Naciones Unidas

CCPR/C/MDV/2

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. general

7 de diciembre de 2022

Español

Original: inglés

Español, francés e inglés únicamente

Comité de Derechos Humanos

Segundo informe periódico que Maldivas debía presentar en 2021 en virtud del artículo 40 del Pacto con arreglo al procedimiento facultativo de presentación de informes *

[Fecha de recepción: 4 de marzo de 2022]

Índice

Página

I.Introducción3

1.Metodología, celebración de consultas y difusión de información3

2.Alegaciones de represalias3

3.Panorama político y planificación nacional4

4.Pandemia de COVID-19 y Plan Nacional de Resiliencia y Recuperación5

II.Respuestas a la lista de cuestiones previa a la presentación de informes5

5.Respuesta al párrafo 1 de la lista de cuestiones (CCPR/C/MDV/QPR/2)5

6.Respuesta al párrafo 2 de la lista de cuestiones8

7.Respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones9

8.Respuesta al párrafo 4 de la lista de cuestiones12

9.Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones13

10.Respuesta al párrafo 6 de la lista de cuestiones15

11.Respuesta al párrafo 7 de la lista de cuestiones17

12.Respuesta a los párrafos 8 y 9 de la lista de cuestiones18

13.Respuesta a los párrafos 10 y 11 de la lista de cuestiones19

14.Respuesta al párrafo 12 de la lista de cuestiones25

15.Respuesta a los párrafos 13 y 14 de la lista de cuestiones25

16.Respuesta al párrafo 15 de la lista de cuestiones26

17.Respuesta a los párrafos 16 y 17 de la lista de cuestiones28

18.Respuesta al párrafo 18 de la lista de cuestiones33

19.Respuesta a los párrafos 19 y 20 de la lista de cuestiones34

20.Respuesta al párrafo 21 de la lista de cuestiones40

21.Respuesta a los párrafos 22 y 23 de la lista de cuestiones40

22.Respuesta a los párrafos 24 y 25 de la lista de cuestiones44

III.Conclusión45

I.Introducción

1.Metodología, celebración de consultas y difusión de información

1.Este informe se presenta de conformidad con el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante, el Pacto), abarca el período comprendido entre julio de 2012 y febrero de 2022 y refleja los avances logrados por Maldivas en el cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del Pacto. Además, se centra en el estado de aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité de Derechos Humanos en las observaciones finales aprobadas en agosto de 2012 tras el examen del informe periódico inicial de Maldivas, así como en los temas de la lista de cuestiones aprobada por el Comité de Derechos Humanos en noviembre de 2020.

2.La preparación de este informe se ha llevado a cabo mediante el mecanismo nacional de Maldivas de presentación de informes y seguimiento, establecido por el Presidente Ibrahim Mohamed Solih el 5 de noviembre de 2020. El subcomité del mecanismo nacional de presentación de informes y seguimiento de la aplicación del Pacto, que ha elaborado el informe, es un subcomité creado para aplicar un tratado, dirigido por la Fiscalía General y compuesto por todos los actores gubernamentales y estatales que participan en la promoción y protección de los derechos consagrados en el Pacto.

3.Además, en el informe se tienen en cuenta las aportaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas, en calidad de institución nacional de derechos humanos, así como de la Oficina del Defensor del Niño, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales (ONG). Se invitó, mediante anuncio público y correo electrónico, a todas las organizaciones de la sociedad civil y las ONG dedicadas a la protección y la promoción de los derechos humanos en Maldivas a dar su opinión sobre el informe y a participar en una reunión de consulta. Solo se recibieron respuestas de una organización de la sociedad civil.

4.La Constitución de la República de Maldivas de 2008 encomienda a la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas el mandato de educar a la población y crear conciencia sobre las cuestiones de derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos de Maldivas ha publicado en línea el Pacto y su Protocolo Facultativo, las observaciones finales e información sobre los derechos civiles y políticos. Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas se asegura de que la mayoría de sus programas de promoción y educación dirigidos a instituciones estatales, padres, docentes, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil y ONG incluyan debates sobre los derechos consagrados en el Pacto y en la Constitución.

5.Dado que no existía un mecanismo de seguimiento permanente antes del establecimiento del mecanismo nacional de presentación de informes y seguimiento, el Gobierno ha dado amplia difusión al Pacto, su Protocolo Facultativo, el informe inicial y las observaciones finales. No obstante, con el establecimiento de dicho mecanismo y, en particular, del subcomité del mecanismo nacional de presentación de informes y seguimiento de la aplicación del Pacto, el Gobierno asegura que se llevará a cabo la difusión de los documentos a fin de fomentar una mayor conciencia de todas las partes interesadas, las organizaciones de la sociedad civil, las ONG y la población en general.

2.Alegaciones de represalias

6.Si bien el Comité de Derechos Humanos indicó en sus observaciones finales que algunas personas que le habían presentado información para el examen del informe inicial de Maldivas habían sido objeto de amenazas e intimidación, el Gobierno señala que no ha tenido conocimiento de la naturaleza de esa información. El Servicio de Policía de Maldivas también confirma que no se ha presentado ninguna denuncia al respecto. El Gobierno facilitará toda la información requerida por el Comité de Derechos Humanos en cuanto disponga de ella.

7.Con la toma de posesión del Presidente Solih en noviembre de 2018, Maldivas entró en una nueva era de gobierno democrático, en la que la actual administración ha creado espacios seguros para que las personas y las organizaciones de la sociedad civil puedan prosperar y disfrutar de sus derechos y libertades sin temor a represalias. La Constitución garantiza el derecho a adoptar cualquier conducta o participar en cualquier actividad que no esté expresamente prohibida por la sharía islámica o por la ley, y todas las personas tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida.

8.La Constitución y otras leyes garantizan que toda persona pueda ejercer su derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión, sin ser objeto de amenazas e intimidación por parte de actores estatales y no estatales, lo que incluye la colaboración con mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas como el Comité de Derechos Humanos. En los párrafos 72 a 74 del presente informe se exponen las medidas adoptadas por el Gobierno a ese respecto.

3.Panorama político y planificación nacional

9.El presente informe periódico abarca un período único de la trayectoria democrática de Maldivas. La convulsión causada por el inesperado cambio de Gobierno en febrero de 2012 seguía sin resolverse cuando se eligió otro en 2013. En el período comprendido entre noviembre de 2013 y noviembre de 2018, se registraron niveles sin precedentes de deterioro de los valores democráticos y el respeto de los derechos humanos en Maldivas.

10.En noviembre de 2018, el Presidente Solih asumió sus funciones con la promesa de fomentar una cultura de respeto de los derechos humanos, fortalecer las normas democráticas y mejorar el sistema de gobernanza. Durante sus primeros 100 días, el Gobierno logró cumplir el 83 % de los compromisos incluidos en su iniciativa Compromisos para 100 Días (100 Day Pledges).

11.Posteriormente, el Gobierno puso en marcha un amplio Plan de Acción Estratégico (2019-2023), el primero en más de una década, que constituye la base de todas las iniciativas de desarrollo. El Plan se centra en cinco sectores: la economía azul, el Estado solidario, la dignificación de la familia, el modo de vida insular (Jazeera Dhiriulhun) y la buena gobernanza. En esos cinco sectores se incorpora la promoción y protección de los derechos humanos, y se abordan temas transversales como la resiliencia al clima, la sostenibilidad y la igualdad de género. El Plan de Acción Estratégico establece políticas de distribución equitativa de los recursos para lograr una gobernanza descentralizada, y fija prioridades y objetivos de desarrollo realistas y factibles. Además, se ajusta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y aplica una asignación de recursos y una presupuestación basadas en los resultados.

4.Pandemia de COVID-19 y Plan Nacional de Resilienciay Recuperación

12.La pandemia de COVID-19 agravó las consecuencias de la inestabilidad de la economía y el sector social de Maldivas. El impacto económico de la interrupción total del turismo en 2020 hizo de Maldivas uno de los países más afectados por la pandemia. Las deficiencias de los sectores sanitario y social quedaron al descubierto, y evidenciaron la urgente necesidad de subsanar las debilidades estructurales y sistémicas.

13.Resultó crucial que la respuesta a la pandemia fuera rápida e integral. En mayo de  2020, el Presidente Solih creó el Equipo Nacional de Tareas sobre Resiliencia y Recuperación para gestionar la respuesta de Maldivas a la pandemia y diseñar un plan integral y coordinado de resiliencia y recuperación. El equipo de tareas operó mediante cuatro grupos de trabajo en las esferas de las finanzas, la recuperación económica, el sector social y la prevención de la delincuencia, y la lucha antiterrorista.

14.Como resultado se elaboró el Plan Nacional de Resiliencia y Recuperación (2020‑2022), que tiene en cuenta las prioridades clave identificadas en el Plan de Acción Estratégico e incorpora nuevas estrategias para subsanar las deficiencias puestas de manifiesto por la pandemia. El Plan, con nuevas prioridades, constituye ahora la base de las iniciativas de desarrollo y recuperación.

15.En el proceso de recuperación de la economía y fortalecimiento del sistema de protección social, Maldivas se enfrenta a multitud de retos debido a sus limitados recursos. Pese a ello, el Gobierno se mantiene firme en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y se complace en informar al Comité de Derechos Humanos de los resultados de su determinación y perseverancia para restablecer el estado de derecho, las normas democráticas y el respeto de los derechos humanos en Maldivas.

II.Respuestas a la lista de cuestiones previa a la presentación de informes

5.Respuesta al párrafo 1 de la lista de cuestiones(CCPR/C/MDV/QPR/2)

16.Maldivas ha realizado notables progresos en el fortalecimiento de su marco jurídico e institucional de promoción y protección de los derechos humanos. A continuación se presenta un resumen de las leyes más destacadas aprobadas durante el período que abarca este informe:

a)Ley de Libertad de Reunión Pacífica – 10 de enero de 2013:

Esta Ley, que amplía el artículo 32 de la Constitución, en virtud del cual se garantiza el derecho a la libertad de reunión pacífica sin necesidad de autorización previa del Gobierno, prevé dicho derecho y establece los parámetros para ejercerlo.

b)Ley de Partidos Políticos – 12 de marzo de 2013:

Es la Ley por la que se rigen los partidos políticos en Maldivas. Establece las normas sobre formación, registro y funcionamiento de los partidos políticos, y regula la participación en las elecciones, las cuestiones financieras y las normas de conducta.

c)Ley de Lucha contra la Trata de Personas – 8 de diciembre de 2013:

Esta Ley tipifica el delito de la trata de personas, con el objetivo de ponerle fin, y establece un mecanismo de protección de las víctimas. En abril de 2021 se modificó por segunda vez la ley para ajustar la definición de trata de personas al Protocolo contra la Trata de Personas y se incluyeron disposiciones que tipifican la trata interna y transfronteriza de niños con fines de explotación.

d)Ley de Lucha contra la Tortura – 23 de diciembre de 2013:

Esta Ley incorpora los principios consagrados en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y tipifica la tortura como un delito con entidad propia, además de establecer mecanismos de reparación civil y rehabilitación.

e)Ley de Derecho a la Información – 12 de enero de 2014:

Esta Ley determina los principios que fundamentan el derecho a la información. Con el fin de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, establece los procedimientos a través de los cuales se puede acceder a la información producida, almacenada o mantenida por las instituciones del Estado.

f)Ley de Igualdad de Género – 23 de agosto de 2016:

Esta Ley, que constituye un logro notable en la consolidación de las políticas de empoderamiento de la mujer, reconoce la discriminación de género, tanto directa como indirecta, y permite imponer medidas contra todas las ideas y prácticas que la promuevan. Asimismo, define la violencia contra las mujeres como violencia de género, obliga a las instituciones públicas y privadas a establecer mecanismos de denuncia específicos para hacer frente a la discriminación de género en el lugar de trabajo, e impone a todas las partes interesadas la obligación positiva de promover de forma activa la participación de las mujeres.

g)Ley de derogación de la Ley de Protección de la Reputación y Libertad de Expresión (Ley Antidifamación) – 22 de noviembre de 2018:

La Ley Antidifamación aprobada en agosto de 2016 fue derogada.

h)Ley de Protección de Denunciantes de Irregularidades – 17 de octubre de 2019:

Protege a los periodistas y a las personas que destapan casos de corrupción en el Estado, y establece de forma pormenorizada los procedimientos de actuación en relación con la información facilitada por los denunciantes de irregularidades.

i)Ley de Justicia Juvenil (Ley núm. 18/2019) – 20 de noviembre de 2019:

Establece una instancia en el sistema de justicia penal específica para los niños en conflicto con la ley, fomenta la rehabilitación y la reinserción, e introduce mecanismos de derivación e intervenciones dirigidas a ayudar a los niños y jóvenes en riesgo de delinquir. Asimismo, modifica el tratamiento de los casos de niños en conflicto con la ley de conformidad con las mejores prácticas internacionales, para evitar que se recurra a medidas judiciales.

j)Ley de Protección de los Derechos del Niño (Ley núm. 19/2019) – 20 de noviembre de 2019:

Esta Ley deroga la Ley de Protección de los Derechos del Niño de 1991, se ajusta a la Convención sobre los Derechos del Niño y reconoce expresamente los derechos de los niños a la educación, a una atención sanitaria adecuada y a ser protegidos de toda forma de discriminación, daño mental y físico, abuso y explotación, entre otros muchos derechos. Conviene destacar que la Ley fija la edad mínima legal para contraer matrimonio en 18 años y eleva la edad de responsabilidad penal a 15 años. También prohíbe imponer a niños la pena de muerte y someterlos a tortura.

k)Modificación de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos – 22 de septiembre de 2020:

Se modificó la Ley de la Comisión de Derechos Humanos para garantizar la independencia y la rendición de cuentas. Se incluyeron disposiciones para garantizar que los miembros de la Comisión actúen con independencia y de acuerdo con una ética y unas normas estrictas. También se añadieron disposiciones sobre la declaración de bienes y el fortalecimiento de la rendición de cuentas ante el Parlamento.

l)Ley de Educación – 10 de noviembre de 2020:

Establece un mecanismo para garantizar el derecho a la educación. Incluye el derecho de niños y adultos a recibir educación, así como los derechos y las responsabilidades de padres y docentes con respecto a los estudiantes.

m)Ley de Justicia Transicional – 17 de diciembre de 2020:

En virtud de esta Ley se creó la Defensoría del Pueblo para la Justicia Transicional, con el mandato de investigar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y las libertades fundamentales perpetradas por instituciones estatales o altos funcionarios de instituciones estatales entre el 1 de enero de 1953 y el 17 de noviembre de 2018.

n)Ley de Emergencia Climática – 18 de mayo de 2021:

Esta Ley prevé medidas para hacer frente a la emergencia climática debida a la rapidez con que se agravan las repercusiones del cambio climático.

17.Se han aprobado nuevas leyes para reforzar los marcos institucionales y las garantías procesales en la protección de los derechos consagrados en el Pacto. Conviene señalar las siguientes:

a)Ley de Prisiones y Libertad Condicional de Maldivas – 23 de diciembre de 2013:

En virtud de esta Ley se revisa todo el sistema penitenciario de Maldivas y se crea el Servicio Penitenciario de Maldivas, con el mandato de gestionar el sistema penitenciario y llevar a cabo programas de rehabilitación y reinserción.

b)Ley de la Comisión Nacional de Integridad – 6 de septiembre de 2015:

Mediante esta Ley se creó la Comisión Nacional de Integridad, que tiene el mandato de reforzar la integridad de las fuerzas del orden y de sus miembros, y está facultada para investigar los casos de conducta indebida y actos ilícitos atribuidos a dichos cuerpos.

c)Ley de Enjuiciamiento Criminal – 2 de mayo de 2016:

Establece un amplio conjunto de normas dirigidas a todas las instituciones del sector de la justicia penal en materia de investigación, enjuiciamiento y condena de los delitos en Maldivas. Además, regula los derechos que la Constitución reconoce a las personas acusadas de la comisión de un delito.

d)Ley de Comisiones Presidenciales – 24 de junio de 2019:

Esta Ley otorga competencias a las comisiones presidenciales para llevar a cabo investigaciones penales exhaustivas, en particular para solicitar de forma independiente órdenes de detención y registro. Asimismo, establece las normas de funcionamiento, independencia y rendición de cuentas.

e)Ley de la Carrera Judicial – 27 de junio de 2019:

En virtud de esta Ley se creó el Consejo de la Abogacía de Maldivas, lo que permitió la autorregulación de la carrera judicial por primera vez en Maldivas.

f)Ley del Servicio de Policía de Maldivas – 27 de diciembre de 2020:

Esta Ley modifica la Ley de Policía de 2008, mediante la introducción de una serie de reformas muy necesarias en la gobernanza de la Policía. La nueva Ley descentraliza la prestación de servicios, establece un enfoque policial centrado en los derechos humanos y promueve normas profesionales en el cuerpo de Policía.

g)Ley de Estadística de Maldivas – 20 de julio de 2021:

Establece un marco estadístico nacional, y prevé procedimientos de reunión, análisis, utilización y publicación de datos estadísticos a escala nacional, con arreglo a una norma nacional establecida.

h)Ley de Enjuiciamiento Civil – 16 de diciembre de 2021:

Se trata de la primera recopilación de tal naturaleza y comprende normas relativas a los procedimientos previos al juicio, las actuaciones en el juicio, las reglas generales de prueba aplicables a los casos civiles, las sentencias, las providencias y la ejecución de sentencias en los procedimientos civiles.

18.El Gobierno tiene el firme propósito de dar cumplimiento a su Agenda Legislativa (2018-2023) para reforzar el marco legislativo de protección de los derechos humanos y mejora del sistema de gobernanza. Con ese fin, actualmente se están debatiendo en el Parlamento leyes esenciales, incluidos un proyecto de ley sobre las pruebas y el proyecto de ley de asociaciones mejorado.

19.También se están tramitando un proyecto de ley de protección de datos personales, proyectos de ley sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa, un proyecto de ley sobre el derecho de huelga, un proyecto de ley de protección de las personas vulnerables, un proyecto de ley de salud mental, un proyecto de ley de registro nacional, un proyecto de ley de asistencia jurídica y proyectos de ley para modificar la Ley de Discapacidad, la Ley de Protección Social y la Ley de Lucha contra la Tortura.

