Naciones Unidas

CED/C/MWI/1

Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas

Distr. general

15 de noviembre de 2023

Español

Original: inglés

Español, francés e inglés únicamente

Comité contra la Desaparición Forzada

Informe que Malawi debía presentar en 2019 en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención *

[Fecha de recepción: 1 de noviembre de 2023]

Lista de abreviaciones

CEDComité contra la Desaparición Forzada

Introducción

1.La República de Malawi se complace en presentar al Comité contra la Desaparición Forzada (en lo sucesivo, “el Comité”) su informe inicial combinado como Estado parte en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (en lo sucesivo, “la Convención”). Malawi ratificó la Convención el 14 de julio de 2017, lo que demuestra su firme voluntad de proteger a todas las personas frente a las desapariciones forzadas. El presente informe ha de leerse conjuntamente con el documento básico de Malawi, que proporciona información detallada sobre la organización histórica, política, constitucional, jurídica y social del país.

Preparación y estructura del informe

2.En el presente informe se hace balance de la labor desplegada por Malawi desde que ratificó la Convención. También se ponen de relieve los logros y avances alcanzados en la consolidación de una cultura de lucha contra toda forma de privación de la libertad que pueda dar lugar a la desaparición forzada de personas, con el fin de cumplir plenamente las disposiciones de la Convención.

3.En este informe también se reseñan los progresos realizados, en particular las medidas adoptadas en diversos ámbitos por los diferentes ministerios, departamentos y organismos públicos, y se señalan los problemas y obstáculos que impiden la plena protección de todas las personas frente a las desapariciones forzadas en Malawi. También se dan detalles acerca de los progresos registrados en la aplicación de los artículos 1 a 25 de la Convención.

4.El presente informe, al ser un informe inicial, abarca el período comprendido entre  2017 y 2022, y pone de manifiesto la determinación del Estado de cumplir sus obligaciones internacionales. Su preparación, que implicó un proceso inclusivo y participativo, estuvo dirigida por un equipo nacional de tareas establecido y presidido por el Ministerio de Justicia, con el mandato de elaborar distintos informes que se presentarían al Comité, de conformidad con las directrices pertinentes. Participaron en el proceso de elaboración los órganos estatales a los que conciernen los derechos consagrados por la Convención, las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de promover y proteger los derechos humanos y la Comisión de Derechos Humanos de Malawi. La lista completa de los miembros del equipo nacional de tareas figura en el anexo 1.

5.De conformidad con las directrices para la preparación de los informes aprobadas por el Comité contra la Desaparición Forzada en su segundo período de sesiones, en marzo de 2012 (CED/C/2 de 8 de junio de 2012), además de la introducción, el informe consta de dos partes que se refieren a:

a)El marco jurídico general por el que se prohíben las desapariciones forzadas;y

b)La aplicación de los artículos de la Convención.

6.Al presentar este informe al Comité contra la Desaparición Forzada, Malawi reafirma su adhesión a los valores encarnados en los derechos humanos y a la colaboración con los órganos de las Naciones Unidas encargados de protegerlos.

7.Malawi espera poder seguir colaborando con el Comité en el proceso de examen del presente informe.

I.Marco general por el que se prohíben las desapariciones forzadas

A.Marco jurídico nacional

8.Si bien la legislación interna de Malawi no es explícita en lo que respecta a la desaparición forzada, en la Constitución, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal y Probatorio se reconoce de forma tácita que las prácticas de desaparición forzada en sus diferentes manifestaciones atentan contra la libertad de las personas.

La Constitución

9.La Constitución de Malawi no prevé explícitamente la protección frente a las desapariciones forzadas, pero concede los siguientes derechos a todas las personas en virtud de la Carta de Derechos:

a)Derecho a la libertad personal en virtud del artículo 18. Este derecho es particularmente pertinente a los efectos de la Convención, dado que se refiere a cuestiones relacionadas con la detención, y está en consonancia con la sentencia dictada en el caso Sindi D Ross & Co. Ltd & Others [1981-93] 10 MLR 281, en la que el tribunal consideró que la detención arbitraria constituía privación de libertad;

b)Libertad de circulación y de residencia en virtud del artículo 38;

c)Acceso a la justicia y a vías de recurso en virtud del artículo 41;

d)Obligación de que las personas acusadas que hayan sido detenidas comparezcan ante un tribunal en un plazo de 48 horas tras su detención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.

10.La Constitución, en su artículo 15, párrafo 1, también impone al Estado la obligación de proteger todos los derechos humanos y todas las libertades que en ella se consagran.

El Código Penal

11.El Código Penal no tipifica expresamente la desaparición forzada, pero sí prohíbe y reprime los actos asimilables a esta. A ese respecto, cabe señalar los artículos siguientes:

a)Secuestro o rapto con intención de recluir a una persona en virtud del artículo 262;

b)Secuestro de una persona bajo tutela de conformidad con el artículo 258;

c)Ocultamiento o reclusión ilícitos de una persona secuestrada o raptada de conformidad con el artículo 264.

El Código de Procedimiento Penal y Probatorio

12.El Código de Procedimiento Penal y Probatorio contiene disposiciones que permiten proteger a una persona frente a los actos de desaparición forzada, a saber:

a)El artículo 20, que establece que, al proceder a una detención, el agente de policía debe informar a la persona acusada o detenida de que se encuentra bajo arresto, de los motivos de su detención y de todos los derechos que le asisten como persona acusada;

b)El artículo 30, que establece que todo agente de policía que detenga a una persona con o sin orden judicial debe asegurarse de que la persona detenida comparezca ante un tribunal competente en el caso;

c)El artículo 161, que prevé los plazos de prisión preventiva con relación a todos los delitos:

i)En el caso de los tribunales de primera instancia el período máximo de detención es de 30 días hasta la celebración del juicio; artículo 161D;

ii)El plazo máximo de espera hasta que se dicte el auto de procesamiento ante el Tribunal Superior es de 30 días; artículo 161E;

iii)Si la persona detenida debe comparecer ante el Tribunal Superior, normalmente el plazo es de 60 días y de 90 días para delitos graves como el homicidio; artículos 161F y 161G;

iv)En virtud de los artículos 161G y 161H 3) del Código de Procedimiento Penal y Probatorio, el plazo máximo de detención preventiva para casos de homicidio es de 120 días.

13.Los plazos de prisión preventiva previstos en el Código de Procedimiento Penal y Probatorio son fundamentales para prevenir las desapariciones forzadas o los delitos relacionados con las desapariciones forzadas, ya que ayudan a prevenir las detenciones arbitrarias, que pueden ser una forma de desaparición forzada.

