Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
23 er período de sesiones
17 de agosto a 11 de septiembre de 2020
Actividades en el marco del Protocolo Facultativo de la Convención
Investigación relativa al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en virtud del artículo 6 del Protocolo Facultativo de la Convención
Informe de seguimiento presentado por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte *
[Fecha de recepción: 5 de septiembre de 2018]
I.Introducción
1.El presente texto contiene las recomendaciones formuladas por el Comité en su informe de 2016 (CRPD/C/15/4) sobre la investigación realizada en virtud del artículo 6 del Protocolo Facultativo de la Convención.
II.Información de seguimiento sobre las recomendaciones formuladas por el Comité en el párrafo 114 de su informe de investigación (CRPD/C/15/4)
2.En la presente sección se proporciona información adicional posterior a la respuesta del Reino Unido de 3 de noviembre de 2016 (CRPD/C/17/R.3) en relación con las recomendaciones que formuló el Comité en su investigación realizada en virtud del artículo 6 del Protocolo Facultativo de la Convención. En los casos en que ya se haya presentado información pertinente en este mismo documento se hará referencia a ella.
Recomendación 114a
3.En la anterior respuesta a la recomendación 59b se describe el enfoque del Gobierno del Reino Unido con respecto al análisis acumulativo de los efectos en los hogares de nuestras políticas fiscales, de bienestar y de gasto público.
Recomendación 114b
4.El Gobierno del Reino Unido considera que las obligaciones legales impuestas al sector público en el marco de la Obligación de Igualdad en el Sector Público establecida en la Ley de Igualdad de 2010 ofrecen un mecanismo para señalar efectos indeseados o desproporcionados de las políticas en aquellos colectivos con características protegidas, como las personas con discapacidad o ciertos grupos de personas con discapacidad.
5.La Obligación de Igualdad en el Sector Público impone un deber de igualdad proactivo que implica que las instituciones públicas, y quienes ejercen funciones públicas, deben considerar los efectos potenciales de decisiones vitales en los grupos con características protegidas. Los órganos públicos deben poder demostrar la forma en que han tenido en cuenta los aspectos de igualdad al formular, aplicar y revisar las políticas, los servicios y los procesos. Este criterio garantiza también que las organizaciones que prestan servicios o desempeñan funciones en nombre de instituciones del sector público tengan las mismas obligaciones de considerar las cuestiones de igualdad al adoptar decisiones fundamentales sobre servicios públicos.
6.Se alienta a las instituciones del sector público a reunir datos sobre los usuarios de los servicios a fin de llevar a cabo un análisis de la igualdad que influirá en las decisiones en materia de políticas y de prestación de servicios; ello incluye la consulta con grupos de personas con discapacidad siempre que sea pertinente. Cuando el análisis de la igualdad indique unos efectos desproporcionados en las personas con discapacidad, las organizaciones deben estudiar opciones para eliminar o reducir la probabilidad de que se produzcan consecuencias negativas. Ello puede incluir adaptaciones del enfoque general y medidas para mitigar los posibles efectos desproporcionados o bien mecanismos de transición.
7.El Reino Unido está convencido de que la Obligación de Igualdad en el Sector Público coincide con un enfoque basado en los derechos. Impone a todas las instituciones públicas la obligación legal de considerar los efectos de las políticas en las personas con discapacidad. Esto significa también tener en cuenta cómo las políticas afectan la forma en que las personas pueden vivir sus vidas. Además, la Ley de Derechos Humanos de 1998, que abarca el conjunto del Reino Unido, contribuye a la efectividad del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según se estipula en la propia Ley (los derechos reconocidos en el Convenio). La Ley exige que toda la legislación se interprete y se aplique en la medida de lo posible en una forma compatible con los derechos reconocidos en el Convenio, que el ministro que presente un proyecto de ley al Parlamento haga una declaración sobre la compatibilidad del proyecto con los derechos reconocidos en el Convenio y que sea ilícito para cualquier autoridad pública actuar de forma incompatible con los derechos reconocidos en el Convenio.
