Naciones Unidas

CCPR/C/104/D/1752/2008

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. general

6 de junio de 2012

Español

Original: inglés

Comité de Derechos Humanos

Comunicación Nº 1752/2008

Decisión adoptada por el Comité en su 104º período de sesiones, celebrado del 12 al 30 de marzo de 2012

Presentada por:J. S. (representado por el abogado Tony Ellis)

Presunta víctima:El autor

Estado parte:Nueva Zelandia

Fecha de la comunicación:3 de octubre de 2007 (presentación inicial)

Referencias:Decisión del Relator Especial con arreglo al artículo 97 del reglamento, transmitida al Estado parte el 22 de enero de 2008 (no se publicó como documento)

Fecha de adopción

de la decisión:26 de marzo de 2012

Asunto:Demora en el examen judicial de la reclusión de un paciente en un hospital psiquiátrico

Cuestiones de procedimiento:No agotamiento de los recursos internos, falta de fundamentación de las alegaciones; acción popular

Cuestiones de fondo:Derecho a ser llevado sin demora ante un tribunal

Artículos del Pacto:2, párrafos 2 y 3; 9, párrafo 4; y 14, párrafo 1

Artículos del Protocolo

Facultativo:1; 2; 3 y 5, párrafo 2 b)

Anexo

Decisión del Comité de Derechos Humanos a tenor del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(104º período de sesiones)

respecto de la

Comunicación Nº 1752/2008 *

Presentada por:J. S. (representado por el abogado Tony Ellis)

Presunta víctima:El autor

Estado parte:Nueva Zelandia

Fecha de la comunicación:3 de octubre de 2007 (presentación inicial)

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el26 de marzo de 2012,

Adopta la siguiente:

Decisión sobre la admisibilidad

1.El autor de la comunicación es el Sr. J. S., nacional de Nueva Zelandia nacido el 20 de noviembre de 1964. Afirma que su reclusión en un hospital psiquiátrico en contra de su voluntad y las actuaciones judiciales celebradas en los tribunales del Estado parte como consecuencia de dicha reclusión vulneraron los derechos que le asistían en virtud de los artículos 2, párrafos 2 y 3; 9, párrafo 4, y 14, párrafo 1 del Protocolo. Está representado por el abogado Sr. Tony Ellis.

Los hechos expuestos por el autor

2.1Al autor se le diagnosticó un trastorno bipolar con rasgos esquizoides que podía controlarse con medicación recetada. Cuando el autor presentó su comunicación ya había sido ingresado cinco veces en un hospital desde 2002 y se le había impuesto el seguimiento obligatorio de tratamiento. Su madre afirmó que había dado muestras de alteraciones del comportamiento, como saltar desde un balcón, desnudarse en lugares públicos, sufrir alucinaciones y dejar abandonado su coche en una autopista. El 27 de octubre de 2006 la madre del autor se puso en contacto con el equipo de atención de la salud comunitaria del North Shore Two ante la preocupación que le suscitaba el comportamiento del autor, en particular su euforia y los actos de derroche realizados, como la compra de dos apartamentos sin dar prácticamente ningún depósito.

2.2El 28 de octubre de 2006, el autor aceptó ir a las urgencias del hospital. Tras su llegada una enfermera llamó a la madre del autor para informarle de la situación y pedirle que ella, o algún otro familiar, fuera al hospital para permanecer con el autor mientras que se le estaba examinando, con arreglo a lo establecido en el artículo 9 2 d) de la Ley de salud mental relativa al examen y el tratamiento obligatorio, de 1992 (la Ley de salud mental). Ninguno de los familiares quiso intervenir y así se le comunicó al autor. A continuación, se le informó de que podía designar a otra persona. El autor no facilitó ningún nombre pero confirmó que deseaba continuar con el proceso de examen. Los resultados del examen psiquiátrico fueron que el Sr. S. sufría una alteración mental y requería ulterior examen y tratamiento de conformidad con la Ley de salud mental. En el informe clínico se destacaba que el autor había puesto en peligro a otras personas y había mostrado falta de juicio, y que tenía afectada la capacidad para cuidar de sí mismo. El autor se negó a aceptar copia de la documentación pertinente, se mostró irascible y trató de abandonar el hospital.