B.Marco jurídico regional e internacional

14.Malawi ha ratificado o suscrito numerosos instrumentos jurídicos internacionales relacionados con los derechos fundamentales, entre los que figuran los siguientes:

a)La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ratificada el 17 de noviembre de 1989;

b)La Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, ratificada el 6 de septiembre de 1999;

c)La Convención de la Organización de la Unidad Africana por la que se Regulan los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África; fecha de adhesión: 4 de noviembre de 1987;

d)El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; fecha de adhesión: 22 de diciembre de 1993;

e)El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; fecha de adhesión: 11 de junio de 1996;

f)La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; fecha de adhesión: 11 de junio de 1996;

g)El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; fecha de adhesión: 22 de diciembre de 1993;

h)La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; fecha de adhesión: 12 de marzo de 1987;

i)La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada el 17 de marzo de 2005;

j)El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; fecha de adhesión: 17 de marzo de 2005;

k)El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; fecha de adhesión: 17 de marzo de 2005;

l)La Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud; fecha de adhesión: 2 de agosto de 1968.

m)El Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena; fecha de adhesión: 13 de octubre de 1965;

n)La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; fecha de adhesión: 11 de junio de 1996;

o)La Convención sobre los Derechos del Niño; fecha de adhesión: 2 de enero de 1991;

p)El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, ratificado el 21 de septiembre de 2010;

q)El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, ratificado el 7 de octubre de 2009;

r)La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada el 27 de agosto de 2009;

s)El Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, ratificado el 19 de noviembre de 1999;

t)El Convenio sobre el Trabajo Forzoso, ratificado el 9 de noviembre de 1999;

u)El Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, ratificado el 19 de noviembre de 1999;

v)La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951; fecha de adhesión: 10 de diciembre de 1987;

w)El Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967; fecha de adhesión: 10 de diciembre de 1987;

x)El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado el 19 de septiembre de 2002;

y)Los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949;

z)El Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Sin Carácter Internacional (Protocolo II), 8 de junio de 1977; fecha de ratificación o adhesión: 7 de octubre de 1991;

aa)El Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves; fecha de adhesión: 21 de diciembre de 1972;

ab)El Convenio sobre las Infracciones y Ciertos Otros Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves;

ac)La Convención Internacional contra la Toma de Rehenes de 1979; fecha de adhesión: 17 de marzo de 1986;

i)La Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos, 1973.

Aplicabilidad del derecho internacional

15.En virtud del artículo 211 de la Constitución de Malawi:

a)Todo acuerdo internacional al que Malawi se haya adherido después de la entrada en vigor de la Constitución formará parte de la legislación de la República si así lo dispone una ley del Parlamento;

b)Los acuerdos internacionales vinculante seguirán siendo vinculantes para la República, salvo que se disponga otra cosa mediante una ley parlamentaria; y

c)El derecho internacional consuetudinario forma parte del derecho interno de la República a menos que sea incompatible con la Constitución o una ley del Parlamento.

Invocabilidad y aplicabilidad de la Convención

16.El artículo 46, párrafo 2, de la Constitución dispone que toda persona que alegue que se ha vulnerado o amenazado alguno de los derechos o libertades garantizados por la Constitución tendrá derecho a recurrir a un tribunal competente para que haga cumplir o proteja ese derecho o libertad, y podrá dirigirse al Defensor del Pueblo o a la Comisión de Derechos Humanos para obtener la asistencia o el asesoramiento que necesite en la medida de lo razonable.

Autoridades competentes

17.Tienen competencia para examinar las cuestiones tratadas en la Convención, entre otras, las siguientes autoridades judiciales, administrativas u otras autoridades competentes:

Poder judicial

i)El Tribunal Supremo de Apelaciones;

ii)El Tribunal Superior;

iii)El Tribunal Superior cuando actúa en calidad de Tribunal Constitucional;

iv)Los tribunales de primera instancia;

v)El Tribunal de Menores.

18.Esas instituciones desempeñan un papel fundamental a la hora de conocer de los casos en los que se alega una vulneración de los derechos humanos y de ofrecer reparación.

Oficina del Defensor del Pueblo

19.La Oficina del Defensor del Pueblo interviene en la investigación y resolución de los casos en que las personas han sufrido injusticias. Ello incluye denuncias relacionadas con desapariciones forzadas.

Comisión de Derechos Humanos de Malawi

20.La Comisión de Derechos Humanos de Malawi tiene competencia en materia de investigación de las violaciones de los derechos reconocidos por la Constitución o por cualquier otra ley, y en la protección de esos derechos.

Servicio de Policía de Malawi

21.El Servicio de Policía de Malawi se encarga de la investigación de los casos penales, entre los que figuran los relativos a desapariciones forzadas.

Casos concretos de decisiones administrativas o judiciales

22.La actual jurisprudencia nacional no registra decisiones judiciales en las que se hayan aplicado las disposiciones de la Convención en sentido estricto, al margen de los numerosos casos de vulneración de las libertades individuales, como detenciones y secuestros arbitrarios. Tampoco hay decisiones judiciales en las que se hayan establecido violaciones de la Convención.

23.En el caso Sandra Frackson y otras dos personas c. la República (MSCA, recurso penal núm. 1 de 2018), se afirmó:

“Tal y como se establece en el artículo 18 de la Constitución, la libertad personal es un derecho de primer orden en virtud del régimen constitucional vigente en esta jurisdicción. Así pues, siempre que sea revocado, incluso por el Estado por presunto delito, la tendencia jurisprudencial es que las circunstancias que rodean esa revocación se examinen cuanto antes con miras a la posible restitución de esa libertad. En consecuencia, en virtud del artículo 42, párrafo 2 b), de la Constitución, en las primeras 48 horas posteriores a la detención de una persona por un presunto delito o, a más tardar, una vez transcurrido ese plazo desde que se produjo la detención, las instituciones del Estado deben velar por que la persona detenida comparezca ante un tribunal independiente e imparcial con el fin de que se formulen acusaciones contra ella o se la informe del motivo por el que continua detenida o, en su defecto, sea puesta en libertad. Además, cuando en esa primera comparecencia ante el tribunal la persona detenida acabe siendo detenida de nuevo por el tribunal, en virtud del artículo 42, párrafo 2 e), de la Constitución, esta tendrá y conservará el derecho a ser puesta en libertad, con o sin fianza, a menos que los intereses de la justicia exijan otra cosa.

La población rural se encuentra en una situación de debilidad ante la ley y ante las poderosas instituciones del Estado que, paradójicamente, existen para servirles. Son, en cierto modo, personas vulnerables, dado que pueden no estar tan bien informadas como otras personas mejor instruidas acerca de los derechos que les reconoce la Constitución, o no ser tan conscientes como otras personas más capacitadas acerca de cómo hacer valer y reclamar esos derechos, en particular cuando dichos derechos han sido vulnerados deliberadamente.”

24.En el caso Kapito c. Fiscal General, causa civil 262 de 2013 [2016] MWHC (no publicado) se afirmó que:

“Es imperativo comprender que una persona no puede ser privada de su libertad personal salvo cuando exista una justificación legal. Por consiguiente, todo encarcelamiento es, en principio, ilegal a menos que pueda justificarse legalmente o hasta que pueda justificarse legalmente (Liverside v Anderson (1942) AC 206).”

II.Aplicación de los artículos de la Convención

Artículo 1Prohibición de la desaparición forzada

25.No existe ninguna disposición legislativa o reglamentaria que tipifique el delito de desaparición forzada en la legislación penal de Malawi. No obstante, existen delitos similares a la desaparición forzada, como el rapto, el secuestro y la reclusión, cuyos autores pueden ser imputados y procesados en virtud de los artículos 135 a 137, 258 y 262 del Código Penal, respectivamente.

26.El artículo 45 de la Constitución de Malawi prohíbe toda derogación de: el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; la prohibición del genocidio; la esclavitud y las prácticas análogas a la esclavitud; la prohibición a ser encarcelado por el solo hecho de no cumplir una obligación contractual; la prohibición de la criminalización retroactiva y de la imposición retroactiva de penas más severas por actos delictivos; el derecho a la igualdad y al reconocimiento ante la ley; el derecho a la libertad de conciencia, creencia, pensamiento y religión y a la libertad académica; o el derecho de habeas corpus.

27.El artículo 45, párrafo 4, de la Constitución solo permite la derogación de otros derechos garantizados por la Constitución distintos de los citados anteriormente durante un estado de emergencia, cuando la derogación sea compatible con las obligaciones contraídas por Malawi en virtud del derecho internacional, cuando sea estrictamente necesaria para evitar que se pongan en peligro vidas humanas en caso de guerra, o cuando sea necesaria para la protección de personas e infraestructuras en caso de desastre generalizado.

