Comité para la Eliminación de la Discriminacióncontra la Mujer

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

Informes periódicos séptimo y octavo combinados de los Estados partes

Colombia***

[28 de julio de 2011]

Índice

Párrafos Página

Acrónimos y siglas3

I.Presentación1 – 436

A.Metodología utilizada para la elaboración del informe10 – 116

B.Resumen ejecutivo12 – 4311

II.Parte I de la Convención44 – 238 15

A.Artículo 144 – 12415

B.Artículos 2 y 3125 – 15830

C.Artículo 4159 – 17937

D.Artículo 5180 – 21441

E.Artículo 6215 – 23849

III.Parte II de la Convención239 – 28655

A.Artículo 7239 – 26955

B.Artículo 8270 – 27761

C.Artículo 9278 – 28663

IV.Parte III de la Convención287 – 593 65

A.Artículo 10287 – 35065

B.Artículos 11 y 13351 – 424 75

C.Artículo 12425 – 54188

D.Artículo 14542 – 593109

V.Parte IV de la Convención594 – 635117

A.Artículo 15594 – 610 117

B.Artículo 16611 – 635119

VI.Otras cuestiones636 – 687 123

A.Medidas adoptadas para eliminar la violencia636 – 669123

B.Atención a población desplazada670 – 687129

Acrónimos y siglas

Acción Social	Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
ACPEM	Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
APS	Atención Primaria en Salud
C.C.C.	Corte Constitucional Colombiana
C.S. de la J.	Consejo Superior de la Judicatura
CAIVAS	Centros de Atención e Investigación Integral a Víctimas de Violencia Sexual
CAVIF	Centros de Atención e Investigación Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar
CINEP	Centro de Investigaciones y Educación Popular
CNAIPD	Consejo Nacional de Atención Integral a Población Desplazada
CNRR	Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
CP	Constitución Política
CPEM	Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
CPP	Código de Procedimiento Penal
CSJ	Corte Suprema de Justicia
CTI	Cuerpo Técnico de Investigación
DAFP	Departamento Administrativo de la Función Pública.
DANE	Departamento Nacional de Estadística
DDHH	Derechos Humanos
DIH	Derecho Internacional Humanitario
DIJIN	Dirección de Policía Judicial
DNP	Departamento Nacional de Planeación
ENDS	Encuesta Nacional de Demografía y Salud
FGN	Fiscalía General de la Nación
FNUAP	Fondo de Población de las Naciones Unidas
FOMMUR	Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales
GEDES	Grupos Elite de Delitos Sexuales
ICBF	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
INCODER	Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural
INML y CF	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
MADR	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
MAP/MUSE	Minas Anti Personal/Munición Sin Explotar
MDN	Ministerio de Defensa Nacional
MEN	Ministerio de Educación Nacional
MIJ	Ministerio de Interior y de Justicia
MIJ	Ministerio del Interior y Justicia
MINTIC	Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
MPS	Ministerio de la Protección Social
MRE	Ministerio de Relaciones Exteriores
OAG	Observatorio de Asuntos de Género
ODM	Objetivos de Desarrollo del Mileno
OIM	Organización Internacional para las Migraciones
PAICMA	Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal
PGN	Procuraduría General de la Nación
PLANEDH	Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos
PMCFM	Programa Mujer Cabeza de Familia Microempresaria
PND	Plan Nacional de Desarrollo
PNUD	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Política afirmativa	Política Afirmativa de mujeres constructoras de paz y desarrollo
PROFAMILIA	Asociación Probienestar de la Familia Colombiana
PSD	Política de Seguridad Democrática
PSD	Política de Seguridad Democrática
RUPD	Registro Único de Población Desplazada
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje
SIJIN	Seccional de Policía Judicial
SISPRO	Sistema Integral de Información de la Protección Social
SIVIGILA	Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Publica
SNAIPD	Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada
SNBF	Sistema Nacional de Bienestar Familiar
UNIFEM	Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
UNODC	Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
VBG	Violencia Basada en el Género
VCM	Violencia Contra las Mujeres
VIF	Violencia Intrafamiliar

I.Presentación

1.La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (aprobada en 1979), fue ratificada por el Estado colombiano el 19 de enero de 1982. El Protocolo Facultativo de la Convención (aprobado en 1999), el 23 de enero de 2007. De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Convención, hasta ahora el Estado colombiano ha presentado al Comité seis informes periódicos.

2.Los informes séptimo y octavo se presentan de manera combinada, de conformidad con lo dispuesto por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el párrafo 37 de sus observaciones finales sobre el sexto informe periódico (CEDAW/C/COL/CO/6).

3.La información incluida en este informe combinado corresponde al periodo 2006-2010. Sin embargo, no siempre se dispone de información estadística que comprenda el periodo exacto, considerando los diversos sistemas de información que se utilizaron como fuentes para abordar cada uno de los derechos reconocidos en la Convención.

4.En relación con las acciones emprendidas por el actual Gobierno, del Presidente Juan Manuel Santos, éstas se presentan en cada artículo, bajo el acápite titulado Medidas Recientes o en Curso, teniendo en cuenta que el periodo de Gobierno inició el 7 de agosto de 2010, así como el periodo de corte para la elaboración del presente informe.

5.El proceso de elaboración de este Informe se inició en el mes de marzo de 2010, bajo el liderazgo del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, y con la participación de todas las entidades gubernamentales con responsabilidad en la implementación de la Convención, así como con los aportes de algunas entidades estatales.

6.En atención a las disposiciones vigentes en materia de presentación de informes, (HRI/GEN/2/Rev.6), la estructura de este informe refleja la secuencia de las principales acápites de la Convención. Esto es, la presentación en cuatro apartados, así: parte I (arts. 1 a 6), parte II (arts. 7 a 9), Parte III (arts.10 a 14); y Parte IV (arts. 15 y 16).

7.De acuerdo con la Recomendación General N.º 19 (1992) del Comité, en relación con la violencia contra la mujer, en la información relativa al artículo 1 de la Convención se presentan las principales acciones adelantadas en Colombia para enfrentar esta problemática. Adicionalmente, se incluyen dos apartados particulares en los cuales se presentan las principales acciones desarrollas por el Estado colombiano para erradicar la violencia contra la Mujer y sobre la atención a las mujeres y niños en situación de desplazamiento forzado, atendiendo las recomendaciones que el Comité efectuó de manera específica al Estado colombiano en sus anteriores observaciones finales (CEDAW/C/COL/CO/6, párrs. 11, 13 y 19).

8.Respecto de las demás recomendaciones efectuadas de manera particular, en el desarrollo de cada artículo se incluye la información relacionada con cada recomendación.

9.Por último, es de mencionar que en cada artículo se referencian los anexos que hacen parte integral del Informe, y se incluye una relación de anexos, los cuales se encuentran organizados por artículo. En cuanto a las medidas legislativas y judiciales, los textos completos de cada norma se incluyen en el CD adjunto (disponible en la secretaría).

A.Metodología utilizada para la elaboración del informe

10.A continuación se presenta la metodología con la que se está trabajando la elaboración de los informes convencionales, la cual ha sido diseñada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que es complementada o mejorada, de acuerdo con la experiencia que se obtenga cada vez que se elabora un informe convencional:

I. ETAPA DE DEFINICIONES	1.Definir el equipo de trabajo que liderará el proceso de elaboración del informe Se debe constituir una Secretaria Ejecutiva, que lidere todo el proceso, la cual estará conformada por la(s) entidad(es) responsable(s) del tema a que se refiere el Instrumento Internacional; el Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, por tratarse de un Instrumento internacional de Derechos Humanos; y, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo en todo el proceso de elaboración del informe estarán involucradas todas las entidades gubernamentales y estatales, que tienen responsabilidad en la implementación del respectivo instrumento. Es importante tener presente que se trata de un Informe de Estado, por lo que se debe trabajar con las entidades de las tres ramas del poder público, y como se trata de un informe Nacional, se debe reportar información nacional, departamental y local. 2.Definir participación de la sociedad civil en la elaboración del informe. Si bien, no es estrictamente imperativo trabajar de manera conjunta con las organizaciones de la sociedad civil, es importante tener presente que los lineamientos de los Comités mencionan que el proceso de presentación de informes deberá alentar y facilitar, en el plano nacional, el examen público de las políticas gubernamentales y el compromiso constructivo con agentes pertinentes de la sociedad civil, en un espíritu de cooperación y respeto mutuo, y con el fin de progresar en el disfrute de todos los derechos protegidos por las convenciones pertinentes. 3.Definir los recursos necesarios para la elaboración del informe. Es importante evaluar que recursos demanda la elaboración del informe, relativos a organización de reuniones interinstitucionales —que requieren trabajar todo un día de manera exclusiva, particularmente durante la etapa de análisis de la información—, publicación y difusión del informe, contrataciones de expertos —si se requieren—, u otros apoyos, y definir como será la consecución de tales recursos. 4.Definir fecha de la información que se utilizará para la elaboración del Informe. Se debe definir el periodo de tiempo que comprenderá el informe, teniendo presente la fecha de la última sustentación y la fecha aproximada en la cual se entregará el informe al Comité. 5.Definir cronograma de trabajo. Este cronograma debe contener las actividades que se deben realizar, y los tiempos previstos para cada una de ellas, de acuerdo con las etapas que se incluyen en este documento, con el fin de garantizar que el informe se presente oportunamente al Comité.
II. ETAPA DE PREPARACION	1.Identificar las necesidades de información y las fuentes para su consecución. Se debe elaborar una matriz que contenga las directrices del Comité para la elaboración del Informe, en la cual se especifique la información que se debe incluir en el informe para dar cuenta de cada uno de los derechos reconocidos en la Convención o Instrumento Internacional. 2.Definición de aliados en cada entidad. Se debe requerir a la máxima autoridad de cada entidad que delegue un funcionario para que sirva de enlace en la consecución de información al interior de su entidad, que esté en capacidad de participar en las reuniones y discusiones que se requieran y cuando sea necesario contar con el especialista o técnico en algún tema, pueda contactarlo e invitarlo a las reuniones. 3.Organización y realización del primer taller de trabajo. Una vez definidos los aspectos mencionados anteriormente, se organiza y realiza un primer taller de trabajo, en el que se aborden los siguientes aspectos: a.Transmitir los antecedentes de la obligación del Estado Colombiano de presentar los informes periódicos. b.Hacer una presentación del instrumento internacional, teniendo en cuenta que la rotación de funcionarios en las entidades públicas es alta. c.Hacer una presentación general del contenido del último informe entregado al órgano respectivo, para conocer el punto de partida. d.Presentar las últimas observaciones y recomendaciones que el órgano de vigilancia efectuó al Estado, y las recomendaciones generales del Comité correspondiente. e.Presentar la metodología y cronograma de trabajo. f.Explicar el rol de cada una de las entidades en la elaboración del informe. (En esta etapa se puede pedir el apoyo técnico de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y/ó otra agencia de Naciones Unidas presente en Colombia, para que participen presentando a las entidades la información relativa a los literales a, b, y d, enunciados anteriormente).
III. ETAPA DE RECOLECCION DE INFORMACION	1.Elaborar y enviar las solicitudes específicas de información a cada una de las entidades. – Secretaria Ejecutiva (en esta etapa de recolección de la información, la Secretaria Ejecutiva es la responsable de las cuatro actividades). 2.Diseño e implementación del sistema de captura de datos 3.Recolección y recopilación de la información, incluyendo el seguimiento a las recomendaciones 4.Consolidación de la información En este momento podrá recabarse información de las organizaciones no gubernamentales y otros actores no gubernamentales cuya información se considere pertinente para la elaboración del informe.
IV.ETAPA DE ANALISIS DE LA INFORMACION	1.Análisis y confrontación de la información recopilada.- Secretaria Ejecutiva 2.Realización de Talleres de análisis de la información, por temáticas. En estos talleres se busca que con la participación de todas las entidades concernidas se pueda analizar y evaluar, que la información que se va incluir en el informe sea confiable, conveniente y pertinente, teniendo en cuenta que pueden existir diversas fuentes frente a una misma temática que reportan información encontrada, cifras o indicadores diferentes o no comparables, retos por alcanzar, necesidad de presentar proyectos que se tienen previstos para superarlos ó explicar las dificultades que han impedido alcanzar tales retos, entre otras situaciones.. Es de mencionar que durante todo el proceso de elaboración del informe, se deben tener presentes las últimas conclusiones y recomendaciones que el Comité haya efectuado al Estado. La Secretaria Ejecutiva, se ocupará de lograr la participación de todas las entidades concernidas.
V. ETAPA DE ELABORACION DEL INFORME	1.Elaboración del Informe Preliminar Secretaria Ejecutiva 2. Remisión a las entidades del informe preliminar 3. Reunión interinstitucional para presentación del informe preliminar. – Organiza la Secretaria Ejecutiva y participan todas las entidades involucradas. 4.Revisión del texto – Secretaria Ejecutiva, en primera instancia, y en segunda instancia las entidades que tengan la responsabilidad del liderar el tema de que trate el informe. 5. Ajustes y Elaboración Informe Final 6. Aprobación del informe: Por parte de la más alta autoridad de las entidades que conforman la Secretaría Ejecutiva, siempre con la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores.
VI. PRESENTA-CION DEL INFORME	-Remisión del Informe El Estado Colombiano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores debe remitir el informe al señor Secretario General de las Naciones Unidas, quien lo transmitirá al órgano específico de que se trate. Igualmente, el informe se remitirá al Presidente del órgano pertinente, a través de nota diplomática remitida a través de la Misión de Colombia en Ginebra o Nueva York, según corresponda. -Forma Los informes deben presentarse en forma electrónica (disquete, CD-ROM o correo electrónico), acompañados por un ejemplar impreso. La extensión y formato de los informes debe corresponder con los lineamientos fijados por cada Comité. El Estado debe presentar como anexos, ejemplares de los principales textos legislativos, judiciales, administrativos y de otra índole, mencionados en los informes, preferiblemente en CD Rom. Los informes deberán contener una explicación completa de todas las abreviaturas utilizadas en el texto, especialmente al referirse a instituciones nacionales, organizaciones, leyes, etc., no comprensibles fácilmente fuera del Estado colombiano.

11.Es de mencionar, que ha sido usual que las organizaciones sociales de cada Estado presenten al Comité informes “alternos”, los cuales son preparados y presentados por tales organizaciones, con el fin de que el Comité pueda tener otra visión, respecto de la implementación de los compromisos de los Estados. Tales informes son preparados de manera independiente por las organizaciones sociales que decidan tomar la iniciativa.

B.Resumen ejecutivo

12.Del total de la población colombiana (42.888.592) el 51,2% son mujeres y el 48,8% son hombres. Las mujeres representan la mayor proporción de la población en todos los grupos poblacionales excepto en el grupo de 0 a 14 años donde el 51% son hombres y el 49% mujeres. En relación con la pertenencia étnica de la población, se tiene que 3,4% población indígena, 0.001% Rom y 10.6% afrocolombiana. A 2010, el 34% de los hogares tenían jefatura femenina.

13.El Gobierno nacional ha incorporado en los PND disposiciones especiales para promover la equidad de género a través del reconocimiento de las diferencias y necesidades específicas de las mujeres, teniendo presente que las mujeres colombianas juegan un papel en el desarrollo del país.

14.Para el período 2006 - 2010, tuvo continuidad la política afirmativa, liderada por la ACPEM, “Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo”. Ésta promovió medidas especiales a favor de las mujeres, en los ejes temáticos de empleo y desarrollo empresarial; erradicación de la VCM; educación y cultura; y participación política de las mujeres. Para su ejecución se promovieron alianzas públicas y privadas, incorporando el enfoque de género en el quehacer de las entidades.

15.En el mismo sentido, la institucionalidad de género en las otras ramas del poder público se ha visto fortalecida, con la creación de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial (2008), y la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República (2011). Por su parte, el Ministerio Público y la Contraloría General de la Nación, también han fortalecido su institucionalidad en materia de género, consolidando a nivel nacional las instancias de género, generando mayor incidencia para la promoción y protección de los derechos de las mujeres.

16.Se destaca, que en Colombia se ha generado un interés y preocupación de parte de todos los actores de la sociedad, frente a la violencia contra la mujer. Con la ley 1257 de 2008 “Por una Vida libre de Violencias”, se acoge la noción de violencia contra las mujeres con base a estándares internacionales, y representa uno de los principales avances para erradicar esta problemática.

17.Adicionalmente, mediante el Decreto 164 de 2010, se creó la Comisión Intersectorial para la Erradicación de la VCM, que reconoce el carácter multidimensional de la violencia contra la mujer, y plantea una estrategia de intervención multisectorial, e interinstitucional para aunar esfuerzos coordinados en la atención integral, diferenciada, accesible y de calidad a las mujeres víctimas. En el presente informe se dan a conocer otras serie de iniciativas, que contribuyen al logro de este propósito, y buscan garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, la atención integral, la reparación y las garantías de no repetición.

18.Entre éstas, vale mencionar la sanción el 10 de junio de 2011 por parte del Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con la presencia del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y la candidata al Premio Nobel de Paz, Yolandé Mukagasana. Entre los beneficiarios de esta Ley, las mujeres tienen una importante participación.

19.Igualmente, se vienen desarrollando otras iniciativas como el Proyecto de Lucha contra la Impunidad en los casos de Violencia Sexual en el marco del Conflicto Armado, la Mesa de Garantías para Defensores/as de Derechos Humanos, la Estrategia Investigativa con Enfoque Diferencial de la Fiscalía General, y la Estrategia de Equidad de Género en favor de la población desmovilizada.

20.En materia de registro de información sobre violencia contra las mujeres se viene trabajando en la construcción y consolidación de sistemas de información que visibilicen las distintas formas de VCM a través de indicadores que apoyen la formulación de políticas públicas sobre la materia. El Estado ha identificado como un reto el registro de información sobre violencia sexual.

21.El actual gobierno mantiene el interés de continuar trabajando mediante éstas y otras iniciativas para enfrentar el problema de la violencia contra las mujeres, que se presenta tanto en el ámbito familiar como en el público. Según las cifras, existe un alto índice de violencia de pareja y violencia contra las niñas en el contexto familiar. Al igual, el Estado reconoce los riesgos y las vulneraciones específicas contra las mujeres en el contexto del conflicto armado, motivo por el cual aplica y trabaja para mejorar medidas diferenciadas a favor de las mujeres víctimas por parte de grupos armados ilegales y otros grupos criminales.

22.Respecto a la Política para la Atención Integral a la Población en Situación de Desplazamiento se ha logrado incorporar la perspectiva de género en la atención a las víctimas de este fenómeno y en seguimiento a la Sentencia T-025-04 y los Autos 092 y 237 de la Corte Constitucional se han diseñado y puesto en marcha, programas dirigidos específicamente a mujeres en riesgo o situación de desplazamiento. Sin embargo en la actualidad se adelantan diferentes estrategias, para suplir las necesidades en esta materia y superar el desafío de su implementación a nivel local.

23.Frente a la participación de las mujeres en la vida política y publica, además de la Ley de Cuotas (ley 581 de 2000), se ha suscrito el Pacto por la Inclusión Efectiva de las Mujeres en la Política, se creó la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República, se fortalecieron los Consejos Comunitarios de Mujeres y los Consejos Participativos de Mujeres Cafeteras; se realizaron Laboratorios Regionales y el Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas y se realizaron encuentros, foros, talleres y jornadas pedagógicas para tal fin.

24.En el desempeño de cargos públicos en el máximo nivel o cargos de otros niveles decisorios durante el año 2010, la Rama Ejecutiva, los Órganos Autónomos, los Órganos de Vigilancia y Control y la Registraduría Nacional del Estado Civil cumplieron con la Ley de cuotas, que busca una cuota mínima del 30% de cargos ocupados por mujeres. Igualmente, se registra un aumento progresivo de la participación femenina en el Congreso de la República. La representatividad de las mujeres sigue siendo baja en este último espacio y por ello se trabaja en el fortalecimiento medidas para promoverla. Recientemente la Corte Constitucional ha declarado exequible el proyecto de Reforma Política que señala la obligatoriedad de incorporar en las listas de candidatos por parte de los partidos o movimientos políticos a las elecciones, un mínimo de participación femenina del 30 por ciento, en aras de promover la equidad de género en el país.

25.En las elecciones realizadas para el periodo 1998-2002, la participación de las mujeres fue del 13% para el Senado de la República y 11% para la Cámara de Representantes. En el período 2010-2014, esta participación fue de 16% y 12%, respectivamente.

26.A través de la Política “Revolución Educativa”, las mujeres se beneficiaron con el logró de más oferta de educación en todos los niveles, atención a poblaciones vulnerables, educación de calidad con referentes internacionales, aseguramiento de la calidad en educación superior, mejor infraestructura escolar, más estudiantes con acceso a computadoras e Internet, selección y evaluación de docentes por mérito, gestión del sector modernizada y fortalecida; y, gestión participativa. Durante el periodo de este informe se concretaron importantes políticas como el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 y el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos (PLANEDH).

27.El resultado de éstas y otras iniciativas, se puede observar mediante indicadores como: el aumento de las tasas de cobertura en todos los niveles de educación, y por ende, la disminución el número de niños, niñas y jóvenes fuera del sistema educativo. Respecto a la matrícula para educación básica y media de niños y niñas, en el año 2010, de 10.978.743 personas matriculadas en educación básica y media, el 50% fueron niñas; cifra que se ha mantenido en los últimos 6 años. En educación superior, para el año 2002 la matrícula de mujeres fue de 514.568 y de hombres de 485.580; y para el 2010, de 863.473 y 810.947 respectivamente, lo que representa un aumento del 67% para hombres y 67.8% para mujeres, así la brecha entre ambos géneros pasó de 28.988 a 52.526 a favor del género femenino. Respecto a la oferta de graduados entre los años 2002 y 2009 los datos indican que las mujeres lideran la cantidad de títulos, del total de graduados de la educación superior el 55% son mujeres y el 45% hombres. Durante el 2006 - 2010, en la Formación para el Empleo ofrecida por el SENA, el 54% de los beneficiarios, fueron mujeres.

28.Se logró reducir las tasas de deserción en casi todos los niveles de educación, sin embargo en la educación superior, se presentan niveles de deserción muy elevados. Si bien la brecha cuantitativa se ha saldado, aún se presentan grandes brechas, relacionadas con la reproducción de estereotipos sexistas en la escuela que repercuten negativamente en el desarrollo integral de las capacidades, intereses y potencialidades de las niñas, jóvenes y mujeres.

29.En cuanto a las políticas del Gobierno en materia de mercado y relaciones laborales, éstas se dirigen a lograr que más colombianas/os estén ocupados en labores productivas, tengan ingresos estables y participen en el sistema de protección social, lo que ha sido posible gracias a la mayor actividad económica. En este sentido, la estrategia de promover que el crecimiento de la economía tuviera impactos en los niveles generales de empleo y ocupación, se refleja en una menor tasa de desempleo, así como en un aumento del empleo formal, lo que a su vez significa un aumento de la participación de la población aportante a los sistemas de protección social.

30.Durante el período 2006-2010, la participación laboral femenina aumentó 5 puntos porcentuales, sin embargo ésta dista en 24 puntos porcentuales de la de los hombres existiendo barreras para el acceso de las mujeres al mundo laboral remunerado. Para este período de tiempo, la Tasa de Ocupación femenina aumentó 4,4 puntos porcentuales, diferente a la de los hombres que fue de 2,2 puntos porcentuales, sin embargo para el 2010 esta tasa es de 67,5% para hombres y de 43,7% para mujeres.

31.La tasa de desempleo disminuyó tanto para hombres como para las mujeres, y la diferencia entre hombres y mujeres aunque es constante, tuvo una leve disminución. Para el 2010, la tasa de desempleo en hombres fue de un 9% y para las mujeres de un 15,6%. Entre las razones para explicar esta diferencia, se podría considerar el hecho que las mujeres históricamente han tenido una participación mayor en la economía del cuidado y los trabajos no remunerados: ellas han asumido históricamente los trabajos asociados con la reproducción de la vida y el cuidado de las personas, sin que estas tareas reciban valor en el mercado y sean visibilizadas; entre otros.

32.Por otro lado, según los datos del SGSS sobre la vinculación formal al mercado laboral, se muestra que la participación laboral de las mujeres profesionales es más alta que la de los hombres, aunque ganan menos que éstos. Sin embargo, la diferencia salarial ha disminuido con los años.

33.El Estado colombiano reconoce los retos existentes para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en este ámbito y adelanta acciones para la eliminación de la discriminación contra las mujeres en el mercado laboral, promueve estrategias para su formación al trabajo, desarrollo acciones para promover el empleo y desarrollo empresarial, entre otras. Resalta la reciente adopción de la ley que amplía en 14 semanas el descanso remunerado para las trabajadoras en estado de embarazo.

34.Respecto al ámbito de la salud, el Estado resalta la cobertura del 96% del total de la población colombiana, por el Sistema General en Seguridad Social en Salud. Igualmente se logró la unificación del Plan Obligatorio de Salud, siguiendo algunos mandatos judiciales, así como la orientación de la evidencia científica mediante guías de práctica clínica para los casos de VIH/SIDA, y atención de otras enfermedades. Igual tendencia de aumento de las coberturas, se registró en pensiones y en el Sistema de administración de riesgos profesionales.

35.En desarrollo del Plan Nacional de Salud Pública 2007 - 2010, se adelantaron diversas acciones dirigidas a reducir la mortalidad y morbilidad infantil, mantener coberturas útiles de vacunación y promover los derechos humanos sexuales y reproductivos. Estos avances se registraron en seis líneas: Maternidad segura, planificación familiar, salud sexual y reproductiva de adolescentes, cáncer de cuello uterino y mama, infecciones de transición sexual incluyendo el VIH/SIDA y la prevención de violencia doméstica y sexual.

36.Según la ENDS 2010 hay una tendencia de disminución de la fecundidad, cuya tasa pasó de 2,4 hijos en 2005, a 2,1 en 2010, sin embargo, una de cada cinco mujeres de 15 a 19 años ha estado alguna vez embarazada: un 16% ya son madres y un 4% está esperando su primer hijo.

37.Son evidentes los esfuerzos que se han hecho en Colombia, por parte del MPS para mejorar el acceso a los servicios de planificación familiar y para disminuir las desigualdades existentes entre los diferentes grupos poblacionales. El uso de métodos anticonceptivos se incrementó en 13 puntos porcentuales entre 1990 y 2010.

38.El 92% de los embarazos de los últimos cinco años fue atendido por médicos y el 5% por enfermeras, igualmente aumentó el número de visitas de control prenatal, así como la vacunación contra el tétanos neonatal. Entre el 56% y 66% de los problemas del postparto recibieron atención médica.

39.Frente al conocimiento de las causas permitidas de interrupción del embarazo en Colombia, un poco más de tres cuartas partes de las mujeres mencionan cada una de las causas de terminación del embarazo: el 76% dice que cuando el embarazo pone en peligro la vida o salud de la mujer, el 79% cuando hay malformación grave del feto y el 78% cuando la mujer ha sido violada. Según la ENDS 2010, el conocimiento de las tres causas es mayor entre las mujeres de 20-34 años, entre las mujeres solteras y entre las mujeres con uno o dos hijos nacidos vivos.

40.El conocimiento del VIH/SIDA es prácticamente universal: el 99% de las encuestadas en la ENDS-2010 dijo haber oído hablar de esta enfermedad. El nivel de conocimiento es menor entre el grupo más joven de 15-24 años. Solamente la mitad (51%) de las encuestadas contestó en forma correcta la pregunta relacionada con la posibilidad de que el virus pueda transmitirse durante la lactancia y apenas el 32% manifestó que el riesgo de la transmisión del SIDA de la madre al hijo (TSMH) puede ser reducido si la madre toma medicamentos especiales durante el embarazo.

41.En las últimas estimaciones de incidencia de cáncer en el país, el cáncer de mama ocupó el primer lugar con cerca de 7.000 casos nuevos cada año, seguido por el cáncer de cuello uterino con 5.600 casos nuevos cada año. En el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en Colombia, todas las mujeres afiliadas al sistema entre 25 y 69 años de edad y las menores de 25 años con vida sexual activa tienen derecho a la citología sin costo.

42.Por otro lado, respecto al Mecanismo Nacional de Género, en la administración del Presidente Santos, la CPEM fue modificada a Alta Consejería Presidencial, mediante decreto 3445 de 2010, y sus funciones ratificadas. Este Gobierno resalta la importancia de la entidad para la transversalización del enfoque de género a la política estatal en aras de alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por tal motivo, se ha comprometido a fortalecer técnica y presupuestalmente al mecanismo, en aras de cumplir con sus objetivos.

43.De igual manera, en el marco del PND 2011 - 2014, el Gobierno nacional y las organizaciones de mujeres mediante acuerdo manifestaron la necesidad de elaborar e implementar una política pública de equidad de género integral e interdependiente para las mujeres, compromiso que quedó incorporado en este documento. Este proceso se ha caracterizado por promover la amplia participación de las organizaciones de mujeres, afianzando su relación con el Gobierno nacional. Se espera adoptar la Política Pública en marzo de 2012.

II.Parte I de la Convención

A.Artículo 1

44. El presente apartado guarda relación con las recomendaciones específicas del Comité al Estado Colombiano en sus observaciones finales sobre el sexto informe periódico (CEDAW /C/COL/CO/6, párr s . 11, 13 y 19 ) y la recomendación general N. º 19 del Comité.

45.Respecto de la definición de “Discriminación contra la Mujer”, el marco normativo Constitucional y Legal colombiano es coincidente con la contenida en el artículo 1 de la Convención.

46.Teniendo presente que el Comité en su recomendación general N.º 19 consideró que esta definición incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada, y solicitó a los Estados incluir en los informes periódicos información sobre el particular, a continuación se incluyen las estrategias, medidas administrativas, judiciales y legislativas adoptadas para la prevención y la erradicación de la VCM como un obstáculo para su pleno desarrollo en el marco de la igualdad. Las demás estrategias relacionadas con el ámbito educativo, político, social y económico se desarrollarán al abordar los artículos correspondientes de la Convención.