20.Para fortalecer el marco jurídico e institucional, el Gobierno concede especial atención a garantizar que su aplicación pueda llevarse a cabo de forma descentralizada. El Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Ordenación del Territorio propuestos extenderán los servicios a todas las regiones de Maldivas, conforme a ese espíritu de descentralización. Las políticas de descentralización del Plan de Acción Estratégico y el Plan Nacional de Resiliencia y Recuperación tienen por objeto abordar y eliminar las diferencias entre los servicios básicos de la capital, Malé, y los de las demás islas. El Gobierno está invirtiendo como nunca antes en la ampliación de los servicios disponibles a escala insular y regional, incluidos la sanidad, la educación y la gestión de residuos, para facilitar el crecimiento de los centros urbanos conforme al Plan Nacional de Ordenación del Territorio.

21.Se han legitimado las políticas gubernamentales de descentralización con el fin de otorgar más competencias a los consejos locales y aumentar la participación de la población en la gobernanza local, al tiempo que se da prioridad a la descentralización fiscal. El 15 de diciembre de 2019 se aprobó la octava modificación de la Ley de Descentralización, en virtud de la que, por primera vez, se establecieron cuotas electorales para las mujeres, se definieron claramente las funciones y responsabilidades de los comités para el desarrollo de la mujer y se reforzó la independencia fiscal de estos.

22.El Gobierno está convencido de que la adecuada aplicación de sus políticas de descentralización dotará de autoridad a los consejos locales y aumentará la eficiencia y eficacia de la prestación de servicios a escala local, lo que redundará en un desarrollo significativo.

6.Respuesta al párrafo 2 de la lista de cuestiones

23.La política exterior del Gobierno, basada en la diplomacia climática y la promoción de la democracia y los derechos humanos, ha permitido a Maldivas recuperar su sitio en la esfera internacional. Prueba de ello es la elección por mayoría del Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno como Presidente del septuagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

24.Como parte de los esfuerzos por reactivar los compromisos internacionales, en noviembre de 2020 el Presidente Solih creó el mecanismo nacional de presentación de informes y seguimiento, que prioriza y racionaliza las obligaciones en materia de presentación de informes y las medidas para su cumplimiento. Dado que el mecanismo es todavía bastante nuevo, la aplicación de las recomendaciones del ciclo anterior corrió a cargo de las partes interesadas, sin un mecanismo unificado de colaboración o seguimiento. Las medidas específicas adoptadas para aplicar las recomendaciones del ciclo anterior se exponen en las secciones correspondientes del presente informe. Maldivas reitera al Comité de Derechos Humanos su compromiso de garantizar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones en materia de presentación de informes, así como la aplicación y el seguimiento rigurosos de las recomendaciones mediante el mecanismo nacional de presentación de informes y seguimiento.

25.Desde 2013, la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas ha venido realizando cada año un seguimiento exhaustivo de la aplicación de las observaciones finales. Los principales retos identificados son la falta de información dentro de las instituciones y los diferentes niveles de cooperación de las autoridades estatales. En 2017, la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas efectuó visitas sobre el terreno a las islas para hacer el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones del Pacto, y en 2019 se llevó a cabo una visita sobre el terreno para determinar en qué medida se estaban aplicando las recomendaciones aceptadas del examen periódico universal, incluidas las relativas a los derechos civiles y políticos.

26.Si bien no existe un mecanismo específico para la aplicación de los dictámenes emitidos por el Comité en el marco del procedimiento de denuncias individuales previsto en el Protocolo Facultativo, los dictámenes son tenidos en cuenta por todas las partes interesadas y se aplican según corresponda. Desde 2016, la Fiscalía General se encarga de coordinar las medidas de aplicación.

27.A continuación se indican las medidas adoptadas por el Gobierno de Maldivas para garantizar el cumplimiento de los dictámenes emitidos por el Comité en relación con Maldivas durante este ciclo de presentación de informes:

a)Comunicaciones núms. 2270/2013 y 2851/2016. El Gobierno actual acepta los dictámenes del Comité de Derechos Humanos al respecto. Asimismo, se complace en informar de que se ha cumplido plenamente la obligación impuesta a Maldivas en los dictámenes de proporcionar al autor un recurso efectivo. El 26 de noviembre de 2018, el Tribunal Supremo de Maldivas anuló la sentencia condenatoria objeto de la comunicación núm. 2851/2016 y el autor recuperó su derecho a presentarse como candidato a cargos públicos, incluida la Presidencia;

b)Comunicación núm. 2785/2016. La respuesta de Maldivas al dictamen se remitió al Comité de Derechos Humanos el 12 de septiembre de 2019. Se requieren intervenciones judiciales para dar cumplimiento al dictamen, y para poder anular la condena objeto de la comunicación y repetir el juicio es necesario que el Tribunal Supremo decida revisar el caso. El caso de asesinato objeto de la comunicación es uno de los que está investigando la Comisión Presidencial de Investigación de Asesinatos y Desapariciones Forzadas (DDCom). Maldivas reitera su compromiso de mantener la moratoria oficiosa de la aplicación de la pena de muerte;

c)Comunicación núm. 3248/2018. La respuesta de Maldivas al dictamen se remitió al Comité de Derechos Humanos el 16 de noviembre de 2021. Se han tomado medidas para evitar los efectos negativos de las actuaciones de oficio del Tribunal Supremo y las directrices resultantes que pretendían limitar la independencia de la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas. Una modificación introducida en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos ha dejado sin efecto la decisión en cuestión del Tribunal Supremo, de modo que se ha restablecido y reforzado la autoridad de la Comisión para actuar de forma independiente en calidad de institución nacional de derechos humanos de Maldivas. En los párrafos 35 a 37 se ofrece más información al respecto.

7.Respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones

28.Las disposiciones del Pacto se aplican en Maldivas a través del marco constitucional y jurídico nacional. Maldivas se adhirió al Pacto el 19 de septiembre de 2006, lo que obliga al Gobierno a aplicar plenamente el Pacto. Maldivas tiene un sistema jurídico dualista, por lo que los tratados no tienen rango de ley. Por consiguiente, dado que el Pacto debe incorporarse al ordenamiento jurídico interno a fin de que sea vinculante para los ciudadanos, los derechos sustantivos consagrados en el Pacto se han previsto en los textos legislativos que se indican a continuación.

Artículo del Pacto

Disposiciones constitucionales/jurídicas

6

Artículo 21 de la Constitución

7

Artículo 54 de la Constitución

Ley de Lucha contra la Tortura

8

Artículo 25 de la Constitución

9

Artículo 21 de la Constitución

10

Artículos 48 y 57 de la Constitución

Ley de Enjuiciamiento Criminal

11

Artículo 55 de la Constitución

12

Artículo 41 de la Constitución

13

Artículos 17, 21 y 45 de la Constitución

14

Artículos 20 y 42 de la Constitución

15

Artículo 61 b) de la Constitución

16

Artículos 20 y 21 de la Constitución

17

Artículo 45 de la Constitución

Ley de Enjuiciamiento Criminal

18

Artículo 27 de la Constitución (reserva aplicable)

19

Artículo 27 de la Constitución

20

Artículo 17 de la Constitución

Código Penal de Maldivas

21

Artículo 32 de la Constitución

Ley de Libertad de Reunión Pacífica

22

Artículo 30 de la Constitución

Ley de Asociaciones

23

Artículo 34 de la Constitución

Ley de Familia

24

Artículo 35 de la Constitución

Ley de Protección de los Derechos del Niño

Ley de Justicia Juvenil

25

Artículo 30 de la Constitución

Ley de Partidos Políticos

26

Artículo 20 de la Constitución

27

Artículos 17 y 35 de la Constitución

29.Además, la Constitución establece que, en la interpretación y reconocimiento de los derechos y las libertades constitucionales, los tribunales deben promover los valores que sustentan una sociedad abierta y democrática basada en la dignidad humana, la igualdad y la libertad, y deben tomar en consideración los tratados internacionales en los que Maldivas sea parte.

30.A ese respecto, los tribunales de Maldivas se han referido a disposiciones del Pacto en numerosos casos. A continuación se citan algunos ejemplos:

a)El Tribunal Supremo, al pronunciarse en un caso de mantenimiento del orden público, sostuvo que, según se establecía en el preámbulo del Pacto, el Estado que fuera parte en el Pacto convenía en que la promoción de los derechos previstos en el Pacto entrañaba una responsabilidad individual y que el individuo tenía la obligación de esforzarse por la consecución y la observancia de esos derechos. Además, en su argumentación, el Tribunal Supremo hizo hincapié en los artículos 6, 9, 12, párrafo 1, 17, 19, párrafo 2, 21 y 23 del Pacto;

b)En la interpretación de los derechos previstos en el capítulo 2 de la Constitución, el Tribunal Supremo se remitió al artículo 14 del Pacto y afirmó que todas las personas eran iguales ante los tribunales y cortes de justicia y que toda persona tenía derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o de cualquier procedimiento de carácter civil;

c)En un caso de una persona acusada de asesinato, el Tribunal Supremo declaró que había sido informada de los cargos que se le imputaban, los delitos cometidos y el fundamento de la acusación, de forma clara y precisa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 3 a), del Pacto;

d)El caso más significativo es el de la revocación de la condena del ex-Presidente Mohamed Nasheed. El Tribunal Supremo, al revisar la sentencia condenatoria, invocó el artículo 14, párrafo 5, del Pacto y declaró que recurrir la decisión de un tribunal inferior era un derecho fundamental de toda persona acusada de un delito, garantizado en virtud de ese artículo y de los procedimientos penales de las distintas jurisdicciones democráticas.

31.En cuanto al rango del Pacto en casos de incompatibilidad con la sharía, el artículo 10 a) de la Constitución establece que la religión del Estado de Maldivas es el islam, que será una de las bases de todas las leyes del país. Además, a tenor del artículo 10 b), en Maldivas no se pueden promulgar leyes contrarias a ningún principio del islam. Los derechos y las libertades reconocidos en el Pacto se garantizarán de modo que no se contravenga la Constitución.

32.Con respecto a la reserva de Maldivas al artículo 18 del Pacto, el artículo 10 a) de la Constitución establece que la religión del Estado de Maldivas es el islam. El islam es un elemento primordial para la identidad nacional y una de las bases de todas las leyes aprobadas en Maldivas. Por consiguiente, Maldivas no tiene previsto reconsiderar su posición con respecto a su reserva al artículo 18 del Pacto.

8.Respuesta al párrafo 4 de la lista de cuestiones

33.La Comisión de Derechos Humanos de Maldivas tiene el mandato constitucional de investigar e informar sobre la observancia de los derechos humanos, y adoptar medidas para garantizar una reparación adecuada en caso de que se vulneren. Si bien la Constitución y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos no mencionan expresamente las libertades fundamentales, debe entenderse que el mandato conferido a la Comisión incluye también esas libertades fundamentales. En la práctica, no se ha puesto en duda que el mandato de la Comisión abarque todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

34.La independencia de la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas se vio amenazada por las actuaciones de oficio llevadas a cabo por el Tribunal Supremo contra la Comisión en 2014, que restringieron su capacidad para colaborar con los mecanismos internacionales.

35.Se han adoptado medidas para eliminar las restricciones a las actividades de la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas. En 2019, el Parlamento aprobó una resolución en la que afirmaba que la decisión del Tribunal Supremo menoscababa las competencias constitucionales de la Comisión. Además, el 22 de septiembre de 2020, se aprobó una segunda modificación de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, en la que se dispone que, con el fin de proteger y promover los derechos humanos, la Comisión gozará de autoridad ilimitada para establecer relaciones bilaterales y multilaterales con las fuerzas del orden, las instituciones de investigación forense, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones regionales y otros Estados. La Ley modificada también prevé que la Comisión, en calidad de institución nacional de derechos humanos, pueda presentar informes y conclusiones en relación con las obligaciones contraídas por Maldivas en virtud de tratados internacionales.

36.Las reformas legislativas realizadas dejan sin efecto la mencionada decisión del Tribunal Supremo, dado que restablecen y refuerzan la autoridad de la Comisión para actuar de forma independiente, en calidad de institución nacional de derechos humanos de Maldivas, y colaborar con los organismos de las Naciones Unidas.

37.Asimismo, la modificación de la Ley añade salvaguardias para prevenir la corrupción en la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas, obliga a todos los miembros de la Comisión a declarar sus bienes y les prohíbe beneficiarse indebidamente de su cargo o abusar de su influencia. Además, se han incluido disposiciones sobre conflicto de intereses, se ha reforzado la rendición de cuentas de la Comisión ante el Parlamento y se le exige que publique un informe anual sobre derechos humanos.

38.También se han otorgado competencias a la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas para que pueda ofrecer una reparación civil eficaz en los casos de vulneración de los derechos humanos. Actualmente, la Comisión está preparando la normativa necesaria al respecto.

39.El Gobierno ha constatado las dificultades presupuestarias de la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas. Para hacer frente a ese problema, en 2021 se aumentó el presupuesto de la Comisión un 17,9 %. Sin embargo, el presupuesto aprobado para 2022 es inferior, por lo que se está negociando con las partes interesadas la posibilidad de aumentarlo.

40.El Gobierno se ha comprometido a reforzar las funciones y la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas para garantizar su conformidad con los Principios de París. Sin embargo, por el momento no está previsto modificar la disposición de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos que exige que los miembros de la Comisión sean musulmanes.

9.Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones

41.El Gobierno ha venido aplicando medidas estratégicas para reforzar el principio de integridad y mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en las instituciones del sector público. A ese respecto, el Gobierno se complace en destacar las siguientes medidas:

a)Política de Tolerancia Cero frente a la Corrupción. El 12 de febrero de 2019, el Presidente Solih puso en marcha la campaña “Tolerancia cero frente a la corrupción”, como parte de su iniciativa Compromisos para 100 Días. La campaña garantiza a la ciudadanía que el actual Gobierno no tolerará ningún tipo de corrupción;

b)Portal de denuncia de irregularidades. En el marco de la referida campaña se ha puesto en marcha un portal de denuncia de irregularidades, a través del cual se pueden presentar denuncias de forma anónima, que son examinadas por el Comité de Acción Presidencial y remitidas a la Comisión de Lucha contra la Corrupción para que las investigue más a fondo. Hasta el 31 de diciembre de 2021, se habían recibido 1.281 denuncias a través del portal, de las que 965 se habían admitido a trámite. Tras su examen, se habían remitido 271 denuncias a la Comisión de Lucha contra la Corrupción;

c)Ley de Protección de Denunciantes de Irregularidades. Aprobada el 17 de octubre de 2019, esta Ley establece los mecanismos necesarios para ofrecer incentivos o protección jurídica a los denunciantes de irregularidades, así como los procedimientos de actuación en relación con la información facilitada por los denunciantes de irregularidades;

d)Ampliación de la definición de corrupción. El 6 de mayo de 2021, se aprobó una segunda modificación de la Ley de la Comisión de Lucha contra la Corrupción para revisar la definición de corrupción y acto de corrupción, a fin de incluir actos de corrupción y todos los actos que propicien la corrupción. Se ha ampliado la definición de acto de corrupción para incluir delitos contemplados en el Código Penal, así como cualquier otro acto de corrupción previsto en otras leyes;

e)Prohibición del enriquecimiento ilícito. El 6 de mayo de 2021 se aprobó la cuarta modificación del Código Penal de Maldivas, que tipifica el enriquecimiento ilícito;

f)Declaración de bienes. El Gobierno ha decidido que todos los cargos políticos y los miembros de las juntas de las empresas públicas declaren sus bienes, de modo que, por primera vez en Maldivas, el Presidente y los miembros de su equipo de Gobierno han hecho pública la declaración de sus bienes. Se han modificado las leyes que rigen las instituciones independientes para incluir disposiciones sobre la declaración de bienes;

g)Comisión Presidencial sobre Corrupción y Recuperación de Activos. A los pocos días de asumir el cargo, el Presidente Solih creó la Comisión Presidencial sobre Corrupción y Recuperación de Activos para investigar los casos de corrupción, robo y uso indebido de bienes públicos en el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 17 de noviembre de 2018. Se han conferido a la Comisión competencias similares a las otorgadas a los organismos de investigación a través del decreto presidencial y la aprobación de la Ley de Comisiones Presidenciales de 2019;

h)Eliminación de todas las posibles formas de corrupción en el Estado. La eliminación de la corrupción se enmarca en la ejecución del Plan de Acción Estratégico, que incluye políticas de tolerancia cero para eliminar la corrupción en todos los asuntos públicos y fomentar una mayor rendición de cuentas, transparencia e integridad de las instituciones del Estado;

i)Modificaciones de las leyes que regulan las instituciones independientes. En 2020 se modificaron las leyes por las que se rigen la Comisión Electoral, la Comisión de Lucha contra la Corrupción, la Comisión de Administración Pública, la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas, la Auditoría General y el Procurador General, mediante la introducción de disposiciones para garantizar que los miembros y los dirigentes de las instituciones actúen con independencia y respeten unas normas y una ética estrictas. También se añadieron disposiciones sobre la declaración de bienes y el fortalecimiento de la rendición de cuentas ante el Parlamento;

j)Transparencia en las finanzas públicas. Se está trabajando en la modificación de la Ley de Finanzas Públicas y el Reglamento de Finanzas Públicas para subsanar las deficiencias del marco jurídico y mejorar la transparencia. Se están revisando y modificando las directrices y los manuales de contratación pública. Además, se ha establecido un proceso de contratación normalizado para las empresas públicas.

42.En cuanto al marco jurídico vigente para hacer frente a la corrupción en las diferentes entidades del Estado, incluido el poder judicial, el Gobierno señala que, hasta el 6 de mayo de 2021, la prevención y la prohibición de la corrupción se regían por la Ley de Prevención y Prohibición de la Corrupción de 2000. Cuando se aprobó la cuarta modificación del Código Penal, la referida Ley quedó derogada y los delitos previstos en ella se incorporaron al Código Penal. Las competencias de la Comisión de Lucha contra la Corrupción para prevenir e investigar la corrupción se derivan de la Constitución y de la Ley de la Comisión de Lucha contra la Corrupción.