28.De acuerdo con el artículo 45, párrafo 3, el Presidente podrá declarar el estado de emergencia únicamente en la medida prevista en este artículo, solamente con la aprobación de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional; en tiempo de guerra, amenaza de guerra, guerra civil o desastre natural generalizado; y respecto del lugar concreto donde exista la situación de emergencia. Toda declaración de estado de emergencia se anunciará públicamente.

29.La declaración del estado de emergencia se extenderá por un período no superior a 21 días y no podrá prolongarse más de tres meses. El Tribunal Superior de Malawi está facultado para resolver cualquier impugnación de la validez de la declaración, de cualquier prórroga o de las medidas adoptadas, incluidos los reglamentos promulgados en consonancia con esa declaración.

30.Durante el período que abarca el informe, nunca se declaró el estado de emergencia. No obstante, en abril de 2020, en respuesta a la pandemia de COVID-19, el Gobierno de Malawi decretó el estado de desastre nacional y, en consecuencia, promulgó las Normas de Salud Pública de 2020 para la Prevención, Contención y Gestión del Coronavirus. Se consideró que esas normas eran inconstitucionales, dado que dejaban sin contenido fundamental los derechos garantizados por la Constitución de la República de Malawi.

31.El artículo 44 de la Constitución prevé la limitación de los derechos. 1) No podrán imponerse más restricciones o limitaciones al ejercicio de los derechos y las libertades conferidos en la presente Constitución que las que estén previstas por la ley, sean razonables, estén reconocidas en las normas internacionales de derechos humanos y sean necesarias en una sociedad abierta y democrática. 2) Las leyes que impongan restricciones o limitaciones no dejarán sin efecto el contenido esencial del derecho o la libertad de que se trate y serán de aplicación general. 3) La expropiación de bienes solo puede llevarse a cabo por razones de orden público y únicamente tras la debida notificación y una indemnización suficiente, y siempre y cuando se conceda al interesado el derecho a apelar ante un tribunal de justicia. 4) Siempre que la Constitución disponga que una persona tiene derecho a los servicios de un letrado o de un médico de su elección, ese derecho se ejercerá sin restricciones, salvo cuando el Estado esté obligado a prestar los servicios de un letrado o de un médico, en cuyo caso una ley parlamentaria podrá establecer que la elección del letrado o del médico se circunscriba a quienes estén al servicio del Gobierno o estén contratados por este.

32.Malawi señala que la ausencia del delito específico de desaparición forzada crea una situación en la que los presuntos autores de dicho delito podrían ser absueltos si no se cumplen los requisitos probatorios de los demás delitos de los que se les acusa. Por consiguiente, Malawi se compromete a trabajar en un marco jurídico integral que aborde el delito de desaparición forzada.

Artículo 2Definición de desaparición forzada

33.En el derecho interno de Malawi no existe una definición de desaparición forzada en el sentido que establece la Convención. No obstante, la Constitución contiene disposiciones relativas a situaciones que pueden asociarse a la desaparición forzada, por ejemplo, el artículo 18, que dispone que toda persona tiene derecho a la libertad personal, y el artículo 19, que establece el derecho a la dignidad de la siguiente manera:

a)La libertad de la persona es inviolable;

b)En todo procedimiento judicial o cualquier otra actuación ante algún órgano del Estado y durante la ejecución de una pena se garantizará el respeto de la dignidad humana;

c)Ninguna persona será sometida a tortura u a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

d)Ninguna persona será sometida a castigos corporales en relación con los procedimientos judiciales o con cualquier otro procedimiento que se inicie ante cualquier órgano estatal;

e)Ninguna persona será sometida a experimentos médicos, científicos o de otro tipo sin su consentimiento;

f)Con sujeción a lo dispuesto en la Constitución, todas las personas tendrán derecho a la libertad y a la seguridad personales, lo que incluye el derecho a lo siguiente:

i)No ser encarcelado sin juicio;

ii)No ser detenido únicamente en razón de opiniones políticas u opiniones de otra índole; o

iii)No ser encarcelado por incumplimiento de obligaciones contractuales.

34.Los casos de desaparición forzada se investigan y enjuician en el marco de otros delitos, como el secuestro de una persona bajo tutela legal, previsto en el artículo 258, el secuestro o rapto de una persona para mantenerla recluida, previsto en el artículo 262, y el ocultamiento o reclusión ilícitos de una persona secuestrada o raptada, previsto en el artículo 264 del Código Penal.

35.Cabe señalar que pese a la ausencia de una definición de desaparición forzada y una ley específica que reprima la desaparición forzada en el sentido de la Convención, se adoptan medidas apropiadas para investigar y perseguir a los responsables de los actos asimilados a esta, cometidos por personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para enjuiciar a los responsables.

36.Si bien no existe una ley específica sobre la desaparición forzada, la definición de víctima es más o menos la misma que la de la Convención.

Artículo 3Investigación de casos de desaparición forzada

37.La disposición con arreglo a la que los casos de desaparición forzada se investigan y se enjuician se aplica independientemente de que los autores sean particulares que obren en nombre propio o agentes del Estado que obren en nombre de este. Entre las leyes nacionales de Malawi que penalizan el arresto, la detención, el secuestro y cualquier otra forma de privación de libertad figuran el Código Penal (cap. 7:01 de las Leyes de Malawi), la Ley de Atención, Protección y Justicia de Menores (cap. 26:03 de las Leyes de Malawi) y la Ley de Trata de Personas (cap. 7:06 de las Leyes de Malawi).

Código Penal

38.Artículo 135. Toda persona que, con la intención de casarse o mantener relaciones sexuales con una mujer de cualquier edad, o de facilitar que dicha mujer se case o mantenga relaciones sexuales con otra persona, la traslade o retenga contra su voluntad, será culpable de un delito grave y podrá ser condenada a una pena de prisión de siete años.

39.Artículo 136. Toda persona que, de forma ilícita, aparte a una soltera menor de 16 años de la custodia o protección de su padre, madre u otro tutor o cuidador legal, en contra de la voluntad de dicho padre, madre o tutor o cuidador legal, será culpable de una falta.

40.Artículo 257. Toda persona que traslade a otra más allá de los límites de la República sin su consentimiento, o el de otra persona legalmente autorizada a prestar consentimiento en nombre de ella, cometerá el delito de secuestro con traslado al extranjero.

41.Artículo 258. Toda persona que retire de forma ilícita a un menor de 16 años de edad o a una persona que tenga un trastorno mental, de la custodia de su tutor legal sin el consentimiento de este, o que la induzca a que abandone dicha custodia, cometerá un delito de secuestro de ese menor o persona que tenga un trastorno mental con sustracción de la tutela legal.

42.Artículo 259. La persona que compela a otra, por la fuerza o por cualquier medio engañoso, a irse de cualquier lugar cometerá un delito de sustracción.

43.Artículo 260. La persona que secuestre a otra con traslado al extranjero o con sustracción de la tutela legal será culpable de un delito grave y podrá ser condenada a una pena de siete años de prisión.

44.Artículo 261. La persona que secuestre o sustraiga a otra para que sea asesinada, o para que se disponga de ella de forma que corra el riesgo de ser asesinada, será culpable de un delito grave y podrá ser castigada con prisión perpetua.

45.Artículo 262. La persona que secuestre o sustraiga a otra con la intención de que sea sometida a una reclusión secreta e ilícita será culpable de un delito grave y podrá ser condenada a una pena de siete años de prisión.

46.Artículo 263. Toda persona que secuestre o rapte a otra para someterla o disponer de ella de manera que corra el riesgo de ser sometida a un daño grave, a secuestro para obtener un rescate, a esclavitud o a la lujuria antinatural de una persona, o a sabiendas de que es probable que esa persona sea sometida o dispuesta de esa manera, será culpable de un delito grave y podrá ser condenada a una pena de prisión de diez años.