8.La Ley de Seguridad Social de Escocia de 2018 crea un nuevo servicio público para Escocia y refuerza la transición segura de 11 prestaciones de bienestar social, incluidas las relativas a la discapacidad. Se trata de la mayor transferencia de competencias desde que se creó el Parlamento de Escocia en 1999. Diversos interesados, incluidas muchas organizaciones de personas con discapacidad, efectuaron contribuciones a la Ley, que crea un sistema propio basado en los derechos y centrado en la dignidad, la equidad y el respeto. El Gobierno de Escocia está decidido a mejorar la forma en que se otorgan las prestaciones a las personas con discapacidad eliminando barreras innecesarias para solicitar el apoyo y reduciendo el número de evaluaciones presenciales. La Ley incluye el derecho a una defensa independiente de las personas con discapacidad que requieran apoyo adicional para interactuar con el sistema, incluido el derecho a disponer de una persona de apoyo en todas las etapas del proceso, y el derecho a impugnar las decisiones sin que se interrumpa el apoyo financiero.
9.En la respuesta a la recomendación 59b se describe el enfoque aplicado por el Gobierno del Reino Unido al análisis acumulativo de los efectos en los hogares de nuestras políticas fiscales, de bienestar y de gasto público.
Recomendación 114c
10.El Reino Unido se ha comprometido a ayudar a las personas con discapacidad a obtener una mayor autonomía, más opciones y un mayor grado de control. En la sección 1 citamos como ejemplo de ello la Ley de Asistencia de 2014, que considera que el concepto de vida independiente es un elemento fundamental del principio de bienestar. Otro ejemplo es el programa Acceso al Trabajo, que apoya a las personas que necesitan ayuda adicional para acceder al trabajo.
11.En el programa de Prestación de Apoyo al Empleo se ofrece apoyo a las personas que tienen un problema de salud o una discapacidad y se topan con obstáculos para acceder al trabajo, y se examina qué tipo de trabajo puede realizar una persona en vez de concentrarse en aquello que no puede hacer. La Prestación de Apoyo al Empleo integra en una misma estructura un elemento de base contributiva y un elemento relacionado con los ingresos. El derecho a recibir la prestación se basa en una evaluación de la funcionalidad de cada persona y la prestación pagadera se fija en consecuencia.
12.Cuando se determina que una persona tiene una capacidad limitada para el trabajo y para una actividad relacionada con el trabajo, se la incluye en el grupo de apoyo. Los solicitantes que reúnan las condiciones para obtener una Prestación de Apoyo al Empleo relacionada con los ingresos tendrán derecho automáticamente a recibir la prima aumentada por discapacidad y, si reciben una prestación que les dé derecho a ello, como la tasa media o máxima de la Prestación para la Vida de las Personas Discapacitadas, el componente para la vida cotidiana del Pago para la Independencia Personal, o el Pago Independiente para las Fuerzas Armadas, y si viven solos o se considere que viven solos, recibirán una prima adicional por discapacidad grave.
13.Las personas con una capacidad limitada para trabajar reciben apoyo a fin de prepararse para el regreso al trabajo en el futuro. Ese apoyo incluye formación profesional, apoyo financiero y oportunidades de voluntariado adaptadas a cada persona. En la sección 2 se ofrecen más detalles sobre este apoyo, que incluye el nuevo Paquete de Apoyo Personal, iniciado en abril de 2017, para personas con problemas de salud beneficiarias de la Prestación de Apoyo al Empleo y el Crédito Universal.
14.En las anteriores respuestas a las recomendaciones 45a a 45e se describen varios enfoques para apoyar la vida independiente mediante las políticas existentes, la legislación, la asignación de sumas considerables, las reformas futuras y la voluntad de escuchar a las personas con discapacidad.
15.Por otra parte, el número de presupuestos para la salud personal ha aumentado en un 200 % en los últimos dos años, y 22.895 personas tenían un presupuesto para la salud personal en Inglaterra en los primeros nueve meses de 2017/18. En 2017/18, el programa de Atención Personal Integrada se amplió de modo que abarcara 42 grupos de implementación clínica. Está diseñado de forma que las personas tengan más opciones para la atención de su propia salud, y desde que comenzó el programa se ha comunicado la existencia de alrededor de 48.000 planes de atención. Se prevé una nueva ampliación para 2018/19.