43.El 12 de diciembre de 2021, la Comisión de Lucha contra la Corrupción puso en marcha la Política Nacional de Lucha contra la Corrupción, que establece medidas normalizadas y armonizadas para las instituciones estatales en relación con la prevención de la corrupción. La adecuada aplicación de la Política Nacional de Lucha contra la Corrupción permitirá subsanar las deficiencias del sistema, incluidos los problemas de integridad y transparencia del poder judicial. Uno de los pilares de dicha política se centra en la integridad y la rendición de cuentas en el sector de la justicia, en particular en las políticas de puertas giratorias para jueces, abogados y fiscales. La declaración de bienes es ahora obligatoria para los jueces.

44.En virtud de la Constitución y de la Ley de la Comisión del Servicio Judicial, la Comisión del Servicio Judicial tiene el mandato de investigar los casos de conducta judicial indebida. No obstante, si se trata de un caso de corrupción, la Comisión del Servicio Judicial lo remite a la Comisión de Lucha contra la Corrupción. En los dos últimos años, la Comisión del Servicio Judicial ha remitido dos casos a la Comisión de Lucha contra la Corrupción para que los investigue.

45.En respuesta a las alegaciones de que la definición jurídica de corrupción es vaga y demasiado restrictiva para facilitar el enjuiciamiento en la práctica, el Gobierno se complace en informar de que se ha ampliado la definición jurídica de corrupción en virtud de la segunda modificación de la Ley de la Comisión de Lucha contra la Corrupción, como se ha indicado en el párrafo 40 d).

46.Además, mediante la cuarta modificación del Código Penal se amplía el ámbito de aplicación de los delitos de soborno y corrupción, y se tipifican otros actos, como el enriquecimiento ilícito y la malversación de fondos públicos.

47.En el siguiente cuadro se presenta información sobre los casos de corrupción investigados por la Comisión de Lucha contra la Corrupción y remitidos a la Procuraduría General para su sustanciación, durante el período que abarca el presente informe.

Año

Casos investigados

Casos remitidos para su enjuiciamiento

2012

431

49

2013

620

57

2014

783

35

2015

855

21

2016

829

16

2017

1 326

12

2018

1 299

7

2019

710

3

2020

961

15

2021

588

22

48.Durante el período que abarca el informe, la Procuraduría General presentó 251 cargos en relación con 34 casos. Hay 12 casos pendientes de ser juzgados, 7 casos en los que se dictaron condenas y 11 casos en los que se absolvió a las personas acusadas.

49.Durante el período que abarca este informe, Maldives Marketing and Public Relations Corporation (MMPRC), una empresa totalmente pública, se vio implicada en una trama de corrupción en gran escala, en la que se desviaron a través de empresas privadas más de 86,1 millones de dólares de los Estados Unidos mediante negocios con complejos turísticos en las islas.

50.Se encargó a la Comisión Presidencial sobre Corrupción y Recuperación de Activos que se ocupara expresamente de ese asunto, de modo que llevó a cabo una investigación conjunta con la Comisión de Lucha contra la Corrupción y el Servicio de Policía de Maldivas. Se han investigado 116 casos (algunos todavía se están investigando) en el marco de la investigación conjunta del caso de MMPRC. A continuación se presenta información sobre el estado en que se encuentran todas las actuaciones:

a)Se han cerrado los expedientes de 9 casos. En 4 de ellos el Tribunal Penal ha dictado sentencia y en los otros 5 se han presentado cargos ante el Tribunal Penal;

b)Se ha finalizado la investigación de 7 casos, de los cuales 2 están a disposición de la Procuraduría General pendientes de enjuiciamiento, 2 han sido devueltos por la Procuraduría General a la Comisión Presidencial sobre Corrupción y Recuperación de Activos para que esta aporte más información, y 3 han sido presentados ante los tribunales;

c)Hay 9 casos en la última etapa de la investigación, 15 casos que están en plena investigación, 16 casos que están en la etapa inicial de la investigación y 3 casos que están pendientes de investigación;

d)En relación con las transacciones efectuadas en dólares de los Estados Unidos a través de empresas privadas, 8 casos están pendientes de ser remitidos a la Fiscalía General para su enjuiciamiento civil, se han entablado acciones judiciales en 16 casos y las investigaciones están en curso en 28 casos. Hay 5 casos en la última etapa de la investigación, en los que podrían presentarse cargos por blanqueo de dinero.

51.La Comisión Presidencial sobre Corrupción y Recuperación de Activos, a través de sus investigaciones sobre el caso de MMPRC, ha constatado que la corrupción se ve favorecida por las deficiencias del sistema. En julio de 2020, la Comisión presentó al Presidente un informe en el que formulaba recomendaciones sobre los problemas o riesgos sistémicos detectados.

10.Respuesta al párrafo 6 de la lista de cuestiones

52.Las medidas de control de la COVID-19 se imponen en el marco jurídico establecido por la Ley de Protección de la Salud Pública de 2012. El 12 de marzo de 2020, en virtud de dicha Ley, el Ministerio de Sanidad declaró por primera vez en Maldivas el estado de emergencia de salud pública, que todavía se mantiene. La referida Ley confiere amplias competencias a la Directora General de Salud Pública, que dirige la Agencia de Protección de la Salud, encargada por ley, entre otras cosas, de prevenir y controlar la propagación de enfermedades transmisibles.

53.Todas las medidas de restricción impuestas a raíz de la pandemia de COVID-19 son dictadas por la Directora General de Salud Pública, en virtud de las facultades que le confiere la Ley de Protección de la Salud Pública, incluidas las órdenes de aislamiento, cuarentena, restricción de circulación y reunión, e interrupción de negocios y servicios.

54.Todas las medidas impuestas se hicieron públicas y se notificaron mediante ruedas de prensa diarias celebradas inicialmente por el Centro Nacional de Operaciones de Emergencia, un centro multisectorial creado para ocuparse de todas las cuestiones relacionadas con la pandemia. La labor se ha transferido de forma permanente al Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud. Se ha creado un sitio web dedicado al tema, en el que se actualiza diariamente la información.

55.En el informe Rapid Livelihood Assessment – Impact of the Covid-19 Crisis in the Maldives (Evaluación rápida de los medios de subsistencia. Repercusiones de la crisis de la COVID-19 en Maldivas) , elaborado por el Ministerio de Desarrollo Económico en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se incluye una cronología de los acontecimientos ocurridos hasta el 15 de julio de 2020.

56.Las medidas de restricción impuestas por el Gobierno han limitado derechos como la libertad de reunión y de circulación. Se limitó el número de personas que podían reunirse a la vez. Se impusieron toques de queda cada vez que se produjo un aumento de la tasa de infección. Dada la dispersión geográfica de Maldivas, no se aplicaron medidas de confinamiento al mismo tiempo en todas las islas, sino que se realizó un seguimiento en las islas con casos activos y se restringieron los movimientos de entrada y salida en ellas.

57.Si bien las medidas de restricción repercutieron en algunos aspectos de las elecciones celebradas durante los períodos de confinamiento, como los actos presenciales de campaña, el Gobierno garantizó el derecho de voto a todo el mundo. En abril de 2020 se celebraron elecciones a los consejos locales y los comités para el desarrollo de la mujer y en febrero de 2022 se celebraron elecciones parlamentarias parciales. Se tomaron medidas especiales para garantizar que las personas que habían dado positivo en las pruebas de COVID-19 pudieran votar a una hora determinada, de acuerdo con las directrices de la Agencia de Protección de la Salud. El Gobierno concedió más recursos presupuestarios para garantizar que la Comisión Electoral pudiera desempeñar sus funciones de acuerdo con las directrices de la Agencia.

58.Las medidas de restricción impuestas inicialmente por el Gobierno para controlar la propagación de la COVID-19 fueron necesarias debido a la naturaleza contagiosa de la enfermedad, la amenaza que suponía para el sistema sanitario, la falta de opciones de tratamiento y la tasa de letalidad de la enfermedad. Teniendo en cuenta el estado de los servicios sanitarios en Maldivas, todas las medidas adoptadas resultaron cruciales para frenar la propagación de la enfermedad, lo que permitió ganar tiempo para ampliar los servicios sanitarios, incluida la creación de centros de tratamiento de la COVID-19, centros de cuarentena y aislamiento y clínicas de vacunación contra la gripe, así como para adquirir los medicamentos y equipos necesarios.

59.En junio de 2020, en respuesta al cuestionario conjunto sobre COVID-19 y derechos humanos, Maldivas proporcionó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos información detallada sobre los diferentes tipos de medidas impuestas inicialmente, sus repercusiones en los derechos humanos, los motivos por los que se adoptaron las medidas, la legislación conexa aplicable, si las medidas impuestas fueron necesarias y proporcionales y si se aplicaron de forma discriminatoria a determinados grupos de población.

60.Además de que las medidas de restricción impuestas fueron necesarias, el Gobierno hizo todo lo posible por reducir al mínimo las repercusiones negativas en los derechos humanos. Se aprobó la Ley de Emergencia de Salud Pública de 2020, que preveía medidas especiales para proteger a las personas con dificultades económicas y salvaguardar los derechos de la población vulnerable durante la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, se adoptaron medidas para proteger los derechos de los trabajadores frente a la reducción de salario o el retraso en su pago, la imposición de la suspensión de empleo, y las dimisiones; medidas para proteger a las personas frente a los desalojos forzosos de sus viviendas de alquiler; así como medidas de suministro de alimentos, alojamiento y apoyo a los ingresos para grupos vulnerables, en especial las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y los trabajadores migrantes.

61.Asimismo, se concedió especial prioridad a garantizar los derechos fundamentales de las personas detenidas, como el derecho a ser puestas a disposición judicial en las 24 horas siguientes a su detención y el derecho a asistencia letrada. Se garantizó a las personas detenidas el acceso a los tribunales y a asistencia letrada de forma virtual.

62.Además, se ofrecieron incentivos y protecciones, incluidos apoyo a los ingresos, aplazamiento del reembolso de préstamos bancarios, paquetes de apoyo a las empresas, y subsidios de servicios públicos y alimentos en determinadas zonas del país.

63.En los períodos en los que la circulación estaba restringida, el Gobierno garantizó el suministro de bienes y servicios esenciales mediante la concesión de permisos de circulación a un número limitado de personas de cada hogar. También se concedieron permisos para viajes imprescindibles dentro de las islas y entre ellas.

64.Si bien Maldivas sigue manteniendo algunas medidas en las islas en las que se está llevando a cabo un seguimiento por el aumento de los casos de COVID-19, se han levantado todas las medidas que impedían el ejercicio del derecho a la libertad de reunión y a la libertad de circulación. Las medidas de restricción se van suprimiendo a medida que disminuye el riesgo para la población gracias a la mejora de los resultados de los tratamientos y a la elevada tasa de vacunación.

65.Maldivas puso en marcha su programa nacional de vacunación contra la COVID-19 en febrero de 2021, con el objetivo de vacunar a toda la población. La equidad vacunal ocupa un lugar central en los esfuerzos de Maldivas, que ha garantizado la distribución organizada y equitativa de vacunas gratuitas en todo el país. En el siguiente cuadro se muestra la situación de la vacunación hasta el 28 de febrero de 2022.

Porcentajes en relación con la población total que puede ser vacunada

1.ª dosis

2.ª dosis

Dosis de refuerzo

Población total

545 847

72,95

67,98

24,32

Población que puede ser vacunada (mayores de 12 años)

452 798

87,95

81,96

29,31

11.Respuesta al párrafo 7 de la lista de cuestiones

66.El Gobierno reconoce que durante el régimen anterior se hizo un uso indebido generalizado de las disposiciones de la Ley de Prevención del Terrorismo para reprimir a activistas y políticos de la oposición, y se complace en informar de que, en octubre de 2019, se introdujo una modificación en dicha Ley que delimita mejor el concepto de acto terrorista, en consonancia con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a fin de evitar que la ley se utilice para reprimir la disidencia política.

67.En la actualidad, se considera acto de terrorismo: causar lesiones graves a una persona; poner en peligro la vida de otra persona que no sea el autor de un delito; tomar a otra persona como rehén o secuestrarla; destruir bienes; secuestrar un buque; poner en peligro la salud pública de un grupo de personas o de toda la población; poner en peligro la seguridad de un grupo de personas o de toda la población; destruir infraestructuras críticas o causar la suspensión de servicios públicos con el fin de: 1) promover una opinión política o religiosa radical o extremista; o 2) obligar al Gobierno a hacer o no hacer algo, o propagar el miedo entre un grupo de personas o toda la población.

68.Mediante una segunda modificación de la Ley de Prevención del Terrorismo, se incluyeron elementos esenciales que, en circunstancias especiales, ayudan a las autoridades a prevenir actos de terrorismo, y se reforzó la consideración del extremismo político y religioso y de la radicalización como actos terroristas.

69.En diciembre de 2021, se aprobó una tercera modificación de la Ley en cuestión, con la que se establecieron los procedimientos y las normas para el retorno de combatientes, así como los derechos de los combatientes privados de libertad. También se incluyeron medidas especiales para ayudar a salvaguardar el bienestar de los hijos de los combatientes.

12.Respuesta a los párrafos 8 y 9 de la lista de cuestiones

70.El artículo 10 a) de la Constitución establece que la religión del Estado de Maldivas es el islam, que será una de las bases de todas las leyes del país. Además, a tenor del artículo 10 b), en Maldivas no se pueden promulgar leyes contrarias a ningún principio del islam. Por consiguiente, las disposiciones que contravengan la sharía no pueden ser incorporadas al marco jurídico de Maldivas.

71.Maldivas no cuenta con disposiciones legislativas que entrañen discriminación por motivos de raza, origen nacional, color, sexo, edad, discapacidad mental o física, opinión política o de otra índole, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, o isla de origen. Contrariamente a lo indicado en la información recibida por el Comité de Derechos Humanos, el Parlamento no está examinando ninguna ley para combatir  la discriminación. Si la información se refiere a legislación sobre igualdad de género, el Gobierno señala que la Ley de Igualdad de Género se aprobó el 23 de agosto de 2016.

72.Como ya se ha mencionado, el Gobierno no tolera ningún tipo de discurso de odio y se compromete a tomar las medidas adecuadas para prevenir las amenazas, el acoso y las agresiones contra personas defensoras de los derechos humanos. El Servicio de Policía de Maldivas continúa combatiendo las amenazas y el acoso que tienen lugar tanto en plataformas en línea como cara a cara. Los casos de amenazas contra periodistas, defensores de los derechos humanos u organizaciones de la sociedad civil tienen un tratamiento especial y son investigados por el Departamento de Delincuencia Grave y Organizada del Servicio de Policía de Maldivas.

73.La investigación de los delitos cibernéticos y la rendición de cuentas por su comisión siguen siendo un reto debido a la falta de un marco jurídico para combatir la ciberdelincuencia. Se está trabajando para aprobar un proyecto de ley de prevención de la ciberdelincuencia. En agosto de 2021 se presentó al Parlamento un nuevo proyecto de ley sobre las pruebas, que reformará la anticuada Ley de Pruebas de 1976.

74.Además, en noviembre de 2021 se introdujo una modificación en el Código Penal que tipificaba como delito el discurso de odio, incluidos el discurso que acusa a una persona de ser contraria a la religión islámica, el discurso que incita al odio contra una persona por su fe islámica, y el discurso que tacha, intenta tachar o acusa públicamente a una persona de no ser creyente. Con la referida modificación también se tipifica como delito la incitación a la violencia y a la agresión, y se pretende evitar que se repitan delitos atroces como los que se han perpetrado contra algunas personas en Maldivas debido a la incitación a la violencia contra ellas.

75.En relación con el asesinato del bloguero Yameen Rasheed, el Servicio de Policía de Maldivas llevó a cabo una investigación exhaustiva del caso y lo remitió para su enjuiciamiento, de modo que el Procurador General presentó cargos contra seis personas. El 19 de enero de 2022, el Tribunal Penal declaró a dos de los seis acusados culpables de asesinato y los condenó a prisión perpetua. El Procurador General está estudiando la posibilidad de apelar contra las sentencias de las cuatro personas absueltas, una vez que el Tribunal Penal emita un informe del caso.

76.Cuando se creó la DDCom en 2018, la sustanciación del caso del asesinato de Yameen Rasheed estaba en curso. Siguiendo el consejo de la Procuraduría General, la DDCom decidió no abrir una nueva investigación, para que la resolución del caso no se viera afectada. No obstante, varios de sus miembros asistieron a todas las vistas del juicio y siguieron de cerca el desarrollo del caso.

77.Tras la conclusión del juicio en el Tribunal Penal en enero de 2022, la DDCom abrió oficialmente una investigación sobre el caso. El Servicio de Policía de Maldivas se ha mostrado accesible para la DDCom y le ha prestado asistencia.

13.Respuesta a los párrafos 10 y 11 de la lista de cuestiones

Igualdad de género

78.El Gobierno se complace en informar de los progresos realizados por Maldivas en el logro de la igualdad de género y la promoción y protección de los derechos de las mujeres. Conviene señalar la aprobación de la Ley de Igualdad de Género, que reconoce la discriminación de género directa e indirecta.

79.La Ley de Igualdad de Género permite imponer medidas contra todas las ideas y prácticas que promuevan la discriminación de género, define la violencia contra las mujeres como violencia de género, obliga a las instituciones públicas y privadas a establecer mecanismos de denuncia específicos para hacer frente a la discriminación de género en el lugar de trabajo, e impone la obligación positiva de promover de forma activa la participación de las mujeres.

80.Además, la Ley de Igualdad de Género exige el establecimiento de mecanismos de reparación para atender las denuncias de discriminación de género en el lugar de trabajo. Hasta el 16 de febrero de 2022, 75 instituciones habían establecido un mecanismo para ese fin. Por el momento, no se ha denunciado ningún caso de discriminación de género en esas instituciones ni en el Ministerio de Género, Familia y Servicios Sociales. El hecho de que no se denuncie es preocupante y debe abordarse mediante la concienciación sobre la disponibilidad y la utilización de esos mecanismos de reparación.