47.Artículo 264. Toda persona que oculte o recluya a otra de manera ilícita, a sabiendas de que ha sido secuestrada o sustraída, será culpable de un delito grave y será castigada de la misma manera que si hubiera secuestrado o sustraído a la víctima con la misma intención o con el mismo conocimiento o propósito con el que la oculta o confina.

48.Artículo 265. La persona que secuestre o sustraiga a un menor de 16 años con la intención de quitarle de manera deshonesta los bienes muebles que lleve consigo será culpable de un delito grave y podrá ser condenada a una pena de siete años de prisión.

49.Artículo 266. La persona que recluya de forma ilícita a una persona será culpable de un delito punible con una multa de 100.000 MK o con una pena de prisión de cinco años.

50.Artículo 267. Toda persona que importe exporte, transfiera, compre o venda a otra como esclava, o que disponga de ella en dicha calidad, o que acepte, reciba o recluya contra su voluntad a otra persona como esclava será culpable de un delito grave y podrá ser condenada a una pena de siete años de prisión.

51.Artículo 268. La persona que habitualmente importe, exporte, transfiera, compre o venda a personas esclavas o trafique o comercie con ellas será culpable de un delito grave y podrá ser condenada a una pena de diez años de prisión.

52.Artículo 269. La persona que obligue de forma ilícita a otra a trabajar contra su voluntad será culpable de un delito menor.

Ley de Atención, Protección y Justicia de Menores

53.Artículo 78

1)Toda persona que, de forma ilícita, sustraiga, retenga u oculte a un menor sin el consentimiento de sus padres o sin el consentimiento de cualquier otra persona que tenga la custodia legal del menor comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de diez años.

2)A los efectos de este artículo, la custodia legal puede ser conferida a una persona en virtud de: a) la aplicación de cualquier ley escrita; b) una decisión judicial o administrativa; o c) un acuerdo legal.

54.Artículo 79

1)Toda persona que participe en una transacción cuyo objeto o uno de cuyos objetos sea la trata de niños cometerá un delito y podrá ser condenada a cadena perpetua.

2)A los efectos de este artículo, por “trata de niños” se entiende la captación, la transacción, el traslado, el alojamiento o la recepción de un niño con fines de explotación.

Ley contra la Trata de Personas

55.Artículo 2. Por “trata de personas” se entiende la captación, el transporte, el traslado, el alojamiento, la recepción o la obtención de una persona, dentro o fuera del territorio de Malawi, mediante: a) amenazas o uso de la fuerza o coacción; b) secuestro; c) fraude o engaño; d) abuso o amenazas de abuso de poder; e) abuso o amenazas de abuso de la situación de vulnerabilidad; f) uso indebido o amenazas de uso indebido de la ley o de los procesos judiciales; o g) entrega o recepción de pagos para obtener el consentimiento de una persona que tenga el control de la víctima de la trata con fines de explotación de esa persona.

56.Artículo 14

1)Toda persona que trafique con otra persona comete un delito de trata de personas y podrá ser castigada, una vez condenada, a una pena de prisión de 14 años sin opción al pago de multa.

2)El consentimiento expresado por toda víctima de la trata es irrelevante en la medida en que se haya obtenido mediante cualquiera de los medios enumerados en el artículo 2.

57.El Código de Procedimiento Penal y Probatorio dispone la organización de la investigación preliminar, la instrucción y el enjuiciamiento de los presuntos autores. En lo que respecta a la investigación preliminar, la policía judicial, bajo la autoridad del Fiscal General, se encarga de investigar y constatar las infracciones de la legislación penal, de reunir las pruebas y de buscar a los infractores. Si se inician actuaciones penales, los funcionarios de la policía judicial se encargan de ejecutar los mandamientos del tribunal. Entre los funcionarios que dependen de la Fiscalía General figuran agentes del Servicio de Policía de Malawi y abogados de la Dirección de la Fiscalía General. No obstante, otros organismos, como la Comisión de Derechos Humanos de Malawi y la Comisión Independiente de Denuncias (policiales), también llevan a cabo investigaciones sobre casos relacionados con arrestos, detenciones, secuestros y cualquier otra forma de privación de libertad asimilable a casos de desaparición forzada.

58.Los presuntos infractores son juzgados por los tribunales competentes, según lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal y Probatorio, con las debidas garantías procesales previstas en el artículo 42 de la Constitución de la República de Malawi, entre las que figura el derecho:

a)A ser informado del motivo de su detención con prontitud y en un idioma que comprenda;

b)A ser recluido en condiciones compatibles con la dignidad humana, lo que incluirá, como mínimo, el suministro de material de lectura y escritura, una alimentación adecuada y tratamiento médico a cargo del Estado;

c)A consultar en forma confidencial con un abogado de su elección, a ser informado de ese derecho sin demora y, cuando el interés de la justicia así lo requiera, a contar con un abogado proporcionado por el Estado;

d)A que se le proporcionen los medios y la oportunidad de comunicarse con su cónyuge, pareja, pariente más cercano, familiar, consejero religioso y médico de su elección, y a recibir su visita;

e)A impugnar la legalidad de su detención personalmente o por medio de un abogado ante un tribunal de justicia; y

f)A ser puesto en libertad si dicha detención fuera ilegal.

Artículo 4Prohibición de la desaparición forzada

59.La desaparición forzada no está tipificada como delito, y, por tanto, no puede distinguirse cualitativamente de otros delitos que, si bien pueden estar asociados a ella, son de naturaleza distinta, como el secuestro, el secuestro de niños, la detención arbitraria, la privación arbitraria de libertad, la tortura y la privación de la vida u otros delitos análogos que están previstos en el Código Penal y en otras leyes. En el caso Joseph Kapinga y otro c. la República, recurso de apelación núm. 22 de 2015, el Tribunal Superior confirmó la condena y la pena privativa de libertad de los apelantes por el delito de sustracción de menores. En ese caso, los acusados fueron denunciados por la compra de un niño de 7 años con el fin de explotarlo. En el caso El Estado c. el oficial a cargo, Ex Parte: Banda y otros (Revisión judicial 28 de 2018) [2022] MWHC 139, el tribunal determinó que los ejercicios de barrido y las detenciones policiales indiscriminadas atentaban contra el derecho a la libertad que garantizaba la Constitución y, por lo tanto, eran inconstitucionales.

60.Los casos anteriores ponen claramente de manifiesto que, a pesar de que el delito de desaparición forzada no está tipificado en la legislación de Malawi, se ha procesado a personas por delitos similares a los que constituyen la desaparición forzada.

Artículo 5La desaparición forzada como crimen de lesa humanidad

61.De conformidad con la legislación nacional, la desaparición forzada o los actos relacionados con ella no están tipificados expresamente como crímenes de lesa humanidad. Según el derecho internacional, los crímenes de lesa humanidad se consideran tales cuando se cometen como parte de una práctica generalizada o sistemática contra la población civil. No obstante, el delito de desaparición forzada todavía no se ha tipificado como crimen de lesa humanidad en Malawi.

62.La desaparición forzada se considera crimen de lesa humanidad en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del que Malawi es parte. Malawi ratificó el Estatuto el 19 de septiembre de 2002. Este incluye la desaparición forzada entre los actos constitutivos de crimen de lesa humanidad que se cometen de modo generalizado y sistemático contra la población civil. Según el artículo 211 de la Constitución de la República de Malawi, todo acuerdo internacional al que se haya adherido Malawi después de la entrada en vigor de la Constitución forma parte de la legislación nacional si así lo dispone una ley parlamentaria. No obstante, el derecho internacional consuetudinario forma parte del derecho interno de la República a menos que sea incompatible con la Constitución. Malawi no cuenta con una legislación específica sobre crímenes de lesa humanidad.