16.En marzo de 2018, el Secretario de Estado de Salud y Atención Social anunció una consulta sobre la ampliación de los derechos a presupuestos para la salud personal, lo que permitiría el acceso de un mayor número de personas con discapacidad. También anunció la puesta en marcha de un programa piloto integrado de salud y atención social en cuyo marco se evaluarán los efectos de contar con una única evaluación de la atención social y de salud y de un plan holístico para todas las personas que actualmente pueden ser objeto de una evaluación de las necesidades en el marco de la Ley de Asistencia de 2014.
Recomendación 114d
17.El Gobierno del Reino Unido mantiene un compromiso absoluto con la prestación de apoyo financiero a las personas que lo necesiten. Ofrecemos una gran variedad de prestaciones, que incluyen elementos de apoyo adicionales para reflejar mejor las necesidades financieras de las personas con problemas de salud de largo plazo o con discapacidad y los costos adicionales que deban sufragar, como se indica en nuestra respuesta a la recomendación 59a.
18.En abril de 2018, la proporción de personas beneficiarias del nivel máximo de la prestación es mayor que nunca: el 30 % de los beneficiarios actuales del Pago para la Independencia Personal reciben el nivel máximo de apoyo en comparación con el 15 % en el caso de la Prestación para la Vida de las Personas Discapacitadas cuando se introdujo por primera vez el Pago para la Independencia Personal. El Pago para la Independencia Personal también asegura una paridad más estrecha entre las personas con problemas de salud mental y física, algo que no sucedía con la Prestación para la Vida de las Personas Discapacitadas. Así, el 32 % de los beneficiarios del Pago para la Independencia Personal que tienen un problema de salud mental reciben la tasa aumentada del componente de movilidad, en comparación con el 10 % en el caso del equivalente de la Prestación para la Vida de las Personas Discapacitadas, mientras que el 66 % de beneficiarios del Pago para la Independencia Personal con un problema de salud mental reciben la tasa aumentada del componente para la vida diaria, en comparación con el 22 % en el caso del equivalente de la Prestación para la Vida de las Personas Discapacitadas.
19.Tanto la Prestación para la Vida de las Personas Discapacitadas como el Pago para la Independencia Personal se van aumentando para ajustarlos a la inflación. Por ejemplo, se ha incrementado la tasa de la Prestación para la Vida de las Personas Discapacitadas pagadera a la mayoría de niños con discapacidad en más de 100 libras al mes desde 2010. También se han incrementado las tasas aumentadas del Pago para la Independencia Personal en casi 570 libras anuales desde su introducción en 2013.
20.El Gobierno reconoce la importancia de que las personas tengan movilidad para poder participar plenamente en la sociedad. El plan denominado Motability permite que las personas intercambien su tasa superior del componente de movilidad de la Prestación para la Vida de las Personas Discapacitadas, la tasa aumentada del componente de movilidad del Pago para la Independencia Personal, el suplemento de movilidad de las pensiones de guerra o el subsidio del Pago Independiente para las Fuerzas Armadas por el alquiler de un nuevo automóvil, una motocicleta o una silla de ruedas autónoma. Actualmente el plan Motability tiene más participantes que en 2010. El Gobierno del Reino Unido colaboró con la organización Motability para diseñar un amplio paquete de medidas de apoyo a la transición por valor de 175 millones de libras, destinadas a beneficiarios de la Prestación para la Vida de las Personas Discapacitadas que hubieran perdido su derecho a participar en el plan como consecuencia de una revaluación del Pago para la Independencia Personal, de modo que pudieran conservar la movilidad. Este apoyo incluye un pago único de hasta 2.000 libras, la opción de ampliar el período de alquiler otros seis meses y el derecho de adquirir su automóvil. El plan tiene una buena acogida entre los beneficiarios: aproximadamente una tercera parte de las personas con derecho a hacerlo deciden adherirse a él y los niveles de satisfacción son elevados (98 %).
21.En las respuestas a las recomendaciones 45c y 45e se describe la importante inversión realizada en atención social, que supone que los municipios tienen acceso a 9.400 millones de libras adicionales en financiación específica para atención social entre 2017/18 y 2019/20. Así se asegurará que los municipios puedan incrementar la capacidad del sistema de atención social, incluido el apoyo para atender las necesidades de atención social de las personas con discapacidad.