81.Maldivas reconoce las deficiencias en la aplicación de la Ley de Igualdad de Género. Con el fin de subsanarlas, se ha vuelto a considerar la igualdad de género como un aspecto clave para el desarrollo nacional. En septiembre de 2019 se aprobó la Política de Igualdad de Género en la que se basa el Plan de Acción de Igualdad de Género (2022-2026), que está en la fase final de tramitación.

82.Además, se han publicado reglamentos sobre el mecanismo de presentación de informes (en octubre de 2021) y la asignación de responsabilidades a los consejos locales con arreglo a la Ley de Igualdad de Género (en diciembre de 2021). El Gobierno espera que esos reglamentos contribuyan a que la Ley de Igualdad de Género se aplique eficazmente en todo el país.

Participación de las mujeres en la toma de decisiones y en la vida pública

83.El Gobierno, que reconoce el género como una cuestión de gobernanza, ha velado por que el Plan de Acción Estratégico incluya políticas destinadas a aumentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones y en la vida pública.

84.Con ese objetivo, en 2019 se aprobó una modificación de la Ley de Descentralización para reservar a las mujeres el 33 % de todos los escaños de los consejos locales, a fin de incentivarlas a presentarse a las elecciones. Se trata de la primera medida legislativa especial de carácter temporal que tuvo como resultado la elección, en abril de 2020, de 388 mujeres para formar parte de los consejos locales de todo el país, lo que representó una cuota superior al 33 %, ya que el porcentaje de escaños en los consejos locales ocupados por mujeres fue del 39,5 %.

85.Asimismo, con la referida modificación se otorgó un mayor reconocimiento a los comités para el desarrollo de la mujer a fin de permitir a las mujeres ocupar puestos directivos y participar eficazmente en el desarrollo de sus propias comunidades. Además, se asignó a dichos comités al menos el 5 % del presupuesto para subvenciones de los consejos, lo que reforzó su independencia fiscal. Desde enero de 2022 se han venido introduciendo cambios positivos en la asignación presupuestaria a los comités.

86.En cuanto al equipo de Gobierno, en la actualidad el 33,33 % de los ministros son mujeres y, por primera vez, se han asignado a ministras carteras en sectores no estereotipados como el transporte, el medio ambiente, el cambio climático, la tecnología, el arte, la cultura, el patrimonio y la defensa. El Servicio de Asuntos Exteriores de Maldivas ha dado un valioso ejemplo mediante la consecución de la paridad de género en los puestos directivos de las misiones diplomáticas.

87.Pese a los avances, el Gobierno reconoce la baja tasa de representación de las mujeres en el Parlamento actual. Para mejorar aún más la participación de las mujeres en la esfera política, el Plan de Acción Estratégico prevé la aplicación de medidas especiales de carácter temporal en las elecciones primarias internas de los partidos políticos. El Plan de Acción de Igualdad de Género también incluye medidas para introducir y respaldar una cuota del 33 % de escaños en el Parlamento reservados a las mujeres.

88.En 2020 se incluyeron en la campaña de educación electoral de la Comisión Electoral medidas de concienciación sobre la participación política de las mujeres. La Comisión de Derechos Humanos de Maldivas ha llevado a cabo diversas actividades de difusión y concienciación en los medios sociales, centradas en la importancia de la participación de las mujeres en los asuntos públicos y políticos.

89.El Gobierno reconoce que se puede concienciar más sobre el sistema de cuotas y sobre la finalidad y la necesidad de las medidas especiales de carácter temporal. Con ese objetivo, el Plan de Acción Estratégico y el Plan de Acción de Igualdad de Género incluyen políticas para llevar a cabo programas de formación, actualización de conocimientos y sensibilización de los medios de comunicación.

90.La mejora de la representación de género en el poder judicial es una de las principales prioridades del programa de reforma judicial del Gobierno. En 2019 se nombraron las primeras juezas del Tribunal Supremo y, en 2020, la primera jueza del Tribunal Penal. También se ha nombrado una jueza para el Tribunal de Menores con arreglo a la Ley de Justicia Juvenil, que exige que los casos de niños sean juzgados por jueces de ambos sexos.

91.Actualmente, hay juezas resolviendo casos en todas las instancias del poder judicial en Maldivas. Se trata de un avance notable si se tiene en cuenta que en 2017 solo había 7 juezas en todo el poder judicial, frente a las 20 que hay en la actualidad. Además, el 42,7 % del personal del poder judicial son mujeres.

Alegaciones de amenazas y acoso

92.En respuesta a las alegaciones de que las mujeres son amenazadas, acosadas y estigmatizadas por no llevar velo en público, el Gobierno señala que no hay constancia de que se hayan denunciado incidentes de ese tipo al Servicio de Policía de Maldivas. No obstante, cualquier denuncia de esa índole es investigada exhaustivamente con la máxima prioridad por el Departamento de Delincuencia Grave y Organizada si el caso está relacionado con la radicalización y el extremismo religiosos, o por el Departamento de Protección de la Familia y la Infancia si es un caso de violencia de género.

Derecho de familia

93.El Gobierno se compromete plenamente a eliminar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en asuntos de derecho de familia. La iniciativa del Gobierno actual de reformar el derecho de familia tiene por objeto identificar las deficiencias del sistema de derecho de familia, con especial énfasis en la Ley de Familia, la Ley de Protección de los Derechos del Niño, la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica y los reglamentos conexos.

94.Tras una revisión del derecho de familia se formularán recomendaciones de reforma sobre: la celebración de matrimonios, incluidos los matrimonios polígamos; el registro del matrimonio; las funciones de quienes se encargan del registro del matrimonio; el procedimiento de divorcio; el procedimiento de concesión de la custodia de los hijos; la división de los bienes matrimoniales; la manutención conyugal; la manutención de los hijos; y otros procedimientos en materia de familia.

95.Mediante esa iniciativa de reforma, el Gobierno pretende garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos en materia de derecho de familia en igualdad de condiciones con los hombres, siempre que no se contravenga la sharía. El Gobierno tiene previsto finalizar la reforma este año y presentar una ley revisada para establecer un sistema de derecho de familia moderno que promueva, proteja y garantice los derechos humanos y constitucionales de las mujeres y las niñas, de conformidad con el artículo 10 de la Constitución.

Violencia de género y violencia doméstica

96.Durante el período que abarca este informe se han aprobado varias leyes que abordan una o más formas de violencia de género. La Ley de Prevención del Abuso y el Acoso Sexuales establece la definición de abuso y acoso sexuales, las responsabilidades de las distintas partes y las medidas que deben tomarse para prevenir ese tipo de actos en lugares de trabajo y en instituciones educativas, sanitarias y sociales. La Ley de Delitos Sexuales establece los delitos sexuales y las penas correspondientes, así como los procedimientos que deben seguirse en esos casos.

97.El Gobierno da prioridad a acabar con el acoso sexual, la violencia doméstica y otras formas de violencia de género. Con ese fin, se han previsto diversas medidas en el Plan de Acción Estratégico, como la revisión de la aplicación de la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica, la garantía de la aplicación eficaz de las leyes relacionadas con la violencia de género, la impartición de cursos de sensibilización y actualización de conocimientos dirigidos a las fuerzas del orden, la elaboración y puesta en marcha de procedimientos operativos estándar para los centros de acogida de víctimas de la violencia doméstica y la creación de un fondo de emergencia destinado a las víctimas de la violencia doméstica y a sus familias.

98.La Ley de Prevención de la Violencia Doméstica, aprobada en abril de 2012, constituye la base de las medidas de prevención de la violencia doméstica en Maldivas. En septiembre de 2018 se publicó el Reglamento General sobre la Prevención de la Violencia Doméstica. La Autoridad de Protección de la Familia es la principal encargada de la aplicación de la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica, en particular de la regulación de los servicios de apoyo a las víctimas y de la prestación de servicios a quienes cometen ese tipo de delitos.

99.A continuación se indican algunas medidas significativas que se han tomado durante el período que abarca este informe para garantizar la aplicación eficaz de la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica:

a)La evaluación de los servicios disponibles para las víctimas de la violencia doméstica, lo que facilitó la identificación de proveedores de servicios a los que remitir a las víctimas (2013);

b)La elaboración y aprobación de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia Doméstica (2014-2016) y el desarrollo de una herramienta de seguimiento y evaluación para determinar los logros alcanzados (2014);

c)La redacción de un comentario sobre la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica con el fin de normalizar su interpretación;

d)La preparación del segundo Plan Estratégico de Prevención de la Violencia Doméstica (2017-2021), que establece la prevención, la protección, la acción coordinada, la rendición de cuentas y la gobernanza como las cinco esferas prioritarias a escala nacional;

e)La publicación de un reglamento para establecer un marco de colaboración entre los principales proveedores de servicios relacionados con la violencia doméstica; y

f)La elaboración y distribución de una guía para los equipos de respuesta inicial en casos de violencia doméstica, con información sobre la evaluación inicial de riesgos y los planes de seguridad, y la organización de cursos de formación sobre el uso de esta guía.

100.Además, se están elaborando directrices para la puesta en marcha de un programa de rehabilitación de las personas que cometen actos de violencia doméstica, así como normas mínimas para la prestación de servicios a las víctimas de ese tipo de violencia.

101.Se han propuesto modificaciones de la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica para abordar el conflicto entre las responsabilidades y obligaciones de la Autoridad de Protección de la Familia y las del Ministerio de Género, Familia y Servicios Sociales, así como las funciones de supervisión de la Autoridad de Protección de la Familia. Además, se está preparando una revisión de la referida Ley, con la colaboración de las partes interesadas, y se ha elaborado un proyecto de informe de revisión.

102.Concienciar sobre la violencia doméstica es fundamental para prevenirla, por lo que las autoridades competentes llevan a cabo con regularidad numerosos programas de concienciación y sensibilización. A continuación se presenta información sobre los programas ejecutados durante el período que abarca este informe:

a)La Autoridad de Protección de la Familia lleva a cabo con regularidad programas de concienciación, sensibilización y prevención centrados en la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica, la espiral de la violencia y las relaciones sanas, y el fomento de la denuncia de los casos de violencia doméstica. Todos los años se llevan a cabo programas de capacitación, sensibilización y concienciación de los proveedores de servicios a las víctimas. Además, la Autoridad de Protección de la Familia ha implicado a los hombres como agentes de cambio para acabar con la violencia doméstica, y se han llevado a cabo programas para contrarrestar las ideologías y creencias que perpetúan la violencia doméstica;

b)El Ministerio de Género, Familia y Servicios Sociales también lleva a cabo sesiones de sensibilización sobre cuestiones de género, en particular sobre la violencia de género. En 2016 y 2017, durante la campaña “16 Días de activismo contra la violencia de género”, se llevaron a cabo sesiones de sensibilización y campañas puerta a puerta para crear conciencia sobre la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica y la violencia de género. En 2018, el Ministerio colaboró con el American Centre de Maldivas para establecer espacios seguros de debate con el lema “La violencia nunca es la respuesta”. Ese mismo año también se llevó a cabo una sesión para la comunidad filipina en Maldivas, sobre violencia doméstica, violencia de género y acoso sexual. Asimismo, en 2018 y 2019 se celebraron mesas redondas sobre la violencia contra las mujeres;

c)En julio de 2020, se puso en marcha una campaña nacional de dos años cuyo lema fue “Geveshi Gulhun” (las relaciones domésticas), con el fin de hacer frente a la violencia doméstica. El Gobierno lanzó esa campaña en respuesta al aumento de las denuncias de violencia doméstica presentadas ante el Ministerio de Género, Familia y Servicios Sociales durante el período de confinamiento por la COVID-19. El objetivo de la campaña es reducir los casos de violencia doméstica y violencia de género, alentar y empoderar a la población para que denuncie, reforzar y ampliar los servicios disponibles para las víctimas y abordar las transformaciones de los comportamientos y las mentalidades en relación con las causas profundas de la violencia doméstica y la culpabilización de las víctimas. La campaña utiliza diferentes plataformas de medios sociales y medios de comunicación para concienciar y capacitar al sector de prestación de servicios sociales.

Mecanismos de protección

103.El Ministerio de Género, Familia y Servicios Sociales ha habilitado cinco edificios como centros de acogida de víctimas de la violencia doméstica. Todos los edificios cuentan con trabajadores asistenciales, personal de seguridad, oficiales de programas y un oficial administrativo. También disponen de una sala médica y una sala para personas con discapacidad, y están equipados para proporcionar servicios básicos como alimentación, asistencia médica y apoyo psicosocial. Actualmente se están revisando los procedimientos operativos estándar de esos centros de acogida. La División de Aseguramiento de la Calidad del Ministerio se encarga de comprobar y controlar las normas de calidad de esos centros.

104.Durante el período que abarca el informe, hasta 2021, la Autoridad de Protección de la Familia llegó a un acuerdo con el Instituto de Bienestar Mental, una clínica privada de psicología, para prestar apoyo psicosocial a las personas consideradas víctimas de delitos sexuales de conformidad con la Ley de Delitos Sexuales. Actualmente, la Autoridad de Protección de la Familia está intentando asociarse con una clínica privada de psicología para ofrecer apoyo psicosocial a las personas consideradas víctimas con arreglo a la Ley de Delitos Sexuales y a la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica.

105.En el cuadro que figura a continuación se presentan datos sobre los recursos y el apoyo psicosocial proporcionados a las víctimas durante el período que abarca este informe.

Número de víctimas de violencia doméstica/violencia de género a las que el Ministerio de Género, Familia y Servicios Sociales ha proporcionado apoyo psicosocial

Año

2012

41

2013

55

2014

82

2015

48

2016

83

2017

73

2018

83

2019

124

2020

140

2021

180

106.En 2019 se desarrolló un sistema de puntos de prestación de asistencia psicológica a las víctimas de abusos sexuales, y en 2021 se revisó para incluir a las personas consideradas víctimas con arreglo a la Ley de Delitos Sexuales y a la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica.

Facilitación de la presentación de denuncias y estadísticas

107.Debido a las restricciones de la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica, la Autoridad de Protección de la Familia no ha establecido aún un mecanismo formal de denuncia. No obstante, las víctimas, sus familiares o amigos, o los testigos de violencia doméstica pueden presentar denuncias ante la Autoridad de Protección de la Familia, de forma anónima o no, por teléfono, por correo electrónico, a través del sitio web de la Autoridad o en persona.

108.Las denuncias recibidas se transmiten a las instituciones pertinentes. Si es necesario abordar cualquier cuestión, se celebran reuniones de coordinación de casos con las instituciones. Los problemas más importantes del sistema identificados en esas reuniones se señalan a la atención de los comités pertinentes establecidos en virtud del Reglamento General sobre la Prevención de la Violencia Doméstica.

109.Como medida para fomentar la denuncia, la Procuraduría General, con la ayuda del PNUD, ha elaborado folletos para informar a las víctimas y a los testigos vulnerables sobre la protección jurídica de que disponen y los servicios que presta el Departamento de Apoyo a Testigos y Víctimas dependiente de la Procuraduría General. Además, se capacita a los fiscales para ocuparse de casos de esa índole mediante cursos de formación y se vela por que respeten los procedimientos especializados.

110.El Servicio de Policía de Maldivas está ejecutando un proyecto centrado en combatir los delitos contra las mujeres, los niños y las familias, y en poner fin a todas las formas de violencia contra ellos. Se llevan a cabo programas de sensibilización sobre los derechos y la protección de los niños, y programas para padres en relación con la Ley de Protección de los Derechos del Niño y la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica. Se ofrece a los responsables de las investigaciones un curso centrado en la familia y el niño, con el fin de proporcionarles las herramientas necesarias para facilitar la presentación de denuncias a las víctimas. El Departamento de Protección de la Familia y la Infancia del Servicio de Policía de Maldivas se ocupa de la tramitación de todos los casos de violencia doméstica.

111.En el siguiente cuadro figura información sobre los casos de violencia doméstica denunciados al Servicio de Policía de Maldivas.

Año

Casos registrados

Remitidos a la Procuraduría General

2012

180

20

2013

210

14

2014

192

15

2015

349

38

2016

303

49

2017

279

27

2018

240

7

2019

221

12

2020

247

28

2021

229

15

112.Conviene señalar que el único delito tipificado en la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica está relacionado con el incumplimiento de las órdenes de protección. Hasta el momento de escribir el presente informe, se han enjuiciado diez casos en relación con ese delito. Los casos de violencia doméstica se enjuician en virtud de otras leyes, como el Código Penal y la Ley de Delitos Sexuales. No obstante, aunque se presenten cargos en virtud de otras leyes, las normas de protección y procedimiento de la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica se aplican en todos los casos de ese tipo.

113.Los casos de violencia doméstica también se notifican al Ministerio de Género, Familia y Servicios Sociales. En el siguiente cuadro se presentan datos desglosados por sexo y tipo de delito sobre los casos de violencia de género y violencia doméstica notificados al Ministerio entre 2017 y 2021.