1.Medidas administrativas

47.El PND “Estado Comunitario. Desarrollo para todos 2006-2010” señaló que para construir una sociedad más equitativa, humana y justa, se requiere garantizar la inclusión de mujeres y hombres en la dinámica social y desarrollar estrategias específicas para que las mujeres en condiciones precarias o en desventaja puedan mejorar su situación actual Para ello, se definieron como estrategias: a) la incorporación de la perspectiva de género en los programas, planes y proyectos del gobierno nacional, b) la puesta en marcha de la Política Afirmativa Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo 2003-; c) el desarrollo de la política social del gobierno nacional (2006-2010)

48.CONPES SOCIAL 091 de 2005, adoptó las metas y estrategias de Colombia para el logro de los ODM al 2015. En cuanto al ODM 3, Promover la Equidad de Género y la Autonomía de la Mujer, el CONPESestablece la necesidad de eliminar las desigualdades entre los géneros en educación primaria y secundaria, preferiblemente para el 2005 y en todos los niveles antes del fin del 2015. Sin embargo, dado que en Colombia no se presentan diferencias importantes en asistencia escolar por género, se estableció como propósito mejorar la capacidad de evaluación que permita orientar políticas y programas de manera acertada, además de establecer prioridades en las áreas de violencia de género, participación política y económica y mercado laboral. Las estrategias y metas para estas áreas se analizarán en este informe, en el apartado relativo a los artículos 2 y 3 de la Convención.

49.El Estado consciente de la magnitud y complejidad de las diversas formas de violencia existentes, que ponen en riesgo la vida y la integridad de mujeres y hombres, ha diseñado y puesto en marcha un conjunto de políticas públicas para combatir este flagelo. Estas políticas incorporan o han incorporado gradualmente el enfoque de género tomando en consideración los estándares internacionales sobre la materia, entre otras:

a)Política de Seguridad Democrática;

b)Política Integral en materia de DDHH y DIH del MDN;

c)La Política Nacional de Reintegración Social y Económica para personas y grupos armados ilegales;

d)Política de Lucha contra la Impunidad del Programa Presidencial de DDHH y DIH;

e)Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva;

f)Política Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada;

g)Política Afirmativa: Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo;

h)Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia;

i)Política de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados al Margen de la Ley y de Grupos Delictivos Organizados;

j)Política del MDN sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, Equidad, Violencia Basada en Género y Salud Sexual y Reproductiva;

k)Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2002-2006;

l)Estrategia Nacional de lucha contra la trata de personas.

50.Igualmente se han creado mecanismos de coordinación interinstitucional e intrainstitucional que procuran la promoción y protección de los derechos de las mujeres y niñas víctimas de violencia, como:

a)Comité de Seguimiento de la Ley 1257 de 2008;

b)Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas

c)Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada;

d)Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas del Abuso Sexual;

e)Equipo Multifuncional sobre Violencia Sexual y Basada en Género;

f)Mesa contra la Violencia Intrafamiliar y la Violencia Sexual del MPS y el ICBF;

g)Comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes;

h)Mesa Intrainstitucional de la FGN para la lucha contra la impunidad de los delitos de VCM (ver más adelante).

51.Adicionalmente, es importante mencionar uno de los avances más importantes alcanzados en Colombia, que para efectos de este informe tan solo se hace referencia considerando que fue expedida justo al momento de cierre del mismo, y es la adopción de la Ley 1448 del 10 de junio de 2011 conocida como “Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras” mediante la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

52.Política afirmativa: “Mujeres constructoras de Paz y Desarrollo”. Política diseñada por la ACPEM (2003-Agosto 2010), mediante la cual se desarrollaron cinco ejes temáticos: a) Prevención de la VCM; b) Participación Política; c) Educación y Cultura; d) Empleo y Desarrollo Empresarial; y, e) Fortalecimiento Institucional. A continuación se hace mención a los avances cualitativos y cuantitativos de esta política en el primer eje, de prevención de la violencia, la información sobre los demás ejes se incluye en este informe en los apartados relativos a Empleo y Desarrollo Empresarial; Participación Política; Educación y Cultura.

53.En el marco del eje de prevención de violencia, se desarrollaron las siguientes estrategias, que serán abordadas en detalle a lo largo de este informe:

a)Alfabetización Jurídica de las Mujeres sobre sus Derechos;

b)Incorporación del enfoque de género en la política para la atención integral a la población en situación de desplazamiento;

c)Mecanismos para la coordinación interinstitucional:

i) Proyecto Eurosocial;

ii) Creación de la Comisión Intersectorial para la Erradicación de la VCM;

d)Plan Estratégico para la Defensa de los Derechos de la Mujer ante la Justicia Colombiana;

e)Estrategia para la lucha contra la trata de personas;

f)Estrategia de Género y Comunicaciones;

g)Fortalecimiento de la recopilación y el análisis de información sobre VCM a través del OAG.

Sobre los literales b) y e), se amplía la información en los apartados sobre desplazamiento y violencia contra las mujeres.

54.Estas medidas han permitido posicionar la problemática de la VCM en la agenda estatal y concientizar a la sociedad sobre la importancia de esta forma de discriminación.

55.Respecto a la Alfabetización Jurídica realizada por la CPEM (hoy ACPEM), se realizaron durante el período 2003-2010, alrededor de 750 jornadas a nivel nacional, dirigidas a capacitar a las mujeres sobre sus derechos y sobre la importancia de denunciar los hechos de violencia para que no queden en la impunidad, en las que se difundieron cartillas pedagógicas: “Rutas por la No Violencia y Ley 1257 de 2008.

56.En el marco del Proyecto Eurosocial (2009), el cual promovió el intercambio de experiencias entre España y Colombia para fortalecer las instancias de la Rama Ejecutiva, de la FGN y el Ministerio Público, responsables de la promoción y garantía de los derechos de las mujeres, se definieron las bases de un protocolo de coordinación interinstitucional en materia de atención integral a mujeres víctimas de la violencia.

57.Comisión Intersectorial denominada Mesa Interinstitucional para Erradicar la VCM.Creada mediante el Decreto 164 de 2010, busca aunar esfuerzos para la articulación, coordinación y cooperación entre las entidades con competencia en la erradicación de la VCM para lograr la atención integral, diferenciada, accesible y de calidad a las mujeres víctimas. La Mesa reconoce el carácter multidimensional de la VCM por lo cual plantea una estrategia de intervención multisectorial e interinstitucional. De igual manera, se ha promovido la creación de Mesas Departamentales para erradicar la VCM, con la misma finalidad, pero con enfoque regional, ya se han conformado 6 Mesas Departamentales.

58.En el informe anterior (informe periódico quinto y sexto del Estado colombiano ante el Comité) se hizo mención a la puesta en marcha del Plan Estratégico para la Defensa de los Derechos de la Mujer ante la Justicia Colombiana. En desarrollo del convenio de cooperación entre el Gobierno Nacional, a través de la ACPEM y la Comunidad de Madrid, un grupo de expertos españoles y colombianos luego de un proceso de estudio sobre la realidad de la situación de las mujeres en Colombia diseñaron 116 medidas encaminadas a potenciar las acciones del Gobierno favorecedoras de los derechos de la mujer y de la igualdad, y a implementar nuevas acciones que perfeccionen la aplicación y práctica de los derechos que ya contempla la legislación colombiana en tres líneas de trabajo: a) protección de la mujer frente a la violencia intrafamiliar; b) ruptura de la unión marital; y c) discriminación laboral.

59.Cabe mencionar los siguientes resultados:

a)Protección en casos de Ruptura de la unión marital: se promovió con los consultorios jurídicos de universidades, la inclusión de la perspectiva de género en la asistencia jurídica gratuita que ofrecen a las mujeres y comunidades; se creó el consultorio jurídico radial Consulta Mujer con casos paradigmáticos y la relatoría de los mismos para inclusión en el portal web, antes referenciado;

b)Protección frente a la discriminación laboral:

i)Se incluyó un Módulo de formación sobre la materia en el Diplomado virtual: Mujer y Género;

ii)Se desarrolló una alianza de la ACPEM con la Federación Nacional de Cafeteros y agenda con mujeres cafeteras sobre VIF, participación política gremial y autonomía económica.

60.Para la implementación del Plan Estratégico (2008-2009) se priorizaron 25 medidas, teniendo en cuenta su importancia, su complementariedad y disponibilidad de recursos. Estas medidas se encuentran detalladas en el “Proyecto de implementación del Plan Estratégico para la Defensa de los Derechos de la Mujer en Colombia” formulado por la ACPEM y la Universidad Javeriana a través del Instituto Pensar, y financiado por la Comunidad de Madrid, para ejecutar bajo coordinación de la ACPEM a partir del 15 de septiembre de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2009. En el anexo N.º1 de este artículo se incluye el texto completo del Plan Estratégico.

61.Las medidas implementadas estuvieron encaminadas a reformas legislativas en las tres líneas de acción; al trabajo conjunto con medios de comunicación para promover valores igualitarios y fomentar una imagen equilibrada; programas de capacitación; protocolos de actuación para la prevención y atención de la VCM; el estudio sobre posibles estrategias de cooperación entre la Comunidad de Madrid y Colombia para la asesoría, acompañamiento y mecanismos para la exigencia de derechos de los migrantes, en relación a la situaciones surgidas con posterioridad a la ruptura de la unión marital; desarrollar campañas de concientización entre el empresariado para eliminar los prejuicios en materia de contratación de mujeres; entre otras.

62.Respecto a las medidas para la reforma legislativa, cabe destacar, que el documento completo del Plan Estratégico para la Defensa de los Derechos de la Mujer ante la Justicia en Colombia fue entregado por la ACPEM a la Bancada de Mujeres del Congreso de la República, con el fin de que sirva como insumo a sus iniciativas legislativas a favor de las mujeres. De acuerdo con la revisión realizada por la ACPEM, las reformas legislativas referentes a VCM sugeridas por el Plan Estratégico fueron incluidas en un 99% en la Ley 1257 de 2008.

63.En cuanto a la realización de estudios sobre los efectos y la eficacia de los mecanismos destinados a hacer frente a la violencia contra la mujer, en el marco de este Plan Estratégico, se hizo un estudio de la situación de las mujeres en los tres ejes de acción del plany con base en ello, se plantearon las recomendaciones respectivas.

64.Entre los resultados, se resalta:

a)Recopilación de información a nivel nacional, regional y local sobre programas relacionados con prevención detección, atención y formación en VIF- Portafolio de servicios prestados en las ciudades de impacto y visibilización nacional; difusión de materiales para madres afiliadas a cajas de compensación familiar (unión con Fundalectura);

b)Creación de materiales didácticos, tales como: el programa Leer en Familia: diario de derechos de la mujer, y Metro con los derechos de los niños; realización y emisión de la serie radial Palabra de Mujer: 35 emisoras de la red de radio universitarias de Colombia (RRUC);

c)Desarrollo pedagógico virtual: Diplomado Mujer y Género:

i)Capacitación de tutores

ii)Inicio del programa de formación a nivel nacional. III Cohortes 31 ciudades de Colombia, 562 participantes;

d)Realización y emisión de la serie radial Consulta mujer –: 35 emisoras de la red de radio universitarias de Colombia (RRUC) – 70 transmisiones y participación de consultorios jurídicos de universidades del país;

e)Iniciación de análisis de protocolos sanitarios a nivel nacional e internacional;

f)Evaluación de difusión de las cartillas de atención en salud;

g)Revisión de cumplimiento de protocolos contenidos en cartillas diseñadas para la Policía Nacional;

h)Enlace con representantes de la Policía Nacional para cumplimiento de protocolos;

i)Portal de Internet www.mujercolombia.com y adecuación del espacio disponible para el registro de casos de VIF;

j)Socialización de cartilla “Rutas por la no violencia ” y Ley 1257 para difusión en portal web, medios de comunicación, planteles educativos y bibliotecas públicas;

k)Insumos a la Bancada de Mujeres del Congreso Nacional para tramitar lo que en la actualidad es, la Ley 1257 de 2008;

l)Creación de la Mesa Nacional para la Erradicación de la VCM y promoción de la Mesas Departamentales para la Erradicación de la VCM (9 Mesas Departamentales), antes referenciada.

65.Para garantizar el respeto de los derechos de las mujeres en los medios de comunicación, en virtud de la Estrategia de Comunicación de la ACPEM se ha visualizado y sensibilizado a la sociedad en los temas de mujer e igualdad de género, se trabaja en alianza con medios masivos de comunicación, a través de tips informativos, boletines de prensa, comunicados, free press, testimonios, entrevistas, para divulgar los programas y proyectos que se implementan a favor del adelanto de las mujeres.

66.Es de mencionar además, el Programa Integral contra la VBG, programa conjunto entre las Agencias de Naciones Unidas (UNIFEM-OIM-FNUAP) y el Gobierno Nacional -ACPEM, financiado por el fondo PNUD España, para el logro de los ODM. Este programa busca contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia de género en Colombia, con especial énfasis en la violencia de pareja, violencia sexual, trata de personas, violencia producida por actores armados ilegales y prácticas tradicionales que atentan contra los derechos de las mujeres indígenas y afrocolombianas, en situación de desplazamiento. El Programa ha desarrollado acciones a nivel nacional y en cuatro territorios focalizados fortaleciendo a las entidades nacionales y territoriales competentes, al igual que a organizaciones de la sociedad civil en la prevención, detección, registro y monitoreo de la VBG; la atención a las víctimas de VBG; y desarrollo de un marco jurídico y de políticas públicas sobre VBG acorde con los instrumentos internacionales.

67.De otra parte, el Estado Colombiano ha puesto en marcha una Estrategia Interinstitucional de comunicaciones dirigida a funcionarias y funcionarios del Estado para que tomen conciencia de su deber y sus responsabilidades en la aplicación de la Ley 1257 de 2008 y el Auto 092 “Mujeres en situación de desplazamiento”, de modo tal que se comprometan en la aplicación de los nuevos procedimientos establecidos para prevenir, atender y sancionar las violencias contra las mujeres. En este sentido la comunicación que se adelanta en el desarrollo de la Estrategia habla desde y para: a) las y los funcionarios públicos, en el entendido que haciéndolo también se está enviando un mensaje a mujeres víctimas; b) a hombres no agresores; y c) a la sociedad en general. Esta estrategia se puso en marcha, a través del Comité Interinstitucional de Comunicaciones para la erradicación de la VCM, instalado oficialmente el 1º de junio del 2009. El Comité es liderado por el MINTIC, la ACPEM y Acción Social.

68.La Estrategia fue aprobada el 28 de junio de 2010 en el marco del Comité de Comunicaciones, y lanzada oficialmente el 2 de noviembre de 2010, adoptando el enfoque “Mujer tienes derechos” correspondiente ala estrategia de comunicación integral que busca contribuir a disminuir todas las formas de violencias contra las mujeres y en especial contra las mujeres en situación de desplazamiento y a generar procesos de cambio para que el Estado y la sociedad asuman el nuevo entorno legal como una oportunidad para avanzar hacia una vida libre de violencias contra las mujeres (ver respuesta al art. 5)

69.A su vez, el MINTIC, en el 2007 reformuló la “Política Sectorial para la Radiofusión en Colombia”, y establece lineamientos para que los radiodifusores cumplan con los preceptos establecidos en el ordenamiento jurídico existente y la responsabilidad social del medio, como el respeto por la dignidad de los niños, niñas y jóvenes; programas para erradicar la violencia contra la mujer; prevención del consumo de bebidas alcohólicas y tabaco, entre otras. Este Ministerio viene trabajando en facilitar el acceso al servicio de radio comunitaria como una estrategia para impulsar el desarrollo local, la promoción de la equidad, la expresión del pluralismo, la consolidación de las identidades culturales y la convivencia pacífica.

70.Plan Nacional de Construcción de Paz y Convivencia 2005-2015.La coordinación de su implementación a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, es realizada porel ICBF y desarrolla acciones de prevención, detección y atención de las diferentes formas de violencia de género e intrafamiliar, mediante la articulación intersectorial e interinstitucional para su abordaje integral, en corresponsabilidad con la familia, la sociedad civil organizada y los organismos de cooperación internacional.

71.Igualmente, a través del ICBF se ha promovido y apoyado la formulación de 33 planes, en los 32 departamentos del país y en Bogotá. En la actualidad se cuenta con 31 planes departamentales y uno distrital actualizados hasta la vigencia 2015, excepto uno, actualizado a la vigencia 2011 y pendiente de actualizara2015.

72.A través de los planes regionales, las entidades territoriales y agentes del SNBF en las regiones desarrollan acciones bajo los principios de la defensa de los DDHH, la garantía de seguridad y convivencia ciudadana y la construcción de paz y convivencia familiar para la consolidación de familias democráticas, tolerantes de las diferencias, respetuosas de la dignidad y de los derechos de sus miembros sin distingo de edad, género, cultura, o capacidad física o intelectual.

73.El ICBF desarrolla programas de prevención de la violencia intrafamiliar como: a) Vivienda con Bienestar; b) Promoción de comportamientos prosociales en las familias, niños y niñas de 4 a 6 años; c) Modelo solidario de Familia; d) Convenios con la Fuerza Pública, entre otros. En el apartado de este informe relativo al artículo 16, se amplía esta información.

74.Respecto a la garantía de los DDHH de las mujeres en el sector justicia, entre otras estrategias, el C.S. de la J., mediante el Acuerdo 4552 de 2008 creó la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, que busca promover la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres y la no discriminación por género en las decisiones judiciales sobre cuyas funciones, objetivos y resultados, se desarrollarán en el apartado relativo al Art. 15 de la Convención.

75.Servicios disponibles para las mujeres víctimas de violencia. La FGN ha desarrollado una estrategia institucional frente a la vulneración de los derechos de las mujeres víctimas que propende por la investigación efectiva de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, violencia intrafamiliar y trata de personas, la información, protección y materialización de los derechos al trato digno dentro de la actuación procesal de las víctimas del delito y la implementación de modelos de atención interdisciplinarios e interinstitucionales que eviten la doble victimización, a través de Centros de Atención e Investigación Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVAS) y Centros de Atención e Investigación Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVIF).

76.El objetivo de estos modelos de atención e investigación especial es articular competencias que por mandato legal y constitucional cumplen los entes responsables, generando así una simplificación de trámites y gestiones, optimizando los recursos humanos y económicos, evitando así el maltrato institucional o la doble victimización, especialmente con los niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de estos delitos. A la fecha estos modelos de gestión se encuentran en funcionamiento en 25 ciudades.

77.Para garantizar servicios apropiados a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, los CAVIF y CAIVAS, son un modelo que proporciona un servicio oportuno y eficiente a las niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, y la violencia intrafamiliar, en un marco de respeto por la dignidad humana, a través del trabajo interinstitucional, con el ICBF, la Policía Nacional, el INML y CF, las Alcaldías Municipales, Ministerio Público, entre otras. Se busca dar a las víctimas una adecuada y oportuna atención en las áreas psicológica, social, jurídica, médico-legal e investigativa de manera que se promueva la recuperación y se generen mecanismos de prevención del delito.

78.Los CAIVAS cuentan con salas de entrevistas, en la que se instalaron cámaras Gesell, que impiden el contacto entre la víctima y el agresor, reduciendo así, la doble victimización y evitándole mayor sufrimiento a la víctimas de estos delitos, durante el proceso de detección, instrucción y juzgamiento, a fin de garantizar el respeto de su interés superior y su dignidad.

79.La Policía de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, con la asesoría del Programa Ciudades sin violencia hacia las mujeres, UNIFEM-AVP y los CAVIF construyeron el protocolo de atención a Mujeres Víctimas de VIF, el Procedimiento estandarizado y los niveles de riesgos, el cual se puso en marcha mediante un plan piloto en la localidad de Engativá en Bogotá D.C., a partir de enero de 2011, posteriormente se realizará la evaluación y los ajustes que sean necesarios a fin de implementarlo en el territorio nacional.

80.A través del MIJ se han creado las Casas de Justicia, queson unidades interinstitucionales para la información, orientación, referenciación y prestación de serviciospara la solución de conflictos, donde se aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y noformal. Existen 66 casas de justicia a nivel nacional.Reúne bajo un solo techo instituciones nacionales y locales de administración de justicia. Según sus necesidades, se ejecutan algunos proyectos específicos, por ejemplo, la atención a la problemática de la violencia intrafamiliar; la incorporación de los componentes étnicos y de género en la política pública de acceso a la justicia y el desarrollo de proyectos de educación legal, entre otros.

81.L as Comisarías de Familia, como miembros del SNBF, son las encargadas de prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia por medio, entre otras, de acciones de restablecimiento y protección con el fin de salvaguardar a las personas que pudieran ser afectados por violencia intrafamiliar. La Acción de Protección de la Violencia Intrafamiliar es una acción constitucional, que consiste en un proceso breve y sumario del que conoce la Comisaría de Familia. Esta acción es independiente y autónoma de la acción que por el delito de violencia intrafamiliar conoce la jurisdicción penal.

82.En relación con las investigaciones en materia de delitos sexuales, la Policía Nacional ha especializado su lucha contra estos delitos, mediante la creación de los GEDES conformados interdisciplinariamente por investigadores de la SIJIN y del CTI, con una formación en criminalística y trabajando con una sola fiscal de tal forma que haya un seguimiento especial a todos los casos y comparar datos que permitan establecer a través de las diferentes denuncias, cuando los casos se relacionan con el mismo agresor.

83.En todas las estaciones de Policía hay una oficina de denuncia y contravenciones, en las que se recibe y orienta a las personas para facilitar una oportuna atención ciudadana. En el caso de abuso sexual o violación se ha implementado un protocolo en el cual se da información y atención sin necesidad de requerir a la víctima o la narración de los hechos.

84.Entre las medidas de atención establecidas en la Ley 1257 se prevé garantizar la habitación y la alimentación a las mujeres víctimas de violencia. A nivel nacional, no se ha establecido aún, el mecanismo para la prestación del servicio de habitación y alimentación a las mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, existen iniciativas de las autoridades gubernamentales a nivel local que garantizan la habitación, alojamiento y atención de las mujeres víctimas de violencia, algunas de estas son:

85.Hogares de Acogida y apoyo integral a Mujeres y sus hijas e hijos menores de 14 años, cuya vida e integridad física está en riesgo por violencia intrafamiliar: una modalidad de refugio humano, efectivo, reparador y costo/eficiente (Medellín-Antioquia): Este modelo seimplementa exitosamente desde el año 2006, está enfocado en la protección y atención integral a mujeres cuya integridad física y la de sus hijas/os está en riesgo por violencia intrafamiliar,mediante la implementación de una medida de protección temporal e inmediata y de apoyo integral con enfoque de género y de derechos, a mujeres que denuncien ante las autoridades competentes situaciones de violencia intrafamiliar que atentan contra su vida y/o la de sus hijos e hijas.

86.Secretaría Distrital de Planeación- Subsecretaria de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual (Bogotá D.C.): En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: para vivir mejor 2008-2012 se contempla “Poner en operación cuatro casas de refugiopara mujeres víctimas de violencia intrafamiliar”. En octubre de 2009 se inauguró la primerade estas casas en la localidad de Teusaquillo. De igual manera, en desarrollo del Programa “Familias positivas: por el derecho a una vida libre de violencias y a una ciudad protectora” que busca contribuir a la creación de condiciones para el reconocimiento, ejercicio y restablecimiento de los derechos de las familias que habitan la ciudad, para mejorar su calidad de vida, su desarrollo integral, autónomo y sostenible en el marco de la política pública para las familias y la Gestión Social Integral, cuenta con un refugio para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o sexual familiar (HOGARES CLUB MICHIN), ofreciendo servicios en la modalidad de acogida temporal, albergue y atención integral a mujeres solas o con sus hijos, hijas y/o menores de edad a cargo.

87.Por su parte, respecto a un patrocinio jurídico gratuito a la víctima durante el proceso, la Ley 1257 de 2008, estableció en su artículo 8 que toda víctima tiene derecho a: (…) Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de la autoridad. Se podrá ordenar que el agresor asuma los costos de esta atención y asistencia. Corresponde al Estado garantizar este derecho realizando las acciones correspondientes frente al agresor y en todo caso garantizará la prestación de este servicio a través de la defensoría pública.

88.Por ello, enel marco del proceso de reglamentación de esta Ley, la Defensoría del Pueblo ha asignado defensores/as públicos/as para la representación de mujeres víctimas, cuyo número se proyecta incrementar progresivamente conforme a la consecución de los recursos necesarios. Adicional, a la asignación de personal, se han desplegado actividades tendientes al fortalecimiento y cualificación del servicio.

89.Durante el 2010 la Defensoría realizó un proyecto piloto para la Implementación del servicio de orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal para mujeres y niñas víctimas de violencia, en el que se priorizaron casos específicos. Como resultado se produjo: a) Un informe final sobre obstáculos psicosociales y jurídicos en el acceso a la justicia de las mujeres y niñas en el cual se formulan puntuales para la reglamentación interna; b) Diseño del “Programa de Orientación, Asesoría Jurídica y Asistencia Técnica Legal para el Fortalecimiento del Acceso a la Justicia de Mujeres, Niños y Niñas Víctimas”, incorporando tres líneas de acción estratégicas.

90.Con el fin de implementar el componente de formación contenido en el «Programa de Orientación, Asesoría Jurídica y Asistencia Técnica Legal para el Fortalecimiento del Acceso a la Justicia de Mujeres, Niños y Niñas Víctimas», en 2010 se avanzó en la consecución de recursos para dar inicio al diseño de la estructura curricular, articulando a las diferentes dependencias de la Defensoría del Pueblo involucradas en los procesos de atención, asesoría, trámite de quejas, orientación y asistencia técnica legal.

91.Existen otras entidades que pueden prestar el servicio de defensoría pública a las víctimasdurante su proceso de manera gratuita como los profesionales del derecho vinculados alSistema Nacional de Defensoría Pública en el territorio nacional; los egresados de las facultades deDerecho; y los estudiantes de los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho de la universidadeslegalmente reconocidas en el país que formen parte del Sistema Nacional de Defensoría Pública.Otras entidades como la PGN están encargadas de vigilar los procesos yvelar por la garantía de los derechos de las víctimas. De otra parte, la Fiscalía tiene la obligación deinformar a las víctimas de sus derechos, posibilidades dentro del proceso y buscar un abogado de ladefensoría pública o de un consultorio jurídico para que las represente.

92.Respecto a líneas telefónicas gratuitas, el ICBF cuenta con la línea de atención gratuita 018000918080 a nivel nacional (24 horas al día) que atiende denuncias, quejas, presta asistencia e información en temas relacionados con el fortalecimiento de la familia y la protección del menor de edad. Si bien estas líneas, al igual que los programas implementados por el ICBF no atienden directamente sólo a mujeres y niñas, el enfoque de género sí es transversal a los programas.

93.La FGN-Unidad de Justicia y Paz, cuenta con una línea telefónica de atención a víctimas, con el número telefónico 5879745 para Bogotá y 018000916999 para el resto del país, la cual está conformada por psicólogos, personas con calidad humana y expertas en el manejo de trastornos emocionales y afectivos de las personas, con el fin de percibir el daño causado por grupos ilegales a la comunidad; a su vez la línea consta de siete (7) opciones, estableciendo la opción para casos donde la víctima objeto de violencia sexual y reclutamiento ilegal de menores.

94.El MPS ha venido avanzando en el componente de Salud Mental en la estrategia de APS. Se llevan a cabo actividades de promoción y prevención para la salud donde los usuarios se conectan con la atención secundaria o terciaria. El MPS diseñó la estrategia “salas de atención amigable a mujer” para la atención médica y en salud mental.

95.El ICBF ha fortalecido los equipos interdisciplinarios para la atención psicosocial: Unidades Móviles de atención a población víctima de la violencia para prestar atención en casos de violencia intrafamiliar y violencia sexual con profesionales del área de la salud mental, psicólogos y trabajadores sociales. Estos profesionales realizan atención en crisis y remisión a los servicios de salud según oferta institucional de la región.

96.Por otro lado, la Ley 1257 prevé entre las medidas de protección a favor de la mujer víctimas de las diferentes formas de violencia, la orden de acudir, a costa del agresor, a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada.

97.Capacitación a funcionarios públicos encargados de la atención a mujeres víctimas. En relación con la atención a víctimas, el INML y CF, desde el 2009 ha diseñado y puesto en marcha un Programa de capacitación sobre atención forense de la VBG con énfasis en mujeres en situación de desplazamiento por causa del conflicto armado, difusión de la Ley 1257 de 2008, y estándares internacionales para la erradicación de la VCM. Dirigido a médicos forenses y odontólogos forenses de las Regionales. En el año 2010 se diseñó un curso virtual sobre el tema y mediante la plataforma de educación virtual a través de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forense se capacitó gradualmente a todos los funcionarios misionales y de apoyo del Instituto en la materia.

98.Durante el 2009 el INML y CF con el apoyo del Programa Integral contra la VBG diseñó la "Estrategia Integral para la Prevención, Atención y Erradicación de todas las formas de Violencia de Género en Colombia", en el que se resaltó la importancia del fortalecimiento de las capacidades institucionales de la entidad, y se elaboró el Documento: Cuerpo de conocimiento sobre VBG del INML y CF. Igualmente, el INML y CF cuenta con guías y reglamentos para uso de los peritos del Instituto, así como para el uso en el sector salud por los médicos oficiales o en servicio social obligatorio para el abordaje Forense integral en la investigación del delito sexual y manejo del kit para la toma de muestras, en los sectores forense y de salud.

99.Otras acciones. El INML y CF en colaboración con el CINEP llevó a cabo la investigación Barreras invisibles del registro de la violencia sexual en el conflicto armado colombiano, cuyos principales hallazgos y conclusiones fueron publicados en la revista FORENSIS datospara la vida 2009.