22.En los planes de examen del gasto destinado a atención social se siguen considerando las necesidades de los usuarios de dicha atención, y se supervisan de manera regular los riesgos en el sistema de atención, incluidas sus vinculaciones con la financiación.
23.El Gobierno de Gales estableció el Grupo Consultivo de Presupuestación para la Igualdad con el propósito de integrar las consideraciones de igualdad en los planes de gastos. Entre sus miembros figuran representantes de organizaciones con conocimientos y experiencia en cuestiones de igualdad, incluida la organización Disability Wales.
24.La función del Grupo consiste en contribuir al análisis de resultados en materia de igualdad para que mejore en el futuro la evaluación que hace el Gobierno de Gales de los efectos de las políticas de igualdad del presupuesto, e intensificar el compromiso y la conciencia sobre la necesidad de integrar la igualdad en los presupuestos futuros de todos los departamentos del Gobierno y en todo el sector público de Gales.
Recomendación 114e
25.En virtud de la Ley de Igualdad de 2010, todas las instituciones públicas, los empleadores y los proveedores de servicios deben efectuar ajustes razonables a cualquier elemento del empleo o del servicio que coloque a una persona con discapacidad en una situación de desventaja considerable con respecto a una persona sin discapacidad. Esto puede incluir suministrar información en formatos alternativos o, en los casos apropiados, proporcionar servicios de interpretación.
26.El Ministro para las Personas con Discapacidad, la Salud y el Trabajo reconoce la importancia que tiene acceder a la información y ha establecido un grupo de tareas intersectorial sobre comunicaciones accesibles, cuyo propósito es colaborar con una gran variedad de actores externos relacionados con la discapacidad para lograr que el Departamento de Trabajo y Pensiones mejore sus comunicaciones con las personas con discapacidad. Las experiencias de este grupo de tareas se ponen en conocimiento del conjunto de la red gubernamental de comunicaciones, de modo que se cree una mayor conciencia sobre las necesidades de dichas personas en materia de comunicaciones.
27.En relación con los servicios mencionados en la recomendación, el Departamento de Trabajo y Pensiones se asegura de que se produzcan comunicaciones en formatos alternativos, por ejemplo versiones en braille, con letra de imprenta grande y de audio, y que sea fácil acceder a ellas. El Departamento continúa mejorando los métodos de comunicación con solicitantes que tienen discapacidad mediante, entre otras cosas, la utilización del correo electrónico, el programa Next Generation Text, que ayuda a las personas a utilizar el sistema telefónico, disponiendo visitas domiciliarias o salas de entrevistas privadas como ajuste razonable, y el servicio Video Relay, que proporciona interpretación por vídeo. El Departamento de Trabajo y Pensiones también se ha comprometido a proporcionar más productos en formato electrónico accesible y formato de lectura fácil, y es el organismo principal del Gobierno para la formulación de normas sobre el formato de lectura fácil.
28.Escocia cuenta con legislación que reconoce el lenguaje de señas británico. La Ley del Lenguaje de Señas Británico de Escocia de 2015 impone a los ministros de Escocia la obligación de promover la utilización y la comprensión de dicho lenguaje.
Recomendación 114f
29.Se requiere una aclaración sobre el acceso de las personas con discapacidad a los tribunales en relación con decisiones impugnadas sobre prestaciones de bienestar social en la forma en que se interpretó en el informe de investigación de 2016 del Comité. No se disponía de asistencia jurídica para estar representado en las causas sometidas al tribunal de primer nivel incluso antes de la introducción de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, Condena y Castigo de los Delincuentes de 2012 en abril de 2013, aunque sí se disponía de asesoramiento jurídico. Ello es debido a que este es un tipo de tribunal oficioso y no contradictorio, por lo que no había necesidad de representación letrada. La asistencia jurídica sigue proporcionando acceso a la justicia a las personas que reúnen ciertas condiciones en los casos de máxima prioridad, incluidas las controversias con las autoridades locales sobre servicios de atención comunitaria para las personas con discapacidad, y sobre reclamaciones por discriminación y prestaciones de bienestar en relación con la contravención de la Ley de Igualdad de 2010.
