repetidamente su disposición a otorgar un amplio estatuto de autonomía a la población de la orilla izquierda del río Dniéster, integrada principalmente por moldovos (41%), ucranios (26%) y rusos (24%).

22.La presencia de fuerzas militares rusas en Transdnistria representa un apoyo determinante al extremismo de los separatistas. Según los documentos firmados en la Cumbre de Estambul y el Acta Final de la Conferencia de los Estados Partes en el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, así como la Declaración de la Cumbre de la OSCE, la Federación de Rusia estaba obligada a retirar del territorio de Moldova su armamento convencional y equipo incluidos en el Tratado antes de final de 2001, y la totalidad de sus tropas antes de final de 2002. A pesar de los compromisos contraídos, esos procesos están siendo injustificadamente tergiversados, y la Federación de Rusia no ha mostrado una firme voluntad política.

23.Los hechos demuestran concluyentemente que los dos acuerdos firmados entre la República de Moldova y Transdnistria, al igual que los compromisos internacionales de la Federación de Rusia de retirar sus tropas de esa región de la República de Moldova, y la introducción por la Federación de Rusia en el proceso de negociación de algunos términos no fundamentados en el derecho internacional, como el de “Estado común”, se están utilizando para consolidar el régimen de Tiraspol.

24.Al mismo tiempo, en la orilla izquierda del Dniéster se registran violaciones masivas de los derechos y libertades de los ciudadanos, como el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, el derecho de libre acceso a la justicia y a un juicio justo, el derecho a votar y a ser elegido, el derecho a la información, la libertad de opinión y de expresión, la libertad de religión, el derecho a la libre circulación, el derecho de reunión, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad, y el derecho a la educación, entre otros.

25.La regulación jurídica de la utilización de los recursos naturales se basa en la Constitución, la Ley de recursos naturales, la Ley de protección del medio ambiente, la Ley de zonas naturales protegidas por el Estado, el Código de recursos hídricos, el Código del subsuelo, el Código de tierras, el Código forestal y otras disposiciones normativas.

26.En el apartado 3) del artículo 127 de la Constitución se estipula que constituyen propiedad pública, perteneciente al Estado o a las unidades administrativas/territoriales, todos los recursos subterráneos, el espacio aéreo, los recursos hídricos y los bosques utilizados en beneficio del conjunto de la población, los recursos naturales de las regiones económicas y la plataforma continental.

27.Los recursos naturales privados pertenecen a las personas o entidades jurídicas titulares de los derechos de propiedad, utilización y explotación.

28.En virtud del artículo 7 de la Ley de la propiedad, el derecho a la propiedad puede aplicarse a tierras, subsuelo, recursos hídricos, animales y plantas.

29.La legislación limita el derecho a la propiedad de recursos naturales.

30.La legislación prohíbe la propiedad privada de los recursos naturales, que, sin embargo, pueden otorgarse en arriendo o concesión por un período de tiempo limitado o ilimitado, con posibilidad de subarriendo, rescate o hipoteca.

31.Con el fin de garantizar el cumplimiento de determinadas obligaciones resultantes de la cooperación económica internacional sobre la base del principio de interés recíproco y del derecho internacional, corresponde exclusivamente al Parlamento aprobar la orientación principal de las actividades económicas exteriores (artículo 129 de la Constitución).

32.En lo que respecta a los recursos naturales, la legislación nacional estipula la primacía de los acuerdos internacionales firmados por la República de Moldova cuando éstos contengan disposiciones diferentes (Ley de protección del medio ambiente (artículo 95), Ley de recursos naturales (párrafo 2 del artículo 32)).

33.Las leyes mencionadas tienen por objeto regular con criterios amplios la utilización, la protección y la renovación de los recursos naturales, con miras a promover el desarrollo sostenible del país.

34.La Ley de recursos naturales estipula que éstos pueden utilizarse como medio de producción y fuente de materias primas, energía y determinados materiales, para actividades de consumo y recreo, como reserva de material genético o como fuente de información sobre el medio ambiente (párrafo 2 del artículo 1).

35.Los recursos naturales se clasifican como sigue:

-renovables y no renovables;

-nacionales y locales;

-destinados a explotación;

-de reserva;

-protegidos;

-curativos;

-transfronterizos.

36.La Ley de recursos naturales enuncia los principios básicos que han de regir su ordenación y regula y controla su adquisición, utilización y renovación.

37.La ordenación de los recursos naturales tiene por objeto:

-garantizar que su explotación no degrade el medio ambiente;

-apoyar las actividades encaminadas a su utilización racional;

-prevenir los efectos negativos de la actividad económica;

-garantizar la primacía del derecho internacional en materia de utilización transfronteriza de recursos.

38.Según la legislación en vigor, el mecanismo económico de ordenación de los recursos naturales es parte integrante de un sistema único de gestión de la economía nacional y está encaminado a estimular el uso económico de los recursos naturales renovables y el ahorro de los no renovables.

39.Según la Ley de protección del medio ambiente (párrafo 2 del artículo 4), la ordenación de todos los recursos naturales incumbe al Parlamento.

40.En esa Ley se estipulan los derechos y obligaciones de las personas y entidades jurídicas respecto de la utilización y protección del medio ambiente, los recursos naturales, la diversidad biológica y los recursos y ecosistemas acuáticos y se establecen normas para la manipulación de desechos, sustancias tóxicas, abonos minerales y plaguicidas, fijando las responsabilidades dimanantes de las infracciones cometidas en esa esfera. También se establece una Inspección Estatal de Ecología encargada de vigilar el cumplimiento de las leyes y otras disposiciones en materia de protección del medio ambiente y utilización de los recursos naturales (artículos 26 a 29 de la sección 3).

41.Incumbe al Estado, a través de los órganos competentes y la administración local, regular la utilización de los recursos naturales de propiedad pública. Con el fin de mantener el potencial de esos recursos a un nivel adecuado, el Estado ha de fijar un porcentaje mínimo del PIB que ha de invertirse en actividades de regeneración de los recursos naturales y protección del medio ambiente.

42.La legislación de Moldova fija las responsabilidades civiles, administrativas y penales en que incurren los infractores de las disposiciones relativas a los recursos naturales.

43.Según el artículo 2 del Código Civil, el uso de los recursos hídricos, forestales y de tierras se rige por los códigos, las leyes y otras disposiciones vigentes en esa esfera.

44.El Código de faltas administrativas fija responsabilidades por contaminar tierras agrícolas y otras tierras, por destruir estratos de suelo fértil, por no adoptar medidas para prevenir la erosión del suelo, por emplazar o construir instalaciones que contaminen el suelo o permitir su explotación, por infringir las normas sobre registro, almacenamiento y utilización de materiales radiactivos o biológicos, productos químicos y otras sustancias, etc. (artículos 52 y 53).

45.En su capítulo 6, “Delitos económicos” (artículos 166 a 171 y 173), el Código Penal de la República de Moldova, promulgado por la Ley de 24 de marzo de 1961 (en Vestile RSSM, Nº 10, artículo 41), establece diversas penas por deterioro de cosechas y daños a plantaciones, tala ilegal de bosques, destrucción o deterioro deliberados o por negligencia de grandes tramos forestales, caza ilegal, actividades ilícitas de pesca u otras formas de explotación de recursos hídricos, e infracción de las normas fitosanitarias y de control de plagas.

46.Al mismo tiempo, el Estado garantiza la participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones sobre la utilización de los recursos naturales y en el ejercicio del control público de la observancia por particulares y entidades jurídicas de la legislación relativa a la protección de la naturaleza, proporcionando para ello amplia información a la población y garantizando el acceso de los ciudadanos a toda información de interés público (artículos 34 y 37 de la Constitución; artículo 29 de la Ley de recursos naturales, Ley de acceso a la información, de 11 de mayo de 2000).

47.La República de Moldova fue uno de los primeros Estados que ratificaron el Convenio de Arhus, relativo al acceso a la información, la justicia y la participación en la adopción de decisiones sobre el medio ambiente.

48.Al no poderse garantizar la integridad territorial, jurídica y económica del país (por la situación de la orilla izquierda del Dniéster), resulta muy difícil lograr la utilización eficiente y la conservación de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la aplicación racional de los instrumentos de ordenación ambiental.

49.La República de Moldova no ha asumido responsabilidades en la administración de territorios no autónomos ni territorios en fideicomiso.

Artículo 2

50.Los derechos inherentes de la persona (derechos civiles) y los de participación en la vida política (derechos políticos) están garantizados por la Ley Suprema de la República de Moldova, y son los siguientes:

-derecho a la vida, a la integridad física y mental y a no ser sometido a torturas ni tratos degradantes (artículo 24);

-derecho a la libertad y seguridad personales (artículo 25);

-derecho a defenderse contra las violaciones de derechos y libertades (artículo 26);

-derecho de libre circulación (artículo 27);

-derecho a la intimidad y a la vida privada y familiar (artículo 28);

-inviolabilidad del domicilio, la correspondencia y las comunicaciones (artículos 29 y 30);

-libertad de conciencia (artículo 31);

-libertad de opinión y de expresión (artículo 32);

-derecho de acceso a la información (artículo 34);

-derecho a presentar reclamaciones (artículo 52);

-derecho a recurrir contra las decisiones lesivas de las autoridades públicas (reconocimiento del derecho, anulación de la decisión y pago de indemnización) (artículo 53);

-derecho a la ciudadanía y a la protección del Estado dentro y fuera del país (artículos 17 y 18);

-derecho a contraer matrimonio (artículo 48);

-derecho a votar y a ser elegido (artículo 38);

-derecho de acceso a cargos públicos (artículo 39);

-libertad de reunión (artículo 40);

-libertad de asociación en partidos y otras organizaciones sociales y políticas (artículo 41).

51.La Constitución de la República de Moldova proclama que: “... la dignidad de las personas, sus derechos y libertades, el libre desarrollo de la personalidad humana, la justicia y el pluralismo político representan valores supremos que han de ser garantizados” (párrafo 3 del artículo 1).

52.Para garantizar la observancia de esos derechos, la Constitución estipula que todos los ciudadanos de la República de Moldova son iguales ante la ley y las autoridades públicas, “sin discriminación alguna por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, convicciones políticas, patrimonio personal u origen social” (párrafo 2 del artículo 16).

53.Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales competentes para obtener protección efectiva contra las actuaciones que infrinjan sus derechos, libertades e intereses legítimos. Ninguna ley puede restringir el acceso a la justicia (artículo 20).

54.Los derechos y libertades de las personas ante la ley y las autoridades públicas y sus garantías de cumplimiento, sin discriminación por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opiniones, afiliación política, patrimonio personal, origen social, ciudadanía, ocupación, residencia, u otros motivos, están regulados también por otras disposiciones de la República de Moldova (Ley del sistema judicial, de 6 de julio de 1995 (artículo 8); Código de Procedimiento Civil (artículo 6); Código de Procedimiento Penal (artículo 8); Código electoral (artículo 3); Ley de la función pública (artículo 13); Ley de salarios (artículo 3); Ley de protección de la salud (artículo 17); Ley de educación (artículo 6); Ley sobre la cultura (artículo 11); Ley sobre la detención preventiva (párrafo 4 del artículo 11); y otras disposiciones.

55.El artículo 25 de la Ley Suprema garantiza la inviolabilidad de la libertad y la seguridad personales, pues no admite el registro ni la detención de personas salvo en las condiciones estipuladas por

la ley. El período de detención bajo custodia de las autoridades competentes no puede exceder de 24 horas.

56.El artículo 6 (Libertad y seguridad personales) del Código de Procedimiento Penal recoge la estipulación constitucional de que ninguna persona será privada de su libertad salvo en las condiciones estipuladas por la ley y respetando los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, cuando esa persona:

-se encuentra legalmente encarcelada en cumplimiento de una sentencia dictada por un tribunal competente;

-ha sido legalmente arrestada por incumplimiento de una decisión en regla dictada por un tribunal competente;

-ha sido detenida legalmente para ser juzgada ante el tribunal competente, si existen razones fundadas para sospechar que ha cometido un delito o es necesario impedir que lo cometa o que escape tras haberlo cometido.

57.La legislación de la República de Moldova garantiza el derecho al voto de todos sus ciudadanos que hayan cumplido 18 años de edad en el día de la votación. La única excepción se refiere a las personas legalmente inhabilitadas para votar. Las elecciones son libres, se celebran a intervalos regulares y se basan en el sufragio universal, igual, directo y libre (artículo 38 de la Constitución).

58.Los ciudadanos de la República de Moldova tienen derecho a participar en la administración de los asuntos públicos, directamente o a través de sus representantes. La ley garantiza a todos sin excepción el acceso a los cargos públicos. Para ocupar un cargo público es necesario conocer el idioma del Estado en la medida estipulada en la Ley relativa a la utilización de los idiomas hablados en la República de Moldova (artículo 39 de la Constitución; artículo 13 de la Ley de la función pública).

59.La instrucción pública en la República de Moldova es laica y está libre de todo sesgo ideológico, partidista, racial o nacionalista (párrafo 3 del artículo 4 de la Ley de educación).

60.El artículo 11 de la Ley sobre la cultura estipula que la actividad cultural constituye un derecho inalienable de todas las personas, sin discriminación por origen étnico o social, idioma, sexo, creencias políticas, religiosas o de otra índole, lugar de residencia, patrimonio personal, educación, profesión u otros motivos. Según esa Ley, “los derechos humanos en la esfera de la actividad cultural tienen carácter prioritario y no pueden ser limitados por el Estado ni por entidades no estatales”.

61.La Ley relativa a la utilización de los idiomas hablados en la República de Moldova (artículo 4) garantiza el empleo del ucranio, el ruso, el búlgaro, el hebreo, el yiddish, los idiomas romaníes y los de otros grupos étnicos que vivan en el territorio de la República, con el fin de atender a sus necesidades nacionales y culturales.

62.En los tribunales, los ciudadanos tienen derecho a utilizar su propio idioma o a recurrir a los servicios de un intérprete.

63.El Estado garantiza el acceso de todos los jóvenes sin discriminación a conciertos y exposiciones, estudios y laboratorios de creación e innovación, de conformidad con las disposiciones en vigor (Ley de la juventud, de 11 de febrero de 1999).

64.La legislación de Moldova garantiza la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en lo referente a la fundación de la familia, la educación y el cuidado de los hijos, las relaciones familiares, el acceso a la justicia, el empleo, la información, el derecho de voto, la libertad de circulación y otros aspectos (véase también la sección del presente informe relativa al artículo 3).

65.Al tiempo que garantiza a todos los ciudadanos su libertad de conciencia, la Constitución los obliga a ejercerla en un espíritu de tolerancia y respeto mutuo. Se prohíbe a los cultos religiosos la expresión de odio o enemistad o la incitación a ellos (artículo 31).

66.La libertad de hacer públicos pensamientos y opiniones, verbalmente, mediante imágenes o por otros medios, garantizada por la Ley Suprema, no puede dirigirse contra el honor o la dignidad de otras personas ni su derecho de expresar sus propias opiniones o juicios. Se prohíbe la instigación a la agresión, la guerra, el odio étnico, racial o religioso, la discriminación, el separatismo territorial o la violencia pública (artículo 32) (véase también la sección del presente informe relativa al artículo 18).

67.El Estado protege a la infancia contra cualesquiera actos y comportamientos lesivos. El artículo 6 de la Ley sobre los derechos del niño protege a la infancia contra toda forma de discriminación. La Ley prohíbe los tratos crueles, ofensivos o despectivos y los insultos y agresiones. También está prohibido obligar a niños a participar en actividades criminales, alentarlos a consumir bebidas alcohólicas, drogas y sustancias psicotrópicas, etc.

68.El artículo 71 del Código Penal contempla penas de cárcel para los actos voluntarios tendentes a incitar a la enemistad étnica o racial, a la humillación del honor y de la dignidad nacional o a la limitación directa de los derechos de determinados ciudadanos o al establecimiento de privilegios para otros por su origen racial o nacional. Según el Código de Procedimiento Penal, “la comisión de un delito con connotaciones de odio o desprecio nacional o racial” se considera circunstancia agravante a efectos de determinación de la pena (artículo 38).

69.La Ley sobre la detención preventiva estipula que las personas recluidas en centros de detención preventiva tienen diversas obligaciones y a la vez gozan de los derechos y libertades que la legislación garantiza para todos los ciudadanos de Moldova, En esos centros deben respetarse la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos, otras normas jurídicas y las normas internacionales aplicables al trato de los detenidos, y están prohibidos los actos que causen sufrimientos físicos y morales o atenten contra la dignidad humana (párrafos 1 y 3 del artículo 11).

70.Los ciudadanos de la República de Moldova gozan por igual de todos los derechos y libertades sociales, económicos, políticos y personales proclamados y garantizados por la Constitución y otras leyes, independientemente de los criterios para la concesión de la ciudadanía: “... Todos los ciudadanos de la República de Moldova son iguales ante la ley y las autoridades públicas y gozan por igual de todos los derechos y libertades sociales, económicos y políticos proclamados y garantizados por la Constitución, por las demás leyes y por los acuerdos internacionales suscritos por la República de Moldova” (artículo 6 de la Ley de ciudadanía, de 2 de junio de 2000).

71.A menos que la ley estipule lo contrario, los extranjeros y las personas apátridas gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que los ciudadanos de la República de Moldova (párrafo 1 del artículo 19 de la Constitución).

72.Con arreglo a la legislación en vigor, los extranjeros y apátridas no pueden votar ni ser elegidos, acceder a cargos públicos o militares ni participar en referéndums. La situación jurídica de los extranjeros y apátridas en el territorio de Moldova se rige por una ley orgánica y por los instrumentos internacionales suscritos por la República de Moldova.

73.En virtud de la Ley relativa a la situación jurídica de los extranjeros y las personas apátridas en la República de Moldova (párrafo 3 del artículo 1), los extranjeros y apátridas son iguales ante la ley y las autoridades públicas, “sin discriminación por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, afiliación política, patrimonio personal u origen social”.

74.El ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros y apátridas está garantizado también por el párrafo 2 del artículo 4 de la Constitución, en el que se estipula que, en caso de divergencia entre los convenios y tratados suscritos por la República de Moldova y la legislación nacional, tendrán precedencia las normas internacionales. Esa disposición constitucional se recoge directamente en la Ley relativa a la situación jurídica de los extranjeros y los apátridas en la República de Moldova (artículo 26).

75.Con la creación en 1998 del Instituto de Abogados Parlamentarios – Centro de Derechos Humanos han aumentado considerablemente las posibilidades de garantizar en la práctica los derechos y las libertades de los extranjeros y apátridas. Los defensores del pueblo tienen derecho a examinar “... las notificaciones presentadas por extranjeros y apátridas que vivan temporal o permanentemente en Moldova y cuyos derechos hayan sido vulnerados dentro del país “ (artículo 13). La Ley mencionada permite a los abogados parlamentarios aplicar directamente las normas de los tratados internacionales suscritos por la República de Moldova cuando no se recojan en la legislación nacional (párrafo 2 del artículo 10).

76.El Centro de Derechos Humanos de Moldova sólo ha recibido algunas notificaciones de poca entidad de extranjeros, referentes principalmente a la tramitación de documentos para el acceso a alojamiento y que se resolvieron conjuntamente con la administración local.

77.La República de Moldova ratificó el 28 de julio de 1990 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (que entró en vigor para la República de Moldova el 26 de abril de 1993). De conformidad con la estipulación de que cada Estado se compromete a adoptar las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto, el Parlamento inició el proceso de elaboración y aprobación de las leyes correspondientes. También empezó a elaborarse una nueva Constitución.

78.En el período comprendido entre la ratificación del Pacto y la entrada en vigor de la Constitución se promulgaron diversas leyes destinadas a armonizar las disposiciones internas con los derechos proclamados en el Pacto. Así, por ejemplo, el 1º de octubre de 1990 el Parlamento aprobó la Ley sobre el régimen jurídico del estado de excepción y formas especiales de gobierno en la República Socialista Soviética de Moldavia; el 5 de junio de 1991 la Ley de ciudadanía de la República de Moldova, modificada el 2 de junio de 2000; el 17 de septiembre de 1994 la Ley de partidos políticos y otras organizaciones sociales y políticas, modificada el 5 de julio de 2000; y el 19 de julio de 1994 la Ley relativa a la presentación de reclamaciones.

79.Durante ese período se preparó también la reforma del ordenamiento jurídico y judicial: el 21 de julio de 1994 el Parlamento aprobó el documento-marco sobre la reforma judicial y jurídica. Sobre la base de ese documento se elaboraron y aplicaron medidas tendentes a la descentralización del sistema judicial y a la creación de cuatro tipos de tribunales de justicia: tribunales municipales, tribunales de distrito, Tribunal de Apelación, y Tribunal Supremo de Justicia. El objetivo era garantizar la observancia de los derechos y libertades de las personas mediante el fortalecimiento de la independencia de los jueces, acelerar el proceso de reforma del sistema de enjuiciamiento, modificar diversos artículos del Código Civil, del Código de Procedimiento Civil, las Código Penal, del Código de Procedimiento Penal y del Código del matrimonio y la familia, entre otros.

80.El 6 de junio de 1995 se promulgó asimismo la Ley del sistema judicial.

81.Por la misma época, el Parlamento decidió la adhesión de Moldova a diversos instrumentos y declaraciones internacionales relativos a los derechos humanos y las libertades fundamentales, como el Acta Final de la Conferencia para la Cooperación y la Seguridad en Europa, la Carta de París para una nueva Europa, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza y la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

82.La Constitución de la República de Moldova, aprobada el 29 de julio de 1994, constituyó un hito fundamental hacia la adopción de diversas medidas legislativas y de otra índole para la aplicación de los derechos estipulados en el Pacto. Con ella se sentaron las bases prácticas para la ulterior mejora de la legislación nacional relativa a los derechos humanos y libertades fundamentales.

83.El título II de la Ley Suprema trata de los derechos, las libertades y las obligaciones fundamentales de los ciudadanos, recogiendo los derechos y libertades estipulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales ratificados por la República de Moldova. Se sentaron así las bases para adaptar la legislación nacional a las normas internacionales. El Parlamento aprobó posteriormente una veintena de leyes que regulan explícitamente diferentes aspectos de los derechos y libertades fundamentales. No cabe duda de que la República de Moldova cuenta con un marco nacional de protección y promoción de los derechos humanos, basado fundamentalmente en los instrumentos jurídicos internacionales.

84.Por último, conviene mencionar las principales disposiciones de la Constitución que permiten adoptar medidas legislativas para la aplicación práctica de lo estipulado en el Pacto: pluralismo político, separación y cooperación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, derecho de todos los ciudadanos a la protección, el desarrollo y la expresión de su identidad étnica, cultural, religiosa y lingüística, etc.

85.También conviene destacar los siguientes avances de la legislación en materia de derechos humanos y libertades fundamentales:

-abolición de la pena capital;

-subordinación de los establecimientos penitenciarios al Ministerio de Justicia;

-nombramiento de los jueces por un período de cinco años, transcurrido el cual han de pasar una prueba de aptitud y pueden entonces seguir ejerciendo hasta la edad de jubilación. Esa disposición garantiza el derecho de los ciudadanos a un tribunal independiente;

-derecho de recurso;

-órdenes judiciales de detención, etc.

86.La Constitución garantiza a todas las personas el derecho a protección efectiva ante los tribunales competentes contra las actuaciones que infrinjan sus derechos, libertades e intereses legítimos. Ninguna ley puede restringir el acceso a la justicia (apartados 1 y 2 del artículo 20).

87. La Constitución garantiza asimismo el derecho a la defensa. Se estipula que toda persona tiene derecho a responder en forma independiente por medios legítimos y apropiados a cualquier violación de sus derechos y libertades (apartados 1 y 2 del artículo 26).

88.Toda persona cuyos derechos hayan sido vulnerados de alguna manera por una autoridad pública a través de una decisión administrativa o por no responder en los plazos prescritos a una solicitud, “tiene derecho al reconocimiento de esos derechos, la anulación de la decisión y el pago de una indemnización. El Estado es pecuniariamente responsable, en las condiciones establecidas por la ley, por cualesquiera daños o perjuicios causados durante los procedimientos por errores de la policía o de la judicatura” (artículo 53 de la Constitución).

89.Según la Ley Suprema de la República de Moldova, las personas sólo pueden ser retenidas con una orden judicial y por un límite máximo de 30 días, y pueden impugnar la legalidad de la orden de detención y presentar una demanda ante un juez, que ha de responder con una decisión fundamentada. El plazo máximo de detención puede ampliarse a 6 meses, y en casos excepcionales, por decisión del Parlamento, a 12 meses. El detenido será informado sin dilación, en presencia de un abogado, de las razones de su detención y de los cargos formulados (párrafos 4, 5 y 6 del artículo 25 de la Constitución).

90.En el párrafo 3 del artículo 6 del Código de Procedimiento Penal se estipula que toda persona detenida será informada en un plazo máximo de tres horas, y en un idioma que pueda entender, de las razones de su detención y la tipificación jurídica del delito que se le impute. Antes de iniciar cualquier procedimiento que requiera su participación, debe informarse al detenido de todos sus derechos. Toda persona detenida tiene derecho a presentar un recurso ante el tribunal competente, para que éste pueda pronunciarse lo antes posible sobre la legalidad de la detención y ordenar, en su caso, la puesta en libertad del detenido.

91.Durante los procedimientos penales nadie podrá ser sometido a torturas o a tratos inhumanos o degradantes.

92.En virtud del artículo mencionado, toda persona que sea víctima de una detención ilegal deberá ser indemnizada en la forma prescrita por la ley.

93.La Ley Nº 1545-XIII, de 25 de febrero de 1998, prevé la indemnización por los daños ocasionados por actuaciones ilegales de la policía, los órganos de investigación penal, el ministerio fiscal y los tribunales. En su artículo 1, la Ley estipula la obligación de indemnizar por daños morales y materiales ocasionados por los siguientes supuestos:

-detención o prisión preventiva ilegal, juicio ilegal, imposición ilegal de una sentencia;

-registro o confiscación ilegales de propiedad inmobiliaria, despido ilegal del cargo o puesto de trabajo u otras medidas que restringen los derechos de las personas, durante la investigación o el enjuiciamiento penal;

-imposición ilegal de detención administrativa o trabajo correccional, confiscación ilegal de propiedades, aplicación ilegal de multas;

-adopción de medidas operativas de investigación que infrinjan disposiciones jurídicas vigentes;

-incautación ilegal de documentos contables u otros documentos, dinero o timbres, y congelación ilegal de cuentas bancarias.

94.El daño causado ha de ser reparado en su totalidad, cualquiera que sea la responsabilidad de los funcionarios de la policía, los órganos de investigación penal, la Fiscalía o los tribunales (artículo 2).

95.El Código de Procedimiento Civil estipula en su artículo 4 que toda persona física o jurídica tiene derecho a obtener reparación ante un tribunal competente por las actuaciones que violen sus derechos, libertades e intereses legítimos. Para ello, el tribunal competente o los componedores escogidos pueden arbitrar las siguientes medidas:

-reconocimientos de esos derechos;

-restablecimiento de la situación existente antes de la vulneración del derecho y cesación de la actuación infractora;

-imposición al infractor de la obligación de dar satisfacción en especie;

-cesación o modificación de la relación jurídica;

-imposición al infractor de la obligación de pagar los daños ocasionados y, en los casos estipulados por la legislación o el acuerdo, las sanciones correspondientes (multa, penalización por demora), así como otras medidas prescritas por la legislación (artículo 6 del Código Civil).

96.La legislación de Moldova obliga a las autoridades competentes a pronunciarse sobre el derecho de la persona a defenderse. De conformidad con la Ley relativa a la presentación de reclamaciones, las reclamaciones contra actos, decisiones, acciones u omisiones de funcionarios o autoridades administrativas que hayan afectado a los derechos e intereses legítimos del reclamante deben dirigirse ante todo a la autoridad del nivel jerárquico inmediatamente superior. Las reclamaciones contra decisiones de organizaciones no supeditadas jerárquicamente a otros órganos o de autoridades territoriales o ayuntamientos deben presentarse a los tribunales (párrafos 2 y 3 del artículo 7). Las autoridades o funcionarios a los que se dirigen las reclamaciones tienen obligación de restablecer los derechos vulnerados, indemnizar por los daños causados, en las condiciones prescritas por la ley, y aplicar las decisiones dictadas como resultado del examen de la reclamación (apartado c) del artículo 12).

97.En la Ley mencionada se estipula que los reclamantes que consideren vulnerados sus derechos y no estén de acuerdo con las decisiones de la autoridad o el funcionario que haya examinado la petición “tienen derecho a impugnar la decisión ante el tribunal en el plazo de un mes a partir de la fecha en la que les fue comunicada o, de no haber recibido respuesta, a partir de la fecha en la que debiera habérseles comunicado la respuesta” (párrafo 1 del artículo 16).

98.El párrafo 1 del artículo 27 de la Ley de la Fiscalía obliga al fiscal a adoptar las medidas prescritas para restablecer los derechos del ciudadano vulnerados por actuaciones ilegales del personal de la Fiscalía. El fiscal puede asimismo, en las condiciones estipuladas en la ley, recurrir contra una decisión o dictamen del tribunal que haya examinado el caso, si la considera ilegítima o no fundamentada (artículo 30).

99.La Ley de lo contencioso-administrativo supone una ulterior garantía de esos derechos. En virtud del párrafo 2 de su artículo 1, “toda persona que considere que sus derechos reconocidos por la ley han

sido vulnerados por una autoridad pública a través de un documento administrativo o por la no resolución de una reclamación en los plazos prescritos, puede acudir al tribunal de lo contencioso-administrativo competente para obtener la anulación de ese documento, el reconocimiento de los derechos vulnerados y la indemnización por el daño causado”.

Artículo 3

100.La Constitución de la República de Moldova proclama que: “Todos los ciudadanos de la República de Moldova son iguales ante la ley y las autoridades públicas, sin discriminación por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, afiliación política, patrimonio personal u origen social” (párrafo 2 del artículo 16).

101.La norma constitucional establece asimismo que: “La familia se basa en el matrimonio libremente consentido de marido y mujer, en la igualdad de derechos de los cónyuges y en el deber de los progenitores de velar por la manutención y la educación de sus hijos” (párrafo 2 del artículo 48).

102.El Código del matrimonio y la familia contiene diversas disposiciones relativas a la garantía de igualdad de derechos para hombres y mujeres. En su artículo 3 se estipula que “De conformidad con el principio de igualdad de derechos, hombres y mujeres tienen los mismo derechos personales y de propiedad en sus relaciones familiares”. Esa norma se desarrolla ulteriormente en el artículo 4: “No es admisible ninguna limitación directa ni indirecta de derechos ni ninguna ventaja directa o indirecta en la concertación de un matrimonio o en las relaciones familiares por motivos de herencia, posición social y financiera, raza y nacionalidad, sexo, educación, idioma, actitud hacia la religión, ocupación, residencia u otros criterios”.

103. Para prevenir presiones y garantizar la fundación de familias sostenibles, en el artículo 15 del Código del matrimonio y la familia se estipula que “Las partes contrayentes deben haber cumplido la edad mínima requerida y consentir mutuamente en el matrimonio”. Los cónyuges tienen los mismos derechos y obligaciones y deben resolver conjuntamente las cuestiones relativas a la educación de los hijos y otros asuntos familiares. Cada cónyuge tiene libertad para escoger su ocupación, profesión y domicilio (artículo 20).

104.El Código del matrimonio y la familia regula asimismo los derechos y obligaciones de los cónyuges en lo referente a los hijos. Según su artículo 57, el padre y la madre tienen los mismos derechos y obligaciones en relación con sus hijos. Ese artículo garantiza también esa igualdad tras la disolución del matrimonio (véase también la sección del presente informe relativa al artículo 23).

105.El artículo 6 de la Ley de educación garantiza el derecho a la educación sin distinciones por motivos de nacionalidad, sexo, raza, edad, origen, situación social, afiliación política o antecedentes penales.

106.La ordenación jurídica de la República de Moldova garantiza la igualdad de derechos entre hombres y mujeres ante los tribunales, pues la administración de justicia se basa en el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y los tribunales, sin distinciones por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opinión, afiliación política, patrimonio personal, origen social u otras circunstancias (artículo 6 del Código de Procedimiento Civil; artículo 8 de la Ley del sistema judicial).

107.Con el fin de evitar la discriminación de las mujeres en el empleo, el Código Penal prevé en su artículo 140 sanciones penales por el despido de mujeres embarazadas o lactantes o la negativa a darles empleo.

108.También se han promulgado disposiciones tendentes a promover la participación de la mujer en actividades sociales. En virtud del artículo 7 de la Ley sobre partidos políticos y otras organizaciones sociales y políticas, “... los partidos y otras organizaciones sociales y políticas promoverán la igualdad entre hombres y mujeres en sus órganos de adopción de decisiones a todos los niveles”. El Código electoral de la República de Moldova estipula que las listas electorales deberán contener por lo menos un 30% de mujeres.

109.El objetivo de la legislación nacional promulgada en los últimos cuatro años respecto de los derechos y libertades de la mujer es lograr la observancia del principio de igualdad entre los sexos y prevenir la discriminación de la mujer. Paralelamente a las demás medidas adoptadas, un paso práctico importante en esa dirección fue la elaboración de un plan de medidas prioritarias para la mejora de la situación de la mujer y la promoción de su papel en la sociedad (Decisión del Gobierno Nº 39, de 15 de enero de 1998). El objeto de ese plan es promover una política uniforme que garantice la igualdad entre hombres y mujeres. Dentro del Gobierno se creó un departamento encargado de la protección social de la familia y de la infancia y responsable, entre otras funciones, de coordinar las actividades de las estructuras estatales que pueden contribuir a mejorar la situación de la mujer en Moldova. Asimismo, por su Decisión Nº 74, de 2 de febrero de 1999, el Gobierno estableció un comité encargado de los problemas de la mujer, integrado por representantes de diferentes órganos estatales y que tiene por función coordinar las actividades de los órganos decisorios encargados de la mejora de la situación de la mujer en la sociedad.

110. Sin embargo, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres no es todavía una realidad. Del total de las reclamaciones recibidas en 1999 por el Centro de Derechos Humanos de Moldova (Instituto de Abogados Parlamentarios (Defensores del Pueblo)), el 39% fue presentado por mujeres en relación con numerosos problemas que se les planteaban para el ejercicio de sus derechos y libertades.

111.La condición de la mujer en la República de Moldova está determinada principalmente por la transición a una economía de mercado. El prolongado declive económico, agravado por un rápido deterioro de los niveles de vida, ha afectado a la situación de las mujeres en la sociedad.

112.Actualmente las mujeres representan el 52% de la población del país y el 51% de su población activa y aportan el 50% del ingreso nacional, pero no ocupan sino el 9% de los escaños en el Parlamento. Aunque en medida insuficiente, las mujeres están representadas en todos los niveles del poder ejecutivo.

113.Según datos estadísticos recientes, el número de mujeres empleadas viene siendo superior al de hombres. Sin embargo, la proporción de mujeres dedicadas a actividades empresariales es pequeña, de sólo un 5%. Los sueldos percibidos por las mujeres representan en promedio sólo entre el 70% y el 80% de los de los hombres.

114.Ante la escasez de puestos de trabajo en el mercado interno, muchas mujeres se ven obligadas a buscar trabajo en el extranjero, donde a menudo se ven sometidas a malos tratos y obligadas a prostituirse, en particular las jóvenes. So pretexto de ofrecer empleo fuera del país, se está extendiendo el fenómeno de la trata de seres humanos, en particular de mujeres y niños. Se ha planteado, pues, la necesidad de prevenir ese tipo de delitos. En lo que se refiere a los niños, el Código Penal, en su artículo 1123, prevé penas de 5 a 12 años de cárcel para quienes con documentos falsificados o por cualesquiera otros medios ilegales saquen a niños del país y los abandonen en el extranjero.

115.En espera de la promulgación del nuevo Código Penal, se propone la inclusión en el Código Penal de 24 de marzo de 1961 de un nuevo artículo 1053 con el texto siguiente: “Se castigará con penas de 3 a 7

años de prisión o con una multa de mil quinientas a tres mil veces el salario mínimo el traslado de personas al extranjero sin su consentimiento con objeto de entregarlas o venderlas allí a terceros para su explotación sexual o laboral, su utilización en la industria pornográfica o en conflictos armados o en cualquier situación de esclavitud o servidumbre”.

116.Los mismos delitos se castigarán con penas de 5 a 10 años de cárcel cuando se cometan reiteradamente o como resultado de un pacto previo entre un grupo de personas, o cuando la víctima sea menor de edad o se encuentre en situación de dependencia material u otra forma de dependencia respecto del autor de los hechos.

117.El nuevo Código Penal comprenderá disposiciones similares.

118.La insuficiencia de las prestaciones para el cuidado de los hijos hace que muchas mujeres renuncien a la maternidad, por lo que está disminuyendo la tasa de natalidad.

119.Se está agravando el fenómeno de la violencia contra la mujer en la familia y en la sociedad, que adopta principalmente las formas de violencia física, económica, psicológica y sexual. Para mejorar la situación y evitar la extensión del fenómeno, el Gobierno ha propuesto numerosas modificaciones y adiciones a las disposiciones vigentes en esa esfera. Se propone añadir al Código de Procedimiento Civil de 26 de diciembre de 1964 un nuevo capítulo (332) dedicado exclusivamente a la violencia en la familia, en virtud del cual, en caso de violencia doméstica, cualquier miembro de la familia, tutor, cuasi tutor o concubina podrá presentar al tribunal una petición de ayuda, antes de que se inicien procedimientos judiciales entre las partes. También podrá incoar un procedimiento similar el fiscal o la autoridad tutelar. El tribunal competente tendrá la obligación de examinar inmediatamente la solicitud, y no podrá aplazarse la concesión de la ayuda solicitada a la espera del resultado de los procedimientos judiciales entre las partes.

120.Si la solicitud se revela fundamentada, el tribunal deberá adoptar medidas para proteger a la víctima, que podrán consistir en:

-prohibir nuevos actos de violencia;

-expulsar del domicilio de la víctima al autor de los actos de violencia;

-impedir al autor de los actos de violencia que se acerque al domicilio de la víctima, fijando en la orden judicial una distancia mínima que habrá de mantener;

-establecer un régimen temporal de visitas de los menores;

-prohibir la presencia del autor de los actos de violencia en el lugar de trabajo del cónyuge y en el centro de enseñanza de los hijos;

-prescribir un tratamiento o asesoramiento para el autor de los actos de violencia;

-arbitrar cualesquiera otras medidas necesarias para proteger a los menores y otros miembros de la familia.

121.La policía deberá aplicar la decisión judicial con arreglo a la legislación en vigor. La decisión se emitirá normalmente por un año, pero en los casos en que persistan las amenazas o los comportamientos violentos, el demandante podrá pedir al tribunal que prolongue ese plazo.

122.También se propone que se complementen los apartados 6 y 24 del artículo 12 de la Ley de la policía, de 18 de diciembre de 1990, con estipulaciones concretas relativas a la cesación de la violencia doméstica y se disponga la asignación de un abogado de oficio para velar por la aplicación de las decisiones del tribunal en casos de violencia doméstica.

123.Se han propuesto asimismo modificaciones y adiciones al Código del matrimonio y la familia de 26 de diciembre de 1969. Se prevé añadir al artículo 61 un párrafo 4 que disponga lo siguiente: “No se permitirá la violencia entre miembros de una familia ni personas que vivan juntas. Se sancionarán con arreglo a la legislación en vigor los actos de coerción y las amenazas tendentes a mantener el control sobre otros miembros de la familia”. También se contempla incluir en el párrafo 2 del artículo 36 la siguiente disposición: “Cuando determine la existencia de violencia doméstica, el tribunal deberá adoptar, de conformidad con el Código de Procedimiento Civil, las medidas necesarias para la protección de los miembros de la familia, hasta que se emita la decisión de divorcio”.

Artículo 4

124.“Sólo podrá restringirse el ejercicio de determinados derechos y libertades de conformidad con la ley y en la medida en que resulte necesario por consideraciones relacionadas con la defensa de la seguridad nacional, la salud, la moral o el orden públicos, la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, la realización de investigaciones penales o la necesidad de prevenir las consecuencias de un desastre natural o tecnológico. Las restricciones impuestas deberán guardar proporción con la situación que las fundamente, y no podrán afectar a la existencia misma de ese derecho o libertad” (párrafos 1 y 2 del artículo 54 de la Constitución).

125.Según la Ley sobre el régimen jurídico del estado de excepción y formas especiales de gobierno en la República de Moldova (artículo 1), el estado de excepción constituye una medida provisional decretada por el Parlamento o el Presidente de la República de conformidad con la Constitución y la legislación vigente “con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos de Moldova y salvaguardar el ordenamiento jurídico en casos de desastres naturales, accidentes graves, catástrofes, epidemias, epizootias, disturbios masivos y otras situaciones excepcionales”.

126.Ni la Constitución, ni la Ley sobre el régimen jurídico del estado de excepción y formas especiales de gobierno en la República de Moldova, ni otras leyes o disposiciones normativas de la República de Moldova revocan ni restringen, en caso de peligro público, el ejercicio de los derechos contemplados en los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18 del Pacto. La aplicación no abusiva de las disposiciones de excepción forma parte de los compromisos contraídos por la República de Moldova al ratificar los tratados internacionales. La restricción de algunos derechos y libertades debe conjugarse con la vigencia de los derechos y deberes estipulados en el párrafo 2 del artículo 55 de la Constitución, en el que se hace referencia al “... respeto debido a todos los derechos e intereses legítimos y a la dignidad de otros ciudadanos”.

127.Desde el 26 de abril de 1993, fecha en que entró en vigor en la República de Moldova el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nunca se ha decretado el estado de excepción, por lo que no se ha planteado la necesidad de aplicar las disposiciones del párrafo 3 del artículo 4 Pacto.

Artículo 5

128.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución, las disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales deben interpretarse y aplicarse a la luz de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los demás convenios y tratados suscritos por la República de Moldova: “En caso de divergencia entre los convenios y tratados suscritos

por la República de Moldova y su legislación nacional, se otorgará precedencia a las normas internacionales”.