100.La Policía Nacional, en el marco de la Política de Construcción Paz y Convivencia Familiar, ha implementado el Programa de Acciones Integradas frente a la violencia intrafamiliar en la Policía Nacional. Con base en el sistema de vigilancia epidemiológica establecida, anualmente se entrega un análisis de la problemática y a partir de éste se orientan acciones de los profesionales en Psicología y Trabajo Social de Sanidad a nivel nacional. Se desarrollan actividades educativas en salud contempladas en el Programa en todos los departamentos de Policía con el concurso de los profesionales en salud mental.

101.La ACPEM a través de UNIFEM y la Universidad del Rosario estableció una alianza con el fin de realizar seguimiento jurisprudencial en el tema de VBG, y en el tema de los derechos de las mujeres específicamente: a) derechos sexuales y reproductivos; b) Derechos laborales; c); Seguridad social (Salud y pensiones); d) Derechos de las reclusas y, e) Participación y Accesos a Espacios de Decisión.

102.En el marco de este proceso se elaboró el documento: “Seguimiento jurisprudencial en el tema de violencia basada en género, y en el tema de los derechos de los mujeres (Fase I) y Estudio y Seguimiento de las sentencias proferidas por los jueces penales del circuito y de los jueces de familia en las ciudades de Cartagena, Pasto y Cali en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2009 (Fase II). Este proceso fortalece las actividades antes desarrolladas en el marco del OAG al seguimiento de la jurisprudencia de Altas Cortes sobre los derechos de las Mujeres.

103.Por último, es de mencionar que la PGN desarrolla el Sistema de Vigilancia Superior a la Garantía de los Derechos de las Mujeres, estrategia de evaluación periódica sobre diferentes tópicos: a) el conocimiento y la aplicación que tienen las instituciones responsables sobre los instrumentos internacionales en la materia; b) la situación de los derechos garantizados por estos instrumentos y la disponibilidad y calidad de la información que da cuenta de estos derechos. El seguimiento y la evaluación son procesos continuos y se acompañan de la elaboración de informes de resultados. Se cuenta con seis informes de vigilancia sobre los derechos de las mujeres y adolescentes: a) Vigilancia preventiva a la garantía de los derechos de las mujeres, contenido en la publicación “Guía pedagógica a la garantía de los derechos de las mujeres, contenido en la publicación “Guía pedagógica y operativa para el seguimiento y la vigilancia”; b) “Los derechos de los jóvenes y adolescentes todavía pendientes”; c) La PGN y la realización efectiva de los derechos de las mujeres; d) Informe de seguimiento al Auto 092: Mujeres, Conflicto y derechos de las mujeres; e) Aproximación a la situación de la VCM en Colombia; y f) La efectividad de los derechos de las mujeres, una deuda de justicia.

2.Medidas legislativas

104.El principal avance legislativo en Colombia, durante el período de este informe es la Ley 1257 de 2008, Por medio de la cual se establece disposiciones sobre sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, reforma los códigos penal, de procedimiento penal, la Ley 294 de 1996, entre otras disposiciones.Con esta Ley cambió de manera fundamental el tratamiento legal a las violencias contra las mujeres en el Estado colombiano. Considerando la importancia de esta Ley, durante el desarrollo de este informe se efectúan menciones particulares a la misma. En el anexo N.º 2, de este artículo, figura el listado de otras medidas legislativas adoptadas durante el periodo, que incluye además el texto completo de esta Ley.

3.Medidas judiciales

105.En el anexo N.º 3 de este artículo, se incluyen los textos completos de las siguientes sentencias:

a)Sentencia T-453-05 de la CCC: Ordenó, “Prevenir a los funcionarios judiciales competentes para que se abstengan de ordenar la práctica de pruebas (i) que invaden de manera irrazonable o desproporcionada el derecho a la intimidad, o (ii) que tengan como finalidad demostrar que de la vida íntima anterior o posterior de la mujer se infiere que prestó su consentimiento a un acto sexual completamente separado al que fue objeto de denuncia”;

b)Sentencia T-458-07 de la CCC: reitera la jurisprudencia de la CSJ, “según la cual la ausencia de secuelas físicas en un caso de violación sexual en menores, no puede ser considerada como evidencia de aceptación de la relación sexual”;

c)Sentencia Sala de Casación Penal, Proceso N.º 23508, de Septiembre 23 de 2009 de la C.S.J. –Derechos de la Mujer/ Delitos Sexuales: Se hace una revisión de instrumentos nacionales e internacionales y Leyes favorables para las mujeres. Hace un análisis de cómo tiene que abordarse en el proceso penal en los delitos sexuales por parte de operadores de la norma y estudia el alcance del elemento de la violencia dentro de la línea jurisprudencial que ha sostenido la Corte. Señala: “Teniendo en cuenta el marco normativo y jurisprudencial acabado de referir, es de precisar el alcance de la decisión en comento, en el sentido de que, cuando el abogado haya escogido como estrategia defensiva la de cuestionar la credibilidad del relato del sujeto pasivo de la conducta, deberá tener especial cuidado en que todos sus actos procesales apunten a establecer el aspecto psíquico de odio, rencor o interés (y no cualquier otro estado, condición o cualidad de la víctima) mediante la acreditación, al igual que la valoración, de hechos indicadores distintos a los de la vida sexual e intimidad de la mujer y que de ninguna forma lleven a lesionar su dignidad o discriminarla, ya sea de manera directa o indirecta”;

d)Sentencia C-776-10 de la C.C.C. en la que se declara la constitucionalidad de los artículos 13 (parcial) y 19 (parcial) de la Ley 1257 de 2008, relacionadas con medidas en el ámbito de la salud referente a la garantía del derecho a la habitación y alimentación a las mujeres víctimas de violencia y la prestación de servicios de asistencia médica, sicológica y psiquiátricas a las víctimas, sus hijos e hijas a cargo de las Empresas Promotoras de Salud y las Administradoras de Régimen Subsidiado. “Considera la Sala que las prestaciones de alojamiento y alimentación suministradas a la mujer víctima de violencia, hacen parte de las medidas de protección y atención propias de su derecho integral a la salud (…). (…) La concesión de alojamiento y alimentación amparan el derecho a la salud de la agraviada, en cuanto procuran su estabilización física y emocional, permitiéndole gozar de un periodo de transición al cabo del cual podrá continuar con la ejecución del proyecto de vida por ella escogido”.

4.Situación actual/estadísticas

106.El Estado consciente de la importancia de construir y consolidar sistemas de información que visibilicen las distintas formas de VCM ha iniciado esfuerzos para estandarizar y unificar las formas de medición de estas violencias, en un trabajo con las entidades productoras de la información y usuarias de indicadores en esta materia, lo que ha permitido que cada una de las instituciones fortalezcan su batería de indicadores y su capacidad para producir información que apoye la formulación de políticas públicas. En este sentido, se tiene el trabajo desarrollado por:

OAG de la ACPEM	Recoge y sistematiza información secundaria cuantitativa y cualitativa para obtener mayor conocimiento de los cambios en las relaciones de género en un periodo determinado de tiempo. El OAG tiene alianzas con el INML y CF, la Policía Nacional, DANE, entre otras. Ha adelantado un proceso para el estudio, diseño y reformulación de indicadores de manera continua según estándares internacionales
INML y CF	Desde 1999, en su página web en el vínculo correspondiente a DRIP-Estadísticas presenta la información sobre muertes violentas y lesiones con un enfoque diferencial por sexo. Realiza anualmente la publicación de FORENSIS, datos para la vida, en la que se realiza la descripción analítica del comportamiento estadístico de las diferentes formas de violencia (homicidio, suicidio, informes periciales sexológicos, violencia intrafamiliar, violencia de pareja, etc.) conocidas por la entidad como resultado de la consolidación estadística de su actividad pericial. Estos análisis estadísticos que incluyen una descripción socio demográfica de cada una de las formas de violencia En 2010, presentó Masatugó “Mujer que recibe lo malo para dar lo bueno”, una investigación epidemiológica sobre la violencia contra la mujer en el periodo 2004 – 2008. (Anexo 4 de este artículo).
Policía Nacional	A través del Centro de Investigaciones Criminológicas de la DIJIN registra indicadores para medir la violencia de género.
FGN	Lleva registro de las investigaciones iniciadas, bajo el sistema de investigación de la Ley 600 de 2000 (Antiguo CPP) y Ley 906 de 2004 (CPP actual) que visibiliza las investigaciones en las que las víctimas son mujeres y niñas
MPS	Cuenta con los Sistemas de Información Sistema Integral de la Protección Social –SISPRO, que cobija los diferentes componentes de información relevantes para la protección social de acuerdo a estándares internacionales y el Sistema de Vigilancia de Salud Pública –SIVIGILA, que integra información referente a violencias y lesiones de causa externa, dentro de las cuales se encuentra violencia contra la mujer en su ciclo vital. ENDS. Elaborado por PROFAMILIA con el apoyo financiero de la MPS y la USAID. Su objetivo es obtener información actual sobre aspectos demográficos y de salud de la población, relacionados con los objetivos de la política nacional de salud sexual y reproductiva. Es desarrollada cada cinco años desde 1990, y recolecta información sobre la salud de las mujeres en edad fértil, su historia reproductiva y su entorno familiar.
Observatorio de DDHH y DIH de la Vicepresidencia de la República	Recoge información sobre hechos acaecidos de vulneración de DDHH desagregada por sexo. En 2010, elaboró un documento que reseña un primer acercamiento de cómo la violencia en el país ha afectado a las mujeres durante el período 2003-2009 y los primeros meses de 2009 y 2010, sin llegar a establecer una relación de causalidad de violencia y género. (Ver información más adelante).

107.Así las instituciones han fortalecido sus capacidades para registrar, producir y analizar información sobre violencia basada en género.

108.Las cifras reportadas al OAG-ACPEM describen las diferentes formas de VCM. A continuación de forma sucinta, se presentan las cifras más relevantes en violencia física, violencia sexual y violencia psicológica. (Para mayor información ver los cuadros y gráficas que se anexan a este informe, de cada uno de los siguientes indicadores).

109.Con respecto a violencia física de pareja, los datos del INML y CF muestran quedesde el 2006, la prevalencia de la violencia física de pareja en contra de las mujeres es elevada y se mantiene constante; solo en el 2010, de un total de 51.430 casos por maltrato pareja, 45.389 corresponden a mujeres. Cifra que contrasta de manera reveladora con el bajo número de casos en los cuales los hombres fueron víctimas de este tipo de hecho, 6.041 casos. Sin embargo, como se señaló anteriormente, las cifras de Medicina Legal son denuncias, lo cual también nos demuestra que en los últimos años el nivel de denuncias se ha incrementado. En el anexo N.º 5 de este artículo, se incluye información detallada de todos los años y con respecto a más tipologías.

110.Por su parte, en los resultados de la ENDS 2010, el 37% de las mujeres alguna vez casadas o unidas fueron víctimas de agresiones físicas por parte de su esposo o compañero. En comparación con los resultados de la ENDS 2005, se presenta una disminución de 2 puntos porcentuales. Llama la atención que específicamente con respecto al tipo de agresión referido a violación sexual por parte del esposo o compañero, se presenta una disminución de dos puntos porcentuales entre el 2005 y el 2010 ya que su reporte pasó de 11,5% a 9,7%. De cualquier manera el porcentaje de violación sexual por parte del esposo, sigue siendo muy alto.

111.Respecto a la v iolencia física por persona diferente al cónyuge según ENDS el 14% de todas las mujeres reportó haber sido agredida por otra persona diferente al esposo o compañero. Tal y como lo reseña el análisis de la ENDS de 2010, este porcentaje representa una disminución de 2 puntos porcentuales con relación a la ENDS 2005. Los mayores agresores de las mujeres son: el ex marido o ex compañero (35%), la madre o el padre (20%), otra persona pariente de ella (16%), y el exnovio (14%). Estos datos reflejan el hecho de que siguen siendo la antiguas parejas quiénes más agreden, a pesar de la terminación de la relación.

112.La información disponible sobre violencia sexual proveniente de datos del INML y CF muestra que desde el 2007 son las mujeres quienes se encuentran significativamente más afectadas en relación con los hombres. Solo para el 2010, se reportan 15.191 dictámenes sexológicos en mujeres, mientras con relación con hombres la cifra alcanzada es de 2.938.

113.Igualmente, en el año 2010, el mayor presunto agresor en contra de las mujeres proviene del ámbito familiar. Así, el total de mujeres víctimas de un familiar (padrastro, padre, tío, hermano etc.) fue de 5.482 en comparación con el total de hombres que fue de 1.003. Por otro lado, se constata que después de los miembros del ámbito familiar, los segundos mayores presuntos agresores sexuales pertenecen a la categoría de “otros conocidos” (vecino, profesor, arrendador, proveedor, etc.). Es así como en el 2010, hubo en total 3.019 dictámenes sexológicos cuyas víctimas fueron mujeres.

114.La ENDS por su parte, da cuenta de que el 6% de las mujeres entrevistadas reportaron haber sido violadas. Esta cifra no cambia en relación con la obtenida en la ENDS 2005. Cabe mencionar que los abusos sexuales aquí reseñados, no incluyen los cometidos por parte del esposo o compañero, que ya fueron mencionados en el acápite de violencia física por parte del esposo. Los mayores violadores son: el ex marido (18%), un desconocido (16%), un amigo (12%) y un pariente (10%). Tales cifras demuestran que en Colombia, una de las más graves formas de agresión sexual en contra de las mujeres, proviene principalmente de aquellos hombres que están en el círculo más cercano a las mismas.

115.En referencia con algunas modalidades de Violencia Psicológica, de acuerdo con las entrevistas de la ENDS 2010, un 65% de mujeres han sufrido algún tipo de control por parte del esposo o compañero permanente. En comparación con la ENDS 2005, el resultado no registra ninguna disminución. Con respecto a las situaciones de control que más sufren las mujeres, se pueden nombrar las siguientes: el esposo se ha puesto celoso (54,3%), insiste siempre en saber dónde está ella (39%), la acusa de infidelidad (34%), la ignora (33%), y le impide el contacto con amigos o amigas (29%).

116.Las entrevistas realizadas en el marco de la ENDS 2010 revelan que el 32 % de las mujeres alguna vez unidas, reportan haber recibido amenazas por parte de sus esposos o compañeros. Con respecto a la ENDS 2005, el porcentaje permanece estable. De mayor a menor proporción las mujeres reportaron las siguientes amenazas por parte de sus parejas: la de abandono (21%), seguida por la de quitarle los hijos (17%) y por último, la amenaza de quitarle el apoyo económico (16%).

5.Medidas recientes o en curso

117.PND 2010-2014 “Prosperidad para Todos” Se ha incorporado en las bases del documento, un capítulo para alcanzar la equidad de género y adoptar estrategias para la eliminación de la discriminación hacia la mujer en el mercado de trabajo y las actividades productivas, el acceso a servicios sociales, en la participación política y la erradicación de la VBG. Este PND, fue sancionado mediante la Ley 1450 del 16 de junio de 2011.

118.En este acápite, el Gobierno Nacional plasmó su compromiso para la construcción de una Política Pública Nacional de Equidad de Género para garantizar los DDHH integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de género. Política que se construirá de manera participativa con las organizaciones de mujeres, bajo el liderazgo de la ACPEM.

119.De igual manera, en el capítulo V Consolidación de la paz, se incluyó un capítulo de DDHH, DIH y Justicia Transicional, en el cual se establece el diseño de una Política Nacional Integral en materia de DDHH y DIH. Esta política estará conformada por nueve componentes, uno de los cuales es el de Igualdad y No Discriminación. Adicionalmente, en la Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el eje de fortalecimiento de los sistemas de denuncia y respuesta institucional se incluyeron acciones dirigidas al fortalecimiento de la atención a víctimas de violencia intrafamiliar y sexual.

120.Entre las acciones previstas a desarrollar a futuro, en el marco de la prevención de la VCM, se encuentra el continuar con el fortalecimiento de escenarios de articulación y coordinación interinstitucional para la erradicación de la VCM, tales como, la Mesa Interinstitucional para Erradicar la VCM y las Mesas Departamentales o los espacios que desde el nivel local se ocupen de la problemática. De igual manera, la ACPEM continuará prestando asistencia técnica a las diferentes entidades estatales competentes de la prevención, sanción y erradicación de la VCM para garantizar una prevención y atención integral a las mujeres víctimas.

121.Se creará el Observatorio Nacional de Violencias, a cargo del MPS, con el fin de investigar, documentar, sistematizar, analizar, visibilizar, hacer seguimiento y monitoreo a la problemática de violencias con especial énfasis en las VBG, intrafamiliar y sexual. El Observatorio Nacional de Violencias actuará coordinadamente con el OAG de la ACPEM para llevar a cabo alianzas institucionales, establecer fuentes de información y otras funciones requeridas en materia de VBG.

122.Estrategia de Fortalecimiento de la FGN, para mejorar el acceso a la justicia de manera real y oportuna a las mujeres víctimas:

a)Capacitación y sensibilización respecto a temas relacionados con violencia de género y metodologías de cultura del servicio, atención en crisis, entre otras (Escuela de Investigación Criminal);

b)Elaboración de los perfiles adecuados que deben tener los(as) funcionarios(as) que atienden a las mujeres cuando acuden a denunciar;

c)Fortalecer e incrementar los CAIVAS, CAVIF como un reconocimiento al trato diferencial que requieren las víctimas de violencia sexual e intrafamiliar;

d)Establecer dentro de los procedimientos de los Modelos de Gestión CAIVAS – CAVIF el respeto por el derecho a la intimidad que les asiste a las víctimas de esta clase de agravios;

e)Mejorar la metodología investigativa en lo pertinente y extenderla a las investigaciones de otras formas de violencia sobre las mujeres, de acuerdo con los elementos estructurales de cada una de las conductas delictivas.

123.Por su parte, el MDN está ajustando el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violencia Intrafamiliar y el desarrollo de entrenamiento específico a profesionales de la salud mental en psicología y trabajo social para la entrevista psicoterapéutica de víctimas de violencia intrafamiliar y sexual.

124.El ICBF continuará con la ejecución y seguimiento a los 33 planes departamentales y distrital, en aplicación de la Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar, entre otros.

B.Artículos 2 y 3

125.El presente apartado guarda relación con las recomendaciones específicas del Comité al Estado colombiano (CEDAW/C/COL/CO/6, párrs. 15 y 36).

1.Medidas administrativas

126.La construcción de la equidad en Colombia se inicia a través del reconocimiento de la existencia de poblaciones con claras diferencias en cuanto a sus necesidades, que requieren especial atención y protección del Estado, para que puedan mejorar su condición y calidad de vida.

127.Este reconocimiento se ha venido haciendo a través de los PND, incorporando en ellos disposiciones especiales para la equidad de género. En el PND 2006 – 2010, consagró expresamente la necesidad de: a) adelantar la política afirmativa “Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo”, mediante la ejecución de planes estratégicos y programas específicos a favor de las mujeres; b) hacer énfasis en el respeto por las diferencias de género en programas como la Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema; los programas de empleo y desarrollo empresarial; de salud sexual y reproductiva; violencia intrafamiliar y participación política. Además señaló que el OAG-ACPEM sería la instancia encargada de hacer seguimiento con perspectiva de género a las acciones que en desarrollo de esta política se adelanten y de formular recomendaciones para adoptar medidas correctivas.

128.En el marco del Plan 2006-2010 entre las estrategias adoptadas se resaltan, entre otros:

a)La garantía para el acceso a métodos modernos de planificación y eliminar las barreras de acceso a los servicios de planificación familiar; promover una sexualidad responsable, con especial énfasis en la población adolescente; reducir la tasa de mortalidad materna; el incremento de la atención especializada durante el parto;

b)La coordinación intersectorial para la prevención y atención de la VCM;

c)Respecto al acceso a la justicia, la aplicación de las recomendaciones elaboradas en el marco del Plan Estratégico para la Defensa de los Derechos de las Mujeres ante la Justicia Colombiana;

d)La promoción de la Ley de cuotas y seguimiento al cumplimiento de la misma por parte de los entes territoriales;

e)La promoción y el seguimiento de los derechos de las mujeres rurales (Ley 731 de 2002);

f)La adopción de políticas que promuevan la generación de ingresos, la creación de empleos y el fortalecimiento de la capacidad emprendedora de las mujeres, asegurando el pleno respeto de sus derechos laborales e individuales;

g)Seguimiento a la situación de la mujer en Colombia a través del OAG y su fortalecimiento.

129.La ACPEM a través de: a) la implementación de Acciones Afirmativas a favor de las mujeres; b) la Estrategia de Transversalidad de Género y c) el seguimiento a la Política Social y de Seguridad Democrática desde un enfoque de género, ha fortalecido las relaciones, la articulación y la coordinación entre más de 80 entidades del Estado a nivel central y local para la erradicación de la violencia y la discriminación contra las mujeres que han permitido el fortalecimiento de la entidad.

130.En el mismo sentido, se promovió la creación de mecanismos y alianzas para la equidad de género en el sector público y privado para fortalecer el quehacer de las entidades y poner en práctica el principio de igualdad y no discriminación contra las Mujeres. En aras de focalizar resultados, e Gobierno nacional priorizó en el marco de la Estrategia de Transversalidad de Género liderada por la ACPEM, políticas, planes y programas en el nivel nacional para la incorporación del enfoque de género. Estas fueron: a) Política Banca de las Oportunidades; b) Red de Protección Social para la Erradicación de la Extrema Pobreza – JUNTOS; c) Estrategia Nacional de lucha contra la Trata de Personas (Ver descripción en el Art. 6); d) Política de Atención Integral a Población en Situación de Desplazamiento y Directriz de atención integral a la población desplazada con enfoque diferencial de género (Ver descripción más adelante); e) Política de Reinserción y Reintegración Económica. (Ver descripción en el art. 1). Para este proceso, herramientas como el Manual de Entrenamiento en Transversalidad de Género (elaborado en el 2006 con el apoyo del PNUD), la firma de importantes Pactos con los sectores involucrados han servido para prestar la asistencia técnica a las administración pública.

131.A través de los Programas: Red Juntos y Familias en Acción implementados por del DNP y Acción Social, se trabajó también en la incorporación de la perspectiva de género y los principios de igualdad, no discriminación y adelanto y desarrollo de la Mujer. En el marco de Red Juntos, la ACPEM suscribió, en el 2007, un convenio para generar estrategias integrales para la atención de la población más vulnerable, en el marco de tres componentes básicos: acompañamiento familiar y comunitario, fortalecimiento institucional y acceso preferente a la población JUNTOS. La ACPEM, también trabajó para articular el Programa Mujer Cabeza de Familia Microempresaria con los municipios piloto de la RED JUNTOS, permitiendo la participación en las jornadas de Banca de Oportunidades y la entrega de 1.153 créditos a mujeres jóvenes vinculadas y beneficiarias de la Red, de las cuales 383 pertenecen a población en situación de desplazamiento, 737 de los estratos socioeconómicos más bajos, y 33 son mujeres beneficiarias del Programa Familias en Acción.

132.Respecto al Programas Familias en Acción, a diciembre de 2009, se indica que de un total de 2.555.491 madres titulares beneficiadas con subsidios del Programa, 2.304.657 son mujeres, lo que equivale al 90% de la población beneficiaria.

133.Las entidades del Gobierno Nacional cuentan con la asesoría de la ACPEM, en el diseño de políticas públicas y la asistencia técnica para la incorporación de la perspectiva de género en los planes y programas que desarrollan. Esta entidad, en los últimos cuatro años ha venido consolidando su trabajo a través de la asistencia técnica a entes territoriales, entidades del sector público y privado y la vinculación de los medios al desarrollo de programas, proyectos y estrategias enmarcados en los ejes temáticos de la política afirmativa: Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo (2003-Agosto 2010) presentando avances cualitativos y cuantitativos.

134.Por otro lado, en el marco de la recomendación del Comité sobre el fortalecimiento institucional del Mecanismo Nacional de la Mujer (CEDAW/C/COL/CO/6, párr. 15) se resalta la continuidad que el Gobierno Nacional dio en el periodo 2006-2010 a la Política “Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo” formulada a partir de los mandatos consignados en el PND 2002-2006 y manteniendo los ejes temáticos priorizados: a) Empleo y Desarrollo Empresarial, b) Educación y Cultura, c) Violencias contra las Mujeres, d) Participación Política y e) Fortalecimiento Institucional; consolidando las acciones emprendidas, ajustándolas y ampliándolas en algunos casos para vincular nuevos actores y garantizar la incorporación de la dimensión de género en la agenda de las diferentes ramas del poder público y de otros sectores de la sociedad.

135.Durante el período 2006-2010, la ACPEM utilizó y movilizó recursos del Presupuesto Nacional por un monto aproximado de 2.090 millones de dólares de los Estados Unidos, sin embargo para la puesta en marcha de todas las estrategias implementadas debió realizar un esfuerzo de consecución de recursos a través de otras fuentes a través de alianzas con otras entidades del sector público, privado y la cooperación internacional.

136.En la administración del Presidente Juan Manuel Santos, la ACPEM fue modificada a Alta Consejería Presidencial, mediante decreto 3445 de 2010, y sus funciones ratificadas a las ya asignadas en el 2003 (Decreto 517). De igual manera, se ha fortalecido su coordinación y articulación con las demás dependencias temáticas y de DDHH en aras de fortalecer todo el proceso de promoción, garantía de los DDHH de las mujeres a través de la transversalización del enfoque a los demás programas. Las funciones de la ACPEM son:

a)Asistir al Presidente y al Gobierno Nacional en el diseño de las políticas gubernamentales destinadas a promover la equidad entre mujeres y hombres, siguiendo las orientaciones generales trazadas por el Presidente de la República;

b)Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la formulación, gestión y seguimiento de las políticas, planes y programas en las entidades públicas nacionales y territoriales;

c)Establecer los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la legislación interna y de los tratados y convenciones internacionales que se relacionen con la equidad de la mujer y la perspectiva de género;

d)Establecer Alianzas estratégicas con el sector privado, organismos internacionales, ONGs, universidades y centros de investigación, para estimular y fortalecer la investigación y el análisis del conocimiento existente sobre la condición y situación de la mujer;

e)Apoyar organizaciones solidarias, comunitarias y sociales de mujeres a nivel nacional y velar por su participación activa en las acciones y programas estatales;

f)Impulsar la reglamentación de Leyes existentes dirigidas a lograr la equidad para las mujeres;

g)Canalizar recursos y acciones provenientes de la cooperación internacional, para el desarrollo de los proyectos destinados a garantizar la inclusión de la dimensión de género y la participación de la mujer en el ámbito social, político y económico;

h)Las demás que le sean asignadas por el Presidente de la República.

137.A nivel internacional, Colombia también ha promovido los principios de igualdad, no discriminación y adelanto de la mujer, desempeñando un activo papel en foros intergubernamentales del Sistema Interamericano y del Sistema Universal de DDHH, siendo parte del Comité Directivo de la Comisión Interamericana de Mujeres en el periodo 2008-2010; ejerció la Vicepresidencia de la CIM en el periodo 2006-2008; ocupó la Vicepresidencia de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL (2007- 2009), bajo la representación de la ACPEM. Adicionalmente, Colombia fue elegida miembro de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, para el período 2009-2012, y promovió en esta instancia durante el 54.º Periodo de sesiones de la Comisión la resolución sobre Empoderamiento Económico de las Mujeres, adoptada por consenso y con el copatrocinio de 66 países.

138.En el ámbito de la integración y la cooperación regional, Colombia lideró la creación de la Red de Ministras de la Mujer de la Región Andina (REMMA), el objetivo de este espacio es intercambiar experiencias, particularmente en lo relacionado al fortalecimiento de los Mecanismos Nacionales. Del trabajo adelantado desde la REMMA surgió la iniciativa de crear al Consejo Andino Asesor de Altas Autoridades de la Mujer e Igualdad de Oportunidades de la Región Andina (CAN), que tiene como objetivo apoyar al proceso de integración subregional con un enfoque de DDHH, de género e interculturalidad, particularmente de las mujeres, que tiendan a la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, la eliminación de la violencia hacia la mujer y la construcción de una nueva sociedad regional más justa y equitativa.

139.En Colombia, se han creado otros mecanismos que promueven la equidad de género en las Rama Legislativa, Rama Judicial; en los órganos de control y el sector privado. En este sentido, el proceso de la transversalidad de la perspectiva de género ha logrado visualizar en el mediano plazo la construcción de un sistema nacional de género como parte de una política de Estado que está permitiendo materializar el principio de igualdad y no discriminación en el quehacer de las entidades públicas y el sector privado.

140.Por su parte, la Rama Legislativa, en el 2006, creó la Comisión Accidental Bicameral del Congreso de la República para el trabajo, por la equidad de género, los derechos sociales, políticos laborales y la salud mental, sexual y reproductiva conocida como la Bancada de Mujeres, espacio organizado y plural en el que se promovieron proyectos legislativos para la eliminación de la discriminación contra las mujeres y se incidió políticamente para el adelanto de las mujeres.

141.Igualmente mediante la Ley 1134 de 2011, se modifica y adiciona la Ley 5ª de 1992, y se crea la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República, con el objeto fomentar la participación de la mujer en el ejercicio de la labor legislativa y de control político.

142.La Rama Judicial, creó la Comisión Nacional de Género (2008) cuyo objetivo es promover la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres y la no discriminación por género en las decisiones judiciales.