63.Según el artículo 7 del Estatuto de Roma, por “desaparición forzada” se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, junto con la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.

64.Si bien no están expresamente tipificados en el derecho interno, constituyen crímenes de lesa humanidad la deportación, el genocidio, la esclavitud y la práctica generalizada y sistemática de ejecuciones sumarias, secuestros y posterior desaparición de personas, tortura y actos inhumanos llevados a cabo por motivos políticos, filosóficos, raciales o religiosos como parte de una campaña organizada contra un sector de la población civil. Los tribunales nacionales todavía no han procesado a nadie por desaparición forzada como crimen de lesa humanidad.

65.Malawi considera la posibilidad de adoptar medidas encaminadas a tipificar expresamente como delito en la legislación nacional los actos que constituyan desaparición forzada como crímenes de lesa humanidad. Si bien en Malawi no se ha procesado a nadie por genocidio, el país extraditó a Rwanda a Vincent Murekezi, sospechoso de haber participado en el genocidio perpetrado en Rwanda en 1994.

Artículo 6Responsabilidad penal

66.En el derecho positivo de Malawi, la responsabilidad penal de los autores y cómplices de un delito se rige por el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal y Probatorio. De conformidad con el artículo 21 del Código Penal, incurre en responsabilidad penal toda persona que cometa un delito, o toda persona que incite, ayude o induzca a otra persona a cometer un delito o le aconseje que lo haga con arreglo a lo siguiente:

“1)Cuando se comete un delito, se considerará que cada una de las siguientes personas ha participado en el acto delictivo, es culpable de haberlo cometido y puede ser acusada por la comisión de dicho acto:

a)Toda persona que ejecute el acto de hecho o incurra en la omisión que constituye el delito;

b)Toda persona que ejecute cualquier acto o incurra en su omisión, con el fin de permitir o ayudar a otra persona a cometer el delito;

c)Toda persona que ayude o incite a otra a que cometa el delito; y

d)Toda persona que induzca a otra persona a cometer el delito o le aconseje su comisión.

2)En los casos planteados en el sentido indicado en la subsección 1 d), el acusado podría ser procesado por haber cometido el delito él mismo o por aconsejar o facilitar su comisión.

3)Una condena por aconsejar o facilitar la comisión de un delito conlleva las mismas consecuencias en todos los aspectos que la condena por la comisión del delito.

4)Toda persona que haya inducido a otra persona ejecutar u omitir un acto de esa índole que, si ella misma hubiera ejecutado u omitido, habría sido culpable de un delito, es culpable de un delito del mismo tipo y está sujeta a la misma pena que si hubiera realizado ella misma el acto o incurrido en omisión, y podrá ser acusada por ejecutar el acto o incurrir en omisión.”

67.Según el artículo 9 del Código Penal, nadie es responsable penalmente más que de sus propios actos. De conformidad con el artículo 244 del mismo Código, no incurrirá en responsabilidad penal la persona que realice un acto prescrito o autorizado por disposiciones legislativas o reglamentarias.

68.No obstante, el artículo 169, párrafo 2, de las Órdenes Permanentes del Servicio de Policía de Malawi (1995), promulgadas en virtud del artículo 8 de la Ley de Policía (cap. 13:01 de las Leyes de Malawi), establece que todo oficial superior que ordene a un oficial subalterno llevar a cabo un acto ilegal incurrirá en responsabilidad a título personal. Del mismo modo, el artículo 264 del Código Penal establece que toda persona que oculte el secuestro o rapto de una persona incurre en responsabilidad. Dicha responsabilidad será la misma que si la persona hubiera cometido el secuestro o rapto.

Artículo 7Penas apropiadas

69.Malawi reafirma en su Constitución la adhesión al principio del estado de derecho. El Código Penal no se refiere de modo específico a las desapariciones forzadas ni al caso de que la víctima sea una mujer embarazada. En cambio, los artículos 135 y 258 del Código Penal se refieren específicamente al secuestro de mujeres y de niños.

70.Las penas por las desapariciones forzadas indirectas relacionadas dependen de la gravedad de los actos cometidos. Por ejemplo, el artículo 135 del Código Penal prevé penas de siete años de prisión por secuestrar a una mujer con la intención de mantener relaciones sexuales con ella. El artículo 258 tipifica el secuestro bajo tutela legal, y el artículo 263 del Código Penal impone penas de prisión de diez años, mientras que el secuestro con el fin de cometer un asesinato es punible con cadena perpetua.

71.Se prevén circunstancias atenuantes y factores eximentes de pena si la víctima es liberada con mayor o menor prontitud o si los propios autores se entregan a la autoridad.

72.La ley prevé circunstancias agravantes en caso de tortura, muerte, enfermedad o grave mutilación de la víctima. Como ejemplos de circunstancias agravantes, cabe mencionar los casos en que se procede al arresto o el secuestro vistiendo un uniforme o insignia oficiales o aparentemente reglamentarios, bajo una identidad falsa o esgrimiendo una orden falsa de la autoridad pública, o en que la persona arrestada, detenida o secuestrada es sometida a torturas corporales o a trato o condiciones inhumanas. En el caso de que las torturas hayan provocado la muerte, lesiones graves o algún tipo de discapacidad permanente, sus autores podrán ser condenados a cadena perpetua.

73.Cabe señalar que en Malawi la pena de muerte obligatoria fue abolida y declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en el caso Francis Kafantayeni y otros c. el Fiscal General, causa constitucional núm. 12 de 2005.

Artículo 8Prescripción del delito de desaparición forzada

74.La legislación de Malawi no prevé un plazo de prescripción para el delito de desaparición forzada dado que este delito aún no está tipificado en el Código Penal.

75.Como ya se ha indicado, el derecho penal nacional no tipifica expresamente los delitos relacionados con las desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. No obstante, todos los delitos tipificados en el Código Penal en relación con la desaparición forzada no están sujetos a ningún plazo de prescripción. En virtud del artículo 41 de la Constitución, toda persona tiene garantizado el derecho a un recurso efectivo ante un tribunal de justicia por actos que vulneren los derechos y libertades reconocidos por la Constitución o cualquier otra ley.

76.Asimismo, Malawi ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que prevé la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, y la Asamblea Nacional autorizó el 26 de abril de 2018, la ratificación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Ello reforzó sustancialmente la protección jurídica contra el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra que sean asimilables a la desaparición forzada o tengan elementos de esta, ya que considerar la comisión de tales delitos en el territorio de Malawi supondría arriesgarse a ser procesado por la Corte.

Artículo 9Jurisdicción sobre los delitos de desaparición forzada

77.El Tribunal Superior tiene jurisdicción original para conocer y juzgar todos los asuntos penales y civiles según lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución, por lo que tiene jurisdicción para conocer y juzgar los delitos relacionados con la desaparición forzada. La Constitución garantiza el derecho a un juicio imparcial a toda persona en virtud del artículo 42.

78.En virtud de la Constitución y la Ley de Tribunales de 2017 (cap. 3:02 de las Leyes de Malawi) se han establecido tribunales competentes para juzgar cualquier delito, incluidos los asimilables a la desaparición forzada, cometido en su territorio o a bordo de aeronaves o buques matriculados en Malawi, o cuyo presunto autor o víctima sea un nacional del país, de conformidad con el Código Penal.

79.Así pues, todo nacional de Malawi que cometa fuera del territorio nacional un acto tipificado como delito grave, punible con arreglo a la ley de Malawi podrá ser procesado y juzgado por sus tribunales.