2.3El 29 de octubre de 2006, tras la emisión de un certificado preliminar de examen por parte del psiquiatra de guardia, el autor fue ingresado en la Unidad de Salud Mental de Tahuratu. El autor permaneció en el hospital hasta el 10 de enero de 2007.

2.4El 1º de noviembre de 2006 el autor presentó una solicitud de revisión judicial ante el Tribunal de Distrito, en aplicación del artículo 16 de la Ley de salud mental, en la que se oponía al informe médico y alegaba que no estaba desequilibrado y que su caso no podía considerarse urgente, por lo que su reclusión en el hospital había sido arbitraria. También afirmaba que se le había denegado la solicitud de contar con la asistencia de un abogado y que durante su examen no hubo presente ningún familiar, en incumplimiento de lo dispuesto en la Ley de salud mental. El 1º de noviembre de 2006, se desestimó su solicitud de ser puesto en libertad y se emitió un certificado médico en el que se decía que era necesario que el autor siguiera siendo evaluado y recibiendo tratamiento durante otros 14 días. El 8 de noviembre de 2006, el Tribunal de Distrito también desestimó una segunda solicitud de revisión.

2.5Al mismo tiempo, el 8 de noviembre de 2006, el autor presentó ante el Tribunal Superior una solicitud para que emitiera un mandamiento de habeas corpus dirigido al Director de la Junta de Salud del Distrito de Waitemata de los Servicios de Salud Mental (la Junta de Salud del Distrito), para lograr que lo pusieran en libertad. El autor alegaba que no se habían cumplido los requisitos legales de la reclusión estipulados en la Ley de salud mental, y en particular que se había vulnerado su derecho a ser informado del requisito que exigía que el examen se realizase en presencia de un familiar, una persona encargada de su cuidado, u otra persona interesada en su bienestar. En segundo lugar, afirmaba que había sido recluido ilícitamente ya que no tenía alteradas las facultades mentales con arreglo a la definición de la Ley de salud mental. En tercer lugar, el autor afirmaba que las pruebas presentadas para justificar su reclusión eran irrelevantes. El 16 de noviembre de 2006 el Tribunal Superior dijo que la decisión de proceder al examen sin la presencia de ninguna otra persona era contraria a lo dispuesto en la Ley de salud mental, pero que ello no invalidaba en sí mismo la reclusión. Con respecto a la condición mental del autor y a la licitud de su reclusión, el Tribunal dijo que el habeas corpus procedía en casos que requerían medidas simples en que el asunto estaba relacionado con la licitud del acto de la detención en sí mismo. La cuestión planteada por el autor en su solicitud no se ajustaba adecuadamente a una solicitud de un mandamiento de habeas corpus sino que entraba más bien en el ámbito de la revisión judicial. Por tanto, la solicitud del autor fue desestimada. El 21 de noviembre de 2006, el autor recurrió la decisión ante el Tribunal de Apelación argumentando que el Tribunal Superior no había considerado si había sido recluido arbitrariamente y que se le había denegado la puesta en libertad sin razón alguna, en contravención de la Ley de salud mental y de la Ley de la Carta de Derechos de Nueva Zelandia, de 1990. El recurso fue desestimado el 12 de diciembre de 2006. El mismo día, antes de que el autor tuviera conocimiento de que el recurso había sido desestimado, presentó un recurso especial ante el Tribunal Supremo pidiéndole que ignorase la sentencia del Tribunal de Apelación, que se había demorado y que hasta ese momento no se había hecho pública, y que conociese de su asunto antes del receso.