143.Los órganos de control, a quienes les corresponde la guarda y promoción de los DDHH (la PGN y la Defensoría del Pueblo) han fortalecido sus capacidades, mecanismos y procedimientos para el seguimiento y cumplimiento de los DDHH de las mujeres. La PGN en el marco de sus funciones preventiva y de control de gestión; disciplinaria y la intervención administrativa y judicial ha desarrollado estrategias de seguimiento y cumplimiento a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer. La PGN con el Sistema de Vigilancia Superior, antes referenciado, contribuye a la construcción de la igualdad, en la prevención de la discriminación, la inequidad y las violencias relativas al género y a los derechos de las mujeres, para lo cual se ha propuesto: a) Impulsar la inclusión de la perspectiva de género en la gestión pública; b) Garantizar el cumplimiento de las responsabilidades institucionales frente a los derechos; c) Promover la generación de información desagregada, oportuna y de calidad relativa a los derechos, particularmente por sexo, área, etnia y edad; d) Promover el conocimiento, la apropiación y la aplicación de las normas internacionales relativas al género; e) Potenciar el papel de la comunidad para consolidar el proceso de seguimiento y vigilancia. Los resultados de esta vigilancia se difunden a nivel nacional a través de la revista Procurando la Equidad.

144.Igualmente la PGN, ha venido realizando el fortalecimiento interno del nivel directivo y los servidores y servidoras de la entidad y Personeros del país, mediante actividades que permitan la cualificación del Ministerio Público para responder a los conceptos propios del Estado Social de Derecho y avanzar en la construcción de la igualdad. Adoptó la Resolución N.º 210 de Mayo 24 de 2010, mediante la cual la PGN aprueba la Política de Igualdad y no Discriminación del Ministerio Público con el fin de que todos los servidores que prestan su servicio a la PGN, Defensoría del Pueblo; y personería municipales, la ejecuten en el cumplimiento de sus funciones y a través de ella, promuevan la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

145.La Defensoría del Pueblo, a través de la Defensoría Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer y de la Oficina de Atención al Desplazamiento ha trabajado en el seguimiento y verificación del cumplimiento de los instrumentos internacionales a favor de los DDHH de las mujeres por parte de las entidades del Estado, y para que las políticas públicas incorporen la perspectiva de género; promoviendo un enfoque diferencial que enfatice en la prevención, sanción y superación de la discriminación y VCM, jóvenes y niñas; para fortalecer la participación y el proceso de empoderamiento y ciudadanía de las mujeres.

146.En el plan estratégico 2009 – 2012 la Defensoría del Pueblo incorporó las siguientes acciones estratégicas:

a)Incidencia en la formulación y gestión de políticas públicas, con énfasis especial en la protección de mujeres víctimas de la violencia sociopolítica y en la implementación y reglamentación de la Ley 1257 de 2008;

b)Garantía del acceso a la justicia para mujeres víctimas;

c)Difusión y capacitación sobre la Ley 1257 de 2008;

d)Promoción y divulgación de derechos sexuales y reproductivos;

e)Cualificación del servicio de defensoría pública para la adecuada atención a las mujeres víctimas;

f)Promoción de derechos y prevención de la discriminación de niñas y adolescentes en el ámbito educativo.

147.Por su parte, la Contraloría General de la República, mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas, impulsa desde hace 5 años la transversalización de la perspectiva de género al interior de la política de la institución. Recientemente han diseñado el programa de Equidad de Géneros y Diversidad, el cuál implementa una línea de auditoría para este tema e incorpora los presupuestos sensibles al género.

148.Respecto al sector privado, en desarrollo de los compromisos adquiridos con el Acuerdo Nacional por la Equidad entre hombres y mujeres (2005); y la implementación del Plan Estratégico para la Defensa de los Derechos de las Mujeres ante la Justicia Colombiana en el que se reconoce las dificultades que afectan la plena participación de las mujeres en el mercado laboral y en otras esferas, la ACPEM promueve una estrategia adelantada con los gremios y la empresa privada que permitió la suscripción de la “Agenda por la Igualdad Laboral” compromiso expreso del sector gremial con la igualdad de género en las empresas para potenciar el papel de las mujeres y concretar acciones específicas que aseguren su inclusión efectiva en el sector laboral.

2.Medidas legislativas

149.En el anexo N.º 2 de estos artículos, se incluyen los textos de las siguientes medidas legislativas:

a)Ley 1434 de 2011 por medio del la cual se crea la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República de Colombia;

b)Ley 1413 de 2010 por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado, conformada por el trabajo de hogar no remunerado, en el sistema de cuentas nacionales;

c)Decreto 164 de 2010, por medio del cual se crea la Comisión Intersectorial: “Mesa Interinstitucional para la Erradicación de la VCM”;

d)Decreto 3445 de 2010 Ratifica las funciones de la ACPEM estipuladas en el Decreto 517 de 2003 y la transforma en Alta Consejería Presidencial;

e)Resolución N.º 210 del 24 Mayo de 2010, adopción de la Política de Igualdad y no Discriminación del Ministerio Público;

f)Acuerdo 4552 de 2008 del C.S. de la J., mediante el cual se crea la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial;

g)Ley 1151 de 2007 mediante la cual se adopta el PND 2006-2010.

3.Situación actual/ estadísticas

150.En cada uno de los apartados de este informe relativos a empleo, participación política, educación, salud; entre otros, se darán a conocer los datos relacionados con los principios de igualdad entre hombre y mujeres, no discriminación y desarrollo y adelanto de la mujer. Sin embargo, en el anexo N.º 1 de este artículo, que contiene el documento elaborado por el OAG en seguimiento a la Política Social del Gobierno Nacional, y la Política de Seguridad Democrática con relación a las mujeres, se encuentra información adicional sobre el particular.

4.Medidas recientes o en curso

151.En el marco del PND 2011-2014 quedó registrado lo acordado por el Gobierno Nacional con las Organizaciones de Mujeres respecto de la necesidad de contar con una Política Pública de Equidad de Género para garantizar los DDHH integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de género.Este proceso implica tener en cuenta las particularidades que afectan a los diferentes grupos poblacionales (afrocolombianas e indígenas, rom, urbanas y rurales); la construcción de planes de acción específicos para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias; la atención integral a las mujeres en situación de desplazamiento; y, estrategias para la discriminación contra la mujer en el ámbito político, económico, cultural.

152.La construcción de esta política está liderada por la ACPEM con el apoyo de la Vicepresidencia de la República y la cooperación internacional. Existe una clara voluntad del Gobierno nacional, de las Organizaciones de Mujeres, y la Comunidad Internacional para apoyar este proceso de manera participativa en aras de adoptar estrategias que garanticen la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en el Estado Colombiano. La meta es que para marzo de 2012, se pueda adoptar la Política Pública.

153.De igual manera, en el marco del PND, el Gobierno adoptó otras estrategias para la equidad de género, enfocadas a: Desarrollar instrumentos de medición del trabajo no remunerado; desarrollar acciones intersectoriales para la equiparación de oportunidades; hacer seguimiento a las violencias basadas en género y establecer lineamientos y estrategias pertinentes para su erradicación; e impulsar la participación de la mujer en la vida política

154.Respecto a la Recomendación específica sobre difusión de las observaciones y recomendaciones del Comité y de los instrumentos internacionales para el adelanto de las mujeres (CEDAW/C/COL/CO/6, párr. 36), el MRE en coordinación con la ACPEM, hacen seguimiento a los Instrumentos Internacionales relacionados con la garantía de los derechos de las mujeres, y han adelantado procesos de sensibilización, capacitaciones y reuniones de trabajo con las entidades públicas a nivel nacional para afianzar las acciones y estrategias a adoptar para el adelanto de las mujeres, en cumplimiento de las obligaciones internacionales y para fortalecerla estrategia de transversalidad de género.

155.Por su parte, la PGN para fomentar el diálogo entre los representantes de las entidades públicas y la sociedad, y como representante de la sociedad, en el 2007-2008 realizó acciones para potenciar el papel de la comunidad en el proceso de vigilancia preventiva a las recomendaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer realizó al Estado Colombiano. La PGN en conjunto con la Confluencia Nacional de Redes de Mujeres realizó audiencias públicas de seguimiento a las recomendaciones de la Convención, este ejercicio abrió un espacio de diálogo de la comunidad con las instituciones a nivel nacional y local, que fortalecieron el proceso de construcción de las políticas públicas.

156.Por otro lado, en el período 2006-2010, la ACPEM ha fomentado y fortalecido la participación de las organizaciones de mujeres de diversos sectores en las estrategias desarrolladas por el Estado Colombiano para el fomento de los derechos de las mujeres. En el marco de la Política Afirmativa: mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo, promovió el empoderamiento de la mujer y su desarrollo económico, político y social, a través del apoyo a las microempresarias cabeza de familia, urbanas y rurales de los niveles socioeconómicos más bajos; el fortalecimiento de la capacidad empresarial de las mujeres; y, su participación política y la erradicación de la VCM, para lo cual se contó con una participación activa de las organizaciones sociales de mujeres de diferentes sectores poblacionales: Madres cabeza de familia; redes de microempresarias y emprendedoras; colectivos de mujeres desplazadas; colectivos de escritoras y mujeres vinculadas a la cultura; lideresas sociales y comunitarias; colectivos de mujeres que promueven los DDHH de las mujeres, Mujeres jóvenes, docentes, indígenas, afrocolombianas, cafeteras, rurales. Miembros de Consejos Comunitarios de Mujeres, Redes departamentales de mujeres, entre otros. Mayor información, puede ser consultada en el Anexo N.º 1 de este artículo, “Gestión de la ACEPM 2002-2010”.

157.Otro escenario en el que se fortaleció la interlocución con las organizaciones de mujeres es en el marco de las acciones para la erradicación de la VCM, puesto que la Ley 1257 de 2008, prevé que: La Consejería para la Equidad de la Mujer en coordinación con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo crearán el comité de seguimiento a la implementación y cumplimiento de esta Ley que deberá contar con la participación de organizaciones de mujeres, y en efecto este Comité fue conformado y se encuentra Ley integrado por la ACPEM, la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia; y la Defensora Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y las Mujeres y tres (3) representantes de organizaciones de mujeres, quienes fueron elegidas democráticamente.

158.Adicionalmente, es importante mencionar el proceso participativo adelantado en el marco de la construcción de la Política Pública de Equidad de Género, que se ha caracterizado por promover la amplia participación de las organizaciones de mujeres, afianzando su relación con el Gobierno nacional. En este proceso están participando mujeres de diferentes grupos poblaciones, entidades del Estado, el sector privado, sector académico, la comunidad internacional, entre otros. Para ello, se han creado unas instancias de coordinación, las cuales están compuestas por: a) Grupo de Coordinación; b) Grupo de Apoyo Técnico, c) Secretaría Técnica.

C.Artículo 4

159.Guarda relación con las recomendaciones específicas al Estado colombiano (CEDAW/C/COL/CO/6, párrs. 17, 27 y 35) y las Recomendaciones generales del Comité N.º 5, 8 y 18.

1.Medidas administrativas

160.Como se referenció en el artículo anterior, el Gobierno Nacional para el período 2006 -2010, dio continuidad a la Política Afirmativa: Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo, la cual promovió medidas especiales a favor de las mujeres, en los ejes temáticos de empleo y desarrollo empresarial; erradicación de la VCM; educación y cultura; y participación política de las mujeres. Estas medidas fueron implementadas en conjunto con diferentes entidades estatales y el sector privado. A continuación se describen las acciones adelantadas para procurar la igualdad de facto entre hombres y mujeres en cada uno de estos ejes:

Eje de Empleo y Desarrollo Empresarial de la Mujer

161.El propósito general de este eje, fue promover su empoderamiento económico. La ACPEM desarrolló acciones afirmativas a favor de las mujeres para contribuir a la generación de ingresos, la independencia económica de las mujeres y la reducción de la vulnerabilidad de la mujer frente a la violencia, a través de los siguientes programas: Programa Mujer Cabeza de Familia Microempresaria (PMCFM); Programa Nacional para el Desarrollo Integral de la Mujer Empresaria (Expoempresaria); Jornadas de Banca de Oportunidades para Mujeres; Agenda por la Igualdad Laboral; y, la apropiación de TIC.

162.El PMCFM fortaleció a las microempresarias cabeza de familia, a través del microcréditos, la capacitación empresarial y la generación de una cultura empresarial de ahorro y de pago. El Programa Empresaria fortaleció la capacidad empresarial de las mujeres a través de la capacitación, la promoción del emprendimiento, el empresarismo, la bancarización, la comercialización y la creación de alianzas y redes sociales. La Política Banca de Oportunidades para las Mujeres propició el acceso a microcréditos y otros servicios financieros de mujeres pobres y de bajos ingresos ha generado consciencia sobre la discriminación laboral y salarial a la que se enfrentan las mujeres, estrategias para conciliar la vida laboral y familiar, entre otros aspectos; y a través de la apropiación en TIC, se ha capacitado a las mujeres en la utilización de servicios tecnológicos.

163.Para el desarrollo de estas estrategias, la ACPEM ha promovido la articulación de esfuerzos intersectoriales a nivel nacional y territorial, así como la creación de sinergias entre el sector público y privado, de esta manera ha estimulado el sentido de la responsabilidad social empresarial y contribuido a la superación de la pobreza. En los apartados de este informe, relativos a los artículos 11 y 13 de la Convención, se amplía la información sobre el particular.

Eje temático Prevención de todas las formas de Violencias contra las mujeres-VCM

164.El Estado colombiano impulsó políticas, programas, proyectos y estrategias orientadas a la prevención, detección, sensibilización, formación, información, sanción y erradicación de la VCM. La ACPEM en alianza con las agencias de cooperación internacional, empresas privadas y entidades del sector público desarrolló los siguientes programas y estrategias, que enmarcaron acciones afirmativas: Alfabetización de las mujeres sobre sus derechos; Plan Estratégico para la Defensa de los Derechos de la Mujer ante la Justicia; Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas; Proyecto de prevención de la VIF en familias con integrantes desmovilizados-as, en el marco de la política de Desmovilización; Programa Integral contra la Violencia Basada en Género – VBG; Proyecto Acceso a la Justicia de EUROsociAL; Acciones para la incorporación del enfoque diferencial de género en la política de atención y estabilización de la población en situación de desplazamiento; y la Estrategia de Género y Comunicaciones. La descripción y resultados de estas estrategias se referencian en los apartados de este informe, sobre los artículos 1, 5 y 6 de la Convención.

Eje de Participación Política y Ciudadana de las Mujeres

165.Entre el 2006 y 2010, con el propósito de garantizar a las mujeres el acceso y la plena participación en las estructuras de poder y la toma de decisiones en igualdad de condiciones que los hombres, la ACPEM adelantó acciones en el marco de los siguientes programas: Programa Consejos Comunitarios de Mujeres; Encuentros, foros y talleres con mujeres/jornadas pedagógicas; Consejos participativos de mujeres cafeteras. En el apartado de este informe relativo al artículo 7 de la Convención, se amplía esta información.

Eje de Educación y Cultura

166.El objetivo de este eje fue fomentar en todos los espacios de la sociedad una educación para la vida que promueva el aprecio por la diversidad, la tolerancia y el respeto a las diferencias de género. En este eje se adelantó el Proyecto Encuentros de Escritoras Colombianas y el Plan de Acción Mujer y Deporte. Los encuentros de Escritoras colombianas permitieron incorporar la perspectiva de género en el ámbito de la cultura, así como valorar y hacer visible la producción literaria de las mujeres y su aporte a las letras en Colombia. En el periodo 2006-2010 se realizaron cuatro Encuentros de Escritoras Colombiana; en ese mismo período se publicaron 4 volúmenes con las memorias de los encuentros y se distribuyeron aproximadamente 2.800 ejemplares. Por su parte el Plan de Acción Mujer y Deporte impulsado por la Comisión de Mujer y deporte se ha capacitado y sensibilizado a mujeres que trabajan por oportunidades para las niñas y mujeres del país en el deporte, recreación y actividad física. En el anexo N.º 1 de los artículos 2 y 3, se amplía la información sobre el particular.

167.Teniendo en cuenta la diversidad étnica colombiana, las políticas, programas y proyectos desarrollados por el Gobierno Nacional han tenido como propósito el adelanto y desarrollo de las mujeres indígenas y las mujeres afrocolombianas. Desde la Constitución de 1991 se ha fortalecido un proceso de reconocimiento, promoción y visibilización de los derechos y cultura de las minorías étnicas, gracias a una rica legislación y jurisprudencia diferenciada, así como a los esfuerzos gubernamentales para lograr la efectividad práctica de sus derechos. Las minorías étnicas cuentan con curules especiales de representación política en el Congreso de la República, sus autoridades son reconocidas como tales, poseen títulos de propiedad colectiva de la tierra que utilizan según sus costumbres ancestrales, y cuentan con espacios de interlocución con el Estado.

168.En materia de educación, el MEN ha implementado y promovido una política de etnoeducación, para mejorar y complementar el sistema educativo en las comunidades indígenas y afrocolombianas. Para cualificar la oferta educativa para poblaciones indígenas, afrocolombianas y raizales se promueve la adaptación participativa y cultural de los modelos pedagógicos flexibles, y se suministra asistencia técnica a las entidades territoriales en la implementación de procesos de calificación de etnoeducadores. También se ha consolidado un Programa Nacional de Bilingüismo para comunidades étnicas y raizales y un Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica para jóvenes y adultos iletrados que prioriza la intervención en poblaciones indígenas y afrocolombianas. De la misma forma, se garantizan cupos universitarios especiales para las minorías étnicas.

169.La ACPEM en virtud del principio del respeto por la diversidad ha promovido la participación y la protección de los derechos de las mujeres indígenas y afro colombianas en el desarrollo de los programas del área de empleo y desarrollo empresarial; participación política; educación y cultura; violencia contra la mujer. Igualmente, adelantó acciones a favor de la mujer indígena,en aras de proteger sus derechos fundamentales, a través del acompañamiento en encuentros de mujeres indígenas con la participación de las organizaciones ONIC, AICO y OPIAC, y la realización de dos investigaciones para documentar la situación de los grupos étnicos en el país: “ Análisis de Género sobre categorías étnicas ” y “Estado del Arte sobre la situación de reconocimiento de los derechos de la Mujer indígena en Colombia". También realizó otras acciones de empoderamiento de las mujeres indígenas para potenciar su participación, las cuales se desarrollan en el apartado de este informe, relativo al artículo 7 de la Convención.

170.Respecto a las mujeres afrocolombianas, el Ministerio de Cultura ha desarrollado proyectos para el empoderamiento de las mismas a partir del desarrollo de los siguientes proyectos: Fortalecimiento de las organizaciones y redes de mujeres afro colombianas del y Pacífico procesos etnoculturales (OEI) Formación etnocultural, política y de género con mujeres desplazadas lideresas. Igualmente, adelanta el Programa de Incorporación del Enfoque Diferencial y la Acción sin daño en Entidades y Organizaciones, como estrategia institucional que forma funcionarios del nivel técnico y profesional, capaces de diseñar, implementar y monitorear programas y proyectos orientados a partir del respeto, el reconocimiento y la inclusión de diversos grupos poblaciones, dentro de los que se encuentra, el eje temático de género y los enfoques diferenciales étnicos.

171.Durante el año 2009, en desarrollo del programa de Encuentros de Escritoras Colombianas- Educación y Cultura, la ACPEMhizo homenaje a la escritura afro colombiana y se lanzó el libro: Antologías de 21 poetas negras del Pacífico y realizó una puesta musical en escena.

172.Por otro lado, como se señaló en el apartado relativo al Art. 1, el Gobierno Nacional adoptó el CONPES SOCIAL 091 de 2005, para la consecución de los ODM-2015. Respecto al Objetivo 3, Promover la Equidad de Género y la Autonomía de la Mujer, se establecieron estrategias y la promoción de acciones afirmativas en las áreas de violencia de Género; participación política y económica; mercado laboral en aras de acelerar la igualdad de facto entre la mujer y el hombre. En el año 2010, y en un proceso liderado por el DNP y el DANE se revisó el estado de cumplimiento de las metas para Colombia. En este proceso se consideró que no ha sido posible mostrar avances nacionales contundentes en los aspectos atinentes a metas del ODM 3 debido a que la construcción misma de los indicadores, no cumple con las características necesarias para problematizar cada una de las áreas, hacerles seguimiento y estar en concordancia con las metas y estrategias allí planteadas. Así, se consideró que a pesar de que las metas nacionales seguían siendo pertinentes, ni las metas puntuales de los ejes considerados, ni los indicadores, eran lo suficientemente precisos. En ese sentido, las metas y los indicadores puntuales de cada eje fueron modificados de manera que se pudiera hacer un seguimiento concreto y certero a su cumplimiento.

173.Para el Eje de Eliminación de Violencias se plantearon las siguientes metas, con sus respectivas estrategias: a) Diseño, desarrollo e implementación de Observatorio Nacional de Violencias y b) Línea de base definida que dé cuenta de la información para seguimiento y monitoreo de las violencias de géneros, intrafamiliar y sexual.

174.Para el eje de Participación Política se plantearon las siguientes metas: a) Implementación de acciones afirmativas para el aumento de la proporción de las mujeres candidatizadas y, b) Cumplimiento de la Ley de Cuotas, 581 del año 2000, a nivel nacional y departamental.

175.Finalmente, para el eje relativo a participación económica de las mujeres, fueron establecidas las siguientes metas: a) Disminuir la brecha en la Tasa Global de Participación a 20%, correspondiente al promedio de los países en América Latina con menores brechas; b) Disminuir la brecha en la Tasa de Desempleo a 3% correspondiente con el promedio de los países en América Latina; c) Disminuir la brecha en los ingresos laborales por debajo del 20%.

2.Medidas judiciales

176.La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido uno de los diferentes caminos a través de los cuales el Estado Colombiano ha buscado eliminar la discriminación en razón del género. Los fallos de la Corte tienden a dar una mayor protección a los derechos de la mujer y lo extienden a todos los ámbitos, ha establecido a través de sus decisiones obligaciones de proteger y garantizar los derechos de la mujer por parte de entidades privadas y públicas, instituyó que la mujer debe gozar de una protección especial para que entre hombres y mujeres exista un equilibrio ante la Ley y ante la sociedad, especialmente frente a los derechos laborales y finalmente ha velado para que se respeten sus derechos reproductivos y sexuales. A continuación se mencionan algunas de las principales sentencias adoptadas durante el período de tiempo que corresponde a este informe, cuyos textos completos se incluyen en el anexo N.º 1 de este artículo:

177.Sentencia T 247-10: La corte analiza sobre el derecho a la igualdad y al trabajo.Señala que hubo vulneración por cuanto la mujer fue víctima de discriminación por parte de la empresa demandada al no ser contratada como vigilante por su condición de mujer. La Corte estipula: “La accionante fue excluida sin que mediara un criterio objetivo que demostrara que ella, en cuanto mujer, no estaba en capacidad para realizar la labor de vigilancia en el puesto de la Batería Santa Clara; esto es, precisamente, el carácter discriminatorio de la acción llevada a cabo por parte de SOS Ltda., y ECOPETROL S.A., quienes sin que mediara un criterio de necesidad, adecuación o esencialidad y, por consiguiente, con un carácter prejuicioso carente de cualquier fundamentación objetiva y razonable utilizaron el género como parámetro que exclusión de ingreso al mencionado puesto de vigilancia”.

178.Sentencia C-540-08 sostuvo que: “las autoridades deben dispensar un trato igual en la aplicación de la Ley (igualdad ante la Ley) a hombres y mujeres y que, a su vez, en cabeza del legislador radica la obligación de brindar mediante las Leyes una protección igualitaria (igualdad de trato o igualdad en la Ley) a las personas de ambos sexos, junto con la prohibición expresa de incluir diferencias en las mismas por razón de su condición de varones o mujeres (prohibición de discriminación)”.

179.Sentencia C-534-05: La Corte señala: “La especial protección de la mujer, conlleva la aceptación de tratos discriminatorios con un fin constitucional. O que - para decirlo de otra manera -, la protección reforzada y especial de los derechos de las mujeres es un fin constitucional cuya satisfacción admite en ciertos casos el sacrificio de la cláusula general de igualdad, que además cuenta con la implementación de instrumentos y mecanismos internacionales para ello. La protección normativa de las mujeres es por tanto igualitaria respecto de la dispensada al hombre, y a la vez exclusiva cuando tiende a equiparar las situaciones entre los sexos (…)”. (…) “Con lo que se constituye la coexistencia en nuestro orden constitucional de los dos principios (…) Estos son: (i) la prohibición expresa de discriminación por razón de sexo y (ii) la determinación del grupo de las mujeres y del grupo de menores de edad como grupos de especial protección.”

D.Artículo 5

180.Guarda relación con la recomendación específica al Estado colombiano (CEDAW/C/COL/CO/6, párr. 25) y las recomendaciones generales del Comité N.º 3, 12 y 19.

1.Medidas administrativas

181.En relación con las medidas adoptadas para eliminar patrones culturales que generen discriminación contra la mujer, al abordar en el presente informe cada uno de los derechos reconocidos en la Convención, se incluye la información sobre el particular, sin embargo, a continuación se destacan algunas medidas particulares:

Plan Nacional de Educación en DDHH – PLANEDH

182.El PLANEDH fue elaborado por el MEN, la Defensoría del Pueblo, la Vicepresidencia de la República, con el apoyo de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Programa de DDHH de USAID/MSD Colombia. Igualmente incidieron en el proceso de elaboración del Plan algunos equipos técnicos territoriales, líderes sociales de la Red Nacional de promotores de DDHH, organizaciones sociales, ONG, expertos y académicos.

183.La educación en DDHH que propone el PLANEDH apunta a la transformación social, al empoderamiento de la sociedad para la realización de sus derechos y libertades y al fortalecimiento de las capacidades de hombres y mujeres para afrontar la defensa y ejercicio de los mismos.

184.El PLANEDH se dirige a la comunidad educativa en los ámbitos de la educación formal (desde el preescolar hasta la educación superior), no formal e informal. Busca incidir en los escenarios comunicativos, institucionales, culturales y pluriétnicos, así como en todos los espacios en los que se realizan, protegen y promueven los DDHH, tanto en lo local como en lo nacional.

185.El Plan se adopta como base para la gestión de una política pública, encaminada a afianzar las acciones del Estado y la sociedad en este campo. El texto completo del Plan puede ser consultado en el anexo N.º 1 de este artículo, en la actualidad, se implementa elProyecto Piloto de Educación para el Ejercicio de los DDHH, que busca construir y validar una propuesta conceptual y operativade educación para el ejercicio de los DDHH. En este sentido, este proyecto posibilita el desarrollo de competencias ciudadanas y científicas a partir de la formación de sujetos activos en derechos, trabajando articuladamente con Secretarias de Educación Departamentales, Universidades y otros miembros de la academia.

Acciones para la formación y sensibilización a servidores públicos

186.Estrategia de la Comisión Nacional de Género, consistente en la formación, investigación y sensibilización en materia de equidad de género, de manera continua, sistemática y transversalizada a todos los servidores y las servidoras de la Rama Judicial. Dentro del Programa de Formación Transversal, durante el año 2008 se adelantó el subprograma de Formación Judicial sobre Perspectiva de Género en la Administración de Justicia cuyo objetivo fue concientizar a los funcionarios(as) judiciales, de la importancia de la incorporación de la Perspectiva de Género a todas las áreas, como una herramienta trascendental en la transformación de la cultura de la discriminación que históricamente ha afectado a enormes grupos de población en el mundo.

187.Se adelantaron las siguientes actividades: Se validó y publicó el módulo sobre perspectiva de género, módulo de aprendizaje autodirigido; Se aplicó el Instructivo para Autores sobre la incorporación de la perspectiva de género en los programas de formación judicial; Se propició el VI Encuentro sobre Género de las Altas Corporaciones de Justicia, como escenario de análisis y discusión acerca del avance en la incorporación de la perspectiva de género en la jurisprudencia; Se articuló la gestión de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla con la gestión de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, el trabajo que desde el año 2002 viene realizando la Escuela Judicial se articula la Comisión, mediante la consolidación del Plan Anual de Trabajo acordado entre el C.S. de la J. y el FNUAP, brindando un importante soporte técnico, buscando como objetivo principal promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la no discriminación por razones de género en las decisiones judiciales, en la función de administración de justicia y en el funcionamiento de la Rama Judicial; Se Incorporó la temática sobre perspectiva de género del Plan educativo en el Curso de Formación Judicial Inicial para Magistrados(as) y Jueces(zas) de la República - Promoción 2009; y, se llevaron a cabo talleres de necesidades, coordinación y formación de la Red de Facilitadores, en los cuales se diseñó la estructura para el tema dentro de este curso dirigido a aproximadamente 1.800 aspirantes a ingresar o ascender en la carrera judicial.

188.Entre el 2008-2010 se ha adelantado una estrategia de Información y Comunicaciones a los servidores judiciales por medio de video conferencias con cobertura nacional, abordando temas orientados a la aplicación de los principios consagrados en la Declaración Universal de DDHH, en la Convención Americana de DDHH, en el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en la administración de justicia.

189.El MIJinició un proceso de revisión jurisprudencial nacional e internacional referente al tema de género y de sensibilización. Ha capacitado alrededor de 130 funcionarios y elaborado manuales legales para funcionarios de Casas de Justicia que incluyen tratados e instrumentos internacionales, normas y jurisprudencia sobre: Violencia Basada en Género; Violencia Sexual y Violencia Intrafamiliar en Colombia.

190.El MDN ha diseñado diferentes estrategias encaminadas a la capacitación e instrucción de funcionarios, en temas referentes a la protección y garantía de los DDHH y erradicación de todas las formas de discriminación, y en especial sobre la violencia basada en género. Así, en la Policía Nacional, los grupos de protección a la Infancia y Adolescencia a través de la línea de acción de prevención con el programa Abre tus OJOS y de acuerdo a los diagnósticos realizados para la identificación de las problemáticas en los diferente municipios, realiza actividades de sensibilización en los colegios dirigida a la comunidad estudiantil, profesores y padres de familia.