80.El Código de Procedimiento Penal y Probatorio también dispone en su artículo 66 que todo tribunal está facultado para hacer comparecer ante él a cualquier persona que se encuentre en Malawi y haya sido acusada de un delito cometido en Malawi o en parte dentro y en parte fuera de su territorio o que, según la ley, pueda ser juzgada por dicho tribunal, así como para procesar al acusado de acuerdo con su jurisdicción.

81.Malawi es parte en varios convenios y acuerdos que prevén la asistencia judicial recíproca y la extradición. Malawi ha promulgado una ley específica sobre extradición: la Ley de Extradición (cap. 8:03 de las Leyes de Malawi). También ha promulgado la Ley de Asistencia Judicial Recíproca en Asuntos Penales (cap. 8:04 de las Leyes de Malawi), que establece normas y procedimientos generales en materia de extradición.

82.Los ejemplos más notables de los casos en los que se solicitó asistencia judicial recíproca a Malawi son el de Vincent Murekezi, sospechoso de genocidio en Ruanda, y el de Ewaba Howa, sospechoso de asesinato en Tanzanía. Los gobiernos de Rwanda y la República Unida de Tanzanía, respectivamente, solicitaron asistencia judicial recíproca y se procedió a la extradición.

83.Además, Malawi extraditó a Tanzanía a Lwiba Haonga, que estaba en busca y captura acusado de homicidio en Tanzanía en 2020. En 2021, en el marco del mecanismo de asistencia judicial recíproca, la República Unida de Tanzanía extraditó a Malawi a Fulaha Adam Kajiba y Kingstone Adam Kajiba, buscados por un delito de asesinato cometido en Malawi.

Artículo 10Detención preventiva y acceso a los servicios consulares

84.La prisión preventiva está estrictamente regulada en el Código de Procedimiento Penal y Probatorio con respecto a todos los delitos en función del tipo de delito y del tribunal que tenga jurisdicción para juzgar a la persona detenida. Por ejemplo, en virtud del artículo 161D del Código Penal, en el caso de delitos enjuiciables por un tribunal inferior, la persona acusada puede ser recluida legalmente, a la espera de que comience su juicio, por un período máximo de 30 días. Los delitos de secuestro o rapto con fines de reclusión, secuestro bajo tutela legal, ocultamiento o reclusión ilícitos de una persona secuestrada o raptada son enjuiciables por un tribunal de primera instancia. Por consiguiente, el período máximo de detención preventiva por un delito de desaparición forzada sería de 30 días.

85.En la práctica, los extranjeros sospechosos de haber cometido un delito tienen acceso a la vía diplomática por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Malawi. Posteriormente, el Ministerio se pone en contacto con la Embajada o el Consulado del país de la persona investigada para notificarle la situación de su nacional y los hechos del supuesto caso. En el caso de las personas apátridas, Malawi se pone en contacto con los representantes del Estado en el que tengan su residencia habitual.

Artículo 11Obligación de enjuiciar o extraditar

86.En virtud de los artículos 41 y 42 de la Constitución de Malawi y del Código de Procedimiento Penal y Probatorio, las autoridades competentes para investigar o enjuiciar denuncias de desapariciones forzadas en Malawi son las siguientes:

a)El Fiscal General;

b)Los fiscales nombrados de conformidad con el Código de Procedimiento Penal y Probatorio;

c)Los oficiales de investigación criminal nombrados de conformidad con la ley;

d)La Comisión Independiente de Denuncias;

e)La Comisión de Derechos Humanos de Malawi.

87.Todos los organismos públicos mencionados anteriormente siguen procedimientos normalizados cuando investigan y emprenden acciones judiciales para esclarecer hechos relacionados con delitos equiparables a la desaparición forzada. En la actualidad, los testigos están protegidos por las órdenes judiciales dictadas en los procesos penales. No obstante, la Comisión Jurídica de Malawi ha comenzado a elaborar una ley integral sobre la protección de testigos y denunciantes de irregularidades.

88.En virtud de la aplicación territorial del Código Penal, los tribunales de Malawi tendrán competencia para juzgar a los acusados cuando el presunto delito se haya cometido íntegramente fuera de la jurisdicción del tribunal. En tales casos, la persona debe ser extraditada al Estado donde pueda ser juzgada por el delito cometido.

Artículo 12Denuncia e investigación

89.Malawi no cuenta con un procedimiento específico relativo a la denuncia de casos de desapariciones forzadas, ya que se aplica la legislación nacional. El artículo 42 de la Constitución protege a toda persona durante su arresto o detención y garantiza el derecho a un juicio justo. Toda persona detenida, incluidos reclusos condenados, tendrá derecho a ser informada sin demora del motivo de su detención en un idioma que comprenda; a ser recluido en condiciones compatibles con la dignidad humana, lo que incluirá, como mínimo, el suministro de material de lectura y escritura, una alimentación adecuada y tratamiento médico a cargo del Estado; a consultar con carácter confidencial a un abogado de su elección; a ser informado de su elección; a ser informado sin demora y, cuando el interés de la justicia lo exija, a que el Estado le proporcione los servicios de un abogado.

90.Con arreglo a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal y Probatorio, todas las garantías establecidas suponen la intervención de las autoridades competentes para esclarecer los hechos en un caso de desaparición forzada.

91.Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 83 del Código de Procedimiento Penal y Probatorio, los magistrados son los encargados de recibir y resolver las demandas y denuncias y determinar el curso que se les ha de dar. Los magistrados también están facultados para proceder por sí mismos a una detención e informar a la policía de la comisión de un delito. En caso de sobreseimiento, deberán notificárselo al demandante. Los fiscales también pueden iniciar el procedimiento presentando un escrito de acusación ante el tribunal.

92.El artículo 83, párrafo 2, del Código de Procedimiento Penal y Probatorio establece que puede presentar una denuncia cualquier persona que considere que se ha cometido un delito. En el supuesto de que las autoridades competentes se nieguen a investigar los casos denunciados, el artículo 41 de la Constitución garantiza el derecho de toda persona a acudir a los tribunales para interponer un recurso legal efectivo. La denuncia también puede presentarse ante la Comisión de Derechos Humanos de Malawi o la Comisión Independiente de Denuncias (policiales).

93.El artículo 15, párrafo 2, de la Constitución dispone que toda persona o grupo de personas que tengan un interés suficiente en la protección y la defensa de los derechos reconocidos en ese capítulo podrán recurrir a los tribunales, el Defensor del Pueblo, la Comisión de Derechos Humanos de Malawi y otros órganos del Gobierno a fin de garantizar la promoción, la protección y la reparación en caso de agravio con relación a esos derechos.

94.La Comisión de Derechos Humanos de Malawi, creada en virtud del artículo 129 de la Constitución, es un órgano independiente al que se confía el deber de proteger e investigar las violaciones de los derechos reconocidos por la Constitución o por cualquier otra ley, ya sea a instancias de una persona, de un grupo de personas o de oficio. La Comisión también elabora informes independientes para el Ejecutivo, el Parlamento y los órganos de tratados internacionales.

95.La Oficina del Defensor del Pueblo, creada en virtud del artículo 120 de la Constitución, también es independiente y se encarga de investigar las denuncias de particulares que afirman haber sufrido injusticias. El Defensor del Pueblo puede recomendar que el Fiscal General inicie acciones judiciales si considera que el caso es de índole penal.

96.Además, Malawi ha creado una Comisión Independiente de Denuncias en virtud de la Ley de Policía, cuyo mandato, entre otros, es investigar las denuncias presentadas por la ciudadanía contra agentes de policía.

97.Por tanto, Malawi cuenta con mecanismos eficaces para investigar los casos de desaparición forzada cuando se producen.