Tipo de delito

2017

2018

2019

2020

2021

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

Violación

0

7

7

0

14

14

0

18

18

1

23

24

0

9

9

Violencia sexual/ abuso sexual

1

22

23

1

20

21

2

39

41

2

36

38

5

22

27

Violencia física/ maltrato físico

20

162

182

10

166

176

15

160

175

17

179

196

24

170

194

Maltrato psicológico/ agresión verbal

20

89

109

14

62

76

15

80

95

17

92

109

23

146

169

Desatención

9

14

23

8

8

16

9

13

22

5

8

13

4

7

11

Matrimonio forzado

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hostigamiento criminal

0

2

2

0

2

2

1

3

4

0

1

1

0

2

2

Explotación comercial

1

2

3

0

7

7

2

0

2

0

0

0

1

4

5

Trabajo forzoso

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Acoso sexual

0

2

2

0

4

4

1

8

9

0

2

2

1

18

19

Abuso económico/ abuso financiero

1

7

8

1

7

8

1

5

6

0

5

5

0

5

5

Retención de bienes/ daños materiales

1

7

8

1

7

8

3

4

7

0

2

2

1

6

7

Comportamiento controlador

3

14

17

1

13

14

1

12

13

0

6

6

1

9

10

Intimidación

5

34

39

0

37

37

5

36

41

2

21

23

6

30

36

Total

63

362

425

36

347

383

55

378

433

44

375

419

66

428

494

14.Respuesta al párrafo 12 de la lista de cuestiones

114.La interrupción del embarazo durante los primeros 120 días de gestación no está considerada delito en Maldivas. El Código Penal solo tipifica el aborto después de los primeros 120 días de gestación, e incluso entonces la legislación permite excepcionalmente el aborto si la mujer embarazada corriera peligro o si el embarazo fuera consecuencia de abusos sexuales o incesto. El Código Penal prevalece sobre el dictamen emitido en 2013 por la Academia Islámica de Jurisprudencia (Fiqh). Por consiguiente, en respuesta a la pregunta del Comité de Derechos Humanos, el Gobierno señala que cuando la vida de la mujer corre peligro o cuando la mujer ha sido víctima de violación o incesto, el aborto es legal en Maldivas, independientemente del tiempo de gestación transcurrido.

115.Existen mecanismos para detectar los casos de aborto en condiciones de riesgo y prestar servicios de aborto seguro en los establecimientos de salud cuando sea necesario. Todo aborto practicado en un establecimiento de salud queda registrado en el sistema de información sanitaria. Según el informe Maldives health profile, en 2019 se registraron 158  abortos practicados en establecimientos de salud por profesionales sanitarios. Los abortos realizados en establecimientos de salud se notifican regularmente a través del sistema de estadísticas vitales.

116.La Estrategia Nacional de Salud Reproductiva, Materna, Neonatal, Infantil y Adolescente (2020-2025) da prioridad a la esfera de la salud sexual y reproductiva.

15.Respuesta a los párrafos 13 y 14 de la lista de cuestiones

117.Existen numerosas salvaguardias para garantizar que la imposición de la pena de muerte se ajusta a los requisitos del Pacto. El artículo 1205 del Código Penal establece que, si se ha demostrado fuera de toda duda la comisión de un delito hudud o de un delito castigado con el talión (qisas) según se definen en la sharía islámica, debe imponerse la pena prevista para dicho delito en dicha ley islámica. En Maldivas, la pena de muerte se impone únicamente en caso de condena por asesinato. Las sentencias de muerte son automáticamente remitidas al Tribunal Supremo para su ratificación. Asimismo, la legislación establece explícitamente que el Presidente tendrá la facultad de conceder el indulto en caso de sentencia de muerte conforme a lo dispuesto en la sharía islámica.

118.En Maldivas no puede abolirse la pena de muerte sin contar previamente con la legislación nacional correspondiente y llevar a cabo una consulta pública más amplia sobre la cuestión. El Gobierno reitera su compromiso de mantener la moratoria oficiosa de la aplicación de la pena de muerte. En la actualidad, antes de reanudar las ejecuciones, es prioritario llevar a cabo una reforma judicial y aplicar medidas orientadas a mejorar el marco jurídico subyacente del sistema de justicia penal.

119.Maldivas no está en condiciones de ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, puesto que hace referencia a la abolición de la pena de muerte.

120.En respuesta a las alegaciones de que se han construido instalaciones para llevar a cabo ahorcamientos en la prisión de Maafushi, el Gobierno señala que las instalaciones nunca se han utilizado ni se utilizarán para llevar a cabo ejecuciones y que serán destinadas a otros usos. Algunos de los recursos adquiridos para esas instalaciones, como vehículos, camas de uso médico, carros de transporte de medicamentos, sábanas, almohadas y colchones, se están utilizando actualmente para otros fines en la prisión de Maafushi.

121.Con respecto a las medidas adoptadas para prevenir y combatir los efectos que están teniendo y que previsiblemente tendrán el cambio climático y la degradación del medio ambiente, el Gobierno señala que el Plan de Acción Estratégico incluye políticas sobre energía limpia, el uso de residuos como recurso, agua y saneamiento, la protección y conservación del medio ambiente y el fomento de comunidades resilientes, con objetivos y medidas para hacer plenamente efectivo el derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución.

122.Además, el Gobierno está en el buen camino para lograr emisiones netas de valor cero a más tardar en 2030, siempre que reciba el apoyo adecuado. Tiene previstas medidas destinadas a los sectores de la energía, el transporte y los residuos; la mejora de la adaptación y el fomento de resiliencia; la seguridad alimentaria; la protección de las costas; la resiliencia de la infraestructura crítica; la mejora de la gobernanza climática; el acceso a la financiación; y la lucha contra los efectos del cambio climático en los grupos vulnerables.

123.En 2021 se aprobó la Ley de Emergencia Climática, que establece la estructura jurídica y las medidas necesarias para hacer frente a la crisis climática y regula el presupuesto de carbono para lograr emisiones netas de valor cero a más tardar en 2030. Ese mismo año se aprobó también la Ley de Energía de Maldivas, que prevé directrices para el suministro de energía en Maldivas, tanto en la fase de producción como en la de consumo.

124.Maldivas reconoce la importancia de la participación de la población y de las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de leyes y políticas sobre el cambio climático. Uno de los principios rectores de la Política de Cambio Climático de Maldivas es garantizar la equidad intergeneracional. En todas las etapas de la formulación de dicha política y la aplicación de medidas relacionadas con el clima se garantizó la participación equitativa de los distintos grupos de población.

16.Respuesta al párrafo 15 de la lista de cuestiones

125.La Ley de Lucha contra la Trata de Personas de 2013 define el delito de la trata de personas y establece las penas correspondientes, con el objetivo de poner fin a la trata de personas y crear un mecanismo de protección de las víctimas.

126.Tras la aprobación de la referida Ley, en 2016 se creó el Comité Directivo Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, que se reunió regularmente hasta 2017. Durante ese período, el Comité elaboró el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y estableció una comisión técnica multisectorial para hacer un seguimiento de su aplicación. Asimismo, aprobó y publicó directrices para la detección de víctimas, puso en marcha una serie de programas de concienciación y habilitó a escala nacional un teléfono de emergencia de apoyo a las víctimas.

127.Sin embargo, la falta de personal, los problemas relativos a su composición y un escaso compromiso hicieron que el Comité Directivo Nacional de Lucha contra la Trata de Personas dejara de funcionar a finales de 2017, hasta que volvió a constituirse en 2019.

128.En 2018, con el fin de mejorar el seguimiento y la reunión de datos, el Servicio de Policía de Maldivas estableció un sistema de gestión de casos y lo incorporó a su sistema de información. En cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la Ley de Lucha contra la Trata de Personas, el Servicio de Policía de Maldivas estableció un centro de acogida temporal de hombres y mujeres por separado; llevó a cabo programas de radio de promoción y concienciación; realizó programas de formación especializada para el personal del Departamento de Lucha contra la Trata de Personas; impartió formación sobre la detección de víctimas de la trata de personas a agentes de policía que trabajaban en primera línea en Malé y los atolones; y organizó un curso de formación de formadores para 12 agentes de la policía judicial.

129.Además, el Servicio de Policía de Maldivas colaboró con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para mejorar la capacidad de los agentes de la policía judicial en lo que respecta a la detección de víctimas y la investigación de ese tipo de delitos. Entre 2015 y 2018 se capacitó a más de 150 agentes en todo el país, incluidos formadores de futuros agentes de la policía judicial.

130.En 2016, se presentaron cargos por primera vez en virtud de la Ley de Lucha contra la Trata de Personas, lo que dio lugar a una condena por trata de personas con fines de explotación sexual. En 2019, el Servicio de Inmigración de Maldivas remitió 27 casos de presunta contratación fraudulenta y trata de personas al Servicio de Policía de Maldivas para que los investigara más a fondo.

131.Hasta el momento de escribir el presente informe, se han juzgado 11 casos en los que estaban implicadas 23 personas. En dos casos 4 personas han sido declaradas culpables, en 5 casos se han dictado sentencias absolutorias, y hay 4 casos que están siendo sustanciados.

132.Además, la Procuraduría General, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), impartió formación sobre el enjuiciamiento de casos de trata de personas, y coopera con el Servicio de Policía de Maldivas en las primeras fases de la investigación con el fin de facilitar las actuaciones judiciales.

133.En relación con los presuntos casos de trabajadores migrantes sometidos a trata de personas y explotación laboral, el Gobierno está tomando medidas para detectar ese tipo de casos y garantizar los derechos de las víctimas. En febrero de 2019, 24 empresas de contratación fueron incluidas en la lista negra del sistema Expat Online y siguen estando en ella. Los únicos servicios administrativos facilitados a esas empresas son el pago de las tasas de visado, y la prórroga de las cuotas de admisión de migrantes y del permiso de trabajo de los expatriados inscritos en las empresas.

134.Además, en septiembre de 2019, el Gobierno puso en marcha un programa de regularización de trabajadores migrantes para poder detectar y atender a las víctimas de la trata de personas. En el marco de ese programa, se alojó a dos personas víctimas de ese delito en un centro de acogida temporal, y ya están trabajando con nuevos empleadores y reintegradas en la sociedad.

135.Pese a los problemas derivados de la pandemia, en 2020 el Gobierno emprendió una serie de iniciativas clave en la materia, en especial la creación de la Oficina de Lucha contra la Trata de Personas, la asignación de fondos del presupuesto del Estado para actividades de lucha contra la trata de personas y la habilitación de un centro de acogida de víctimas en la isla de Gulhifalhu, en el atolón Kaafu. Ese centro de acogida temporal pasará a proporcionar alojamiento permanente una vez que se apruebe el Reglamento del Servicio de Acogida y Asistencia a las Víctimas. La Oficina de Lucha contra la Trata de Personas trabajará con un consultor internacional facilitado por la OIM para revisar el proyecto de reglamento y los procedimientos operativos estándar de detección y remisión de víctimas aprobados por el Comité Directivo Nacional de Lucha contra la Trata de Personas en 2016.

136.En 2021 se modificó la Ley de Lucha contra la Trata de Personas para que la definición de trata de personas estuviera en consonancia con el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, así como para racionalizar la labor del referido Comité Directivo.

137.El Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Trata de Personas (2020-2022) fue aprobado en marzo de 2020 por el Consejo de Ministros y está siendo aplicado y supervisado por la Oficina de Lucha contra la Trata de Personas. Está en consonancia con el Plan de Acción Estratégico y tiene por objeto proseguir las tareas y actividades que no se completaron con el anterior Plan de Acción Nacional (2015-2019). Además, conlleva un mayor compromiso de transparencia, presentación de informes sobre los progresos realizados, intercambio de información, colaboración con asociados internacionales y difusión de información.

138.El Gobierno reconoce la importancia de analizar las causas fundamentales de la trata y en qué medida se produce en todo el país. Con ese fin, tiene previsto realizar un estudio de referencia en 2022, cuando sea más fácil viajar de un atolón a otro. Además, la Oficina de Lucha contra la Trata de Personas está trabajando con un consultor de la UNODC para evaluar la viabilidad de un estudio piloto sobre los flujos financieros ilícitos en la trata de personas y el tráfico de migrantes.

17.Respuesta a los párrafos 16 y 17 de la lista de cuestiones

Prohibición absoluta de la tortura

139.El marco jurídico que prohíbe la tortura se basa en la Constitución, en la que se establece de forma expresa que ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y que toda persona privada de libertad en virtud de detención o prisión conforme a la ley, en cumplimiento de una orden judicial, o bajo custodia del Estado por razones de índole social, será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Solo podrá privarse a una persona de sus derechos o libertades en la medida en que lo exija la finalidad de su privación de libertad.

140.El 23 de diciembre de 2013 se aprobó la Ley de Lucha contra la Tortura, que consolida los principios de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En dicha Ley se tipifica la tortura como un delito con entidad propia, se definen los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y se establecen las penas correspondientes. La Ley también tipifica como delito en todos los casos la comisión de ese tipo de actos u obligar a otros a llevarlos a cabo, así como la reclusión de personas en determinadas circunstancias.

Prescripción

141.Con respecto a la prescripción, el Código Penal especifica todas las excepciones que puede oponer cualquier persona acusada conforme a la ley. Una de las excepciones no exculpatorias previstas en el capítulo 60 del Código es la prescripción de la acción si los cargos no se presentan dentro de los plazos establecidos en el artículo 61 del Código, a saber, ocho años para los delitos graves y tres años para los delitos menores, desde el momento de la comisión del delito.

142.La primera modificación introducida en el Código Penal en 2015 deja fuera de su ámbito de aplicación algunos delitos penales previstos en leyes especializadas, como la Ley de Lucha contra la Tortura. Por consiguiente, la Ley de Lucha contra la Tortura prevalecerá sobre el Código Penal en los casos de tortura. No obstante, en el mismo artículo también se establece que las excepciones previstas en el Código Penal podrán ser opuestas por las personas acusadas si los cargos se imputan en virtud de una ley especializada. Dado que la prescripción está prevista como excepción en el Código Penal, podrá ser invocada por quienes sean acusados de actos de tortura. Esta cuestión va a ser abordada en la revisión de la Ley de Lucha contra la Tortura que se está llevando a cabo.

Ley de Prisiones y Libertad Condicional

143.En respuesta a las alegaciones de que al modificar la Ley de Prisiones y Libertad Condicional en 2015 se suprimieron las disposiciones que protegían el derecho de las personas privadas de libertad a no ser sometidas a tortura ni a otros malos tratos, el Gobierno aclara que con la modificación de 2015 se suprimió el artículo 47 de la Ley, en el que se establecía que en el proceso de detención y reclusión no se impondría a la persona otra pena que no fuera la privación de libertad, y no se vulneraría ninguno de sus derechos fundamentales.

144.No obstante, se suprimió dicho artículo porque se incluyó un capítulo dedicado a los derechos y las libertades de las personas privadas de libertad. Se trata del capítulo 6, que añade a la Ley los artículos 61 a 68, en los que se recogen los derechos y las libertades fundamentales de las personas privadas de libertad, y las circunstancias en las que se puede restringir un derecho o una libertad. Por consiguiente, la Ley de Prisiones y Libertad Condicional sigue incluyendo disposiciones que protegen el derecho fundamental de las personas privadas de libertad a no ser sometidas a tortura ni a malos tratos.

145.En virtud del artículo 26 b) de la Ley, se prohíbe a los funcionarios y el personal del Servicio Penitenciario de Maldivas torturar o tratar de forma inhumana a las personas detenidas o encarceladas, lo que constituiría una falta disciplinaria. Además, el artículo 105 prohíbe explícitamente la imposición de castigos que puedan causar daños físicos a la persona privada de libertad. Asimismo, en el artículo 113 a) de la Ley se establece que ningún trabajo que se asigne a una persona privada de libertad para que lo lleve a cabo en la prisión tendrá por objeto torturarla o infligirle daño.

146.Además, el Gobierno señala que se está realizando una revisión para formular una nueva ley de prisiones y libertad condicional, que se espera que esté terminada en marzo de 2022.

Casos de tortura

147.En el siguiente cuadro figuran los datos disponibles sobre el número de casos de tortura denunciados que fueron investigados y juzgados entre 2012 y 2021.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 (septiembre)

Casos denunciados/ investigados

105

74

33

68

33

45

45

68

54

39

Cerrados tras investigación (incluidos los de años anteriores)

-

-

35

48

52

40

39

48

-

25

Remitidos para su enjuiciamiento

0

0

0

3

1

0

0

5

2

7

Desestimados por falta de pruebas

-

-

-

3

1

-

-

4

1

-

En proceso de examen por la Procuraduría General

-

-

-

-

-

-

-

-

1

6

Enjuiciados

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

148.Dado que los dos casos enjuiciados todavía no se han resuelto, no ha habido condenas hasta el momento de escribir este informe.

Mecanismo nacional de prevención

149.De conformidad con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas fue designada mecanismo nacional de prevención. Se encomendaron a un departamento de la Comisión las funciones de prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes a las personas privadas de libertad, concienciar y promover una cultura de prevención en los lugares de privación de libertad.

150.Tras la aprobación de la Ley de Lucha contra la Tortura en 2013, el 23 de marzo de 2014, dentro de la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas, se estableció el Departamento de Lucha contra la Tortura, con el mandato exclusivo de investigar los casos de tortura detectados por la Comisión o denunciados ante ella.

151.En virtud de la Ley de Prisiones y Libertad Condicional, las instituciones independientes, como la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas, las organizaciones internacionales y las comisiones parlamentarias pertinentes, tienen facultades expresas para visitar las prisiones y llevar a cabo inspecciones. La Comisión de Derechos Humanos de Maldivas ejerce regularmente esa facultad para visitar prisiones y otros lugares de reclusión.

152.La Comisión de Derechos Humanos de Maldivas está tratando de identificar las lagunas en la interpretación de la Ley de Lucha contra la Tortura y su reglamento, para resolver cualquier conflicto en las interpretaciones que se hagan de los lugares de privación de libertad.

Justicia transicional

153.La justicia transicional constituye uno de los principales compromisos del Gobierno. El 17 de diciembre de 2020 se ratificó la Ley de Justicia Transicional, en virtud de la que se creó la Defensoría del Pueblo para la Justicia Transicional, con el mandato de investigar y revelar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y las libertades fundamentales perpetradas por instituciones estatales o altos funcionarios de instituciones estatales entre el 1 de enero de 1953 y el 17 de noviembre de 2018, así como de garantizar a las víctimas que se haga justicia. La Defensoría del Pueblo para la Justicia Transicional está compuesta por tres miembros, que fueron nombrados por el Presidente en enero de 2021.

154.La Ley de Justicia Transicional tiene por objeto el reconocimiento de las víctimas de violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales, así como facilitar el logro de la paz, la reconciliación y la reparación, al tiempo que prevé reformas institucionales para garantizar que dichas violaciones no se repitan en el futuro.