191.De otra parte, el ICBF,respondiendo a la necesidad de eliminar estereotipos sexuales en la formación educativa, ha elaborado y publicado documentos para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género entre los cuales están: Modelo de Gestión para la Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva, Derechos Sexuales y Reproductivos a Niños, Niñas, Jóvenes; en el marco del Programa de apoyo a jóvenes y niños de la calle en Colombia en siete ciudades; publicación de cuatro módulos-cartillas con contenido metodológico que responde a las inquietudes y necesidades de los niños, niñas, adolescentes y servidores públicos (2.500 ejemplares); diseño y validación de tres módulos de trabajo adaptados a las necesidades de los programas de prevención del ICBF, dirigidos a promover la participación y el liderazgo de adolescentes y jóvenes, los emprendimientos juveniles y la formación de agentes en Salud Sexual Reproductiva basada en habilidades para la vida, los cuales pueden ser implementados por funcionarios y agentes comunitarios en cualquier escenario.

192.La CNRR ha elaborado diferentes publicaciones con el fin de difundir los derechos de las víctimas, la Ley de Justicia y Paz, y dar pautas para la atención de casos de violencia en el marco del conflicto, reconstrucción de memoria histórica y difusión de especiales en DDHH y desplazamiento forzado, entre las publicaciones figuran: Manual para documentación de casos y de orientación a mujeres víctimas de la violencia de género en el marco del conflicto armado, la ficha para documentar casos de VBG en el conflicto armado; Cartilla de Violencia de Género; Caja de herramientas para reconstruir el conflicto; Boletín virtual sobre los derechos de las mujeres; v. Serie documental Nunca Más; Serie radial las víctimas cuentan; Programa radial la hora de las víctimas; Boletín CNRR; Hablemos de reconciliación; Informe del Grupo de Memoria Histórica “La Masacre de Bahía Portete: Mujeres Wayuú en la mira”, entre otros informes de reconstrucción de memoria histórica

193.Por otro lado, el Programa Integral contra VBG realizó un Estudio sobre tolerancia social e institucional a la violencia basada en género en Colombia (2009-2010) — en el anexo N.º 2 de este artículo, se incluye el informe completo—., el cual contribuye a develar los factores históricos y culturales que favorecen y justifican esta problemática y centran hábitos, actitudes percepciones y prácticas individuales, sociales e institucionales en la materia, hasta dejar al descubierto que la desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y mujeres y la consideración de estas últimas como inferiores, es la fuente primaria de la VCM.

194.Para elaborar dicho estudio, se escogió una muestra representativa de 1.080 personas, compuesta por población civil no institucional de diferentes ciudades de Colombia y una muestra de instituciones con competencias en la atención a víctimas de la VBG en las mismas ciudades (en los sectores de salud, justicia y educación). El estudio, único en Colombia en cuanto a magnitud temática y cobertura territorial sobre este tema, muestra resultados cualitativos y cuantitativos en VBG, vida de pareja, nivel de empoderamiento de las mujeres, subjetividad femenina y masculina, a la luz de variables socioeconómicas, étnicas y de género, entre otros aspectos.

Estrategias con los Medios de Comunicación-ACPEM

195.La ACPEM en conjunto con los medios de comunicación lanzó tres campañas que buscaban sensibilizar sobre la violencia intrafamiliar, sexual y estereotipos sexistas. Estas fueron:

a)Campaña “Yo elegí vivir sin miedo”: ejecutada en convenio con la Comunidad de Madrid puesta al aire en espacio de televisión del Noticiero CM&;

b)Campaña publicitaria con Procter & Gamble “Ni con el pétalo de una rosa” cuyo fin era visibilizar y contribuir a la sensibilización frente al maltrato contra la mujer y brindar información sobre los mecanismos de acceso a los microcréditos para mujeres ofrecidos por la red de entidades financieras y ONG que hacen parte de la red vinculada a la Política de Banca de Oportunidades;

c)En alianza con RCN televisión, se adelantó una campaña utilizando personajes de televisión, con mensajes pedagógicos, ilustrativos y propositivos, orientados al empoderamiento de las víctimas y a la capacitación de las autoridades del Estado encargadas de atender de manera integral a las mujeres víctimas de violencia y discriminación.

Plan Estratégico para la Defensa de los Derechos de las Mujeres ante la Justicia Colombiana

196.El Plan Estratégico, antes referenciado, se vinculó a la campaña “Ni con el pétalo de una rosa”, para la creación de materiales radiales con actrices reconocidas en el medio colombiano. Se realizaron publicaciones de artículos y piezas publicitarias en la Revista Javeriana, Revista Número, Canal de televisión Cristo T.V. y RCN. Se crearon dos series radiales (Palabra de Mujer y Derecho y Revés) para la Red de Emisoras Universitarias de Colombia – 35 emisoras y se llevó a cabo el Foro “Medios y Género ¿Una relación feliz?”, discusión con comunicadores y la participación de una experta de Goldsmiths College-London, asesora de la BBC, acciones que contribuyeron a fortalecer la estrategia de comunicación de la ACPEM.

197.En el marco del Plan Estratégico, anteriormente citado, se realizaron diferentes actividades que apuntan a la capacitación de funcionarios, a la eliminación de estereotipos y a la difusión de la legislación en torno a la erradicación de todas las formas de violencia basada en género, algunas de las actividades son: - Desarrollo Pedagógico Virtual, capacitado un total de 562 personas, distribuidas de la siguiente forma: 148 de empresas privadas; 99 funcionarios públicos; 95 de entidades de educación pública y privada; 74 de ONG, Corporaciones y Fundaciones; 50 de Medicina Legal; 59 de la Cruz Roja; 15 Mujeres Asociación de cafeteros y cafeteras de Colombia; 12 de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas; 11 de Organizaciones Internacionales; seis mujeres rurales y dos de Medios de Comunicación (Tres cohortes):

a)Elaboración y difusión de la Cartilla Rutas por la no Violencia: Esta cartilla se realizó con el fin de aportar elementos básicos para la comprensión y atención de la violencia intrafamiliar y aclarar los conceptos y procedimientos jurídicos básicos para la atención. Se distribuyeron más de 11.000 ejemplares a nivel nacional, en diferentes jornadas pedagógicas, que incluyeron funcionarios de alcaldías, gobernaciones, docentes, alumnos, organizaciones de mujeres, entre otros;

b)Creación de dos series radiales: “Palabra de Mujer y Derecho y revés” y “Consulta Mujer” (anteriormente citadas), para las 35 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Universitarias de Colombia. El programa “Palabra de Mujer y Derecho y revés” se transmitió semanalmente, (15 programas emitidos durante el año 2009), con el fin de visibilizar los DDHH de las mujeres, específicamente en tres situaciones: violencia intrafamiliar, ruptura de unión marital y discriminación laboral: el programa también indaga sobre las relaciones de género y el papel que cumplen los hombres". Por otra parte, el micro-programa "Consulta Mujer", busca aprovechar los consultorios jurídicos y psicológicos de las universidades para brindar información específica a las mujeres. A través de estos programas se logró la difusión de los contenidos radiales contemplados a 800.000 oyentes a nivel nacional. - Firma de la Agenda por la Igualdad Laboral: antes referenciada.

Estrategia Interinstitucional de Comunicaciones para la Erradicación de la Violencia basada en Género

198.En desarrollo de esta estrategia, referenciada en el art. 1 de este informe, se busca generar procesos de cambio social para que las funcionarias y funcionarios del Estado tomen conciencia de su deber y sus responsabilidades en la aplicación de los nuevos procedimientos establecidos para prevenir, atender y sancionar las violencias contra las mujeres; para que las mujeres conozcan sus derechos y cómo ejercerlos; y para que los hombres no agresores y la sociedad en general no toleren la VCM. Esta estrategia consta de:

a)Mensajes con reeditores: presentación de celebridades, denominadas reeditores, que promueven los principios establecidos en la Ley 1257 y el Auto 092;

b)Cuñas de Radio: Se grabaron 6 mensajes de audio con las celebridades participantes de las estrategia, se ha divulgado en todas las emisoras comunitarias del país la totalidad de las emisoras de las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), las 36 emisoras de la Policía Nacional, la Red de Emisoras Universitarias y 26 emisoras asignadas a los pueblos indígenas. A la emisión de estas cuñas se sumó RCN Radio desde la perspectiva de la Responsabilidad Social Empresarial;

c)Página web: www.mujertienesderechos.org;

d)Capacitación a voceras (os): sensibilización y formación como voceras/os a mujeres y hombres vinculadas/os a radios comunitarias, a la fecha se han capacitado 100 voceras/os;

e)Metodologías de recepción activa: Producción de un manual con metodologías de trabajo para formación de públicos en la recepción activa de mensajes no sexistas. (Manual de trabajo dirigido a educadores) y de un manual dirigido a periodistas y medios de comunicación para el tratamiento periodístico de las violencias contra las mujeres;

f)Videos educativos: producción y divulgación de video pedagógico versión ampliada y corta sobre competencias de entidades del Estado respecto a la Ley 1257 de 2008 y el Auto 092. Este material fue remitido para la realización de trabajos pedagógicos a todas las entidades que conforman el Comité de Comunicaciones;

g)Talleres para periodistas: En temáticas de responsabilidad social y ética periodística y en los que se incluye la prevención de todas las violencias basadas en género. Se realizaron 64 talleres en alianza con la Universidad de Antioquia, en las 32 ciudades capitales del país logrando formar durante el 2010 un total de 901 periodistas;

h)Acciones para lograr la adhesión de las entidades territoriales a la Estrategia de Comunicaciones: el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, la ACPEM y Acción Social con el apoyo del Programa Integral contra las Violencias Basada en Género han comenzado un proceso para lograr la adhesión de la Estrategia de Comunicaciones del Estado Colombiano para Erradicar la VBG por parte de las entidades territoriales (regionalización de la estrategia). Han adherido oficialmente a la Estrategia las siguientes Gobernaciones: Valle del Cauca, Amazonas, Quindío, Putumayo e Ibagué. De igual manera han adherido las siguientes Alcaldías: Medellín, Santiago de Cali, Pasto, Buenaventura, Cartagena, Sogamoso y Soacha y las siguientes organizaciones: GIZ (Cooperación Alemana), Fundación Avon, Cerfami, Fundación Carboandes, Fundación MAVI, Funky Divas y Banco de la Mujer.

Estrategias de MINTIC

199.Se diseñó la campaña institucional “Internet Sano” cuyo propósito es prevenir y contrarrestar la explotación y el turismo sexual con menores, niñas, niños y jóvenes en Internet y se creó la línea gratuita nacional 018000912667 como punto de información para proveedores y usuarios de redes globales, acerca de las implicaciones legales de uso. Este Ministerio desarrolla planes de formación dirigidos a las emisoras comunitarias que buscan aportar amplios conocimientos en torno a la sostenibilidad social y cultural de la radio comunitaria. Adicionalmente, en el desarrollo de la capacitación sobre producción radiofónica se ha establecido la realización de módulos que contemplan temáticas sociales relevantes, dentro de los cuales se incluye la Equidad de Género. De igual manera se han realizado diversas convocatorias y capacitaciones dirigidas especialmente a organizaciones sociales de mujeres para que participen activamente en las Juntas de Programación de las Radios Comunitarias. Se adelantan planes de formación dirigidos a periodistas en ejercicio vinculados a los diferentes medios de comunicación, en las que se incluye la prevención de todas las violencias basadas en género.

200.En cuanto a la alfabetización digital, se viene trabajando en el diseño y desarrollo de acciones encaminadas a fortalecer el uso y apropiación de las TIC por parte de las mujeres, en particular de la mujer empresaria. Se presta asistencia técnica a las mujeres para instalar redes innovadoras de información y comunicación para la inserción laboral y el desarrollo de potencialidades desde el nivel local al nacional, mediante la capacitación para el acceso a tecnologías de información y comunicación que les garanticen superar limitaciones en la información, en la participación, fortalecer su autonomía e incidencia en el desarrollo político, económico y social del país.

Proyecto Emberá Wera – Transformación de la práctica de la ablación

201.En Colombia se tiene conocimiento de esta práctica cultural, en el pueblo Emberá ubicado en los municipios Pueblo Rico y Mistrató de Risaralda; encontrándose que el municipio de Mistrató presenta un porcentaje muy bajo de incidencia de la práctica de la ablación respecto al de Pueblo Rico. Dada la problemática, surge el Proyecto Emberá Wera como un espacio de participación y discusión de las mujeres sobre sus derechos y para generar procesos de reflexión que conduzcan al mejoramiento de sus condiciones de vida en la comunidad, incluyendo la transformación y erradicación de la práctica de la ablación genital femenina.

202.Desde el 2006, a través de la Mesa Interinstitucional de Trabajo, integrada por el ICBF, MPS, el FNUAP, el Programa Integral contra las Violencias de Género MDG/F de Naciones Unidas, el MIJ, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, el Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), se adelanta el ProyectoEmberá Wera: Fortalecimiento de los DDHH de las mujeres Emberá, el cual avanza ya en su segunda fase.

203.Este tiene los siguientes componentes: a) Reflexión Interna sobre el origen de la práctica de la Ablación: Cuyo objetivo es la transformación de la práctica, no su medicalización; b) Fortalecimiento del área de mujer y familia del CRIR; c) Fortalecimiento al Plan de Vida; d) Apoyo a las autoridades departamentales y municipales. En la actualidad, el CRIR expidió una resolución para la prohibición de la Ablación en las comunidades indígenas y socialización para la creación de mecanismos de seguimiento para su efectiva implementación.

204.Como resultado de este Proyecto se adoptó la Resolución Emberá N.º 001 de 2009 por medio de la cual se suspende la práctica de la ablación genital femenina, como mandato del segundo encuentro de mujeres Emberá, que además contiene propuestas para superar las violencias que las afectan, fortalecer el liderazgo y participación de mujeres indígenas y para incluir la Ley 1257 de 2008, en los planes de desarrollo municipales y elaborar de manera concertada entre autoridades municipales, departamentales e indígenas un proyecto de inversión sobre derechos de las mujeres indígenas en dichos municipios.

205.La Secretaría de Salud de Risaralda y el Ministerio de Protección Social, han participado en el proceso desde sus competencias dando asistencia técnica en las reuniones interinstitucionales y en el II Encuentro de mujeres Emberá en el municipio de Marsella en agosto de 2009 en el cual se contó con la participación de más de 500 mujeres indígenas y 50 representantes de diferentes entidades del Estado, organizaciones indígenas, agencias de Naciones Unidas y ONGs.

206.El personal de salud de los municipios de Pueblo Rico y Mistrató, ha participado en las reuniones de trabajo, capacitación y reflexión sobre el tema de la ablación; involucrando a los promotores de salud, personal médico de las instituciones prestadoras de servicios de salud, a los equipos extramurales y a las parteras de estas comunidades. Como resultado de ello, se encuentra un grupo de más de 150 parteras de las comunidades capacitadas, carnetizadas, que cuentan con el aval de la comunidad y con dotación de equipo de atención de parto para parteras indígenas.

207.Como resultados generales se encuentran, entre otros, los siguientes:

a)Lanzamiento Internacional del Proyecto Emberá Wera, que convocó a más de 200 mujeres Emberá autoridades tradicionales y comunidad en el recinto de la Asamblea Departamental de Risaralda el 24 de abril de 2009;

b)Acuerdo entre Instituciones y Autoridades Indígenas para adelantar el proceso de transformación y erradicación de la práctica de la ablación;

c)Propuesta del Proyecto “Sensibilización de los DDHH de las Emberá Wera (mujeres Emberá) en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico”, por parte de las Autoridades Indígenas y su consiguiente aprobación;

d)Acuerdo suscrito entre autoridades locales y autoridades indígenas sobre la atención y responsabilidades frente a los casos que se presenten durante este tiempo;

e)Concertación con las autoridades indígenas para el avance en el proceso de implementación del proyecto;

f)Realización de dos talleres regional y nacional con periodistas y medios de comunicación para el buen manejo en el tratamiento del tema de la práctica de la ablación, por solicitud del Pueblo Emberá;

g)Realización de 60 reuniones de reflexión veredales organizadas por las lideresas;

h)Realización de seis talleres de capacitación para las lideresas; Realización del II Encuentro de Mujeres Indígenas de Risaralda en 2009 con más de 550 participantes.

2.Medidas legislativas

208.Cabe mencionar:

a)Ley 1098 de 2006, antes referenciada. Art. 41, N.º 37: Promover el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en el presente Código a los medios de comunicación;

b)Ley 1257 de 2008, antes referenciada:

i)Entre las medidas de sensibilización y prevención (Art. 9), se relaciona la formulación e implementación de políticas públicas que reconozcan las diferencias y desigualdades sociales, biológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social;

ii)Entre las medidas educativas (Art. 11), la formación en el respeto de los derechos, libertades, autonomía e igualdad entre hombres y mujeres; prevención y protección frente a la desescolarización de las mujeres víctimas; promoción de la participación de las mujeres en los programas de habilitación ocupacional, entre otras;

iii)Se establece la obligación de desarrollar una estrategia de comunicación (Art. 10) para la elaboración de programas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas, a garantizar el respeto a la dignidad de la mujer y a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.

3.Medidas judiciales

209.Cabe mencionar:

a)Sentencia C 804-06, sobre el Lenguaje Jurídico. La Corte señala: “Siendo el lenguaje, como lo es, uno de los principales instrumentos de comunicación y reflejando – como refleja – los hábitos, concepciones y valores imperantes en un medio social determinado, las situaciones de inclusión o exclusión también se proyectan en el lenguaje jurídico. (…) Los criterios que se utilizan para marcar la inclusión o la exclusión reflejan el contexto valorativo e ideológico en que ellos se adoptan. “el lenguaje no sólo refleja y comunica los hábitos y valores de una determinada cultura sino que conforma y fija esos hábitos y valores. Como los hombres/varones han tenido el poder de definir las cosas, todo lo que está definido lo está desde su perspectiva (…)”. La Corte declara inconstitucional el lenguaje jurídico utilizado en el Art. 33 del Código Civil, salvo la expresión: “palabra persona en su sentido general se aplicará a individuos de la especie humana sin distinción de sexo.” Dada la influencia que tiene tanto el lenguaje jurídico, como la manera de llenar de contenido las definiciones jurídicas por medio del mismo en las trasformaciones que puedan presentarse en la cultura jurídica.

b)Sentencia C-442-09, Declara Exequible,el numeral 37 del Art. 41 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), que estipula: Promover el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en el presente Código a los medios de comunicación.

4.Situacion actual / estadisticas

210.El estudio sobre tolerancia a la VBG, previamente mencionado revela, entre otros, las siguientes estadísticas:

a)El 52% de la población encuestada fueron mujeres, de las cuales 5 de cada 10 manifestó haber sido víctima de violencia basada en género, destacándose el hecho de que el 32% están entre los 18 y 30 años, y el 18% entre los 11 y 17 años. Sólo 38% denunció los hechos violentos;

b)En cuanto al nivel educativo, 2 de cada 10 mujeres víctimas completó la primaria, 5 de cada 10 terminó estudios secundarios, el 7% hizo estudios técnicos o tecnológicos, el 6% alcanzó estudios universitarios y el 1% tenía el postgrado;

c)3 de cada 10 mujeres víctimas se encuentra en unión libre y tienen hijos/as, 15% está casada con hijos y 13% son solteras sin hijos. De ellas, el 24% es de estrato 1, un 28% de estrato 2, 27% del 3, y las dos restantes pertenecen a los estratos 4 a 6. Un 55% de las mujeres víctimas no terminaron la secundaria, y un 33% consideran que es normal que los hombres no dejen salir a su pareja.

d)Sobre atención a mujeres víctimas de la violencia de género se preguntó ¿A cuál o cuáles entidades acudiría usted si fuera agredido/a o sufriera de cualquier tipo de violencia? El 67% de la población manifestó que en primera instancia acudiría a la Policía, el 25% acudiría a la Fiscalía, el 24% a la Comisaría de familia y el 12% al ICBF. Tanto hombres como mujeres acudirían también en este orden a las instituciones, e igual ocurre en las ciudades. Las mujeres que fueron víctimas de violencia manifestaron en mayor porcentaje acudir a la Comisaría de Familia en primera instancia (63%), en segunda instancia manifestaron que acudirían a la Fiscalía (32%) por encima del promedio general (25%).

211. Algunos hallazgos positivos del Estudio con funcionarios/as son los siguientes:

a)El 96% de las/os servidores públicos encuestados no están de acuerdo con que es el hombre quien decide cuándo y cómo tener sexo;

b)Solo el 1% de los/as funcionarias está de acuerdo con que el papel más importante de las mujeres es cuidar de su casa y cocinar para su familia;

c)Ocho de cada 10 está de acuerdo con que los casos de tocamientos de glúteos o senos deben ser conocidos por las entidades del Estado;

d)Acerca del conocimiento sobre el tema de violencia basada en género, el 96% manifestó que era alto o medio.

212. Algunos hallazgos preocupantes del Estudio con funcionarios/as son los siguientes:

a)Dos de cada 10 funcionarios/as consideran que las mujeres que siguen con sus parejas después de ser golpeadas es porque les gusta. Dos de cada 10 funcionarias/os cree que las mujeres que se visten de manera provocativa se exponen a que las violen;

b)1,2 de cada 10 funcionarias y 2,3 de cada 10 funcionarios piensan que la violencia se produce porque los hombres deben hacerse respetar;

c)Seis de cada 10 funcionarios/as creen que la VCM es más frecuente en los sectores más pobres;

d)Cinco de cada 10 funcionarios/as están de acuerdo que los problemas familiares sólo deben discutirse con miembros de la familia;

e)9,4 de cada 10 funcionarios/as manifestó que en casos de violencia de pareja busca que las partes concilien, aspecto justificado en el hecho de que 8 de cada 10 servidoras/es públicos creen que lo más importante es la unidad familiar, por eso es mejor conciliar.

5.Medidas recientes o en curso

213.Con respecto al trabajo de la CNRR, se proyecta la entrega del informe de memoria histórica sobre género y memorias de la Costa Caribe para septiembre de 2011, y el Informe final del Grupo de Memoria Histórica de la CNRR para el final de su mandato legal. Durante el 2011 se realizará un proceso formativo y de socialización, dirigido a instituciones, de la mano del Manual para documentación de casos y de orientación a mujeres víctimas de la violencia de género en el marco del conflicto armado, que busca dejar capacidad instalada en las instituciones sobre la atención adecuada y digna a mujeres víctimas de violencias basadas en género en el marco de la violencia.

214.Respecto al estudio de Tolerancia Institucional, antes referenciado, el Programa Integral contra la Violencia Basada en Género desarrollará las siguientes acciones:

a)Socialización de los resultados del estudio en los territorios en donde se realizó, con la participación de autoridades locales, organizaciones sociales y de mujeres y centros académicos y de investigación local;

b)Trabajar en conjunto con la PGN para socializar el documento entre sus funcionarios y definir líneas de seguimiento de cómo las instituciones se comprometerán a actuar frente a los resultados;

c)Elaboración de la línea de base de salida para analizar el comportamiento de la transformación cultural en VBG producto de la intervención del Programa.

E.Artículo 6

215.Guarda relación con la recomendación específica del Comité al Estado colombiano (CEDAW/C/COL/CO/6, párr. 21) y las Recomendaciones generales del Comité N.º 15 y 19.

1.Medidas administrativas

Estrategia Nacional Integral de Lucha contra la Trata de Personas (2007-2012)

216.La Estrategia Nacional fue adoptadamediante el Decreto 4786 de 2008, con el objetivo de desarrollar la política de Estado para la lucha contra la trata de personas interna y externa y reducir el fenómeno, desde los enfoques de DDHH, género, protección integral y territorial.

217.La Estrategia Nacional ejecuta acciones en cuatro ejes: Prevención:para prevenir la trata de personas a través de programas, proyectos y medidas, desarrolladas por las autoridades públicas en un trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil y del sector privado en general, y organizaciones internacionales; Asistencia y Protección: Garantizar la asistencia y la protección integral y calificada a las víctimas de la trata de personas, desarrollando los mecanismos de protección integral dentro de los sistemas administrativos, investigativos y judiciales; Cooperación Internacional: Fortalecer los mecanismos de cooperación internacional en el ámbito bilateral, regional y multilateral, para optimizar la lucha integral contra la trata de personas; y, Investigación y Judicialización : Fortalecer a las entidades del Estado encargadas de la investigación y judicialización del delito de la trata de personas que permita ser más eficaces y eficientes en la persecución y sanción de la conducta punible.

218.La Estrategia Nacional se concibió desde una instancia central, el Comité Interinstitucional, y dicta premisas generales a ser aplicadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Por esencia, su aplicación es descentralizada y se da a través de los comités regionales de lucha contra la trata de personas, pudiendo éstos hacer los ajustes necesarios que consulten las especificidades del territorio y de la población determinada.

219.Cuando las víctimas son niños, niñas o adolescentes, para garantizar sus derechos y que el caso sea debidamente dirigido y coordinado con las demás entidades, el ICBF participa en los Comités de lucha contra la trata a nivel departamental y municipal. Igualmente se avanza en la ejecución e implementación de la “Estrategia Nacional para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil y proteger al joven trabajador 2008- 2015” y el “Plan de Acción Nacional para la Prevención y Erradicación de la Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años”

220.En el marco del Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas, en materia de vigilancia y control, la Defensoría del Pueblo adelanta acciones de gestión directa o inmediata con las instituciones para asegurar el respeto por los derechos de las víctimas de Trata de Personas, sin perjuicio de las competencias de la Defensoría del Pueblo en materia de asistencia jurídica. Por su parte la PGN vigila la acción de las instituciones que tienen obligaciones frente a la asistencia de las víctimas de trata.

221.La ACPEM, como integrante del Comité incorpora el eje de prevención en las jornadas pedagógicas que realiza a nivel nacional, mediante la sensibilización sobre la problemática de trata de personas, en el módulo de prevención de tipologías de violencia contra la mujer. En este sentido, publicó en el año 2006 con el apoyo de la OIM el Boletín N.º 7 del OAG denominado “La esclavitud aún existe, Se perpetúa con la trata de personas”, ejemplar que en el año 2009 se volvió a reimprimir con el apoyo del Programa Integral contra la VBG y ha sido entregado en diferentes jornadas.

Centro Operativo Anti Trata de Personas, 2008

222.Se creó el Centro Operativo Anti Trata de Personas, 2008 (COAT) Centro como proyecto piloto, cuyo principal objetivo es implementar el sistema de información sobre trata de personas que genere la información estadística pertinente, para optimizar los procesos que allí se llevan a cabo y al mismo tiempo servir de base para el análisis, la formulación y medición de los objetivos trazados en la estrategia nacional.

Creación de Comités Regionales, Departamentales y/o municipales.

223.En desarrollo de la estrategia de descentralización de la Política Pública, dado que existen departamentos o municipios que por sus características geográficas, sociales y económicas resultan especialmente álgidos, o figuran alternativamente como lugar de origen, tránsito o destino de víctimas (en algunos casos cumplen las tres condiciones), se hizo necesario adaptar los ejes de acción establecidos en la Estrategia Nacional a las especificidades geográficas y sociales de cada región. El MIJ ha sensibilizado a las autoridades regionales en la creación de dichos Comités Departamentales y en la actualidad se cuenta con 27 Comités creados de los 32 departamentos que conforman el territorio Colombiano, de los cuales, durante la vigencia del 2010 se logró la creación de 10 Comités Departamentales, así: San Andrés y Providencia, Boyacá, Arauca, Quindío, Magdalena, Guainía, Guaviare, Vaupés, Casanare y Putumayo.

Medidas de Prevención

224.El MIJ y la OIM desarrollaron por un breve periodo, a través de medios masivos y alternativos, la campaña de prevención titulada “Con la trata de personas no hay trato”, que tiene en cuenta las cuatro modalidades de trata de personas más recurrentes en Colombia: Matrimonio Servil, Mendicidad Ajena, Explotación Sexual y Explotación Laboral. Dicha campaña de prevención tiene referencias testimoniales, clasificados de prensa, referencias para Radio, Televisión, Internet, Eucol, Afiches y Cenefas en el transporte masivo para Bogotá, Transmilenio.

225.Entre otras acciones de prevención, figuran: La alianza pública entre el MIJ, la UNODC y el Concurso Nacional Elite Model Look Colombia 2010, para promover un mensaje de sensibilización y prevención entre las jóvenes y padres de familia que asistieron a los eventos organizados por el Concurso a nivel nacional. A su vez, con el objeto de obtener una pieza de prevención en contra de la trata de personas dirigida especialmente a jóvenes entre los 14 y 26 años de edad se lanzó el video y la canción ¿Adónde vas María?, el cuál fue socializado con la asistencia de 400 participantes y es usado en las diferentes jornadas de sensibilización sobre la lucha contra la trata de personas.

Desarrollo de Investigaciones:

226.Cabe mencionar:

a)Aspectos Jurídicos de la Trata de Personas en Colombia. Investigación financiada por el MIJ y la UNODC y desarrollada durante el año 2009 por los Grupos de Investigación en DDHH y Derecho Penal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Como resultado de ésta se identificaron a nivel interno e internacional las dificultades y principales aspectos problemáticos que se presentan en la dinámica judicial de los casos de trata de personas desde la dogmática penal, los estándares internacionales y la experiencia de las organizaciones sociales que trabajan el tema, en el anexo N.º 1 de este artículo, se presentan las principales conclusiones de esta investigación.;

b)Estudio nacional exploratorio descriptivo sobre el fenómeno de trata de personas, en donde se señaló que el desplazamiento de la población causado por problemas de orden público aumenta las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas de la trata, cuando éstas se involucran en ofertas que terminan en trabajos o servicios forzados, servidumbre, mendicidad y explotación de la prostitución ajena. Así, las condiciones de necesidad de niñas y mujeres en situación de desplazamiento las llevan a aceptar este tipo de propuestas vinculadas con la trata de personas. En consecuencia se diseñaron Talleres de Información y Sensibilización sobre el delito de la Trata de Personas dirigidos a mujeres en situación de desplazamiento, con el objetivo de cubrir las zonas más sensibles para luchar contra este fenómeno brindando herramientas de prevención, identificación y denuncia de casos por este delito. Se realizaron siete jornadas de sensibilización e Información a nivel departamental, con un total de 307 mujeres en situación de desplazamiento sensibilizadas;

c)Tipologías de Lavado de Activos relacionadas con el delito de Trata de Personas en Colombia”, elaborado por la UIAF, referenciado más adelante.