2.6El 13 de diciembre de 2006, se retiró el recurso especial y se solicitó autorización para recurrir ante el Tribunal Supremo. El autor pidió que se celebraran audiencias urgentes y con carácter prioritario, en aplicación del artículo 17 de la Ley de habeas corpus. El 14 de diciembre de 2006, el Tribunal Supremo fijó la audiencia para el 13 de febrero de 2007. El Tribunal Supremo señaló que no era realista pedir a los abogados que preparasen los escritos de alegaciones en un período breve. Además, el Tribunal Supremo no podía contar con el quorum de cinco magistrados ya que uno de ellos se había inhibido porque su hija era miembro de la Junta de Salud del Distrito (la parte demandada) y durante ese período no había ningún otro magistrado disponible. El 15 de diciembre de 2006, el autor presentó un memorando en el que afirmaba que la demora a que había dado lugar el receso de verano y de navidad del Tribunal Supremo, entre el 20 de diciembre de 2006 y el 12 de febrero de 2007, sin que se señalara ninguna audiencia urgente, constituía una denegación efectiva del acceso a la justicia. Ante el hecho de que el Estado parte no le facilitaba de manera sistemática un verdadero sistema de justicia que actuara durante el receso, y a la incapacidad del Estado para examinar la licitud de su reclusión en el tiempo debido, el autor pedía al Tribunal Supremo que ordenase al Ministerio de Justicia que se hiciera cargo de las costas procesales, es decir, que le abonase los gastos en que había incurrido de resultas del proceso de habeas corpus. Además, el autor sostenía que el Tribunal de Apelación había contribuido a la demora general al no conocer de su recurso con carácter prioritario y urgente, en incumplimiento de las obligaciones internacionales que incumben al Estado parte y del artículo 17 de la Ley de habeas corpus.

2.7El 14 de febrero de 2007 el Tribunal Supremo denegó la autorización para recurrir ya que no podía examinarse el habeas corpus dado que el autor ya no estaba internado y era paciente de las consultas externas. En la decisión no se entraba en la reclamación del autor respecto de las costas procesales.

2.8El 1º de marzo de 2007 el autor presentó una solicitud ante el Tribunal Supremo pidiendo que se le concedieran las costas procesales. En ella el autor recordaba al Tribunal que había presentado esta reclamación en la solicitud en la que pedía autorización para recurrir. Afirmaba que no pudo impugnar la licitud de su detención debido a que el Gobierno no había garantizado de manera sistemática el funcionamiento del sistema judicial durante el receso. Afirmaba, por ello, que no correspondía a la Junta de Salud del Distrito, parte demandada en el asunto, sino al Ministerio de Justicia correr con las costas procesales de las actuaciones ante el Tribunal Supremo. Además, el autor reconocía que había contado con asistencia letrada de oficio ante el Tribunal Superior pero que no la solicitó ante el Tribunal de Apelación porque su abogado no lo asesoró adecuadamente. Pese a que su solicitud de habeas corpus había sido desestimada en esas instancias, el autor informaba al Tribunal Supremo de que presentaría una solicitud pidiendo el abono de las costas procesales habida cuenta de la extraordinaria duración del procedimiento. El 7 de marzo de 2007, el Tribunal Supremo desestimó su petición de que se le abonaran las costas procesales. El Tribunal entendió que la solicitud de las costas se dirigía contra el Ministerio de Justicia, que no era parte en el asunto, y que la razón principal de la demora había sido que el abogado del autor había pedido que se le concediera el tiempo necesario para prepararse antes de la celebración de las audiencias.

2.9El autor afirma también que, al habérsele clasificado como persona con una enfermedad mental, fue víctima de discriminación por parte de los servicios psiquiátricos y del poder judicial y que tiene la intención de iniciar otras actuaciones al respecto en el ámbito interno.

2.10El autor sostiene que con la denegación de la autorización para recurrir del Tribunal Supremo, de 14 de febrero de 2007, se agotaron todos los recursos internos.

La denuncia

3.1El autor alega que el Estado parte infringió los artículos 2, párrafos 2 y 3; 9, párrafo 4, y 14, párrafo 1, del Pacto durante su reclusión arbitraria en un hospital psiquiátrico y que no tuvo acceso con prontitud a recursos judiciales efectivos.