155.El 13 de junio de 2021, la Defensoría del Pueblo para la Justicia Transicional abrió un plazo de tres meses para la presentación de casos, durante el cual se llevó a cabo una campaña de promoción y concienciación de la población sobre la justicia transicional y las funciones de la Defensoría. De los 488 casos recibidos, se decidió investigar 451. La Defensoría celebrará audiencias públicas en casos históricos o de gran interés público, lo que brindará a las víctimas la oportunidad de contar públicamente sus experiencias.

156.La Defensoría del Pueblo para la Justicia Transicional se encargará de investigar los casos de tortura que presuntamente tuvieron lugar antes de 2008 y los casos de tortura que presuntamente se produjeron a raíz de las manifestaciones del 8 de febrero de 2012 en Malé y Addu.

Hacinamiento en las prisiones

157.Maldivas reconoce las deficiencias del sistema actual en lo que respecta al hacinamiento en las prisiones y está trabajando firmemente para subsanarlas. El Gobierno ha dado prioridad al establecimiento de un complejo penitenciario en Hulhumalé, cuya finalización está prevista para finales de 2023, y ha asignado recursos para ello. La medida permitirá trasladar la actual prisión de Malé a Hulhumalé y aumentar su capacidad de 200 a 600 personas. Además, se prevé que en 2022 comience la construcción de una nueva prisión en la isla de Neykurendhoo, en el atolón Haa Dhaalu.

158.En febrero de 2021 se creó una dependencia de gestión especial en la prisión de Maafushi, con una capacidad de 100 personas y destinada específicamente a la rehabilitación de reclusos radicalizados.

159.Con el fin de aliviar el hacinamiento en las prisiones, el Gobierno tiene previsto adoptar medidas no privativas de la libertad. El 16 de enero de 2022, el Servicio Penitenciario de Maldivas publicó un reglamento sobre la imposición de penas no privativas de la libertad, y se están ultimando los procedimientos operativos estándar necesarios para su aplicación. En junio de 2021, el Tribunal Supremo publicó las normas que rigen las penas no privativas de la libertad, y los tribunales comenzaron a sustituir las penas de prisión, total o parcialmente, por servicios a la comunidad, arresto domiciliario, multas o libertad condicional. También se está trabajando en la contratación y capacitación de funcionarios encargados de vigilar a quienes están en libertad condicional.

160.Asimismo, el Gobierno está revisando el proceso de ejecución de sentencias y evaluando la posibilidad de aplicar la acumulación de penas en lugar de imponer penas consecutivas para determinados tipos de delitos.

Prisión preventiva

161.La Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé normas estrictas para regular la prisión preventiva, y el Servicio de Policía de Maldivas las ha incorporado íntegramente a sus procedimientos operativos estándar y a sus prácticas. Dicha Ley establece plazos para la investigación y la formulación de cargos. Si una persona acusada de un delito se encuentra privada de libertad, el Procurador General deberá presentar cargos contra ella en un plazo de 30 días a partir de la fecha en que fue llevada ante un juez (lo que debería haberse hecho en las 24 horas siguientes a su detención). Por consiguiente, como norma general, la investigación y la formulación de cargos deben realizarse en un plazo máximo de 31 días desde la detención.

162.En circunstancias excepcionales, cuando la persona privada de libertad sea sospechosa de un delito grave y la investigación del delito no pueda completarse en un plazo de 30 días, el Servicio de Policía de Maldivas podrá solicitar una extensión del plazo al Procurador General, que está facultado para conceder una prórroga de hasta 30 días. En consecuencia, en esos casos, el período máximo de privación de libertad será de 61 días, desde el momento de la detención hasta la presentación de cargos.

163.En la práctica, las personas privadas de libertad hasta el inicio del juicio permanecen en dependencias policiales un máximo de 45 días, lo que ha contribuido a que la duración de la reclusión previa al juicio sea mucho menor que antes de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

164.Además, en diciembre de 2018, las directrices de enjuiciamiento fueron revisadas después de casi una década por el Fiscal General y modificadas de nuevo en octubre de 2019. Las nuevas directrices incluyen la obligación del Procurador General de garantizar la revisión oportuna de los períodos de prisión preventiva. En cumplimiento de las directrices, el Procurador General inició en diciembre de 2019 una revisión exhaustiva de los retrasos en los juicios y los períodos prolongados de prisión preventiva de las personas acusadas de un delito.

165.La revisión periódica de las decisiones de prisión preventiva fue establecida también en virtud de la tercera modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada en septiembre de 2020. La Ley obliga a realizar cada 30 días una revisión judicial de la decisión de mantener a una persona acusada en prisión preventiva. Dadas esas obligaciones, la Procuraduría General ha establecido una dependencia especializada para garantizar la legalidad de la privación de libertad antes del juicio y durante su celebración.

166.En respuesta a las alegaciones de que no siempre se separa de los demás reclusos a las personas sometidas a reclusión previa al juicio o prisión preventiva, el Gobierno aclara que la Ley de Prisiones y Libertad Condicional exige recluir en centros de detención a los sospechosos mientras están siendo investigados, en centros de prisión preventiva a las personas contra las que se ha dictado una orden judicial de reclusión hasta el inicio o la conclusión del juicio, y en prisiones ordinarias a las personas que cumplen condena. Por consiguiente, el Gobierno señala que, de conformidad con la ley, las personas sometidas a reclusión previa al juicio están en centros de prisión preventiva, mientras que los presos condenados están en prisiones ordinarias.

Cumplimiento del Pacto y mecanismo de denuncia

167.En cuanto a garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Pacto en todos los lugares de reclusión, el Gobierno señala que, si bien las limitaciones de la infraestructura actual dificultan la realización de mejoras importantes, está convencido de que las prisiones que se están construyendo le permitirán cumplir las normas exigidas.

168.El personal penitenciario ha recibido formación sobre las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), incorporada al programa de capacitación de personal. También se está desarrollando un software integral de gestión de datos para administrar eficazmente los datos, reunir información y hacer un seguimiento de la población reclusa, lo que a su vez puede ayudar a agilizar los procedimientos de concesión de libertad condicional y clemencia.

169.En lo que respecta a la disponibilidad de un mecanismo de denuncia para los reclusos, la Ley de Prisiones y Libertad Condicional prevé un mecanismo para enviar cartas o formularios de denuncia a las instituciones gubernamentales, las instituciones independientes o a cualquier persona. Las denuncias también pueden enviarse a la Inspección de Servicios Penitenciarios, encargada de vigilar las condiciones y los procedimientos de las prisiones e informar al respecto. A diferencia de lo que ocurría con el Gobierno anterior, ahora se permite a los reclusos enviar cartas o denuncias en sobres cerrados a las autoridades encargadas de los interrogatorios, lo que constituye un mecanismo de denuncia confidencial.

170.Además, la Inspección de Servicios Penitenciarios está facultada para realizar visitas a las prisiones sin previo aviso y reunirse con los reclusos para hacer las averiguaciones necesarias. Asimismo, el Servicio Penitenciario de Maldivas cuenta con el Departamento de Ética y Normas Profesionales, que recibe e investiga las denuncias relativas a la conducta de los funcionarios de prisiones.

171.Durante el período de confinamiento por la COVID-19, se garantizó la comunicación ininterrumpida entre las personas recluidas y todos los órganos de supervisión, como la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas y la Inspección de Servicios Penitenciarios, mediante la introducción de servicios en línea para el envío de cartas, formularios y denuncias.

Rehabilitación y reinserción

172.Con la aprobación de la Ley de Drogas en 2011 se introdujo la rehabilitación como alternativa al encarcelamiento para los autores de delitos relacionados con las drogas. A fin de favorecer la rehabilitación de esas personas, se han incluido en el Plan Nacional de Resiliencia y Recuperación políticas que prevén una remodelación integral de los actuales programas de tratamiento y rehabilitación. El 4 de febrero de 2021, se abrió en Gulhifalhu, en el atolón Kaafu, un centro de prisión preventiva para autores de delitos relacionados con las drogas, con una capacidad de 100 camas. En la actualidad, el centro se está utilizando como centro de desintoxicación. El Organismo Nacional contra las Drogas está debatiendo la resolución de los problemas jurídicos que plantea el centro.

173.El 27 de febrero de 2022, el Servicio Penitenciario de Maldivas, en colaboración con el Organismo Nacional contra las Drogas, puso en marcha dentro de la prisión programas de rehabilitación para autores de delitos relacionados con las drogas. Además, el Gobierno señala que el centro médico habilitado recientemente en la prisión de Maafushi ya está autorizado para ofrecer tratamiento de desintoxicación a las personas que consumen drogas.

174.Una rehabilitación eficaz de los reclusos es fundamental para garantizar su reinserción en la sociedad. En el marco de la renovación de la estructura organizativa del Servicio Penitenciario de Maldivas, se ha establecido un grupo de mando para la rehabilitación, que lleva a cabo un programa de rehabilitación adaptada a cada caso, programas de base comunitaria y cursos de formación profesional para los reclusos. Se está revisando el programa de rehabilitación, que constará de cinco áreas centradas en temas específicos: rehabilitación de toxicómanos, delincuentes sexuales y personas que maltratan a niños, extremistas religiosos, menores infractores y un programa de rehabilitación general.

175.En la dependencia de gestión especial se lleva a cabo un programa destinado a rehabilitar a los reclusos extremistas con el fin de reintegrarlos en la sociedad. Con la ayuda de la UNODC y la Unión Europea, se han ejecutado los programas necesarios de capacitación de los funcionarios de prisiones que trabajan en dicha dependencia. Esas medidas tienen por objeto resolver el problema de la radicalización en las prisiones.

176.Además, el Gobierno ha puesto en marcha el programa Fahi Furusathu (Oportunidad), mediante el cual se ofrece trabajo a los presos en libertad condicional. En la actualidad, el Servicio Penitenciario de Maldivas colabora con dos empresas públicas y está tratando de ampliar ese programa para implicar al mayor número posible de organizaciones.

Medidas adoptadas en relación con la COVID-19

177.Se adoptaron numerosas medidas en los lugares de reclusión para proteger frente a la COVID-19 a los presos, sobre todo a los más vulnerables. El Presidente concedió el indulto a 170 reclusos que reunían determinados requisitos; 45 expatriados indocumentados recluidos en el Centro de Detención de Hulhumalé fueron repatriados a su país durante el período de confinamiento por la COVID-19, y los presos con afecciones de larga duración fueron puestos bajo arresto domiciliario vigilado.

178.Además, las personas sospechosas no permanecían detenidas en las dependencias policiales a menos que fuera absolutamente necesario, sobre todo si presentaban síntomas de COVID-19. Las personas recluidas que presentan síntomas de COVID-19 son puestas inmediatamente en aislamiento. Si dan positivo por COVID-19 y no se les puede proporcionar tratamiento dentro de la prisión, son puestas bajo arresto domiciliario sujeto a determinadas condiciones o trasladadas a un hospital en caso de gravedad.

179.Cuando se declaró la pandemia de COVID-19, se realizaron controles diarios a los reclusos y al personal para detectar fiebre y síntomas similares a los de la gripe; el personal médico de las prisiones recibió formación en relación con la COVID-19, por ejemplo, sobre el uso de equipo de protección personal y la toma de muestras para las pruebas; las personas que ingresaban en prisión permanecían separadas del resto de la población penitenciaria durante 14 días; y se realizaron muestreos aleatorios para la detección de la COVID-19.

180.En las prisiones, la entrada y salida de los reclusos se permitió solo para recibir tratamiento médico y comparecer ante los tribunales. Las actuaciones judiciales y las reuniones con los abogados tuvieron lugar por videoconferencia. Además, se proporcionó alojamiento al personal de los centros de reclusión dentro de las instalaciones para reducir los desplazamientos.

181.En los centros de rehabilitación de toxicómanos se adoptaron medidas especiales de protección, como la restricción de entradas y salidas, y el establecimiento de zonas de cuarentena, aislamiento y desinfección. Además, el Organismo Nacional contra las Drogas estableció centros temporales de desintoxicación en diferentes zonas de la región de Malé, y se llevan a cabo programas de divulgación, que incluyen visitas a domicilio.

Comisión Nacional de Integridad

182.El Gobierno señala que la Comisión de Integridad de la Policía ha sido sustituida por la Comisión Nacional de Integridad, establecida en 2015 en virtud de la Ley de la Comisión Nacional de Integridad. El Gobierno considera que la independencia de la Comisión está garantizada por su composición, dado que sus cinco miembros son nombrados por el Presidente y confirmados por el Parlamento.

183.El mandato de investigar la tortura o los malos tratos corresponde a la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas en virtud de la Ley de Lucha contra la Tortura. Sin embargo, la Comisión Nacional de Integridad está facultada para investigar los casos de conducta indebida y actos ilícitos atribuidos a las fuerzas del orden y a sus miembros. Hasta el momento de escribir este informe, la Procuraduría General ha incoado actuaciones judiciales en 37 casos presentados por la Comisión Nacional de Integridad.

18.Respuesta al párrafo 18 de la lista de cuestiones

184.El Gobierno asegura al Comité de Derechos Humanos que Maldivas respeta plenamente el principio de no devolución en la práctica y cumple con sus obligaciones nacionales e internacionales en esa esfera.

185.La Ley de Lucha contra la Tortura, que incorpora el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, prohíbe extraditar a una persona desde Maldivas a otro país o devolverla a su país de origen si las autoridades gubernamentales competentes tienen razones fundadas para creer, sobre la base de pruebas o indicios razonables, que estaría en peligro de ser sometida a tortura. Además, en los casos en que la extradición o el intercambio con otro país de personas condenadas se rija por un tratado, la obligación de impedir los actos de tortura y otras penas inhumanas o degradantes prevista en las convenciones internacionales estará implícita en el tratado, si este no la establece expresamente.

186.Maldivas informa de que lleva a cabo reasentamientos en terceros países. Hasta el momento, se han llevado a cabo satisfactoriamente dos procesos de reasentamiento en terceros países con la asistencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la OIM.

187.La Ley de Extradición de 2015 y la Ley de Traslado de Presos de 2014 también prohíben la repatriación de un ciudadano extranjero si conlleva riesgo de que sea sometido a tortura o a cualquier otro trato inhumano o degradante. Además, todos los casos de extradición están sujetos a revisión judicial.

188.Asimismo, el Gobierno confirma que el Servicio de Inmigración de Maldivas solo recurre a la privación de libertad de extranjeros para su expulsión como medida de último recurso. Toda decisión de expulsión y deportación puede ser recurrida ante los tribunales de Maldivas.

19.Respuesta a los párrafos 19 y 20 de la lista de cuestiones

Salvaguardias legales fundamentales

189.La emblemática Ley de Enjuiciamiento Criminal establece y consagra todos los derechos que la Constitución reconoce a las personas detenidas. En la Ley se dispone que, una vez que se indica a una persona que está detenida, se le deberá informar de: a) que está detenida, el delito del que se le acusa y la ley en virtud de la que está siendo detenida; b) su derecho a guardar silencio, salvo para identificarse; c) su derecho a no responder a las preguntas formuladas, y la conveniencia de responderlas; d) que todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra ante un tribunal; e) su derecho a un abogado y de que, si no puede costearlo y es sospechosa de haber cometido un delito grave, se le asignará un abogado de oficio.

190.La Ley de Enjuiciamiento Criminal también establece que se deberá dejar constancia por escrito de que el detenido ha sido informado de sus derechos en cuanto sea trasladado a una comisaría de policía; que la persona detenida tendrá derecho a comunicarse por teléfono con un familiar, amigo o abogado antes de ser interrogada por la policía; y que se deberá dar a la persona detenida la oportunidad de informar sobre el lugar en el que se encuentra privada de libertad.

191.Además, en cuanto la persona es trasladada al centro de detención, el Servicio de Policía de Maldivas le hace una serie de preguntas sobre su estado de salud y se encarga de que un médico la examine en caso de que solicite un reconocimiento médico.

192.En la capacitación de nuevos miembros de la policía y funcionarios de prisiones, así como en el curso en línea sobre la lucha contra la tortura que comenzó a impartirse en 2021, se incluye una sesión informativa sobre los derechos de los detenidos o presos y la protección contra la tortura.

193.Con la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solo el Servicio de Policía de Maldivas está facultado para realizar detenciones, a menos que se otorguencompetencias específicas a otra institución en virtud de otra ley. Por consiguiente, los miembros de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas ya no llevan a cabo detenciones.

194.No obstante, si el capitán de un buque guardacostas de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas considera que una embarcación o una persona a bordo realiza o podría realizar una actividad sospechosa contemplada en el artículo 41 a) de la Ley de las Fuerzas Armadas, podrá retener la embarcación o a la persona en cuestión, hasta que sea puesta a disposición del Servicio de Policía de Maldivas para su investigación, con el fin de hacer cumplir la legislación pesquera o marítima conexa.

195.Asimismo, la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas presta toda la asistencia necesaria al Servicio de Policía de Maldivas, previa solicitud y de conformidad con la Ley de las Fuerzas Armadas, a fin de mantener la paz y la seguridad en casos de disturbios civiles o situaciones de amenaza a la seguridad nacional. Cuando los miembros de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas actúan en primera línea en los disturbios civiles, tienen competencias para detener a sospechosos y ponerlos a disposición del Servicio de Policía de Maldivas. También en esos casos, los detenidos gozan de todas las salvaguardias legales previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Derecho a comparecer ante un juez tras la detención

196.La Constitución establece claramente que toda persona detenida o privada de libertad tiene derecho a comparecer en un plazo de 24 horas ante un juez, para que determine la legalidad de la detención o reclusión. La Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Justicia Juvenil prevén con más detalle ese derecho. Asimismo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece el procedimiento de habeas corpus al que puede recurrir toda persona detenida para que se determine la legalidad de su detención.

197.Ese derecho solo puede verse afectado por la tercera modificación introducida en la Ley de Prevención del Terrorismo en diciembre de 2021. Sin embargo, incluso en el caso de que a la persona detenida se le aplique lo dispuesto en dicha modificación, deberá ser llevada ante un juez en las 48 horas siguientes a su detención.