Ruta Nacional Piloto de Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas

227.Frente al eje de asistencia y protección, el Comité Interinstitucional de lucha contra la Trata de Personas en sus diferentes capacitaciones presenta esta ruta, la cual articula las acciones que deben ejecutarse en relación con víctimas adultas de este delito, en el anexo N.º 2 de este artículo, se incluye el documento completo.

Fase de Entrenamiento Especializado dirigida a Funcionarios y Funcionarias en el nivel territorial

228.En el eje de investigación y judicialización, en el marco del Convenio de Cooperación suscrito con la UNODC se diseñó una fase de entrenamiento especializado dirigida a funcionarios y funcionarias en el nivel territorial, encargados de estas labores mediante su participación activa en cursos de entrenamiento departamentales, diseñados para entregar herramientas prácticas que permitan a los funcionarios identificar y judicializar efectivamente el delito en todos los rincones del país.

229.Los participantes de los talleres en mención hacen parte de las sedes regionales de la Fiscalía General, el ICBF, el DAS, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la PGN, así como funcionarios de la Rama Judicial y servidores públicos de varias Gobernaciones. Durante el año 2010 se implementó un programa de entrenamiento con base en protocolos especiales para la judicialización de casos de trata de personas utilizando la técnica de juicios simulados. Bajo esta metodología se realizaron cuatro jornadas de formación en los departamentos de Caldas, Bolívar, Magdalena y Nariño, para un total de 174 personas capacitadas y certificadas.

230.En este mismo eje, la Ley 985 de 2005 incluyó a la UIAF entre las 14 entidades que conforman el Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas, que participa desde el año 2006. Con el fin de dotar de herramientas teóricas y de análisis la investigación y persecución judicial al Lavado de Activos relacionado con Trata de Personas, la UIAF realizó en 2010 el documento “Tipologías de Lavado de Activos relacionadas con el delito de Trata de Personas en Colombia” que incluye cinco tipologías que posteriormente fueron validadas en coordinación con la FGN, la Policía Nacional y la PGN. Entre los meses de octubre de 2009 y octubre de 2010, la UIAF diseñó y aplicó un módulo básico sobre Trata de Personas que fue incluido en el ciclo de conferencias a más de 500 funcionarios de las autoridades de Policía Judicial realizado por el Programa Internacional de Asistencia y Entrenamiento en la Investigación Criminal (ICITAP), en coordinación con la Embajada de Estados Unidos, en 20 ciudades de Colombia.

Encuentros Binacionales

231.En el eje de Cooperación Internacional se han llevado a cabo, durante el 2008-2010, cinco Encuentros Binacionales para el intercambio de experiencias en materia de lucha contra la trata de personas, así:

a)El 19 de septiembre de 2008 se realizó en Bogotá la XI Reunión Plenaria de la Comisión de Vecindad e Integración Colombo-Brasileña – Grupo de trabajo bilateral para la represión de la criminalidad y del terrorismo, en el cual se trataron asuntos relativos a la trata de personas;

b)Los días 26 y 27 de enero de 2009, se realizó en Bogotá el “Taller de Intercambio de experiencias e información en materia de Trata de Personas entre la República de Colombia y la República de Trinidad y Tobago”. En el marco del evento se estableció el panorama de la trata de personas en los dos países, se presentaron los respectivos avances en la materia y se establecieron diversas áreas de cooperación bilateral;

c)Los días 24 y 25 de septiembre de 2009 se llevó en Bogotá la Reunión binacional en materia de trata de personas Colombia – Panamá, en la que se abordó el marco conceptual y jurídico del delito, la institucionalidad en ambos países, la represión y la cooperación internacional. Igualmente se establecieron diversas áreas de cooperación bilateral.

d)En el marco del Plan de Acción en materia de lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo Colombia – Chile, se realizó el evento binacional de intercambio de experiencias “La Trata de Personas: respuestas coordinadas desde el Estado y la Cooperación Internacional” los días 6 y 7 de septiembre de 2010, en la ciudad de Santiago.

e)En el marco del Plan de Acción en materia de lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo Colombia – Honduras, se realizó el evento binacional de intercambio de experiencias “La Trata de Personas: respuestas coordinadas desde el Estado y la Cooperación Internacional” los días 15 a 17 de diciembre de 2010, en la ciudad de Tegucigalpa.

2.Medidas legislativas

232.En el anexo N.º 4 de este artículo, se incluyen los textos de las siguientes leyes:

a)Ley 985 de 2005 “Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma”: Modificó el tipo penal existente y creó el Comité Interinstitucional de Lucha Contra de Trata de Personas. Dentro de esta Ley se establecen como modalidades de Trata de personas las siguientes: Explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual, y otras formas de explotación. En el anexo N.º 3 de este artículo se presenta una relación de las disposiciones contempladas en el Código Penal Colombiano referentes a la trata de personas, constreñimiento a la prostitución, prostitución forzada o esclavitud sexual que responde a la vulneración de bienes jurídicos diferentes y a una tipificación conforme a los estándares internacionales.

b)Ley 1257 de 2008, antes referenciada, modificó las circunstancias de agravación punitiva respecto a los delitos de Inducción a la prostitución (Art. 213 del C.P), y Constreñimiento a la prostitución (Art. 214 del C.P.). De tal manera que dispuso que las penas para los delitos descritos, se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando la conducta "(…) Numeral 3. Se realizare respecto de pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o contra cualquier persona que de manera permanente se hallare integrada a la unidad doméstica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre. Numeral 4. Se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio";

c)Ley 1329 de 2009 y Ley 1336 de 2009 – explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y otros, antes referenciadas.

3.Medidas judiciales

233.En el anexo N.º 5 de este artículo, se incluyen los textos completos de las siguientes sentencias:

a)CSJ, Sentencia de Casación, 12 de Octubre de 2006, Proceso 25465 M.P.: Marina Pulido de Barón: “Ahora bien, dado que por virtud de la Ley 747 de 2002 se adicionó el Art. 188 de la Ley 599 de 2000 en el sentido de crear un Art. 188A, en el cual se tipificó el delito de trata de personas, oportuno resulta fijar las semejanzas y diferencias entre esta conducta y el tráfico de migrantes, en cuanto es frecuente que se los confunda, como a continuación se procede”. (En los anexos se incluye el texto completo de la Sentencia);

b)Sentencia C-636/09: Señala que: El ejercicio de la prostitución no se encuentra prohibido pero impone al Estado la obligación de reducir sus efectos nocivos. “Para la Corte es claro que aunque del régimen constitucional colombiano no se deriva una prohibición al ejercicio de la prostitución, el Estado, por disposición de la misma carta, no es indiferente a sus efectos nocivos, por lo que resulta legítimo, dentro de los límites razonables de la proporcionalidad, que las autoridades públicas de todos los órdenes adopten medidas tendientes a evitar su propagación y a disminuir los efectos negativos que esta conducta, calificada como degradante para la persona humana, genera en la sociedad”.

4.Situacion actual/estadisticas

234.En el anexo N.º 6 de este artículo, se anexan las cifras del MRE, respecto a Trata de Personas- externa. El MRE levanta estas estadísticas de los reportes de los casos que registran los Consulados de Colombia en el Exterior.

235.Por otra parte, el Centro de Investigaciones Criminológicas de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL maneja cifras que corresponden a los casos que conoce o han sido denunciados ante la Policía Nacional. Es importante aclarar que la Policía Nacional, a diferencia del COAT, suministra datos estadísticos correspondientes a la criminalidad y la actividad operativa realizada solo por la Policía Nacional a nivel país y la cual es reportada en el aplicativo del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Actividad Operativa (SIEDCO) de la Policía Nacional, todo lo anterior teniendo en cuenta solo los casos de Trata Interna. Ver anexos N.º 7 y 8 de este artículo.

5.Medidas recientes o en curso

Diseño programas de asistencia inmediata y mediata encaminados a la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de Trata de personas

236.Conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 985 de 2005, el Estado colombiano debe diseñar estos programas. En aras de brindar una adecuada asistencia, el MIJ está trabajando en un proyecto de Decreto de Asistencia que busca responsabilizar a cada una de las Entidades del Estado frente a programas, proyectos y servicios que deben brindar desde su competencia. Esto hará que el esquema de asistencia planteado en la Ley se materialice de manera adecuada y efectiva.

237.Mediante el diseño e implementación de una estrategia para brindar asistencia a las víctimas de la trata de personas en Colombia, se buscará fortalecer el Eje de atención a Víctimas. La estrategia contemplará la gestión y el pago de los servicios necesarios durante la fase de asistencia de emergencia y de reintegración para las víctimas de la trata de personas que sean identificadas por el Centro Operativo Anti-Trata de Personas.

238.Se tiene programado trabajar en el Fortalecimiento de los diferentes ejes de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, a través de las siguientes acciones: Puesta en marcha y funcionamiento del Sistema Nacional de Información, diseño de una campaña de prevención y plan de difusión de la campaña en medios masivos de comunicación, tanto en el nivel nacional como en el regional, implementación de una estrategia de prevención focalizada a niñas, niños y adolescentes pertenecientes a población indígena del departamento del Guainía, y la realización de una investigación que dé cuenta de las magnitudes y factores asociados con la Trata de Personas en Colombia

III.Parte II de la Convención

A.Artículo 7

239.Guarda relación con la recomendación específica al Estado colombiano del Comité (CEDAW/C/COL/CO/6, párr. 13) y las recomendaciones generales del Comité N.º 5 y 23.

1.Medidas administrativas

240.Pacto por la Inclusión Efectiva de las Mujeres en la Política: Suscrito en octubre de 2005 por los partidos y movimientos políticos. Consagra el compromiso de potenciar el papel de las mujeres en la democracia y de concretar estrategias que aseguren a través de acciones deliberadas, su inclusión efectiva en los espacios de poder formal. Contiene 5 lineamientos de estrategias políticas, económicas, comunicativas, estratégicas y de educación y capacitación. La implementación de estas estrategias es monitoreada por una Mesa de Enlaces de Género para el seguimiento de los compromisos establecidos en este Pacto. Partidos como el Polo Democrático y Cambio Radical han creado ya oficinas de mujer. En el anexo N.º 1 de este artículo, se incluye este Pacto.

241.Encuentros foros/talleres/jornadas pedagógicas: Espacios para dar a conocer las estrategias del Gobierno Nacional para el adelanto de la mujer y la equidad de género, promover los derechos de las mujeres, fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, vincular mujeres a nivel nacional a los programas y estrategias que las favorecen, e impulsadas por la ACPEM. A través de los talleres de los Consejos Comunitarios de Mujeres y los Consejos Participativos de Mujeres Cafeteras constituidos, así como las Jornadas de Banca de las Oportunidades para Mujeres, se ha capacitado un total de 100.000 mujeres anualmente, directa e indirectamente.

242.Consejos Comunitarios de Mujeres: Los Consejos Comunitarios de Mujeres buscan: Propiciar la vinculación de las mujeres a las políticas públicas, apoyar la gestión de gobernantes para avanzar en la implementación de políticas existentes a favor del adelanto de las mujeres y la equidad de género, mantener un diálogo permanente con los sectores y organizaciones sociales de mujeres, promover los procesos de participación a nivel regional, departamental y municipal, y articular y apoyar Redes de Mujeres para la participación y contra las violencias. Entre Septiembre de 2008 y 2010 se han creado y fortalecido 125 Consejos Comunitarios de Mujeres a nivel nacional.

243.Consejos Participativos de Mujeres Cafeteras: En el año 2007, la Federación Nacional de Cafeteros se adhirió al Acuerdo Nacional por la Equidad entre Mujeres y Hombres, liderado por la ACPEM. En consecuencia, se han realizado procesos para el empoderamiento de las mujeres cafeteras al interior de la Federación. En el apartado relativo al Art. 14 de la Convención, se amplía esta información.

244.Laboratorios Regionales de Mujeres Indígenas: La ACPEM ha promovido un plan de acciones afirmativas para favorecer a las mujeres indígenas de la región y potenciar su participación dentro de sus comunidades, a través de la realización de 3 laboratorios regionales de mujeres indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, Cauca y Amazonas (aprox. 181 mujeres indígenas participantes); así como un Encuentro Central en Bogotá que recogió las experiencias regionales relacionadas con el papel de la mujer indígena en la comunidad. Como réplica de los laboratorios regionales y el encuentro central se llevó a cabo el Proyecto Adam en Nariño para diseñar los lineamientos de un plan de acciones afirmativas para mujeres indígenas en la región. Éste tiene el apoyo de las autoridades locales al aprobar partidas presupuestarias para su aplicación, y la creación de un espacio propio al construir la Mesa de Mujeres Indígenas delegadas de los seis pueblos del departamento.

245.Juntas de Programación de las Radios Comunitarias: Para facilitar el acceso al servicio de radio comunitaria como una estrategia para impulsar el desarrollo local, la promoción de la equidad, la expresión del pluralismo, la consolidación de las identidades culturales y la convivencia pacífica. El MINTIC realizó una convocatoria especial a las organizaciones sociales de mujeres para que participaran activamente en ellas. Actualmente, de las 561 emisoras comunitarias que bajo la administración de organizaciones sociales operan en Colombia, en igual número de municipios del país, 118 tienen representación legal femenina. A 31 de diciembre de 2009, 1.914 mujeres participaban de las organizaciones sociales de mujeres en las Juntas de Programación de las Radios Comunitarias, es decir, tenían un 31.5% de representación y oportunidades de incidencia en la toma de decisiones.

246.Comisión Accidental Bicameral del Congreso de la República para el trabajo por la equidad de género, los derechos sociales, políticos, laborales y la salud mental, sexual y reproductiva, antes referenciada. Durante su vigencia, se resalta la promoción de la adopción de las Leyes 1257 de 2008, 1413 de 2010 y 1434 de 2011. Con esta última Ley se fortaleció y consolidó el proceso adelantado por la Comisión Accidental durante los últimos cuatro años, al crear de manera permanente a la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República. Esta iniciativa contribuirá a fortalecer el proceso nacional de empoderamiento político de las Mujeres en el país y buscar alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en esta esfera de la vida pública. En el anexo N.º 2 de este artículo, se incluye el documento de la Mesa de Género de la Cooperación internacional en Colombia 2010- “Una mirada externa a la Bancada de mujeres del Congreso de la República”.

247.La CNRR, promueve procesos de empoderamiento, formación en derechos y formación de liderazgos con mujeres víctimas del conflicto armado para propender por la garantía de sus DDHH y la búsqueda de su participación en los procesos de verdad, justicia, reparación y reconciliación.

248.Procesos de incidencia en la construcción de políticas locales relacionadas con la atención y reparación a víctimas, la paz y reconciliación nacional. La CNRR con el apoyo de la cooperación internacional ha promovido que las mujeres víctimas del conflicto armado puedan generar procesos de incidencia en la construcción de políticas en esta materia. De igual manera, desarrolla procesos pedagógicos y sensibilizadores con diversas instituciones que atienden a víctimas, y entidades encargadas de orientar la política de reparación a víctimas en el país.

2.Medidas legislativas

249.Ley 1434 de 2011. “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 5ª de 1992, se crea la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República de Colombia y se dictan otras disposiciones”. Dicha Ley tiene por objeto principal fomentar la participación de la mujer en el ejercicio de la labor legislativa y de control político a través de la creación de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República.

250.En el anexo N.º 4 de este artículo, se incluye la relación de leyes y decretos adoptados durante el periodo de este informe, así como los textos de cada una de ellas.

3.Medidas judiciales

251.Cabe mencionar:

a)Sentencia T 778-05: “Decide la Corte que es contrario al derecho a la identidad cultural excluir a una indígena, que se postuló con la aceptación de la Registraduría competente, de una lista electoral, por la cual votaron libremente los ciudadanos de la correspondiente circunscripción, con base en que la elegida no reúne el requisito de edad fijado por un Decreto, si dentro de la cosmovisión del pueblo indígena al cual pertenece su edad es suficiente para ejercer plenamente sus derechos, incluidos los de representación política. La sentencia que no aplicó la excepción etnocultural para impedir dicha exclusión incurre en una vía de hecho por defecto sustantivo. También incurre en una vulneración al debido proceso por defecto fáctico la sentencia que omita establecer si una persona que alega ser indígena realmente lo es cuando dicha condición es determinante para resolver el caso”;

b)Sentencia T 603- 05, Estudia el caso en que las tutelantes, tres jóvenes indígenas, aducen que en el marco de las elecciones para Gobernador del Cabildo Indígena del Resguardo de Ipiales, solamente pudieron votar alrededor de 2600 personas, quedando 2500, que a pesar de haberse hecho presentes en el despacho del cabildo, se quedaron sin poder votar “...con el argumento de que se acabó el tiempo para votar”. La Corte manifiesta que: “ La participación política bajo su forma de sufragio, comprende no sólo la actividad subjetiva encaminada a ejercer el derecho, sino también una cierta acción del Estado encaminada a crear las condiciones necesarias para que el ejercicio del derecho tenga lugar. Lo segundo es una condición indispensable de lo primero”;

c)Sentencia C – 667-06, “Puede afirmarse que la disposición jurídica acusada no es una norma que excluya de entrada y de manera inmediata al hombre. Simplemente, el artículo demandado otorga una prelación en cabeza de los municipios y a favor de la mujer, para satisfacer sus necesidades insatisfechas. Así las cosas, la función de los municipios radicada en solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la mujer no contraria la Constitución, por cuanto, hace valer de manera preferente los derechos de sujetos de protección especial según la misma Constitución”;

d)Sentencia C- 804-06, se analiza el derecho de participación de las mujeres en niveles decisorios de la administración pública y sus mecanismos de protección. La Sentencia declara inconstitucional el lenguaje jurídico utilizado en el Art. 33 del Código Civil (Ver respuesta del Estado al Art. 5)

e)Sentencias N. º 25000-23-24-000-2005-00961-01(4136) y 25000-23-24-000-2005-00968-01 del 7-12-06:“Se demanda a través de esta acción la presunción de legalidad que ampara al Decreto 256 del 4 de agosto de 2005, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, por medio del cual se designaron alcaldesas locales, fundado en que el Art. 6 de la Ley 581 de 2000 no era exigible a las Juntas Administradoras Locales para la conformación de las ternas a remitir al Alcalde Mayor para la subsiguiente designación de los alcaldes locales, dado que la sentencia C-371 de 2000 incorporó al precepto un condicionamiento que torna el requisito facultativo, precisamente por ser las JAL un conjunto de personas y no un cuerpo o entidad única. El condicionamiento incorporado por la Corte Constitucional al Art. 6 de la Ley 581 de 2000, debe ser interpretado en el sentido de que el deber legal de incorporar al menos el nombre de una mujer en las ternas se diluye cuando en su conformación se presenta alguna de las siguientes posibilidades: (i) intervención de distintas entidades, y (ii) intervención de una o varias personas o funcionarios públicos y distintas entidades públicas. Por tanto, no es admisible el raciocinio empleado por un sector de los apelantes, en el sentido de que las Juntas Administradoras Locales, por estar integradas por distintas personas, que responden a una representación plural y democrática, deben ser consideradas como un conjunto de personas, y que por lo mismo están exentas del deber legal de incluir al menos una mujer en las ternas que deben integrar para la elección de alcaldes locales”.

4.Situación actual y estadísticas

252.Seguimiento a la Ley 581 de 2000 “Ley de Cuotas”.Frente a la participación femenina en el desempeño de cargos públicos en las entidades del orden nacional, según información recopilada por el DAFP, se señala que durante el 2006-2010, los Órganos de Vigilancia y Control, la Rama Ejecutiva y la Registraduría Nacional del Estado Civil son las entidades que han cumplido y superado la cuota del 30%. Tendencia que no ha sido similar con relación a la Rama Judicial y los Órganos Autónomos, cuyo promedio de cumplimiento durante los cinco años, oscila entre un 23% a 26%. En el anexo N.º 3 de este artículo se incluye el informe completo del DAFP. La Rama Ejecutiva es la que cuenta con un mayor porcentaje 40%, seguida de la Registraduría Nacional del Estado Civil con 36%. Comparando estas cifras respecto a las señaladas para el 2006, se relaciona una tendencia creciente de participación femenina en las tres ramas del poder público, y los Órganos Autónomos, y una disminución de la participación femenina en los Órganos de Vigilancia y Control al pasar de 44% (2006) a 35% (2010), aún cuando se sigue cumpliendo con el mínimo exigido por ley.

253.Igualmente es de resaltar los siguientes datos:

a)El número total de entidades que reportaron al Sistema fueron 178, con un número de 1.210 mujeres que representan el 38% de participación femenina;

b)Respecto a la información reportada por 12 Ministerios se registra un porcentaje superior al 30% de participación femenina en cargos directivos. En razón del objeto del Plan de Desarrollo en acciones orientadas a lo Social, encontramos los Ministerios de Educación Nacional, Cultura, Protección Social, Interior y Justicia y Comercio, Industria y Turismo con un porcentaje de participación femenina del 57%, Infraestructura con los Ministerios de Comunicaciones, Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y Energía; Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Transporte con un porcentaje del 42%. En Administración del Estado corresponden los Ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público y Defensa Nacional con un porcentaje del 43%;

c)La Rama Legislativa reportó un promedio de 25% de participación femenina en cargos directivos, evidenciándose la misma situación respecto del año anterior;

d)La Rama Judicial registra un porcentaje del 26%, destacándose que la FGN tiene un porcentaje de participación del 30.56%, mientras que el INML y CF continúa con el porcentaje inferior al 30%;

e)Todas las entidades que pertenecen a los Órganos de Control y Vigilancia presentan porcentajes superiores del 30%;

254.De otro lado, en relación con los datos consolidados del orden territorial durante el 2010, se tienen las siguientes conclusiones:

a)Se evidenció un reporte de información de 1.256 entidades correspondientes al nivel central y descentralizado del nivel territorial;

b)El cuadro consolidado del nivel territorial muestra un total de 2.676 cargos ocupados por mujeres, lo cual representa el 40% de los cargos provistos;

c)En cuanto a las Gobernaciones que reportaron la información, de los 802 cargos provistos, 293 son ocupados por mujeres, lo que equivale al 37%;

d)De las 29 Gobernaciones que reportaron información, ocho de ellas registran porcentajes inferiores al 30%. Respecto a las Alcaldías Capital de Departamento que reportaron la información, de los 659 cargos provistos, 275 son ocupados por mujeres lo que equivale al 42%.

e)En el comparativo de los años 2005 al 2010 de las Alcaldías Capital incluyendo Bogotá, D.C, se observa que la Alcaldía de Manizales no ha dado cumplimiento a la Ley en los últimos cinco años.

255.Para dinamizar el cumplimiento de la Ley 581 de 2000, el DAFP a través de la Dirección de Empleo Público ha establecido diferentes estrategias, tales como la realización de encuentros regionales estructurados para divulgar las políticas de inclusión en los 32 departamentos del país, así como foros, chats virtuales y difusión a través de la página web, entre otros.

Procesos electorales

256.La Registraduría Nacional del Estado Civil ha realizado procesos electorales y ha brindado el apoyo a las Consultas de Partidos y Movimientos Políticos, en los cuales se puede analizar cuál ha sido la participación de la mujer en el ámbito electoral. Las siguientes son las conclusiones, que se amplían en el anexo N.º 3 de este artículo:

a)Desde las elecciones para Senado y Cámara de Representantes realizadas para el periodo 1998-2002 hasta las realizadas para el periodo 2010-2014 se evidencia un aumento progresivo y significativo de la participación femenina en estas corporaciones. Para el primero de los periodos señalados el porcentaje de participación era de 13% para Senado y 11% para Cámara de Representantes; para el último periodo el porcentaje de participación fue de 16% para Senado y 12% para Cámara de Representantes. Ello representa sin lugar a dudas, un avance paulatino en el fortalecimiento de la participación de las mujeres en la vida pública y en el consecuente reconocimiento de sus derechos civiles y políticos. En total, el Congreso de la República para el periodo 2010-2014 tiene elegidas a 38 mujeres de distintos partidos políticos y regiones del país. En el Senado de la República fueron electas 17 mujeres que corresponden al 16,7% de sus miembros. Por su parte, en la Cámara de Representantes fueron electas 21 que corresponden a 12.7%, para un total de 14,2% de representación femenina en el Congreso;

b)Entre el período 2006-2010 y 2010-2014 hubo un leve aumento de la participación femenina en el Congreso de la República. Paso de un 12% a 16% en el Senado y de un 10 al 12% en la Cámara de representantes;

c)Respecto a la participación de la mujer en los niveles regional y local, se resalta: A nivel de las gobernaciones, al comparar los períodos 2004-2007 y 2007-2011, se registra un aumento en la participación al pasar de 6.25% al 7,95%, respectivamente. En cuanto a la participación de las mujeres en las Asambleas Departamentales se presentó una leve disminución, pasando de 15% a 14,60%, respectivamente. En las Alcaldías, se incrementó la participación, pasando de 7,6% al 12.52%, respectivamente. En cuanto a los Concejos Municipales se mantuvo una constante en ambos períodos con un porcentaje de 13,71% y 13,81% respectivamente.

Participación y la situación de la mujer en los partidos políticos

257.La participación de la mujer en las distintas consultas de Partidos Políticos realizadas durante 2008, varió desde 15% hasta el 47%, dependiendo de la consulta. La situación durante 2009 no distó mucho en comparación con el año inmediatamente anterior. La participación de la mujer en estas consultas varió entre el 7% y el 50%, dependiendo de la consulta Durante el año 2010 el Partido Conservador y el Partido Verde realizaron consultas para la elección del candidato presidencial. En el caso del primero, la participación de las mujeres fue del 40% con dos candidatas de los cinco postulados y para el caso del segundo, fue nula.

Participación de las mujeres indígenas y afro descendientes en la vida política y pública

258.En seguimiento a la Ley 649 de 2001, mediante la cual se establecen circunscripciones especiales, de negritudes e indígenas, para la promoción de la participación real y efectiva de estas poblaciones, se registra que en el Proceso Electoral (2010), la elección de Representantes a la Cámara por la circunscripción especial indígena tuvo una participación femenina de un 37.5%, en la circunscripción especial de Senado Indígena fue del 16,6% y para la Cámara por las negritudes fue del 15,9%.

VCM que participan en la vida política y pública

259.El Observatorio de DDHH de Programa Presidencial de DDHH y DIH de la Vicepresidencia de la República ha elaborado un documento, que fue referenciado anteriormente, el cual reseña un primer acercamiento de cómo la violencia afectó a las mujeres durante el período 2003-2009, el cual puede se presenta en el Anexo N.º 5 de este capítulo, sin llegar a establecer una relación de causalidad de violencia y género, en el marco de la PSD. Algunas conclusiones de dicho análisis, dan cuenta de la reducción de la violencia ejercida contra las mujeres que son líderes sociales y que por esa condición participan activamente en la vida pública. En este sentido se presenta información relativa a homicidios de mujeres periodistas, autoridades locales, homicidios de docentes sindicalizadas, y sindicalistas de otros sectores, docentes no sindicalizados y líderes sociales y comunitarios.

260.En relación con los periodistas, se tiene que a partir de 2003, la tendencia ascendiente que se presentaba de homicidios cometidos contra éstos, cambia completamente y se observa una dinámica de descenso, que alcanza niveles muy bajos, incluso nulos en 2008. Así, existe una disminución del 83% de estas violaciones entre 2003 y 2009. Se hace especial hincapié en que ninguno de tales homicidios fue cometido contra mujeres que ejercen esta profesión.

261.En cuanto a los homicidios de autoridades locales, en el periodo comprendido entre 2003 y 2009, se registró un total de 224 homicidios perpetrados en contra de autoridades locales en Colombia. De este total, 16 (7%) correspondieron a mujeres y 208 (93%) a hombres pertenecientes a este grupo vulnerable. Así las cosas, entre 2003 y 2009 se presentó una disminución del 83% en el número de homicidios perpetrados contra mandatarias locales, pasando de seis a uno por año.

262.Respecto a sindicalistas, según información proveniente del MPS, entre 2003 y 2009 se registraron 382 homicidios de sindicalistas en Colombia, de los cuales 79 de las víctimas eran mujeres (21%), y 303 eran hombres (79%).

263.En lo relativo a homicidios de docentes sindicalizadas y sindicalistas de otros sectores el documento del Observatorio señala que: “(…) A lo largo del periodo, se hizo visible una disminución en los homicidios de mujeres pertenecientes a los dos subgrupos de sindicalistas mencionados en este informe. En efecto, los casos de homicidios cometidas contra docentes sindicalizadas pasaron de 19 en 2003 a 2 en 2009, lo que equivale a una reducción del 89% y aquellos perpetrados contra mujeres afiliadas a sindicatos de otros sectores pasaron de 8 a 1, representando un descenso del 88%. (…)” .

264.Entre 2004 y 2009 se reportaron 75 homicidios de docentes no sindicalizados, de los cuales 59 (79%) se dirigieron contra hombres y 16 (21%) contra mujeres.

265.En lo que concierne a lideresas sociales y comunitarias, entre 2003 y 2009, se reportaron 341 víctimas que ejercían algún tipo de liderazgo social y/o comunitario. De ellas, 298 eran hombres (87%), 40 eran mujeres (12%) y en 3 casos la fuente no establece el sexo (1%). Para el caso de las mujeres líderes, la tendencia muestra que durante el período considerado se presentan víctimas en la totalidad de los años estudiados y aunque los picos se presentan en 2004 y 2008 con ocho mujeres asesinadas respectivamente, tanto al inicio como al final de los siete años considerados se registran las cifras más bajas.