129.En virtud del artículo 8 de su Constitución, la República de Moldova se compromete a respetar la Carta de las Naciones Unidas y los tratados de los que es parte. En el caso de que un tratado internacional contenga disposiciones contrarias a la Constitución, antes de su entrada en vigor deberá procederse a modificar la Constitución.

130.“... No tendrán fuerza legal las leyes u otras disposiciones o normas que contradigan lo estipulado en la Constitución” (artículo 7 de la Constitución).

131.En la aplicación de las disposiciones del artículo 5 del Pacto desempeña un papel fundamental el Tribunal Constitucional, que se encarga de garantizar la supremacía de la Constitución y “.. vela por la constitucionalidad de las leyes, los reglamentos y las órdenes del Parlamento, los decretos presidenciales, las decisiones y órdenes del Gobierno y los tratados internacionales suscritos por la República de Moldova” (apartado a) del artículo 135 de la Constitución). Las decisiones del Tribunal Constitucional son inapelables.

132.La aplicación del artículo 4 de la Constitución compete a los tribunales y a la Fiscalía.

133.Los abogados parlamentarios (defensores del pueblo) están facultados para aplicar directamente en el ejercicio de sus funciones las normas del derecho internacional, cuando la legislación nacional correspondiente no está en conformidad con ellas (párrafo 2 del artículo 10 de la Ley de los abogados parlamentarios).

134.En virtud del artículo 31 de la misma Ley, los abogados parlamentarios están facultados para informar al Tribunal Constitucional, “... con el fin de velar por la constitucionalidad de las leyes, reglamentos y órdenes del Parlamento, decretos presidenciales y decisiones y órdenes del Gobierno, sobre la conformidad de esas disposiciones con los principios generalmente aceptados y los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos”. En el desempeño de sus funciones, los abogados parlamentarios han planteado en numerosas ocasiones ese problema ante el Tribunal Constitucional, restableciendo con ello los derechos constitucionales de alrededor de 800.000 ciudadanos.

Artículo 6

135.El artículo 24 de la Constitución de Moldova regula y garantiza expresamente tres derechos fundamentales que no deben confundirse jurídicamente, aunque estén estrechamente relacionados entre sí: el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y el derecho a la integridad mental. La Constitución sólo protege el derecho a la vida en su acepción puramente física, lo que resulta más eficaz desde el punto de vista jurídico. El derecho a la vida de todas las personas también está garantizado por el Código Penal, que contiene disposiciones relativas a los delitos contra la vida, como el homicidio voluntario con circunstancias agravantes (artículo 88).

136.El homicidio voluntario cometido:

a)con ánimo de lucro;

b)con fines criminales;

c)en relación con las funciones oficiales o públicas de la víctima;

d)contra dos o más personas;

e)en una mujer de cuyo embarazo tuviera conocimiento el acusado;

f)con extrema crueldad o con métodos que ponen en peligro las vidas de numerosas personas;

g)con el fin de ocultar otro delito o para facilitar la comisión de otro delito, o con agravante de violación;

h)por un reincidente extremadamente peligroso, o por una persona que haya cometido anteriormente un delito contemplado en este artículo o en el artículo 89 del presente Código;

i)prevaliéndose de la incapacidad de la víctima para defenderse,

- se castigará con una pena de cadena perpetua o de 10 a 25 años de prisión.

137.El homicidio voluntario, sin las circunstancias agravantes contempladas en el artículo 88,

- se castigará con una pena de 6 a 20 años de prisión (artículo 89).

Homicidio voluntario cometido en estado de extrema agitación emocional (artículo 90).

El homicidio voluntario cometido en estado de grave agitación emocional sobrevenida inesperadamente o causada por actos de violencia o insultos graves por parte de la víctima o por otros actos ilícitos de la víctima que entrañaran o pudieran entrañar consecuencias muy perjudiciales para el acusado o sus familiares,

- se castigará con una pena de hasta cinco años de prisión.

El homicidio cometido por extralimitación en la legítima defensa,

- se castigará con una pena de hasta dos años de prisión (artículo 91).

138.El homicidio por imprudencia

- se castigará con una pena de hasta tres años de prisión (párrafo 1 del artículo 90).

139. El homicidio por negligencia de dos o más personas,

- se castigará con una pena de hasta cinco años de prisión (párrafo 2 del artículo 90).

140.El homicidio voluntario por una madre de su propio hijo durante el parto o inmediatamente después

- se castigará con una pena de hasta tres años de prisión (artículo 92).

141.La inducción al suicidio o al intento de suicidio aprovechando una situación de dependencia material o de otra índole de la víctima respecto del acusado, o mediante la aplicación de tratos crueles o el menoscabo sistemático de la dignidad personal de la víctima,

- se castigará con una pena de uno a cinco años de prisión (párrafo 1 del artículo 94).

142.La inducción al suicidio o al intento de suicidio mediante la persecución sistemática, la difamación o el insulto, sin que concurra una situación de dependencia material o de otra índole respecto del acusado,

- se castigará con una pena de uno a tres años de prisión (párrafo 2 del artículo 94).

143.En 1999, los tribunales condenaron a 150 personas por asesinato en aplicación del artículo 88 del Código Penal, mientras que otras tres fueron absueltas y diez internadas en instituciones psiquiátricas.

144.En el mismo año, se condenó a 161 personas por asesinato en aplicación del artículo 89, mientras que otras ocho fueron absueltas y tres internadas en instituciones psiquiátricas.

145.Se presentaron numerosos recursos a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Por ejemplo, en su decisión Nº 1 c/a-91199, de 21 de septiembre de 1999, la Sala de lo Penal desestimó un recurso por considerar correctas la calificación de los hechos imputados con arreglo al párrafo 6 del artículo 88 del Código Penal y la pena impuesta de conformidad con los artículos 36, 37 y 38 del Código Penal.

146.Según fuentes del Ministerio del Interior, en 1999, 17.701 personas cometieron delitos en la República de Moldova, 3.908 de ellas de gravedad, y fueron juzgadas 14.920. El desglose por edades es el siguiente: de los 233 asesinatos o intentos de asesinato, tres fueron cometidos por personas de 14 o 15 años de edad, diez por personas de 16 o 17 años de edad, 64 por personas de 18 a 24 años de edad, 37 por personas de 25 a 29 años de edad y 119 por personas de más de 30 años de edad. Entre los reos de asesinato o intento de asesinato se contaron 28 obreros, dos agricultores, seis funcionarios y 186 desempleados.

147.En 1999 se cometieron 31 homicidios menos que en 1998. Según las estadísticas correspondientes a ese mismo año, en el territorio controlado por las autoridades constitucionales se cometieron 8.210 delitos graves, 266 de ellos con utilización de armas de fuego, granadas o sustancias explosivas. El nivel de delincuencia es en Chişinău dos veces mayor que en otras zonas de Moldova (178,1 delitos por 10.000 habitantes, frente a los 95,7 del conjunto de la República). En 1998 murieron 789 personas como resultado de delitos, 400 de ellas asesinadas o por las secuelas de intentos de asesinato. La tasa de suicidios ha aumentado considerablemente en los últimos años, a 15,7 por 100.000 habitantes, como consecuencia de las dificultades económicas del período de transición.

148.En 1998 murieron en accidentes de carretera 492 personas, en su mayoría por el mal estado de las carreteras o de los vehículos.

149.Como resultado del conflicto armado de 1992, el Estado moldovo perdió el control del territorio situado en la orilla izquierda del Dniéster. El régimen establecido en Transdnistria persigue a los ciudadanos por la manifestación de determinadas opiniones políticas, utilizando para ello medios incompatibles con un estado de derecho. En la zona controlada por el régimen separatista son habituales los actos de intimidación y las destituciones por motivos políticos. La situación en materia de seguridad personal se ve afectada también por la persistencia en la orilla izquierda del Dniéster de estructuras paramilitares de cosacos y por las armas de que dispone una parte de la población. La tasa de delincuencia ha aumentado considerablemente en esa región en los últimos años. Las autoridades de Tiraspol no

facilitan datos sobre aspectos tales como los niveles de delincuencia o el número de asaltos contra personas, pero a la luz de la situación general cabe afirmar que en Transdnistria se vulneran con frecuencia los derechos humanos fundamentales y la situación en materia de seguridad personal es mucho más grave que en el resto del territorio de la República de Moldova.

150.El principal elemento definitorio del derecho a la vida reside en que nadie pueda ser privado arbitrariamente de su vida.

151.En el párrafo 3 del artículo 24 de la Constitución se estipula que, hasta su abolición definitiva, la pena capital sólo se podrá aplicar si se basa en una sentencia dictada por un tribunal. Ese artículo ha de modificarse, puesto que la pena de muerte se ha abolido en virtud de la Ley por la que se modifican el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código sobre la aplicación de las sanciones penales, Nº 677, de 23 de noviembre de 1995, publicada en el Nº 8-9, de 8 de febrero de 1996, del Boletín Oficial de la República de Moldova.

152.En virtud de esa Ley se modificó el artículo 22 del Código Penal, referente a la pena de muerte, así como el párrafo 1 del artículo 23, que dice lo siguiente: “Determinados delitos contemplados en la sección especial del Código Penal serán sancionados con la pena de prisión a perpetuidad”. En el párrafo 2 del mismo artículo se sustituyó “se aplicará la pena de muerte” por “se aplicará la pena de prisión a perpetuidad”.

153.En el artículo 4 de la Ley mencionada se estipula que las personas sentenciadas a la pena capital, considerada una medida excepcional, antes de la entrada en vigor de la Ley, y cuya pena no haya sido ejecutada ni conmutada por una pena de prisión en virtud medidas de gracia o de amnistía, se considerarán condenadas a prisión a perpetuidad.

154.También se ha modificado el párrafo 5 del artículo 63 del Código sobre la aplicación de las sanciones penales, de 22 de junio de 1993, que dice ahora lo siguiente: “Cumplirán íntegramente sus penas de cárcel los reincidentes extremadamente peligrosos, los reos a los que se haya conmutado la pena capital por una pena de prisión en virtud de medidas de indulto o amnistía y los reos condenados a cadena perpetua”. Se suprimió asimismo del Código el capítulo 21, relativo a los métodos y las condiciones de ejecución de la pena de muerte.

155.La abolición de la pena de muerte responde a la voluntad política de la mayoría de la población de Moldova y se fundamenta en el carácter irreversible de ese castigo. La historia registra muchos casos de aplicación de la pena capital por errores judiciales.

156. La legislación de la República de Moldova contempla la responsabilidad penal de los menores. En el artículo 10 del Código Penal se establece la responsabilidad de las personas que en el momento de la comisión del delito tengan 16 años cumplidos. Están exentos de responsabilidad penal los niños menores de 14 años. En el caso de las personas de edad comprendida entre 14 y 16 años, la responsabilidad penal sólo abarca determinados delitos: asesinato, lesiones, asalto con resultado de lesiones corporales graves o peligro para la salud, violación, hurto, robo con violencia o con escalo, apropiación indebida de bienes en gran escala, vandalismo con consecuencias graves, destrucción y deterioro deliberados de propiedades, apropiación indebida de sustancias estupefacientes y de armas de fuego, municiones o explosivos, y comisión deliberada de actos que puedan causar descarrilamiento de trenes.

157.El párrafo 2 del artículo 23 del Código Penal limita a un máximo de 10 años el período de encarcelamiento para las personas menores de 18 años en el momento de cometer el delito, y a 15 años

para las personas de edad comprendida entre 16 y 18 años que hayan cometido un delito sancionable con una pena de prisión a perpetuidad.

158.En virtud del artículo 60 del Código Penal, si el tribunal considera que un menor de 18 años que ha cometido un delito menor puede recibir la corrección necesaria sin imponerle una sanción penal, puede dictar medidas coercitivas de carácter educativo (obligar al menor a pedir perdón a su víctima, públicamente o en cualquier otra forma determinada por el tribunal; dirigirle una amonestación, una amonestación grave o una advertencia; obligarlo a la reparación pecuniaria de los daños, si ha cumplido 15 años, cuenta con sus propios ingresos y los daños no exceden del equivalente de un salario mínimo; confiarlo a la supervisión de sus progenitores o tutores o de un colectivo laboral o una organización pública, con el consentimiento de los padres o tutores; o internarlo en una institución educativa o de tratamiento y capacitación).

159.Al juzgar los delitos, los tribunales consideran circunstancias atenuantes la minoría de edad y, en las mujeres, el embarazo (artículo 37 del Código Penal).

160.Las mujeres condenadas a penas de prisión las cumplen en colonias penitenciarias en régimen ordinario o estricto (artículo 23).

161.En el proyecto de nuevo Código Penal se prevé que, en el caso de las reas embarazadas o con hijos menores de ocho años que no hayan sido condenadas a penas de más de cinco años por delitos graves contra otras personas, el tribunal pueda aplazar el cumplimiento de la pena hasta que el hijo haya cumplido ocho años (artículo 94).

162.El Código Penal no contempla explícitamente el delito de genocidio, pero castiga los actos deliberados tendentes a incitar al odio o a la división nacional o racial, a atentar contra el honor y la dignidad nacionales o a limitar directa o indirectamente los derechos de determinados grupos de ciudadanos o a establecer ventajas directas o indirectas para otros por su origen racial o nacional (artículo 71).

163.Según el artículo 131 del proyecto de nuevo Código Penal, el genocidio, definido como el intento de eliminar total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso mediante alguna de las actuaciones siguientes:

1.asesinar a miembros del grupo;

2.causar graves daños físicos o mentales a miembros del grupo;

3.adoptar medidas para impedir nacimientos dentro del grupo;

4.trasladar por la fuerza a niños del grupo;

5.imponer al grupo condiciones de vida que puedan causar su destrucción física total o parcial;

- será castigado con penas de 10 a 25 años de prisión o cadena perpetua.

164.El artículo 66 de la Constitución se refiere a los poderes básicos del Parlamento, uno de los cuales es aprobar leyes de amnistía.

165.Según el proyecto de Ley de amnistía, la amnistía es un acto legislativo por el que el Parlamento de la República de Moldova ordena la cancelación parcial o total de la responsabilidad penal, la cancelación o reducción de las penas o su conmutación por otras menores.

166.La Ley de amnistía prevé asimismo:

a)la cancelación de la responsabilidad penal y las sanciones correspondientes;

b)la reducción de la parte no cumplida de las penas;

c)la cancelación de los antecedentes penales correspondientes;

d)el levantamiento de las penas complementarias;

e)el traslado de presos de las penitenciarías con régimen de alta seguridad a colonias penitenciarias.

167.Para conceder una amnistía se tienen en cuenta la naturaleza del delito y la pena impuesta, así como información sobre las personas a las que puede aplicarse.

168.No se concede la amnistía a personas:

-declaradas reincidentes por sentencia firme,

-condenadas a cadena perpetua o a las que se haya conmutado la pena de muerte;

-condenadas más de dos veces a penas de cárcel por delitos graves y que tengan dos o más antecedentes no cancelados por esos delitos;

-que no hayan reparado los daños causados;

-que hayan infringido voluntariamente el régimen penal;

-condenadas por determinados delitos graves.

169.Posteriores leyes de amnistía podrán establecer otras categorías de personas excluidas de la amnistía.

170.El artículo 105 del proyecto de nuevo Código Penal estipula lo siguiente: “La amnistía cancela la responsabilidad penal por los actos cometidos. Si se concede después de la condena, exime también del cumplimiento de la pena impuesta, así como de las demás consecuencias de la condena. No se devolverán las multas pagadas antes de la concesión de la amnistía”.

171.La amnistía no afecta a las medidas de seguridad ni a los derechos de las víctimas de los delitos.

172.El artículo 88 de la Constitución estipula los poderes del Presidente de Moldova, uno de los cuales es la concesión de indultos individuales.

173.Según el artículo 106 del proyecto de Código Penal, el indulto:

-tiene por efecto la exención total o parcial del cumplimiento de la pena o la conmutación de ésta por otra menor;

-se concede a solicitud de los reos, de sus familiares o de organizaciones estatales o no gubernamentales;

-no afecta a las penas complementarias, a menos que se estipule expresamente en la orden correspondiente;

-no afecta a las medidas de seguridad ni a los derechos de las víctimas de los delitos.

Artículo 7

174.En el párrafo 2 del artículo 24 de la Constitución se estipula que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Con el fin de dar cumplimiento a esa disposición constitucional, el Parlamento aprobó la Ley de modificación de algunas disposiciones legislativas, de 24 de diciembre de 1998. Se añadió al Código Penal un nuevo artículo 101/1 que castiga de tortura.

175.La tortura, definida como actos deliberados que causan fuerte dolor o sufrimiento físico o mental a una persona, con objeto de obtener de ella o de otra persona información o confesiones, de castigar a esa misma o a otra persona por actos que ha cometido o se sospecha que ha cometido, intimidarla o ejercer presión sobre ella u otra persona, o por cualquier otra razón fundada en alguna forma de discriminación, cuando ese dolor o sufrimiento es causado por un agente de la autoridad o cualquier otra persona que actúe a título oficial o por incitación o con el consentimiento explícito o tácito de agentes de la autoridad, con la excepción del dolor o sufrimiento resultante exclusivamente de las sanciones legales que conllevan u ocasionan esos actos,

- será castigada con penas de tres a siete años de cárcel.

176.En el artículo 19 de la Ley relativa a la presentación de reclamaciones, Nº 190-XIII, de 19 de julio de 1994, se estipula lo siguiente: “La persecución del reclamante por presentar su reclamación o por formular observaciones críticas incluidas en la reclamación, al igual que los actos contemplados en el artículo 18 (negativa infundada a examinar la reclamación o tergiversación de su examen, adopción de decisiones incompatibles con la legislación, divulgación de determinadas informaciones sobre la vida personal del reclamante sin su consentimiento) conllevan responsabilidad administrativa, y si se acompañan de abuso de poder o extralimitación de funciones, o actitud negligente en el desempeño de sus obligaciones por parte de las personas responsables, con considerable perjuicio para los derechos del reclamante y los intereses generales y del Estado, conllevan responsabilidades penales”.

177.El capítulo 8 del Código Penal trata de los delitos cometidos por funcionarios públicos. El artículo 185, relativo al abuso de autoridad y la extralimitación en las funciones oficiales, establece sanciones penales para quienes inflijan tratos inhumanos o degradantes a detenidos.

178.La extralimitación en el ejercicio de autoridad o funciones públicas, es decir, la comisión por un funcionario de actos que rebasen claramente los límites de las facultades y poderes que le otorga la ley, con considerable perjuicio para el interés público o los derechos e intereses de personas físicas o jurídicas protegidas por la ley,

-se castigará con penas de hasta tres años de prisión, con una multa de entre 30 y 100 veces el salario mínimo, o con la destitución del cargo, y en cualquier caso con la inhabilitación para ocupar determinados cargos o realizar determinadas actividades por un período de hasta cinco años.

179.La extralimitación en el ejercicio de autoridad o funciones oficiales, si se agrava por el uso de la fuerza, de armas o por actos de tortura o injurias a la víctima,

-se castigará con penas de 3 a 10 años de prisión, con inhabilitación para ocupar determinados cargos o realizar determinadas actividades por un período de hasta cinco años.

180.La extralimitación en el ejercicio de autoridad o funciones oficiales, si cometida repetidamente por un funcionario desde un cargo de responsabilidad, o para beneficiar a una organización criminal, o si ha tenido consecuencias graves,

-se castigará con penas de 5 a 12 años de prisión, con inhabilitación para ocupar determinados cargos o realizar determinadas actividades por un período de hasta cinco años.

181.La coacción a un testigo para influir en su testimonio, a un perito para que modifique su informe o a un intérprete para que no traduzca verazmente, mediante amenazas u otros actos ilegales por parte de la persona a cargo de la investigación o de la instrucción preliminar,

-se castigará con una pena de hasta tres años de prisión (párrafo 1 del artículo 193).

182.Los mismos delitos, si agravados por actos violentos o humillantes,

-se castigarán con penas de 3 a 10 años de prisión. (1)

183.La coacción a un testigo o parte perjudicada para que preste falso testimonio a las autoridades encargadas de la investigación o de la instrucción preliminar o al tribunal, a un perito para que modifique su informe, o a un intérprete para que no traduzca verazmente, mediante amenaza de asesinato, violencia, destrucción de la propiedad de la persona afectada o de sus familiares cercanos, corrupción u otros actos ilegales tendentes a impedir la administración de justicia,

-se castigará con penas de seis meses a dos años de prisión (artículo 194, completado por la Ley Nº 1044 de 17 de diciembre de 1996).

184.Existen también otras disposiciones normativas que garantizan en cierta medida la prohibición de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. El Código de Procedimiento Penal promulgado por la Ley de 24 de marzo de 1961 fue complementado con un artículo 6, titulado “Libertad y seguridad de la persona”. Sobre la base de la Ley Nº 1579, de 27 de febrero de 1998, en el párrafo 5 se estipula que nadie será sometido a torturas ni a tratos inhumanos y degradantes durante los procedimientos penales.

185.En el párrafo 4 del artículo 14 del Código de Procedimiento Penal se establece la prohibición de obligar al sospechoso o acusado a prestar testimonio por medio de violencia, amenazas u otras medidas ilegales.

186.Además, en virtud del párrafo 3 del artículo 55, las pruebas obtenidas infringiendo disposiciones del Código de Procedimiento Penal o no examinadas adecuadamente durante el procedimiento no pueden

constituir el fundamento de una sentencia ni de ninguna otra resolución judicial (ese párrafo se introdujo por la Ley de 9 de diciembre de 1994).

187.El artículo 188 encomienda al fiscal las siguientes responsabilidades, en relación con la vigilancia del cumplimiento de las leyes por las autoridades de investigación penal u órganos a cargo de los procedimientos penales:

a)solicitar de las autoridades de investigación penal o los órganos encargados de los procedimientos penales, con fines de control, los historiales penales, documentos, materiales y otras informaciones sobre los delitos en cuestión y el desarrollo del procedimiento penal, así como sobre las personas imputadas, y supervisar por lo menos una vez al mes, de conformidad con la ley, la recepción, el registro y la tramitación de solicitudes y notificaciones en relación con delitos;

b)anular informes y órdenes ilegales e infundados de las autoridades de investigación penal y órganos encargados de los procedimientos penales.

188.Por la Ley Nº 1275, de 18 de julio de 1997, se añadió al artículo 88 un párrafo 12 en el que se estipula que el fiscal deberá notificar a las autoridades de investigación penal u órganos encargados de los procedimientos penales la anulación de los elementos no conformes a la legalidad.

189.En 1999, los órganos dependientes de la Fiscalía, en sus funciones de supervisión del cumplimiento de la legislación por la policía, presentaron 582 notificaciones sobre casos de violación de los derechos y libertades de los ciudadanos. Sobre la base de las notificaciones y órdenes de los fiscales, se impusieron sanciones disciplinarias a 891 funcionarios de la policía. En el mismo año se enjuició en virtud de la legislación penal a 80 policías.

190.Para prevenir violaciones de los derechos humanos y para familiarizar a los funcionarios de la policía con las normas internacionales en esa esfera, el Ministerio del Interior emitió en diciembre de 1998 y marzo de 1999 sendas órdenes por las que se incluye como elemento obligatorio de la preparación profesional de los policías el estudio en profundidad de los convenios internacionales de derechos humanos suscritos por Moldova. La falta de materiales didácticos traducidos al rumano dificulta la preparación de los policías en lo que se refiere a la prevención de la tortura y otros tratos o penas inhumanos o degradantes. La principal disposición de la legislación nacional que garantiza el derecho de los ciudadanos a informar de la violación de determinados derechos es el artículo 52 de la Constitución, en virtud del cual todos los ciudadanos tienen derecho a dirigir peticiones o reclamaciones a las autoridades públicas. Ese derecho está respaldado por la Ley de los abogados parlamentarios, Nº 1349, de 17 de octubre de 1997, en la que se estipula que las reclamaciones dirigidas a los defensores del pueblo en nombre de personas detenidas no serán supervisadas por la administración penitenciaria y se enviarán en un plazo de 24 horas (artículo 19).

191.Ese derecho está protegido asimismo por el Decreto sobre el cumplimiento de las penas, promulgado por Decisión del Gobierno Nº 923, de 20 de diciembre de 1994, y en cuyo párrafo 19 (Propuestas, peticiones y reclamaciones de los presos), se estipula lo siguiente:

-Los presos formularán sus propuestas, peticiones y reclamaciones oralmente o por escrito. Las propuestas, peticiones y reclamaciones presentadas por escrito se dirigirán a su destinatario a través de la administración penitenciaria. No se remitirán las propuestas, peticiones y reclamaciones que no estén firmadas;

-Los presos formularán propuestas, peticiones y reclamaciones sólo a título personal y en relación con cuestiones que les afecten personalmente. Se prohíbe la presentación de propuestas, peticiones y reclamaciones colectivas o en nombre de otras personas.

192.No se remitirán al destinatario las propuestas, peticiones y reclamaciones que contengan expresiones obscenas o tengan carácter difamatorio que atente contra el honor y la dignidad del personal de la institución penitenciaria.

193.Las propuestas, peticiones y reclamaciones dirigidas a los órganos superiores de justicia no están sujetos a censura, y deberán remitirse al destinatario en un plazo de tres días. De conformidad con el artículo 193 del Código de Procedimiento Penal, las reclamaciones por escrito contra actuaciones de los funcionarios encargados de la investigación o los procedimientos penales deberán ser examinadas por un fiscal.

194.Las reclamaciones orales serán registradas por un fiscal o por los funcionarios encargados de la investigación o de los procedimientos penales en actas oficiales firmadas por el reclamante y el destinatario. El funcionario encargado de la investigación o del procedimiento penal deberá remitir la reclamación al fiscal, junto con sus observaciones pertinentes, en un plazo de 24 horas.

195.En un plazo de tres días desde el recibo de la reclamación, el fiscal deberá examinarla y comunicar su decisión al reclamante. Si se rechaza la reclamación, el fiscal deberá indicar las razones por las que se considera infundada (artículo 195 del Código de Procedimiento Penal).

196.No se conoce el número total de reclamaciones contra policías o funcionarios de prisiones por trato indebido a detenidos y reclusos, pues esas reclamaciones se dirigen a diferentes órganos (Ministerio del Interior, órganos de la Fiscalía, tribunales, defensores del pueblo, Oficina del Estado, etc.) que no preparan estadísticas comunes en esa esfera.

197.En el párrafo 14 del Decreto Disciplinario de los órganos dependientes del Ministerio del Interior, promulgado por la Decisión del Gobierno Nº 2, de 4 de enero de 1996, se prevé la posibilidad de aplicar a los policías las siguientes sanciones:

-observación;

-censura;

-censura grave;

-advertencia;

-destitución;

-degradación a puesto de nivel inferior;

-degradación al nivel más bajo;

-expulsión del cuerpo.

198.Los policías que no estén de acuerdo con una sanción que se les haya aplicado tienen derecho a presentar peticiones o reclamaciones a su superior jerárquico, y si no están de acuerdo con la decisión final pueden acudir a los tribunales de conformidad con el artículo 20 de la Constitución.

199.La Ley sobre la detención preventiva, Nº 1226, de 27 de junio de 1997, prevé, en los párrafos 17 y 18 de su artículo 34, que se practique un examen médico obligatorio a las personas contra las que se hayan empleado violencia física, medios especiales de coerción o armas de fuego, y se presente inmediatamente al fiscal una comunicación por escrito al respecto.

200.En el marco de la reforma legislativa, casi se han ultimado los proyectos de Código Penal, Código de Procedimiento Penal y Código sobre la aplicación de las sanciones penales, en los que se establecen expresamente garantías del derecho de las personas a no ser sometidas a torturas o tratos inhumanos o degradantes.

201.En el proyecto de Código Penal se sancionan los siguientes comportamientos:

-atribución de responsabilidades penales a personas inocentes (artículo 348);

-emisión de veredictos o dictámenes injustos o adopción de decisiones ilegales (artículo 349);

-detención ilegal (artículo 350);

-coacción a testigos (artículo 351);

-abuso de poder o cargo (artículo 370;

-extralimitación en el ejercicio de autoridad o funciones oficiales (artículo 371);

-negligencia profesional (artículo 372);

-desempeño indebido de funciones (artículo 379).

-arrogación indebida de funciones (artículo 380).

202.El proyecto de Código de Procedimiento Penal estipula que nadie puede ser sometido a malos tratos físicos ni mentales y prohíbe los actos y métodos que pongan en peligro la vida y la salud de las personas, aun con su consentimiento, o perjudiquen al medio ambiente. En el transcurso de los procedimientos penales, los detenidos no podrán ser sometidos a violencias, amenazas o métodos que entrañen la alteración de su capacidad de adoptar decisiones o de manifestar sus opiniones (artículo 13).

203.El proyecto de Código sobre la aplicación de las sanciones penales protege en su articulo 162 el derecho a la seguridad personal de los presos al estipular lo siguiente:

-el Estado debe garantizar la seguridad personal de los presos;

-cuando esté amenazada su seguridad personal, el preso tiene derecho a dirigirse a cualquier funcionario de la institución pertinente para pedirle protección, y ese funcionario ha de adoptar sin dilación las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal del preso.

Artículo 8

204.En el artículo 8 del Pacto se analizan por separado la esclavitud y la servidumbre, por una parte, y el trabajo forzoso u obligatorio por la otra. Los primeros dos conceptos se consideran formas de secuestro de personas, y los otros dos se caracterizan por el carácter involuntario de esos trabajos o servicios.

205.En los últimos tiempos se ha informado con creciente frecuencia en la `prensa de la República de Moldova sobre casos de desaparición de personas. Se trata de un fenómeno agravado por la profunda crisis económica, que hace que algunos grupos sociales empobrecidos caigan, al buscar trabajo, en manos de traficantes.

206.Las víctimas de ese tráfico ilegal suelen ser mujeres, a las que se obliga a vivir en condiciones de esclavitud, se niega el derecho a decidir sobre su propio destino y se explota sexual o económicamente.

207.El trabajo forzoso está prohibido por el artículo 44 de la Constitución, así como por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Nº 105, relativo a la abolición del trabajo forzoso (ratificado el 10 de septiembre de 1991), y Nº 29, relativo al trabajo forzoso u obligatorio (ratificado el 1º de noviembre de 1999), las recomendaciones Nos.35 y 36 de la OIT, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor en la República de Moldova el 36 de abril de 1993.

208.Según el Convenio Nº 105 de la OIT, el trabajo forzoso se caracteriza por la coacción para la realización de determinados trabajos bajo amenaza de castigo (incluso como medio de mantener la disciplina en el trabajo).

209.La República de Moldova se ha comprometido a abolir el trabajo forzoso u obligatorio y no recurrir a él:

a)como medio de coerción o de influencia política o como castigo por tener o expresar determinadas opiniones o creencias políticas opuestas a las del sistema político, social y económico establecido;

b)como medio de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico;

c)como medio de mantener la disciplina en el trabajo;

d)como castigo por haber participado en huelgas;

e)como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa (artículo 1 del Convenio Nº 105 de la OIT).

210.En el Convenio N 29 de la OIT se estipulan asimismo las condiciones en las que es posible recurrir al trabajo forzoso (artículo 9). En principio sólo podrán estar sujetos al trabajo forzoso u obligatorio los varones aptos de edades comprendidas entre 18 y 45 años, teniendo debidamente en cuenta sus obligaciones matrimoniales y familiares. Por consiguiente, estarán exentos las mujeres, las personas ancianas o discapacitadas, los jóvenes, los escolares, el personal docente de las escuelas secundarias y el personal administrativo en general. El porcentaje de la población que podrá ser objeto de reclutamiento forzoso no podrá exceder del 25% del total. La duración máxima del trabajo forzoso será de 60 días por persona y año. Las condiciones laborales (salario, horas de trabajo y de descanso, etc.) de las personas reclutadas para el trabajo forzoso serán las mismas de las personas contratadas libremente. No se permite el trabajo forzoso para actividades que se realicen en el subsuelo.

211.En virtud del Convenio Nº 29 de la OIT se sanciona como delito la utilización ilegítima de trabajo forzoso.

212.La prohibición del trabajo forzoso condujo a la eliminación de los traslados a puestos de trabajo peor pagados como forma de sanción disciplinaria. Se modificó correspondientemente el artículo 143 del Código del trabajo por la Ley Nº 1315-XII, de 2 de marzo de 1993, y la Ley sobre la utilización de trabajo forzoso, de 22 de enero de 1992, prohíbe en su artículo 1 toda forma de coerción administrativa para obligar a realizar cualquier tipo de trabajo. La negativa de los ciudadanos a realizar trabajos no puede ser objeto de sanciones administrativas ni penales.

213.El capítulo III del proyecto de Código Penal se refiere a los delitos contra la libertad, el honor y la dignidad de la persona y en él se tipifican los delitos de:

-imposición de esclavitud (artículo 164);

-imposición de trabajo forzoso (artículo 165)

214.En el párrafo 2 del artículo 44 de la Constitución se indican las actividades que no se considerarán como trabajo forzoso:

a)Actividades de tipo militar o servicios alternativos realizados por personas a las que la ley exime del servicio militar obligatorio.

215.La Ley sobre el servicio alternativo establece, de conformidad con la Constitución y las normas del derecho internacional, los procedimientos de sustitución del servicio militar por un servicio alternativo y las modalidades de prestación de éste, con el fin de establecer un marco para el cumplimiento de los deberes cívicos hacia la sociedad que sea compatible con el derecho de los ciudadanos a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias (artículo 1).

216.Los ciudadanos de Moldova tienen derecho a negarse a realizar el servicio militar obligatorio aduciendo convicciones religiosas o pacifistas.

217.Los ciudadanos exentos del servicio militar obligatorio por sus convicciones religiosas o pacifistas deben cumplir un servicio alternativo (artículo 3).

218.El servicio alternativo es un servicio estatal de carácter civil y socialmente útil que han de realizar los ciudadanos que por sus convicciones religiosas o pacifistas se nieguen a cumplir el servicio militar obligatorio.

219.El servicio alternativo no constituye un castigo. Incumbe a las actividades su organización, aplicación y supervisión (artículo 4).

220.Han de realizar el servicio alternativo los ciudadanos varones de Moldova de edad comprendida entre 18 y 27 años que, siendo conscriptos, hayan sido eximidos del servicio militar de conformidad con lo estipulado en la ley.

221.No han de realizar el servicio alternativo los ciudadanos:

-que hayan realizado el servicio militar obligatorio;

-cuyo hermano haya resultado muerto o herido durante el servicio militar o el servicio alternativo;

-que sean miembros de cultos, monjes o estudiantes en instituciones de educación teológica;

-cuyo mal estado de salud les impida realizar el servicio alternativo;

-que hayan cumplido condena por delitos graves (artículo 5).

222. La duración del servicio alternativo es de 24 meses.

223.El servicio alternativo se presta en empresas, instituciones y organizaciones de Moldova, así como en estructuras especiales establecidas en su territorio.

224.El servicio alternativo puede prestarse en el extranjero si así lo acepta el interesado, sobre la base de un acuerdo, y por decisión de la autoridad suprema del servicio alternativo, de conformidad con los acuerdos intergubernamentales pertinentes firmados por Moldova.

225.El servicio alternativo se presta:

-en estructuras especializadas (equipos de rescate en casos de accidente, bomberos, equipos de protección del medio ambiente, construcción, reparación de carreteras, etc.) establecidas por las administraciones locales;

-en instituciones y organizaciones (sociales o de salud, residencias comunitarias, etc.);

-en empresas estatales y municipales.

226.Por decisión del Gobierno, puede utilizarse a los ciudadanos que estén cumpliendo el servicio alternativo para paliar las consecuencias de situaciones de emergencia. En lo referente al servicio militar, el artículo 57 de la Constitución de Moldova estipula lo siguiente:

-la defensa de la patria es derecho y deber sagrado de cada ciudadano;

-las fuerzas armadas nacionales constituyen el marco para la prestación del servicio militar, destinado a garantizar la defensa nacional, la protección de las fronteras y el mantenimiento del orden público con arreglo a la legislación vigente.

227. La Ley sobre el servicio militar de los ciudadanos de Moldova, Nº 968-XII, de 17 de marzo de 1992, estipula que el servicio militar, que es un deber constitucional de los ciudadanos de Moldova, consiste en instrucción militar obligatoria para complementar las Fuerzas Armadas Nacionales y preparar sus reservas (artículo 1). El servicio militar es una forma especial de servicio al Estado, consistente en el cumplimiento por los ciudadanos del deber constitucional de defender al Estado en las Fuerzas Armadas, por conscripción o por alistamiento voluntario.

228.No obstante, los ciudadanos que cumplan su servicio militar o servicio alternativo no deberán ser obligados a realizar tareas abusivas, sin relación con sus funciones legítimas.

229.El Código Penal sanciona la no incorporación al servicio militar, a la preparación militar obligatoria o al servicio alternativo (artículo 77), el incumplimiento de una orden de movilización (artículo 78) y la negativa a realizar el servicio alternativo.

b)Trabajo realizado en condiciones normales por los reos, en reclusión o en libertad condicional.

230. En el capítulo 22 del proyecto de ley sobre la aplicación de las sanciones penales se establecen los procedimientos (artículo 185) y las condiciones (artículo 186) de cumplimiento de la pena de trabajo no remunerado en beneficio de la comunidad.

c)Servicios necesarios para hacer frente a desastres u otros peligros o que la ley considere parte de las obligaciones normales de los civiles. En esos casos, las autoridades pueden imponer a los ciudadanos determinadas tareas tendentes a reducir el peligro o contribuir a su eliminación.

Artículo 9

231.La Constitución garantiza la libertad y la seguridad personales, que declara inviolables en el párrafo 1 de su artículo 5. Esa disposición se recoge en el párrafo 1 del artículo 6 del Código de Procedimiento Penal, promulgado por la Ley Nº 1579, de 27 de febrero de 1998.

232.El párrafo 2 del artículo 6 del Código de Procedimiento Penal estipula que nadie puede ser privado de su libertad, salvo en las condiciones previstas por la ley y de conformidad con el procedimiento establecido por el Código en los siguientes casos:

1.Si la persona es detenida legalmente en cumplimiento de una decisión de un tribunal competente;

2.Si la persona es detenida legalmente por incumplimiento de una decisión emitida por un tribunal de conformidad con la ley;

3.Si la persona es detenida legalmente para garantizar su comparecencia ante un tribunal, si existen razones fundadas para sospechar que ha cometido un delito, que se proponía cometerlo o que se disponía a escapar después de cometerlo. Toda persona detenida será informada de todos sus derechos antes de iniciar cualesquiera otros procedimientos que requieran su participación. En el caso de que el detenido no sea informado de sus derechos, puede impugnarse la legalidad de su detención (párrafo 3 del artículo 6).

233.Durante los procedimientos penales nadie será sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes (párrafo 6 del artículo 6).

234.En virtud del artículo 13 de la Ley sobre la policía, la policía puede detener a vagabundos y mendigos; también puede mantener detenidas hasta 30 días, por orden del fiscal, a personas sospechosas de haber cometido delitos o faltas administrativas.

235.La detención administrativa no está sujeta a las disposiciones que rigen la detención penal, ni a las garantías estipuladas en el Código de Procedimiento Penal, sino que se rige por el artículo 174 del Código de faltas administrativas, con realización simultánea de la investigación penal correspondiente.

236.Sin embargo, existen diversos principios que contribuyen a preservar la libertad y seguridad de las personas:

-principio de legalidad, enunciado en el artículo 3 del Código Penal, por el que sólo se puede procesar y condenar a quien haya cometido un delito intencionalmente o por imprudencia. La imputación debe basarse en la legislación penal vigente, y no puede imponerse una pena sino en aplicación de una sentencia judicial.

-principio de no retroactividad, enunciado en el artículo 22 de la Constitución, en virtud del cual nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que no constituyeran un delito en el momento de su comisión. El artículo 6 del Código Penal dispone que la calificación del delito y la aplicación de la pena deben regirse por la legislación penal en vigor en el momento de los hechos. Las disposiciones penales por las que se eliminan o reducen penas tienen carácter retroactivo, por lo que se aplican a los delitos cometidos antes de su entrada en vigor. No tienen, en cambio, efecto retroactivo aquéllas que establecen o agravan penas.

-principio de presunción de inocencia, enunciado en el artículo 21 de la Constitución, por el que toda persona acusada de haber cometido un delito será considerada inocente hasta que haya sido declarada culpable, de conformidad con la legislación vigente, en un juicio público con todas las debidas garantías de defensa. El mismo principio se recoge en el artículo 41 del Código de Procedimiento Penal, promulgado por la Ley de 3 de noviembre de 1994.

-Sujeción del registro o la detención de personas a lo dispuesto por la ley (párrafo 2 del artículo 25 de la Constitución). Toda persona detenida deberá ser informada en un plazo de tres horas y en un idioma que comprenda de las razones de su detención, así como de las circunstancias y la tipificación jurídica del delito del que se le acuse o que se sospeche que ha cometido, y ese procedimiento debe constar en el acta o en la orden de detención (párrafo 4 del artículo 6 del Código de Procedimiento Penal).

237.En el párrafo 1 del artículo 73 del Código de Procedimiento Penal, promulgado por la Ley Nº 1579, de 27 de febrero de 1998, se indican los casos en los que se justifican la detención preventiva u otras medidas cautelares. Puede disponerse la detención preventiva en los casos en que existan razones fundadas para suponer que el sospechoso o acusado puede tratar de eludir al órgano de investigación penal o al tribunal, entorpecer el esclarecimiento de los hechos durante el juicio, o cometer nuevos delitos, así como cuando sea necesario para asegurar la detención.

238.La detención preventiva puede tener por objeto impedir la evasión del acusado para eludir su procesamiento (artículo 2 de la Ley sobre la detención preventiva).

239.Según el artículo 11 de la Ley sobre la detención preventiva, las personas detenidas gozan de los derechos y libertades establecidos por la legislación vigente, con las restricciones estipuladas en esa Ley y en el Código de Procedimiento Penal. La reclusión en centros de detención preventiva debe regirse por el respeto de la Constitución de Moldova, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras normas jurídicas internacionales relativas al trato de las personas detenidas, y no puede agravarse con actos que causen deliberadamente sufrimientos físicos y morales o atenten contra la dignidad humana.