Asistencia jurídica

198.En respuesta a las denuncias de que los detenidos desprovistos de medios para costearse un abogado no han tenido acceso a asesoramiento jurídico, el Gobierno señala que la Constitución obliga al Estado a proporcionar asesoramiento jurídico a quienes no puedan costearse un abogado en los casos de delitos graves.

199.La asistencia jurídica a cargo del Estado es proporcionada por la Fiscalía General de conformidad con el Reglamento de Asistencia Jurídica. Según el Reglamento, toda persona mayor de edad sospechosa de haber cometido uno de los delitos graves tipificados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que reúna los requisitos económicos establecidos en el Reglamento tendrá derecho a recibir asistencia jurídica. Todos los menores de edad tendrán derecho a recibir asistencia jurídica con independencia del tipo de delito del que se les acuse o de sus medios económicos.

200.El Gobierno confirma que todas las personas que solicitan asistencia jurídica y cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento se benefician de servicios de asistencia jurídica a cargo del Estado. El número de solicitudes recibidas y la prestación de esos servicios han aumentado considerablemente durante el período que abarca el informe, como muestran los datos del cuadro que figura a continuación.

Año

Núm ero de solicitudes

Núm ero de casos en los que se prestó asistencia jurídica

2012

8

4

2013

21

5

2014

30

12

2015

37

22

2016

50

26

2017

84

44

2018

57

23

2019

105

50

2020

122

68

2021

307

228

201.Además, el Gobierno tiene previsto presentar un proyecto de ley de asistencia jurídica que establezca un marco jurídico para crear un sistema nacional de asistencia jurídica eficaz y sostenible, con el fin de reforzar el acceso a ese servicio. El Gobierno está preparando el proyecto de ley y tiene previsto presentarlo al Parlamento este año.

Reforma judicial

202.El actual Gobierno asumió el cargo con el compromiso de llevar a cabo reformas fundamentales para que la ciudadanía recuperara la confianza en el poder judicial, mermada por acusaciones de corrupción, parcialidad e influencia política.

203.En mayo de 2019 se realizó una evaluación del poder judicial para determinar sus deficiencias y la viabilidad de llevar a cabo propuestas de reforma. Los resultados de la evaluación sirven de base al plan de reforma judicial del Gobierno, que consta de tres ejes: la reforma jurisdiccional y la reforma de la estructura de los tribunales; la mejora de la gestión interna de los tribunales; y la garantía de la rendición de cuentas y la integridad de los jueces:

a)Reforma jurisdiccional y reforma de la estructura de los tribunales. Se han formulado modificaciones de la Ley de la Judicatura de Maldivas para redefinir las competencias de los juzgados y tribunales con el fin de impedir la extralimitación judicial y mejorar la rendición de cuentas. También se está trabajando para implantar los modelos de juzgado de distrito y tribunal de circuito. Mientras tanto, para racionalizar la administración de justicia, los tribunales de primera instancia han sido reorganizados en grupos, en función del número de casos, la proximidad y el número de jueces;

b)Mejora de la gestión interna de los tribunales. Para garantizar la independencia del Departamento de Administración Judicial, se ha creado la figura del Jefe de la Administración Judicial, que dirige el Departamento y es nombrado por la Comisión del Servicio Judicial. Para ello, en septiembre de 2019, se modificó la Ley de la Comisión del Servicio Judicial, por la que también se encomienda al Jefe de la Administración Judicial el nombramiento y la destitución de los secretarios judiciales. Se está intentando ampliar el mandato de los secretarios judiciales, para que puedan velar por que los jueces no abusen de su influencia en la administración de justicia, medida que contribuirá también a mejorar la eficiencia de los jueces. En colaboración con la American Bar Association, se ha elaborado un plan de formación basado en las competencias para el personal no judicial. También se está trabajando en la implantación de modelos de gestión de los tribunales de apelación;

c) Garantía de la rendición de cuentas y la integridad de los jueces :

i)En lo que respecta al proceso de selección para el nombramiento de jueces, la Comisión del Servicio Judicial aprobó, en octubre de 2019, un nuevo Reglamento de Nombramiento de Personal, que fomenta la transparencia y ofrece igualdad de oportunidades en la designación de miembros de los tribunales. En el proceso de selección se tiene en cuenta la formación académica, la experiencia, la integridad y la entrevista realizada. Para evaluar a los candidatos a la judicatura y analizar su integridad, se lleva a cabo un proceso de selección exhaustivo en el que se examinan los antecedentes penales. Las candidaturas se clasifican por orden de puntuación y los miembros de la Comisión del Servicio Judicial realizan una votación abierta. Se designa al candidato que obtenga la mayoría de votos. La Comisión del Servicio Judicial está colaborando actualmente con el PNUD para revisar el Reglamento a partir de un libro blanco elaborado por la American Bar Association;

ii)Se han formulado modificaciones de la Ley de Jueces destinadas a mejorar las normas de conducta, introducir mecanismos para evaluar periódicamente la capacidad y las competencias de los jueces y establecer normas obligatorias de declaración de bienes;

iii)Si bien la Ley de Jueces exige la realización de evaluaciones de los jueces, en el pasado no se habían llevado a cabo con eficacia. La actual Comisión del Servicio Judicial ha dado prioridad a la revisión y el endurecimiento del proceso de evaluación, así como a la realización de una evaluación de todos los jueces en activo. En consecuencia, se formuló la Política y Normativa de Evaluación de la Competencia y el Desempeño Judicial, que constituye el documento de referencia para hacer que se evalúe a los jueces. Todo el proceso se rige ahora por la Normativa sobre el Procedimiento de Evaluación de los Jueces, publicada en junio de 2021. Las evaluaciones las lleva a cabo un comité establecido por la Comisión del Servicio Judicial. Se evalúa la capacidad de los jueces para dictar sentencias basadas en argumentos jurídicos, así como su integridad, imparcialidad, profesionalidad, y capacidad de comunicación y gestión;

iv)Se han reformado los procedimientos disciplinarios contra los jueces mediante modificaciones de la Ley de la Comisión del Servicio Judicial. Los nuevos procedimientos refuerzan la exigencia de garantías procesales y la transparencia en la aplicación de medidas disciplinarias. Además, por primera vez en Maldivas, se ha establecido un procedimiento de recurso contra las decisiones disciplinarias, de modo que cualquier medida disciplinaria dictada puede ahora recurrirse ante un comité de jueces constituido a tal efecto;

v)Asimismo, se está trabajando en la mejora de la situación profesional de los jueces, el desarrollo de un sistema de gestión de denuncias y la impartición de cursos de formación para el personal y los investigadores de la Comisión del Servicio Judicial.

204.El Gobierno está convencido de que los avances logrados hasta el momento y las medidas que se están adoptando contribuirán a que el poder judicial sea imparcial, equitativo y justo.

Composición de la Comisión del Servicio Judicial

205.La reforma de la composición de la Comisión del Servicio Judicial es uno de los compromisos del Gobierno y está contemplada en el Plan de Acción Estratégico. El Gobierno tiene previsto introducir las modificaciones necesarias en 2023.

206.El Gobierno señala que cuando asumió el mando en 2008, por diversas razones, la Comisión del Servicio Judicial no estaba desempeñando eficazmente las funciones que le habían sido asignadas. Sin embargo, actualmente la Comisión del Servicio Judicial cumple su mandato vigorosamente, y la mejora de la confianza de la ciudadanía en la Comisión es evidente por el aumento del número de denuncias presentadas ante ella en 2019. En el cuadro siguiente se muestra el número de denuncias recibidas por la Comisión del Servicio Judicial durante el período que abarca el informe.

Número de denuncias recibidas

Año

2012

51

2013

62

2014

48

2015

30

2016

36

2017

9

2018

7

2019

114

2020

41

2021

26

Fiscalía

207.Con respecto a la autonomía de los fiscales, el Gobierno señala que la Procuraduría General es una institución independiente establecida por la Constitución y dotada de competencias en virtud de la Ley de la Procuraduría General de 2008. La Constitución exige que el Procurador General sea independiente e imparcial, y que no esté sometido a la dirección ni al control de ninguna persona o autoridad en el ejercicio de sus funciones. El Procurador General desempeñará sus responsabilidades y ejercerá sus poderes sin temores, favoritismos, ni prejuicios, con sujeción únicamente a las directrices de política general del Fiscal General y sobre la base de la imparcialidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

208.En cuanto al nombramiento de fiscales, el requisito mínimo para poder ejercer de fiscal es tener una licenciatura en Derecho, de modo que no basta con acreditar haber estudiado la sharía. Tras superar dos entrevistas y un examen, todas las personas designadas como fiscales deben completar un programa de orientación de tres meses y obtener una puntuación superior a la exigida para poder ejercer el cargo.

Capacitación de jueces y fiscales

209.Se ha dado una gran prioridad a la capacitación jurídica continua y el desarrollo profesional de los jueces. Se ha restablecido la Academia Judicial de Maldivas, dirigida por el Departamento de Administración Judicial. En enero de 2021 se constituyó el Consejo Consultivo de la Academia Judicial, compuesto por el Jefe de la Administración Judicial, el Director de la Academia Judicial, cuatro miembros de la Comisión del Servicio Judicial, un magistrado del Tribunal Supremo y un representante del sector educativo. El Consejo asesora a la Academia sobre programas, garantiza el cumplimiento de las políticas de la Comisión del Servicio Judicial y aprueba políticas y procedimientos para la administración eficaz de la Academia.

210.Se ha realizado una evaluación de las necesidades de capacitación de los jueces con la ayuda del PNUD y se ha elaborado un plan de capacitación judicial para 2020. También se está trabajando en la puesta en marcha de un aula digital.

211.En el cuadro siguiente figuran datos sobre las medidas adoptadas para capacitar a los jueces y el personal judicial en 2021.

Núm ero de programas

Núm ero de personas que han recibido capacitación

Por parte de la Academia Judicial

Jueces

23

703

Jueces y personal conjuntamente

2

360

Personal

26

2 282

Total

51

3 345

Oportunidades ofrecidas por otras organizaciones

Jueces

5

27

Jueces y personal conjuntamente

2

27

Personal

4

11

Total

11

65

212.El plan de capacitación de 2022 incluye 74 programas de capacitación, dirigidos tanto a jueces como a personal no judicial.

213.La concienciación de la judicatura sobre la violencia sexual y de género es una de las cuestiones prioritarias del Plan de Acción Estratégico. Se ha llevado a cabo un programa de sensibilización sobre violencia doméstica y delitos sexuales en el que han participado 92 personas y 27 han recibido formación de formadores. En colaboración con la Autoridad de Protección de la Familia y el Ministerio de Género, Familia y Servicios Sociales, se ha impartido capacitación sobre violencia sexual y de género a 25 jueces. En diciembre de 2021 se impartió más formación sobre violencia doméstica y delitos sexuales a 30 jueces. También se han realizado sesiones de capacitación sobre la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica en las que han participado 16 jueces.

214.Además, el Departamento de Investigación y Desarrollo de la Procuraduría General imparte cursos de actualización de conocimientos, de modo que los fiscales dedican un día de la semana a aprender sobre nuevos temas y a ponerse al día sobre nuevas leyes y precedentes jurisprudenciales.

215.Como ya se ha señalado, no basta con acreditar haber estudiado la sharía para ejercer de fiscal. La Procuraduría General está integrada por fiscales que han cursado sus estudios en Malasia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Egipto, la India, Sri Lanka y Maldivas, por lo que no es cierto que carezcan de competencias para interpretar la jurisprudencia en el marco del common law debido a su formación exclusivamente islámica.

Consejo de la Abogacía de Maldivas

216.El Consejo de la Abogacía de Maldivas comenzó a ejercer sus funciones tan pronto como fue creado, en junio de 2019, en virtud de la Ley de la Carrera Judicial, y ha introducido numerosos mecanismos para regular la profesión jurídica en Maldivas.

217.Los nuevos requisitos para la admisión de los abogados son: haber obtenido una licenciatura en Derecho en una institución educativa acreditada por el Consejo de la Abogacía de Maldivas; no haber sido condenado por un delito grave en los últimos cinco años; completar un curso de admisión de un año; y aprobar el examen de ingreso en el Consejo de la Abogacía.

218.Se ha constituido el Comité de Admisión para garantizar que los solicitantes cumplen todos los requisitos. La decisión final sobre la admisión corresponde al Comité Ejecutivo del Consejo de la Abogacía. Los solicitantes pueden recurrir la decisión ante el Comité de Apelación.

219.Además, el Consejo de la Abogacía de Maldivas ha estado trabajando en la preparación del examen de ingreso y tiene previsto celebrarlo por primera vez durante el segundo trimestre de 2022. Hasta el 23 de febrero de 2022, 3 personas habían completado el curso de admisión y 55 personas lo estaban realizando.

220.El Reglamento Deontológico de la Abogacía, publicado en septiembre de 2021, establece normas generales de ética y conducta profesional de los abogados.

221.En junio de 2020 se publicó el Reglamento de Procedimiento Disciplinario de la Abogacía, que establece los procedimientos para denunciar infracciones deontológicas, investigarlas y adoptar medidas disciplinarias contra los abogados. En septiembre de 2021 se modificó el Reglamento con el fin de agilizar el proceso de investigación. Además, se ha creado un comité de ética para investigar los casos de infracción del código deontológico y tomar medidas contra los abogados infractores.

222.De junio de 2019 a febrero de 2022, el Consejo de la Abogacía de Maldivas recibió 46 quejas disciplinarias, de las que 39 fueron admitidas a trámite. Veinte casos fueron remitidos a un panel para su investigación y actualmente 16 casos están siendo investigados. Se ha completado la investigación de 4 casos en los que no se han adoptado medidas disciplinarias.

20.Respuesta al párrafo 21 de la lista de cuestiones

223.El artículo 10 a) de la Constitución establece que la religión del Estado de Maldivas es el islam, que será una de las bases de todas las leyes del país. Además, a tenor del artículo 10 b), en Maldivas no se pueden promulgar leyes contrarias a ningún principio del islam.

224.Los principios enunciados en el artículo 18 del Pacto se aplicarán siempre que no contravengan las disposiciones de la Constitución.

21.Respuesta a los párrafos 22 y 23 de la lista de cuestiones

Libertad de expresión

225.Toda persona puede ejercer su derecho a la libertad de pensamiento y a la libertad de opinión y expresión de forma que no se vulnere ningún principio del islam.

226.Si bien el Gobierno tiene la firme determinación de garantizar las libertades civiles consagradas en la Constitución, también considera que las libertades conferidas deben ejercerse con cautela para no perturbar la armonía nacional, y siempre que no se promueva ninguna forma de odio ni se incite a él.

227.El islam es fundamental para la identidad nacional. El menoscabo de los principios islámicos en público es una cuestión sumamente delicada y sensible para los ciudadanos de Maldivas. Por consiguiente, cualquier expresión que contradiga un principio del islam supone una amenaza para la armonía religiosa y el orden público del país. El Gobierno de Maldivas considera que los Estados gozan de un amplio margen de apreciación y están en mejores condiciones de evaluar qué declaraciones pueden perturbar el orden público y la paz religiosa en el país.

228.No obstante, como se indica al principio de este informe, Maldivas ha entrado en una nueva era de gobierno democrático, en la que la actual administración ha creado espacios seguros para que las personas y las organizaciones de la sociedad civil puedan prosperar y disfrutar de sus derechos y libertades, sin temor a represalias.

229.El primer proyecto de ley ratificado por el Presidente Solih fue la Ley de derogación de la Ley Antidifamación de 2016, utilizada por el anterior Gobierno para imponer duras penas por presuntos actos de difamación y silenciar las voces críticas, lo que constituía una amenaza para la libertad de expresión.

Protección de los periodistas

230.Además de la libertad de expresión, la Constitución consagra el derecho a la libertad de prensa. Maldivas reconoce el papel fundamental que desempeñan los periodistas en la garantía de la rendición de cuentas y una buena gobernanza.

231.Maldivas ha ascendido del puesto 120 que ocupaba hace tres años al puesto 72 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, lo que refleja los progresos realizados por el Gobierno para garantizar el derecho a la libertad de prensa en el país.

232.En cuanto a las injerencias ilegales en los medios de comunicación, existen salvaguardias para evitar que se produzcan. El Consejo de Medios de Comunicación de Maldivas se encarga de resolver las dificultades a las que se enfrentan los periodistas como consecuencia de determinadas prácticas policiales y procedimientos de investigación.

233.Además, el Consejo de Medios de Comunicación de Maldivas supervisa a los periodistas durante los disturbios callejeros y actúa como mediador entre los periodistas y los organismos pertinentes. En concentraciones y actos políticos, se insta continuamente al personal de los medios de comunicación y a los reporteros a que lleven su acreditación de prensa de modo visible para que se pueda comprobar su condición de periodistas.

234.La Comisión de Radiodifusión de Maldivas expide tarjetas de acreditación para proteger a los periodistas que cubren manifestaciones. Se han elaborado directrices sobre la cobertura de protestas y se ha realizado una encuesta de análisis de amenazas para identificar los retos y obstáculos a los que se enfrentan los periodistas. Se está desarrollando una política de resolución de conflictos y, en 2021, se impartió formación a las emisoras sobre la cobertura de protestas y disturbios.

235.El Servicio de Policía de Maldivas concede protección y privilegios especiales a los periodistas con acreditación cuando cubren concentraciones o protestas. El Gobierno considera que la seguridad de todos los periodistas es una cuestión prioritaria, y el Servicio de Policía de Maldivas colabora adecuadamente con todos los miembros de los medios de comunicación locales.

236.Asimismo, el Gobierno se complace en informar de que, en febrero de 2022, el Servicio de Policía de Maldivas comenzó a utilizar cámaras corporales, y ya cuenta con 200 cámaras corporales en la región de Gran Malé y en la ciudad de Addu. Se ha formulado una política para regular la utilización de las cámaras y la divulgación de las grabaciones.

Agresiones a periodistas y defensores de los derechos humanos

237.Durante el período que abarca el informe, Maldivas ha sido escenario de desafortunados incidentes de agresiones a periodistas, que incluso se han cobrado vidas humanas. Uno de los compromisos prioritarios del Gobierno es llevar a los responsables ante la justicia. Con ese fin, el día de su toma de posesión, el Presidente Solih creó la DDCom, encargada de investigar todas las muertes y desapariciones sospechosas ocurridas del 1 de enero de 2012 al 17 de noviembre de 2018.