266.Las cifras oficiales de los casos de homicidios a mujeres, lideresas sociales y comunitarias, al igual que mujeres sindicalistas muestran que la tendencia en los últimos años ha sido la disminución y no un incremento progresivo.

267.En muchas ocasiones las mujeres que ejercen actividades de liderazgo comunitario, social o en defensa de los DDHH también han sido objeto de amenazas, atentados y homicidios. Los móviles varían dependiendo de circunstancias y factores asociados a las actividades realizadas por las mismas. En ese sentido, las lideresas comunitarias o campesinas fueron las más afectadas con 17 homicidios entre 2003 y 2009, principalmente en 2005 y 2006, con cuatro víctimas respectivamente. En segundo lugar, se encuentran las líderes de organizaciones sociales, que registran 12 asesinatos, de las cuales siete se concentran en los últimos años con cuatro homicidios en 2008 y tres en 2009.

5.Medidas recientes o en curso

268.Política Pública para la Protección a Mujeres. La Defensoría del Pueblo está elaborando un documento de política pública para la protección a mujeres que adquieren visibilidad por su liderazgo y labor de promoción de los DDHH.

269.Mesa de Garantía para Defensores/as de DDHH , desde los inicios de este proceso (2009) han participado las defensoras de DDHH y el tema de género se ha estudiado. Sin embargo, en marzo de 2011 se realizó la primera reunión temática de Género en la Mesa de Garantías de Defensores de DDHH y Lideresas Sociales y Comunales. Este importante espacio fortalecerá los esfuerzos institucionales para la incorporación del enfoque de género en el sistema de protección a defensoras de DDHH y las metodologías de investigación de la FGN, entre otros.

B.Artículo 8

270.El presente apartado guarda relación con las recomendaciones generales N.º 8 y 10 del Comité.

271.De conformidad con el Decreto-Ley 274 de 2000, por el cual se regula el Servicio Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular, el ingreso a la misma se hace exclusivamente con base en el mérito, mediante la participación en los concursos de ingreso que para el efecto convoca anualmente el MRE a todos los ciudadanos colombianos (hombres y mujeres) que cumplan con los requisitos establecidos en el mencionado estatuto.

272.De acuerdo con el Parágrafo Primero del artículo 6 del Decreto Ley 274 de 2000, los cargos de Embajador y Cónsul General Central son de Libre Nombramiento y Remoción, y la designación de los mismos es facultad discrecional del Presidente de la República al tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 189 de la C.P.

273.Así mismo, en virtud del Art. 60 del Decreto Ley 274 de 2000, se efectúa nombramientos con carácter provisional en cargos de Carrera Diplomática y Consular, cuando no es posible designar funcionarios que pertenezcan a la misma. En los cuales se nombra a hombres y mujeres que cumplan con los requisitos para ser designados.

1.Medidas legislativas

274.En el anexo N.º 1 de este artículo se incluye el texto de la Ley 274 de 2000.

2.Situación actual y estadísticas

275.A marzo de 2011, se registra que del total de 485 cargos de Carrera Diplomática y Consular, 257 se encuentran ocupados por mujeres, lo cual representa un 52,99% del total de cargos y de un total de 46 cargos de Jefes de Misión Diplomática, actualmente 12 están siendo ocupados por mujeres, lo cual representa una participación del 26% del total.

276.En relación con la participación de mujeres en delegaciones a reuniones y conferencias internacionales, el MRE reporta que en el año 2009, de 445 comisiones de servicios realizadas a funcionarios de las diferentes Misiones Diplomáticas para asistir a reuniones, eventos y conferencias, 148 se efectuaron a mujeres, lo cual representa una participación del 33% y en el año 2010, de un total de 267 comisiones, 153, se efectuaron a mujeres, lo cual representa un 57%.

277.Igualmente, el Estado colombiano ha propuesto destacadas mujeres para cubrir vacantes dentro del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones regionales e internacionales. Así, entre los años 2000 a 2011 han sido postuladas 11 mujeres para los siguientes cargos:

CARGO	NOMBRE DE LA POSTULADA
Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello.	Ana Milena Escobar Araujo
Miembro del Grupo Consultivo del Fondo Central de Respuestas de Emergencia (CERF)	Sandra Alzate
Miembro del Comité de los Derechos del Niño.	Beatriz Linares Cantillo
Miembro del Comité Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM).	Martha Lucia Vásquez
Secretaria General del Organismo de Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe – (OPANAL).	Clara Inés Vargas Silva
Miembro del Grupo Consultivo del Fondo Central de Respuestas de Emergencia (CERF).	Luz Amanda Pulido
Experto Gubernamental del grupo de trabajo encargado de analizar los informes periódicos del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre DDHH en materia de Derechos económicos, sociales y culturales del Protocolo de San Salvador.	Paola Margarita Buendía García
Representante titular de Colombia ante el Comité Directivo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente (IIN) y como Presidente del Consejo Directivo del IIN.	Elvira Forero Hernández
Vicepresidencia del Bureau COP/CMP Convención marco de las Naciones Unidas Cambio Climático.	Andrea García
Secretaria para Asuntos Técnicos – Científicos del Instituto Ítalo – Latinoamericano (IILA).	Mónica Sofía Dimaté
Especialista Adjunto del Programa de Cultura de la Oficina Regional de la UNESCO en la Habana.	Tatiana Villegas

C.Artículo 9

278.El presente apartado guarda relación con la recomendación general N.º 21 del Comité.

279.El artículo 96 de la C.P. de 1991 establece que se puede ser nacional colombiano por:

a)Por nacimiento: los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que siendo, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento y; los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República;

b)Por Adopción: los Extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización, de acuerdo con la Ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción; los Latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia, que con autorización del Gobierno y de acuerdo con la Ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se establecieren, y; los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos. Ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad.

280.Los nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción. Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con arreglo a la Ley.

281.Como se observa la Constitución, hace una distinción entre aquellos colombianos que lo son por nacimiento y entre aquellos que no siéndolo pueden llegar a adquirir la nacionalidad colombiana, y en relación con estos últimos, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 43 de 1993, el Decreto 1869 de 1994 y el Decreto 2150 de 1995.

282.Decreto 830 de 18 marzo de 2011. Reglamenta la expedición de documentos de viaje de colombianos, se establecen requisitos para mayores y menores de edad, indistintamente si se trata de hombres, mujeres, niños o niñas. Asimismo, no hay exigencias adicionales que deban imponerse a la mujer en razón de su sexo.

283.En cuanto a las disposiciones vigentes para la salida de menores de Colombia, se tienen previstas las siguientes, las cuales tienen presente el principio del interés superior del niño, y de reconocen los mismos derechos a hombres y mujeres en calidad de padres:

a)Para los niños, niñas y adolescentes colombianos y extranjeros residentes en el país, se necesita permiso de salida de los padres o del padre que no viaja con el menor;

b)El permiso debe contener la fecha de salida, propósito del viaje, fecha de regreso y con quien viaja el menor, según lo definido en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006);

c)También debe presentar copia del registro civil del niño o adolescente colombiano, si es titular de pasaporte con zonas de lectura mecánica, pues allí no figura nombre de los padres del menor;

d)Si el padre o madre que otorga el permiso, se encuentra en Colombia, el permiso debe estar autenticado ante notario público, si se encuentra en el exterior, el permiso debe estar autenticado ante el consulado colombiano. De no ser posible ubicar un Consulado colombiano cerca de su residencia, el permito debe estar diligenciado en idioma español, suscrito ante notario público, debidamente apostillado y siempre debe ser en original;

e)Cuando uno de los padres esté fallecido, se debe presentar el certificado de defunción del mismo. En caso de fallecimiento de los padres, se debe presentar el permiso de salida suscrito por el representante legal o tuto del menor, conforme a la Ley 1098 de 2006;

f)Para los menores adoptados, se debe presentar copia de la sentencia de adopción debidamente ejecutoriada;

g)Cuando los padres están en conflicto se debe presentar permiso otorgado por el Juez de familia;

h)Si la patria potestad está en cabeza de uno de los padres, se debe presentar copia de la sentencia debidamente ejecutoriada;

i)Si el permiso está otorgado por escritura pública, se debe presentar copia de la misma con la certificación de su vigencia;

j)Si el menor ostenta doble nacionalidad, siendo una de ellas, la colombiana, debe cumplir con los requisitos antes mencionados, como nacional colombiano;

k)Cuando se desconoce el paradero de sus padres o de uno de ellos, cuando este o estos no están en condiciones de otorgar el permiso, o cuando se carece de representante legal, el permiso es otorgado por el ICBF, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006.

284.En cuanto a la expedición de pasaportes del menor y/o sus padres, los requisitos se encuentran contenidos en el Decreto 830 del 18 de marzo de 2011 expedido por el MRE, mediante el cual se reglamenta la expedición de documentos de viaje colombianos y se dictan otras disposiciones. En efecto, en el capítulo II, artículo 13, se establecen los requisitos para la expedición de los documentos de viaje para mayores y para menores de edad, indistintamente si se trata de hombres o mujeres, niños o niñas. Así mismo, no hay exigencias adicionales que deban imponerse a la mujer en razón de su género. Para menores de edad, el mismo decreto y artículo determina como requisitos, los siguientes:

a)Para menores de edad en territorio colombiano, presentar copia auténtica del Registro Civil de nacimiento expedido por la misma oficina de inscripción y tarjeta de identidad si la tuviese;

b)Para menores de edad en el exterior, presentar copia auténtica del registro civil de nacimiento expedido por la misma oficina de inscripción y tarjeta de identidad si la tuviese;

c)Los menores de edad, deben ir acompañados de uno de los padres o del representante legal o de un tercero autorizado por cualquiera de los anteriores, quien adjuntará fotocopia del documento que acredite tal calidad.

1.Medidas legislativas

285.En el anexo N.º 1 de este artículo, se incluyen la relación de leyes y decretos adoptados durante el periodo de este informe, en relación con el artículo 9, así como los textos correspondientes.

2.Situación actual/ estadísticas

286.Según el Censo de 2005, el número total de inmigrantes en Colombia era de 109.971 personas procedentes de diversos países y de todos los continentes. De este total, 56.889 (51,7%) eran hombres y 53.082 (48,3%) eran mujeres.

IV.Parte III de la Convención

A.Artículo 10

1.Medidas administrativas

Política “Revolución Educativa”

287.Esta política se desarrolló en Colombia desde el año 2000, con el objetivo de crear las condiciones para dar a todos los colombianos y colombianas una educación más equitativa, lo que se ha traducido e en la ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad. El núcleo de esta política estuvo en organizar el sector educativo en función de sus usuarios, es decir, convertir al estudiante en el centro de todas las acciones educativas, en todos los momentos, niveles y etapas de la educación.

288.Para esto, fue necesario poner en marcha sistemas de información integrales que permitieran tener un mayor conocimiento de los estudiantes para poder identificar datos como: necesidades educativas, los riesgos y factores de deserción, los subsidios o créditos otorgados, resultados de los exámenes de Estado y seguimiento a los graduados en el mercado laboral, entre otros.

289.El enfoque de esta política giró en torno a cinco acciones transformadoras. Dos de ellas definieron lo que se esperaba lograr: educación para todos durante toda la vida y educación para la innovación, la competitividad y la paz, las cuales corresponden en gran parte a los ejes de cobertura y calidad. Las otras tres se enfocaron en los procesos de gestión y administración orientados a apoyar el logro de dos grandes metas; fortalecimiento de la institución educativa, modernización permanente del sector y participación de la comunidad en la formulación y gestión de las políticas.

290.La idea transformadora de educación para todos durante toda la vida señaló el objetivo de ofrecer oportunidades educativas a todos los colombianos y especialmente a quienes se han visto marginados del acceso a ésta. Incluye por ello no solamente a las y los estudiantes cuya educación es obligatoria, de conformidad con los preceptos constitucionales, sino a la primera infancia (0 a 5 años), a las y los adolescentes que aspiran a continuar sus estudios hasta terminar la educación media o la formación técnica y a los jóvenes adultos en edad de recibir educación superior.

291.Además se subrayó la necesidad de integrar a la alfabetización, a quienes nunca entraron al sistema formal y ofrecer educación a quienes la abandonaron, sea mediante calificación para el trabajo o a través de otras formas con énfasis en el desarrollo de competencias que permitan al ciudadano seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida.

292.Los principales resultados de esta política en favor de las mujeres y hombres, y de las niñas y los niños, se reflejan en los siguientes 10 aspectos, como se puede observar en el apartado relativo a estadísticas o situación actual, de este mismo capítulo: Más oferta de educación en todos los niveles, atención a poblaciones vulnerables, educación de calidad con referentes internacionales, aseguramiento de la calidad en educación superior, mejor infraestructura escolar, más estudiantes con acceso a computadoras e internet, selección y evaluación de docentes por mérito, gestión del sector modernizada y fortalecida; y, gestión participativa .

293.Los resultados alcanzados a favor de las mujeres, a través de esta política en todos los niveles educativos se presentan en el anexo N.º 6.

El Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016

294.Una vez cumplida la vigencia del Plan Decenal de Educación 1996-2005 el MEN, con el apoyo de varias organizaciones del sector privado, realizaron un balance sobre lo sucedido con este Plan, identificando entre otras cosas, los desafíos y retos de la educación para los diez años siguientes.

295.A partir de esta evaluación y bajo el liderazgo del MEN, luego de una amplía consulta y debate público, se construyó el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 – “La Educación que queremos, para el país que soñamos”.

296.El Plan es un pacto social por el derecho a la educación y tiene como finalidad servir de ruta y horizonte para el desarrollo educativo del país durante diez años. Es referente obligatorio de planeación para todos los gobiernos e instituciones educativas y de instrumento de movilización social y política en torno a la defensa de la educación, entendida ésta como un derecho fundamental de la persona y como un servicio público que, en consecuencia, cumple una función social; garantizando condiciones de equidad para toda la población y la permanencia en el sistema educativo, desde la educación inicial hasta su articulación con la educación superior. Es de mencionar, que este Plan es una herramienta de gestión educativa en el nivel local, municipal, departamental y nacional.

Programa Nacional de Alfabetización Básica para Jóvenes y Adultos Iletrados

297.Desde el año 2002, el MEN ejecuta este programa que, además de enseñar a leer y escribir a los jóvenes y adultos, busca su escolarización. Con el modelo aplicado, se busca alfabetizar a las personas iletradas de más 15 años, lo que significa que éstas alcancen las competencias equivalentes al tercer grado escolar y que continúen en el sistema a través de los CLEI, hasta finalizar el grado 11. Además se estableció un mecanismo de financiación, el cual desde 2003, permite que se destinen recursos del Presupuesto General de la Nación para la formación en Ciclo 1 (alfabetización) y del SGP para financiar los Ciclos 2 al 6. Entre 2003 y 2010, el MEN destinó 174.538 millones de pesos (91,18 millones) a este programa, que ha beneficiado a 1.208.019 personas. En el anexo N.º 6 de este artículo se presenta el índice global de analfabetismo en Colombia y el porcentaje de mujeres analfabetas.

298.Adicionalmente, tanto las mujeres como los hombres desmovilizados en proceso de reinserción, reciben, de acuerdo a su ruta de integración, el servicio de educación o formación académica. Este servicio se otorga a la persona en proceso de reintegración y su núcleo familiar, quienes podrán iniciar o continuar su capacitación en los programas académicos: alfabetización, básica primaria, básica secundaria y media vocacional.

Acciones para invertir la tendencia hacía las deserciones escolares tempranas

299.El MEN viene desarrollando desde el año 2004, sistemas especializados para mantener y divulgar información actualizada del sector y orientar a los usuarios en forma completa, oportuna y confiable sobre las instituciones, su oferta académica y sus características. Uno de ellos es el Sistema para la Prevención a la Deserción en Educación Superior (SPADIES), el cual ofrece un diagnóstico completo sobre deserción a nivel nacional y permite medir este fenómeno en cada una de las instituciones y programas teniendo en cuenta sus causas.

300.Al mismo tiempo, se diseñó el Sistema de Información para el Monitoreo, Prevención y Análisis de la Deserción Escolar (SIMPADE), que busca que las instituciones educativas y las entidades territoriales cuenten con una herramienta de seguimiento permanente de la deserción, que apoye la identificación temprana de los niños con mayor riesgo de abandono y permita la ejecución de acciones preventivas. Dicho sistema será accesible a través de Internet para todos los establecimientos educativos del país y se implementará mediante e-learning en los colegios de todo el país y mediante talleres en las Secretarías de Educación.

301.La ventaja de este seguimiento y de la información integral sobre el estudiante es saber qué hace al individuo concreto vulnerable a la deserción. Es así posible intervenir a tiempo, aplicando una política preventiva que incluye mecanismos de consejería y atención psicológica y no simplemente correctiva. También permite focalizar el apoyo en los estudiantes con mayor riesgo de deserción. Las investigaciones, así como los datos recopilados en el SPADIES, señalan como principales causas, como se sabía intuitivamente, problemas académicos, la falta de recursos financieros, la inadecuada orientación profesional y el entorno socio-familiar. El aporte real del sistema es medir el peso de los diversos factores y ordenar su importancia para cada institución.

302.Igualmente, la deserción es resultado de una combinación de factores que se generan tanto dentro del sistema escolar como en el contexto social. Los primeros tienen que ver con la escasez de los recursos educativos ofrecidos y con la no pertinencia de la educación impartida que puede conducir a la repitencia y a la desmotivación para continuar hasta terminar los estudios. Los segundos incluyen condiciones de pobreza y marginalidad, inserción laboral temprana, violencia y anomalías familiares.

303.Con el fin de mitigar estos factores, se crearon programas como el de gratuidad, que reduce el costo de la educación para las familias pobres, mecanismos de subsidio a la familia del estudiante condicionados a la asistencia, el de alimentación escolar, que además de contribuir al desarrollo integral del niño y a su salud actúa como incentivo para que la familia lo mantenga en el sistema escolar.

304.Los esfuerzos en Permanencia escolar se han apoyado en diferentes estrategias tales como: Las Estrategias de comunicación “No uno Menos” y “No hay excusa, cada niño que no va al colegio es una oportunidad que se le niega a él y al país”, Campaña “La Escuela busca al Niño”; participación directa en al Red para al superación de la pobreza; Estrategias de apoyo económico y apoyo complementario a la canasta escolar: Gratuidad educativa; Integración de centros educativos; Inversión del sector solidario y de las Cajas de Compensación; alimentación escolar; transportes escolar; y, modelos educativos flexibles. En el anexo N.º 1 de este artículo, se amplía la información sobre estas estrategias.

Estrategia de Asignación de subsidios y becas

305.Una de las principales estrategias para lograr las metas de ampliación de cobertura es el crédito educativo y el apoyo a la financiación de los costos de matrícula y sostenimiento en los que incurren los estudiantes. Se busca así facilitar la permanencia de estudiantes con limitaciones económicas en la universidad pública mediante créditos de sostenimiento y otros subsidios, y sobre todo facilitar a los estudiantes que no alcanzan a pagar las matrículas correspondientes el ingreso a la universidad privada. Entre 2002 y 2010, el ICETEX aumentó aceleradamente sus préstamos, que pasaron de 65.218 en 2002, a 259.269 en 2010, lo que representa un crecimiento del 18,9% anual. Esto quiere decir que mientras que en 2002, el 7% de los estudiantes de pregrado del país tenían préstamo, en 2010 el ICETEX atiende al menos el 14% de ellos.

306.De los nuevos beneficiarios de crédito de 2003 a 2010 (300.055), el 97% provienen de familias de estratos 1, 2 y 3. Como las renovaciones se aplican al mismo universo, esto quiere decir que el crédito de ICETEX se concentró en forma total en los estudiantes de bajos recursos y que los beneficiarios de familias pertenecientes a estratos 4, 5 y 6 fueron solamente el 3% de ellos.

307.Los estudiantes de bajos ingresos reciben también otros beneficios: los que pertenecen al SISBEN 1 y 2, es decir 92.831 en los últimos cinco años, reciben también un subsidio adicional de 25% del valor de la matrícula. En 2010, el número de beneficiarios del subsidio es de 24.000 que reciben 73.950 millones de pesos (cerca de 39 millones de dólares), es decir, un subsidio promedio de 3,1 millones de pesos (1.620 dólares). Adicionalmente, durante estos mismos años se desembolsaron 1.762 créditos condonables a través del fondo de comunidades indígenas y 3.270 a través del fondo de comunidades afrocolombianas.

Fuente: ICETEX - Procesado por: OAG, ACPEM

308.Entre los años 2004 y 2010, las mujeres han sido beneficiarias de los créditos universitarios ACCESS, en mayor medida que los hombres. Durante el año 2010, fueron aprobados 42.003 créditos universitarios, de los cuales el 55% (23.307) fueron utilizados por mujeres.

Orientación en materia de carreras y capacitación profesional, para hombres y mujeres

309.Para dar a los jóvenes amplia información sobre las opciones de formación en educación superior pertinentes a la economía regional, promover formas de financiación e incentivar a las instituciones oficiales y privadas para que motiven a los jóvenes de su región a trabajar en pro de su desarrollo por medio de los programas que ofrecen las instituciones de educación superior de la zona, el MEN puso en marcha el programa “Buscando Carrera”, el desarrollo de este programa contó con el apoyo conjunto de las Secretarias de Educación, el ICETEX y otras entidades de financiación y crédito educativo (cajas de compensación familiar, cooperativas, bancos, fondos municipales o departamentales de financiación a la educación superior, fundaciones o asociaciones empresariales). Los programas de la Presidencia de la República, Acción Social y Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), los Consejos de Juventud y las instituciones de educación superior, realizaron entre 2006 y 2009, 202 encuentros estudiantiles que han llegado a más de 530.000 estudiantes de últimos grados de media y bachilleres de los 31 departamentos del país.

310.Esta estrategia ha sido una importante herramienta al acompañar los proyectos de regionalización y las estrategias que adelante el MEN para desconcentrar la oferta. La introducción de las TIC y el trabajo a través del portal “Colombia Aprende” resultaron claves al momento de acercarse a los jóvenes y acompañarlos en la toma de decisiones; no obstante, este programa requiere tener una mayor cobertura y trabajar más de la mano de las Secretarías de Educación y sus programas de orientación vocacional. De esta forma, se podrá promover el acceso de los jóvenes a la educación superior llevando información pertinente a un mayor número de municipios, haciendo visible la oferta de programas, de oportunidades de financiación y opciones en el mercado laboral y, aún más que eso, el valor que agrega la educación superior a su desarrollo y el de sus familias.

Formación Profesional Integral

311.La Formación Profesional Integral gratuita que imparte el SENA, se hace mediante un proceso educativo orientado al desarrollo de conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y valores para la convivencia social, que le permiten a la persona desempeñarse en una actividad productiva”. La persona que recibe la Formación Profesional Integral del SENA, se certifica en competencias para el desempeño de actividades laborales en una ocupación o campo ocupacional en los procesos de construir, transformar, mantener y ofrecer bienes y servicios en las empresas, o en el trabajo independiente”.

312.Comprende dos tipos de formación:

a)Formación Titulada: Dirigida a formar para el trabajo el nuevo talento humano en los niveles operativo, técnico profesional y tecnólogo;

b)Formación complementaria: Tiene el propósito de actualizar y complementar los conocimientos y destrezas de los trabajadores vinculados; así como habilitar y complementar los conocimientos y destrezas de los desempleados para promover su vinculación al mundo laboral.

313.Igualmente el Presentación Programa Eduderechos

SENA desarrolló otras iniciativas de educación, tales como Jóvenes en Acción y Jóvenes Rurales, a través de las cuales las mujeres han tenido una significativa participación, como se puede observar en el anexo N.º 6 de este artículo.

Programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía

314.Es un Programa que le aporta al desarrollo de competencias ciudadanas y básicas en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a partir de procesos de formación permanente de docentes y agentes educativos que desarrollan prácticas pedagógicas dirigidas al desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades emocionales, cognitivas y comunicativas.

315.Busca que niños, niñas, adolescentes y jóvenes comprendan que tienen pleno derecho sobre su cuerpo y que nadie puede acceder a él sin su consentimiento; que sean capaces de acudir a personas e instituciones especializadas cuando ese derecho es vulnerado en ellos o en otros; que comprendan que tienen derecho a vivir libre de presiones y de violencias sexuales; que tomen decisiones que les permitan vivir una sexualidad sana, plena y responsable enriqueciendo su proyecto de vida y el de los demás; y, que sean capaces de emprender acciones para que ni él/ella ni ninguna otra persona sea manipulada con fines sexuales que atenten contra su integridad física, psíquica y social. El programa se encuentra en el marco de DDHH, cuya comprensión proclama derechos iguales para todas las personas, considerando sus respectivas identidades y diferencias.

316.El programa es implementado a nivel territorial con el liderazgo de las Secretarias de Educación, las cuales orientan y acompañan el desarrollo de proyectos pedagógicos en educación para la sexualidad. Actualmente se cuenta con 71 de las 95 Secretarias de Educación focalizadas, y 2.390 establecimientos educativos construyendo proyectos pedagógicos en Educación para la Sexualidad y la Construcción de Ciudadanía, actualmente se tienen 1.263 proyectos pedagógicos. La Dirección de Calidad del MEN capacitó a los operadores de este Programa sobre los contenidos del mismo.

Garantía del derecho a poblaciones vulnerables

317.En la búsqueda de coberturas totales, el principal esfuerzo de esta política, se orientó a la inclusión de los grupos vulnerables. Particularmente se logró la atención del 86,5% del total de la población entre 5 y 17 años de edad, en situación de desplazamiento. Igualmente, mediante la integración al aula, en el 2010 se atendió un total de 107.258 estudiantes con discapacidad, logrando un incremento del 24% desde 2006, cuando se inicio su identificación en la matrícula. En el anexo N.º 2 de este artículo, se presentan algunos indicadores que reflejan los avances alcanzados.

318.De otra parte a partir las actuaciones de la Corte Constitucional en relación con el desplazamiento forzado, particularmente: la Sentencia T-025 de 2004 con respecto al derecho a la educación de las mujeres víctimas de este fenómeno, la Corte ordenó la creación e implementación del Programa educativo para las mujeres desplazadas mayores de 15 años; mediante el Auto 092 de 2008 identificó algunos vacíos en la garantía de este derecho; y el Auto 237 de 2009 mediante el cual adopta lineamientos presentados por las organizaciones de mujeres en situación de desplazamiento, el Gobierno Nacional desarrolló las siguientes acciones:

a)El sector educativo amplió su oferta para atender a la población en situación de desplazamiento y vulnerable, a través de educación tradicional y mediante modelos educativos flexibles. Los modelos incluyen estrategias de búsqueda activa de la población por fuera de la educación y otras que contribuyen a la permanencia de las y los estudiantes y a la calidad de la educación, entre ellas atención psicoafectiva, alimentación escolar y dotación de útiles escolares. Asimismo, la atención a población en situación de vulnerabilidad se complementa con estrategias que buscan fortalecer la calidad educativa, mediante proyectos transversales como: Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía; educación para el ejercicio de los DDHH y educación Ambiental;

b)Se implementó y está desarrollando el Programa de apoyo educativo para las mujeres mayores de 15 años en situación de desplazamiento, que tiene como objetivo general, que este grupo de mujeres cuenten con oportunidades de acceso y de permanencia para iniciar, continuar o culminar su proceso educativo con equidad y calidad. En el anexo N.º 3 sobre este artículo de la Convención, se amplía la información sobre el Programa y se presentan los principales avances alcanzados.

Protección alumnas embarazadas de formas de discriminación.

319.El MEN orienta a las Secretarías de Educación para que garanticen el acceso y permanencia de todos los estudiantes en las instituciones educativas, sin ningún tipo de discriminación y esto incluye a las estudiantes en estado de embarazo. En el marco de Proyectos Transversales de Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, educación para el ejercicio de los DDHH, ya enunciados y desde la perspectiva de género, considera a las mujeres, niñas y jóvenes en su calidad de ciudadanas plenas, sujetos sociales activos de derechos. Para esto, las reconoce como actoras válidas para identificar sus necesidades e intereses, crea canales de comunicación auténtica con ellas y promueve condiciones que les posibiliten el ejercicio de sus derechos, principalmente los sexuales y reproductivos que favorezcan la puesta en escena de esas competencias en situaciones cotidianas. Juegan un papel primordial en la transformación de los patrones culturales que llevan a las distintas formas de discriminación.

320.El gran desafío en este momento es la implementación de estos proyectos en los establecimientos educativos con miras a la formación de seres humanos autónomos, tolerantes, solidarios, respetuosos, participativos, democráticos. Sin embargo, teniendo en cuenta que procesos de transformación social y cultural llevan tiempo, el Estado colombiano tiene mecanismos como la tutela para garantizar el cumplimiento de los derechos.

2.Medidas legislativas

321.La C.P. de 1991 reconoce el derecho fundamental a la educación, y la Ley 115 de 1994 o “Ley General de Educación” establece la garantía del derecho a la educación y a la no discriminación.

322.La Ley 1146 de 2007 dispone mecanismos jurídicos explícitos para la prevención, identificación temprana, autoprotección, detección y denuncia del abuso sexual de que puedan ser víctimas las y los alumnos, así como de cualquier otra forma de discriminación, no sólo dentro del establecimiento educativo sino fuera de él. Establece mecanismos jurídicos para mujeres víctimas de discriminación en la esfera educativa, sea por acoso sexual u otra forma, a través de los reglamentos de las instituciones educativas, los cuales deben contener todos los elementos para la detección y denuncia del abuso o discriminación, sin perjuicio de la denuncia que debe surtirse ante las autoridades competentes.