3.2En cuanto al artículo 2, párrafos 2 y 3 a) y b) del Pacto, el autor afirma que en la Ley de la Carta de Derechos de Nueva Zelandia no se aplica plenamente el Pacto porque no tiene el carácter de "ley suprema", y que puede ser relegada por otra ley aprobada por el Parlamento. Sostiene además que el Pacto no se aplica directamente en el ordenamiento jurídico del Estado parte y que el poder judicial no garantiza efectivamente el disfrute de los derechos. El artículo 6 de la Ley de la Carta de Derechos de Nueva Zelandia estipula que, a la hora de interpretar una disposición legislativa, se preferirá la que se ajuste a los derechos y libertades establecidos en la Ley de la Carta de Derechos. No obstante, los tribunales no pueden derogar disposiciones legislativas fundamentales que no se ajusten a esa ley o al Pacto, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de la Carta de Derechos. El autor afirma que el Estado parte incumple la obligación recogida en el artículo 2, párrafo 2, del Pacto. Señala que, con arreglo al criterio establecido por el Comité en su Observación general Nº 31 (2004) sobre la naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto, leída conjuntamente con los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, el Estado parte no puede justificar este incumplimiento amparándose en su derecho interno o en consideraciones políticas, sociales, culturales o económicas. Por tanto, este incumplimiento contraviene la obligación recogida en el artículo 2, párrafos 2 y 3, del Pacto.

3.3El autor se refiere al artículo 9, párrafo 1, e indica que, en dos ocasiones, el Tribunal de Distrito no evaluó adecuadamente la arbitrariedad de su reclusión en un hospital psiquiátrico, en particular la falta de motivos de su reclusión y el incumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley de salud mental.

3.4El autor afirma que el Estado parte, al no proporcionar recursos suficientes al poder judicial ni adoptar medidas adecuadas para que durante el receso quedase garantizado el funcionamiento normal del Tribunal Supremo, vulneró el derecho que le asistía en virtud del artículo 9, párrafo 4, de pedir a un tribunal que adoptase una decisión sin dilaciones injustificadas sobre la licitud de su reclusión, así como el derecho a acceder a órganos judiciales independientes. El Estado parte tiene la obligación de garantizar que los órganos judiciales actúen sin demora y no puede utilizar como excusa que únicamente hubiera cuatro magistrados del Tribunal Supremo disponibles. Los tres meses que duró el procedimiento del habeas corpus fueron excesivos y con ello se vulneró su derecho a tener acceso a un recurso efectivo consagrado en el artículo 9, párrafo 4, del Pacto.

3.5En cuanto al artículo 14, párrafo 1, del Pacto, el autor afirma que la desestimación por el Tribunal Supremo de su petición de que se le abonaran las costas procesales debería considerarse una vulneración de su derecho a acceder a los tribunales. Afirma también que el poder judicial carece de independencia financiera y administrativa. La independencia conlleva que los tribunales se perciban como tales. No obstante, el Tribunal Supremo ignoró totalmente el memorando del autor relativo a la fecha de la audiencia y a la independencia judicial, no adoptó medidas para convocar a más magistrados y atribuyó la demora al autor. Así pues, el autor concluye que el Tribunal Supremo no puede considerarse un órgano independiente ni demostró serlo. Además, la inexistencia de un número suficiente de magistrados del Tribunal Supremo no solo afecta al derecho de acceso al Tribunal sino que constituye también un quebrantamiento del propio estado de derecho.

3.6El autor afirma que los recursos presentados en diciembre o enero reciben un trato menos favorable que los presentados en otro momento del año y recuerda al respecto la prohibición de discriminación consagrada en el artículo 26 del Pacto. Señala que el Tribunal Supremo no hizo esfuerzo alguno para designar a un quinto magistrado que pudiera examinar su solicitud de autorización para recurrir y que, el mismo día en que presentó su solicitud, el Tribunal decidió que no contaba con ningún magistrado que permitiera que hubiera quorum en el Tribunal, lo que indica que este no trató de encontrar a un magistrado suplente o que sus disposiciones administrativas no prevén este tipo de situaciones.

3.7El autor pide al Comité que considere las costas procesales del ámbito interno así como los gastos incurridos para presentar la comunicación ante el Comité como parte de la reparación que el Comité pueda determinar.

Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo

4.1En julio de 2008 el Estado parte presentó sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo. En ellas señala que el 28 de octubre de 2006 el autor fue examinado por un psiquiatra a raíz de los contactos mantenidos entre su madre y el personal de salud mental del organismo local de salud, la Junta de Salud del Distrito de Waitemata (la Junta de Salud). Además del procedimiento seguido en el marco de la Ley de habeas corpus, se examinó la situación de paciente sujeto a tratamiento obligatorio del autor en virtud de la Ley de salud mental. El autor solicitó al Tribunal de Distrito la revisión judicial en dos ocasiones, el 1º y el 8 de noviembre de 2006. El 15 de noviembre de 2006, la Junta de Salud solicitó al Tribunal de Distrito que emitiera un mandamiento para que el autor continuara recibiendo tratamiento obligatorio, en aplicación de la Ley de salud mental. El 22 de noviembre de 2006, el Tribunal de Distrito ordenó que se solicitase una segunda opinión a raíz de una petición del autor. Asimismo ordenó que el autor permaneciera provisionalmente en el hospital. El 6 de diciembre de 2006, el Tribunal de Distrito se reservó la decisión en espera de los resultados del procedimiento relativo al habeas corpus del que se estaba conociendo en el Tribunal de Apelación y prolongó de nuevo provisionalmente la estancia del autor en el hospital. El 18 de diciembre de 2006 el Tribunal de Distrito dictó sentencia en la que ordenaba el sometimiento del autor a tratamiento obligatorio. Entre el 22 de diciembre de 2006 y el 10 de enero de 2007, ante los resultados de exámenes médicos ulteriores en los que se concluía que las circunstancias del autor habían evolucionado favorablemente, se le permitió a este que permaneciera en su domicilio durante períodos de aproximadamente cinco días cada uno.

4.2El Estado parte sostiene que la comunicación es inadmisible ratione personae, por no haberse agotado los recursos internos, así como por falta de fundamentación, de conformidad con los artículos 1, 2 y 3 del Protocolo Facultativo y los artículos 96 b), c) y f) del reglamento del Comité.

4.3En cuanto a las alegaciones de infracción del artículo 2, párrafos 2 y 3 a) y b) del Pacto, los tribunales del Estado parte no aplican directamente los instrumentos internacionales porque el ordenamiento jurídico del país es dualista. No obstante, el artículo 2 del Pacto no requiere la aplicación directa de este. En segundo lugar, en la comunicación del autor no se alega un incumplimiento del artículo 2 en conjunción con vulneraciones de derechos sustantivos del Pacto. Por tanto, al tratarse de una acción popular, estas alegaciones deben declararse inadmisibles ratione personae, en virtud del artículo 1 del Protocolo Facultativo.

4.4Con respecto a las alegaciones de contravención de los artículos 9, párrafo 1, y 26 del Pacto, deben declararse inadmisibles por no haberse agotado los recursos internos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 2 b) del Protocolo Facultativo, dado que el autor planteó ante el Comité denuncias que no se examinaron en procedimientos nacionales o que fueron decididas como cuestiones de hecho por los tribunales del Estado parte, ante los que no se planteó denuncia alguna de que hubiera habido un procedimiento arbitrario o se hubiera cometido una injusticia. Por otra parte, las afirmaciones carecen de fundamentación suficiente. El autor estuvo recluido en aplicación de la Ley de salud mental, como paciente sometido a tratamiento obligatorio a raíz de un examen clínico que determinó que sus facultades mentales constituían un peligro grave para sí mismo y para los demás. Las medidas adoptadas se sometieron a examen clínico y judicial y el tratamiento impuesto al autor se basó en razones legítimas y no constituyó discriminación.