240.Al proceder a una detención preventiva, debe tenerse en cuenta el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal . De conformidad con el artículo 6 del Código, puede aplicarse la detención preventiva en relación con delitos para los que la legislación prevea una pena de más de un año de prisión. Debe basarse en una orden judicial o una decisión del tribunal. La decisión de aplicar la medida compete a los jueces en cuya jurisdicción territorial actúen las autoridades encargadas de la investigación preliminar. En un plazo de 24 horas a partir del momento en que se emita la orden de detención, el juez deberá informar de la detención a algún familiar del sospechoso o acusado o a cualquier otra persona que

éste designe. Si el detenido es ciudadano de otro Estado, se comunicará su detención a la embajada o consulado correspondiente.

241.El examen de la detención preventiva se rige por el artículo 78/1 del Código de Procedimiento Penal, y el control de la legalidad de la aplicación o denegación de la medida, por el artículo 78/2 del Código y las modificaciones que se introdujeron en ese artículo por la Ley Nº 95, de 16 de julio de 1998. El período máximo de detención preventiva para la investigación de delitos es de 30 días, excepto en los casos estipulados en el párrafo 1 del artículo 79 del Código.

242.En casos excepcionales, en que lo justifiquen la complejidad del caso o la gravedad del delito y no existan razones para modificar la medida preventiva, ese período podrá ampliarse:

1.A seis meses, si el delito en cuestión puede castigarse con una pena de hasta 15 años de prisión;

2.A doce meses, si el delito en cuestión puede castigarse con una pena de hasta 25 años de prisión o con cadena perpetua.

243.En el caso de que el imputado fuera menor de 16 años en el momento de la comisión del delito, el período de detención puede prolongarse a cuatro meses como máximo, y en el caso de que fuera menor de 18 años, hasta seis meses como máximo. Una vez incoado el proceso ante el tribunal, puede mantenerse detenido al acusado hasta que se dicte sentencia, dentro de un período razonable (párrafo 6 del artículo 79, introducido por la Ley Nº 95, de 16 de julio de 1998).

244.El control de la legalidad de la prórroga del período de detención se rige por el artículo 79/2 del Código de Procedimiento Penal, y el examen del fundamento de la prórroga, por el artículo 79/1, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 95, de 16 de julio de 1998. El juez puede adoptar la decisión de cancelar o modificar la medida preventiva sobre la base del artículo 82 del Código.

245.Las autoridades encargadas de la investigación o el procedimiento penal pueden disponer la detención de cualquier persona de la que se sospeche que ha cometido un delito sancionado por la ley con penas de prisión (párrafo 1 del artículo 104 del Código de Procedimiento Penal). El período de detención no puede exceder de 24 horas (párrafo 3 del artículo 4). Si en un plazo de 24 horas a partir del acta de detención no se ha dirigido una petición al tribunal para que emita una orden de detención, el fiscal debe ordenar la puesta en libertad del detenido (párrafo 4 del artículo 104). Si el detenido es menor de edad, el fiscal o la persona encargada del procedimiento o la investigación penal debe comunicar inmediatamente la detención a sus padres o tutores, así como a la dirección de la escuela en que curse sus estudios.

246.El detenido debe ser informado de las razones de su detención, así como de los cargos contra él, en presencia de un abogado, designado por él o nombrado de oficio (párrafo 5 del artículo 25 de la Constitución). En virtud del párrafo 1 del artículo 43 del Código de Procedimiento Penal, es obligatoria la participación de un abogado defensor en el procedimiento penal a partir de la presentación de la orden de detención, de la lectura del acta de detención o de la formulación de cargos.

247.Según el artículo 46 del Código de Procedimiento Penal, el abogado defensor tiene derecho a conocer el contenido del acta de detención, a estar presente cuando el tribunal examine si procede la detención preventiva, y a participar en el examen por el juez de la conveniencia de prolongar el período de detención. Después del primer interrogatorio, el abogado puede visitar a su defendido, sin limitación del número ni de la duración de las reuniones.

248.Según el artículo 179 del Código de Procedimiento Penal, durante el examen del expediente, el defensor tiene derecho a:

1.Reunirse en privado con su defendido;

2.Estudiar todos los materiales incluidos en el expediente y tomar nota de la información que estime necesaria;

3.Estudiar con el acusado el contenido de sus declaraciones;

4.Impugnar al funcionario encargado de la investigación penal, al fiscal, al perito, al especialista o al intérprete;

5.Solicitar la ejecución de determinados elementos del procedimiento penal;

6.Formular reclamaciones ante el fiscal contra actuaciones del funcionario encargado de la investigación penal que puedan violar o restringir los derechos del acusado;

7.Asistir, con la autorización del funcionario encargado de la investigación penal, a las actuaciones del procedimiento penal , a solicitud propia o de su defendido.

249.De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimiento Penal, debe facilitarse el expediente completo al acusado y a su abogado y redactarse un acta de conclusión de la investigación preliminar.

250.Según el artículo 192 del Código de Procedimiento Penal, el fiscal o su adjunto, una vez confirmada la imputación, debe remitir el caso al tribunal, que, con arreglo al artículo 196, debe adoptar en un plazo de 14 días una de las decisiones siguientes:

1.Juzgar el caso;

2.Remitirlo a otro tribunal competente;

3.Desestimarlo.

251.El artículo 114 de la Constitución dispone que la justicia será administrada exclusivamente por los tribunales y de conformidad con la ley, y el párrafo 1 del artículo 105 precisa que la administración de justicia compete al Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal de Apelación y los tribunales ordinarios.

252.Los principios de organización de los tribunales se desarrollan en la Ley sobre el sistema judicial, Nº 514, de 4 de julio de 1995, y son los siguientes:

-libre acceso a la justicia, según se estipula en el artículo 6 de la Ley y el artículo 20 de la Constitución;

-igualdad ante la ley, según se estipula en el artículo 8 de la Ley y el artículo 126 de la Constitución;

-procedimiento penal transparente y basado en el principio de contradicción, según se estipula en el artículo 10 de la Ley.

253. Todos los casos son examinados por los tribunales de primera instancia, salvo aquellos que son competencia de los tribunales superiores, el Tribunal de Apelación o el Tribunal Supremo de Justicia.

254.Según el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal, el tribunal de primera instancia debe examinar directamente las pruebas, escuchar las declaraciones de los acusados, las víctimas y los testigos y las conclusiones de los expertos, examinar el corpus delicti y leer las actas y otros documentos.

255.Las sesiones del tribunal de primera instancia son presididas por su presidente o vicepresidente o por un juez designado por éstos, que cumple entonces las funciones de presidente (párrafo 1 del artículo 214 del Código de Procedimiento Penal).

256.Según el artículo 215 del Código de Procedimiento Penal, todos los participantes en el juicio tienen los mismos derechos ante el tribunal. Deben examinarse jurídicamente los límites de la acusación (párrafo 1 del artículo 220). Si no puede juzgarse el caso, el tribunal debe suspender el juicio. Si durante el examen del caso desaparece uno de los acusados, el juicio se suspende en la parte que a él se refiere, y si ello dificulta la determinación de los hechos, se suspende el juicio hasta que se halle al prófugo. Si durante el examen del caso el acusado enferma gravemente, se suspende el juicio hasta su recuperación.

257.De conformidad con el artículo 243 del Código de Procedimiento Penal, el presidente de la sesión debe explicar los derechos del detenido estipulados en el artículo 216. Tras escuchar íntegramente las declaraciones del acusado, los jueces se retiran a deliberar (artículo 268), después de lo cual dictan sentencia conforme a la ley (artículo 269). La sentencia ha de ser legal y bien fundamentada y basarse exclusivamente en las pruebas examinadas durante el juicio. Ha de acompañarse de una exposición de sus fundamentos por el tribunal (artículo 271).

258.Como se estipula en el artículo 279 del Código de Procedimiento Penal, el tribunal puede dictar una sentencia absolutoria o condenatoria. Si el reo no está de acuerdo con la sentencia, puede presentar un recurso, directamente o a través de su representante legal, de conformidad con el artículo 307.

259.Según el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, el plazo de apelación es de diez días a partir del anuncio de la sentencia, y si el acusado está detenido ese plazo se empieza a contar a partir del momento en que recibe copia de la sentencia o de su parte principal. No pueden presentarse recursos contra las sentencias dictadas por tribunales civiles o militares por delitos para los que la ley no prevé penas de prisión, ni contra las sentencias del Tribunal de Apelación ni del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 306).

260.El Tribunal de Apelación no puede endurecer la sentencia (párrafo 1 del artículo 318 del Código de Procedimiento Penal). Debe revisar la decisión recurrida sobre la base de las pruebas examinadas por el tribunal de primera instancia y cualesquiera nuevas pruebas presentadas al Tribunal de Apelación (párrafo 1 del artículo 320). Puede entonces adoptar una de las decisiones siguientes:

1.Rechazar el recurso, manteniendo la decisión recurrida:

a)por haberse presentado fuera de plazo;

b)por no considerarlo aceptable;

c)por no considerarlo fundamentado;

2.Aceptar el recurso, anulando la sentencia del tribunal de primera instancia, y:

a)emitir una nueva decisión;

b)ordenar un nuevo examen del caso (artículo 321).

261.El plazo para recurrir es de 10 días, si la ley no estipula otra cosa; cuando haya que redactar la decisión, el plazo será de siete días a partir de la notificación a las partes de la firma de la decisión definitiva por todos los miembros del tribunal (artículo 329). El Tribunal de Apelación no puede endurecer la sentencia (artículo 333), sino que debe limitarse a rechazar el recurso, manteniendo la decisión recurrida, o aceptar el recurso, anulando esa decisión.

262.El examen del recurso se suele efectuar en presencia del acusado, si éste está detenido. La ausencia de las partes legalmente convocadas no impide el examen del caso. Es obligatoria la presencia del fiscal (artículos 318 y 335/1).

263.En 1999 y 2000 el Centro para el Desarrollo del Personal Judicial organizó cursos, seminarios y talleres de perfeccionamiento profesional para jueces, fiscales, procuradores y abogados con objeto de estudiar la aplicación de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros convenios internacionales firmados por la República de Moldova. Asistieron a esos seminarios 285 jueces, 195 abogados, 220 funcionarios de la Fiscalía, y 25 procuradores. El Centro para el Desarrollo del Personal Judicial publica la revista “Correo judicial” para informar de sus actividades y presentar informes anuales.

264.En 1999-2000, el Consejo de Magistrados Superiores elaboró el programa para el examen de aptitud de jueces y aspirantes a jueces, que comprende cuestiones de derechos humanos. También se preparó un proyecto de reglamento sobre el examen de aptitud de los jueces. En ese período se comprobó la aptitud de 80 jueces para ser designados antes de llegar a la edad reglamentaria.

265.En la primera mitad de 2000 el Consejo recibió 422 reclamaciones, de las cuales el 60% se refería a demoras en el examen de los casos o la aplicación de las sentencias, el 10% a infracciones de la legislación en cuestiones de procedimiento o de fondo, y el 5% a conductas impropias.

266.Con el fin de elevar el grado de responsabilidad de los jueces, el Consejo, en colaboración con la Asociación de Jueces, elaboró un código de ética profesional de la judicatura, aprobado el 4 de febrero de 2000 en la conferencia de la judicatura.

267.De conformidad con el párrafo 2 del artículo 53 de la Constitución, el Estado es pecuniariamente responsable, en las condiciones establecidas por la ley, por cualesquiera daños o perjuicios causados durante un procedimiento judicial por errores de la policía o de la judicatura.

268.En virtud de la Ley Nº 1545, de 25 de febrero de 1998, deben repararse los daños morales y materiales causados a personas físicas o jurídicas como resultado de detención ilegal, juicio ilegal, sentencia ilegal, registro o confiscación ilegales de propiedad inmobiliaria, despido ilegal del puesto de trabajo u otras medidas que restringen los derechos de las personas físicas o jurídicas, durante la investigación o el enjuiciamiento, imposición ilegal de detención administrativa o trabajo correccional, confiscación ilegal de propiedades, aplicación ilegal de multas, adopción de medidas operativas de investigación que infrinjan disposiciones jurídicas vigentes, incautación ilegal de documentos contables u otros documentos, dinero o timbres, y congelación ilegal de cuentas bancarias. El daño causado ha de ser

reparado en su totalidad, cualquiera que sea la responsabilidad de los funcionarios de la policía, los órganos de investigación penal, la Fiscalía o los tribunales.

Artículo 10

269.La legislación relativa a la aplicación de las sanciones penales, que debe ceñirse a lo dispuesto en la Constitución, comprende el Código de aplicación de las sanciones penales, Nº 1524, promulgado por el Parlamento el 22 de junio de 1993, el Decreto sobre el cumplimiento de las penas por los reos, promulgado por Decisión del Gobierno Nº 923, de 20 de diciembre de 1994, el Código de Procedimiento Penal, promulgado por la Ley de 24 de marzo de 1961, y la Ley sobre el sistema penitenciario, Nº 1036, de 17 de diciembre de 1996.

270.Cuando se planteen divergencias entre la legislación interna relativa a la aplicación de las sanciones penales y los instrumentos internacionales ratificados por Moldova, tendrán precedencia las normas internacionales (artículo 5 del Código de aplicación de las sanciones penales). La aplicación de las penas debe basarse en sentencia firme del tribunal.

271.Según el artículo 20 del Código Penal, la pena no es sólo un castigo por el delito cometido, sino que también se propone la corrección y la reeducación de los convictos para permitirles desarrollar una actitud honrada hacia el trabajo y la observancia estricta de las leyes e impedir la comisión de nuevos delitos. El castigo no tiene por objeto infligir sufrimientos físicos ni humillar en su dignidad al reo. En la aplicación del castigo se observan los siguientes principios: principio de legalidad (artículo 8 del Código de aplicación de las sanciones penales), principio de igualdad de los reos ante la ley (artículo 9), y principio de democracia en la aplicación del castigo (artículo 11). La ejecución del castigo y la aplicación de las medidas correccionales deben diferenciarse y adaptarse a la gravedad del delito cometido, la personalidad del reo y a su comportamiento. Las condiciones y modalidades de aplicación de las sanciones se determinan atendiendo al principio de respeto a los derechos e intereses legítimos de los reos y a su dignidad (párrafo 1 del artículo 10). Es inadmisible que en la ejecución del castigo se causen padecimientos físicos al reo o se humille su dignidad. Están prohibidas las torturas, las medidas médicas coercitivas y otras medidas que puedan afectar a la salud de los reos (párrafo 2 del artículo 10).

272.La legislación relativa a la aplicación de las sanciones penales protege los derechos e intereses legítimos de los reos, sienta las condiciones para su rehabilitación y garantiza la equidad social (artículo 13).

273.Las personas condenadas a penas de prisión las cumplen en instituciones penitenciarias (artículo 61). Se consideran instituciones penitenciarias las colonias de corrección, las colonias de reeducación y las prisiones (artículo 62).

274.Cumplen su pena en colonias de corrección los reos mayores de edad. Las colonias pueden ser de régimen común, de régimen estricto o colonias-asentamientos. Las colonias de reeducación cuentan con centros de rehabilitación e instrucción correccional, y en ellas cumplen sus penas los reos menores de edad (artículo 62).

275.También se consideran instituciones penitenciarias los centros de aislamiento, utilizados para mantener en ellos a los detenidos durante las investigaciones penales, como medida de coerción. El funcionamiento de esos centros se rige también por el Código de aplicación de las sanciones penales (párrafo 5 del artículo 62) y por la legislación sobre la detención preventiva.

276.De conformidad con el artículo 384 del Código de Procedimiento Penal, las persona en detención preventiva son recluidas en celdas comunes, manteniendo a los hombres separados de las mujeres y a los menores de los adultos.

277.En circunstancias extraordinarias, con autorización de la Fiscalía, se permite recluir a menores y adultos en las mismas celdas. La distribución de celdas entre los menores debe hacerse atendiendo a su edad, a su desarrollo físico e intelectual y a sus cualidades morales (artículo 14 de la Ley sobre la detención preventiva). Las personas que ya han cumplido condena en centros de detención son separadas de las detenidas por primera vez. Los reincidentes muy peligrosos son separados de los demás detenidos. Las personas ya condenadas son separadas de los demás detenidos y se les aplica el régimen de la colonia de corrección por el trabajo, según sentencia del tribunal. Los reclusos condenados a cadena perpetua son aislados de los demás.

278.Las personas recluidas en centros de detención preventiva no deben ser objeto de discriminación ni recibir privilegios por motivos de sexo, raza, nacionalidad, idioma, origen étnico, situación patrimonial, influencia, actitud hacia la religión, opiniones políticas, pertenencia a una asociación pública, méritos pasados u otros motivos (párrafo 4 del artículo 11 de la Ley sobre la detención preventiva).

279.Los imputados no pueden ser sometidos a determinados experimentos médicos o científicos, ni siquiera con su consentimiento.

280.El control del cumplimiento de la legislación en los lugares de detención preventiva incumbe al Fiscal General y a los fiscales a él subordinados, de conformidad con la Ley de la Fiscalía (artículo 395 del Código de Procedimiento Penal). En el artículo 31 de la Ley del sistema penitenciario se especifican las autoridades a las que compete la vigilancia de las actividades del sistema penitenciario: Parlamento, Presidente de la República de Moldova, Gobierno, y autoridades locales. Las instituciones penitenciarias dependen directamente del Ministerio de Justicia.

281.El artículo 12 de la Ley mencionada garantiza a los reos y detenidos recluidos en instituciones penitenciarias alimentos suficientes, artículos de primera necesidad y condiciones sanitarias e higiénicas acordes con las normas establecidas por el Gobierno.

282.Las condiciones de detención en las comisarías de policía y los centros de aislamiento temporal no guardan conformidad con las normas internacionales. Ello se debe a la exigüidad del presupuesto del Ministerio del Interior.

283.En 1999, 453 reclusos y ex reclusos dirigieron 167 reclamaciones a los defensores del pueblo. La protección de los derechos de las personas privadas de libertad entraña la garantía real de su derecho a la seguridad personal, la prohibición de comportamientos humillantes para la dignidad humana, y el establecimiento de condiciones mínimas en los centros de reclusión. Tras investigar las reclamaciones, el Centro de Derechos Humanos informó de carencias en materia de alimentación, suministro de medicamentos y medios de higiene personal.

284.Según el artículo 14, los reos pueden trabajar en empresas sitas dentro del sistema penitenciario, incluidas actividades extrapresupuestarias. Los reclusos sin profesión reciben formación profesional que les permite trabajar.

285.El artículo 89 del Código de aplicación de las sanciones penales regula las actividades de enseñanza de los reclusos, que tienen por objeto su reeducación para elevar su nivel intelectual y cultural y fomentar en ellos una actitud honrada hacia el trabajo y la observancia de la ley y de las normas de

conducta aceptadas por la sociedad. La participación de los reos en actividades formativas se tiene en cuenta para determinar su grado de rehabilitación.

286.Otro problema grave es el de proporcionar trabajo a los reos. Según las estadísticas, sólo el 10% de los reclusos tienen actualmente trabajo.

287.Los menores condenados a penas de reclusión en colonias de reeducación de régimen común o estricto son recluidos en diferentes colonias o en sectores separados de las mismas colonias (artículo 106).

288.Con el fin de corregir a los delincuentes juveniles y prepararlos para el trabajo independiente en la sociedad, en las colonias de reeducación se les imparte enseñanza y formación destinadas específicamente a ellos. Ese proceso tiene por objeto educar a los delincuentes juveniles para que cumplan las leyes y se apliquen en el trabajo y el estudio, así como imbuirles valores morales y elevar su nivel educativo o su preparación profesional.

289.En las colonias de reeducación se imparten enseñanza general y formación vocacional en escuelas y talleres adecuados (párrafos 1, 2 y 4 del artículo 116).

290.Con el fin de mejorar las condiciones de reclusión y proponer determinadas actividades a los reos, en particular a los menores, se ha aumentado y diversificado el fondo de libros y se han proporcionado una sala destinada a actividades formativas y un aparato de televisión.

291.El artículo 52 del Código Penal permite conceder a los delincuentes juveniles la libertad condicional ante de que hayan cumplido la totalidad de su condena y sustituir la pena impuesta por otra menos severa. El artículo 51/2 regula la concesión de libertad condicional a los reclusos adultos, con posibilidad de imponerles trabajo obligatorio.

292.Las relaciones de los reclusos con el mundo exterior se regulan en el artículo 71 del Código de aplicación de las sanciones penales, que estipula el derecho a visitas de familiares u otras personas, que pueden ser de corta duración (dos a cuatro horas) o más prolongadas (uno a cinco días). Cada recluso tiene derecho a ocho visitas cortas y cuatro largas al año. También tiene derecho, a fin de recibir asistencia letrada, a reunirse con un abogado, sin que se limiten el número ni la duración de esas reuniones. El artículo 73 regula la correspondencia de los reclusos y los procedimientos para la presentación de reclamaciones. Los contactos de las personas en detención preventiva con el mundo exterior se rigen por la Ley sobre la detención preventiva, cuyo artículo 19 regula las reuniones de los detenidos con familiares, abogados y otras personas. La administración de los centros de detención preventiva puede conceder a los detenidos reuniones con familiares y otras personas, con autorización por escrito de la persona encargada del examen del caso. Por lo general, se les concede una reunión mensual de una a dos horas de duración. El artículo 18 de la Ley sobre la detención preventiva regula la correspondencia y la presentación de reclamaciones, peticiones y cartas de los detenidos, que pueden mantener correspondencia con familiares y otras personas previa autorización por escrito de la persona encargada del examen del caso.

293.El Estado sólo puede proporcionar un 30% del mínimo necesario para el mantenimiento de las instituciones penitenciarias. Por ejemplo, para la atención médica de los reclusos sólo se aportan 1,37 lei por persona y día (el 10% del monto necesario). La confiscación de paquetes se utiliza como medida disciplinaria. Los funcionarios de prisiones se extralimitan a veces en el ejercicio de sus funciones y recurren indebidamente a la fuerza física para intimidar a los reclusos y mantener la disciplina en las cárceles.

294.El problema de la prohibición del recurso a la violencia por parte del personal penitenciario está siendo objeto de un vivo debate. Se han organizado diversos cursos especializados tendentes a familiarizar a los funcionarios de prisiones con las disposiciones normativas vigentes, incluidos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Se han hecho más rigurosos los requisitos impuestos a los candidatos a ingresar en el servicio de prisiones. En el Departamento de Instituciones Penitenciarias se ha creado un Centro de Formación para la preparación inicial y permanente del personal penitenciario, en el que se imparten preparación inicial para supervisores (tres meses), preparación inicial para otras categorías de funcionarios de prisiones (un mes) y preparación permanente de todo el personal. En el programa de estudios del Centro se otorga gran importancia a preparar a fondo a los futuros funcionarios de prisiones en materia de protección de los derechos humanos. Se han organizado algunas actividades educativas e informativas para prevenir la violencia entre los reclusos. Se está elaborando una estrategia tendente a prevenir la violencia y la intimidación entre reclusos.

295.Se está preparando para su presentación al Parlamento un nuevo Código de aplicación de las sanciones penales, que prevé la humanización del cumplimiento de las penas de prisión y la mejora de las condiciones de reclusión, incluidas las de los condenados a cadena perpetua. En el proyecto de ley se prevé facilitar trabajo a los condenados a cadena perpetua y concederles visitas de familiares cercanos dos o cuatro veces al año, según el régimen de reclusión, así como permitirles recibir paquetes, alimentos y banderines.

296.Los datos disponibles sobre la población penitenciaria datan del 1º de julio de 2000.

297.Según el Departamento de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia, el número total de reclusos era a esa fecha de 9.507 (5.870 en colonias de corrección, 208 en centros de rehabilitación social, y 3.429 en prisiones).

Artículo 11

298.El Código Civil de la República de Moldova regula la posesión de propiedades y las relaciones personales conexas, con el fin de establecer el fundamento técnico y material de la sociedad y satisfacer mejor las necesidades materiales y espirituales de los ciudadanos.

299.Según su artículo 43, los contratos, que pueden ser unilaterales, bilaterales y multilaterales, son actos por los que ciudadanos u organizaciones establecen, modifican o suprimen derechos u obligaciones civiles.

300.En el artículo 4 se estipula que esos derechos y obligaciones civiles deben basarse en la legislación o en actuaciones de personas físicas o jurídicas que, aunque no contempladas por la ley, generen derechos y obligaciones civiles en virtud de principios jurídicos generales. Por consiguiente, se establecen derechos y obligaciones civiles:

1.en virtud de contratos previstos por la ley o que no la contradigan;

2.en virtud de actos administrativos;

3.como resultado de determinados descubrimientos, invenciones o propuestas de racionalización o la creación de determinadas obras científicas, literarias y artísticas;

4.por daños causados a otras personas o por la obtención o retención indebida de determinados bienes en detrimento de otras personas;

5.como resultado de determinados actos de personas físicas o jurídicas;

6.como resultado de hechos que, según estipule la ley, surtan determinados efectos jurídicos.

301.En el artículo 165 se estipula que el cumplimiento de las obligaciones puede garantizarse, de conformidad con la ley o el contrato, estableciendo una cláusula punitiva (multa, penalización por demora), así como con una garantía prendaria o un aval. Además, las obligaciones entre personas físicas o con su participación pueden garantizarse mediante prenda o fianza y las obligaciones entre personas jurídicas mediante garantía.

302.La multa o penalización por demora constituye una suma de dinero, determinada por ley o por contrato, que ha de pagar el deudor al acreedor por el incumplimiento total o parcial de una obligación, o por su cumplimiento tardío. Puede ser una cantidad fija o un porcentaje del monto total de la obligación principal. Con la multa o penalización sólo puede garantizarse una obligación.

303.El acreedor no puede exigir el pago de la multa o penalización por demora si el deudor no es responsable del incumplimiento total o parcial de la obligación (artículo 166).

304.Las obligaciones deben cumplirse en forma adecuada y en los plazos establecidos, de conformidad con lo dispuesto en la ley, plan o contrato correspondiente, o, en ausencia de tales disposiciones, de conformidad con las normas habitualmente aplicadas (artículo 191).

305.Están prohibidas la negativa unilateral a cumplir una obligación y la modificación unilateral de las condiciones de un contrato (artículo 192).

306.En los casos en los que el deudor incumpla total o parcialmente su obligación, deberá resarcir al acreedor por los daños causados.

307.Según el artículo 215, por daño se entiende la pérdida o deterioro de bienes del acreedor o los gastos en que haya incurrido como resultado del incumplimiento de la obligación por el deudor.

308.En caso de aplicarse una multa o penalización por demora, sólo se resarcirán los daños no cubiertos por esa multa o penalización.

309.La ley o el contrato pueden prever los siguientes casos:

1.que puedan aplicarse la multa o la penalización por demora, pero no reclamarse los daños;

2.que, además de aplicarse la multa o la penalización por demora, puedan reclamarse en su totalidad los daños;

3.que el acreedor pueda optar entre la aplicación de la multa o la penalización por demora y la reclamación de los daños (artículo 216).

310.Según el artículo 218, las obligaciones se extinguen íntegramente o en parte:

1.con su cumplimiento;

2.con una indemnización;

3.cuando una persona pasa a ser a la vez deudor y acreedor;

4.por acuerdo de las partes;

5.por cancelación o modificación del plan;

6.por imposibilidad de cumplimiento por razones ajenas a la responsabilidad del deudor;

7.como resultado de la muerte del deudor o del acreedor, si la obligación debe ser cumplida personalmente por el deudor o está destinada personalmente al acreedor (artículo 228).

311.La obligación se extingue si su cumplimiento es imposible por circunstancias ajenas a la responsabilidad del deudor (artículo 236).

312.El incumplimiento de una obligación sólo entrañará responsabilidad jurídica en caso de culpabilidad (por intención o imprudencia), con las excepciones previstas por la ley. La ausencia de culpabilidad debe ser probada por la persona que incumplió la obligación (artículo 222).

313.Por consiguiente, el ordenamiento jurídico de la República de Moldova no prevé sanciones penales para las personas que incumplan obligaciones estipuladas por contrato.

Artículo 12

314.En el artículo 27 de la Constitución se garantizan explícitamente esos derechos para todas las personas: “Las personas tienen derecho a circular libremente dentro de las fronteras de su propio país. Todos los ciudadanos de la República de Moldova tienen derecho a escoger libremente su lugar de residencia dentro del territorio nacional y a viajar dentro del país y al extranjero, así como a emigrar libremente”.

315.En el artículo 1 de la Ley de ciudadanía, de 2 de junio de 2000, se establecen tres categorías de personas: ciudadanos de la República de Moldova, extranjeros y apátridas. El respeto de los derechos de todas las personas dentro del territorio del Estado se garantiza en el párrafo 1 del artículo 19 de la Constitución, que estipula que “excepto cuando la ley disponga otra cosa, los extranjeros y los apátridas gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que los ciudadanos de la República de Moldova”.

316.Esa garantía se ve reforzada por la Ley sobre la condición jurídica de los extranjeros y los apátridas en la República de Moldova, cuyos artículos 10 y 16 disponen, respectivamente, lo siguiente:

“Los extranjeros y los apátridas que residen en la República de Moldova gozan del mismo derecho a vivienda que los ciudadanos de la República de Moldova”.

“Los extranjeros y los apátridas tienen derecho a circular libremente por el territorio de la República de Moldova y a escoger libremente en él su lugar de residencia, según lo dispuesto por la ley”.

317.Los extranjeros y los apátridas deben contar con permiso para residir legalmente en el país. Se trata de una obligación imperativa, que se aplica de conformidad con el Reglamento relativo a la presencia de extranjeros y apátridas en la República de Moldova, anexo a la Decisión del Gobierno de 6 de junio de 1995. Con el fin de garantizar la legalidad de su estancia, los extranjeros y los apátridas deben entrar en el país y salir de él “a través de cruces fronterizos abiertos a la comunicación internacional

y con documentos de identidad en que figure un visado de entrada o de salida de categoría diplomática, profesional, turista, no oficial o de tránsito, a menos que se estipule otra forma de entrada o de salida del país en acuerdos suscritos entre la República de Moldova y otros Estados”.

318.El derecho a escoger libremente el lugar de residencia está garantizado ulteriormente por el derecho a la utilización efectiva del lugar de residencia escogido, según lo dispuesto en el Código de vivienda, promulgado el 3 de junio de 1983, que, en el párrafo 4 de su artículo 10, estipula lo siguiente:

“No se expulsará a nadie de su vivienda ni se limitará su derecho a utilizarla, salvo en los casos y en las formas previstos por la ley”.

319.Los derechos contemplados en el artículo 12 del Pacto se reafirman en el artículo 2 del Protocolo Nº 4 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, ratificado por la República de Moldova el 24 de julio de 1997.

320.El derecho de abandonar el territorio de la República de Moldova está garantizado, a condición de que se cumplan las condiciones y procedimientos previstos en la legislación pertinente.

321.“Los ciudadanos de la República de Moldova y las personas apátridas residentes en su territorio tienen derecho a entrar en la República y salir de ella con el pasaporte emitido por las autoridades competentes” (párrafo 1 del artículo 1 de la Ley relativa a la salida de la República de Moldova y la entrada en ella). Los extranjeros gozan también de esos derechos en virtud del párrafo del artículo 1 de la misma Ley.

322.El derecho de los ciudadanos de Moldova de cambiar su lugar de residencia y de trabajo por cualquier otro dentro de las fronteras de la República está garantizado por el párrafo 1 del artículo 15 de la Ley sobre la migración, Nº 418-XII, de 19 de diciembre de 1990.

323.El artículo 54 de la Constitución prohíbe introducir determinadas restricciones incompatibles con la ley: “Sólo podrá restringirse el ejercicio de determinados derechos y libertades de conformidad con la ley y en la medida en que resulte necesario por consideraciones relacionadas con la defensa de la seguridad nacional, la salud, la moral o el orden públicos, la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, la realización de investigaciones penales o la necesidad de prevenir las consecuencias de un desastre natural o tecnológico. Las restricciones impuestas deberán guardar proporción con la situación que las fundamente, y no podrán afectar a la asistencia misma de ese derecho o libertad”.

324.La protección de las personas contra determinadas restricciones ilegales de sus derechos está garantizada por la posibilidad de acudir a las autoridades competentes, pues el derecho de libre acceso a la justicia es uno de los principios legislativos fundamentales de la República de Moldova (artículo 20 de la Constitución). Una de las posibilidades de defensa consiste en reclamar con arreglo a la Ley relativa a la presentación de reclamaciones, de 19 de julio de 1994, que, en su artículo 18, estipula lo siguiente: “Dará lugar a responsabilidades administrativas la negativa infundada a examinar una reclamación, o la tergiversación de su examen, la adopción de determinadas decisiones incompatibles con la legislación, y la divulgación de información sobre la vida personal del reclamante, sin el consentimiento de éste”.

325.No obstante, existen diversas restricciones legales impuestas por la obligación del Estado de defender a los ciudadanos bajo su jurisdicción. Así, por ejemplo, la libertad de entrar en el territorio del país o salir de él está sujeta a algunas limitaciones aplicables a los menores y las personas legalmente incapacitadas. En virtud del artículo 16 del Reglamento del sistema nacional de pasaportes, promulgado por Decisión del Gobierno de 6 de junio de 1995 y referente a la tramitación de los documentos de identidad, las personas menores de 16 años necesitan para salir al extranjero una autorización ante notario

de sus padres o tutores. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 de la Ley relativa a la salida de la República de Moldova y la entrada en ella, los menores de 16 años y las personas declaradas incapaces por un tribunal sólo pueden entrar en la República de Moldova o salir de ella si presentan una solicitud por escrito a tal efecto sus representantes legales.

326.El derecho de libre circulación se restringe con el fin de asegurar el castigo de las personas que hayan cometido actos antisociales, para lo que el Código de Procedimiento Penal prevé la posibilidad de exigir a las personas sospechosas o acusada de delitos una declaración por escrito en que se comprometan a no abandonar su lugar de residencia permanente o temporal sin autorización de la persona encargada de la investigación o del procedimiento penal, del fiscal o del tribunal (párrafo 1 del artículo 75).

327.El derecho a elegir libremente el lugar de residencia se complementa por el de vivir en el lugar de residencia elegido, por lo que la posibilidad de desahucio del inquilino si permanece ausente durante más de seis meses de la vivienda alquilada (párrafo 1 del artículo 63 del Código de la vivienda) constituye una restricción de ese derecho.

328.La difícil situación económica ha repercutido también negativamente en la disponibilidad de viviendas. La mayoría de la población no puede comprar una vivienda, por lo que resulta muy importante estudiar cuidadosamente todas las circunstancias relacionadas con el ejercicio del derecho a vivienda. A ese respecto, el Tribunal Supremo de Justicia, como máxima autoridad judicial del país, ha emitido diversas decisiones que pueden armonizar la resolución por los tribunales de los casos que se les sometan.

329.En el párrafo 11 de la Decisión sobre la aplicación por los tribunales de determinadas disposiciones del Código de la vivienda (emitida el 20 de diciembre de 1999) se estipula lo siguiente:

“En casos de retirada del derecho de utilización de su vivienda al inquilino o a sus familiares (artículo 63), es necesario determinar las razones por las que el reclamante haya permanecido ausente de esa vivienda por un período superior al establecido por la ley. Si la ausencia obedeció a razones de peso (viaje oficial, visita a personas necesitadas de cuidados, comportamiento ilegal de otros miembros de la familia, etc.), el tribunal podrá prolongar el plazo.

Al aplicar el artículo 63 del Código de la vivienda es necesario tener presente el derecho constitucional del ciudadano a circular libremente dentro del país, pero, al mismo tiempo, el inquilino y sus familiares tienen la obligación de cumplir con las condiciones del contrato de alquiler. Se entenderá que el inquilino ha perdido el derecho a utilizar la vivienda si ha vuelto a ella después de que expirara el plazo legal de ausencia, con el consentimiento de sus familiares”.

330.En el párrafo 13 de la Decisión mencionada se estipula que “el desahucio administrativo, sancionado por el fiscal, que contempla el párrafo 2 del artículo 94 del Código, no es compatible con la Constitución, puesto que en esa situación la parte interesada no puede defender sus derechos e intereses ante los tribunales”. Por consiguiente, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que el desahucio de una vivienda perteneciente al patrimonio público estatal sólo puede efectuarse “según lo estipulado por la ley y con arreglo a una decisión del tribunal competente”.

331.Con el fin de mejorar la aplicación por los tribunales de algunas disposiciones del Código de la vivienda, el Tribunal Supremo de Justicia, por su Decisión de 20 de diciembre de 1999, impone a los tribunales la obligación de indicar las razones y condiciones por las que se vulnera la legislación sobre vivienda. En el párrafo 27 de la Decisión se estipula lo siguiente: “Habida cuenta de la importancia de

proteger el derecho constitucional de los ciudadanos a disponer de vivienda, así como los intereses de los órganos estatales y las empresas, instituciones y organizaciones responsables de la gestión, la explotación y el mantenimiento del patrimonio de vivienda, los tribunales deben indicar las razones y circunstancias por las que se considera vulnerada la legislación sobre vivienda y basar en ellas sus dictámenes.

332.En el territorio de Transdnistria, en el que las autoridades constitucionales de Chişinău no ejercen ningún control, por lo que no pueden garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos moldovos, se registran graves violaciones de los derechos estipulados en el Pacto. Se vulnera seriamente el derecho a volver a un lugar de residencia permanente, que forma parte del derecho de libre circulación por el territorio del Estado. Se han registrado diversos casos de personas detenidas y procesadas por tratar de retornar al territorio situado en la orilla izquierda del Dniéster. Muchas personas que vivían en la zona ahora controlada por el régimen anticonstitucional se vieron obligadas en 1992, al llegar a Transdnistria los mercenarios cosacos, a trasladarse a la orilla derecha del Dniéster, y fueron desposeídas de sus viviendas por decisiones de los “tribunales” locales. Por consiguiente, se han registrado y siguen registrándose violaciones del derecho constitucional de las personas a disponer de vivienda.

333.Durante muchos años, el régimen anticonstitucional de Tiraspol ejerció presiones sobre los habitantes de esa zona para que aceptaran la “ciudadanía transdnistria”. Puesto que ese régimen no está reconocido como sujeto de derecho internacional, los documentos emitidos por sus autoridades anticonstitucionales no son válidos, lo que priva a los habitantes de Transdnistria de su derecho a salir de la República de Moldova. Los habitantes de Transdnistria se ven obligados a tramitar dos tipos de documentos, uno para “uso interno” y otro para los desplazamientos fuera de la “República Transdnistria”. También se utilizan como instrumentos de presión los puestos de aduanas a lo largo del Dniéster, en los que recaudan “derechos aduaneros” ilegítimos. Se trató de resolver ese problema mediante la firma del Protocolo relativo a la resolución de los problemas referentes a la actividad de los servicios aduaneros en la República de Moldova y Transdnistria, de 7 de febrero de 1996. Con la firma de ese Protocolo, el Gobierno de Tiraspol se comprometió a liquidar esos puestos ilegales que restringen la libre circulación de personas y mercancías. Las actuaciones del Gobierno de Transdnistria infringen el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo de principios sobre la resolución pacífica del conflicto armado en la región transdnistria de la República de Moldova, de 21 de julio de 1992, en el que se estipula que “se eliminarán esos impedimentos a la circulación de mercancías, servicios y personas...”.

334.El derecho a entrar en el propio país está garantizado por la legislación de la República de Moldova, que contiene determinadas disposiciones al respecto aplicables a sus ciudadanos. La Ley sobre la migración Nº 418-XII, de 19 de diciembre de 1990, contempla una cuota de inmigración, que, según el párrafo 2 de su artículo 4, no puede rebasar “el 0,05% de la población permanente de Moldova”. Sin embargo, en virtud del párrafo 3 del artículo 4 de la Ley, en esa cifra no están incluidos:

“a)Los habitantes de la República de Moldova que fueran enviados o desplazados a otro país o que se trasladaran a él con fines de trabajo, estudio o tratamiento, ni los que tuvieran que cumplir su servicio militar fuera de la República;

b)Las personas puestas en libertad tras cumplir penas de cárcel que hubieran vivido permanentemente en Moldova antes de cometer los delitos”.

335.“Cuando lo justifiquen razones objetivas, el Parlamento puede restringir o suspender la inmigración, sin que ello suponga la supresión del derecho, contemplado en los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo 4, de trasladarse a la República de Moldova y vivir en ella” (artículo 9 de la Ley sobre la migración, Nº 418-XII, de 19 de diciembre de 1990).

Cuadro 6

Estadísticas sobre la libre circulación de ciudadanos y la libre

elección de residencia en la República de Moldova

N°	Año Categoría de personas	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Total
1.	Aprobación de la residencia de extranjeros y apátridas en la República de Moldova	57	70	61	50	283	819	876	601	2 817
2.	Aprobación del traslado de ciudadanos de Moldova al extranjero para establecer allí su residencia permanente	6 397	5 236	2 690	2 765	5 503	4 783	6 318	3 794	37 486
3.	Aprobación del traslado de ciudadanos de Moldova al extranjero para establecer allí su residencia temporal	75 757	101 500	170 000	188 191	176 637	140 189	123 841	88 271	1 064 386
4.	Tramitación de los visados de entrada y de salida de los extranjeros que residen temporal o permanentemente en la República de Moldova	569	768	894	1 451	1 662	2 222	2 601	2 612	12 779
5.	Expulsión de extranjeros de la República de Moldova	5	8	1	1	---	---	---	---	---

Cuadro 7

Lista de extranjeros expulsados de la República de Moldova en el período 1993-2000

(en aplicación del artículo 192 del Código de faltas administrativas

y del artículo 210 del Código Penal)

No.	Apellido, nombre	País de ciudadanía	Año de nacimiento	Año de expulsión
1.	Sangare Lasin	Malí	1958	1993
2.	Ghedif Aile Tsegaie	Etiopía	1966	1993
3.	Murreriua Pedro Miguăl Paulino	Mozambique	1967	1993
4.	Cun Păt	Camboya	1965	1993
5.	Mussa Şaibu Abdulahi	Nigeria	1963	1993
6.	Nelson Miguel López Pérez	Nicaragua	1968	1994
7.	Albanu Da Silva Raimundu Aitonid	Angola	1973	1994
8.	Alatise Olaseinde Sandi	Nigeria	1964	1994
9.	Konare Karim	Malí	1967	1994
10.	Chevedo Ghil Eduardo	Colombia	1969	1994
11.	Makenga Sebasteanu	Angola	1971	1994
12.	Dechtear Isac Haimovici	Israel	1952	1994
13.	Camuendu Miguel Zahariaş Gonsales	Angola	1966	1994
14.	Oghomwen Evelyn Uwaifo	Nigeria	1963	1996
15.	Dandashi Abdulkader	Siria	1971	1995

Artículo 210 del Código Penal de la República de Moldova, promulgado el 24 de marzo de 1961

336.Violación de las normas sobre la entrada, la residencia o la inscripción en la zona fronteriza

-se castigará con penas de hasta un año de prisión o multas de hasta 30 salarios mínimos.