238.La DDCom ha investigado los asesinatos del erudito religioso y exparlamentario Afrasheem Ali y el bloguero Yameen Rasheed, así como la desaparición del periodista Ahmed Rilwan Abdulla, y ha concluido que esos casos están relacionados entre sí.

239.Las investigaciones llevadas a cabo por la DDCom han revelado que el asesinato de Yameen Rasheed se inscribe en una campaña de agresiones e intimidación contra otras personas que comenzó en 2011 y que, según la DDCom, condujo también al secuestro de Ahmed Rilwan Abdulla.

240.El informe preliminar publicado por la DDCom en septiembre de 2019 indica que extremistas violentos y las bandas criminales a las que pertenecen están implicados en el secuestro de Ahmed Rilwan Abdulla. Un experto internacional ha colaborado con la DDCom para tratar de acelerar la conclusión de la investigación. También se ha recurrido a otros especialistas internacionales, un asesor en investigaciones financieras y un asesor en protección de testigos.

241.En julio de 2021, el Presidente Solih constituyó el Comité Directivo Nacional integrado por un representante de la Oficina del Presidente, el Ministro del Interior, el Fiscal General y el Procurador General, para que ayudara a la DDCom a agilizar su investigación, facilitándole los trámites burocráticos necesarios para conseguir documentos o el apoyo de las instituciones estatales pertinentes.

242.El Gobierno confía en que la labor de la DDCom sirva para que el caso de Ahmed Rilwan Abdulla se resuelva pronto y los responsables rindan cuentas. Asimismo, se complace en informar de que la DDCom, en torno a julio de 2022, celebrará una sesión informativa pública en la que dará a conocer sus conclusiones sobre la desaparición de Ahmed Rilwan Abdulla.

Derecho a la libertad de reunión pacífica

243.El derecho constitucional a la libertad de reunión y el marco en el que debe ejercerse están previstos en la Ley de Libertad de Reunión Pacífica de 2013. Esta Ley sustituye el Reglamento de Reunión de 2008, establece los derechos de organizadores y participantes y define los distintos tipos de reunión.

244.Si bien la Ley de Libertad de Reunión Pacífica obliga a las partes que organicen reuniones a notificarlo al Servicio de Policía de Maldivas, también establece explícitamente que no se requiere permiso y que el propósito de la notificación es dar tiempo suficiente al Servicio de Policía de Maldivas para preparar y tomar medidas destinadas a: a) garantizar que la reunión sea pacífica; b) proteger los derechos de otras personas; c) mantener el orden público y la paz; y d) informar a los organizadores de cualquier restricción que el Servicio de Policía de Maldivas considere necesario imponer, según lo dispuesto en la ley. Además, dicha Ley establece las circunstancias y los procedimientos para restringir el derecho a la libertad de reunión, de conformidad con el artículo 21 del Pacto, y los casos en los que no pueden imponerse restricciones al derecho de reunión.

245.La primera modificación introducida en 2016 en la Ley de Libertad de Reunión Pacífica restringe el uso del espacio público para reunión en Malé a una única zona. El Gobierno ha presentado un proyecto de ley ante el Parlamento para derogar esa modificación. No obstante, en la actualidad se está examinando el proyecto de ley que un parlamentario presentó con el mismo propósito antes que el Gobierno.

246.En lo que respecta a las normas relativas a la actuación de la policía para controlar a las grandes masas de manifestantes, el Gobierno señala que la recién aprobada Ley del Servicio de Policía de Maldivas prevé una mayor rendición de cuentas por el uso de la fuerza por parte de los agentes de policía. Dicha Ley regula de forma general el trato dispensado a la población y las consecuencias del uso excesivo de la fuerza.

247.En cuanto a los incidentes ocurridos durante las manifestaciones de 2012, la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas ha investigado las denuncias de tortura y otras violaciones de derechos humanos que supuestamente tuvieron lugar el 8 de febrero de 2012 y ha publicado las conclusiones de las investigaciones.

248.La Comisión de Derechos Humanos de Maldivas concluyó que: la policía hizo un uso excesivo, innecesario y desproporcionado de la fuerza para dispersar a los manifestantes; las acciones de los manifestantes no justificaban que se hiciera uso de armas menos letales y, sin embargo, se utilizaron porras y gas lacrimógeno para controlar a manifestantes que no suponían amenaza alguna; no se dio a los manifestantes tiempo suficiente para abandonar la zona, ni se les advirtió de que se haría uso de la fuerza y de armas para dispersarlos; las circunstancias no justificaban que la policía dispersara a la multitud sin previo aviso; el Servicio de Policía de Maldivas actuó con fuerza física y mentalmente dañina contra algunos activistas políticos que no opusieron resistencia; y un número desproporcionado de agentes de policía varones detuvieron a mujeres manifestantes con prácticas no solo mental y físicamente dañinas, sino también degradantes.

249.Tras el cambio de Gobierno en 2018, se presentaron cargos contra tres agentes de policía por abuso de autoridad en las referidas protestas. No obstante, el Tribunal Penal absolvió a uno de los acusados, a raíz de lo cual la Procuraduría General decidió retirar los cargos contra los otros dos agentes.

250.Como ya se ha señalado, la Defensoría del Pueblo para la Justicia Transicional ha recibido casos relativos a las presuntas torturas perpetradas a raíz de las protestas del 8 de febrero de 2012, que están siendo investigados. La Ley de Justicia Transicional faculta a la Defensoría para mediar en la resolución de conflictos, remitir los casos para su enjuiciamiento, remitir los casos para reclamar una compensación y recomendar cambios sistémicos para que no se produzcan casos similares.

Derecho a la libertad de asociación

251.En octubre de 2019, el Gobierno presentó ante el Parlamento un nuevo proyecto de ley de asociaciones, para sustituir la Ley de Asociaciones de 2003 por otra actualizada en consonancia con las mejores prácticas, con el fin de garantizar el libre y pleno ejercicio del derecho constitucional a la libertad de asociación.

252.Sobre la disolución de la organización de la sociedad civil Maldivian Democracy Network, el Gobierno ruega al Comité de Derechos Humanos que entienda que se trata de un incidente aislado y le garantiza que no restringirá arbitrariamente el espacio de las organizaciones de la sociedad civil ni de los defensores de los derechos humanos.

253.La decisión de disolver la Maldivian Democracy Network se tomó tras concluir debidamente la correspondiente investigación. El Servicio de Policía de Maldivas llevó a cabo una investigación minuciosa y exhaustiva, a raíz de la cual el Ministerio de Juventud, Deporte y Empoderamiento Comunitario, con arreglo a su mandato y autoridad, adoptó medidas legítimamente fundamentadas y ajustadas a la legislación pertinente.

254.La investigación que llevó a cabo el Servicio de Policía de Maldivas en octubre de 2019 estaba relacionada con el contenido de un informe titulado Evaluación preliminar de la radicalización en Maldivas, publicado en 2015 por la Maldivian Democracy Network en su sitio web. Además, el Ministerio de Asuntos Islámicos transmitió al Ministerio de Juventud, Deporte y Empoderamiento Comunitario la información de que disponía al respecto.

255.El Servicio de Policía de Maldivas, tras concluir su investigación, confirmó que el contenido del informe ridiculizaba intencionadamente los principios del islam y del profeta Mahoma. Señaló numerosos ejemplos de información presentada en el informe que contradecía las creencias islámicas y la sharía islámica, ponía en tela de juicio los principios consagrados del islam, influía negativamente en la imagen de los musulmanes e incitaba al odio dentro de la comunidad. En algunos pasajes del informe se refutaban explícitamente los principios islámicos, se cuestionaba su autenticidad y se hacían comentarios insultantes sobre el profeta Mahoma y su forma de vida. Por consiguiente, el informe ponía en peligro los principios fundamentales de Maldivas y amenazaba la paz religiosa de la comunidad maldiva.

256.El 15 de enero de 2020, el Gobierno de Maldivas explicó detalladamente la decisión de disolver la Maldivian Democracy Network, en su respuesta a la comunicación conjunta de cinco relatorías especiales recibida en relación con el tema.

257.En lo que respecta al derecho de asociación en el contexto de los conflictos laborales, el Gobierno señala que la disposición de la Constitución relativa al derecho a la libertad de asociación abarca el derecho a fundar sindicatos y a participar o no en sus actividades.

258.El Gobierno ha dado prioridad a la elaboración de un proyecto de ley de relaciones laborales que regule los sindicatos. Se está trabajando en la revisión de la última versión del proyecto para armonizarlo con las políticas gubernamentales y las obligaciones internacionales. El proyecto de ley ha sido redactado con la ayuda de expertos de la Organización Internacional del Trabajo y se ajusta al Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, 1948 (núm. 87).

259.En respuesta a las alegaciones de que el Gobierno ha detenido y expulsado a trabajadores migrantes por participar en protestas relativas a sus condiciones laborales, el Gobierno señala que la libertad de interrumpir la actividad laboral y hacer huelga para protestar es un derecho fundamental reconocido por la Constitución a todas las personas empleadas en Maldivas y al resto de trabajadores.

260.Sin embargo, tras declararse la pandemia de COVID-19 y el estado de emergencia de salud pública, se impusieron medidas restrictivas para contener la propagación de la enfermedad, incluida la restricción relativa a las concentraciones en la vía pública en la región de Gran Malé. En virtud de la Ley de Emergencia de Salud Pública de 2020, las órdenes de la Directora General de Salud Pública son de obligado cumplimiento, y el Servicio de Policía de Maldivas está facultado para detener a quienes infrinjan dichas órdenes.

261.El Gobierno aclara que no se ha expulsado del país a nadie por participar en protestas, y que el Servicio de Policía de Maldivas remitió a las personas que participaron en las protestas al Servicio de Inmigración de Maldivas solo tras comprobar que estaban infringiendo la Ley de Inmigración de Maldivas. El Servicio de Inmigración de Maldivas solo ha detenido y expulsado a extranjeros que infringían la Ley de Inmigración.

22.Respuesta a los párrafos 24 y 25 de la lista de cuestiones

262.El Gobierno de Maldivas se complace en informar al Comité de Derechos Humanos de los progresos realizados en la protección de los derechos de los niños en conflicto con la ley. La Ley de Justicia Juvenil de 2019 establece los derechos y la protección de esos niños, crea un sistema de justicia destinado a ellos, introduce mecanismos de derivación para los jóvenes y niños en situación de riesgo y en conflicto con la ley, y fomenta la rehabilitación y la reinserción.

263.Además, la referida Ley obliga a tener en cuenta el interés superior del niño en todas las fases del proceso penal. La detención o privación de libertad solo puede ser una medida de último recurso y, si se aplica, el período de privación de libertad debe ser el mínimo imprescindible.

264.Con respecto a la pena de muerte, el Gobierno se complace en confirmar que la Ley de Justicia Juvenil y la Ley de Protección de los Derechos del Niño prohíben la imposición y ejecución de la pena de muerte en el caso de los menores de edad y de quienes cometieran un delito cuando eran menores de 18 años. En consecuencia, se han conmutado todas las penas de muerte que se habían dictado anteriormente.

265.La Procuraduría General no presenta cargos contra menores de edad excepto si el delito es extremadamente grave, como los delitos de tráfico de drogas a gran escala, asesinato o violación, y la medida redunda en el interés superior del niño. Cuando hay niños implicados en delitos graves, la Procuraduría General investiga si fueron utilizados para cometerlos.

266.Las medidas de protección previstas en la Ley de Justicia Juvenil incluyen la exigencia de que solo el personal del Servicio de Policía de Maldivas y de la Procuraduría General —agentes y fiscales de ambos sexos— con formación específica se ocupe de los casos de los menores de edad. Además, solo el Tribunal de Menores podrá juzgar, en primera instancia, casos relativos a delitos cometidos por niños, a excepción del Tribunal de Tratamiento de Drogas, que podrá juzgar casos relacionados con el consumo de drogas por parte de niños. Los jueces encargados de los casos de menores de edad son formados específicamente en la materia.

267.El Departamento de Justicia Juvenil ha impartido formación sobre justicia juvenil a todas las partes interesadas y ha llevado a cabo sesiones de concienciación y cursos de formación en todo el país sobre la eficacia de la crianza.

268.El Departamento de Justicia Juvenil y la UNODC desarrollaron un módulo de un programa de formación de formadores dirigido a las partes interesadas, incluido el personal del Servicio de Policía de Maldivas, la Procuraduría General, el Tribunal de Menores, el Departamento de Administración Judicial, el Departamento de Justicia Juvenil y el Servicio Penitenciario de Maldivas. De 2018 a 2020, el Tribunal de Menores, el Departamento de Justicia Juvenil, el Servicio de Policía de Maldivas y la Procuraduría General llevaron a cabo seminarios sobre la justicia juvenil y los derechos del niño impartidos a 85 participantes, incluidos magistrados y otros interesados.

269.Asimismo, el Servicio de Policía de Maldivas ha capacitado a los agentes de policía mediante un programa de sensibilización sobre los derechos y la protección de los niños, un curso de técnicas avanzadas de entrevista de niños, un curso de investigación centrada en la familia y el niño y programas de vigilancia de los niños en conflicto con la ley. Además, todos los fiscales han recibido formación general sobre justicia juvenil.

270.En virtud de la Ley de Justicia Juvenil, los niños arrestados o detenidos por la presunta comisión de un delito tienen derecho a un abogado desde el momento de su arresto o detención hasta que se resuelva el caso. Se proporciona asistencia jurídica a cargo del Estado a todos los niños que, por cualquier motivo, no puedan contar con un abogado.

271.En lo que respecta a la rehabilitación, el Departamento de Justicia Juvenil está ultimando acuerdos con las partes interesadas en los programas de derivación, rehabilitación e intervención temprana. En el Plan Nacional de Resiliencia y Recuperación se contempla la conclusión de la construcción de un nuevo centro de rehabilitación juvenil en Kudahuvadhoo, en el atolón Dhaalu, y la puesta en marcha de programas de reinserción.

272.En cuanto a los delitos relacionados con las drogas, se organizan mesas redondas con el fin de elaborar planes de tratamiento para la rehabilitación de menores de edad con trastornos por uso indebido de sustancias. Además, el Departamento de Justicia Juvenil y el Organismo Nacional contra las Drogas colaboran en la rehabilitación de toxicómanos.

273.Con respecto al castigo corporal, la Ley de Protección de los Derechos del Niño establece que no se podrá castigar ni infligir daño de forma despiadada, inhumana o humillante a los niños, en el hogar, los centros educativos, los centros de acogida o en cualquier otro entorno en el que se encuentren, lo que prohíbe en la práctica el castigo corporal en todos los entornos institucionales.

274.Si bien la legislación penal de Maldivas permite la imposición de penas por delitos hudud, en la práctica queda a discreción del juez. Como ya se ha señalado, el Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo una reforma judicial y a capacitar a los jueces.

275.Al igual que ocurre con la pena de muerte en Maldivas, la imposición de la flagelación no puede prohibirse sin contar previamente con una ley nacional aprobada por el Parlamento o llevar a cabo una consulta pública más amplia sobre la cuestión. La modificación debe realizarse en el marco de la Constitución y reflejar los deseos del pueblo maldivo.

276.No obstante, el Gobierno señala que la Ley de Justicia Juvenil introduce salvaguardias estrictas para garantizar que los niños en conflicto con la ley reciban consideraciones especiales cuando sean acusados de delitos hudud. Mediante esas salvaguardias se vela por que se considere que los niños no tienen la misma capacidad que los adultos, se adopten medidas que permitan determinar la capacidad real del niño para la presunta comisión del delito y se cumplan los requisitos prescritos en relación con los delitos hudud en las fases de investigación, enjuiciamiento y condena. A ese respecto, según se dispone en la Ley de Justicia Juvenil, la fiscalía deberá tener acceso al informe sobre la situación del niño elaborado por el Departamento de Justicia Juvenil.

277.Asimismo, la Ley de Justicia Juvenil obliga a la fiscalía a tener en cuenta el bienestar mental y físico del niño, la condición social del niño, si el niño es víctima de la delincuencia organizada o de cualquier otro acto de explotación, la gravedad del delito y si el niño era consciente de que se trataba de un acto delictivo. En relación con los juicios, la referida Ley establece expresamente que el juez se abstendrá de dictar sentencia condenatoria contra el niño si existe cualquier duda de que haya cometido el delito.

278.Además, la Ley de Justicia Juvenil dispone que el juez debe evaluar la capacidad del niño para cometer el delito; si el presunto delito presenta todos los elementos contemplados en la sharía islámica fuera de toda duda; si el caso se basa en una confesión o en el testimonio de un testigo presencial, y si la confesión o el testimonio se ajustan claramente a lo dispuesto en la sharía islámica al respecto; en qué medida todos los elementos del presunto delito se ajustan sin ninguna duda a lo dispuesto en la sharía islámica; y las circunstancias en las que se cometió el presunto delito.

279.Si bien con la aprobación de la Ley de Protección de los Derechos del Niño y la Ley de Justicia Juvenil se ha transformado el sistema de protección de los derechos del niño en Maldivas, es crucial que se ponga eficazmente en práctica. A ese respecto, el Gobierno se complace en señalar que todas las partes interesadas están colaborando para identificar las deficiencias del sistema y subsanarlas, con el fin de garantizar que se aplique debidamente.

III.Conclusión

280.Maldivas ha logrado avances significativos en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Pacto, sobre todo durante los últimos tres años. Sin embargo, las dificultades a las que se enfrenta debido a la limitación de capacidades y recursos se han visto innegablemente agravadas por la pandemia de COVID-19, lo que ha ralentizado el logro de los objetivos nacionales inicialmente fijados y, en ocasiones, ha desviado al Gobierno del rumbo hacia su consecución.

281.Pese a las dificultades existentes, el Gobierno reafirma al Comité de Derechos Humanos su convicción de defender los valores democráticos y proteger los derechos civiles y políticos de todos los habitantes de Maldivas.