Artículo 13Extradición

98.Malawi ha promulgado la Ley de Extradición, que establece las condiciones de extradición y el modo de solicitarla. También ha concluido tratados con numerosos Estados en el marco de la asistencia judicial recíproca y la cooperación en materia judicial. Algunos de los obstáculos relacionados con la aplicación de la Ley incluyen el principio de doble incriminación y la ausencia de tratado de extradición con el país requirente o de acogida.

99.Si bien no se trataba de un delito de desaparición forzada, Malawi extraditó a Vincent Murekezi, y a Ewaba Howa y Lwiba Haonga, de nacionalidad ruandesa y tanzana, respectivamente, por delitos de genocidio, en el caso ruandés, y de asesinato, en los casos de Tanzanía. Esa decisión se adoptó a petición de los respectivos países de los sospechosos y se observaron y respetaron las debidas garantías procesales de conformidad con la Ley de Extradición.

100.Malawi también solicitó a la República Unida de Tanzanía la extradición de Flaha Adam Kajiba y Kingstone Adam Kajiba, sospechosos de asesinato.

Artículo 14Asistencia judicial recíproca

101.Malaui ha promulgado la Ley de Asistencia Judicial Recíproca en Asuntos Penales, que establece el procedimiento general en cuestiones de Asistencia Judicial Recíproca.

102.Hasta la fecha, Malawi no ha recibido ninguna solicitud de asistencia judicial recíproca con respecto a hechos relacionados con desapariciones forzadas. No obstante, cuando Malawi reciba una solicitud de ese tipo, proporcionará la asistencia judicial al Estado solicitante, dado que ya se ha promulgado la ley pertinente en la materia.

Artículo 15Cooperación internacional

103.Hasta la fecha, las autoridades de Malawi no han recibido de otro Estado ni dirigido a otro Estado ninguna solicitud de asistencia a víctimas de desaparición forzada, como tampoco de búsqueda o liberación de estas. Por lo tanto, no se pueden dar ejemplos concretos al respecto.

Artículo 16No devolución

104.Malawi ha hecho un importante avance al garantizar el cumplimiento de este artículo mediante la promulgación de la Ley de Extradición.

105.De conformidad con el artículo 6 de la Ley de Extradición, no se puede conceder la extradición o proceder a la entrega del imputado si este corre el riesgo de ser sometido a torturas u otros tratos inhumanos, crueles y degradantes.

106.El artículo 6 de la Ley establece además que Malawi no podrá conceder la extradición de un delincuente prófugo si se demuestra que:

a)El delito del que se acusa o condena al delincuente prófugo es de carácter político;

b)La solicitud de entrega, aunque pretendidamente se haga por la comisión de un delito extraditable, se formula de hecho a los efectos de perseguir o castigar a esa persona por motivos de raza, religión, nacionalidad u opinión política;

c)La persona, en caso de ser entregada, podría no recibir un juicio imparcial, o ser castigada, detenida o ver su libertad personal limitada por motivos de raza, religión, nacionalidad u opinión política;

d)En caso de ser acusada de ese delito en Malawi, la persona estaría facultada para ser exculpada en virtud de cualquier norma jurídica relativa a la absolución o condena previas.

107.Todos los agentes que intervienen en la adopción de las decisiones de expulsión, devolución o extradición han recibido formación sobre el procedimiento penal, el mantenimiento del orden y la observancia de los tratados internacionales relativos a la promoción y protección de los derechos humanos.

Artículo 17Prohibición de la reclusión secreta

108.El artículo 16 de la Constitución garantiza el derecho a la vida, mientras que el artículo 18 garantiza a toda persona el derecho a la libertad personal. El artículo 19 de la Constitución prohíbe la violación de la dignidad de las personas. Las disposiciones constitucionales garantizan el carácter sagrado y la protección de la vida y la dignidad de la persona. Nadie podrá ser privado de su libertad por haber cometido un acto que no esté tipificado y penalizado por la ley con anterioridad a su comisión. La Constitución también protege a toda persona de ser detenida por sus opiniones políticas.

109.Se puede ordenar la privación de libertad en forma de detención policial o de prisión preventiva. La Constitución y el Código de Procedimiento Penal y Probatorio prevén las normas que rigen la detención policial. El artículo 42 de la Constitución establece que ninguna persona permanecerá detenida más de 48 horas antes de comparecer ante un tribunal para ser imputada. Además, dispone que toda persona tiene derecho a ser puesta en libertad en caso de detención ilegal.

110.Por consiguiente, la detención secreta está prohibida, dado que únicamente pueden efectuarse detenciones en los lugares determinados por la ley, a saber: las penitenciarías, las comisarías de policía, los tribunales y en general todos los recintos destinados a las investigaciones de la policía judicial. En todos esos lugares de detención diferentes es preciso mantener registros donde quede constancia de la identidad de las personas detenidas, los motivos o documentos oficiales justificativos de la detención, la fecha y hora de comienzo de la detención y otras informaciones.

111.En virtud del artículo 42 de la Constitución, toda persona detenida tiene, entre otros derechos, el derecho:

a)A ser informada del motivo de su detención con prontitud y en un idioma que comprenda;

b)A ser recluida en condiciones compatibles con la dignidad humana, lo que incluirá, como mínimo, el suministro de material de lectura y escritura, una alimentación adecuada y tratamiento médico a cargo del Estado;

c)A consultar de forma confidencial con un abogado de su elección, a ser informada de ese derecho sin demora y, cuando el interés de la justicia así lo requiera, a contar con un abogado proporcionado por el Estado;

d)A impugnar la legalidad de su detención personalmente o por medio de un abogado ante un tribunal de justicia;

e)A que se le proporcionen los medios y la posibilidad de comunicarse con su cónyuge, pareja, pariente más cercano, familiar, consejero religioso y médico de su elección, y a recibir su visita; y

f)A ser puesta en libertad si dicha detención fuera ilegal.

112.En virtud de los artículos 161D a 161H del Código de Procedimiento Penal y Probatorio, solo podrá mantenerse a una persona en detención preventiva (por orden judicial), una vez transcurridas las 48 horas garantizadas por la Constitución, por un período mínimo de 30 días y un máximo de 120 días. Esas disposiciones salvaguardan cualquier forma de desaparición forzada contra cualquier persona.

Artículo 18Acceso a información sobre una persona privada de libertad

113.El artículo 37 de la Constitución garantiza a toda persona el derecho de acceso a toda la información que obre en poder del Estado o de cualquiera de sus órganos en cualquier nivel de gobierno. Malawi promulgó la Ley de Acceso a la Información, que establece el derecho de acceso a información de toda persona que esté bajo la custodia de un organismo público, así como los procedimientos para obtener esa información.

114.También ha quedado demostrado que la Constitución garantiza a las personas detenidas el derecho, entre otros, a asistencia letrada (incluso a expensas del Estado), a recibir comunicaciones o visitas de sus familiares y a recibir atención médica.

115.Asimismo, toda persona en prisión preventiva puede recibir visitas bajo ciertas condiciones, y en ningún caso puede el juez denegarle el derecho a la visita de su abogado. Las personas con recursos insuficientes tienen derecho a representación letrada a expensas del Estado a través de la Oficina de Asistencia Jurídica.

116.La ley garantiza en todas las circunstancias el derecho a ser informados de los familiares y allegados de la persona privada de libertad, si bien esta tiene derecho a negarse a todo contacto o a toda comunicación de información sobre las razones de su detención.

Artículo 19Protección de datos personales

117.El artículo 21 de la Constitución garantiza el derecho a la vida privada, al disponer que toda persona tiene derecho a la intimidad personal, lo que incluye el derecho a no ser objeto de:

a)Registro alguno de su persona, domicilio o bienes;

b)Confiscación de sus bienes privados; o

c)Injerencias en sus comunicaciones privadas, incluida la correspondencia y todas las formas de telecomunicaciones.