30.También se dispone de asistencia jurídica para las revisiones judiciales, incluidas las relacionadas con las políticas sobre prestaciones de bienestar social. El asesoramiento sobre cuestiones de discriminación se presta por conducto del servicio de asesoramiento jurídico en el plano civil, una línea telefónica de asistencia de fácil acceso y un instrumento en línea, que ofrecen una variedad de adaptaciones y de ajustes razonables. Las modificaciones aportadas a la asistencia jurídica no han limitado el acceso al proceso de recurso, al igual que no lo ha hecho la reconsideración obligatoria, introducida en 2013 para permitir la pronta corrección de decisiones; de ser necesario sigue existiendo el derecho a presentar recurso.
31.En el diseño del nuevo sistema de seguridad social de Escocia, que está basado en los derechos, se tendrá en cuenta la experiencia actual de las personas, siempre sobre la base de los principios de dignidad, equidad y respeto y con el propósito de adoptar las decisiones apropiadas desde un principio, de modo que cualquier persona tenga derecho a solicitar una nueva determinación si considera que el organismo escocés de seguridad social no ha adoptado la decisión apropiada. Si la nueva determinación no concluye dentro del plazo prescrito o si la persona está insatisfecha con dicha determinación, existe el derecho a recurrir ante el tribunal de primer nivel de los Tribunales de Escocia, donde siempre que se cumplan determinadas condiciones se podrá recurrir a la asistencia jurídica para obtener una forma de asesoramiento no equivalente a la representación. En los casos en que se pueda presentar un nuevo recurso ante el Alto Tribunal Administrativo, la asistencia jurídica incluirá la representación.
Recomendación 114g
32.El Reino Unido tiene un buen historial por lo que respecta a colaborar con las personas con discapacidad para contribuir a la adopción de políticas en todo el Gobierno. Sin embargo, procuramos mejorar constantemente nuestras prácticas, y los servicios cada vez están más determinados por dichas personas; por ejemplo, en un momento posterior del año en curso daremos un nuevo impulso a la participación de los interesados en el marco de nuestra Oficina para las Cuestiones de Discapacidad, a fin de asegurar la colaboración con un mayor número de organizaciones de personas con discapacidad lideradas por los usuarios, pequeños interesados a nivel local y otras personas.
33.En el curso de las consultas posteriores a la publicación titulada Improving Lives: the Work, Health and Disability Green Paper, se recibieron aproximadamente 6.000 respuestas gracias a una estrecha colaboración con los interesados y a la organización de 166 actos accesibles. Esas opiniones contribuyeron a nuestra estrategia y nuestra visión de lograr que 1 millón adicional de personas con discapacidad estuvieran empleadas para 2027, que se publicaron en noviembre de 2017 con el título Improving Lives: the future of Work, Health and Disability.
34.Tenemos el compromiso de trabajar en colaboración con todos los interesados, incluidas las personas con discapacidad y las personas con problemas de salud crónicos, al objeto de hacer realidad nuestra visión y diseñar el tipo de apoyo que pueda ser más útil. Hemos colaborado estrechamente con organizaciones benéficas, organizaciones representativas y otros interesados, así como con las propias personas que tienen problemas de salud crónicos. Por ejemplo, recurrimos a los conocimientos de los grupos que representan a los interesados cuando formulamos los criterios para poner fin a las revaluaciones de los beneficiarios con trastornos de salud de especial gravedad.
35.Organizamos varios actos accesibles con las partes interesadas, incluidas organizaciones de personas con discapacidad, en dos consultas recientes acerca del proyecto de plan de acción sobre accesibilidad del transporte y sobre la revisión de la seguridad de la Estrategia de Inversión en Medidas para Ciclistas y Caminantes. Otra consulta sobre la ampliación de los criterios para participar en el plan denominado “Blue Badge”, que presta asistencia a las personas con discapacidad que tienen graves problemas de movilidad de modo que puedan estacionar sus vehículos más cerca de su destino, recibió alrededor de 6.000 respuestas.