Artículo 192 del Código de faltas administrativas , promulgado el 29 de marzo de 1985

337.La infracción por extranjeros de las normas referentes a su estancia en la República de Moldova o el tránsito por su territorio.

338.La infracción por extranjeros y apátridas de las normas referentes a su estancia en la República de Moldova, por ejemplo, al residir en el país sin los documentos válidos necesarios, al no cumplir los procedimientos establecidos de registro especial o de inscripción en el registro de vivienda o los trámites de traslado y elección de un lugar de residencia, o al permanecer en el país una vez expirado el plazo máximo de estancia especificado, así como la infracción de las normas referentes al tránsito por el territorio de Moldova

-se sancionarán con una advertencia o una multa de importe no superior a cinco salarios mínimos.

339.El incumplimiento por extranjeros y apátridas de los procedimientos establecidos de registro especial e inscripción en el registro de vivienda o su exclusión de ese registro, o el incumplimiento de los procedimientos de tramitación de los documentos exigidos para residir o cambiar de lugar de residencia en la República de Moldova, por parte de empleados de empresas, instituciones y organizaciones que reciben extranjeros y apátridas en Moldova o contratan sus servicios, si esos empleados están encargados de velar por el cumplimiento de las condiciones de residencia o tránsito de esos extranjeros y apátridas en la República de Moldova,

-se sancionará con una advertencia o una multa de monto no superior a 10 salarios mínimos.

340.Los ciudadanos que, habiendo invitado por motivos personales a extranjeros o apátridas a la República de Moldova y habiéndoles ofrecido una vivienda, no atiendan a los trámites de registro, inscripción en el registro de vivienda y posterior exclusión de éste,

-serán sancionados con una advertencia o una multa de monto no superior a dos salarios mínimos.

341.Los ciudadanos que proporcionen a extranjeros o apátridas vivienda, transporte u otros servicios, en contravención de las normas que rigen la estancia de extranjeros y apátridas en Moldova y su tránsito por el país,

-serán sancionados con una advertencia o una multa de monto no superior a dos salarios mínimos.

Artículo 13

342.De conformidad con el Reglamento sobre la estancia en Moldova de extranjeros y apátridas, promulgado por la Decisión del Gobierno de 6 de junio de 1995, los extranjeros sólo pueden permanecer en el territorio del Estado dentro de los límites de validez de su visado de entrada y salida legalmente

expedido. Una vez expirado ese plazo, deben salir del país. En el párrafo 25 del Reglamento se prevé la posibilidad de limitar la duración de la estancia:

“Podrá reducirse la estancia en la República de Moldova de los extranjeros que infrinjan la ley”.

343.La expulsión constituye una medida extrema, que puede aplicarse por las razones indicadas en el párrafo 1 del artículo 23 de la Ley sobre la condición jurídica de los extranjeros y los apátridas en la República de Moldova. En concreto, los extranjeros y apátridas pueden ser expulsados cuando:

1.Su entrada y estancia en el país hayan supuesto la infracción de la legislación vigente; o

2.Su estancia en el país ponga en peligro la seguridad nacional o la salud, la moral o el orden públicos.

344.El artículo 28 de la Ley sobre la condición jurídica de los extranjeros y los apátridas en la República de Moldova estipula lo siguiente:

“Esos extranjeros o apátridas serán expulsados al país del que sean ciudadanos o cuyas autoridades hayan expedido sus documentos de identidad”.

345.Los procedimientos de extradición se rigen por el Convenio Europeo sobre la Extradición, de 13 de diciembre de 1957, cuyo artículo 1 estipula lo siguiente:

“Las partes se comprometen a extraditar mutuamente, en las condiciones y según las normas enunciadas en artículos posteriores, a las personas perseguidas por haber cometido un delito o buscadas para la aplicación de una pena o de una medida de seguridad dictada por las autoridades judiciales de la parte solicitante".

346.La legalidad de la extradición de extranjeros y apátridas está garantizada por el artículo 17 de la Constitución, que dispone que la extradición sólo podrá llevarse a cabo “en cumplimiento de un acuerdo internacional o en condiciones de reciprocidad por decisión de un tribunal”. Esa norma constitucional se recoge asimismo en la Ley sobre la condición jurídica de los extranjeros y los apátridas en la República de Moldova (párrafo 2 del artículo 23) y en el Código de Procedimiento Penal (párrafo 2 del artículo 185).

347.Sin embargo, no se aplicarán medidas de extradición o expulsión que no guarden conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 10 de diciembre de 1984. Ese artículo dispone lo siguiente: “Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura”.

348.La Ley sobre la condición jurídica de los extranjeros y los apátridas en la República de Moldova recoge esa norma internacional en su artículo 29, en el que se indican también otras razones por las que puede prohibirse la extradición:

“No se expulsará a extranjeros o apátridas a otro país en el que existan motivos para creer que serán perseguidos por su origen racial, étnico o religioso o sus convicciones políticas , serán sometidos a tortura o tratos inhumanos o degradantes, o se les aplicará la pena capital”.

349.El Protocolo Nº 4 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, ratificado por Resolución del Parlamento Nº 1298-XIII, de 24 de julio de 1997, prohíbe en su artículo 4 la expulsión colectiva de extranjeros.

350.Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener protección efectiva de los tribunales competentes contra las actuaciones que vulneren sus derechos, libertades e interese legítimos. La Constitución garantiza el libre acceso a la justicia para todas las personas (artículo 20), y reafirma ese principio en el artículo 26:

“Todas las personas tienen derecho a responder independientemente por medios apropiados y legítimos a cualquier vulneración de sus derechos y libertades”.

351.De conformidad con la Ley de los abogados parlamentarios, de 17 de octubre de 1997, los extranjeros pueden presentar notificaciones a los defensores del pueblo, que tienen las siguientes obligaciones:

“Los defensores del pueblo examinarán las notificaciones que les presenten ciudadanos de la República de Moldova, extranjeros y apátridas que vivan temporal o permanentemente en el territorio de la República, denominados en lo sucesivo reclamantes, cuyos derechos e intereses legítimos hayan sido vulnerados dentro del país” (artículo 23).

“Con arreglo a los resultados del examen de la reclamación, los defensores del pueblo podrán también:

a)Remitir la reclamación al tribunal competente para defender los intereses del reclamante cuyos derechos y libertades constitucionales hayan sido vulnerados;

b)Presentar una petición a las autoridades competentes para que instruyan procedimientos disciplinarios, administrativos o penales contra los funcionarios que hayan infringido la ley ocasionando graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales” (párrafo 1 del artículo 28).

Artículo 14

352.Según la Ley Suprema del Estado (párrafo 2 del artículo 16) y la Ley del sistema judicial, Nº 514-XIII, de 6 de julio de 1995 (artículo 8), todos los ciudadanos de la República de Moldova son iguales ante la ley y las autoridades públicas, sin discriminación por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, afiliación política, patrimonio personal y origen social.

353.El artículo 20 de la Constitución (Libre acceso a la justicia) estipula lo siguiente:

1.Todo ciudadano tiene derecho a obtener protección efectiva de los tribunales competentes contra las actuaciones que vulneren sus derechos, libertades e interesen legítimos;

2.Ninguna ley puede restringir el acceso a la justicia.

354.Esa norma se recoge también en el artículo 6 de la Ley del sistema judicial, Nº 514-XIII, de 6 de julio de 1995.

355.La justicia sólo podrá ser administrada por los tribunales y con arreglo a la ley.

356.La administración de justicia compete al Tribunal Supremo de Justicia, en Tribunal de Apelación y los tribunales ordinarios. Pueden establecerse, de conformidad con la ley, tribunales especiales para examinar determinadas categorías de casos. Está prohibido el establecimiento de tribunales de excepción (artículos 114 y 115 de la Constitución).

357.En el artículo 1 de la Ley del sistema judicial se proclama la independencia del poder judicial y su separación del legislativo y el ejecutivo y se indican sus funciones, que deben ejercer los tribunales de conformidad con los principios enunciados en la Constitución y en otras leyes.

358.Los tribunales administran justicia para defender e imponer el cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y sus asociaciones, así como de las empresas, instituciones y organizaciones.

359.Los tribunales entienden en todos los casos civiles, administrativos y penales, así como en todos los demás casos en que la ley no declare competentes a otras autoridades (artículo 4).

360.En los casos penales sólo podrán administrar justicia los tribunales en aplicación de la ley. La declaración de culpabilidad de una persona por la comisión de un delito y su castigo con arreglo a la legislación penal deberán basarse en una sentencia firme de un tribunal, adoptada según lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal (artículo 7 del Código).

361.De conformidad con el artículo 8 del Código de Procedimiento Civil y del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, al administrar justicia en los casos penales los jueces deben ser independientes y aplicar estrictamente la ley sin que se ejerza sobre ellos presión alguna.

362.El artículo 117 de la Constitución estipula el carácter público de los procedimientos judiciales: “Las sesiones de todos los tribunales son públicas. Sólo podrán celebrarse sesiones a puerta cerrada según lo dispuesto por la ley y aplicando todos los procedimientos establecidos”.

363.En virtud del artículo 10 de la Ley del sistema judicial, Nº 514-XIII, de 6 de junio de 1995,

1.Las sesiones de los tribunales son públicas. Sólo podrán celebrarse sesiones a puerta cerrada en los casos previstos por la ley y aplicando todas las normas de procedimiento.

2.Las decisiones del tribunal deben dictarse públicamente.

3.El examen de todos los casos penales se basa en el principio de contradicción.

364.El carácter público de las sesiones judiciales y el principio de contradicción como fundamento de los procedimientos penales se proclaman en el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal.

365.Así, de conformidad con el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, “las sesiones de los tribunales son públicas”. Sóloo podrán celebrarse sesiones a puerta cerrada según lo dispuesto por la ley y aplicando todos los procedimientos establecidos”.

366.El tribunal puede decidir examinar un caso a puerta cerrada por entender que una sesión pública perjudicaría a las partes, al orden público o a la moral o impediría guardar un secreto de Estado, así como en otros casos estipulados por la ley

367.Serán expulsadas de la sala del tribunal las personas menores de 16 años y las que no guarden un comportamiento adecuado. Todas las decisiones del tribunal deben dictarse públicamente. Los procedimientos penales deben basarse en el principio de contradicción.

368.Según el artículo 2784 del Código, podrá examinarse un caso a puerta cerrada cuando lo solicite un progenitor adoptivo o sobre la base de una decisión del tribunal al respecto.

369.El artículo 12 del Código de Procedimiento Penal estipula lo siguiente:

“Las sesiones de todos los tribunales son públicas, salvo cuando ello impida guardar un secreto protegido por ley, así como cuando se emita o prorrogue una orden de detención.

También podrán examinarse los casos a puerta cerrada por decisión fundamentada del tribunal en casos referentes a delitos cometidos por personas menores de 16 años, en casos de delitos sexuales y en otros casos en que convenga impedir la divulgación de información sobre las vidas privadas de las personas participantes en el juicio, así como cuando sea necesario para garantizar la seguridad de una víctima, un testigo u otra persona participante en el juicio, o de sus familiares y allegados.

Sólo podrán celebrarse sesiones a puerta cerrada de conformidad con todos los procedimientos jurídicos pertinentes. Todas las decisiones de los tribunales se dictarán públicamente".

370.Según el artículo 21 de la Constitución y el artículo 41 del Código de Procedimiento Penal, toda persona acusada de un delito será considerada inocente hasta que se la declare culpable en un juicio público celebrado con todas las garantías de defensa.

371.El artículo 7 de la Ley del sistema judicial enuncia el mismo principio al estipular que toda persona acusada de un delito será considerada inocente hasta ser declarada culpable por una sentencia firme dictada por el tribunal de conformidad con la ley.

372.Los funcionarios encargados de la investigación o la instrucción penal, el fiscal y el tribunal velarán por que todas las partes gocen del pleno ejercicio de sus derechos procesales durante el juicio, en las condiciones estipuladas por el Código de Procedimiento Penal, y facilitarán las pruebas necesarias para la defensa.

373.Los funcionarios encargados de la investigación o instrucción penal, el fiscal y el tribunal informarán durante el juicio al sospechoso o acusado de la índole y tipificación jurídica del delito, y le garantizarán el acceso a los medios de defensa previstos por la ley y la protección de sus derechos personales y patrimoniales.

374.Los funcionarios encargados de la investigación o instrucción penal, el fiscal y el tribunal informarán durante el juicio al sospechoso o acusado de su derecho a defenderse en persona o mediante asistencia letrada, lo que constará en acta, y, de conformidad con las condiciones estipuladas por la ley, le garantizarán el derecho a asistencia letrada, si no dispone de abogado propio ni medios para pagárselo.

375.Durante el juicio, las partes tienen derecho a asistencia letrada escogida o designada de oficio (artículo 13 del Código de Procedimiento Penal). El artículo 26 de la Ley Suprema garantiza el derecho de defensa. Toda persona tiene derecho a responder en forma independiente y por medios legítimos y apropiados a cualquier vulneración de sus derechos y libertades. Las partes en el juicio tiene derecho a

contar a lo largo de todos los procedimientos con la asistencia de un abogado de su elección o designado de oficio.

376.En sus artículos 41, 42, 43, 44 y 45, el Código de Procedimiento Penal estipula que el defensor escogido o designado de oficio debe participar en el juicio desde el momento en que se formulan los cargos, y, en el caso en el que el sospechoso o acusado esté detenido, desde el momento de la firma del acta de detención o de presentación de la orden de detención. Si no puede asistir el abogado escogido por el sospechoso o acusado, el funcionario encargado de la investigación o instrucción penal o el fiscal le pedirán que escoja otro abogado o le proporcionarán uno a través de la oficina de asistencia jurídica.

377.La participación del abogado en los procedimientos de investigación e instrucción y las sesiones judiciales es obligatoria en los juicios de personas menores de edad, mudas, sordas, ciegas y otras personas que no puedan ejercer su derecho de defensa como resultado de discapacidades físicas o mentales, así como de personas que no hablen el idioma en que se desarrollen los procedimientos. En tales casos, el abogado defensor participa en el juicio desde el momento mencionado en el párrafo 1.

378.En los juicios de personas acusadas de cometer delitos sancionables con la pena de cadena perpetua, es obligatoria la participación del abogado defensor desde el momento en que se informa de los cargos al imputado.

379.La participación del abogado defensor en el juicio puede ser obligatoria también en otros casos estipulados por la ley. Por decisión del juez o el investigador o dictamen del tribunal, podrá confiarse la defensa a personas que, sin ser abogados profesionales, dispongan de la licencia correspondiente.

380.Cuando el sospechoso o acusado no disponga de un abogado, el jefe de la oficina de asistencia jurídica o la junta de gobierno de la asociación de la abogacía tienen la obligación de nombrar un abogado de oficio cuando lo solicite el tribunal o el órgano de investigación penal.

381.La remuneración de los abogados que participen de oficio en los procedimientos de investigación e instrucción y las sesiones judiciales se sufragarán con cargo al presupuesto del Estado.

382.Sólo podrá exigirse al reo que reembolse al Estado esos costos cuando, teniendo medios para contratar a un abogado, se haya negado a hacerlo (artículo 43).

383.La participación del abogado defensor es obligatoria en los casos:

1.en que intervenga el ministerio público;

2.que atañan a menores;

3.que atañan a personas mudas, sordas, ciegas u otras personas que, por discapacidad física o mental, no puedan ejercer el derecho de defensa;

4.que atañan a personas que no hablen el idioma en que se desarrollan los procedimientos;

5.que atañan a personas con intereses contrapuestos en lo referente a la defensa y de las que por lo menos una tenga un abogado;

6.que atañan a personas juzgadas por delitos por los que pueda imponerse una pena de prisión a perpetuidad;

7.en los que el acusado solicite la designación de un abogado;

8.que entrañen la aplicación de medidas coercitivas de carácter médico.

384. En todos esos casos, si el imputado, su representante legal u otras personas autorizadas por el imputado no han contratado a un abogado, el tribunal tiene la obligación de garantizar la participación de un abogado en el juicio (artículo 44).

385.El abogado defensor puede ser sustituido en cualquier momento del juicio, si el sospechoso o imputado lo solicita o da su consentimiento. En ese caso continúa la investigación.

386.En los casos en que no es posible la participación del abogado elegido por el sospechoso o imputado, o cuando el abogado admitido en el juicio en el momento de la formulación de los cargos no puede incorporarse en un plazo de cinco días a partir de la notificación, el funcionario encargado de la investigación penal y el fiscal ofrecen al sospechoso o imputado el derecho a escoger a otro abogado o designarlo de oficio a través de la oficina de asistencia jurídica.

387.El sospechoso o imputado tiene derecho a despedir al abogado en cualquier momento del juicio.

388.El abogado sólo puede ser despedido por iniciativa del sospechoso o imputado, y esa medida no puede constituir un obstáculo para la participación ulterior en el juicio del fiscal o de los abogados de otros sospechoso o imputados (artículo 45).

389.Toda persona detenida como sospechosa de haber cometido un delito, o sometida a medidas coercitivas antes de la formulación de cargos, tiene derecho a contar con un abogado, a que se le informe del delito que se sospecha que ha cometido, a dar las explicaciones pertinentes, a aportar pruebas, a formular peticiones, a examinar las actas de las diligencias de investigación llevadas a cabo con su participación, a presentar recusaciones, a reclamar por actuaciones y decisiones del funcionario encargado de la investigación o el procedimiento penal, el fiscal o el tribunal, y a dar explicaciones durante el proceso de examen por el tribunal de la aplicación de la detención preventiva (artículo 41).

390.El imputado tiene derecho a conocer el fundamento de la acusación y dar explicaciones al respecto, a presentar pruebas, a formular peticiones, a impugnar ante un tribunal superior el fundamento legal de la detención, a examinar las actas de las diligencias de investigación llevadas a cabo son su participación, a examinar su expediente y tomar las notas necesarias una vez concluida la investigación o instrucción preliminar, a contar con un abogado desde el momento en que se formulen los cargos, a dar explicaciones durante el proceso de examen por el tribunal de la aplicación de la detención preventiva, a participar en el examen por el tribunal de la prolongación de la detención y de la impugnación de la detención preventiva o de su prolongación, a participar en las sesiones, a presentar recusaciones, a reclamar contra las actuaciones y decisiones del funcionario encargado de la investigación o instrucción del caso, y a defender sus derechos e intereses legítimos por cualesquiera otros medios y métodos que no vulneren la legislación. El acusado tiene derecho a decir la última palabra (artículo 42).

391.Según se dispone en el artículo 118 de la Constitución, el artículo 11 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 9 de la Ley del sistema judicial Nº 514-XIII,de 6 de julio de 1995, el procedimiento puede desarrollarse en idioma moldovo o cualquier otro idioma que resulte aceptable para la mayoría de los participantes. Las personas que no entiendan o no hablen el idioma rumano (moldovo) tienen derecho a utilizar los servicios de un intérprete para examinar todos los documentos y materiales del expediente y para dirigirse al tribunal.

392.En el mismo artículo del Código de Procedimiento Penal se estipula que las personas participantes en el juicio que no hablen el idioma en que éste se desarrolle tienen derecho a examinar todos los materiales del expedienté y a formular declaraciones y dirigirse al tribunal en su idioma materno, utilizando los servicios de un intérprete de conformidad con lo dispuesto en el Código. Los documentos referentes a la instrucción del caso y al juicio deben facilitarse al imputado traducidos a su idioma materno o algún otro idioma que conozca.

393.El artículo 14 del Código de Procedimiento Penal estipula lo siguiente: “El funcionario encargado de la investigación o instrucción penal y el fiscal deben adoptar todas las medidas previstas por la ley para realizar una investigación completa y objetiva de todas las circunstancias del caso, ya sean inculpatorias, exculpatorias, atenuantes o agravantes”.

394.El tribunal debe examinar todos los aspectos de las pruebas presentadas por las partes.

395.Los funcionarios encargados de la investigación o la instrucción penal y el fiscal no podrán obligar al sospechoso o imputado a facilitar pruebas.

396.No se podrá obligar al sospechoso o imputado a hacer declaraciones mediante el recurso a violencia, amenazas u otras medidas ilegales.

397.El artículo 25 de la Constitución garantiza la libertad y la seguridad personales.

398.En los procedimientos penales debe respetarse la libertad de la persona. El imputado debe recibir un trato acorde con su dignidad humana.

399.En el artículo 10 del Código Penal se establece la responsabilidad penal de las personas que tuvieran 16 años cumplidos en el momento de la comisión del delito.

400.Las personas de edad comprendida entre 14 y 16 años sólo están sujetas a responsabilidad penal por los siguientes delitos: asesinato, lesiones corporales o daños que ocasionen deterioro de la salud, violación, hurto, robo con violencia o allanamiento, apropiación indebida a gran escala, vandalismo grave, destrucción y deterioro deliberados de propiedades, apropiación indebida de estupefacientes, armas de fuego, municiones o explosivos, y actos deliberados tendentes a causar el descarrilamiento de un tren.

401.En el párrafo 2 del artículo 3 se estipula que en el caso de los delitos cometidos por personas menores de 16 años la pena máxima es de 10 años de prisión. Para delitos cometidos por personas de edad comprendida entre 16 y 18 años, la pena máxima es de 15 años de prisión.

402.En virtud del artículo 60 del Código Penal, si el tribunal estima que un delincuente menor de 18 años que haya cometido un delito de menor gravedad puede ser corregido sin imponerle una sanción penal, puede optar por aplicarle determinadas medidas de carácter educativo (obligarle a pedir perdón en público o de otra manera establecida por el tribunal a la persona perjudicada, dirigirle una amonestación, una amonestación grave o una advertencia, obligarlo a reparar el daño causado, si ha cumplido 15 años, dispone de ingresos propios y el daño no excede de un salario mínimo, confiarlo a la supervisión estricta de un colectivo de trabajo o de una organización pública, con su consentimiento o el de determinados ciudadanos de su designación, o internarlo en una institución educativa o de tratamiento y capacitación).

403.En virtud de los artículos 5 y 6 del Código de Procedimiento Penal, el tribunal puede suspender el juicio de un menor de 18 años que haya cometido un delito que no presente peligrosidad social grave y

remitir el expediente a la Comisión de Menores, si estima que, atendiendo a las circunstancias del caso y a la información disponible sobre la personalidad del delincuente, es posible corregirlo sin imponerle una sanción penal.

404.Antes de remitir el expediente a la Comisión de Menores, debe informarse de la suspensión del juicio al imputado y a la persona perjudicada y a sus respectivos representantes jurídicos, que tienen un plazo de siete días para recurrir contra esa decisión ante una instancia superior.

405.El artículo 25 de la Constitución proclama inviolables la libertad y la seguridad de la persona (párrafo 1).

406.Nadie podrá ser registrado, detenido ni encarcelado sino de conformidad con la ley (párrafo 2).

407.Nadie podrá permanecer detenido sin cargos durante más de 24 horas (párrafo 3).

408.Una persona sólo puede ser detenida en virtud de una orden expedida por un magistrado por un período máximo de 30 días. El plazo máximo de detención puede prorrogarse hasta seis meses y, en casos excepcionales, si se aprueba por decisión del Parlamento, a 12 meses (párrafo 4).

409.Toda persona detenida será informada sin demora de los motivos de su detención y de los cargos que se le imputan, en presencia de un abogado elegido por el acusado o nombrado de oficio (párrafo 5).

410.Si los motivos de la detención han dejado de existir, se deberá poner en libertad de inmediato al detenido (párrafo 6).

411.Según el párrafo 3 del artículo 73 del Código de Procedimiento Penal, las medidas preventivas aplicables a un menor pueden incluir las siguientes: una garantía personal o la garantía de una organización pública o la supervisión del menor en nombre de los padres, el tutor o el cuasi tutor: por lo que respecta a los menores recluidos en instituciones educativas de tipo cerrado, la dirección de esas instituciones puede hacerse cargo de su supervisión. La prisión preventiva sólo puede aplicarse a un menor en casos excepcionales, en función de la gravedad del delito cometido.

412.En el caso de los acusados que eran menores de 16 años en el momento de cometer el delito, la duración de la detención sólo podrá ser de cuatro meses como máximo y en el caso de los acusados menores de 18 años en el momento de cometer el delito, el período máximo de detención será de seis meses (párrafo 3 del artículo 79).

413.Los menores encausados o acusados deben disponer de asistencia letrada (artículo 44 del Código Penal).

414.La presunción de inocencia, como principio en que se basa todo el procedimiento penal, hace del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales una cuestión muy importante, de manera que las limitaciones de esos derechos que impone la legislación penal no son abusivas ni excesivas.

415.Se requerirá la presencia de un profesor que ayude en el interrogatorio de testigos menores de 14 años y, cuando el tribunal lo considere oportuno, en el interrogatorio de testigos de 14 a 16 años. Cuando sea necesario, se requerirá la presencia de los padres, los padres adoptivos, los tutores o los cuasi tutores de los menores. Después del interrogatorio, los testigos mayores de 16 años abandonarán la sala, salvo en los casos en los que el tribunal considere necesaria su presencia (artículos 170 y 173 del Código de Procedimiento Civil y artículos 132 y 139 del Código de Procedimiento Penal).

416.Las repercusiones negativas de los factores económicos han dado lugar a un deterioro notable del nivel de vida y a un aumento de la pobreza que se ha convertido en un fenómeno de masas. La mala situación familiar empuja a los hijos de familias pobres a abandonar su hogar y vivir en las calles bajo la influencia de delincuentes. La falta de recursos financieros lleva a algunos padres a dedicar a sus hijos a actividades antisociales, como la prostitución, el robo o la mendicidad.

417.Si se hace una clasificación de la población menor de 18 años por grupo de edad y sexo, cabe señalar que el 19% tiene de cero a cuatro años y el 81% de 5 a 18. El 49% son niñas y el 51% niños, y el 63% vive en el campo y el 37% en la ciudad. Más de una tercera parte de los menores procede de familias pobres y constituye el denominado “grupo de riesgo”. Su situación depende de la posición de sus padres, que, dada la crisis económica prolongada, empeora continuamente.

418.El mayor porcentaje de delitos es el correspondiente a los delitos contra la propiedad (77%). El número de casos de lesiones graves y daños para la salud ha aumentado en un 88% y los de chantaje se han triplicado.

419.En 1990 fueron juzgados con arreglo al Código Penal 1.595 menores, de los que ocho lo fueron por homicidio voluntario y 1.241 por apropiación indebida; en 1998 fueron juzgados 1.582 menores, de los que seis lo fueron por homicidio voluntario y 1.348 por apropiación indebida. En 1999 fueron juzgados con arreglo al Código Penal 1.531 menores, de los que cinco lo fueron por homicidio voluntario, 12 por lesiones, 17 por violación, 57 por vandalismo, 64 por consumo de drogas y 1.291 por robo.

420.El sistema de sanciones que se aplican a los menores incluye dos formas de restringir su libertad, a saber:

-medidas educativas, que incluyen la reclusión del menor en un centro correccional;

-penas de prisión.

421.Sólo se puede recluir en centros correccionales a los menores de 18 años. Esa reclusión puede prolongarse por un período máximo de dos años si se considera necesario para la eficacia del tratamiento correccional. En la República de Moldova existen dos centros correccionales.

422.En virtud del capítulo 14 del Código de aplicación de las sanciones penales, se puede aplicar a los menores una pena de prisión. Con arreglo al artículo 116 de ese Código, los menores condenados a penas de prisión cumplen su sentencia en colonias correccionales.

423.En el artículo 116 del mismo Código se prevé la organización del proceso de instrucción y educación. Para educar al preso y prepararlo para que desarrolle un trabajo independiente en la sociedad se organiza un proceso de formación y educación en las colonias correccionales destinado a educar al menor en el respeto de la ley y a hacerle tomar conciencia de la importancia del trabajo y el estudio, a inculcarle unos valores éticos y a mejorar su nivel cultural general y su formación profesional. Las actividades educativas dependen de las particularidades individuales de cada preso, de su personalidad y de su nivel de instrucción o experiencia vital.

424.En la medida de lo posible, en las colonias correccionales se trata de que los presos que no han concluido la enseñanza secundaria acaben sus estudios. La formación general y profesional se basa en la enseñanza secundaria y se imparte en el marco de seminarios, a razón de un máximo de 10 horas por preso. La dotación técnica y material del proceso de actividades de educación, formación y producción depende de los departamentos del Ministerio de Justicia. Los órganos dependientes del Ministerio de

Educación y Ciencia se encargan de los aspectos metodológicos y de control del proceso de educación y formación.

425.Los presos que hayan cumplido los 18 años y cuya conducta no haya mejorado pueden ser trasladados de las colonias correccionales a un penal de régimen común para que sigan cumpliendo su sentencia. Los presos que han cumplido los 20 años son trasladados de las colonias correccionales a un penal o a otro tipo de centro penitenciario para que acaben de cumplir su condena, en función del peligro social del delito cometido y de su conducta. El tribunal decide el traslado del recluso de la colonia correccional al centro penitenciario sobre la base de la solicitud presentada por el director del centro en cuestión.

426.Los reclusos de las colonias correccionales que den muestras de estarse rehabilitando pueden ser transferidos, tres meses antes de que concluya su condena, del régimen común de reclusión a un régimen que les prepare para reintegrarse a la vida en sociedad. En ese caso, viven en la región en la que se desarrolla su rehabilitación social, pero fuera de la colonia y sólo bajo vigilancia. En virtud de la ley se puede proponer la libertad condicional antes de que concluya su condena o la conmutación de la parte no cumplida de la condena para los reclusos a los que se aplica el régimen de reincorporación a la sociedad,

427.Si se concede la libertad condicional se reduce la pena de prisión. Si ha transcurrido al menos un año desde el ingreso del menor en el centro correccional y su conducta ha mejorado considerablemente, se le puede conceder la libertad antes de alcanzar la mayoría de edad. Al cumplir los 18 años se puede conceder la libertad condicional a los menores que cumplan penas de prisión si ya han cumplido parte de la sentencia y su conducta ha experimentado una mejoría notable. Se puede conceder la libertad condicional a los reclusos mayores de 18 años aplicándoles el mismo régimen que a los adultos.

428.La República de Moldova dispone de una colonia de reeducación por el trabajo para niños en Lipcani. Según datos del Departamento de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Justicia, el número de menores recluidos en la colonia era el siguiente:

1º de enero de 1993 –253; 1º de enero de 1994 – 269; 1º de enero de 1995 – 231;

1º de enero de 1996 – 226; 1º de enero de 1997 – 183; 1º de enero de 1998 – 151;

1º de enero de 1999 – 148; 1º de enero de 2000 – 65; y 1º de junio de 2000 – 76

(de los que 23 habían alcanzado la mayoría de edad).

429.En 1999, en virtud de un Decreto del Presidente de la República, se concedió una amnistía a un número considerable de menores. Antes del 1º de junio de 2000 los menores reclusos se clasificaban de la siguiente forma:

a)según el delito cometido:

-homicidio – 16

-lesiones leves – 1;

-violación – 14;

-robo – 17;

-robo con allanamiento de morada – 19;

- robo a gran escala – 4;

-consumo y tenencia de drogas – 1;

-otros delitos – 4;

b)según la duración de la condena:

-3 años – 16 menores;

-5 años – 15 menores;

-10 años – 43 menores;

-15 años – 2 menores;

c)según el nivel de educación:

-1 – no había recibido ninguna educación;

-16 – no habían concluido la enseñanza secundaria;

-59 – habían concluido la enseñanza secundaria;

d)según sus antecedentes penales:

-17 – con antecedentes penales;

-59 – sin antecedentes penales.

430.La colonia dispone de una escuela de enseñanza general para que los reclusos puedan concluir la enseñanza secundaria y una escuela de formación profesional. Los menores disponen también de instalaciones deportivas, un cine, una sala de conciertos y una biblioteca.

431.La dirección de la colonia organiza competiciones colectivas, conciertos, reuniones con misioneros de las distintas religiones y reuniones anuales con los padres. Los padres pueden visitar a sus hijos siempre que lo deseen.

432.Las condiciones de reclusión de los menores en la colonia son mucho mejores que las de los centros penitenciarios para adultos. Los menores reciben tres comidas al día. En virtud de la Decisión del Gobierno Nº 246, de 13 de mayo de 1993, se establecieron las normas sobre alimentación de los reclusos menores de edad. Los menores pueden recibir paquetes del exterior. La institución suministra a los menores ropa aunque también les permite utilizar las prendas de vestir que les proporcionen sus parientes. La dirección de la colonia distribuye entre los menores reclusos la ayuda humanitaria que le proporcionan las organizaciones benéficas nacionales e internacionales.

433.La colonia dispone de tierras de cultivo en las que los menores en condiciones de trabajar cultivan sus propios productos alimentarios.

434.Las reclusas menores permanecen en una sección especial del centro penitenciario para mujeres de la localidad de Rusca, sujetas al régimen común. El número de reclusas menores es el siguiente:

1º de enero de 1993 –9; 1º de enero de 1994 – 14; 1º de enero de 1995 – 9; 1º de enero de 1996 – 12; 1º de enero de 1997 – 5; 1º de enero de 1998 – 8; 1º de enero de 1999 – 5; 1º de enero de 2000 – 5; y 1º de junio de 2000 – 5.

435.Las reclusas realizan algunos trabajos (especialmente confección textil) y gozan del mismo régimen de acceso a la ayuda humanitaria y reuniones con sus padres, pero no tienen la posibilidad de acabar la enseñanza secundaria.

436.El artículo 53 de la Constitución de la República de Moldova estipula lo siguiente:

1.Toda persona cuyos derechos hayan sido vulnerados de algún modo por una autoridad pública a través de una decisión administrativa o por no responder en los plazos prescritos a una solicitud, tiene derecho a que se le reconozcan esos derechos, se anule la decisión y se le pague una indemnización.

2.El Estado es pecuniariamente responsable, conforme a lo previsto por la ley, por cualquier perjuicio o daño ocasionado en un juicio como consecuencia de un error de la policía o de la judicatura.

437.En virtud del artículo 478 del Código Civil, los perjuicios ocasionados a personas físicas y jurídicas como resultado de actuaciones ilegales de los órganos encargados de la investigación e instrucción, la Fiscalía o los tribunales, serán indemnizados por el Estado, con arreglo a lo previsto por la ley, cualquiera que sea el grado de culpabilidad de los funcionarios responsables.

438.De conformidad con el artículo 51-1 del Código de Procedimiento Penal, cuando un juicio se suspende por determinarse que no se ha cometido delito, porque el acto cometido no tiene los elementos constitutivos de delito, o porque se emite un fallo absolutorio, los órganos encargados de la instrucción e investigación y los tribunales tienen la obligación de explicar al ciudadano el procedimiento para recuperar los derechos que le han sido conculcados, y de tomar las siguientes medidas, previstas por la ley: el pago de una indemnización por daños y perjuicios ocasionados al ciudadano por haberse emitido un fallo ilegal en su contra, habérsele juzgado ilegalmente con arreglo al derecho penal, o por haberle mantenido en prisión preventiva de manera ilegal.

439.La legislación de la República de Moldova establece las condiciones y el método de pago de las indemnizaciones por daños y perjuicios.

440.Por consiguiente, de acuerdo con la Ley sobre el método de pago de las indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por actuaciones ilegales de los órganos encargados de la investigación e instrucción, el ministerio fiscal y los tribunales, Nº 1545-XIII, de 25 de febrero de 1998, se pagará una indemnización por daños morales y materiales ocasionados a personas físicas o jurídicas como consecuencia de:

a)detención o prisión preventiva ilegal, juicio ilegal, imposición ilegal de una sentencia;

b)registro o confiscación ilegales de propiedad inmobiliaria, despido ilegal del cargo o puesto de trabajo u otras medidas que restringen los derechos de las personas, durante la investigación o el enjuiciamiento penal;

c)imposición ilegal de detención administrativa o trabajo correccional, confiscación ilegal de propiedades, aplicación ilegal de multas

d)adopción de medidas operativas de investigación que infrinjan disposiciones jurídicas vigentes;

e)incautación ilegal de documentos contables u otros documentos, dinero o timbres, y congelación ilegal de cuentas bancarias.

441.El Estado abonará la totalidad de la indemnización por los daños ocasionados, cualquiera que sea el grado de culpabilidad de los funcionarios que han llevado a cabo la actuación en el marco de los órganos encargados de la investigación y la instrucción, el ministerio fiscal o los tribunales.

442.El derecho a una indemnización por daños y perjuicios, en la cantidad y con arreglo al método establecido por la ley mencionada, se produce en caso de:

a)sentencia absolutoria;

b)suspensión del juicio porque los actos cometidos no son constitutivos de delito o no se dispone de pruebas que demuestren la participación del acusado en la comisión del delito;

c)la emisión por el tribunal de un fallo por el que se levanta la detención administrativa como resultado de la rehabilitación de la persona;

d)la aprobación por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o por la Comisión Ministerial del Consejo de Europa de la resolución relativa al pago de indemnizaciones por daños y perjuicios o la firma de un acuerdo de conciliación entre el afectado y el representante del Gobierno de Moldova ante la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El acuerdo mencionado será aprobado por el Gobierno de la República de Moldova;

e)la realización de actividades de investigación de manera que haya supuesto una violación de las disposiciones de la ley, antes de la instrucción de un caso penal, si durante los seis meses posteriores al momento en que se realizaron esas actividades no se tomó, o se anuló, la decisión de abrir el caso (artículo 4).

443.Cuando un caso se da por cerrado en la etapa de la investigación o la instrucción, o sobre la base de una sentencia absolutoria o de un fallo del tribunal, se hace entrega a las personas físicas (y, en caso de fallecimiento, a sus herederos) o jurídicas afectadas de una notificación de formato normalizado en la que se establece el derecho y el método de pago de la indemnización por daños y perjuicios.

444.Cuando la información sobre el hecho de que una persona ha sido sentenciada o juzgada con arreglo al Código Penal, o de que le ha sido impuesta prisión preventiva, se hace pública a través de los medios de comunicación de masas, a petición de las autoridades encargadas de la investigación y la instrucción, el ministerio fiscal o el tribunal, los medios que hayan publicado esa información notificarán a la opinión pública, con cargo a sus propios recursos financieros y en un plazo de un mes a partir del recibo de la solicitud, la decisión de rehabilitar la persona en cuestión (artículo 7).

445.El pago de la indemnización por daños y perjuicios se hace con cargo al presupuesto del Estado y al presupuesto del Fondo Social a través de su órgano territorial en la jurisdicción en la que reside el afectado, y si los daños y perjuicios han sido ocasionados por un órgano encargado de la instrucción del caso financiado con cargo al presupuesto local, el pago se efectúa con cargo a ese presupuesto (artículo 10).

446.Toda persona destituida de su cargo como resultado de una sentencia ilegal o suspendida de empleo y sueldo por haber sido juzgada ilegalmente con arreglo al Código Penal, recupera el cargo que ocupaba anteriormente y, en caso de que no sea posible (cierre de la empresa, la institución o la organización o recortes de personal), se le ofrece un puesto de trabajo o cargo equivalente al que ocupaba anteriormente. El puesto de trabajo o cargo se ofrecerá dentro del plazo máximo de un mes a partir del día en que se presenta la solicitud, si ésta se ha presentado dentro de un plazo de tres meses a partir del día en que la

persona ha recibido la notificación de que la sentencia absolutoria es definitiva o de que el caso se ha declarado oficialmente cerrado (artículo 11).

447.Se incluye en el tiempo total de experiencia laboral o se computa como experiencia laboral en un campo determinado el período de tiempo durante el cual la persona ha estado detenida ilegalmente, o ha estado cumpliendo sentencia o el período durante el que la persona no ha podido trabajar por haber sido suspendida ilegalmente de empleo y sueldo (artículo 12).

448.Cuando una persona pierde los derechos sobre su vivienda como consecuencia de una sentencia ilegal, la administración local le devolverá la vivienda de la que fue privada y, si ello no es posible, le ofrecerá una vivienda equivalente en la misma localidad, sin que tenga que esperar turno inscribiéndose en la lista de asignación de vivienda (artículo 14).

449.Después de pagar la indemnización por daños y perjuicios ocasionados por actuaciones ilícitas de los órganos encargados de la investigación y la instrucción, el ministerio fiscal o los tribunales, el Estado y las autoridades públicas locales remitirán a los culpables la solicitud de pago de la indemnización en cuestión:

a)en su totalidad – cuando emita una sentencia definitiva sobre la culpabilidad de los funcionarios autores de los hechos;

b)en parte – en las condiciones establecidas por ley (artículo 17).

Artículo 15

450.Según el artículo 22 de la Constitución de la República de Moldova, no podrá condenarse a nadie por acciones u omisiones que no constituyeran delito en el momento de cometerse. Tampoco se podrán aplicar castigos más severos que los aplicables en el momento que se cometió el delito.