4.5En cuanto a las afirmaciones de contravención del artículo 9, párrafo 4, deben declararse inadmisibles por falta de fundamentación, por no haberse agotado los recursos internos y por ser incompatibles con las disposiciones del Pacto, de conformidad con los artículos 2 y 3 del Protocolo Facultativo. Las afirmaciones del autor no ponen de manifiesto ningún supuesto de demora injustificada. El objetivo principal del artículo 9, párrafo 4, de garantizar la supervisión pronta y continuada de la reclusión, se cumplió con celeridad. Durante las diez semanas que el autor estuvo recibiendo tratamiento obligatorio, la continuación de su reclusión se sometió al examen independiente de los tribunales, que consideraron la medida y la autorizaron en siete ocasiones. Las solicitudes de revisión del autor fueron examinadas y resueltas el día en que se presentaron. Su solicitud de habeas corpus en primera instancia fue examinada en el plazo de seis días y resuelta dos días más tarde, mientras que la apelación y la posterior petición de autorización para recurrir al Tribunal Supremo fueron examinadas y resueltas en el plazo de tres semanas y de dos meses, respectivamente, pese a la complejidad del asunto y a la inclusión de motivos adicionales en cada instancia. Por tanto, en estas circunstancias, y teniendo en cuenta que el propósito de la reclusión del autor era recibir atención psiquiátrica, la duración del proceso de habeas corpus fue razonable y ajustada a los parámetros establecidos por el Comité o por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

4.6Además, el autor tuvo a su disposición otros medios judiciales. El autor podía haber solicitado la puesta en libertad provisional en aplicación del artículo 11 de la Ley de habeas corpus, haber presentado una solicitud de revisión judicial en aplicación del artículo 16 de la Ley de salud mental, o haber iniciado otras actuaciones civiles en relación con cualquier otra alegación de ilicitud no determinada en el proceso del habeas corpus. El Tribunal de Apelación o el Tribunal Supremo podían haber examinado con carácter urgente una solicitud de puesta en libertad provisional. El autor podía haberse opuesto también por otros motivos a su reclusión como paciente sujeto a tratamiento obligatorio, por ejemplo cuando hubiese mejorado su estado de salud mental, mediante una solicitud de revisión judicial al Tribunal de Distrito que, de hecho, examinó con carácter urgente dos solicitudes de revisión en aplicación de la Ley de salud mental. Por tanto, el autor no agotó los recursos internos. Por último, el Estado parte afirma que el Tribunal Supremo consideró la solicitud de autorización del autor para recurrir ante el Tribunal y las posibilidades de intervención de otros interesados y entendió que el recurso que se solicitaba requería un período de preparación importante. En tanto que resolución de un tribunal nacional y, en particular, de la última instancia de Nueva Zelandia, y ante la inexistencia de una alegación plausible de arbitrariedad o injusticia, la decisión no requiere una ulterior consideración del Comité.

4.7En cuanto a la alegación de contravención del artículo 14, párrafo 1, en relación con la denegación del abono de las costas procesales, el Estado parte sostiene que debe declararse inadmisible por ser incompatible con las disposiciones del pacto y/o por falta de fundamentación, por no haberse agotado los recursos internos, y ratione personae. En primer lugar, ni el artículo 14, párrafo 1, del Pacto ni la legislación del Estado parte requieren que se concedan las costas procesales en el caso de un proceso que no se gane y, en el asunto que nos ocupa, el recurso del autor así como su solicitud de autorización para recurrir fueron desestimados por los tribunales. En segundo lugar, el autor contó con asistencia letrada de oficio para la presentación de su solicitud de habeas corpus ante el Tribunal Superior. No obstante, siguiendo el consejo de su abogado, no solicitó esa asistencia para las instancias que siguieron. En tercer lugar, el autor no recurrió la decisión del Tribunal que desestimó la petición relacionada con las costas procesales. El Estado parte afirma además que esta reclamación se basa en la alegación de demora injustificada, que no ha sido fundamentada.

4.8Con respecto a la alegación de contravención del artículo 14, párrafo 1, por no haber solicitado públicamente el Tribunal Supremo magistrados adicionales y por su falta de independencia administrativa, debe declararse inadmisible por ser incompatible con las disposiciones del Pacto y/o por no estar suficientemente fundada, por tratar de revisar resoluciones de tribunales nacionales, y por no haberse agotado los recursos internos. Lo primero y más importante es que la afirmación del autor se basa en la premisa de que el Tribunal necesitaba más magistrados y que esto dio lugar a una demora injustificada. No obstante, no hubo tal demora. En segundo lugar, en cuanto a la afirmación de que el tribunal del Estado parte dio una importancia secundaria al asunto del autor y no sopesó su urgencia, se recuerda que el Comité no examina las valoraciones de hecho que realizan los tribunales nacionales a menos que haya certeza de que un tribunal ha incumplido de manera manifiesta su obligación de imparcialidad, ha actuado de manera arbitraria o sus resoluciones constituyen una denegación de justicia. En tercer lugar, el autor podía haber solicitado su puesta en libertad provisional en espera de que se celebrara la vista sobre su solicitud de autorización para recurrir, pero decidió no hacerlo.