36.El Foro sobre la Igualdad y la Discapacidad del Gobierno de Gales está presidido por el Presidente de la Asamblea y jefe del grupo parlamentario y lo integran personas con o sin discapacidad que aportan una gran variedad de conocimientos. El Foro brinda una oportunidad para que los interesados asesoren al Gobierno de Gales, y al sector público en general, sobre las cuestiones básicas que afectan a las personas con discapacidad en Gales. También es un foro para dar a conocer las mejores prácticas.
37.La organización Disability Wales ha recibido una subvención de 500.000 libras para el período comprendido entre 2017 y 2020, con cargo al Programa de Subvenciones para la Igualdad y la Inclusión, lo que le permitirá ser el órgano representativo de las personas con discapacidad y sus organizaciones en Gales y colaborar con su Gobierno y otras instituciones públicas para asegurar que se escuchen las opiniones de las personas con discapacidad.
38.El Gobierno de Escocia se compromete a dar participación a las personas que tienen una experiencia directa de las prestaciones. Más de 2.400 voluntarios de toda Escocia se han inscrito para trabajar con su Gobierno como parte de los grupos de voluntarios con experiencia. El Gobierno de Escocia está decidido a lograr que el nuevo sistema de seguridad social escocés esté constituido de tal modo que el apoyo se preste a las personas que más lo necesitan.
Recomendación 114h
39.El Reino Unido reconoce los derechos de todas las personas con discapacidad, incluidas las que están a cargo del Estado, a vivir con dignidad, respeto e integridad. Combatimos los estereotipos, la discriminación, el acoso y los delitos de odio mediante una gran variedad de programas en distintos entornos.
40.Asumimos con la máxima seriedad nuestra responsabilidad de hacer frente a los delitos de odio por razón de discapacidad y de promover actitudes positivas hacia las personas con discapacidad. Contamos con un robusto marco legislativo para afrontar los delitos de odio, incluidas disposiciones que permiten a un tribunal aumentar una condena cuando el delito esté motivado por la hostilidad hacia la discapacidad de una persona.
41.Se está trabajando para mejorar las actitudes hacia las personas con discapacidad y concienciar sobre los delitos de odio por razón de discapacidad mediante el Plan de Acción sobre los Delitos de Odio, que el Ministerio del Interior publicó en julio de 2016. Este Plan de Acción interdepartamental, de cuatro años de duración, se centra en cinco ámbitos fundamentales, a saber: prevenir los delitos de odio combatiendo ciertas creencias y actitudes, responder a los delitos de odio dentro de las propias comunidades, incrementar las denuncias de dichos delitos, mejorar el apoyo a las víctimas de los delitos de odio y mejorar nuestra comprensión de esos delitos.
42.En el año en curso, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local procederán a una renovación del Plan de Acción y están colaborando con los interesados para asegurar que siga siendo apropiado para los fines que persigue. El Plan cuenta con medidas específicas orientadas a la lucha contra los delitos de odio por razón de discapacidad, e incluye actividades destinadas a señalar y dar a conocer ejemplos de las mejores prácticas para afrontar el delito de odio por razón de discapacidad, orientaciones del Ministerio Público de la Corona para las víctimas o testigos de delitos de odio que tengan una discapacidad que afecte al aprendizaje, y proyectos liderados por la comunidad y orientados a hacer frente a los delitos de odio por razón de discapacidad. Seguimos colaborando con los principales interesados a fin de comprender qué es lo que arroja buenos resultados y de determinar qué más puede hacerse para proteger a las víctimas de los delitos de odio por razón de discapacidad.
43.La ley impone a todas las escuelas la obligación de contar con una política de conducta que incluya medidas para prevenir todas las formas de acoso escolar entre los alumnos. Tienen libertad para formular sus propias estrategias de lucha contra el acoso escolar que sean apropiadas para su entorno, pero deben rendir cuentas por conducto de la Oficina de Control de los Niveles de Educación (OFSTED).