451.El artículo 6 del Código Penal estipula que el carácter delictivo de la acción y el castigo aplicable por ella se establecen con arreglo a la legislación vigente en el momento en que se cometió el delito.

452.La ley que suprime el castigo por un delito o lo hace más leve tiene efecto retroactivo, y se aplica también a los delitos cometidos antes de su entrada en vigor.

453.La ley que suprime o hace más severo el castigo por un delito no tiene efecto retroactivo.

Artículo 16

454.La Constitución de la República de Moldova consagra el derecho de toda persona a conocer sus derechos y obligaciones. En virtud del artículo 23 de la Constitución:

1.Toda persona tiene derecho a que se reconozca su condición jurídica.

2.El estado garantiza a toda persona el derecho a conocer sus derechos y obligaciones. Para tal fin, el Estado hará públicos todas sus leyes y reglamentos y los pondrá a disposición de todos los ciudadanos.

455.Según el Código Civil, los derechos y las obligaciones civiles dimanan de la legislación de la República de Moldova y de los actos de los ciudadanos y de las organizaciones que, aunque no estén

previstos en la ley, generan derechos y obligaciones civiles con arreglo a los principios generales y a la legislación civil (artículo 4)

456.La defensa de los derechos civiles se lleva a cabo con arreglo a las normas establecidas por el tribunal o los árbitros designados competentes, a través del reconocimiento de esos derechos, mediante el restablecimiento de la situación existente antes de que el derecho fuera conculcado y mediante la eliminación de los actos que entrañan la violación del derecho en cuestión; mediante la imposición del cumplimiento de su obligación en especie a la persona en cuestión; mediante la supresión o la modificación de la relación jurídica; mediante la imposición del pago de daños y perjuicios a la persona que ha violado el derecho y en los casos previstos por la ley o el acuerdo – cláusula penal u otro medio establecido por ley.

457.En casos específicos previstos por la ley, la protección de los derechos civiles se aplica mediante procedimientos administrativos (artículo 6).

458.La capacidad de ejercer derechos y asumir obligaciones civiles se reconoce por ley a todos los ciudadanos de la República de Moldova.

459.La capacidad de tener derechos y obligaciones civiles se inicia en el momento del nacimiento y concluye con el de la muerte (artículo 9).

460.De acuerdo con la legislación, los ciudadanos pueden ser propietarios de bienes, tener derecho a utilizar su vivienda y otros bienes, heredar y legar bienes, elegir su profesión y lugar de residencia, tener derechos de propiedad intelectual sobre sus obras científicas literarias o artísticas y sobre sus descubrimientos, propuestas de racionalización, prototipos industriales y demás propiedades y derechos personales (artículo 10).

461.La plena capacidad de los ciudadanos para ejercer sus derechos civiles y asumir sus obligaciones se adquiere a la edad de 18 años.

462.Cuando la ley permite a una persona contraer matrimonio antes de haber cumplido los 18 años, la persona en cuestión adquiere plena capacidad para ejercer sus derechos y asumir sus obligaciones a partir del momento en que se celebra el matrimonio (artículo 11).

463.Ninguna persona verá limitada su capacidad de ejercer sus derechos o asumir sus obligaciones salvo en los casos previstos por la ley y de acuerdo con sus disposiciones.

464.Serán nulos y sin valor los acuerdos cuya finalidad sea la de limitar la capacidad de ejercer derechos o asumir obligaciones (artículo 12).

465.Los menores de edades comprendidas entre los 15 y los 18 años que permanecen bajo la tutela de sus padres, padres adoptivos o tutores podrán concertar acuerdos con el consentimiento de éstos.

466.Al mismo tiempo, tendrán derecho a disponer de su salario, beca, u otros ingresos, a ejercer los derechos que les correspondan como autores e inventores de sus obras, invenciones, propuestas de racionalización, prototipos industriales y descubrimientos, y a concertar acuerdos de menor cuantía para satisfacer sus necesidades.

467.Cuando existen motivos suficientes, las autoridades de tutela podrán, por propia iniciativa o a petición de los padres, padres adoptivos o tutores, las organizaciones públicas u otras personas interesadas,

limitar el derecho de los menores de edades comprendidas entre los 15 y los 18 años a disponer de su salario, beca u otros ingresos o privarlos de ese derecho (artículo 13).

468.Los padres, padres adoptivos o tutores se encargarán de concertar acuerdos en nombre de los menores de 15 años.

469.Los menores de 15 años no emancipados tendrán derecho a concertar acuerdos de menor cuantía para satisfacer sus necesidades (artículo 14).

470.Los tribunales podrán limitar la capacidad de ejercer sus derechos o asumir sus obligaciones de las personas que, como consecuencia del consumo de alcohol o de drogas, pongan a su familia en una situación material difícil, y se nombrará a un tutor que supervise su conducta.

471.Esas personas sólo podrán concertar acuerdos que les permitan disponer de bienes o cobrar un salario, una pensión o recibir otro tipo de ingresos y disponer de ellos con autorización del tutor, salvo acuerdos de menor cuantía destinados a satisfacer sus necesidades básicas (artículo 15).

472.Los ciudadanos que no estén en condiciones de actuar por cuenta propia o de entender el significado de sus actos como resultado de una enfermedad o discapacidad mental podrán ser declarados incapaces por un tribunal. En ese caso, se nombra a un tutor.

473.Ese tutor se encargará de concertar acuerdos y contratos en nombre del enfermo mental o deficiente mental que haya sido declarado incapaz por el tribunal.

474.Si el ciudadano declarado incapaz se recupera o mejora considerablemente, el tribunal volverá a declararlo capaz y revocará la tutela.

Artículo 17

475.De conformidad con el artículo 28 de la Constitución de la República de Moldova, “el Estado respetará y protegerá la intimidad y la vida familiar”.

476.“La familia es elemento natural y fundamental de la sociedad y, como tal, el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerla. La familia se basa en el matrimonio libremente consentido de los cónyuges ...” (párrafos 1 y 2 del artículo 48 de la Constitución).

477.“Mediante medidas económicas y de otra índole el Estado apoyará la formación y el desarrollo de familias, y el cumplimiento de sus obligaciones” (párrafo 1 del artículo 49 de la Constitución).

478.En la República de Moldova “la familia está protegida por el Estado”, que toma todas las medidas necesarias para su desarrollo multilateral (artículo 5 del Código del matrimonio y la familia). Según las disposiciones constitucionales (artículo 29), “el domicilio es inviolable”. Nadie puede entrar o permanecer en un domicilio privado sin autorización de su propietario. Sólo se pueden emitir y obtener órdenes para llevar a cabo registros e interrogatorios en un domicilio de conformidad con lo dispuesto en la ley. Los registros nocturnos están prohibidos, salvo en los casos en los que se tiene constancia de que se ha producido algún delito.

479.La ley permite la derogación de las disposiciones mencionadas en las siguientes circunstancias, que se prevén explícitamente en la Constitución: para ejecutar una orden de detención o la decisión de un tribunal; para hacer frente a un peligro inminente que amenace la vida, la integridad física o la propiedad

de una persona; y para impedir la propagación de una enfermedad epidémica (apartados a), b) y c) del artículo 29).

480.Las condiciones y los métodos para realizar registros se establecen en el Código de Procedimiento Penal (artículos 148 y 149).

481.El Estado garantizará la inviolabilidad de las cartas, los telegramas, otros envíos postales, las conversaciones telefónicas y otros medios de comunicación (artículo 30 de la Constitución).

482.La República de Moldova es un Estado democrático de derecho en el que la dignidad de la persona representa un valor supremo que debe ser garantizado, y el Estado tiene la obligación fundamental de respetar y proteger a la persona (párrafo 3 del artículo 1 y párrafo 1 del artículo 16 de la Constitución).

483.“La libertad de expresión no redundará en perjuicio del honor, la dignidad o los derechos de otras personas a tener o manifestar sus propias opiniones o juicios” (párrafo 2 del artículo 32 de la Constitución).

484.Todos los niños tienen derecho a que “se proteja su honor y su dignidad”. Las violaciones del honor y la dignidad de los niños están castigadas por la ley (artículo 17 de la Ley de los derechos del niño).

485.“Los ciudadanos tienen derecho a recibir protección eficaz de los tribunales competentes contra toda acción que viole sus derechos, libertades e intereses legítimos” (artículo 20 de la Constitución).

486.“Los extranjeros y los apátridas son iguales ante la ley y las autoridades públicas, sin discriminación por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opiniones, afiliación política, patrimonio personal u origen social” (párrafo 3 del artículo 5 de la Ley sobre la condición jurídica de los extranjeros y los apátridas en la República de Moldova).

487.Según el Código Penal, la realización ilegal de registros, evacuaciones u otras acciones que infrinjan la inviolabilidad de la residencia de un ciudadano entrañan responsabilidad penal (artículo 136).

488.También entrañan responsabilidad penal la apertura ilegal de correspondencia dirigida a otras personas, la interceptación ilegal de una conversación o comunicación a través del teléfono o de otro medio de transmisión a distancia, la apropiación indebida, la destrucción o la obstrucción de la correspondencia, y la divulgación del contenido de una conversación o comunicación interceptada ilegalmente. Por “correspondencia” se entiende todo mensaje transmitido por correo, telégrafo, teléfono o cualquier otro medio legal de transmisión a distancia (artículo 135 del Código Penal).

489.Según el artículo 7 del Código Civil, toda persona tiene derecho a solicitar a través de un tribunal la denegación de información que perjudique a su honor o dignidad. Cuando el honor y la dignidad de una persona han sufrido daños como consecuencia de la divulgación de información falsa, esa persona tiene derecho a solicitar a través del tribunal una indemnización por el perjuicio moral ocasionado (artículo 7/1 del Código Civil).

Artículo 18

490. Esas libertades se mencionan en la Constitución de la República de Moldova. El Estado reconoce y garantiza a todos sus ciudadanos el derecho a preservar, desarrollar y manifestar su identidad religiosa

(párrafo 2 del artículo 10). Todos los ciudadanos de la República de Moldova son iguales ante la ley y las autoridades públicas sin discriminación por lo que respeta a la religión (párrafo 2 del artículo 16). Los extranjeros y los apátridas gozan de los mismos derechos que los ciudadanos de la República de Moldova (párrafo 1 del artículo 19). Esos derechos se estipulan también en el artículo 14 de la Ley sobre la condición jurídica de los extranjeros y los apátridas en la República de Moldova: “Se garantizará a los extranjeros y apátridas residentes en la República de Moldova libertad de conciencia, opinión y expresión, de conformidad con la legislación vigente”.

491. El artículo 31 de la Constitución se consagra por completo al derecho de los ciudadanos a la libertad de conciencia. El Estado garantiza explícitamente la posibilidad de que toda persona exprese en público sus opiniones sobre el mundo, especificando que “las manifestaciones de la libertad de conciencia deben realizarse desde un espíritu de tolerancia y respeto mutuo”. Está prohibido que los cultos religiosos “manifiesten sentimientos de odio o enemistad o inciten a ellos”. Los cultos religiosos gozan de autonomía con respecto al Estado y cuentan con el apoyo de éste, “incluido el necesario para ofrecer servicios religiosos en el ejército, los hospitales, las prisiones, las residencias de ancianos y los orfelinatos”.

492. Según la Constitución, el Estado garantiza por ley la libertad de educación religiosa (párrafo 8 del artículo 35), y que el derecho prioritario de elegir un entorno educativo adecuado para sus hijos corresponde a los padres (párrafo 9 del artículo35).

493. De conformidad con la Ley de educación, los padres o tutores gozan de libertad para elegir para sus hijos instituciones educativas, incluidas instituciones religiosas, que correspondan a sus convicciones (artículo 60). El objetivo de la educación es el desarrollo de los niños en el respeto de los derechos humanos y las libertades, cualquiera que sea su origen étnico o social y su actitud con respecto a la religión (apartado b) del artículo 5).

494. No se puede violar en modo alguno el derecho de los niños a la libertad de pensamiento, opinión y confesión (artículo 8 de la Ley de los derechos del niño).

495. La Ley de cultos de la República de Moldova aborda también la cuestión de la libertad de conciencia y religión. Según dicha Ley, “el Estado garantizará la libertad de conciencia y religión en todo el territorio de la República de Moldova”. De conformidad con el artículo 18 del Pacto, la Ley estipula que toda persona tiene derecho a profesar libremente de cualquier forma su religión, a título individual o en asociaciones, a difundir su fe y a practicar su religión en público y en privado. En virtud de los artículos 7 y 9 de la Ley de cultos, el Estado garantiza la libertad de los cultos de organizarse y funcionar y el “reconocimiento por el Estado de las fiestas religiosas destinadas al descanso y la edificación espiritual”. Los cultos se organizan con arreglo a sus propias normas, según sus enseñanzas, cánones y tradiciones, y, al propio tiempo, tienen derecho a crear asociaciones y fundaciones (artículo 10).

496. Según el artículo 32 de la Ley de cultos, éstos son autónomos e independientes del Estado, pero, al propio tiempo, el Estado apoya sus actividades.

497. Las actividades y ceremonias religiosas se desarrollan libremente, y los poderes públicos deben tomar las medidas necesarias para facilitar servicios religiosos en el ejército y la policía, las prisiones, los hospitales, las instituciones sociales y otras instituciones públicas (artículo 33).

498. Los cultos reconocidos por el Estado tienen derecho a fabricar y vender objetos de culto, a establecer medios de comunicación, a publicar y comercializar libros de culto, de contenido teológico y

clerical, necesarios para la práctica del culto, y a organizar en el territorio nacional o en el extranjero exposiciones de objetos de culto, incluidas exposiciones para la venta (artículo 35).

499. Según la Ley de cultos, éstos gozan de libertad para “organizar la educación destinada a preparar a su personal” (artículo 40), y los seminaristas y estudiantes de los departamentos de teología “gozan de todos los derechos y servicios que se otorgan a los estudiantes matriculados en la enseñanza pública” (artículo 41).

500. La Ley de cultos establece también que “no se perseguirá a nadie por su fe o falta de ésta”. La fe o la falta de ésta, y la práctica de un culto reconocido por el Estado, “no podrá impedir a nadie ejercer sus derechos civiles y políticos, ni eximir a nadie de las obligaciones que le impone la legislación” (artículo 2).

501. Con arreglo a la Ley de cultos (artículo 1/1) en la República de Moldova está prohibido el proselitismo abusivo, que se califica de “... un intento de influir en la conciencia religiosa de una persona mediante la violencia y el abuso de poder”. El artículo 3 de esa Ley garantiza la libertad de confesión, es decir, que no se podrá obligar a nadie a practicar o a dejar de practicar un ritual religioso asociado con un culto determinado, ni a aportar contribuciones financieras a un culto determinado.

502. Por ley, el Estado dispone de un servicio alternativo para los ciudadanos que no pueden hacer el servicio militar por motivos confesionales (artículo 5 de la Ley de cultos).

503. La Ley sobre el servicio alternativo establece, de conformidad con la Constitución y con las normas del derecho internacional, el método para sustituir el servicio militar por un servicio alternativo, con el fin de garantizar que el marco para cumplir esa obligación cívica con respecto a la sociedad sea “compatible con el derecho de los ciudadanos a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y credo” (artículo 1). De conformidad con esa Ley, los ciudadanos de la República de Moldova tienen derecho a negarse a realizar el servicio militar por sus creencias religiosas o pacifistas, pero, en ese caso, tienen que prestar un servicio alternativo (artículo 3). Las siguientes categorías de personas no tienen que prestar el servicio alternativo: “... los sacerdotes, los frailes y los estudiantes de instituciones de educación teológica” (artículo 5).

504. Impedir las prácticas religiosas, siempre que éstas no alteren el orden público ni supongan una violación de los derechos de los ciudadanos, entraña responsabilidad penal (artículo 144 del Código Penal). Las personas que violen las leyes y normas relativas a la independencia de la iglesia del Estado y a la independencia de la escuela de la iglesia (artículo 142 del Código Penal) y que, al llevar a cabo ritos religiosos, infrinjan los derechos de las personas y los ciudadanos, también estarán sujetas a responsabilidad penal (artículo 143 del Código Penal).

505. Según el artículo 54 de la Constitución, el ejercicio de algunos derechos o libertades sólo podrá limitarse por ley cuando lo requieran consideraciones relacionadas con la defensa de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral, los derechos y las libertades de los ciudadanos, la investigación de casos penales, la prevención de las consecuencias de un desastre natural o una catástrofe tecnológica. Las limitaciones que se apliquen deberán ser proporcionales a la situación que las ocasiona, y no podrán afectar a la existencia de ese derecho o libertad.

506. La Constitución de la República de Moldova prohíbe, y la ley castiga, la instigación al odio religioso (párrafo 3 del artículo 32).

507. La Ley sobre el régimen jurídico del estado de excepción y formas especiales de gobierno de la República de Moldova no prevé ninguna limitación que suponga una violación de los derechos de los ciudadanos estipulados en el artículo 18 del Pacto.

508. El Gobierno de Moldova denegó la inscripción en el registro a la organización “Mitropolia Basarabiei”. Ésta, ejerciendo su derecho a acceder libremente a la justicia, impugnó esa decisión ante los tribunales, que ratificaron la decisión del Gobierno. Habiendo agotado todas las vías internas para recurrir contra la decisión del Gobierno, el 3 de junio de 1998 Mitropolia se dirigió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, el 10 de noviembre de 1999, envió al Gobierno de Moldova un comunicado en el que solicitaba sus observaciones. En febrero de 2000, el Gobierno de Moldova envió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos sus observaciones sobre los antecedentes jurídicos de la solicitud presentada por “Mitropolia Basarabiei”. El Gobierno sigue a la espera del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Artículo 19

509. La Constitución de la República de Moldova (párrafo 1 del artículo 32) garantiza la libertad de todos los ciudadanos de manifestar en público sus pensamientos, opiniones, creencias religiosas o creaciones espirituales de cualquier tipo, de palabra, por escrito, a través de imagen o sonido o por cualquier otro medio de comunicación pública. El desarrollo integral de la personalidad humana, la justicia y el pluralismo político son valores supremos que la Constitución garantiza (artículo 1).

510. En el párrafo 2 del artículo 23 de la Constitución se estipula que “el Estado garantizará el derecho de los ciudadanos a conocer sus derechos y obligaciones. Para tal fin, el Estado publicará todas sus leyes y reglamentos y los pondrá a disposición del público”.

511. Con el fin de impedir que nadie pueda sufrir por sus opiniones, en el artículo 140 1 del Código Penal se establecen las penas para los funcionarios que persigan a ciudadanos por formular propuestas, peticiones o reclamaciones o por las críticas vertidas en ellas u otras críticas.

512. El Código Penal también contempla sanciones por impedir la propaganda preelectoral (artículo 133), o el ejercicio del derecho al voto (artículo 133 2 ), violar la legislación relativa a la presentación de reclamaciones (artículo 140 2 ), violar el derecho a la libertad de reunión (140 3 ), e impedir la práctica de ceremonias religiosas (artículo 144).

513. Las sanciones por violar el libre ejercicio por los ciudadanos de su derecho a opinar, que se enumeran anteriormente, también figuran en el proyecto de nuevo Código Penal de la República de Moldova, aprobado por el Parlamento en segunda lectura.

514. Todos los ciudadanos tienen el derecho irrestricto de acceder a cualquier información de interés público. Las autoridades públicas garantizarán que los ciudadanos estén correctamente informados tanto de los asuntos públicos como de las cuestiones de interés personal (párrafos 1 y 2 del artículo 34 de la Constitución).

515. El Estado garantiza a todos los ciudadanos el derecho a acceder libremente a información veraz sobre el estado del medio ambiente, las condiciones de vida y de trabajo y la calidad de los productos alimentarios y los electrodomésticos. La ocultación o la falsificación de información sobre factores perjudiciales para la salud humana constituyen delitos punibles por ley (párrafos 2 y 3 del artículo 37 de la Constitución).

516. La creación y los medios de comunicación pública no podrán someterse a censura alguna (párrafo 1 del artículo 33 y párrafo 5 del artículo 34 de la Constitución).

517. Según la Ley sobre la cultura y la Ley relativa a la utilización de los idiomas hablados en la República de Moldova, toda persona tiene derecho a expresar libremente y en el idioma que domine sus creencias y opiniones, que también puede manifestar a través de actividades creativas.

518 La libertad de opinión y de expresión permite a los ciudadanos de la República de Moldova, así como a los extranjeros y los apátridas (párrafo 1 del artículo 19 de la Constitución, artículo 14 de la Ley sobre la condición jurídica del los extranjeros y los apátridas en la República de Moldova) participar en la vida social y cultural manifestando libremente sus pensamientos, opiniones y creencias.

519. Según la Ley de los derechos del niño, los niños tienen derecho a la libertad de pensamiento, opinión y confesión y esos derechos son inviolables. El Estado garantiza a los niños que sean capaces de formular sus propias opiniones el derecho a manifestarlas libremente con respecto a cualquier problema que les afecte. La libertad de pensamiento, opinión y confesión del niño es inviolable. El niño tiene la posibilidad de intervenir en los procedimientos jurídicos administrativos que le afecten, ya sea directamente o a través de un representante o de la autoridad competente, de conformidad con la ley (artículo 8).

520. La Ley Suprema de la República de Moldova también garantiza el derecho de opinión y expresión de manera indirecta a través de los artículos 4 y 8 de la Constitución. En virtud de esos artículos, las disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos y libertades se entenderán y aplicarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, con los pactos y con otros tratados ratificados por la República de Moldova. Cuando los pactos y tratados de derechos humanos en los que es parte la República de Moldova estén en conflicto con su legislación nacional, las normas internacionales tendrán prioridad. La República de Moldova se ha comprometido a respetar la Carta de las Naciones Unidas y los tratados en los que es parte.

521. Cuando las normas constitucionales e internacionales relativas al derecho de opinión e información están limitadas por alguna ley o reglamento nacionales, se podrá recurrir contra ellos ante el Tribunal Constitucional (apartado a) del artículo 135 de la Constitución). Tal fue el caso de la Ley del Parlamento Nº 83-XIV sobre las modificaciones de la Ley sobre el Gobierno, en la que es estipulaba que no todas las decisiones del Gobierno se publicaban en el Monitorul Oficial (Boletín Oficial) de la República de Moldova. Tras examinar la disposición mencionada, el Tribunal Constitucional decidió que la disposición era inconstitucional y devolvió a los ciudadanos sus derechos legítimos.

522. La Ley sobre el acceso a la información, de 11 de mayo de 2000, establece el mecanismo para que toda persona pueda ejercer libremente el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de cualquier tipo o por cualquier medio. Según esa Ley, toda persona tiene derecho a solicitar y obtener información y a estar al corriente de todas las actividades que desarrollen el Gobierno, las instituciones públicas u otras organizaciones, a través de los documentos que obren en su poder, salvo en los casos previstos por la ley. El Gobierno central y las autoridades públicas locales deben crear fuentes de información y garantizar a los ciudadanos y a las entidades jurídicas libre acceso a ellas. Toda negativa a revelar la información solicitada puede recurrirse ante los tribunales.

523. Los derechos estipulados en esta Ley podrán ejercerse sin discriminaciones por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opinión, afiliación política, patrimonio personal u origen social (párrafo 3 del artículo 4).

524. El derecho a la información también está regulado en virtud de la Ley de los abogados parlamentarios, la Ley de prensa; la Ley de materiales audiovisuales, la Ley de secretos de Estado, la Ley de secretos industriales, la Ley relativa a la presentación de reclamaciones y la Ley de estadísticas, entre otras.

525. Según el Programa del Gobierno de la República de Moldova sobre la aplicación de la legislación en la esfera de la protección del derecho a acceder a la información, se han formulado varias propuestas encaminadas a modificar y completar el marco jurídico vigente. Se ha propuesto introducir en el Código Penal un nuevo artículo, el artículo 140 4 , “Violación de la legislación relativa al acceso a la información”. Según ese artículo, podrán incoarse procedimientos penales contra los funcionarios que deliberadamente infrinjan los procedimientos que garantizan el ejercicio del derecho a acceder a la información.

526. También se castigará por vía administrativa a los funcionarios que se nieguen a facilitar información (nuevo artículo 199 7 del Código de faltas administrativas).

527. Se ha añadido un nuevo párrafo 4 al artículo 10 de la Ley sobre secretos de Estado. Según ese párrafo, los funcionarios facultados para clasificar información como secreto de Estado podrán ser castigados por hacerlo sin motivo suficiente.

528. En virtud del nuevo párrafo 1 del artículo 5 de la Ley de secretos industriales, se prohíbe clasificar sin motivo suficiente una información como secreto comercial, y podrá castigarse al responsable de ello (párrafo 4 del artículo 6).

529. En virtud de la nueva Ley de registros, los oficiales encargados del registro están obligados a facilitar toda la información que solicite una persona y que esté disponible, dentro de un plazo de tres días laborables a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

530. Se han añadido a la Ley relativa a la presentación de reclamaciones nuevas disposiciones (párrafo 3 del artículo 8) que establecen las condiciones en las que se deben examinar las solicitudes relativas a información oficial.

531. También se ha previsto modificar otras leyes que regulan el acceso de los ciudadanos a la información (la Ley de la administración pública local, la Ley de notarios públicos y la Ley de estadísticas).

532. Tanto la Constitución como las leyes mencionadas en relación con el párrafo 2 del presente artículo contemplan obligaciones y limitaciones especiales.

533. En virtud de la Constitución, la libertad de expresión no puede atentar contra el honor, la dignidad o los derechos de otras personas a manifestar sus propias opiniones y juicios. La ley prohíbe y persigue todas las acciones encaminadas a difamar al Estado o al pueblo, incitar a la guerra, a la agresión y al odio étnico, racial o religioso, y promover la discriminación, el separatismo territorial y la violencia pública (artículo 32).

534. “El derecho a acceder a la información no redundará en perjuicio de las medidas adoptadas para proteger a los ciudadanos o a la seguridad nacional. El Estado y los medios de comunicación privados están obligados a garantizar que la información que llega a la opinión pública es correcta” (párrafos 3 y 4 del artículo 34 de la Constitución).

535. Según el artículo 54 de la Constitución, sólo podrá restringirse el ejercicio de determinados derechos y libertades de conformidad con la ley y en la medida en que resulte necesario por consideraciones relacionadas con la defensa de la seguridad nacional, la salud, la moral o el orden públicos, la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, la realización de investigaciones penales o la necesidad de prevenir las consecuencias de un desastre natural o tecnológico.

536. En virtud del artículo 10 de la Ley del sistema judicial, en la República de Moldova las audiencias de los tribunales son públicas y los juicios sólo pueden celebrarse a puerta cerrada en los casos estipulados por ley. Asimismo, está prohibida toda injerencia en la administración de justicia. El artículo 13 de la Ley establece responsabilidad administrativa o penal por ejercer presión sobre los jueces mediante reuniones, manifestaciones u otras actividades realizadas a menos de 25 metros del edificio donde se administra justicia.

537. En sus informes, artículos y declaraciones los magistrados no pueden referirse a cuestiones de política interna, a fin de que el ejercicio de su actividad se atenga estrictamente a lo dispuesto en la ley (párrafo 2 del artículo 8 de la Ley sobre el estatuto de los jueces).

538. En virtud del artículo 19 de la Ley sobre la condición jurídica de los extranjeros y los apátridas, éstos no pueden participar como electores ni como candidatos en las elecciones de los órganos legislativos, ejecutivos y otros órganos electivos, participar en el sufragio universal, ni ser miembros de partidos u otras organizaciones sociales y políticas.

539. Según el artículo 16 de la Ley sobre la detención preventiva, las personas detenidas tienen derecho a ser informadas de sus derechos y obligaciones, sobre su régimen de detención y los requisitos disciplinarios, y a recibir cualquier otra información concreta, a enviar y recibir correspondencia y a presentar reclamaciones, pero no pueden presentar reclamaciones, solicitudes ni cartas si el contenido de éstas revela información que pueda impedir esclarecer la verdad en juicios penales. Ese tipo de correspondencia se envía a la persona o al órgano encargado de investigar el caso en ese momento (párrafo 5 del artículo 18).

540. La Ley sobre los derechos del niño prohíbe la participación de niños en actividades políticas y su pertenencia a partidos políticos (párrafo 3 del artículo 13).

541. La Ley de prensa (artículo 6) repite las limitaciones constitucionales respecto de la información y los materiales que difamen al Estado o al pueblo o inciten a la guerra, la agresión o la violencia pública, entre otras cosas.

542. En la Ley del secreto de Estado se definen y limitan claramente los documentos, la información, los datos y las actividades que forman parte de esta categoría y también se regula el acceso a ellos. Según el artículo 2 de esa Ley se considera secreto de Estado toda información protegida por el Estado en el ámbito de sus actividades militares, económicas, técnicas y científicas, o en el de la política exterior, la política en materia de reconocimiento, la contrainformación y la política de investigación operativa, cuya divulgación pueda poner en peligro la seguridad del Estado.

543. En virtud de la Ley de secretos industriales, éstos comprenden la información que no constituye un secreto de Estado en el ámbito de la producción, la tecnología, la administración, la actividad financiera y otras actividades de una entidad económica, cuya revelación puede ocasionar daños para sus intereses.

544. La Ley relativa al régimen jurídico del estado de excepción y formas especiales de gobierno en la República de Moldova establece restricciones más amplias. En virtud de esa Ley, en caso de estado de

excepción, los órganos del Estado y el Gobierno, atendiendo a las circunstancias concretas, “podrán limitar o prohibir el uso de medios de transmisión, receptores de radio y de televisión, aparatos de grabación sonora y de vídeo, podrán confiscar los aparatos de amplificación de sonido o establecer controles sobre los medios de comunicación” (artículo 14).

545. La legislación de la República de Moldova prevé responsabilidad civil, administrativa y penal por infringir las restricciones impuestas por ley en relación con el derecho de opinión, expresión y divulgación de información.

546. El Código de faltas administrativas establece una multa para los ciudadanos y los funcionarios que produzcan, importen, distribuyan y publiquen materiales pornográficos (artículo 171 4 ), y produzcan, importen, distribuyan, o expongan obras que propaguen el culto de la violencia y la crueldad (artículo 171 5 ).

547. Según el artículo 7 del Código Civil toda persona y entidad jurídica tendrá derecho a solicitar de los tribunales la anulación de información que atente contra su honor y dignidad.

548. Si los medios de comunicación hacen pública información sobre el castigo, la detención o el enjuiciamiento penal de personas que posteriormente son rehabilitadas, tienen la obligación de publicar el fallo por el que se las rehabilita (párrafo 2 del artículo 7 de la Ley sobre el método de reparación de los perjuicios ocasionados por actuaciones ilícitas de las autoridades encargadas del enjuiciamiento penal o de la instrucción del caso, de la Fiscalía y de los tribunales). El Código Penal establece varias penas por incitar a derrocar al Gobierno o cambiar el sistema de Estado mediante la violencia o violar la integridad territorial de la República de Moldova mediante la violencia (artículo 67), por incitar a cometer determinados delitos contra la seguridad del Estado (artículo 67 1 ), por hacer propaganda de guerra (artículo 68), por violar la igualdad étnica y racial (artículo 71), y por revelar secretos de Estado (artículo 72).

Artículo 20

549. En el artículo 54 de la Constitución de la República de Moldova se prevé la restricción del ejercicio de algunos derechos y libertades: “Sólo podrá restringirse el ejercicio de determinados derechos y libertades de conformidad con la ley y en la medida en que resulte necesario por consideraciones relacionadas con la defensa de la seguridad nacional, la salud, la moral o el orden públicos, la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, la realización de investigaciones penales o la necesidad de prevenir las consecuencias de un desastre natural o tecnológico. Las restricciones impuestas deberán guardar proporción con la situación que las fundamente, y no podrán afectar a la existencia misma de ese derecho o libertad”

550.Por consiguiente, el párrafo 2 del artículo 32 de la Constitución estipula que la libertad de expresión no puede redundar en perjuicio del honor, la dignidad o los derechos de los demás a manifestar sus propias opiniones o juicios. Según el párrafo 3 del artículo 32, la ley prohíbe y persigue todas las acciones que tengan por objetivo difamar al Estado o al pueblo. Asimismo, se prohíben y persiguen las incitaciones a la sedición, la guerra, la agresión, el odio étnico, racial o religioso, la discriminación, el separatismo territorial y la violencia pública, y cualquier otra acción que suponga una amenaza para el orden constitucional.

551.Como se estipula en el artículo 68 del Código Penal, la propaganda de guerra de cualquier tipo se castigará con una pena de cárcel de tres a ocho años.

552.Los llamamientos públicos a traicionar a la patria o a cometer actos de terrorismo o de sabotaje se consideran delitos punibles con penas de cárcel de hasta tres años o con multas de hasta 50 salarios mínimos (artículo 67/1 del Código Penal).

553.Las acciones deliberadas de incitación a la animadversión o el odio étnico o racial, la humillación del honor y la dignidad nacionales y la limitación directa o indirecta de los derechos o el establecimiento de diferencias que entrañen ventajas directas o indirectas para los ciudadanos en función de su origen racial o nacional se castigarán con penas de cárcel de hasta tres años o con multas de hasta 50 salarios mínimos (párrafo 1 del artículo 71 del Código Penal).

554.Algunas acciones, cometidas mediante el uso de la violencia, de fraudes o de amenazas, o si han sido cometidas por un funcionario, son punibles con penas de cárcel de hasta cinco años o con multas de hasta 80 salarios mínimos (párrafo 2 del artículo 71 del Código Penal).

555.Según el artículo 223/1 del Código Penal, la producción, retransmisión, exhibición o almacenamiento con fines de retransmisión o exhibición de películas de cine, cintas de vídeo u otras obras que propaguen el culto a la violencia y la crueldad, que tengan lugar en el plazo de un año después de la imposición de sanciones administrativas por tales acciones, serán punibles con penas de cárcel de hasta dos años o con el mismo período de redención de penas por el trabajo, o con multas de hasta 30 salarios mínimos y la confiscación de las obras y medios utilizados para su producción y exhibición.

556.La participación de menores en acciones militares y la propaganda de guerra entre menores (artículo 223/2 del Código Penal) se incluyen en la misma categoría de delitos y son punibles con penas de cárcel de dos a cinco años o un máximo de dos años de redención de penas por el trabajo, o con multas de hasta 50 salarios mínimos.

557.La organización o control de un grupo cuyas actividades, realizadas so pretexto de enseñar preceptos religiosos y practicar ceremonias religiosas, entrañe algún perjuicio para la salud de los ciudadanos u otros daños para la persona o violación de los derechos de los ciudadanos, o las actividades encaminadas a alentar a los ciudadanos a negarse a participar en actividades públicas o a cumplir otros deberes cívicos, serán punibles con penas de cárcel de hasta cinco años y podrán entrañar la confiscación de las propiedades del acusado (párrafo 1 del artículo 143 del Código Penal).

558.Impedir la práctica de ritos religiosos, en la medida en que éstos no violen el orden público ni los derechos de los ciudadanos, figura en la misma categoría de delitos y será punible con un período máximo de seis meses de redención de penas por el trabajo o con una amonestación pública (artículo 144 del Código Penal).

Artículo 21

559.En virtud del artículo 40 de la Constitución, no se aplica ninguna restricción a la libertad de reunión: “Podrán celebrarse libremente todas las asambleas, manifestaciones, mítines políticos, procesiones y cualquier otra reunión, que sólo podrán organizarse y llevarse a cabo de manera pacífica, sin utilizar armas”. La Ley sobre la organización y celebración de reuniones, Nº 560, de 21 de julio de 1995, regula el ejercicio de la libertad de reunión y la organización y celebración, de conformidad con la Constitución, de asambleas, manifestaciones, mítines políticos, procesiones y otras reuniones.

560.Según la ley, por reunión se entiende toda reunión, manifestación, mitin político, procesión, marcha, piquete o huelga que se desarrolle en lugares públicos, fuera de las unidades económicas o de los lugares de trabajo.

561.Pueden organizar reuniones los ciudadanos de la República de Moldova capacitados para ejercer sus derechos que hayan cumplido los 18 años de edad; los partidos y otras organizaciones sociales y políticas; las unidades económicas; los sindicatos; las iglesias y otras organizaciones religiosas; y las asociaciones públicas registradas conforme a la ley (artículo 4).

562.Como se indica en el artículo 5 de la Ley, las reuniones pueden celebrarse en los ayuntamientos de las ciudades (municipalidades), y pueblos (comunas) una vez sus organizadores hayan obtenido la autorización correspondiente.

563.Las reuniones deberán desarrollarse pacíficamente y sin armas, a fin de garantizar la protección de los participantes y del medio ambiente, y sin obstaculizar el uso normal de las carreteras públicas, el tráfico, o el funcionamiento de las unidades económicas, ni degenerar en acciones violentas que pongan en peligro el orden público o la integridad física de las personas y de sus bienes (artículo 6).

564.Las reuniones podrán celebrarse en mercados, calles, parques, plazas y otros lugares públicos de los municipios, las ciudades, las comunas, los pueblos y otros lugares públicos (párrafo 1 del artículo 8).

565.Está prohibido celebrar reuniones en los locales de la administración pública central o local, las oficinas de la fiscalía, los tribunales, y las unidades económicas con un régimen especial de seguridad laboral o con guardias armados (párrafo 2 del artículo 8).

566.La Ley prohíbe celebrar reuniones a menos de 50 metros del Parlamento, la residencia del Presidente de la República, los edificios del Gobierno, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia, así como a menos de 25 metros de las oficinas de los organismos especializados de la administración pública central, de la administración pública local, de los tribunales, la fiscalía, la policía, las penitenciarías y las instituciones de rehabilitación social, las unidades económicas con instalaciones, equipo o maquinaria cuyo funcionamiento entrañe un peligro importante, y las instituciones diplomáticas.

567.La Ley establece que los extranjeros y los apátridas que no residan en el territorio de la República no podrán tomar parte activa en las reuniones. Esa prohibición es prácticamente imposible de aplicar. Actualmente no existe ninguna ley ni ninguna otra norma que obligue a los participantes en una reunión a portar documentos de identidad.

568.La Ley menciona que los encargados de la adopción de decisiones de los ayuntamientos están obligados a establecer las condiciones necesarias para la organización y la celebración de reuniones legales, garantizar la seguridad de los organizadores y los participantes de las reuniones, y proteger los derechos y libertades de las demás personas, la seguridad del Estado, la seguridad y el orden públicos, y la integridad física y moral de los ciudadanos.

569.Según el artículo 54 de la Constitución, el ejercicio de determinados derechos y libertades sólo podrá restringirse por ley cuando así lo requieran la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral y los derechos y libertades de los ciudadanos, la investigación de delitos, o la prevención de las consecuencias de un desastre natural o tecnológico.

570.La Ley del régimen jurídico del estado de excepción y formas especiales de gobierno en la República de Moldova, de 1º de octubre de 1990, estipula las condiciones políticas, jurídicas, económicas, sociales, administrativas, de organización y de otra índole para decretar el estado de excepción en el territorio del país. Cuando se decreta el estado de excepción, los órganos del Gobierno y de la

administración pública podrán, dependiendo de las circunstancias concretas, aplicar las siguientes medidas (artículo 3): prohibir reuniones, mítines políticos, procesiones en la vía pública y manifestaciones; prohibir las huelgas; establecer controles de los documentos de identidad en los lugares en los que se celebren reuniones y, en caso de necesidad, si se dispone de información de que algunos ciudadanos portan armas, llevar a cabo controles en los que se proceda al registro de personas, bultos y vehículos.

571.El artículo 7 de la Ley sobre la organización y celebración de reuniones regula los casos en los que las reuniones pueden impedirse, a saber, cuando se demuestra que en ellas:

a)se difama al Estado o al pueblo;

b)se incita a la guerra o se promueve el odio étnico, racial o religioso;

c)se incita a la discriminación, el separatismo territorial y la violencia pública;

d)se viola el régimen constitucional.

En el artículo 140/3 del Código Penal se sanciona la violación del derecho a la libertad de reunión. Impedir ilegalmente la celebración de una asamblea, manifestación, mitin político, procesión o cualquier otra reunión, o impedir ilegalmente la participación de ciudadanos u obligarles a participar en una reunión, será punible con una multa de entre 50 y 75 salarios mínimos.

572.Algunos actos, cometidos por un funcionario o por un grupo de personas, o cometidos mediante el uso de la violencia pero sin ocasionar daños a la integridad física de las personas, o acompañados del deterioro o la destrucción de propiedades, serán punibles con una pena de cárcel de hasta dos años o con un período de uno a dos años de redención de pena por el trabajo, o con una multa de entre 70 y 100 salarios mínimos, o con el cese del cargo que se ocupara.

573.Si los actos contemplados en los párrafos 1 y 2 del artículo en cuestión se cometen utilizando un arma u otros objetos que se empleen a modo de arma o que se hayan manipulado para ocasionar daños físicos, o si se cometen con violencia que afecte a la integridad física u ocasione daños graves o tenga otras consecuencias graves, serán punibles con una pena de cárcel de tres a ocho años.

574.El Código Penal sanciona también la organización y celebración de huelgas ilegales y la obstaculización de las actividades que se desarrollan en las empresas, instituciones y organizaciones durante un estado de excepción, que serán punibles con una pena de cárcel de hasta tres años o con dos años como máximo de redención de pena por el trabajo, o con una multa de hasta 50 salarios mínimos (párrafo 1 del artículo 207/1 del Código Penal).

575.El artículo 214/1 sanciona la violación del procedimiento de organización o celebración de reuniones, mítines políticos, procesiones y manifestaciones: “La violación del procedimiento de organización o celebración de reuniones, mítines políticos, procesiones y manifestaciones cometida por el organizados de la reunión, el mitin político, la procesión o la manifestación, al que ya se hayan impuesto sanciones administrativas por esa misma acción, será punible con una multa de hasta 30 salarios mínimos, o hasta un año de redención de pena por el trabajo, o una pena de cárcel de hasta seis meses”.

Artículo 22

576.Una de las formas de ejercer el derecho de reunión es el derecho a formar sindicatos y a afiliarse a ellos. En el artículo 42 de la Constitución se regula el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a ellos. Los trabajadores tienen derecho a crear sindicatos y adherirse a ellos para defender sus intereses.