4.9Con respecto a la petición hecha por el autor al Comité de que considere los gastos relacionados con el procedimiento iniciado ante él como parte de la reparación que se conceda al autor, el Estado parte afirma que es inadmisible y carece de fundamento. Afirma además que, aunque se admitiera parte de la comunicación, la inclusión de gran cantidad de material improcedente y/o irrelevante debe dar lugar a que se entienda inapropiada cualquier reparación de este tipo.

Comentarios del autor acerca de las observaciones del Estado parte sobre la inadmisibilidad y el fondo

5.1Con respecto a las observaciones del Estado parte en relación con el artículo 2, párrafos 2 y 3 a) y b), las contravenciones de estas disposiciones deben leerse en conjunción con la vulneración de los derechos que asistían al autor en virtud de los artículos 9, párrafo 4, y 14, párrafo 1, del Pacto. Así pues, no pueden considerarse acción popular. El autor sostiene que la Ley de la Carta de Derechos de Nueva Zelandia impide que el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo apliquen directamente los artículos 9, párrafo 4, y 14, párrafo 1, del Pacto y pide al Comité que considere que el Estado parte no ha aplicado plenamente el Pacto a fin de proporcionar a las personas un recurso jurídico efectivo.

5.2Con respecto a las observaciones del Estado parte en relación con los artículos 9, párrafo 1, y 26, el autor aclara que se refirió a estos artículos únicamente como referencia, pero que no afirma que hayan sido infringidos.

5.3En lo referente a las observaciones del Estado parte sobre el artículo 9, párrafo 4, y a la posibilidad de haber solicitado la puesta en libertad provisional, es discutible que el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo sean competentes para emitir un mandamiento de puesta en libertad provisional. Con arreglo al artículo 11 de la Ley de habeas corpus, solo el Tribunal Superior tiene competencia para emitir dicho mandamiento. Hubiera carecido de sentido presentar una solicitud para una puesta en libertad provisional, en la que no se examinan los derechos sustantivos, cuando se está en espera de una vista que adopte una decisión definitiva respecto a la prioridad y la urgencia. En cuanto a la duración del proceso de habeas corpus, el autor sostiene que, a fin de evitar una demora injustificada, el Tribunal Supremo puede proceder sin más intervención que la de los abogados del demandante y del demandado y adoptar una decisión definitiva respecto de la solicitud de manera prioritaria y urgente.

5.4Con respecto a las observaciones del Estado parte sobre el artículo 14, párrafo 1, y a su negativa a hacerse cargo de las costas procesales, el autor afirma que cuando un proceso se convierte en improcedente simplemente como resultado directo de una demora indebida ocasionada por el Tribunal Supremo y, en menor medida, por el Tribunal de Apelación, las costas procesales deben imponérsele al Estado parte. El autor sostiene que no pidió al Tribunal Supremo que demorase la audiencia, y le informó de que solo necesitaría entre dos y cuatro días de preparación. Aclara asimismo que pidió que se impusieran las costas a la parte responsable de la demora injustificada, es decir, el Ministerio de Justicia, y no al demandado, la Junta de Salud, a la que no cabía imputar la demora.

5.5En cuanto a las observaciones del Estado parte en relación con el artículo 14, párrafo 1, y con el hecho de que el Tribunal Supremo no solicitara públicamente la designación de más magistrados, el autor reafirma que la razón principal de la demora fue la falta de que hubiera suficientes magistrados designados para el Tribunal Supremo. El propio Tribunal admitió en su decisión sobre la solicitud del autor acerca de las costas procesales que "en ese momento solo había disponibles un número limitado de personas que, con arreglo a la Ley del Tribunal Supremo de 2003, pudiera desempeñar esas funciones".