44.Se están aportando fondos por valor de 1,75 millones de libras en un período de dos años a cuatro organizaciones de lucha contra el acoso escolar a fin de ayudar a las escuelas a combatir este problema. La financiación incluye proyectos relativos al acoso contra grupos determinados, como los que tienen necesidades educativas especiales y los que son víctimas de acoso por motivos de odio, además de un proyecto para denunciar el acoso en línea. El proyecto, dirigido por la Alianza contra el Acoso Escolar, se centra en luchar contra el acoso relacionado con las personas que tienen necesidades educativas especiales y discapacidad. Incluye actividades de formación presenciales para los maestros, además de líneas telefónicas de asistencia e información en línea para los padres de niños con necesidades educativas especiales y con discapacidad.
45.Con nuestra Estrategia de Seguridad en Internet se procura convertir al Reino Unido en el lugar más seguro del mundo para las actividades en línea, como parte de una labor más amplia sobre la Carta Digital. Esperamos que todas las plataformas de medios sociales se sumen a nuestro código de práctica y al sistema de presentación anual de informes sobre transparencia y seguridad en línea con objeto de proteger a los usuarios y asegurar que se apliquen unos criterios sistemáticos. El código exige que las plataformas mantengan un proceso de presentación de informes claro y transparente para que los usuarios denuncien todos los abusos que tengan por objeto la discapacidad. Alentamos a las empresas a especificar el número de denuncias de abusos relacionados con la discapacidad en sus informes de transparencia. Recientemente anunciamos la próxima publicación de un libro blanco donde se expondrán nuestras propuestas de legislación futura para abarcar toda la variedad de peligros en línea, tanto legales como ilegales.
46.Más de 7.000 empresas se han sumado a la campaña “Disability Confident”, destinada a que los empleadores cambien de opinión sobre la discapacidad y adopten medidas para mejorar la forma en que atraen, contratan y mantienen a trabajadores con discapacidad.
47.El Gobierno de Gales continúa luchando contra los delitos de odio en colaboración con los miembros de la Junta de Justicia Penal sobre los Delitos de Odio en Gales, que incluye cuatro fuerzas de policía, los comisionados de policía y lucha contra el delito, el Ministerio Fiscal de la Corona, otras instituciones de justicia penal, la organización Victim Support y otros representantes del tercer sector. La Junta colabora con el Foro sobre Igualdad y Discapacidad, establecido por el Gobierno de Gales, para examinar la forma en que pueden mejorarse la denuncia de los delitos de odio por razón de discapacidad, el apoyo a las víctimas y el enjuiciamiento de los autores.
48.En 2016/17 se denunciaron a la policía de Gales 338 casos de delitos de odio por razón de discapacidad, lo que representó un aumento del 39 % con respecto al año anterior. Esto obedece en parte a un aumento de las tasas de denuncia, lo que hace patente la labor que llevan a cabo el Gobierno de Gales, la policía y el tercer sector para alentar a las víctimas a denunciar y a mejorar la tramitación de los casos. Las tasas de satisfacción sobre la forma en que se tramitan los casos una vez que se han denunciado son elevadas. Por ejemplo, en 2016/17 las cifras de la policía de Gwent indican que el 90 % de las personas estaban completamente satisfechas o muy satisfechas con el trato que habían recibido de los agentes, y el 74 % se mostraban completamente satisfechas o muy satisfechas con su experiencia general después de presentar su denuncia.
49.En junio de 2017, el Gobierno de Escocia publicó un ambicioso programa de trabajo para luchar contra los delitos de odio y crear cohesión en la comunidad. En octubre de 2017, puso en marcha una campaña que llevaba por título “El odio no cabe en Escocia”, destinada a concienciar sobre los delitos de odio y sobre la forma de denunciarlos. La evaluación de la campaña fue positiva y mostró tener un éxito particular entre las personas que habían sido objeto de delitos de odio. El 31 de mayo de 2018, Lord Bracadale publicó su estudio de la legislación sobre los delitos de odio en Escocia. El Gobierno de Escocia ha aceptado su recomendación de consolidar toda la legislación escocesa relativa a los delitos de odio en una nueva ley sobre dichos delitos, y utilizará su informe y sus recomendaciones como base para las consultas sobre los detalles de lo que debería incluirse en un nuevo proyecto de ley sobre los delitos de odio.