577.Los sindicatos se establecen y desarrollan sus actividades con arreglo a sus estatutos y de conformidad con la ley. Contribuyen a la protección de los intereses profesionales, económicos y sociales de los trabajadores.

578.La Ley de sindicatos se aprobó el 7 de julio de 2000, pero todavía no se ha publicado en el Monitorul Oficial. Hasta la aprobación de esta Ley estaba vigente otra Ley de sindicatos, que el Parlamento había aprobado en 1990.

579.La nueva Ley se basa en la Constitución de la República de Moldova, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo en los que es parte Moldova.

580.Con arreglo a las disposiciones de la nueva Ley, todos los ciudadanos de la República de Moldova y los extranjeros y los apátridas que residan legalmente en el territorio del país tienen derecho a constituir sindicatos y a afiliarse a ellos. Los sindicatos se crean por libre iniciativa de tres personas y tienen por objeto proteger los intereses profesionales, económicos y sociales de los trabajadores.

581.Las organizaciones primarias de los sindicatos pueden organizarse en federaciones o confederaciones y adherirse a organizaciones sindicales extranjeras.

582.Los sindicatos están facultados para resolver litigios individuales y conflictos laborales colectivos, organizar y celebrar reuniones; proteger los intereses sociales de los trabajadores; proteger el derecho al trabajo; supervisar la aplicación del convenio laboral colectivo; y tomar parte en las negociaciones colectivas.

583.También pueden crearse organizaciones sindicales en el marco del ejército y de los órganos dependientes del Ministerio del Interior, de conformidad con lo dispuesto por la legislación en ese ámbito.

584.Con arreglo a las disposiciones finales y transitorias de la Ley de sindicatos, no será preciso volver a registrar los estatutos de los sindicatos existentes antes de la entrada en vigor de la presente Ley.

585.Hasta el 27 de julio de 2000 se habían registrado en Moldova 25 organizaciones sindicales que constituían la Federación General de Sindicatos de la República de Moldova.

586.A diferencia de otros países en los que los sindicatos constituyen el elemento más activo de la sociedad civil, en la República de Moldova se encuentran en estado letárgico. El movimiento sindical de Moldova sigue estando fuertemente influido por las estructuras del Estado y no goza de la adhesión masiva ni del apoyo y la confianza de la población.

587.Otro aspecto del ejercicio de los derechos contemplados en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es el derecho a participar en la creación de un partido político.

588.El artículo 41 de la Constitución estipula, con respecto a la libertad de los partidos políticos y de otras organizaciones sociales y políticas, lo siguiente:

1.Todos los ciudadanos serán libres de afiliarse a partidos y otras organizaciones sociales y políticas. Esas organizaciones contribuyen a la definición y la expresión de la voluntad política pública y, de conformidad con lo dispuesto en la legislación, participan en el proceso electoral.

2.Todos los partidos y demás organizaciones sociales y políticas son iguales ante la ley.

3.El Estado garantizará la protección de los derechos y los intereses legítimos de los partidos y demás organizaciones sociales y políticas.

4.Podrán declararse ilegales los partidos y las organizaciones sociales y políticas cuyos objetivos o actividades sean contrarios al pluralismo político, los principios del Estado de derecho, la soberanía y la independencia o la integridad territorial de la República de Moldova.

5.Están prohibidas las asociaciones secretas.

6.Están prohibidas las actividades de partidos integrados por extranjeros.

7.La ley orgánica determinará los cargos públicos cuyos titulares no podrán afiliarse a partidos políticos.

589.Las condiciones y los principios para la creación, el funcionamiento y la disolución de partidos y otras organizaciones sociales y políticas se determinan en la Ley de partidos y otras organizaciones sociales y políticas, Nº 718, de 17 de septiembre de 1991. Según esa Ley, los partidos y las demás organizaciones sociales y políticas son asociaciones voluntarias de ciudadanos basadas en conceptos, ideales y propósitos comunes, que contribuyen al ejercicio de la voluntad política de una parte de la población al asumir legalmente los poderes públicos y participar en su ejercicio.

590.Entre las organizaciones sociales y políticas que no son partidos políticos figuran los frentes, las ligas, y los movimientos políticos de masas. Los ciudadanos de la República de Moldova tienen derecho a afiliarse a partidos y otras organizaciones sociales y políticas. Sólo podrán afiliarse a un partido o a otra organización social o política los ciudadanos de la República de Moldova mayores de 18 años y con plenas facultades. Los ciudadanos no podrán afiliarse simultáneamente a dos o más partidos u otras organizaciones sociales y políticas. Los partidos y las demás organizaciones sociales y políticas están autorizados a asociarse en federaciones, asociaciones, uniones y bloques políticos (artículo 2 de la Ley).

591.Están prohibidas la creación y las actividades de partidos y otras organizaciones sociales y políticas paramilitares, de partidos y otras organizaciones sociales y políticas que sean contrarios al pluralismo político y a los principios del Estado de derecho y tengan por objetivo derrocar al Gobierno o modificar por medios violentos el régimen del Estado por medios anticonstitucionales, que hagan propaganda de guerra, inciten a la discordia y el odio social, interétnico y religioso, apliquen métodos de liderazgo autoritarios y totalitarios, violen los derechos humanos naturales, desarrollen otras actividades que ofendan al sistema constitucional de la República de Moldova y no cumplan las normas generalmente aceptadas del derecho internacional (párrafo 4 del artículo 4).

592.No está permitido crear en el territorio de la República de Moldova partidos u otras organizaciones sociales y políticas que tengan subdivisiones y organizaciones que pertenezcan a Estados extranjeros (párrafo 3 del artículo 4).

593.Los estatutos de los partidos y demás organizaciones sociales y políticas pueden registrarse cuando: a) tienen más de 5.000 miembros domiciliados en al menos la mitad de las unidades administrativas/territoriales de segundo nivel, pero no menos de 600 miembros en cada una de esas unidades administrativas/territoriales; b) disponen de un programa y de órganos de dirección electos.

594.La solicitud de inscripción de los estatutos en el registro se remite al Ministerio de Justicia, que, en el plazo de un mes, tomará una decisión al respecto. La decisión del Ministerio de Justicia de no inscribir en el registro los estatutos de una organización podrá ser impugnada por ésta ante el Tribunal Supremo de Justicia en un plazo de 10 días (artículo 15).

595.Las siguientes personas no podrán participar en los partidos ni en las demás organizaciones sociales y políticas: miembros del ejército, funcionarios de los órganos dependientes del Ministerio del Interior, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, miembros de los servicios de aduanas, jueces, fiscales, investigadores, defensores del pueblo, auditores públicos y personas que trabajen en la prensa y en la radio y la televisión oficiales (artículo 10).

596.Hasta el 19 de julio de 2000 estaban inscritos en el registro de la República de Moldova 30 partidos. Los partidos políticos de Moldova se dividen, según su doctrina política, en partidos de “izquierda”, de “centro” y de “derecha”.

597.Otra forma de ejercer el derecho de reunión es el derecho a constituir asociaciones y fundaciones públicas. La Ley de asociaciones públicas, Nº 837, de 17 de mayo de 1996, regula las relaciones sociales vinculadas a la creación, el registro, el funcionamiento y el cese de las actividades de las asociaciones públicas.

598.Las asociaciones públicas son organizaciones voluntarias e independientes, autogestionadas y constituidas por la voluntad libremente expresada de los ciudadanos asociados sobre la base de intereses comunes profesionales o de otra índole, con el fin de ejercer conjuntamente sus derechos civiles, económicos, sociales y culturales, pero sin fines de lucro. Se consideran asociaciones públicas las siguientes: movimientos públicos, organizaciones pacifistas, organizaciones de defensa de los derechos humanos, organizaciones de mujeres, de veteranos y de inválidos, organizaciones de defensa de la infancia, organizaciones juveniles., organizaciones científicas, técnicas, ecológicas, educativas y culturales, organizaciones deportivas, otras asociaciones voluntarias, agrupaciones artísticas, comunidades nacionales y culturales, instituciones públicas y otras asociaciones de ciudadanos (artículo 1 de la Ley).

599.Las asociaciones públicas se crean y desarrollan sus actividades con el fin de ejercer y proteger los derechos civiles, económicos, sociales y culturales y otros derechos y libertades legítimos; desarrollar el activismo social y la iniciativa de los ciudadanos y satisfacer sus intereses profesionales o aficiones en las esferas científica, técnica y artística, entre otras.

600.Está prohibido constituir asociaciones públicas cuyo objetivo sea modificar el régimen constitucional mediante la violencia, socavar la integridad territorial de Moldova, hacer propaganda de guerra, promover la violencia y la crueldad, incitar al odio social, racial, étnico o religioso o realizar otras actividades ilegales.

601.También está prohibido constituir asociaciones públicas paramilitares u organizaciones armadas y crear asociaciones públicas que infrinjan los derechos y los intereses legítimos de los ciudadanos o resulten perjudiciales para la salud y la moral de la población (artículo 4).

602.Las asociaciones públicas adoptarán una de las siguientes estructuras organizativas y jurídicas: movimiento público, organización pública o institución pública.

603.En la República de Moldova desarrollan actividades asociaciones públicas nacionales, locales e internacionales (artículo 12).

604.Las asociaciones públicas se crean por iniciativa de sus fundadores, que pueden ser personas mayores de 18 años y entidades jurídicas. Para fundar una asociación pública se requieren al menos tres ciudadanos o una o más entidades jurídicas.

605.Las autoridades públicas no pueden ser fundadores ni miembros de asociaciones públicas. Los extranjeros y los apátridas residentes en la República de Moldova pueden fundar asociaciones públicas con arreglo a las mismas condiciones que los ciudadanos de Moldova, si la legislación relativa a los distintos tipos de asociaciones públicas no dispone otra cosa (artículo 14).

606.Pueden ser miembros de asociaciones públicas tanto los ciudadanos de la República de Moldova, como los extranjeros y los apátridas, si la legislación relativa a los distintos tipos de asociaciones públicas no dispone otra cosa. Pueden ser miembros de asociaciones públicas los ciudadanos mayores de 18 años, los miembros de asociaciones públicas juveniles (ciudadanos mayores de 14 años) y los miembros de asociaciones públicas infantiles (ciudadanos mayores de 10 años).

607.Hasta el 19 de julio de 2000 se habían registrado en el Ministerio de Justicia 1.460 organizaciones no gubernamentales, aunque, lamentablemente, la mayoría de ellas son puramente nominales y sólo una de cada diez desarrolla realmente actividades. Las organizaciones no gubernamentales más influyentes suelen ser las comunidades étnicas y culturales.

608.El procedimiento para establecer fundaciones se regula en virtud de la Ley de fundaciones, Nº 581, de 30 de julio de 1999.

609.Por fundación se entiende una organización sin fines de lucro, que no tiene miembros, y que está financiada, con arreglo a sus estatutos, por una o más personas o entidades jurídicas que pueden ser ciudadanos de la República de Moldova, apátridas o extranjeros con capacidad plena para ejercer sus derechos (artículo 1 de la Ley). También puede crearse una fundación en cumplimiento de lo dispuesto en un testamento. El Gobierno central, las autoridades públicas locales y las instituciones presupuestarias no pueden promover la creación de fundaciones (artículo 6).

610.Las fundaciones no podrán inscribirse en el registro cuando sus objetivos sean ilícitos o cuando sus actividades sean contrarias a los principios del Estado de derecho, la soberanía, la independencia, la integridad territorial de la República de Moldova, el ordenamiento jurídico o los principios morales.

611.Hasta el 19 de julio de 2000, el Ministerio de Justicia había inscrito en el registro a diez fundaciones.

612.El ejercicio del derecho de asociación podrá limitarse, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 54 de la Constitución y conforme a la ley, cuando así lo requieran la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral, los derechos y las libertades de los ciudadanos, la investigación de un delito o la prevención de las consecuencias de un desastre natural o tecnológico.

613.La Ley sobre el régimen jurídico del estado de excepción y formas especiales de gobierno, Nº 290 de 1º de octubre de 1990, estipula, en su artículo 3, que en caso de declararse el estado de excepción, las autoridades del Gobierno y de la administración pública podrán, en función de las circunstancias concretas, suspender las actividades de los partidos políticos, las organizaciones públicas, los movimientos de masas, y las asociaciones públicas que impidan poner remedio a la situación.

Artículo 23

614.El párrafo 1 del artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se reproduce en el párrafo 1 del artículo 48 de la Constitución.

615.Según el artículo 5 del Código del matrimonio y la familia, en la República de Moldova la familia goza de la protección del Estado.

616.El Estado ha demostrado su preocupación por la familia con la creación y el desarrollo de una amplia red de servicios sociales, como hospitales de maternidad, guarderías y jardines de infancia, mejorando el ámbito de los servicios sociales mediante el pago de primas por el nacimiento de un hijo y de prestaciones a las familias numerosas de ingresos bajos, y con otros medios de ayuda a la familia.

617.En la República de Moldova el Estado protege y alienta la maternidad. Los intereses de la madre y el niño se defienden con medidas especiales en el ámbito de la protección laboral y la salud de la mujer, creando condiciones que permiten a las mujeres conciliar el trabajo y la maternidad, con medidas de índole legislativa y prestando apoyo material y moral a las madres y al niño mediante la concesión de una licencia antes y después del parto y de una licencia para lactancia, durante las cuales se mantienen el puesto de trabajo y el salario.

618.El derecho a contraer matrimonio y fundar una familia está garantizado. La legislación y, en particular, el Código del matrimonio y la familia, establecerán las condiciones en las que puede contraerse, disolverse o anularse el matrimonio.

619.El matrimonio se contrae en las oficinas del Registro del Estado. La inscripción del matrimonio redunda en interés del Estado y de la sociedad y permite proteger los intereses personales y los derechos de propiedad de los cónyuges y los hijos. Sólo los matrimonios contraídos en las oficinas del Registro del Estado entrañan derechos y deberes para los cónyuges.

620.Se procederá a inscribir el matrimonio en el Registro una vez transcurrido al menos un mes desde la presentación por las personas que desean contraer matrimonio de la solicitud correspondiente en la Oficina del Registro del Estado.

621.Para poder contraer matrimonio, los contrayentes deben haber cumplido la edad mínima preceptiva y dar su mutuo consentimiento.

622.Según el artículo 16 del Código del matrimonio y la familia, la edad mínima para poder contraer matrimonio es de 18 años en el caso de los hombres y de 16 en el de las mujeres. En casos excepcionales, esa edad puede reducirse, aunque no en más de dos años. Cuando la ley autoriza a contraer matrimonio antes de los 18 años, el menor de 18 años adquiere plena capacidad para ejercer sus derechos y obligaciones desde el momento en que contrae matrimonio (párrafo 2 del artículo 11 del Código Civil).

623.No está permitido el matrimonio:

1.Si uno de los contrayentes ya está casado;

2.Entre parientes en línea directa ascendente o descendente, entre hermanas y hermanos, incluidos los hijos de un mismo padre pero de madres distintas o de una misma madre pero de padres distintos, o entre los hijos adoptivos y sus padres de adopción;

3.Entre personas que hayan sido declaradas incapaces por el tribunal (uno o ambos contrayentes) por enfermedad o debilidad mental;

4.Durante el período de tutela, entre el tutor y el menor a su cargo (artículos 13, 14, 15 y 17 del Código del matrimonio y la familia).

624.El matrimonio se extingue cuando uno de los cónyuges muere o se le declara muerto a efectos jurídicos. En vida de los cónyuge, el matrimonio puede disolverse mediante el divorcio a petición de uno o de ambos cónyuges. El marido no puede presentar una demanda de divorcio sin el consentimiento de su esposa durante el embarazo de ésta y hasta un año después del nacimiento del niño (artículos 33 y 34).

625.Los tribunales son los encargados de disolver los matrimonios por común acuerdo de ambos cónyuges o a petición de uno de los cónyuges (petición que debe formularse en las Oficinas del Registro del Estado).

626.Los casos de disolución del matrimonio son examinados por el tribunal local o de la ciudad con arreglo a las disposiciones generales del procedimiento civil. Tras establecer las causas reales que han llevado al interesado a solicitar la disolución de su matrimonio, el tribunal debe tomar medidas para tratar de reconciliar a los cónyuges y mejorar la situación familiar. El tribunal puede aplazar el examen de una disolución y otorgar a los cónyuges un plazo de hasta seis meses para que se reconcilien. Si el tribunal determina que los cónyuges no pueden vivir juntos y que es imposible mantener la familia, el matrimonio se disuelve.

627.Si existe una declaración voluntaria y ambos cónyuges quieren divorciarse de común acuerdo, siempre que no tengan hijos menores, y no existe un litigio respecto de la división de las propiedades, la Oficina del Registro del Estado puede disolver el matrimonio en la jurisdicción del domicilio de ambos cónyuges o de uno de ellos. Si los cónyuges no llegan a un acuerdo sobre la manutención de un cónyuge que no pueda trabajar y necesita asistencia o sobre la división de la propiedad común, ambos cónyuges o uno de ellos tienen derecho a solicitar ante los tribunales la disolución del matrimonio.

628.Un matrimonio puede disolverse en el Registro Civil si:

-se declara desaparecido a uno de los cónyuges de conformidad con lo dispuesto en la ley;

-se declara incapaz a uno de los cónyuges como consecuencia de una enfermedad mental, de conformidad con lo dispuesto en la ley;

-se condena a uno de los cónyuges a una pena de más de tres años de cárcel por cometer un delito.

629. Si los cónyuges no llegan a un acuerdo respecto de la custodia de los hijos, la división de sus propiedades comunes o la manutención de un cónyuge que no pueda trabajar y necesite asistencia, la disolución del matrimonio se lleva a cabo en los tribunales.

630.Si un cónyuge que haya sido declarado muerto a efectos jurídicos vuelve a aparecer y se anula el fallo correspondiente del tribunal, se considera que el matrimonio sigue vigente, siempre que el otro cónyuge no haya contraído nuevamente matrimonio. Si se declaró a un cónyuge legalmente desaparecido y por ese motivo el matrimonio se anuló, en caso de que vuelva a aparecer y previa solicitud de ambos cónyuges, el fallo del tribunal puede anularse y el Registro Civil puede restablecer la vigencia del matrimonio. Sin embargo, el primer matrimonio no seguirá vigente si el cónyuge de la persona declarada desaparecida ha contraído nuevamente matrimonio (artículos 35, 36, 38 y 42).

631.Los tribunales pueden declarar nulo un matrimonio si no se han cumplido las condiciones necesarias para contraerlo (consentimiento, edad mínima u otras condiciones sin las que el matrimonio es ilegal), y si el matrimonio se contrajo sin intención de crear una familia (matrimonio ficticio) (artículos 43, 44, 45 y 46).

632.En la República de Moldova incumbe exclusivamente al Estado aplicar las normas jurídicas relativas al matrimonio y a las relaciones familiares.

633.Sólo se considerarán válidos los matrimonios contraídos en el Registro Civil. La celebración religiosa del matrimonio, y otras ceremonias religiosas, no tienen efectos legales.

634.La ley protege los derechos resultantes del matrimonio y las relaciones familiares a menos que esos derechos se ejerzan de forma contraria a su finalidad. El ejercicio por parte de los miembros de la familia de sus derechos no debe perjudicar a los intereses de la sociedad, el Estado o los demás ciudadanos.

635.La protección de los derechos resultantes del matrimonio y las relaciones familiares corre a cargo de los tribunales, de las autoridades tutelares y del Registro Civil, así como de grupos de trabajo, sindicatos y otras organizaciones públicas, en las formas establecidas por la legislación (artículos 6, 6/1 y 6/2 del Código del matrimonio y la familia.

636.En el artículo 4 del Código se establece la igualdad de los ciudadanos en las relaciones familiares. Ese artículo estipula que “todos los ciudadanos tienen los mismos derechos en las relaciones familiares. No se permitirá la limitación directa o indirecta de esos derechos ni que, al celebrar un matrimonio o en las relaciones familiares, se establezcan ventajas directas o indirectas con respecto a la herencia, la posición social y financiera, la raza y la nacionalidad, el sexo, la educación, el idioma, la actitud con respecto a la religión, la profesión, la residencia u otras circunstancias”.

637.Los derechos y las obligaciones de los cónyuges son válidos a partir del momento en el que el matrimonio se inscribe en el Registro Civil. Los cónyuges tienen los mismos derechos y obligaciones, así como el mismo poder de decisión por lo que respecta a la educación de los hijos y otros asuntos familiares. Cada cónyuge es libre de elegir su propio trabajo, profesión y domicilio (artículos 18 y 20).

638.Los cónyuges tienen la obligación de ayudarse materialmente. Los cónyuges que no estén en condiciones de trabajar y requieran ayuda material, como las mujeres embarazadas y hasta transcurridos tres años desde el nacimiento del niño, a los que se niegue esa asistencia, tendrán derecho a obtenerla del otro cónyuge por medios legales (pensión alimentaria), si este último está en condiciones de pagarla.

639.Los cónyuges que no están en condiciones de trabajar y necesitan ayuda conservan sus derechos a recibir esa asistencia del otro cónyuge después de la disolución de su matrimonio si su incapacidad para trabajar existía desde antes de que el matrimonio se disolviera o se produjo en el año posterior a la disolución del matrimonio. Si la duración del matrimonio ha sido larga, el tribunal puede obligar a un cónyuge a pagar una pensión alimentaria al cónyuge del que se ha divorciado si éste ha alcanzado la edad de jubilación en los cinco años posteriores a la disolución del matrimonio. Si la esposa queda embarazada antes de la disolución del matrimonio, conserva su derecho a recibir apoyo de su marido durante el embarazo y hasta que el niño cumpla tres años.

640.El monto de la ayuda que tiene que aportar el cónyuge consiste en una suma fija de dinero pagadera mensualmente, teniendo en cuenta la situación financiera y familiar de ambos cónyuges. El tribunal determina el monto de esa ayuda cuando se incoa el proceso. El tribunal puede eximir a un cónyuge de la obligación de mantener al otro cónyuge o limitar esa obligación a un período de tiempo determinado si:

1.El matrimonio duró poco tiempo;

2.El comportamiento del cónyuge que solicita la pensión es inadecuado;

3.La incapacidad para trabajar del cónyuge es resultado del alcoholismo o la drogadicción o se debe a que ha cometido un delito (artículos 27, 28, 29 y 31).

641.Los derechos y obligaciones de padres e hijos se basan en la afiliación demostrada en la forma dispuesta por la ley.

642.Los padres tienen derecho y están obligados a educar a sus hijos, cuidar de su salud, ocuparse de su desarrollo físico, espiritual y moral, de su educación y de su formación como ciudadanos útiles para la sociedad. La protección de los derechos y los intereses de los menores corresponde a sus padres, que son los representantes jurídicos de sus hijos sin necesitar para ello ninguna habilitación especial.

643.Los padres no pueden ejercer sus derechos en contra de los intereses de sus hijos.

644.Si los padres (o uno de ellos) no ejercen su obligación de educar adecuadamente a sus hijos o hacen mal uso de sus derechos parentales, los hijos tienen derecho a reclamar ante las autoridades de tutela la protección de sus derechos e intereses.

645.Los padres siguen teniendo los mismos derechos y obligaciones por lo que respecta a sus hijos aunque su matrimonio se disuelva.

646.Todas las cuestiones relativas a la educación de los hijos se deciden por común acuerdo de los padres. Si los padres no llegan a un acuerdo, la autoridad de tutela resuelve la diferencia con su participación.

647.El progenitor que no haya obtenido la custodia de sus hijos menores tiene la obligación de participar en su educación y el derecho a comunicarse con ellos. El progenitor que tenga la custodia de los hijos no puede impedir al otro progenitor comunicarse con éstos ni participar en su educación. Las autoridades de tutela pueden privar, durante un plazo determinado, al progenitor al que no se ha otorgado la custodia del derecho a comunicarse con sus hijos si ello impide la educación normal de los niños y tiene repercusiones perjudiciales para éstos.

648.Si disponen de medios suficientes, los padrastros y madrastras deben mantener a sus hijastros menores, y a sus hijastros mayores de edad si éstos no están en condiciones de trabajar y necesitan ayuda, si han sido los encargados de mantener o criar a esos niños y éstos no tienen padres o si sus padres, cónyuges o hijos mayores de edad no pueden mantenerlos debidamente (artículos 48, 56, 57, 58, 60 y 85).

649.Según el artículo 71 del Código del matrimonio y la familia, los padres deben mantener a sus hijos menores y a sus hijos mayores de edad en caso de que éstos no estén en condiciones de trabajar y necesiten ayuda.

650.Los padres tienen la obligación de atender a la manutención de sus hijos menores a razón de una cuarta parte de sus ingresos en caso de un hijo único, una tercera parte cuando tienen dos hijos y la mitad cuando tienen tres o más hijos.

651.Los padres que pagan una pensión para la manutención de sus hijos menores pueden ser obligados a participar en los gastos suplementarios debidos a circunstancias extraordinarias (enfermedad grave, discapacidad del niño, etc.). El tribunal establecerá la cantidad de la participación en esos gastos, teniendo en cuenta la situación material de los padres.

652.Los menores que en el momento de la adopción tienen derecho a recibir una pensión alimentaria de manutención del Estado o de una organización pública por haber perdido al responsable de su manutención, conservan ese derecho aun después de ser adoptados (artículos 72, 73, 85 y 113).

653.En la Sección VI del Código del matrimonio y la familia se prevé la aplicación de la legislación sobre matrimonio y familia de la República de Moldova a los extranjeros y los apátridas. Con arreglo a esa Sección, los extranjeros y los apátridas que residen permanentemente en Moldova tienen los mismo derechos y obligaciones en el matrimonio y las relaciones familiares que los ciudadanos de la República de Moldova. La legislación de la República de Moldova puede establecer algunas excepciones.

Artículo 24

654.La protección del niño por el Estado es una de las preocupaciones políticas, sociales y económicas primordiales de la República de Moldova.

655.La política del Gobierno en el ámbito de los derechos del niño tiene por objeto garantizar la aplicación de los principios básicos contemplados en la Convención sobre los Derechos del Niño, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole del niño, de sus padres o de sus representantes legales, o por su origen nacional, étnico o social, su situación económica, por estar discapacitado, por su nacimiento, o por cualquier otra situación.

656.Según la Constitución (párrafo 2 del artículo 16) todos los ciudadanos de la República de Moldova son iguales ante la ley y las autoridades públicas, sin discriminación alguna por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opinión, afiliación política, patrimonio personal u origen social. Es evidente que los niños también se benefician de esas disposiciones de la Ley Suprema y que, además, esas disposiciones se recogen en la Ley de los derechos del niño, en la que se estipula que: “todos los niños tienen los mismos derechos sin discriminación por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, sexo, idioma, creencias, patrimonio personal u origen social”.

657.A través de la Ley de educación, el Estado garantiza el derecho a la educación, sin discriminación por motivos de nacionalidad, sexo, edad, origen social o estado, creencias políticas o religiosas o antecedentes penales.

658.A través de la Ley de los derechos del niño, Nº 338-XIII, de 15 de diciembre de 1994, el Estado garantiza a todos los niños el derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, intelectual, espiritual y social. Al mismo tiempo, el Estado toma las medidas necesarias para garantizar a los padres o a los responsables de la educación y el desarrollo de los niños el apoyo que necesiten.

659.En la República de Moldova, el derecho de los niños a la educación se rige por la Ley de los derechos del niño y la Ley de educación. Ese derecho se materializa de tres maneras:

-El derecho de todos los niños a recibir educación gratuita en escuelas primarias y a proseguir sus estudios en escuelas de formación profesional, escuelas de enseñanza secundaria, universidades e instituciones de enseñanza superior, con arreglo a la legislación;

-El derecho de los niños con discapacidades físicas a recibir educación en escuelas especiales;

-El derecho de los huérfanos y de los niños cuyos padres no pueden hacerse cargo de ellos a recibir educación gratuita en todas las instituciones de enseñanza.

660. Según el artículo 12 de la Ley de educación, Nº 547-XIII, de 21 de julio de 1995, el sistema educativo consta de varios niveles y etapas y presenta la siguiente estructura:

I.Educación preescolar

II.Enseñanza primaria

III.Enseñanza secundaria

1.Enseñanza secundaria general:

a)Enseñanza media;

b)Bachillerato.

2.Formación profesional

IV.Enseñanza superior:

1.Titulaciones menores;

2.Universidad.

661.El sistema educativo preescolar tiene como finalidad crear las condiciones necesarias para el desarrollo natural del niño en el marco de su cultura nacional, sobre la base de los valores humanos generales y la espiritualidad nacional, y el pleno desarrollo de una personalidad libre y creativa por la formación de la conciencia del niño. El proceso educativo se rige por el principio de tratar a los niños como individuos diferenciados como primer paso para despertar en ellos la conciencia nacional, en un marco inter e intradisciplinario. En ese contexto, se otorga gran importancia al estímulo, el desarrollo y el aprovechamiento del potencial intelectual y psicofisiológico de cada niño.

662.La enseñanza preescolar, que constituye la primera etapa de la estructura del sistema nacional de enseñanza, tiene por objeto preparar a los niños para el aprendizaje en función de su situación y sus necesidades y posibilidades concretas. La enseñanza preescolar suele impartirse, por norma general, hasta

la edad de tres años dentro de la familia y entre los tres y los seis o siete años en centros de enseñanza preescolar.

663.En los últimos tiempos el sistema de enseñanza preescolar ha sufrido un importante deterioro. A principios del curso 1998-1999, sólo funcionaban en Moldova 1.400 centros de enseñanza preescolar, que acogían a 126.000 niños, de un total de 293.400, es decir, el 44,8%. Las actividades de los 152 jardines de infancia cuyas instalaciones no reunían las condiciones necesarias y que se cerraron en los últimos dos o tres años por diferentes motivos, siguen sin reanudarse, y otros 196 centros se cierran temporalmente durante el período más frío del año.

664.La enseñanza general incluye tres etapas: enseñanza primaria (grados I a IV), enseñanza media (grados V a IX) y bachillerato (grados X a XII).

665.La enseñanza primaria y la enseñanza media (primeros nueve grados) son obligatorias para todos los niños. La enseñanza obligatoria garantiza el desarrollo de las aptitudes y capacidades intelectuales de los estudiantes, hasta un nivel decisivo para el desarrollo de la personalidad, la orientación profesional y la preparación para el bachillerato y la formación profesional.

666.Por lo que respecta al problema de la escolarización de los niños de edades comprendidas entre los 6 y los 16 años, la situación es la siguiente: hasta el 10 de diciembre de 1998 había 4.377 niños (0,58%) sin escolarizar. Si se compara con la situación al 15 de septiembre de 1998, el número de niños sin escolarizar había disminuido en 787. Sin embargo, la realidad es alarmante porque gran parte de los niños no escolarizados se encuentran en edades correspondientes a la enseñanza primaria (1.080 – 24,7%).

667.La principal causa de la no escolarización de los niños es la negativa de los padres por la difícil situación material de muchas familias. Ésa es la razón de que al 10 de diciembre de 1998 estuvieran sin escolarizar 3.117 niños (el 71,21% del total de niños no escolarizados).

668.Los hijos de familias con una situación económica precaria se ven obligados a trabajar para mantenerse, por lo que no pueden asistir a la escuela y sus posibilidades de estudiar disminuyen.

669.La falta de combustible, los cortes de suministro eléctrico, la mala nutrición, el deterioro del mobiliario escolar, y la escasez de posibilidades materiales obstaculizan el proceso de formación y desarrollo de la personalidad del niño.

670.La formación profesional puede cursarse en horario diurno o nocturno en las escuelas profesionales polivalentes, que imparten capacitación en una amplia gama de especialidades, al tiempo que permiten concluir la enseñanza secundaria.

671.El objetivo de la enseñanza superior es desarrollar una personalidad creativa y multifacética, preparar, mejorar las cualificaciones y reciclar a especialistas y personal científico en distintos ámbitos. Los centros de enseñanza superior son los colegios universitarios, los institutos de enseñanza superior, las universidades y las academias. La matriculación en la enseñanza superior se lleva a cabo por concurso previa obtención del título de bachillerato y del certificado de enseñanza secundaria. La duración de los estudios para obtener una titulación media es de dos a tres años y para obtener un título universitario de cuatro a seis años.

672.En la República de Moldova funcionan 18 institutos de enseñanza superior, a los que asisten 48.000 estudiantes, y 47 colegios universitarios, a los que asisten alrededor de 32.300 estudiantes. Cerca de 3.000 estudiantes cursan estudios en el extranjero.

673.Los niños con problemas educativos constituyen una parte considerable de la población infantil e incluyen a niños con deficiencias sensoriales, deficiencias de locomoción, deficiencias relacionadas con el habla y deficiencias mentales.

674.Esos niños necesitan asistencia adicional y reciben educación especial. Cada niño es un caso único y necesita ayuda para desarrollarse y ajustarse a la vida en sociedad. Todos los niños tienen que poder participar y contar con la participación de sus padres para superar las dificultades que surjan durante su desarrollo psicofísico y su integración social.

675.En la República de Moldova la educación especial forma parte del sistema de enseñanza y su objetivo es educar, instruir e integrar en la sociedad a los niños en edad preescolar y escolar con deficiencias psicológicas, físicas, sensoriales, del habla, sociales y afectivas y con problemas de conducta, y a los niños con otro tipo de problemas.

676.El diagnóstico de los problemas físicos y psíquicos de los niños corre a cargo de los servicios médico-físico-pedagógicos creados por decisión del Gobierno y dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia, y se realiza en presencia de los padres o tutores.

677.La educación especial se lleva a cabo en instituciones educativas en régimen de internado o en instituciones con un programa prolongado. La educación especial se desarrolla con arreglo a planes de instrucción, programas de estudios y materiales didácticos preparados en función del grado de discapacidad y destinados a compensar y corregir las deficiencias y a conseguir la integración social de los niños.

678.El personal docente de las escuelas especiales para niños con deficiencias físicas y sensoriales cuenta con formación de carácter general y está especializado en técnicas pedagógicas de recuperación psicológica.

679.En la actualidad son varios los ministerios responsables de la educación de los niños con necesidades especiales.

680.El Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia tiene a su cargo dos internados para niños con deficiencias mentales, situados en Orhei y Hînceşti, que acogen respectivamente a 291 y 196 niños.

681.El sistema del Ministerio de Educación y Ciencia tiene a su cargo 65 instituciones en régimen de internado para huérfanos, niños cuyos padres no pueden hacerse cargo de ellos, y niños con distintos problemas de desarrollo físico y psíquico.

682.De los niños acogidos en orfelinatos y hogares infantiles, 298 son huérfanos y 875 niños cuyos padres sufren alguna enfermedad mental o cuya custodia se ha retirado a los padres en virtud de un fallo judicial.

683.El contenido de los planes y programas de enseñanza y de los materiales didácticos debe basarse en las características individuales y diferenciales y adaptarse a las deficiencias primarias y secundarias y al carácter concreto de las actividades cognitivas y prácticas que llevan a cabo los niños discapacitados.

684.En 1997 estaban en funcionamiento 37 internados con régimen especial para niños con discapacidades físicas o mentales, que albergaban a 5.336 personas. El presupuesto de esas instituciones ascendía a 16,6 millones de lei.

685.El número de niños acogidos por esas instituciones pasó de 5.139 en 1996 a 5.336 en 1997. Como consecuencia de esa situación, los gastos de manutención para cada niño se redujeron de 3.631 lei en 1996 a 3.531 en 1997, pese a que el presupuesto asignado aumentó de 18,6 a 18,8 millones de lei en 1997.

686.El Estado financia, con un presupuesto de 0,7 millones de lei, las actividades de una escuela-sanatorio que acoge a 206 niños con enfermedades del sistema cardiovascular.

687.La crisis económica ha ocasionado dificultades en la organización del proceso educativo y de recuperación de los niños acogidos en internados. La financiación de los hogares y los internados infantiles no corresponde a las disposiciones establecidas, ya que los pagos se efectúan con retraso y no se abonan las cantidades completas. En esa situación, resulta aún más difícil atender a los niños con necesidades especiales y crear unas condiciones adecuadas para proteger su vida y su salud.

688.Educación complementaria (extraescolar). La enseñanza, a todos los niveles y en todas las etapas, se complementa con actividades extraescolares destinadas a desarrollar las aptitudes y capacidades individuales y a satisfacer los distintos intereses de la persona ofreciéndole diferentes opciones. Las actividades extraescolares pueden ser de carácter científico, artístico-cultural, artístico-deportivo y de aplicación técnica.

689.La educación complementaria se organiza, individualmente y en grupos, en diversas instituciones extraescolares (como clubes, centros de actividades para la infancia, campamentos, instalaciones deportivas y centros turísticos y de ocio, entre otros), y en las propias instituciones de la red de enseñanza.

690.Todos los niños gozan de las mismas posibilidades y medios para aprender los valores culturales y tienen acceso a las distintas instituciones públicas que contribuyan al desarrollo de su capacidad creativa.

691.El Estado financia la publicación de periódicos, revistas y libros infantiles y la producción de películas y programas de radio y televisión para niños.

692.Últimamente las bibliotecas para niños han experimentado dificultades relacionadas con la ampliación de sus fondos y su financiación.

693.En la actualidad desarrollan actividades en la República de Moldova 84 instituciones extraescolares (exceptuadas las instituciones de ese tipo situadas en la parte oriental del país), a las que asisten 50.000 participantes (datos del 1º de enero de 1998), cifra que representa el 7,8% del total de alumnos de los centros de enseñanza preuniversitaria. Se trata de 48 centros de creación para niños, a los que asisten 33.753 niños; 15 centros de creación técnica para niños, a los que asisten 7.895 niños; 12 centros de turismo y excursiones para niños y jóvenes, a los que asisten 5.362 niños y nueve centros para jóvenes naturalistas, a los que asisten 2.771 niños.

694.El sistema de educación artística extraescolar tiene por objeto descubrir a jóvenes talentos y ayudarlos a desarrollar sus aptitudes.

695.Durante el último decenio, las actividades de las instituciones extraescolares han experimentado cambios considerables. Las organizaciones y los órganos sociales y políticos han sido sustituidos por organizaciones étnico-folclóricas y artesanales, clubes académicos, y otros tipos de actividades de ocio. Se ha manifestado un interés constante por las actividades técnicas, deportivas y turísticas. También hay

una demanda importante de actividades culturales y artísticas. La situación se explica por el hecho de que las instituciones extraescolares se encargan también de complementar la insuficiente educación artística de los niños.

696.Las instituciones extraescolares, que organizan actividades útiles y placenteras para el tiempo de ocio y ofrecen servicios educativos, representan un entorno favorable para la autoafirmación de los niños de las familias de bajos ingresos o socialmente vulnerables y de los niños que requieren mayor atención pedagógica.

697.Pese a todas las dificultades económicas y sociales, las instituciones extraescolares tratan de mantener un ritmo estable de actividades extracurriculares. En Moldova son tradicionales los festivales de coros y canciones folklóricas, las exposiciones de arte, fotografía y artesanía, los concursos de baile, las actividades y las competiciones deportivas, las actividades turísticas y técnicas, las actividades de jóvenes naturalistas, el montañismo en las montañas de Făgăraşi (Rumania), Rila (Bulgaria) y el Olimpo (Grecia). Grupos de diversas instituciones extraescolares han participado con éxito en varias competiciones, exposiciones y festivales internacionales que han tenido lugar en Bulgaria, Alemania, Rumania, Francia, Turquía y Polonia, entre otros países.

698.Los derechos y obligaciones de padres e hijos se basan en la afiliación demostrada en la forma dispuesta por la ley.

699.Los padres tienen derecho y están obligados a educar a sus hijos, cuidar de su salud, ocuparse de su desarrollo físico, espiritual y moral, de su educación y de su formación como ciudadanos útiles para la sociedad. La protección de los derechos y los intereses de los menores corresponde a sus padres, que son los representantes jurídicos de sus hijos sin necesitar para ello ninguna habilitación especial.

700.Los padres no pueden ejercer sus derechos en contra de los intereses de sus hijos.

701Si los padres (o uno de ellos) no ejercen su obligación de educar adecuadamente a sus hijos o hacen mal uso de sus derechos parentales, los hijos tienen derecho a reclamar ante las autoridades de tutela la protección de sus derechos e intereses.

702.Los padres siguen teniendo los mismos derechos y obligaciones por lo que respecta a sus hijos aunque su matrimonio se disuelva.

703.Todas las cuestiones relativas a la educación de los hijos se deciden por común acuerdo de los padres. Si los padres no llegan a un acuerdo, la autoridad de tutela resuelve la diferencia con su participación.

704.El progenitor que no haya obtenido la custodia de sus hijos menores tiene la obligación de participar en su educación y el derecho a comunicarse con ellos. El progenitor que tenga la custodia de los hijos no puede impedir al otro progenitor comunicarse con éstos ni participar en su educación.

705.Las autoridades de tutela pueden privar, durante un plazo determinado, al progenitor al que no se ha otorgado la custodia del derecho a comunicarse con sus hijos si ello impide la educación normal de los niños y tiene repercusiones perjudiciales para éstos.

706.Ambos progenitores, o las personas que tengan la representación legal del niño son responsables de su desarrollo físico, espiritual, social e intelectual, anteponiendo los intereses del niño a cualquier otra consideración.

707.Los padres o tutores están obligados a escolarizar a los niños en una de las formas de enseñanza obligatoria (pública o privada), o a garantizar la educación del niño en el seno de la familia y a crear unas condiciones adecuadas para sus estudios, el desarrollo de sus aptitudes y la realización de actividades extraescolares y de autoaprendizaje.

708.La ley castiga a los padres o tutores que no supervisen constantemente a los niños pequeños o en edad preescolar.

709.Los padres tienen la obligación de hacerse cargo de la manutención de sus hijos menores y de sus hijos mayores de edad cuando éstos no puedan trabajar y necesiten ayuda.

710.Cuando se ingresa a un niño en una institución pública por haber sido abandonado o por sufrir una enfermedad a consecuencia de no haber seguido las recomendaciones del médico, los padres tendrán que correr con los gastos de manutención del niño.