Artículo 20Restricción al derecho a la información

118.Según el artículo 37 de la Constitución, toda persona tiene derecho a acceder a la información que obre en poder del Estado o de cualquiera de sus órganos a cualquier nivel de gobierno, en la medida en que esa información sea necesaria para el ejercicio de sus derechos.

119.El acceso a información puede restringirse por motivos de confidencialidad relacionados con una investigación judicial, la protección de una persona, la salud de una persona, la seguridad del país e información considerada jurídicamente confidencial en virtud de la legislación interna. El carácter y la duración de esa restricción dependerán de las características del caso en cuestión.

Artículo 21Puesta en libertad

120.Malawi cuenta con un marco jurídico y una práctica rigurosos que garantizan la verificación fiable de la puesta en libertad de las personas privadas de libertad. De conformidad con la Ley de Prisiones y en la práctica, al ser puesto en libertad, cada detenido es objeto de un procedimiento de excarcelación y recibe un certificado de salida de la administración penitenciaria, quien notifica la puesta en libertad a la autoridad judicial. En el registro de encarcelamiento establecido al ingresar el detenido se consigna también la fecha de su salida, así como, en su caso, la decisión o el texto legislativo que motiva su puesta en libertad.

121.En el caso de las personas recluidas por particulares (toma de rehenes, secuestro, rapto.), su liberación da lugar al levantamiento de un acta por las autoridades policiales que han procedido a su puesta en libertad.

Artículo 22Sanciones por incumplimiento de la obligación de llevar un registro y negativa a proporcionar información

122.De conformidad con el artículo 42 de la Constitución, toda persona privada de libertad puede solicitar su puesta en libertad con o sin fianza o mediante recurso de habeas corpus.

123.Ese artículo ha sido aplicado por los tribunales, por ejemplo, en el caso Chitsa & Chitsa c. Tribunal Superior Rep, Registro Principal, Aplicación Penal Miscelánea 160 de 2009 (no notificado) , en el que se mantuvo que si una persona está privada de libertad de forma ilegal (es decir, no ha sido acusada ni llevada ante un tribunal de justicia o no ha sido puesta en prisión preventiva legalmente) puede solicitar el habeas corpus.

124.Los tribunales también han concedido indemnizaciones compensatorias por privación de libertad, por ejemplo, en el caso de Ken Williams Mhango c. el Fiscal General, causa civil núm. 80 de 1998 (no publicada), en la que el tribunal concedió una indemnización al demandante por detención ilegal.

Artículo 23Formación

125.En lo que respecta a la protección y promoción de los derechos humanos en los centros penitenciarios, se han organizado varios cursos de formación destinados a capacitar a las autoridades en materia de derechos humanos y libertades.

126.La formación impartida al personal de la policía no se refiere expresamente a disposiciones relativas a la desaparición forzada. No obstante, en la práctica los cursos impartidos en las academias de policía incluyen aspectos relacionados con la prohibición de la detención ilegal. En los cursos de procedimiento penal, en la formación relativa al procedimiento correspondiente a las investigaciones preliminares se insiste en la necesidad de respetar la dignidad del ser humano y en la obligación de no proceder a ninguna forma de privación de libertad ilegal que pueda sustraer a la persona del amparo de la ley.

127.Del mismo modo, la formación de los funcionarios de prisiones incluye un componente sobre derechos humanos.

Artículo 24Derechos de las víctimas de desapariciones forzadas

128.Se entiende por “víctima” toda persona que haya sufrido personalmente un perjuicio directo como consecuencia del delito.

129.Malawi reconoce que las víctimas de desapariciones forzadas tienen derecho a ser informadas sobre la evolución y resultados de la investigación y del propio caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Convención. En ese sentido, se han adoptado medidas encaminadas a garantizar ese derecho, entre ellas, la promulgación de la Ley de Acceso a la Información que complementa el derecho de acceso a la información previsto en el artículo 37 de la Constitución. La ley otorga a cualquier parte el derecho a solicitar determinada información a un funcionario titular de un cargo.

130.El Servicio de Policía de Malawi ha creado servicios de apoyo a las víctimas en 364 unidades policiales, entre las que figuran comisarías, subcomisarías, puestos y unidades de todo el país. En cada unidad, al menos dos agentes han recibido capacitación para tratar casos de violencia y desapariciones teniendo en cuenta los derechos humanos y la sensibilidad de los niños y centrándose en las víctimas.

Artículo 25Protección de la infancia

131.No hay constancia de casos relacionados con niños que hayan sido objeto de desaparición forzada en la forma en que se expone en este artículo. Por tanto, la legislación de Malawi aún no aborda esa cuestión.

132.No obstante, en virtud del artículo 23 de la Constitución, el Estado tiene el mandato y la responsabilidad de proteger a los niños frente a toda explotación económica o cualquier trato, trabajo o castigo que:

a)Sea o pueda ser peligroso;

b)Interfiera o pueda interferir en su educación; o

c)Dañe o pueda dañar su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual o social.

133.La Ley de Atención, Protección y Justicia de Menores prevé medidas de protección de la infancia acordes con la Convención sobre los Derechos del Niño en materia de competencias y responsabilidades de la justicia de menores.

134.La adopción de menores ha sido un aspecto fundamental en la legislación de Malawi tras la adopción de David y Mercy por la estrella estadounidense Madonna en los casos In Re: Ley de Adopción de Menores (cap. 26:01); In Re: David Banda [2008] MWHC 243 e In Re: Ley de Adopción de Menores, cap. 26:01; In Re: CJ A Female infant [2009] MWSC 1 . Malawi trabaja en un nuevo proyecto de ley sobre la adopción de niños.

135.A fin de garantizar el interés superior del menor, el país ha creado varios reformatorios que acogen a los niños que han infringido la ley. Su finalidad es reformar a los menores para que puedan reinsertarse en la sociedad.

Conclusión

136.Malawi mantiene su firme determinación de cumplir las obligaciones asumidas en virtud de la Convención. El Gobierno sigue realizando esfuerzos considerables para seguir cumpliendo sus compromisos en el marco de la Convención, así como para facilitar la aplicación de las medidas recomendadas.

Anexo I

Lista de los miembros del Equipo Nacional de Tareas

1.Ministerio de Justicia

2.Oficina del Presidente y el Consejo de Ministros

3.Ministerio de Defensa

4.Ministerio de Relaciones Exteriores

5.Ministerio de Género, Desarrollo Comunitario y Bienestar Social

6.Ministerio de Salud

7.Ministerio del Interior

8.Poder judicial

9.Servicio de Policía de Malawi

10.Servicio Penitenciario de Malawi

11.Oficina del Defensor del Pueblo

12.Oficina de Asistencia Jurídica

13.Comisión Jurídica de Malawi

14.Comisión de Derechos Humanos de Malawi

15.Oficina Nacional de Estadística.

16.Chancellor College, Facultad de Derecho

17.Universidad Católica

18.Iniciativa Nacional para la Educación Cívica

19.Instituto de Servicios de Asesoramiento Parajurídico

20.MISA (Malawi)

21.Catholic Commission for Justice and Peace (CCJP)

22.Evangelical Association of Malawi (EAM)

23.Comité de Asuntos Públicos

24.Muslim Association of Malawi

25.Centro de Derechos Humanos y Rehabilitación

26.Coalición de Defensores de los Derechos Humanos

27.Centre for the Development of People (CEDEP)

28.Comité Consultivo de Derechos Humanos

29.Livingstonia Synod Church and Society

30.Youth and Society

31.Youth-Net and Counselling (YONECO)

32.National Forum for Human Rights

33.ONG Gender Coordinating Network (NGO GCN)

34.Plan International (Malawi)

35.Centre for Human Rights Education Advice and Assistance