Recomendación 114i
50.Como se explicó en nuestra respuesta a la recomendación 2, el Gobierno del Reino Unido considera que la Obligación de Igualdad en el Sector Público ofrece un mecanismo adecuado para determinar los efectos indeseados o desproporcionados de las políticas en las personas con características protegidas en la Ley de Igualdad de 2010, incluidas las personas con discapacidad.
51.El Gobierno del Reino Unido realiza periódicamente análisis sobre la igualdad y otorga la debida consideración a los efectos potenciales de ciertas decisiones básicas en grupos con características protegidas. Todos los órganos públicos deben poder indicar la forma en que han tenido debidamente en cuenta las cuestiones de igualdad al formular, aplicar y revisar políticas, servicios, leyes y procesos.
Recomendación 114j
52.Como ya se señaló en nuestra respuesta a las recomendaciones 2 y 9, la Obligación de Igualdad en el Sector Público ofrece un mecanismo para determinar los efectos indeseados o desproporcionados de las políticas y programas en las personas con discapacidad o en ciertos grupos de personas con discapacidad.
53.Las políticas de igualdad, incluidas las políticas relacionadas con la discapacidad, ya se han integrado en todos los departamentos gubernamentales e instituciones del sector público del Reino Unido, y cada organización tiene la responsabilidad de hacer un seguimiento de las consecuencias que tienen sus políticas concretas en las personas con discapacidad. Esto se aplica a todas las políticas y no solo a las que se relacionan con la discapacidad.
54.A fin de cumplir el deber que les impone la Obligación de Igualdad en el Sector Público, se alienta a las instituciones públicas a reunir datos sobre los usuarios de los servicios a fin de llevar a cabo un análisis de la igualdad que fundamentará las decisiones sobre políticas y prestación de servicios, lo cual incluye la consulta con los grupos de personas con discapacidad siempre que sea conveniente. Cuando el análisis de igualdad determine que existen efectos desproporcionados en las personas con discapacidad, las organizaciones deberán estudiar opciones para eliminar o reducir la probabilidad de que se produzcan consecuencias negativas. Ello puede incluir adaptaciones del enfoque general, medidas para mitigar posibles efectos desproporcionados o mecanismos de transición.
55.La Obligación de Igualdad en el Sector Público y las actividades conexas ofrecen un mecanismo transparente y eficaz para supervisar los efectos de las diferentes políticas y programas en las personas con discapacidad, acorde con el modelo de actuación sobre la discapacidad basado en los derechos humanos, que se centra en evaluar los efectos indeseados o desproporcionados en las personas con discapacidad o en ciertos grupos de personas con discapacidad.
56.Como se indica en el párrafo 7 (anteriormente 142) del presente documento, la Ley de Derechos Humanos de 1998 exige que el ministro que presente un proyecto de ley al Parlamento haga una declaración sobre la compatibilidad del proyecto con los derechos reconocidos en el Convenio.
57.La Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos es la encargada de supervisar el cumplimiento de la Obligación de Igualdad en el Sector Público y tiene la facultad de imponer medidas en caso de incumplimiento por una institución pública. Utiliza varios instrumentos para asegurar que las instituciones públicas cumplan los requisitos de la Obligación, desde proporcionar orientaciones hasta aplicar medidas de imposición cuando considere que puede existir un beneficio estratégico. La Comisión también tiene por ley la función de promover el conocimiento de la Ley de Derechos Humanos de 1998 y de alentar su cumplimiento; tiene además ciertas atribuciones relativas a los tribunales, por ejemplo la de intervenir en casos que afectan a los derechos humanos.
58.El Comité Parlamentario Mixto sobre Derechos Humanos del Reino Unido también examina los proyectos de ley del Gobierno para asegurar su compatibilidad con los derechos humanos.
59.La Primera Ministra de Escocia ha establecido un Grupo Consultivo sobre Liderazgo en Derechos Humanos, que trabaja con independencia del Gobierno de Escocia para formular recomendaciones sobre la forma en que Escocia puede seguir dando ejemplo de liderazgo, también respecto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El Grupo Consultivo dirigirá un proceso participativo y comunicará los resultados a fines de 2018. El Gobierno de Escocia hace suyos los desafíos constructivos y celebra apoyar las medidas que impulsen a las instituciones públicas a seguir adelante para integrar los derechos humanos en el centro de todas las actividades.