711.Los padres privados de sus derechos parentales no están exentos de la obligación de sufragar la manutención de sus hijos.

712.Los padres tienen la obligación de atender a la manutención de sus hijos menores a razón de una cuarta parte de sus ingresos en caso de un hijo único, una tercera parte cuando tienen dos hijos y la mitad cuando tienen tres o más hijos.

713.Los padres que pagan una pensión para la manutención de sus hijos menores pueden ser obligados a participar en los gastos suplementarios ocasionados por circunstancias extraordinarias (enfermedad grave, discapacidad del niño, etc.).

714.Si el progenitor que está obligado a sufragar la manutención del niño no dispone de ingresos regulares ni recibe un salario mensual, y en otros casos en los que el pago de una pensión que represente un porcentaje de los ingresos del progenitor resulte imposible u ocasione dificultades, a petición de la persona interesada se puede fijar la pensión alimenticia en una cantidad fija de dinero pagadera mensualmente.

715.El dinero recibido de los padres para la manutención de sus hijos cuando éstos están a cargo de instituciones públicas se transfiere a las cuentas de los niños en la Banca de Economii, si los padres no están exentos legalmente del pago de la pensión de manutención de los niños.

716.Toda persona que tenga derecho a recibir una pensión alimenticia podrá solicitarla ante los tribunales aunque haya expirado el plazo para reclamar ese derecho.

717.La pensión alimenticia se atribuye desde el momento en que se presenta la solicitud ante el tribunal y para el período de tiempo siguiente.

718.La pensión alimenticia del período anterior puede solicitarse a través del tribunal sólo en los tres años siguientes, si el tribunal determina que antes del juicio se tomaron las medidas necesarias para cobrar la pensión, pero que ésta no se cobró, porque la persona que tenía que abonarla evadió su pago. En esos casos, se puede obligar a los padres a pagar la pensión alimenticia aunque los hijos sean mayores de edad.

719.La persona obligada a pagar la pensión alimenticia tendrá un plazo de tres días para informar de cualquier cambio de lugar de trabajo o de domicilio y de la percepción de ingresos adicionales (por ejemplo, por la realización de trabajo acumulado).

720.Puede exigirse el pago de la pensión alimenticia adeudada sobre la base de la orden judicial correspondiente al período anterior siempre que éste no abarque más de tres años expirados antes de la fecha en que se presentaron las bases jurídicas que justificaban el pago de la pensión.

721.Los menores que, en el momento de ser adoptados, tienen derecho a percibir una pensión u otra forma de asistencia del Estado o las organizaciones públicas por haber fallecido la persona a cargo de su manutención, conservan ese derecho al ser adoptados.

722.La elusión del pago determinado por una sentencia judicial para la manutención de hijos menores (pensión alimenticia) se castigará con arreglo a la legislación en vigor.

723.Según el Código del matrimonio y la familia, sólo está permitida la adopción de niños en los casos en que ésta redunda en su interés. Pueden ser padres adoptivos los ciudadanos de ambos sexos mayores de 25 años. Entre el padre adoptivo y el hijo adoptado debe haber una diferencia de edad de al menos 15 años. Cuando existen razones fundadas, esa diferencia puede reducirse, tras examinar la solicitud de adopción, aunque nunca en más de cinco años. La adopción requiere el consentimiento del progenitor, en caso de que éste no haya sido privado de sus derechos parentales, y el del niño adoptado si éste ha cumplido los 10 años. Las adopciones realizadas sin el consentimiento de los padres del niño o del cónyuge del padre adoptivo podrán ser anuladas por los tribunales en caso de ser recurridas por los progenitores del niño o el cónyuge del padre adoptivo si el tribunal determina que la devolución del niño a sus padres beneficiaría al niño. Si se anula la adopción a petición de los progenitores del niño, en caso de que éste haya cumplido los 10 años de edad también deberá tenerse en cuenta su voluntad (artículos 101, 102 y 117 del Código de la familia y el matrimonio).

724.Los tribunales otorgan la adopción a petición de la persona que desee adoptar un niño.

725.Salvo en los casos establecidos por la ley, están prohibidas las actividades no oficiales y de intermediación destinadas a ayudar a adoptar niños.

726.Se requiere el consentimiento de los padres, si éstos no han sido privados de sus derechos parentales, para poder adoptar a sus hijos, y el consentimiento del niño adoptado si éste ha cumplido los 10 años de edad.

727.Si antes de que se solicite la adopción el niño vive con la familia del padre adoptivo sin saber que éste no es su padre biológico, la adopción puede otorgarse, excepcionalmente, sin el consentimiento del niño.

728.El consentimiento de los padres debe expresarse mediante una declaración certificada por un notario o por la administración de la institución pública en la que esté acogido el niño. Los padres pueden retirar la declaración de consentimiento en cualquier momento antes de que el tribunal tome una decisión sobre la adopción. No se requiere el consentimiento de los padres cuando éstos han sido privados de sus derechos parentales o declarados incapaces o desaparecidos en la forma establecida por la ley.

729.Si los padres no se ocupan de la educación de sus hijos, la adopción de éstos puede otorgarse, excepcionalmente, sin su consentimiento.

730.La adopción puede otorgarse sin el consentimiento de los padres si éstos viven separados de su hijo durante más de seis meses sin motivos fundados, no se ocupan de su educación ni manutención y no atienden y cuidan debidamente al niño.

731.Si la persona que adopta al niño es una persona casada, pero la adopción no la realizan conjuntamente ambos cónyuges, se requiere el consentimiento del otro cónyuge.

732.No se requiere el consentimiento del otro cónyuge si éste ha sido declarado incapaz conforme a la ley, o si los cónyuges han vivido separados durante más de un año y se desconoce el domicilio del otro cónyuge.

733.En el caso de la adopción de niños acogidos en instituciones públicas, cuando no se requiere el consentimiento de los padres se requiere el de la administración de la institución en cuestión.

734.Cuando se acoge a un niño en una institución pública, la dirección del centro puede preguntar a sus padres si consienten en que su hijo sea adoptado en el futuro, sin indicar quién va a ser el padre adoptivo. No se puede dar ese consentimiento hasta un mes después del nacimiento del niño, salvo en casos excepcionales.

735.Si los padres han dado su consentimiento, mediante declaración legalizada, al examinar el expediente de adopción del niño no se requiere que dé su consentimiento nuevamente.

736.Para adoptar a un menor que dependa de un tutor se requiere el consentimiento escrito de éste.

737.Si el tutor se niega a dar su consentimiento, la autoridad de tutela iniciará un dictamen sobre la adopción.

738.Los extranjeros pueden adoptar niños ciudadanos de la República de Moldova siempre que estos niños figuren en la lista del Comité de Adopciones de la República de Moldova y no hayan sido puestos bajo tutela ni adoptados durante un plazo mínimo de seis meses después de haber sido incluidos en la lista. En casos excepcionales, teniendo en cuenta los intereses vitales de un niño que sufra una enfermedad grave que pueda tener cura en el extranjero, el Comité de Adopciones de la República de Moldova, previa recomendación del Ministerio de Protección de la Salud, puede dar en adopción al niño antes de que expire el plazo de seis meses.

739.El Comité de Adopciones de la República de Moldova y las autoridades de tutela pueden dar su aprobación para la adopción de niños moldovos por parte de ciudadanos extranjeros.

740.La adopción de un niño que sea ciudadano de la República de Moldova y esté inscrito en el registro del país en el que vive también se considerará válida siempre que se obtenga la autorización del Comité de Adopciones de la República de Moldova.

741.Un extranjero sólo podrá adoptar a un niño de la República de Moldova si, conforme a la legislación del país al que ha de trasladarse el niño, éste se beneficia de garantías y normas equivalentes a las que se le aplicarían de haber sido adoptado en Moldova, y si la legislación de ese país garantiza al niño, como mínimo, los mismos derechos que le garantiza la legislación de la República de Moldova.

742.A través de los representantes diplomáticos y consulares de Moldova y por otros medios aceptados por el derecho internacional, el Comité de Adopciones deberá obtener garantías del Gobierno y las organizaciones del país del que sea nacional la persona que ha adoptado al niño moldovo, de que éste se va a beneficiar de las mismas garantías y normas que se habrían aplicado en caso de haber sido adoptado en la República de Moldova.

743.La adopción internacional forma parte integrante de las actividades generales de adopción y contribuye a la intensificación de la adopción a nivel nacional y del proceso de integración del niño en su familia. Para aceptar la adopción de un niño por extranjeros, se celebran repetidas reuniones con personas próximas al niño, incluidos sus padres biológicos. Del total de niños incluidos en las listas del Comité de Adopciones (niños cuya adopción no ha sido solicitada por familias de su lugar de nacimiento), el 25% encontró una familia en el propio país (su propia familia biológica o padres adoptivos moldovos).

744.El Código Penal estipula que los padres, tutores u otros protectores legales de un niño, o cualquier otra persona que reciba una remuneración de cualquier tipo por dar su consentimiento para la adopción o para otras cuestiones relacionadas con la adopción, o por entregar el niño a otras personas que no sean sus padres de manera distinta a la dispuesta por la ley, o por facilitar información falsa con miras a legitimar la entrega de un niño,

-serán castigados con una pena de cárcel de tres a diez años y con la confiscación de la remuneración recibida.

745.Ejercer cualquier tipo de presión sobre el padre, tutor, cuasi tutor u otro protector legal de un niño para que otorgue su consentimiento para la adopción o entregue al niño, o facilite información falsa para legitimar la transmisión del niño,

-se castigará con una pena de cárcel o de 7 a 15 años (artículo 112-2).

746.Se nombra a un tutor para los niños menores de 15 años y a un cuasi tutor para los mayores de esa edad. Cuando el niño cumple los 15 años, su tutor se convierte automáticamente en su cuasi tutor sin necesidad de un nuevo nombramiento. El cuasi tutor deja de serlo cuando su pupilo cumple los 18 años o en caso de que contraiga matrimonio antes de la edad mínima estipulada con arreglo a las excepciones previstas por la legislación (artículos 128, 129 y 153).

747.Los tutores tienen que vivir con sus pupilos. En algunos casos, las autoridades de tutela pueden aprobar que el tutor no viva con el pupilo si éste ha cumplido los 16 años, y el hecho de que vivan separados no repercute negativamente en la educación y la protección de los derechos e intereses del pupilo. Los tutores tienen que notificar a las autoridades de tutela cualquier cambio de domicilio.

748.Si como consecuencia de la disolución del matrimonio o por cualquier otro motivo los padres dejan de vivir juntos, tendrán que llegar a un acuerdo sobre la custodia de los hijos menores. Si los padres no llegan a un acuerdo, el tribunal emite un fallo al respecto teniendo en cuenta los intereses de los hijos. Si el niño ha cumplido los 10 años el tribunal también tendrá en cuenta su voluntad.

749.El Estado brindará protección especial a los niños privados de un entorno familiar y les garantizará una atención adecuada en el marco de otra familia o en una institución.

750.No se nombrará a tutores para los niños cuya educación corra a cargo de una institución pública ni para los adultos que requieran tutela y estén acogidos en una institución médica o en otra institución dependiente de las autoridades de asistencia social. La tutela de esas personas corre a cargo de la administración de la institución en la que esté acogida la persona que requiera la tutela.

751.Los tutores deben hacerse cargo de la manutención de sus pupilos mayores de edad, proporcionarles las condiciones de vida que necesiten y la atención médica y el tratamiento que requieran y proteger sus derechos e intereses.

752.Además, los tutores de enfermos mentales deben atender al pupilo y proporcionarle asistencia médica permanente. Si el pupilo se recupera, el tutor debe solicitar del tribunal que restablezca oficialmente la capacidad del pupilo y retire la tutela impuesta a la persona en cuestión.

753.Con arreglo a la legislación vigente, aprovechar el cargo de tutor, cuasi tutor o protector para obtener beneficios en detrimento de la persona sujeta a tutela o dejar a los niños sujetos a tutela sin la supervisión ni la asistencia financiera necesarias entraña responsabilidad penal.

754.Si el tribunal considera oportuno no aplicar una sanción penal al menor que haya cometido un delito, podrá optar por su reclusión en una institución especial de educación o en una institución terapéutico-educativa.

755.Con arreglo a la ley, los niños privados temporal o permanentemente de un entorno familiar o que, por su propio bien, no pueden permanecer en ese entorno, gozan de la protección especial y de la ayuda del Estado.

756.Los huérfanos y los niños a los que sus padres no atienden son dados en adopción o acogidos en otras familias o en instituciones públicas.

757.La adopción de niños moldovos por extranjeros se realiza conforme a la ley cuando no se puede encontrar una solución adecuada en la República. Para elegir la mejor opción se tendrán en cuenta la necesidad de garantizar la continuidad en la educación del niño, su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico y su propia voluntad.

758.Cuando sea imposible conseguir una familia de acogida para un niño que no tiene familia propia, se le acomodará en un orfanato o en otra institución pública similar, conforme lo dispuesto en la ley.

759.Ese tipo de centros brindan a los niños en ellos acogidos las condiciones necesarias para su desarrollo físico, intelectual y espiritual y para preservar su lengua materna, su cultura y sus tradiciones y costumbres nacionales, al tiempo que se les inculcan las aptitudes y los conocimientos necesarios para llevar una vida independiente.

760.Sólo se puede ingresar a niños en instituciones educativas especiales con arreglo a una sentencia judicial, a propuesta de las autoridades competentes de la administración pública local.

761.Los niños acogidos en instituciones educativas especiales tienen derecho a un trato humano, a atención sanitaria y a formación general y profesional, a recibir la visita de sus padres, familiares y otras personas interesadas, a tener vacaciones y a recibir y enviar correspondencia.

762.El ingreso de los niños en instituciones educativas especiales tiene obligatoriamente por objeto su reeducación con miras a garantizar su reincorporación a la vida normal.

763.Si ambos progenitores han sido privados de sus derechos parentales, el niño quedará a cargo de las autoridades de tutela.

764.Entre 1990 y 1995 se privó de sus derechos parentales a 587 personas con arreglo a fallos judiciales.

765.No se permite la recuperación de los derechos parentales si el niño ha sido dado en adopción.

766.Aunque no hayan sido privados de sus derechos parentales, los padres pueden ser privados de la custodia de un hijo con arreglo a un fallo judicial y el niño puede ser entregado a las autoridades de tutela cuando su permanencia con sus progenitores entrañe un peligro para él.

767.Si cesan los motivos para mantener al niño apartado de su familia, a petición de los padres el tribunal puede dictaminar que el niño les sea devuelto.

768.En los artículos 47, 48, 49, 50 y 51 de la Constitución se estipulan los derechos de la familia, la madre y el niño a recibir protección y atención especiales, el derecho de los niños y los jóvenes a gozar de asistencia especial en el ejercicio de sus derechos, el derecho de los niños a disponer de las prestaciones necesarias y el de los niños enfermos o discapacitados a recibir las ayudas y los cuidados que necesitan.

769.Con miras a aplicar la Ley de los derechos del niño, en virtud de la Decisión del Gobierno de la República de Moldova Nº 679, de 6 de octubre de 1995, se aprobó el Programa Público de Protección de los Derechos del Niño. El programa prevé varias medidas que hacen al Estado responsable de la creación de un entorno favorable para el crecimiento y el desarrollo del niño.

770.El aumento del número de anomalías congénitas y traumáticas ha dado lugar a un aumento del número de discapacitados. En 1999 los discapacitados menores de 15 años eran 14.200, frente a 8.900 en 1992. El aumento del número de niños discapacitados ha dado lugar a graves problemas sociales y económicos relacionados con su manutención por parte de la sociedad.

Cuadro 8

Niños discapacitados

	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Menores de 16 años discapacitados desde la infancia registrados en la seguridad social	8 858	10 036	10 475	10 752	11 009	11 529
Número de niños acogidos en hogares para niños discapacitados	526	551	552	493	515	529

Fuente: Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia.

771.Uno de los principales derechos de los niños es el derecho a la salud y a acceder a servicios médicos y sanitarios, haciendo especial hincapié en la atención primaria de la salud y la medicina preventiva, y en la educación en la esfera de la salud y la nutrición.

772.La ley reconoce como prioritaria en las actividades de todos los órganos del Estado la protección de la salud maternoinfantil en la República de Moldova.

773.De conformidad con la Ley de los derechos del niño, la salud infantil se protege desde el período prenatal. Los niños reciben asistencia técnica y se benefician de las tecnologías más modernas disponibles en el país. Por primera vez, la Ley prevé obligaciones para los padres por lo que respecta a la protección de la salud de sus hijos.

774.Lamentablemente, durante el período de transición se registraron en la República de Moldova algunas tendencias y procesos negativos que tuvieron graves repercusiones sobre la situación de la infancia.

775.En la actualidad, la estructura institucional del sistema de protección de la salud está experimentando cambios relacionados con la reforma de dicho sistema, que implica el desarrollo de la asistencia médica primaria, encaminada a mejorar el acceso de la población a la asistencia médica y la calidad de ésta y a optimizar los costos del sistema de protección de la salud.

776.A nivel primario, la atención médica a la población, incluidos los niños, corre a cargo de los médicos de cabecera (centros de médicos de cabecera, centros de salud, oficinas de médicos de cabecera). Los hospitales regionales y de distrito ofrecen atención médica hospitalaria. La atención médica especializada se brinda en las instituciones médicas de la República. El Departamento del Ministerio de Sanidad que se ocupa de la atención médica maternoinfantil coordina las cuestiones relacionadas con la salud infantil entre los distintos sectores y mediante actividades de colaboración internacional.

777.El empeoramiento de la situación de los niños en materia de atención médica y nutrición ha dado lugar a un aumento de la anemia, que afecta a alrededor del 20% de los niños en su primer año de vida, del raquitismo, que afecta a alrededor del 35,5% de los niños, y de las enfermedades del sistema nervioso, que afectan al 20% de los niños.

778.Lamentablemente, está aumentando el trágico fenómeno social del abandono de recién nacidos. Unos 350 niños son abandonados cada año en las maternidades y, al carecer desde muy pronto de los cuidados de su madre, corren el riesgo de enfermar y morir. La permanencia en instituciones médicas hace que todos esos niños sean víctimas de patologías psicosomáticas.

779.Los niños que nacen con algún defecto que provoca su discapacidad no pueden recibir tratamiento adecuado y oportuno que les permita integrarse en la sociedad.

780.A principios de 1999 recibían tratamiento médico 14.469 niños discapacitados. El número de niños discapacitados se ha duplicado en los últimos diez años y el 65% de ellos sufre problemas psiconeurológicos y ortopédicos. También existe un alto nivel de traumatismos entre los niños . Todos esos niños precisan largos tratamientos de rehabilitación.

781.En los últimos cinco años se ha examinado a distintos niveles la creación de un centro de rehabilitación para niños con enfermedades graves, pero lamentablemente ese centro todavía no ha podido crearse por falta de recursos financieros.

782.Habida cuenta de las escasas posibilidades del actual presupuesto del Estado de financiar la totalidad del sistema sanitario, el Gobierno de la República de Moldova aprobó los siguientes programas públicos relacionados con los problemas fundamentales en la esfera de la protección de la salud, especialmente de la salud maternoinfantil:

-Programa Nacional para mejorar la asistencia médica prenatal;

-Programa Nacional para mejorar la asistencia médico-genética;

-Programa Nacional de nutrición infantil;

-Programa Nacional de salud dental infantil;

-Programa Nacional de vacunación;

-Planes de acción relacionados con el Año de la Infancia;

-Programa Nacional de mejora de la planificación familiar y la protección de la salud genésica.

783.Teniendo en cuenta los graves problemas mencionados anteriormente, se han tomado varias medidas destinadas, en primer lugar, a reformar la asistencia médica primaria. Ello permitirá incrementar el volumen y la calidad de la asistencia médica que reciben, sobre todo, las embarazadas y los niños en su domicilio. Se están examinando las posibilidades de racionalizar los gastos en las instituciones médicas a fin de mejorar el acceso a la asistencia primaria y a la asistencia médica hospitalaria, así como el suministro de medicamentos.

784.En los últimos años, el Ministerio de Sanidad, con ayuda de la Organización Mundial de la Salud y del UNICEF, ha aplicado con éxito proyectos de lucha contra la diarrea y las enfermedades respiratorias agudas entre los niños, y programas de promoción de la lactancia materna, y el Ministerio ha empezado a aplicar la estrategia titulada “Tratamiento integrado de las enfermedades infantiles”, y los proyectos que complementan la estrategia pública de desarrollo del sistema de protección sanitaria en el país.

785.Para alcanzar los objetivos de protección social de la infancia, se han preparado varias normas encaminadas a resolver los problemas más graves que afectan a las familias, las madres y los niños, y a incrementar el grado de protección social del que gozan las familias pobres con hijos.

786.Con arreglo al artículo 48 del Código del trabajo, se reduce a 36 horas la duración de la semana laboral para los trabajadores de entre 16 y 18 años y a 24 horas para los estudiantes de edades comprendidas entre los 15 y los16. En el artículo 23 se prevé una reducción del horario laboral para las embarazadas y las mujeres con hijos menores de 14 años o con un hijo discapacitado menor de 16

787.Desde que entró en vigor la Ley de pensiones de la seguridad social nacional, los niños discapacitados han dejado de recibir pensiones sociales y han pasado a depender directamente del Estado.

788.Para tal fin, el 14 de julio de 1999 se aprobó la Ley de prestaciones sociales para determinados grupos de ciudadanos, Nº 499-XIV. En los apartados c) y d) del artículo 3 de esa Ley se estipula que se beneficiarán de esas prestaciones los niños menores de 16 años discapacitados en grados I, II y III y los niños que hayan perdido a la personas que los mantenía. Las prestaciones establecidas en virtud de esa Ley se abonan con cargo al presupuesto del Estado, a través del presupuesto de prestaciones sociales nacionales. En el artículo 8 de la Ley se estipula la cantidad de la asignación como porcentaje de la pensión mínima para el grupo de edad correspondiente:

Niños discapacitados en grado I – 100%;

Niños discapacitados en grados II y III – 85%.

789.Según el artículo 9 de esa Ley, cuando los niños han perdido a la persona que los mantenía, la asignación se paga cuando el fallecido no cumplía las condiciones necesarias para optar a una prestación social nacional.

790.En caso de pérdida de la persona que se ocupa de su manutención, reciben asignaciones los niños menores de 18 años (alumnos de instituciones de enseñanza secundaria y superior – hasta su graduación, pero sólo hasta la edad de 23 años) cuando el Estado no se encarga de su manutención y no disponen de ingresos fijos.

791.En caso de fallecimiento de la persona que los mantenía, se paga una asignación por niño equivalente al 75% de la pensión mínima del grupo de edad correspondiente, hasta un tope 1,5 pensiones mínimas. Si han fallecido ambos progenitores se duplica la cantidad de la asignación.

792.La República de Moldova ha heredado de la época soviética varias instituciones que albergan a huérfanos, niños abandonados, niños con discapacidades mentales o físicas, y niños procedentes de países con complejos problemas sociales. Según las últimas estadísticas viven fuera de su hogar unos 15.000 niños.

793.Los niños con problemas de salud o problemas sociales están acogidos en las siguientes instituciones:

-orfelinatos para niños de hasta siete años;

-jardines de infancia especiales;

-orfelinatos para niños de 7 a 18 años;

-orfelinatos para niños con deficiencias mentales;

-internados para huérfanos y niños cuyos padres no pueden hacerse cargo de ellos;

-internados generales;

-internados auxiliares (para niños con deficiencias mentales);

-escuelas especiales para niños con enfermedades crónicas y deficiencias físicas y sensoriales;

-escuelas para niños con problemas de conducta;

-escuelas-sanatorio para niños.

794.Los motivos de la acogida de esos niños en instituciones suelen ser de índole social. Los niños proceden de familias con muchos problemas sociales agravados por las dificultades del período de transición. La dependencia excesiva de la acogida en instituciones se debe, en gran medida, a la existencia de servicios que prestan ayuda a las familias en crisis que recurren a la acogida de los niños en instituciones como mejor medio para protegerlos. Son pocos los casos en los que se puede evitar separar a los niños de sus padres, dada la difícil situación material de las familias. El Estado no ha tomado las medidas necesarias ni ha garantizado unas condiciones que permitan mantener, educar, recuperar e integrar en la sociedad a esas personas.

795.Es preciso desarrollar un complejo sistema con miras a evitar la reclusión de los niños en instituciones y a promover formas alternativas de consolidación de la familia o su acogida temporal o a largo plazo por una familia, o su adopción.

796.Uno de los principales objetivos de la estrategia del Gobierno en la esfera de la protección de los derechos del niño consiste en la reorganización y la diversificación de las instituciones de protección de la infancia, convirtiendo las instituciones existentes en instituciones de tipo familiar y creando centros de maternidad, centros de día, y centros socio-médico-educativos para niños con deficiencias a fin de que éstos puedan seguir viviendo con su familia.

797.La reforma estructural de las medidas de protección de la infancia requiere tanto recursos financieros como recursos humanos.

798.La estrategia de mitigación de la pobreza y el Programa Nacional de Mitigación de la Pobreza se basan en los resultados obtenidos del examen de los presupuestos de las unidades familiares que se llevó a cabo en Moldova con el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El análisis de los resultados obtenidos del estudio de la situación de los presupuestos de las unidades familiares indica que el grupo de población más numeroso socialmente vulnerable, amenazado o afectado por la pobreza son los niños. El Programa incluye un compartimento especial que contiene medidas encaminadas a proteger a los niños contra la pobreza. Se prevé establecer los siguientes subprogramas: “Nuestros niños”, “Niños huérfanos”, “Niños discapacitados”. Esas medidas, de índole diversa (financiación, materiales, subvenciones para el pago de servicios comunes), tienen por objeto prestar apoyo material a las familias con hijos.

799.En las medidas que se adopten con respecto a la infancia se tendrán en cuenta todos los intereses de los niños. El Estado garantiza el cuidado de los niños cuyos padres u otros responsables no puedan atenderles debidamente. El estado garantiza a los niños discapacitados asistencia médica gratuita, asistencia psicológica especial, educación general o formación profesional, un puesto de trabajo con arreglo a su capacidad y su reintegración en la sociedad para que puedan gozar de unas condiciones de vida decentes que faciliten su participación activa en la vida social.

800.El Estado garantiza a los niños discapacitados las prestaciones sociales nacionales.

801.Todos los niños tienen derecho a vivir en una familia, a conocer a sus padres, a recibir sus cuidados y a vivir con ellos, salvo en los casos en los que la separación de uno de ambos progenitores es necesaria para el bien del niño.

802.El Estado garantiza el derecho del niño a la vida y a la inviolabilidad física y mental tanto a través de la Constitución como de la Ley de derechos del niño.

803.El Estado debe proteger a los niños de cualquier forma de explotación, discriminación y violencia física o psíquica y no permitir que sean maltratados ni tratados de forma cruel, desdeñosa o insultante.

804.La legislación vigente en la República de Moldova regula el derecho del niño a un nombre. Según el artículo 5 de la Ley de derechos del niño, el niño tiene derecho a recibir un nombre desde su nacimiento, que se registra con arreglo a las disposiciones del Código del matrimonio y la familia.

805.El Código del matrimonio y la familia estipula que todo niño nacido de un matrimonio recibe el apellido de sus padres. Si los padres del niño no tienen un apellido común, el niño recibe el apellido del padre o de la madre, con arreglo a lo que ambos decidan, y si no llegan a un acuerdo resuelve la cuestión la autoridad local de tutela. El niño recibe un nombre simple o un nombre compuesto de dos o más nombres, con arreglo a los deseos de sus padres.

806.La modificación del apellido de ambos progenitores da lugar a la modificación el apellido del niño, y si sólo uno de los progenitores cambia de apellido, el apellido del niño puede modificarse previo consentimiento común de los padres. Si los padres no llegan a un acuerdo, la autoridad local de tutela se encarga de resolver el problema.

807.La alteración del apellido de ambos padres o de uno de ellos no conlleva la alteración del apellido del hijo si éste ya ha cumplido los 18 años.

808.El apellido de los hijos no cambia aunque el matrimonio de los padres se disuelva o se declare nulo.

809.Si, al disolverse o declararse nulo un matrimonio, el progenitor al que se ha otorgado la custodia de los hijos desea que éstos lleven su apellido, la autoridad local de tutela puede emitir un fallo al respecto teniendo en cuenta los intereses de los hijos, aunque el otro progenitor se oponga al cambio del apellido de los hijos menores.

810.Si los padres del niño no están casados y su apellido y la información acerca de su padre están inscritos en el registro por haberse establecido su paternidad, la autoridad local de tutela puede emitir un fallo sobre la cuestión, teniendo en cuenta los intereses del niño, aunque el otro progenitor se oponga a que se cambie el apellido del menor.

811.Para cambiar el apellido de un niño que haya cumplido los 10 años siempre se requiere el consentimiento de éste.

812.El derecho del niño a la ciudadanía se consagra tanto en la Ley de derechos del niño, que estipula que todos los niños tienen derecho a una ciudadanía, como en la Ley de ciudadanía.

Según esta última Ley, todo niño nacido en la República de Moldova de padres de nacionalidad moldova es ciudadano de la República de Moldova.

813.Los ciudadanos de la República de Moldova también pueden ser personas que:

1.Hayan nacido en la República de Moldova, aunque sólo uno de sus progenitores sea de nacionalidad moldova;

2.Hayan nacido en el extranjero y sus padres o uno de ellos sean ciudadanos de la República de Moldova;

3.Hayan nacido en la República de Moldova de padres apátridas;

4.Hayan nacido en la República de Moldova de padres de otra nacionalidad, si el Estado del que son ciudadanos los padres no otorga su ciudadanía al niño.

814.Todo niño encontrado en la República de Moldova se considera ciudadano moldovo si no se consigue identificar a ninguno de sus progenitores.

815.Los niños extranjeros o apátridas obtienen la ciudadanía de la República de Moldova si son adoptados por ciudadanos moldovos antes de cumplir los 16 años.

816.Todo niño extranjero o apátrida adoptado por una pareja compuesta por una persona de nacionalidad moldova y una persona apátrida se convierte en ciudadano de la República de Moldova. Todo niño extranjero o apátrida adoptado por una pareja integrada por una persona de nacionalidad moldova y una persona apátrida se convierte en ciudadano de la República de Moldova por acuerdo de los padres adoptivos. Si éstos no llegan a un acuerdo, el tribunal decide cuál es la ciudadanía del menor, teniendo en cuenta sus intereses. Si el niño ya ha cumplido los 14 años es preciso solicitar su consentimiento.

817.Si la persona que adopta al niño es ciudadana de la República de Moldova, el menor adquiere la ciudadanía de esa persona.

818.Todo niño ciudadano de la República de Moldova adoptado por una persona o una pareja extranjera conserva la nacionalidad moldova.

819.Todo niño ciudadano de la República de Moldova que se encuentre al cuidado de un tutor o cuasi tutor, y cuyos progenitores, o uno de ellos, vivan en el país y no se ocupen de su educación, conserva la nacionalidad moldova.

820.El Estado tiene la obligación de proteger, y, en caso de necesidad, restablecer los aspectos fundamentales de la identidad del niño.

821.La Constitución de la República de Moldova estipula que no se podrá privar arbitrariamente a nadie de su nacionalidad o del derecho a cambiarla.

822.La Ley de ciudadanía estipula que los ciudadanos de la República de Moldova que vivan en el extranjero no perderán su ciudadanía, cualquiera que sea la duración de su estancia fuera del país.

Artículo 25

823.En el artículo 33 de la Constitución se estipula lo siguiente con respecto al “Derecho a votar y ser elegido”:

1.El fundamento del poder del Estado es la voluntad del pueblo dada a conocer a través de las elecciones libres, que se celebran a intervalos periódicos y se basan en el sufragio universal, igual, directo y libre.

2.Con excepción de las personas que tienen prohibido por ley votar, todos los ciudadanos de la República de Moldova que han cumplido los 18 años de edad o que los cumplen el día en que se celebra la votación tienen derecho a votar.

3.Todos los ciudadanos de la República de Moldova con derecho al voto tienen derecho a ser elegidos.

824.Según el Código Electoral de la República de Moldova, aprobado en virtud de la Ley Nº 1381-XIII, de 21 de noviembre de 1997 (Monitorul Oficial de la República de Moldova Nº 81/667, de 12 de diciembre de 1997):

“Los ciudadanos de la República de Moldova tienen derecho a votar y a ser elegidos sin discriminación por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, afiliación política, patrimonio personal u origen social” (artículo 3).

825.En el artículo 39 de la Constitución, titulado “El derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos” se estipula lo siguiente:

1.Los ciudadanos de la República de Moldova tienen derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos, directamente o a través de sus representantes.

2.La legislación garantiza a todos los ciudadanos de la República de Moldova la posibilidad de acceder a cargos públicos.

826.El artículo 13 de la Ley de la función pública, Nº 443-XIII, de 4 de mayo de 1995 (Monitorul Oficial de la República de Moldova Nº 61/681, de 2 de noviembre de 1995), sobre “El derecho a acceder a la función pública”, estipula lo siguiente:

1.Los ciudadanos de la República de Moldova tienen derecho a acceder a la función pública sin discriminación por motivos de raza, nacionalidad, sexo o confesión, si residen permanentemente en la República, tienen el nivel de estudios necesario, están en condiciones físicas de ocupar el cargo con arreglo al certificado médico que confirme su estado de salud, y si no están sujetos a ninguna de las restricciones previstas en el artículo 11;

2.Las personas que trabajan en la administración pública deberán hablar moldovo dentro de los límites establecidos por la Ley sobre el uso de los idiomas en el territorio de la República de Moldova.

827.Con arreglo a lo dispuesto en la legislación en vigor, la condición jurídica de la mujer en la República de Moldova no constituye un obstáculo para su ascenso profesional en las nuevas instituciones democráticas creadas después de la declaración de independencia. La Constitución prevé la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, el derecho a votar y a ser elegidos para ocupar cargos en los órganos de dirección, y garantiza el derecho de la mujer a ocupar cualquier cargo con arreglo a sus aptitudes (artículos 16, 38 y 39).

828.Sin embargo, la participación de las mujeres en la formulación y aplicación de políticas de desarrollo económico y social y en el proceso de adopción de decisiones no es significativa.

829.Durante el período de creación del Estado después de que se proclamara la independencia de la República, la presencia de mujeres en los órganos de adopción de decisiones del Estado ha sido escasa. En 1990 y 1996, su presencia en el Parlamento fue del 3,6% y el 4,9%, respectivamente, aumentando hasta el 8,9% en 1998. Últimamente se ha registrado un incremento notable de la participación de mujeres en los órganos judiciales, en los que representan el 30% del total de jueces del Tribunal Supremo de Justicia.

830.La participación de la mujer en las actividades de los partidos políticos también es considerable. Lamentablemente, en las estadísticas oficiales no se recoge debidamente la participación de mujeres en los procesos político y económico. Teniendo en cuenta que la participación en la vida política y la promoción en las estructuras de adopción de decisiones sólo puede producirse si se promociona a las mujeres en el marco de los partidos políticos, actualmente las mujeres de la República de Moldova participan más activamente en la vida de esos partidos. En 1994, solo había 131 mujeres en las listas de candidatos de 13 partidos y bloques electorales, mientras que en 1998 eran ya 212, casi el doble. La duplicación del número de mujeres en el Parlamento elegido en 1998 (de un 4,9% a un 8,9%) indica que se han producido cambios no sólo cuantitativos, sino también cualitativos. Se han introducido modificaciones en la Ley de partidos y otras organizaciones políticas y sociales, el párrafo 6 de cuyo artículo 7 estipula que “los partidos y las demás organizaciones sociales y políticas promoverán el principio de igualdad entre hombres y mujeres en los órganos de adopción de decisiones a todos los niveles”. Esa modificación permite que las mujeres asciendan dentro de los partidos e implícitamente que sean incluidas en las listas de candidatos. De momento, la cuestión no se ha confirmado mediante otras disposiciones jurídicas que garanticen su observancia.

831.Aunque las mujeres participan en la vida social y política, siguen ocupando pocos cargos directivos en los partidos políticos. Las mujeres representan un porcentaje importante de los militantes de algunos

partidos. La escasa participación de las mujeres en el proceso de adopción de decisiones políticas repercute negativamente en el proceso de establecimiento de políticas y adopción de decisiones.

Cuadro 9

La mujer en el Gobierno y en la justicia

Cargo	1990	1994	1996	1999
Hombres/mujeres	H	M	H	M	H	M	H	M
Ministros	13	1	20	-	17	-	15	1
Viceministros	86	6	54	3	55	2	45	8
Directores de departamento	59	1	55	2	10	1	10	2
Consejeros (órganos locales)		35%				39.2%		9.7%
Alcaldes		13%				10.3%		8.74%
Tribunal Supremo de Justicia	44	13	36	7	36	7	15	5

Artículo 26

832.Según el párrafo 2 del artículo 16 de la Constitución, aprobada el 29 de julio de 1994:

“Todos los ciudadanos de la República de Moldova son iguales ante la ley y las autoridades públicas, sin discriminación por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, afiliación política, patrimonio personal u origen social”.

833.El artículo 53 de la Ley Suprema del Estado, titulado “Derechos de las personas agraviadas por las autoridades públicas”, estipula lo siguiente:

1.Toda persona cuyos derechos hayan sido vulnerados de algún modo por una autoridad pública a través de una decisión administrativa o por no responder en los plazos prescritos a una solicitud, tiene derecho a que se le reconozcan esos derechos, se anule la decisión y se le pague una indemnización.

2.El Estado es pecuniariamente responsable, conforme a lo previsto por la ley, por cualquier perjuicio o daño ocasionado en un juicio como consecuencia de un error de la policía o de la judicatura.

834.El artículo 20 de la Ley Suprema, titulado “Libre acceso a la justicia” estipula lo siguiente:

1.Todos los ciudadanos tendrán derecho a obtener protección efectiva de los tribunales competentes contra toda actuación que viole sus derechos, libertades e intereses legítimos.

2.Ninguna ley podrá restringir el acceso a la justicia.

835.El artículo 8 de la Ley del sistema judicial, Nº 514-XIII, de 6 de julio de 1995 (Monitorul Oficial de la República de Moldova Nº 58/641, de 19 de octubre de 1995) titulado “Igualdad ante la ley”, contiene la siguiente disposición:

“Todos los ciudadanos de la República de Moldova son iguales ante la ley y las autoridades judiciales, sin discriminación por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, afiliación política, patrimonio personal, origen social u otra condición”.

836.Según la Ley sobre la condición jurídica de los extranjeros y los apátridas en la República de Moldova, Nº 275-XIII, de 10 de noviembre de 1994 (Monitorul Oficial de la República de Moldova Nº 20/234, de 29 de diciembre de 1994):

“Los extranjeros y los apátridas serán iguales ante la ley y las autoridades públicas, sin discriminación por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opinión, afiliación política, patrimonio personal u origen social” (párrafo 3 del artículo 5).

837.En el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil de la República de Moldova titulado “Administración de justicia basada en el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley y los tribunales” figura la siguiente disposición:

“En los juicios civiles, los tribunales administrarán justicia sobre la base del principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y los tribunales, sin discriminación por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opinión, afiliación política, patrimonio personal, origen social, u otra condición”.

838.En el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, titulado “Administración de justicia sobre la base del principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y los tribunales” figura la siguiente disposición:

“Al administrar justicia en los casos penales, se tendrá presente que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y los tribunales, sin discriminación por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opinión, afiliación política, patrimonio personal u origen social, forma y carácter de la ocupación, residencia, ciudadanía, u otra condición”.

Artículo 27

839.En la República de Moldova, la protección que se otorga a las personas pertenecientes a minorías étnicas no difiere de la que se otorga al resto de los ciudadanos del país, por lo que todos tienen los mismos derechos y obligaciones.

840.Los principios de igualdad y no discriminación de los ciudadanos se reflejan en todos los sistemas legislativos e institucionales de la República y “el respeto y la protección de la persona humana es la obligación primordial del Estado” (párrafo 1 del artículo 16 de la Constitución).

841.La igualdad ante la ley y las autoridades públicas de los ciudadanos de la República de Moldova, sin discriminación por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opinión, afiliación política, patrimonio personal u origen social está garantizada en virtud de la Ley Suprema del Estado (artículo 16 2)).

842.La Constitución dispone que “la República de Moldova es la patria común e indivisible de todos sus ciudadanos” (artículo 10 1)). Esa disposición, a la que sigue la declaración de que “el Estado reconoce y garantiza a todos sus ciudadanos el derecho a conservar, desarrollar y expresar su identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa” (artículo 10 2)), constituye el fundamento de los dos principios que orientan el desarrollo y la educación de toda la sociedad: respeto de la identidad étnica y garantía de unidad de la nación sobre la base de su desarrollo.

843.Esas ideas han constituido las bases de la política del Estado de promover la enseñanza de la cultura, la historia, el idioma y la religión de las minorías étnicas del país. También han conducido a la elaboración del Programa de actividades del Gobierno de la República de Moldova para 1999-2000,

“Supremacía de la ley, reactivación de la economía, integración en Europa”. El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación y Ciencia han establecido las prioridades de las actividades encaminadas a promover la cultura, la ciencia y la reforma educativa.

844.En la Ley de educación, Nº 547, de 21 de julio de 1995, se establecen los siguientes objetivos principales para la educación en la República de Moldova:

-el fomento del respeto de los derechos humanos y las libertades, cualquiera que sea el origen étnico de la persona;

-la preparación del niño para que asuma sus responsabilidades en una sociedad libre, desde un espíritu de amistad entre las naciones y de respeto de los valores culturales de las minorías étnicas, nacionales y religiosas;

-la educación en el respeto de la identidad, el idioma y los valores culturales de la nación y de los valores nacionales del país en el que vive.

845.La Ley de educación y la Ley relativa a la utilización de los idiomas hablados en la República de Moldova establecen un principio importante: el Estado garantiza el derecho a elegir el idioma de la educación y la formación a todos los niveles del sistema educativo, mediante el establecimiento de la prioridad del sistema de idioma único como forma de organizar el proceso educativo. Con arreglo a esas disposiciones, las minorías étnicas pueden disponer de escuelas en las que la enseñanza se imparte en su lengua materna.