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

6.1Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir, de conformidad con el artículo 93 de su reglamento, si es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

6.2En cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no está siendo examinado en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

6.3El autor sostiene que la duración de los procedimientos de habeas corpus planteados ante el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo, de 21 días y 2 meses y 1 día, respectivamente, fue excesiva y vulneró su derecho a que se adoptase una decisión sin demora sobre la licitud de su reclusión, en virtud del artículo 9, párrafo 4. Afirma que el Tribunal Supremo no dio la debida prioridad a estos procedimientos de urgencia y que no fue diligente a la hora de garantizar su funcionamiento durante el receso. El Estado parte alega que durante las diez semanas que el autor estuvo recibiendo tratamiento obligatorio, la continuación de su reclusión se sometió al examen independiente de los tribunales, que consideraron la medida y la autorizaron en siete ocasiones. Las solicitudes de revisión del autor fueron examinadas y resueltas el día en que se presentaron. Su solicitud de habeas corpus en primera instancia fue examinada en el plazo de seis días y resuelta dos días más tarde, mientras que la apelación fue resuelta en el plazo de tres semanas.

6.4En las circunstancias del caso y teniendo en cuenta el tiempo utilizado por el Tribunal de Distrito, el Tribunal Superior, el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo para examinar la solicitud de revisión judicial de la reclusión del autor, el Comité considera que el autor no ha fundamentado, a los fines de la admisibilidad, su denuncia al amparo del artículo 9, párrafo 4, del Pacto. En consecuencia, el Comité declara la denuncia inadmisible en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

6.5En cuanto a las afirmaciones del autor de que, al no concederle el Tribunal Supremo el pago de las costas procesales, se vulneraron los derechos que le asistían en virtud del artículo 14, párrafo 1, el Comité observa que el autor pudo haberlo solicitado desde que accedió al Tribunal de Distrito hasta que llegó al Tribunal Supremo, que el autor contó con asistencia letrada de oficio en el primero de esos tribunales y que no la solicitó ni para el Tribunal de Apelación ni para el Tribunal Supremo. En estas circunstancias, el Comité considera que el autor no ha fundamentado en qué forma la denegación de las costas procesales por el Tribunal Supremo constituyó un obstáculo para acceder a la justicia y contravino el artículo 14, párrafo 1, del Pacto.

6.6El Comité observa las afirmaciones del autor de que el Tribunal Supremo no actuó de manera independiente porque ignoró su memorando en el que solicitaba que se fijase la fecha de la audiencia en diciembre de 2006, que no adoptó medidas para contar con la presencia de más magistrados, y que carece de independencia administrativa y financiera. También observa los argumentos del Estado parte de que la razón principal por la que el Tribunal Supremo no accedió a la solicitud del autor fue la complejidad del recurso y la valoración que hizo el Tribunal de que no era realista pedir a los abogados que preparasen los escritos en un plazo breve. A la luz de las observaciones del Estado parte, el Comité considera que el autor no ha fundamentado suficientemente sus afirmaciones en relación con el artículo 14, párrafo 1, en lo que se refiere a la falta de independencia de los tribunales del Estado parte. Por tanto, declara inadmisible esta reclamación en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

6.7En cuanto a las afirmaciones del autor en relación con el artículo 2, párrafos 2 y 3 a) y b) del Pacto, de que el Estado parte no aplica plenamente el Pacto y que este no tiene aplicación directa en el ordenamiento jurídico del Estado parte, el Comité considera que estas afirmaciones son muy generales y no son pertinentes para determinar que se ha infringido el Pacto en relación con los hechos del presente asunto. Por tanto, declara esta reclamación inadmisible en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo, por falta de fundamentación.

7.Por lo tanto, el Comité de Derechos Humanos decide:

a)Que la comunicación es inadmisible en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo;

b)Que la presente decisión se ponga en conocimiento del Estado parte y del autor.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la versión original el texto inglés. Posteriormente se publicará también en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]