846.Habida cuenta de que la enseñanza en la lengua materna constituye la base para mantener y desarrollar la identidad lingüística y cultural de cualquier grupo étnico, el Estado garantiza su gratuidad y el acceso a ella mediante una amplia red de centros preescolares y escuelas de enseñanza primaria, secundaria y superior.

847.En el artículo 18 de la Ley relativa a la utilización de los idiomas hablados en la República de Moldova se prevé la creación de las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho de los ciudadanos que pertenecen a otros grupos étnicos que viven en la República a la educación y a la enseñanza de su lengua materna, haciendo referencia directamente al gagauz, el ucraniano, el ruso, el búlgaro, el hebreo y el yiddish.

848.Según la Ley de educación el Estado creará las condiciones necesarias para que todos los ciudadanos aprendan el idioma oficial a fin de facilitar su integración con los mismos derechos en las distintas esferas de la vida económica, política y cultural de la República, al tiempo que garantizará a las minorías étnicas la posibilidad de aprender su lengua materna para preservar sus valores espirituales.

849.La sociedad está cada vez más sensibilizada respecto del hecho de que se debe aprender el idioma oficial. Antes de 1990, parte de los moldovos estudiaban en escuelas en las que la enseñanza se impartía en ruso y, en la actualidad, muchos niños de origen ruso, por deseo de sus padres, prefieren estudiar en escuelas en las que la enseñanza se imparte en el idioma oficial del Estado. Por consiguiente, ha disminuido el número de escuelas en los que la enseñanza se imparte en ruso.

850.Esa situación se explica también por el hecho de que, recientemente, varias escuelas rusas se han convertido en escuelas en las que la enseñanza se imparte en ucraniano, gagauz y búlgaro. Los datos confirman el aumento del número de esas escuelas:

Curso 1990-1991

Total de escuelas	1 576	Total de alumnos	720 800
Escuelas moldovas	1 025	En rumano (moldovo)	434 200
Escuelas rusas	421	En ruso	286 600
Escuelas moldovo-rusas	128
Otras	2	En otros idiomas	0.0

Curso 1997-1998

Total de escuelas	1 493	Total de alumnos	647 000
Escuelas moldovas (76,0%)	1 097	En rumano (moldovo)	492 000
Escuelas rusas (23,9%)	277	En ruso	154 500
Escuelas moldovo-rusas	111
Otras	8	En otros idiomas	0.500(0.1%)

851.En la actualidad está ultimándose la preparación del proyecto de Concepción Educativa de la República de Moldova. En él se incluyen enfoques generales parciales y globales para abordar la cuestión de la educación.

852.Con arreglo a la concepción propuesta, se puede proyectar el modelo de la personalidad de una sociedad democrática. Entre los rasgos de esa personalidad figuran la aptitud de las personas para defender sus intereses sociales, profesionales, culturales y étnicos.

853.La educación se basa en los siguientes principios: la unidad de la vida social y la educación, la unidad de los valores humanos generales y los valores nacionales, y la educación multicultural. Los valores humanos generales se crean como resultado de las actividades que se desarrollan en el ámbito social de la existencia humana. Esos valores se manifiestan a través de los rasgos de la persona, uno de los cuales es la tolerancia de la diversidad cultural y religiosa.

854.En el proyecto de Concepción Educativa se prevén los siguientes objetivos para el sistema de enseñanza:

I.La promoción del respeto de los derechos humanos y las libertades, cualquiera que sea el origen étnico de la persona;

II.La preparación de los niños para que asuman sus responsabilidades en la vida en el marco de una sociedad libre, desde un espíritu de paz, igualdad entre los sexos y armonía entre todos los pueblos y grupos étnicos y religiosos,

855.Para que la persona pueda formar y desarrollar su personalidad necesita un entorno favorable. Entre las condiciones sociales, la comunidad tiene una función importante que desempeñar. Las comunidades étnicas, por sus costumbres y tradiciones concretas y por sus valores culturales, tiene un papel significativo en la formación de la personalidad de la persona por lo que respecta al mantenimiento de su identidad. La pertenencia a una comunidad étnica resulta beneficiosa porque promueve la afirmación de la autoestima a nivel individual y comunitario.

856.El programa denominado “Regulación de la coexistencia interétnica e intercultural en la República de Moldova” contiene la orientación estratégica que permitirá aplicar la Concepción Educativa.

857.Con arreglo a la Ley de educación, la Concepción Educativa de la República de Moldova y las tendencias actuales de los planes de estudios de los distintos sistemas educativos del mundo, se ha preparado un programa de estudios básico.

858.La aplicación de la reforma del programa de estudios permitirá alcanzar los objetivos que la sociedad confiere a la educación y satisfacer las necesidades de desarrollo pleno y libre de la personalidad humana.

859.La reforma del programa de estudios de la República de Moldova se ha llevado a cabo en respuesta a un conjunto coherente de objetivos.

860.El principal objetivo educativo de la escuela es el desarrollo libre y armónico de la persona y la formación de la personalidad creativa que pueda adaptarse a las condiciones en continuo cambio de la vida.

861.La educación tiene por objeto promover:

III.el respeto de los derechos humanos y las libertades, cualquiera que sea el origen étnico y social de la persona o su actitud con respecto a la religión (principios incluidos en la Carta de las Naciones Unidas);

IV.la preparación del niño para que asuma sus responsabilidades en la vida en el marco de una sociedad libre, desde un espíritu de entendimiento, paz, tolerancia, igualdad entre los sexos y colaboración entre todas las naciones y todos los grupos étnicos, nacionales y religiosos;

V.la creación de las capacidades necesarias para la tolerancia y la resolución de conflictos;

VI.el respeto de los valores humanos generales y los valores sociales, culturales, morales y nacionales;

VII.la comprensión y la aceptación de los valores democráticos de la tolerancia y el diálogo intercultural;

VIII.el conocimiento de la literatura nacional y universal y de los valores artísticos;

IX.el conocimiento de los derechos humanos y de la igualdad entre los distintos grupos étnicos;

X.el respeto de los valores y la tolerancia hacia las otras razas, nacionalidades, religiones y formas de vida mediante el fomento del interés por la calidad de la vida social, la cooperación y la justicia;

XI.la superación del marco étnico, lingüístico y cultural para constituir nuevos valores, como miembros de la comunidad en un sentido más amplio;

XII.la promoción de la identidad étnica y cultural y del interés y la tolerancia hacia los valores de la literatura y las artes de otras naciones;

XIII.la cooperación y la colaboración entre distintas personas, sin tener en cuenta la nacionalidad, la raza, el sexo o la religión;

XIV.el entendimiento mutuo a nivel internacional y de la comunidad.

862.En la República de Moldova no existe ninguna disposición jurídica que promueva una política de asimilación forzosa de las personas pertenecientes a minorías étnicas. El proceso de integración de las minorías en la nación mayoritaria, con arreglo a la legislación lingüística vigente, entraña el estudio voluntario del idioma oficial del Estado. Un rasgo característico del proceso de integración es que su objetivo fundamental es la integración lingüística, es decir el uso generalizado del idioma oficial, el intercambio de valores espirituales entre los representantes de los distintos grupos étnicos y, al mismo tiempo, el desarrollo de la identidad étnica de las personas pertenecientes a las minorías.

863.Además de las escuelas en las que la enseñanza se imparte en el idioma oficial del Estado, en Moldova también hay escuelas primarias, secundarias y superiores en las que se enseña en idiomas de minorías étnicas (véase información detallada infra).

864.En los lugares con una elevada densidad de ucranianos, búlgaros y gagauzi, se han creado las condiciones necesarias para que los niños puedan recibir enseñanza preescolar en su lengua materna. Cabe mencionar que durante el régimen soviético los niños pertenecientes a esas minorías sólo podían estudiar en escuelas en las que la enseñanza se impartía en ruso. Actualmente, los niños de origen judío y polaco pueden recibir enseñanza en sus lenguas maternas. Los niños de origen bielorruso, lituano, griego, azerí y alemán estudian su lengua materna y su cultura nacional en las escuelas dominicales creadas por las organizaciones étnicas y culturales respectivas.

865.En la República ya se ha organizado la formación de personal docente de los parvularios y las escuelas en las que la enseñanza se imparte en los idiomas de las minorías étnicas.

866.En los últimos diez años se han fundado las siguientes instituciones: la universidad estatal de Comrat (en la que la enseñanza se imparte en gagauz), la universidad eslava, la Facultad de Pedagogía “M. Ciachir” (en Comrat), la Facultad de Pedagogía “Kiril y Metodiu” en la ciudad de Taraclia (en la que enseñanza se imparte en búlgaro), y una sección del conservatorio de música “Stefan Neaga” (en la que la enseñanza se imparte en búlgaro) en Tvardiţa.

867.Existen departamentos especializados en la formación de especialistas bilingües en filología rumano-ucraniana en la Universidad del Estado “A. Russo”, en Bălţi, y en filología rumano-gagauz y rumano-búlgara en la universidad de pedagogía “I. Creangă”, en Chişinău.

868.La distribución por nacionalidades de los alumnos que estudiaron en centros públicos de formación profesional secundaria durante el curso 1999-2000 fue la siguiente:

Moldovos78%

Rusos 9%

Ucranianos 7%

Gagauzi 4%

Otros grupos étnicos 2%

869.Los planes educativos se elaboran, dependiendo del idioma en el que se imparte la enseñanza, en las instituciones educativas de los lugares en los que un elevado porcentaje de la población pertenece a minorías étnicas, por lo que respecta a la enseñanza de la lengua materna como asignatura escolar (tres horas a la semana). En la actualidad están en funcionamiento en Moldova 1.086 escuelas (con 459.700 alumnos) en las que la enseñanza se imparte en rumano (moldovo); 257 escuelas (121.200 alumnos) en los que la enseñanza se imparte en ruso; y 125 escuelas mixtas (58.900 alumnos) en las que 32.200 alumnos estudian en rumano (moldovo), 26.400 en ruso, y 300 en ucraniano.

Cuadro 10

Distribución de las escuelas y los alumnos por idioma en que se imparte la

enseñanza, 1992-1999 (sin incluir las escuelas para niños con deficiencias

de desarrollo intelectual o físico ni las escuelas-sanatorio)

	1992/ 1993	1993/ 1994	1994/ 1995	1995/ 1996	1996/ 1997	1997/ 1998	1998/ 1999
Escuelas – número total	1 432	1 444	1 458	1 470	1 485	1 493	1 505
Escuelas en las que la enseñanza se imparte en: rumano (moldovo)	1 020	1 031	1 047	1 065	1 081	1 097	1 115
ruso	313	284	281	283	279	279	268
rumano (moldovo) y ruso	99	123	123	113	115	111	114
ucraniano y ruso	-	6	7	7	8	3	3
búlgaro y ruso	-	-	-	1	1	1	3
yiddish	2	2	2	2	2	2	2
inglés	-	-	-	1	1	1	1
turco	-	-	-	-	-	1	1
Alumnos –número total, en miles	609.4	614.9	623.9	636.9	643.7	647.0	645.0
Alumnos que cursan estudios en: rumano (moldovo)	431.5	444.9	458.5	477.4	485.0	492.0	495.1
ruso	177.9	169.4	164.1	157.2	156.9	154.5	149.0
ucraniano	-	0.6	1.3	2.2	1.7	0.3	0.3
búlgaro	-	-	-	0.03	0.03	0.12	0.16
yiddish	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.6	0.6
inglés	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1
turco	-	-	-	-	-	0.1	0.2
Del total de alumnos, número de alumnos que estudian su lengua materna como asignatura escolar: gagauz	25.7	19.9	31.3	29.2	32.1	31.8	32.2
búlgaro	6.9	6.1	6.8	7.1	7.8	8.3	7.8
ucraniano	1.3	0.6	1.3	1.8	2.4	2.9	2.3
polaco	0.02	0.03	0.04	0.06	0.06	0.04	0.1
alemán	-	0.05	0.1	0.4	0.5	0.1	0.1
turco	-	-	-	-	-	0.1	-

870.En la actualidad, el ucraniano se enseña como asignatura en 71 escuelas de enseñanza general y en siete escuelas secundarias, a las que asisten 10.091 alumnos. En 16 clases experimentales, 338 alumnos estudian todas las asignaturas en ucraniano. La Facultad de Pedagogía de Lipcani prepara al profesorado que se encarga de la enseñanza de lengua y literatura ucranianas.

871.El búlgaro se enseña en 27 centros preescolares (13.338 niños), 26 escuelas de enseñanza general (7.994 alumnos) y tres escuelas de enseñanza superior: en Taraclia, Comrat y Ciadîr-Lunga (524 alumnos). En la República están en funcionamiento seis clases experimentales (con 122 alumnos), en las que todas las asignaturas se imparten en búlgaro.

872.En el marco de la Casa de la Nacionalidades funcionan escuelas dominicales, organizadas por algunas sociedades étnico-culturales, en las que los niños estudian su lengua materna: alemán, polaco, lituano y griego.

873.Existe un programa público especial encuadrado en la enseñanza superior para la organización del sistema educativo superior en los idiomas de las minorías étnicas. En los grupos étnicos con un perfil especial, la enseñanza de determinadas asignaturas especializadas se lleva a cabo en la lengua materna de los estudiantes.

874.En la República se dispone de las siguientes estadísticas con respecto al sistema de enseñanza superior: durante el curso 1998-1999 el sistema moldovo de enseñanza superior contaba con 38 centros que acogían a un total de 72.729 alumnos.

875.La composición del alumnado por origen étnico es la siguiente: moldovos – 72%, rusos – 13%, ucranianos – 9%, gagauzi – 4%, y búlgaros 2%.

876.Si se expresa en cifras absolutas, la situación es la siguiente: de un total de 72.729 alumnos, 52.316 son moldovos, 9.228 rusos, 6.304 ucranianos, 2.663 gagauzi, 1.584 búlgaros, 201 yiddish, 43 gitanos y 430 pertenecen a otras nacionalidades.

877.Las dos terceras partes de los alumnos de la enseñanza superior estudian en el idioma oficial, y el 31% en ruso. También existen algunos grupos que estudian en ucraniano, inglés, francés, alemán, español, búlgaro y gagauzi.

Cuadro 11

Número de estudiantes por idioma en que se imparte la enseñanza

en el curso 1998-1999

Idioma de enseñanza	Número de estudiantes
Rumano (Moldovo)	47 994
Ruso	22 240
Inglés	1 284
Francés	791
Alemán	137
Rumano/ruso	92
Rumano/ucraniano	87
Ucraniano	76
Español	28
Total	72 729

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia.

878.La Unión Administrativa Territorial de Gagauzia dispone de una universidad la mayoría de cuyos alumnos pertenece a ese grupo étnico.

879.La Universidad Eslava, que se dedica fundamentalmente a las humanidades y se especializa en filología de las lenguas eslavas que se hablan en el país (ruso, ucraniano y búlgaro), se fundó en Chişinău con el objetivo de resolver el problema de la interferencia entre la cultura eslava y la cultura románica en la República de Moldova.

880.El proceso de transición hacia una economía de mercado en la República de Moldova ha dado lugar a cierta reorganización del sistema educativo. El sector privado ha empezado a participar en la enseñanza secundaria y superior, incluso entre las minorías étnicas.

881.La formación del personal docente también se lleva a cabo mediante el intercambio de estudiantes con diversos países extranjeros. Alrededor de 10.700 moldovos estudian en el extranjero.

882.La República de Moldova promueve el desarrollo cultural, la investigación histórica y el estudio de la lengua y la práctica del culto religioso de las minorías étnicas en la misma medida que los de la población mayoritaria del país. Como resultado de las medidas adoptadas, se ha creado un marco político democrático que permite resolver los problemas de las minorías étnicas, lingüísticas y religiosas sobre la base de los siguientes principios fundamentales:

-la educación de los ciudadanos en el espíritu de los principios del pluralismo cultural y el patriotismo constitucional, la tolerancia y el respeto a los valores culturales de cada grupo étnico y al patrimonio histórico común;

-la preservación del acervo espiritual de todos los grupos étnicos que viven en la República, al tiempo que se promueve el proceso de integración de Moldova en la Comunidad Europea;

-la creación de las condiciones más idóneas para promover el uso del idioma oficial y proteger los demás idiomas que se hablan en el país.

883.La República de Moldova ha desarrollado un amplio marco para `promover la cultura de las minorías étnicas. Desde 1990 han entrado en vigor los siguientes instrumentos legislativos:

1.El Decreto del Presidente de la República de Moldova Nº 64, de 22 de febrero de 1991, por el que se garantiza el desarrollo de la cultura nacional ucraniana en la República, y la Resolución del Gobierno Nº 219, de 25 de abril de 1991, sobre esta misma cuestión;

2.La Resolución del Gobierno de la República de Moldova Nº 336, de 9 de julio de 1991, sobre las medidas destinadas a garantizar el desarrollo de la cultura rusa en la República;

3.El Decreto del Presidente de la República de Moldova Nº 0604-945, de 12 de agosto de 1991, sobre las medidas encaminadas a garantizar el desarrollo de la cultura nacional judía y la satisfacción de las necesidades sociales de la población judía que vive en la República de Moldova, y el Reglamento del Gobierno sobre esta cuestión;

4.El Decreto del Presidente de la República de Moldova Nº 79, de 30 de marzo de 1992, relativo a algunas medidas destinadas a garantizar el desarrollo de la cultura nacional búlgara y la Resolución del Gobierno Nº 428, de 23 de junio de 1992, sobre esta cuestión.

884. Los instrumentos legislativos citados son la expresión de la política del joven Estado moldovo con respecto a las minorías étnicas.

885.La cultura tiene un papel prioritario en la promoción de la armonía entre las distintas etnias al contribuir de manera esencial al desarrollo de la identidad humana, e implícitamente de la tolerancia hacia la diversidad cultural. La promoción de la cultura es el objetivo de la Ley de la cultura aprobada el 27 de mayo de 1999 y promulgada el 28 de julio de ese mismo año. En muchos de los artículos de esta Ley se consagra el desarrollo inalienable de todos los ciudadanos a llevar a cabo actividades culturales “sin

ninguna distinción por motivos de origen étnico o social, idioma, sexo, opiniones políticas, religiosas o de otra índole, lugar de residencia, patrimonio personal, estudios, profesión u otras circunstancias”; el derecho a la identidad cultural; y el derecho a fundar organizaciones, federaciones, y departamentos internacionales de artistas y a participar activamente en ellos.

886.La creación de las condiciones necesarias para el desarrollo de la cultura de las personas pertenecientes a minorías étnicas y para preservar su identidad étnica, incluidas su religión, su lengua, sus tradiciones y costumbres y su patrimonio cultural, no sólo resulta beneficiosa para las minorías, sino que también garantiza la armonía entre los distintos grupos étnicos y la integridad del Estado, por lo que las ideas que se reflejan en esos instrumentos legislativos constituyen la base de los estatutos de las organizaciones étnico-culturales de todo el país.

887.La Ley de asociaciones públicas entró en vigor en enero de 1997 (Moniturol Oficial Nº 6, de 23 de enero de 1997). Hasta la fecha, están inscritas con arreglo a esa Ley en el registro oficial del Ministerio de Justicia 46 organizaciones étnicas y culturales. Dichas organizaciones aportan una contribución importante a la vida social y cultural del país y contribuyen al ejercicio de los derechos de los ciudadanos, garantizados por la Constitución, a preservar, desarrollar y expresar su identidad cultural, lingüística, religiosa y étnica. Esas organizaciones presentan estructuras diversas, y entre ellas hay, por ejemplo, 11 comunidades, dos uniones y cuatro fundaciones. En total son 18 las minorías étnicas que disponen de sus propias asociaciones: los ucranianos, los rusos, los búlgaros, los gagauzi, los judíos, los bielorrusos, los polacos, los alemanes, los gitanos, los griegos, los lituanos, los armenios, los azeríes, los tártaros, los chuvashes, los italianos, los coreanos y los uzbecos.

888.Las organizaciones étnicas y culturales están integradas por ciudadanos de Moldova que pertenecen a alguna de las minorías étnicas. Se trata de organizaciones de carácter voluntario, no gubernamentales y sin fines de lucro. La Ley de asociaciones públicas no establece ninguna limitación del derecho de asociación en función del origen étnico. Se han creado organizaciones similares en los lugares en los que la población ucraniana, rusa, búlgara, judía y polaca es más numerosa, como, por ejemplo, en las siguientes ciudades: Soroca, Bălti, Orhei, Cahul, Comrat, Bender y Tiraspol. Esas organizaciones contribuyen a preservar y desarrollar las tradiciones étnicas, la lengua materna y la cultura de las distintas minorías, que viven en Moldova. También contribuyen al estudio de la historia de sus países de origen y al desarrollo de las relaciones entre Moldova y los países de los que procedían originariamente esas minorías. Al mismo tiempo, las organizaciones étnicas y culturales dan a conocer y difunden el acervo espiritual moldovo entre las minorías étnicas.

889.Últimamente ha surgido una forma relativamente nueva de organización de personas pertenecientes a minorías étnicas que consiste en la creación de comunidades, que son organizaciones de carácter social, cultural y humanitario. Ese tipo de comunidades étnicas se han creado en las minorías ucraniana, rusa, búlgara, bielorrusa, alemana, azerí y armenia. Las actividades de esas comunidades no son sólo de índole cultural, sino que también se esfuerzan por proteger los derechos civiles, económicos, sociales y religiosos de sus miembros.

890.En virtud de la Resolución del Gobierno de la República de Moldova Nº 998, de 28 de septiembre, se ha aprobado la estructura del Departamento de Relaciones Nacionales y Uso de los Idiomas. En el marco de ese Departamento, junto con la Dirección de relaciones interétnicas y la Dirección de relaciones exteriores y diáspora, se ha creado la Dirección de promoción del idioma oficial y de control de la aplicación de la legislación lingüística. Una de las atribuciones de esa Dirección es la protección de las lenguas que hablan las minorías étnicas del Estado.

891.Pese a que se han registrado logros concretos en el ámbito de la educación, la cultura y los medios de comunicación de masas, el Departamento de Relaciones Nacionales y Uso de los Idiomas presta atención permanente a esos problemas.

892.El Reglamento del Departamento prevé la colaboración con distintas instituciones internacionales, no gubernamentales y públicas con el fin de garantizar la armonía cívica en todo el territorio del país, de proteger los derechos humanos y las libertades y de garantizar los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los ciudadanos, cualesquiera que sean su origen étnico, su raza, su idioma o su religión.

893.Teniendo en cuenta esas obligaciones, el Departamento ha organizado varias reuniones con miras a adoptar las medidas necesarias para promover la integración de todos los grupos sociales, cualquiera que sea el origen étnico de sus miembros. Así, por ejemplo:

a)la conferencia internacional sobre “Movilización étnica e integración interétnica: Orígenes, factores y ámbitos”, que se celebró el 21 de septiembre de 1998 en Chişinău;

b)el foro republicano sobre “Unidad del pueblo moldovo y problemas relacionados con la identidad étnica”, que se celebró los días 4 y 5 de mayo de 1999;

c)la conferencia internacional sobre “La Convención marco para la protección de las minorías étnicas: mecanismos de aplicación”, que se celebró del 9 al 11 de noviembre de 1999. En la conferencia se examinaron los problemas relacionados con la protección legal de las minorías étnicas y la prevención de las manifestaciones de discriminación étnica. En las reuniones celebradas con este motivo en Chişinău, Bălti y Comrat participaron especialistas de la República de Moldova y expertos internacionales;

d)la necesidad de elaborar una estrategia nacional para las actividades encaminadas a crear un Estado democrático basado en el derecho fue el principal tema de los debates que se celebraron en la nueva reunión de especialistas en el marco de una conferencia científica sobre “El proceso de integración de la República de Moldova: Elaboración de una estrategia nacional”;

e)el Departamento participó en el seminario internacional celebrado a propuesta de la Misión de Moldova ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) con el título “Los problemas lingüísticos y educativos en la República de Moldova”. El seminario se celebró los días 18 y 19 de mayo de 2000 y contó con la participación del Sr. Max van der Stoel, Alto Comisionado de la OSCE para las Minorías;

f)el Departamento se esfuerza por resolver los problemas relacionados con la adaptación social de las minorías étnicas en la República de Moldova, y por preservar y desarrollar la representación multicultural de los distintos grupos étnicos cuyos miembros son ciudadanos de la República de Moldova. Con ese fin, el Departamento ha participado en varias reuniones, mesas redondas y otras actividades relacionadas con la historia, la lengua y la cultura de los ucranianos, los judíos, los alemanes y los gitanos, entre otros grupos étnicos;

g)desde 1993 se organizan anualmente, por iniciativa del Departamento, unas “jornadas de la literatura y cultura eslavas en la República de Moldova”, en las que participan grupos folclóricos y profesionales en representación de las distintas etnias eslavas que conviven en Moldova;

h)a partir de la inauguración de la Casa de las Nacionalidades, que tuvo lugar el 1º de junio de 1996, todos los años se celebran festivales infantiles multiétnicos;

i)en junio de 1999 se celebró en Chişinău el primer Congreso Internacional de Judíos originarios de Moldova que viven en otros países. El Congreso tuvo resonancia internacional.

894.Una de las principales misiones del Departamento de Relaciones Nacionales y Uso de los Idiomas es colaborar en las actividades que desarrollan las organizaciones étnicas y culturales. Con el fin de crear las condiciones necesarias para que las estructuras étnicas y culturales de la República de Moldova puedan desarrollar sus actividades, el 1º de junio de 1996 se inauguró la Casa de las Nacionalidades en el marco del Departamento. La Casa de las Nacionalidades sirve de sede a 26 asociaciones de minorías. Las salas de conferencias y las aulas se utilizan para las distintas actividades de los grupos étnicos y culturales, como mesas redondas, seminarios, concursos y exposiciones artísticas.

895.Los distintos tipos de organizaciones no gubernamentales (económicas, culturales, deportivas y científicas, entre otras) inscritas en el registro de Moldova desempeñan una función importante en el ámbito de la colaboración interétnica.

896.El Ministerio de Justicia ha abierto recientemente un nuevo registro para todas las organizaciones no gubernamentales de ámbito nacional.

897.Según información del Centro Nacional de Asistencia e Información de las Organizaciones no Gubernamentales de la República de Moldova, “Contact”, actualmente existen en Moldova 585 organizaciones no gubernamentales. Sus principales ámbitos de actividad son: la cultura (22,14%), la educación (20,41%), los derechos humanos, incluidos los derechos económicos (8,82%), y el derecho internacional (7,43%).

898.El incremento del número de organizaciones no gubernamentales es un factor positivo para una sociedad que aspira a construir un Estado realmente democrático.

899.Los principios de las actividades que desarrollan las organizaciones no gubernamentales se centran en los derechos humanos, el libre acceso a la información, la tolerancia y la solidaridad, la igualdad y la responsabilidad con respecto a las leyes del Estado.

900.Las minorías étnicas tienen la posibilidad de desarrollar su cultura y sus artes tradicionales, y de realizar actividades en los distintos ámbitos de creación intelectual sobre la base del principio de igualdad y universalidad de la legislación cultural.

901.Actualmente, en la mayoría de las instituciones artísticas educativas existen grupos en los que la enseñanza se imparte en ruso para las personas que no hablan el idioma oficial; el Conservatorio de Música “Sergei Rahmaninov” dispone de un programa en el que la enseñanza se imparte sólo en ruso. Actualmente se conceden 50 becas para la preparación de cursos para personas que no hablan el idioma oficial (rumano). La Universidad de las Artes, donde se imparte formación profesional en ruso, cuenta con un nuevo grupo de actores para el Teatro Dramático “A.P. Cehov” y el Teatro de Marionetas “Licurici” (con representaciones en ruso).

902.En la República desarrollan actividades 30 agrupaciones teatrales de aficionados. En Moldova existe también una forma concreta de dramaturgia popular, que incluye muchas obras de carácter histórico y legendario, religioso y secular, basadas en antiguas tradiciones moldovas, aunque también de las minorías ucraniana, rusa, gagauz, búlgara y griega.

903.El proceso de mestizaje cultural es considerable, y los 600 grupos de coros y danzas que realizan actividades en muchos lugares de la República promueven ideas multiculturales.

904.Entre los centros culturales más famosos de las minorías étnicas figuran el Teatro Dramático estatal “A.P. Cehov”, el Liceo Teatral Ruso de Chişinău, el Teatro Gagauz “M. Ciachir” (Comrat), y el Centro Cultural “O. Panov” (Taraclia); asimismo son conocidos los siguientes grupos artísticos: el grupo instrumental ruso, bajo la dirección de V. Rahmanov, el grupo folclórico “Cadînja”, y el grupo folclórico “Ucrainocica”.

905.También desempeñan una función importante los festivales tradicionales “Nafărul alb”, que suelen celebrarse en Cahul, el festival anual “Mărţişor” (que dura 10 días y se celebra en Chişinău y otras ciudades), y el concurso de novela “Crizantema de argint”, cuyo ganador puede participar en el concurso “Crizantema de aur” que se celebra en Rumania.

906.Masleniţa, Topenie Mojanî y Novruz Bairam son algunas de las fiestas de las minorías étnicas que se celebran anualmente.

907.Muchas manifestaciones en las que participan los representantes de los distintos grupos étnicos se han convertido en una hermosa tradición. Por ejemplo, todos los años se celebra en Chişinău el “Día de la ciudad”, en el que participan todas las instituciones culturales de la ciudad. Asimismo, con motivo de las fiestas religiosas, numerosas manifestaciones culturales tienen lugar en las ciudades y los pueblos.

908. Todas estas comunidades culturales (uniones de creación, asociaciones culturales no gubernamentales, espectáculos, conciertos, instituciones de enseñanza artística, y asociaciones culturales de grupos étnicos) desarrollan actividades con arreglo a sus propios estatutos, en todos los cuales figuran disposiciones importantes relacionadas con el mestizaje cultural y la promoción de la armonía intercultural, que son las razones mismas a las que obedece su creación.

909.El mestizaje cultural es un fenómeno importante que requiere un análisis en profundidad por parte de los especialistas, dado que constituye un vínculo importante para el acercamiento y el enriquecimiento cultural de todos los grupos étnicos de la República de Moldova, al tiempo que facilita el proceso de integración social.

910.Bajo el régimen totalitario soviético, la minoría gagauz no disponía de una escuela nacional, su idioma estaba descuidado y, en general, no se hizo prácticamente nada para desarrollar su cultura. La educación, la formación y la cultura se desarrollaban en ruso. La Unidad Territorial Administrativa de Gagauzia es un ejemplo claro del renacimiento de la cultura y las tradiciones étnicas y de la integración de ese grupo en el entorno social y político de la República de Moldova.

911.Se desarrollan actividades encaminadas a preservar el folclore nacional gagauz, que es estudiado por los científicos, en los pueblos en los que viven las personas pertenecientes a ese grupo étnico. Se han desarrollado la música folclórica y la coreografía, las artes aplicadas y la artesanía tradicional. En algunos pueblos existen museos en los que se recogen muestras de la cultura material y espiritual de los gagauzi.

912.En Comrat funciona una universidad pública a la que asisten alrededor de 1.500 estudiantes. Se han creado escuelas secundarias y superiores gagauz en cuyos programas de estudios se tienen en cuenta las especificidades locales y las necesidades didácticas modernas.

913.En la ciudad de Ciadîr-Lunga se fundó un teatro gagauz y existen dos periódicos y una revista en gagauz y una revista infantil que se publica como anexo.

914.En la Unión Territorial Administrativa de Gagauzia existen actualmente 27 clubes culturales, 57 bibliotecas, 15 instituciones educativas de enseñanza de las artes y cuatro museos. Las instituciones mencionadas incluyen 147 grupos artísticos de aficionados, de los que 17 tienen el título de agrupaciones artísticas “modelo”. Las actividades de esos grupos son el marco para la conservación del folclore y las costumbres y tradiciones de esta minoría.

915.El Decreto del Presidente de la República sobre medidas para desarrollar la cultura nacional de la población búlgara de la República de Moldova (30 de marzo de 1992) y el Reglamento del Gobierno de la República de Moldova sobre el desarrollo de la cultura nacional de la población búlgara de la República de Moldova (23 de junio de 1992) han desempeñado un papel positivo por lo que respecta a la promoción de actividades relacionadas con la educación, la cultura y las artes de la minoría búlgara y muchos otros aspectos de la vida de esa comunidad. Todas esas actividades han tenido repercusiones positivas en las relaciones interétnicas dentro del país y en las relaciones interestatales e intergubernamentales entre Moldova y Bulgaria.

916.En los primeros años de existencia de la República de Moldova, los dirigentes del país apoyaron la idea de crear un centro de distrito en Taraclia (donde la mayoría de la población es de origen búlgaro), idea que se llevó a la práctica mediante la aprobación, el 30 de marzo de 1992, de un decreto presidencial.

917.En las ciudades de Anenii Noi, Basarabeasca, Camenca, Taraclia y Bălţi existen siete agrupaciones rusas (bandas) que reciben el título de “modelo”, además de otros 20 grupos culturales en los que participan más de 950 personas. Esas agrupaciones participan en todas las festividades tradicionales rusas como la “Fiesta de la literatura eslava” y las “Jornadas de la cultura rusa en la República de Moldova”.

918.Los festivales internacionales, las jornadas culturales, las conferencias y los simposios que se celebran en este ámbito contribuyen a lograr un cambio de mentalidad, a luchar contra los prejuicios y a promover la armonía, la tolerancia y la amistad entre los grupos étnicos.

919.El Centro Cultural de Israel empezó a desarrollar sus actividades en Chişinău en 1997 sobre la base del “Protocolo entre el Gobierno de la República de Moldova y el Gobierno de Israel sobre la fundación mutua de centros culturales y sus actividades”. La ampliación del ámbito de utilización del hebreo, y el restablecimiento y el desarrollo de la cultura y las tradiciones son los principales aspectos de las actividades que desarrolla la Asociación de Organizaciones y Comunidades Judías de la República de Moldova. También existen dos escuelas públicas en hebreo, ocho escuelas dominicales y la biblioteca “Mangher”. Se publican dos periódicos en hebreo “Nuestra Voz” y “Doreinu” y se emite un programa radiofónico “Vida judía” y un programa de televisión “En la calle judía”.

920.Actualmente se están dando los pasos necesarios para fundar un centro cultural ruso en Chişinău.

921.En diciembre de 1994 se promulgó la Ley de bibliotecas (Monitorul Oficial Nº 2, de 12 de enero de 1994), en virtud de la cual se ha creado un consejo especial cuya finalidad es promover una política nacional unificada en materia de “biblioteconomía” (artículo 16). Actualmente, en virtud de esa ley, funcionan en Chişinău seis bibliotecas pertenecientes a minorías étnicas.

922.Moldova cuenta con nueve bibliotecas con libros exclusivamente en ruso. Las bibliotecas públicas de la República de Moldova disponen de un importante fondo de libros en ruso (12.028.600 libros, es decir, el 58% del fondo total de libros de las bibliotecas públicas).

923.El Instituto de Investigaciones Interétnicas de la Academia de Ciencias de Moldova estudia la historia y la cultura de las minorías étnicas. El Instituto comprende cinco departamentos especializados en historia y cultura ucraniana, rusa, búlgara, judía y gagauz.

924.El Museo Nacional de Etnografía e Historia Nacional posee valiosas colecciones etnográficas gagauz, búlgara, rusa y ucraniana.

925.Tanto las personas pertenecientes a las minorías étnicas como las organizaciones no gubernamentales tienen la posibilidad de desarrollar libremente actividades a nivel nacional e internacional.

926.El Departamento de Relaciones Nacionales y Uso de los Idiomas facilita los contactos con personas y asociaciones públicas extranjeras, especialmente de Ucrania y Rumania. A lo largo de los años se han creado vínculos entre las organizaciones ucranianas de Moldova y las asociaciones públicas de Ucrania. Los lipoveni (antiguo rito ortodoxo) de Moldova han establecido contactos con representantes de la misma religión en Rumania. El Departamento establece contactos con la diáspora moldova en el extranjero. Asimismo, se han establecido relaciones con asociaciones moldovas de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así como con personalidades originarias de Moldova que viven en occidente. Se están desarrollando las relaciones de colaboración y las relaciones transfronterizas (especialmente con Rumania y Ucrania).

927.El artículo 31 de la Constitución garantiza la libertad de conciencia. Asimismo, el artículo 1 de la Ley de cultos, Nº 979-XII, de 24 de marzo de 1992, estipula que “toda persona tiene libertad de pensamiento, conciencia y religión. Ese derecho se manifiesta en la tolerancia y el respeto mutuos y comprende la libertad para cambiar de religión o de credo y practicar la religión o las creencias individualmente o en grupo, en privado o en público, mediante el culto, la enseñanza y los ritos.

928.Según la ley, el ejercicio del derecho a practicar libremente una religión o a manifestar unas creencias sólo puede limitarse en los casos en los que, en una sociedad democrática, así lo requiera la seguridad pública, el orden público, la protección de la salud y la moral o la protección de los derechos y libertades de los demás”.

929.Según la ley mencionada, el Estado promueve las actividades sociales, espirituales, culturales y de caridad de las distintas religiones.

930.Las religiones que el Estado reconoce y están inscritas en el registro de conformidad con la ley tienen el derecho exclusivo de:

a)fabricar y vender los objetos de culto específicos de esa religión;

b)crear órganos de comunicación destinados a sus fieles, editar y vender libros religiosos, teológicos y litúrgicos necesarios para la práctica de la religión;

c)fijar las tarifas para las actividades de peregrinaje y las visitas turísticas a los lugares de culto;

d)organizar, en Moldova o en el extranjero, exposiciones de objetos de culto, incluidas ventas públicas.

En sus celebraciones y actividades, las distintas religiones utilizan la lengua materna de los fieles o la lengua tradicional de culto.

931.Para prevenir una injerencia injustificada del Estado en las actividades de culto reconocidas legalmente en la República de Moldova y para intensificar el control del cumplimiento de la legislación en la materia, el Gobierno de Moldova creó el Servicio Estatal de Asuntos Religiosos en virtud del Decreto presidencial Nº 148, de 28 de septiembre de 1993. Ese Servicio dispone de servicios de asesoramiento e información en asuntos religiosos y se ocupa de la vigilancia de la aplicación de la legislación en materia de cultos.

932.Los objetivos principales del Servicio son:

-la supervisión de la aplicación de la legislación en materia de cultos;

-la inscripción en el registro de los distintos cultos y comunidades religiosas;

-la resolución de conflictos internos o entre distintas religiones;

-la creación de condiciones favorables para la organización y el funcionamiento de las actividades de los cultos y las comunidades religiosas;

-la mejora de la legislación relativa a los cultos;

-el procesamiento de la documentación relativa al reconocimiento por parte del Gobierno de las organizaciones dependientes de las comunidades religiosas;

-la asistencia a los ciudadanos a los fines de aclarar cuestiones relacionadas con las comunidades religiosas a fin de informar posteriormente a los órganos competentes para resolver esas cuestiones;

-la elaboración de programas públicos con la participación de los miembros del clero.

933.Las actividades del Servicio Estatal de Asuntos Religiosos se rigen por los siguientes instrumentos legislativos:

-la Constitución de la República de Moldova;

-los Reglamentos del Gobierno Nº 995, de 28 de octubre, y Nº 1742, de 2 de agosto, sobre la asignación de tierras a los monasterios de Condriţa y Hâncu, el convento de “San Dumitru” y la iglesia católica de Bălţi;

-el Reglamento del Gobierno Nº 302, de 14 de abril, sobre la aprobación de las modificaciones y los apéndices de la Carta de la sociedad ecuménica de doctores cristianos “Emanuil”;

-el Reglamento del Gobierno Nº 373, de 29 de abril, sobre la creación del Fondo de Rehabilitación de la Catedral “Nasterea Maicii Domnului” de Chişinău;

-el reglamento del Gobierno Nº 627, de 5 de julio de 1999, sobre la Carta de la Iglesia Luterana Evangélica de Moldova.

934.Actualmente están inscritas en el registro de la República de Moldova siete religiones y 12 asociaciones y comunidades religiosas. La proporción más importante corresponde a la Iglesia

Ortodoxa (1.017 comunidades al 1º de enero de 2000), seguida de la Unión de Iglesias de Cristianos Baptistas Evangélicos (un total de 370 comunidades), la Unión de Iglesias de Cristianos de Fe Evangélica (iglesia de Pentecostés) (194 comunidades); la Organización Religiosa de Testigos de Jehová (163 comunidades), y la Iglesia Adventista del Séptimo Día (120 comunidades). Existen otras comunidades, que forman parte de las distintas religiones, y que representan un porcentaje muy pequeño (de una a ocho unidades). Entre éstas figuran la religión mosaica, la Unión de Comunidades de Cristianos Espirituales Molocani, la Sociedad de Conciencia Krishna, la Comunidad Bahai, la Unión de Comunidades de Judíos Mesiánicos y la Iglesia Evangélico-luterana, entre otras.

935.Resumiendo todo lo anterior, puede decirse que las asociaciones y las instituciones culturales de la República de Moldova desarrollan sus actividades en un marco jurídico equilibrado, que impide la discriminación de cualquier tipo y contribuye a promover el entendimiento interétnico e intercultural. Los prejuicios que pudieran surgir en ese ámbito se deben más a problemas comunes a toda la población, como la austeridad financiera y la mala situación social y económica, que a problemas étnicos.

Referencias

936.Para la preparación del presente informe se han utilizado documentos y estadísticas de los siguientes órganos gubernamentales: Ministerio de Economía y Reformas, Ministerio del Interior; Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Educación y Cultura, Departamento de Relaciones Nacionales y Uso de los Idiomas, Academia de Ciencias de Moldova, Departamento de Análisis Estadístico y Sociológico, y Servicio Público Estatal de Asuntos Religiosos. Asimismo, se ha consultado a las delegaciones en Moldova del Centro de Derechos Humanos de Moldova, el UNICEF, el ACNUR y el PNUD.

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