323.La Ley 1257 de 2008 (antes referenciada), en su artículo 11 sobre Medidas Educativas, establece que el MEN debe velar para que las instituciones educativas incorporen la formación en el respeto de los derechos, libertades, autonomía e igualdad entre hombres y mujeres como parte de la cátedra de DDHH, desarrollar políticas y programas que contribuyan a sensibilizar, capacitar y entrenar a la comunidad educativa, especialmente docentes, estudiantes y padres de familia, en el tema de la VCM, diseñar e implementar medidas de prevención y protección frente a la desescolarización de las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia, promover la participación de las mujeres en los programas de habilitación ocupacional y formación profesional no tradicionales para ellas, especialmente en las ciencias básicas y las ciencias aplicadas. En la actualidad se adelanta el proceso para la reglamentación de la Ley.

324.En el anexo N.º 4 de este artículo, se relacionan otras importantes medidas legislativas adoptadas durante el período de este informe y se incluyen los textos completos de cada una de ellas.

3.Medidas judiciales

325.Sentencia 025 de 2004 de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional afirmó que la respuesta estatal frente al fenómeno del desplazamiento era insuficiente para enfrentar los deberes constitucionales en esta área, y que los elementos existentes de la política pública de atención al desplazamiento forzado dejan vacios críticos que resultan en una situación de desamparo de las mujeres desplazadas. Por lo anterior, la Corte impartió órdenes específicas para suplir estos vacios en la política pública de atención al desplazamiento forzado, con el fin de garantizar los derechos de las mujeres afectadas. Así, ordenó a Acción Social, llevar a término el diseño e implementación de trece programas que incorporan un enfoque de género. Con respecto al derecho a la educación de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, la Corte ordenó la creación e implementación de los siguientes programas: el Programa de Apoyo Educativo para las mujeres Desplazadas Mayores de 15 años, el Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas Desplazadas y el Programa de los Derechos de las Mujeres Afro-descendientes Desplazadas (Autos 092 de 2008 y 237 de 2009).

326.Auto 092 de 2008. Entre los programas ordenados por la Corte Constitucional, se encuentra el Programa de Atención Educativa a Mujeres Mayores de 15 años en Situación de Desplazamiento, mencionada anteriormente

327.Sentencia C- 374 de 2010, mediante la cual se declara la inconstitucional del Art. 183 de la Ley 115 de 1994 según el cual se establecía la posibilidad del cobro de cuotas en el nivel de educación primaria oficial.La Corte señala que el Estado tiene la obligación inequívoca e inmediata de garantizar la gratuidad de la enseñanza primaria, mientras la implementa gradualmente en la enseñanza secundaria y superior. En el anexo N.º 5 de este artículo se incluyen los textos completos de estas sentencias.

4.Situación actual y estadísticas

328.En el anexo N.º 6 de este capítulo se incluye con mayor detalle la información estadística, que permite dar cuenta de la situación actual, que refleja la garantía del derecho a la educación para las mujeres y hombres, en todos los niveles educativos. A continuación se presenta de manera resumida, los principales hallazgos:

329.La tasa de cobertura bruta para el nivel de transición y básica, correspondiente a la población entre 5 y 14 años de edad, pasó de 96,7% en 2002, a 110,51% en 2009, lo que significa que se logró reducir el número de niños y niñas fuera del sistema educativo. El número de niños y niñas matriculados en instituciones educativas oficiales aumento en un 19,72%, alcanzando un total del 85,98% de matriculados en estas instituciones, mientras que en instituciones educativas privadas el número de niñas y niños matriculados descendió en un 18,89%.

330.En relación con la educación media, correspondiente a población entre 15 y 16 años, la cobertura bruta en este nivel, pasó de 57,43% en 2002, a 75,76% en 2009, lo que representa una disminución del 29,7% en el número de niños que se encontraban fuera del sistema educativo. El número de niños y niñas matriculados en instituciones educativas oficiales en este nivel pasó de 70,6% en 2002 a 81,06% en 2009. Este era un nivel en el que la oferta pública era más limitada y su ampliación generó el traslado de estudiantes que eran atendidos por el sector privado al sector oficial.

331.Frente a los logros de la Política Educativa adelantada por el Gobierno Nacional, es de destacar el permanente impulso dado a la matrícula para educación básica y media de niños y niñas. En el año 2010, el Ministerio de Educación, dio cuenta de un total de 10.978.743 personas matriculadas en educación básica y media, de los cuales el 50% son niñas; cifra que se ha mantenido en los últimos seis años.

332.En relación con la formación técnica y tecnológica, en el periodo 2002-2010, se observa una dinámica importante en la participación dentro del total de la matrícula: no sólo se han generado nuevos cupos, sino que también hay mayor presencia regional y con una oferta más acorde con las necesidades locales. El número de nuevos cupos de programas técnicos y tecnológicos aumentó en 359.039, lo que representa el 95,8% en ocho años y una tasa anual del 14,5%. Si se consideran, en forma separada, las instituciones de educación superior, aumentaron sus cupos en el área técnica y tecnológica a una tasa del 4,6% anual.

333.En relación con la matricula por nivel de formación, los niveles técnico y tecnológico fueron los que tuvieron mayor incremento, mientras que la educación técnica y tecnológica aumentó a una tasa anual del 14,5%, la educación universitaria lo hizo al 4,2%. La participación de la matrícula técnica profesional y tecnológica pasó del 19,5% al 34,2%.

334.El Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, promueve la formación para el empleo con equidad de género. Del total de los beneficiados de estos programas, 54 % son mujeres, en el periodo 2006-2010, se tienen los siguientes resultados:

a)Programa de Alumnos con Contratos de Aprendizaje: durante el año 2010, de un total de 154.744 personas beneficiadas, siendo el año con mayor número de beneficiarios desde 2004, el 53% son mujeres;

b)Programa de Formación Profesional Integral: para el año 2010, de un total de 8.219.383 personas capacitadas, el 51% son mujeres, tendencia que se mantiene con respecto a años anteriores;

c)Programa Jóvenes Rurales: se han matriculado 1.054.546 personas, siendo el 52% mujeres;

d)Programa de Formación Virtual: Para el año 2010, un total de 3.909.437 personas se matricularon en procesos de formación virtual, 14% más que el año anterior, del total 48% de éstas mujeres.

335.En educación superior, para el año 2002 la matrícula de mujeres fue de 514.568 y de hombres de 485.580; y para el 2010, de 863.473 y 810.947 respectivamente, lo que representa un aumento del 67,8% (67% para hombres y 67.8% para mujeres); así la brecha entre ambos géneros pasó de 28.988 a 52.526 a favor del género femenino.

336.En cuanto a los programas con mayor matrícula de mujeres, figuran Contaduría Pública, Administración de Empresas, Derecho, Psicología e Ingeniería Industrial. Estos cinco programas concentran el 30,2% del total de la matrícula del género femenino en 2010.

337.Al comparar los años 2002 y 2009, se evidencia que las mujeres matriculadas en educación superior predominan en las áreas de conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y afines, posteriormente figuran Ciencias Sociales y Humanas y en menor medida, ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines. Las áreas con mayor crecimiento de matrícula del género femenino, entre 2002 y 2009 fueron Bellas Artes con un 70,7%, Agronomía, Veterinaria y afines con un 58,7% y Economía, Administración, Contaduría y afines con un 56,7%.

338.En la matrícula en educación superior por sector, entre 2002 y 2010 se observa un mayor dinamismo en la matrícula en el sector oficial, que presentó un crecimiento del 31%, mientras que el sector privado se incrementó en 27,4% para el mismo periodo. La participación de matrícula de mujeres para el sector oficial para 2010 fue de 53,7%, mientras que para el sector privado fue de 46,3%.

339.Respecto a la oferta de graduados entre los años 2002 y 2009 los datos indican que las mujeres lideran la cantidad de títulos, del total de graduados de la educación superior el 55% son mujeres y el 45% hombres. Las mujeres lideran también la cantidad de títulos obtenidos, en las mismas áreas registradas para la matricula en educación superior. La participación más significativa por áreas se da en Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud y, Economía, Administración y Contaduría en las cuales el 67%, 72% y 61% de graduados respectivamente, son mujeres.

340.En relación con los programas de posgrado con mayor reporte de matrícula en la población femenina en el año 2010 son: Especialización en Pedagogía de la Recreación Ecológica, Maestría en Educación, Especialización en Derecho Administrativo, Especialización en Didáctica del Arte y Especialización en Pedagogía de la Lúdica para el Desarrollo. Estos cinco programas concentran el 18,2% del total de la matrícula del género femenino en 2010.

341.En relación con la población analfabeta, para el año 2002 equivalía al 7,6% del total de la población de más de 15 años y, para el 2009, disminuyó al 6,7%. El analfabetismo se concentra en la población rural y de mayor edad. Para 2008, en las cabeceras, la tasa fue de 4,2% y, en las zonas rurales, de 15,0%. Igualmente las cifras mostraron que, mientras que la población joven, de 15 a 24 años, tenía una tasa de analfabetismo de 2,01% (y del 1,1% en las cabeceras), el 14% de la población de 35 años y más, así como el 18% de la población de 45 años y más, era analfabeta, y que el problema es mayor en la zona rural, donde la tasa para la población mayor a 45 años es de 28%.

342.A inicios de la actual década la diferencia entre hombres y mujeres era mínima con una ventaja a favor del género femenino (7,44% para hombres y 7,42% para mujeres). Finalizando esta década, 6,76 de cada 100 colombianos eran analfabetas. Las mujeres lograron avanzar a un ritmo más acelerado y ampliaron la ventaja que presentaban frente a los hombres (6,68% para hombres y 6,56% para mujeres).

343.La tasa de deserción oficial, registra una disminución entre 2002 y 2008 de 2.85%, pasando del 8,0% en 2002 a 5,15% en 2008, previendo un cumplimiento total de la meta establecida para el 2010 que fue de 5%.

344.En la educación superior, se presentan niveles de deserción muy elevados. En 2004 se calculaba que de 100 jóvenes que entraban a las instituciones de este nivel 48,4% abandonaban sus estudios sin terminarlos. Esta tasa general resume una situación que varía bastante entre instituciones, regiones y programas académicos. Se sabe que en 2010 el abandono en instituciones públicas (43%) es un poco menor al que se da en instituciones privadas (47,2%). La deserción, por otra parte, es mayor en las carreras técnicas profesionales (59,6%) y tecnológicas (55,4%) que en las universitarias (45.4%).

5.Medidas recientes o en curso

345.Frente a los desafíos económicos que obstaculizan la plena materialización del derecho a la educación de las mujeres, el Estado busca promover programas de educación de jóvenes y adultos gratuitos que permitan que las madres solteras, puedan acceder al sistema educativo, sin la preocupación de tener que sufragar los gastos de la educación propia, perjudicando a los hijos. Asimismo, el Estado colombiano busca que las Secretarías de Educación y las Instituciones Educativas, orienten los recursos que reciben del sistema general de participaciones a mejorar la oferta educativa a las mujeres y la comunidad en general.

346.En cuanto a los desafíos culturales el Gobierno intenta disminuir, a través de procesos educativos, los niveles de riesgo de discriminación, agresiones físicas, abuso sexual, psicológico y verbal, dependencia económica, exclusión y pobreza. De igual forma, pretende incentivar la igualdad entre géneros a fin de permitir que las mujeres asistan a los programas educativos, especialmente de las zonas rurales del país. Además, de concientizar a los esposos, padres e hijos sobre la importancia y necesidad que las mujeres asistan a recibir el servicio educativo, más cuando estos en su mayoría se ofrecen también, en horarios nocturnos. En este sentido resulta necesario promover la identificación y la caracterización de la población en los sistemas de información del sector educativo y continuar con la implementación del programa de inclusión, acceso educativo y permanencia de los niños, niñas y jóvenes con características de vulnerabilidad, al sistema educativo.

347.En el área social, y frente a los desafíos que allí se presentan el Estado quiere promover propuestas que garanticen seguridad social a las mujeres y sus hijos, para que puedan dedicar el tiempo necesario a estudiar. Con tal fin, desea implementar vías y sistemas de comunicación que permitan el fácil acceso a las instituciones educativas, así como seguridad que les permita transitar fácilmente a sus lugares de estudio. Este objetivo dio origen al Plan de Inversión Anti cíclico 2009-2011, con el cual se busca construir infraestructura en aproximadamente tres años, con la ejecución de un billón de pesos (522 millones de dólares). Se tiene estimado construir y mejorar más de 10.000 aulas que generarían alrededor de 891.410 cupos nuevos.

348.Durante los años 2005 a 2007 el Ministerio de Educación realizó una investigación dentro del marco del Programa de Educación Para la Sexualidad y la Construcción Ciudadana. Tanto los resultados de esta investigación, como de otras realizadas por el FNUAP han evidenciado que en Colombia se sigue encontrando tendencias machistas en las diferentes regiones del país. Este comportamiento se genera a partir de las creencias familiares y culturales que se transmiten en los escenarios familiares, sociales y escolares.

349.Esto se evidencia en el escenario de la toma de decisiones, el cual para los hombres es una posibilidad de reflexionar, de elegir y de asumir las consecuencias de las resoluciones tomadas, mientras que para las mujeres, la toma de decisiones es una situación por las familias. En este sentido, las familias consideran que las mujeres no están preparadas para decidir, que son más débiles y necesitan más protección y vigilancia, y que por lo tanto no son aptas para la toma de decisiones acertadas.

350.Asimismo, una conclusión de estas investigaciones consiste en que la desigualdad de género y la negación de la pluralidad se refuerzan en el hogar. Pues es allí donde las mujeres asumen elementos de feminidad sometida y valoran la sumisión y la negación de sus propias experiencias como rasgos de lo que para ellas es una buena mujer. Frente a estas situaciones identificadas, el MEN ha fortalecido el derecho a la educación en condiciones de igualdad y equidad, sin embargo por tratarse de un tema de carácter cultural sus transformaciones son lentas.

B.Artículos 11 y 13

351. El presente apartado guarda relación con la recomendación específica del Comité (CEDAW/C/COL/CO/6, párr. 29) y las recomendaciones generales del Comité N. º 12, 13, 16, 17 y 19.

1.Medidas administrativas

352.Las políticas del Gobierno en materia de mercado y relaciones laborales han sido lograr que más colombianos estén ocupados en labores productivas, tengan ingresos estables y participen (preferiblemente de manera contributiva) en el sistema de protección social. Esto ha sido posible gracias a la mayor actividad económica. En este sentido, la estrategia de promover que el crecimiento de la economía tuviera impactos en los niveles generales de empleo y ocupación, se refleja en una menor tasa de desempleo, así como en un aumento del empleo formal, lo que a su vez significa un aumento de la participación de la población aportante a los sistemas de protección social. El primer paso fue modificar el marco normativo para flexibilizar el mercado de trabajo mediante la Ley 789 de 2002.

353.Estudios realizados para evaluar los efectos de esta reforma laboral evidencian que los colombianos aumentaron su probabilidad de emplearse. Según la Comisión de Seguimiento de la Reforma (2005), de los 960 mil empleos creados en los dos años siguientes a la reforma (2006 y 2007), el 35% podrían atribuirse a los efectos de esta última. Adicionalmente, el Gobierno activó estrategias para el mejoramiento de los procesos de identificación de aportantes y beneficiarios del Sistema de Protección Social, así como de los procesos de fiscalización. Esto, en conjunto con una mayor dinámica del empleo, permitió un aumento acelerado del número de trabajadores afiliados al Régimen Contributivo de Salud, al Sistema General de Pensiones, al Sistema de Riesgo Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar. Al tiempo imprimió importantes esfuerzos para generar nuevos canales de comercialización y fomentar acciones de emprendimiento en actividades productivas que permitieran aumentar el grado de competitividad y productividad de la economía colombiana.

354.Para dinamizar el mercado laboral, el Gobierno ha trabajado en tres frentes: Dinámica de la oferta de trabajo; Intermediación laboral y protección a desempleados y; Relaciones laborales.

355.Promoción del Trabajo Decente. En el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 se estableció que se debían emprender acciones orientadas a la generación de trabajo decente a través de la promoción y divulgación de los principios y derechos fundamentales y la prevención y reducción de la conflictividad laboral. De igual forma, se señaló que el Gobierno impulsaría, con los empresarios y los trabajadores, la promoción de trabajo decente contando con la asesoría técnica de organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Colombia como Estado Social de Derecho ha estado comprometida en promover los derechos laborales, fomentar las oportunidades de empleo digno, mejorar la protección social y el diálogo social en el marco de los convenios ratificados ante la OIT. En junio de 2006, fueron aprobados los presupuestos de inversión para las vigencias 2007 a 2010, partidas presupuestales para financiar el programa de asistencia técnica para la promoción del trabajo digno y decente.

356.Así mismo se actualizó la legislación laboral buscando armonizar las necesidades de la economía mundial y la protección de los trabajadores en Colombia (Leyes 789 de 2002, 1210 de 2008, 1233 de 2008 y Decreto 535 de 2009, que se relacionan en el apartado de medidas legislativas).

357.Se desarrolló la Estrategia “Hacia una Política Nacional de Trabajo Decente en el Marco de los Derechos Fundamentales”, en la que convergen cuatro objetivos: Derechos en el Trabajo, derechosen el Empleo, la Protección Social y el Diálogo Social. Se ha consolidado un documento que plasma la “Estrategia de Promoción de Trabajo Dignoy Decente desde una mirada a la Responsabilidad Social Empresarial para la PoblaciónVulnerable en Colombia”, que ha sido socializado al tripartismo nacional y a las entidades estatales con elfin de avanzar en el trabajo conjunto con los empresarios y sensibilizar en que un trabajo decente invita a garantizar unos mínimos de derechos y medidas que permitan compaginar eltrabajo con la vida familiar.

358.Esta estrategia propende por un marco de relación trabajo-familia: promueve la superación de la carga familiar impuesta a lasmujeres, da a conocer los derechos fundamentales de los trabajadores, sensibiliza a losempresarios sobre el concepto de responsabilidad en el ámbito laboral y las alternativas deinversión socialmente responsable a través de:

a)Asistencia técnica a planes de emprendimientos productivos de mujeres trabajadoras vulnerables;

b)Suscripción de Convenio con la OIM en el que se desarrolla el proyecto de fortalecimiento y gestión empresarial para mujeres cabeza de familia, con emprendimientos o unidades productivas fami-empresariales, unipersonales y asociativas con enfoque de género.

c)Firma de Acuerdo Tripartito con la OIT, en el marco del Proyecto para el Trabajo Decente, en el que se desarrollaron programas de Generación de ingreso para mujeres cabeza de familia vulnerables a nivel nacional. Este proyecto benefició a 2.500 mujeres de diferentes municipios, brindando apoyo técnico a los procesos productivos que se desarrollaban en cada región.

359.Como parte del trabajo desarrollado desde el Acuerdo Tripartito por el “Derecho de Asociación y la Democracia y el Programa Nacional de Trabajo Decente”, firmado en Ginebra de 2006, y de la permanente interacción entre los trabajadores, empleadores y Gobierno, el país conmemoró en el mes de junio de 2010, que después de 21 años, Colombia no fue incluida en la lista de los 25 países que son examinados a rigor por la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical, gracias al cumplimiento de los Convenios Internacionales del Trabajo. Esto demostró que las divergencias normativas con la OIT estaban siendo superadas, lo que se ratificó con la expedición de las siguientes normas: traslado a la rama judicial de la calificación de los ceses colectivos de trabajo y la promulgación de la Ley de Oralidad.

360.Los anteriores avances son el resultado de los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional representados por los Ministerios de la Protección Social, Interior y de Justicia, y Relaciones Exteriores, con la participación de las organizaciones de los trabajadores y los gremios en representación de los empresarios, quienes trabajaron arduamente por la protección a líderes sindicales y la lucha permanente contra la impunidad.

Espacios de diálogo social y concertación.

361.En los últimos ocho años, a través de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, el Gobierno Nacional ha promovido la concertación y la negociación laboral; de la misma manera, el MPS a través de la OIT desarrolló estrategias de capacitación y metodologías para estimular el diálogo social en el país.

362.El Gobierno colombiano a través del MPS y en unión con las centrales de trabajadores y los empresarios del país, ha liderado varios espacios de diálogo dentro de los cuales vale destacar algunos, que se encuentran relacionados en el anexo N.º 1 de estos artículos (arts. 11 y 13), considerando la importancia del diálogo social, la concertación, distensión y promoción de los DDHH y derechos fundamentales en el trabajo.

363.Intermediación laboral y protección a desempleados. El Gobierno Nacional fortaleció el Servicio Público de Empleo (SPE) del SENA, como mecanismo de intermediación laboral en el país, mejorando los instrumentos de orientación y acompañamiento en el proceso de búsqueda de empleo y aumentando la colocación, mediante la utilización de herramientas que facilitaron el contacto entre empresarios y personas que buscaban empleo. Acercar la oferta con la demanda de empleo permite reducir las ineficiencias del mercado, y de esta manera permite ampliar las oportunidades de empleo para los colombianos.

364.Además, el Gobierno Nacional fomentó la protección de los desempleados a través del Fondo de Fomento del Empleo y Protección al Desempleado (FONEDE), creado por la Ley 789 de 2002. El FONEDE cuenta con tres esquemas: microcréditos, capacitación para inserción laboral y subsidio para desempleados.

365.El Programa hace parte del Fondo para el Fomento del Empleo y Protección, y tiene como propósitos principales:

a)Proteger los activos económicos de las personas cesantes durante el periodo de cobertura del programa, mediante el pago de un subsidio equivalente a un salario y medio legal mensual vigente que se otorga por término máximo de seis meses;

b)Garantizar la recalificación laboral del cesante a través de la realización de cursos intensivos de capacitación;

c)Beneficiar a los segmentos de población más vulnerables del país, especialmente a los jefes cabeza de familia desempleados.

Mejora y fortalecimiento del Sistema de Inspección, Vigilancia y control del Trabajo.

366.El MPS ha definido como estrategia implementar el esquema de prevención, en el Sistema de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control de Trabajo, generando acciones formativas y correctivas dirigidas a crear una cultura de cumplimiento de la normativa del trabajo y de seguridad social integral para contribuir a la ampliación de la cobertura y la sostenibilidad financiera del sistema de la protección social.

367.Es así como la Dirección General de Inspección, Vigilancia y Control de Trabajo en la actualidad cuenta con 28 Direcciones Territoriales en las capitales de Departamento, dos oficinas especiales, 117 sedes de las Inspecciones de Trabajo y 424 Inspectores de Trabajo.

368.La Dirección General de Inspección, Vigilancia y Control de Trabajo estableció y cumplió las metas de racionalizar las jurisdicciones y adecuarlas a las necesidades sociales y económicas del país ; la cual se cumplió con la expedición de la Resolución N.º 4283 de 2003, por la cual se fijó la Jurisdicción administrativa de las Inspecciones de trabajo del MPS La meta de unificar los criterios laborales de seguridad social y de procedimientos en las Direcciones Territoriales, se cumplió con la expedición de normas internas en los temas de: Despidos colectivos, competencia de funcionarios administrativos, investigaciones administrativas, trámites de tribunales de arbitramento, cierres de empresas, entre otros.

369.Igualmente se logró reducir la evasión, elusión y morosidad de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones y riesgos profesionales y fortalecer la inspección, vigilancia y control a las juntas de calificación de invalidez a través de la elaboración del instructivo guía y modelo de acta de visita, como herramienta para los inspectores de trabajo del Ministerio, que fue aplicada en las visitas a las juntas de calificación de invalidez.

370.Se facilitó el desarrollo del artículo 67 del Manifiesto Democrático, con la expedición del Decreto 657 de 2006 por medio del cual se reglamentó el contrato sindical contenido en los artículos 482 a 484 del Código Sustantivo del Trabajo

371.En el anexo N.º 4 de estos artículos, se presentan las estadísticas que permiten observar el impacto de las políticas públicas en materia de empleo para la población en general y para las mujeres en particular.

372.Protección a las Mujeres durante el embarazo y la etapa de lactancia. En adición a lo previsto en los artículos 43 y 53 de la Constitución Política de Colombia, Colombia cuenta con el Código Sustantivo del Trabajo,en el cual se encuentra todo un capítulo (Cap. V), relativo a la protección de la maternidad y a la protección de los menores.

373.En relación a la protección de las mujeres trabajadoras durante el embarazo y en la etapa de lactancia, contempla que la maternidad gozará de la protección especial del Estado, y ser refiere en el artículo 236 al descanso remunerado en la época del parto, incluyendo además en el parágrafo, el derecho para que el esposo o compañero permanente tenga derecho a ocho días hábiles de licencia remunerada de paternidad; en el artículo 237, reconoce el descanso remunerado en caso de aborto; en el artículo 238 el descanso remunerado durante la lactancia; y, en el artículo 239, la prohibición de despedir a una mujer por motivo de embarazo o lactancia.

374.Adicionalmente, mediante el Decreto N.º 0047 de 2000 por el cual se expiden normas sobre afiliación al Sistema de Seguridad Social y se dictan otras disposiciones, se indica la remuneración a la que tiene derecho la trabajadora por el período de gestación y la Ley 931 de 2004, dicta normas sobre el derecho al trabajo en condiciones de igualdad en razón de la edad, con el propósito de ofrecer condiciones equitativas a todos los ciudadanos.

375.En relación con la protección de la maternidad, en el numeral 11 del artículo 41 de la Ley 1098 de de 2006, se impuso como una de las obligaciones del Estado, el “garantizar y proteger la cobertura y calidad de la atención a las mujeres gestantes y durante el parto […]. De igual forma el numeral 15 del artículo en mención estipula que, para el restablecimiento de derechos vulnerados, las adolescentes y mujeres mayores de 18 años embarazadas que sean víctimas de cualquier acto que vulnere sus derechos de protección, de su integridad personal, o sea víctima de un delito, deberán vincularse a un programa de atención especializada que asegure el restablecimiento de sus derechos.

376.Se ha debatido y aprobado en el Congreso de al República y será sancionada próximamente una ley que ampliará en dos semanas el período de descanso o licencia de maternidad a que tienen derecho las mujeres embarazadas, con el objeto de que la mujer pueda estar con su hijo recién nacido el mayor tiempo posible, y evitar que por miedo a dejarlo muy pequeño no haga uso de la licencia antes del parto, con los perjuicios que ello puede acarrear para su salud y la del niño por nacer.

377.Programa Hogares Comunitarios de Bienestar. Este programa surgió a finales del año 1986, y busca mediante acciones realizadas por las madres comunitarias, apoyar el proceso de socialización y mejorar la nutrición y las condiciones de vida de los niños menores de siete años, hijos de trabajadores de escasos recursos.Mediante el Acuerdo 038 de 1996, el ICBF dictó lineamientos y procedimientos técnicos y administrativos para la organización y funcionamiento de los “Hogares Comunitarios de Bienestar Múltiples Empresariales”. La prestación del servicio en estos Hogares es el resultado de la concertación del ICBF con los empresarios, de esta manera, éstos manifiestan libremente su voluntad de apoyar a sus trabajadores en la atención de sus hijos dentro de una política de bienestar de personal. Por otra parte, mediante el Acuerdo 039 de 1996, el ICBF, dictó lineamientos y procedimientos técnicos y administrativos para la organización y funcionamiento de los “Hogares Comunitarios de Bienestar FAMI”, mediante los cuales se brinda atención a las Familias en Desarrollo para niños y niñas desde su gestación hasta los dos años, con el fin de mejorar la función socializadora de la familia, propiciar el desarrollo integral de sus miembros y fortalecer la responsabilidad de los padres en la formación y cuidado de sus hijos.

378.El Gobierno Nacional ha efectuado dos evaluaciones del impacto del programa Hogares de Bienestar Familiar y ha acogido las recomendaciones que de tales evaluaciones se obtienen en aras de su mejoramiento.

379.Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil y Proteger al Joven Trabajador 2008-2015. En respuesta a los problemas abordados por los Planes Nacionales de Desarrollo 2002-2006 y 2006-2010 y el documento Visión Colombia II Centenario: 2019, el Gobierno de Colombia adelanta acciones de política para la Erradicación del Trabajo Infantil a través de la Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil y Proteger al Joven Trabajador (ENETI), la cual representa el resultado de un esfuerzo conjunto de instituciones y actores de diferentes regiones del país, agrupados en el Comité Interinstitucional y los Comités Regionales para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Joven Trabajador, con presencia de organizaciones de empleadores, trabajadores e instituciones del Estado, y con el apoyo permanente de la Organización Internacional del Trabajo.

380.En este contexto, los objetivos puntuales son: Escolarizar a los niños, niñas y adolescentes en peores formas de trabajo infantil o en riesgo, y suministrarles la mayor cantidad posible de servicios complementarios de la oferta social local y nacional; suministrar prioritariamente a las familias de estos niños, niñas y adolescentes, la oferta social local y nacional necesaria para hacerlas funcionales y productivas; y, coordinar y complementar el trabajo de las entidades estatales y no estatales que intervengan en la tarea.

381.Las acciones emprendidas por el Gobierno se encuentran en un marco legal institucional, que permite enfrentar el problema del trabajo infantil, relacionado directamente con las condiciones de pobreza en las que se encuentran muchas familias. Para tal fin y con el objeto de actualizar el Código del Menor, vigente desde 1989, se aprobó el 8 de noviembre de 2006, la Ley 1098 para la infancia y adolescencia. En su artículo 35 se reglamentó que la edad mínima de admisión al trabajo es de 15 años y los adolescentes entre 15 y 17 años deberán contar con una autorización expedida por el MPS o por el ente territorial local, con plena garantía de sus derechos y la protección laboral consagrada en el régimen laboral colombiano.

382.De igual manera, con la Resolución 01677 de 2008 del MPS, se señalaron las actividades consideradas como peores formas de trabajo infantil y se estableció la clasificación de actividades peligrosas y condiciones de trabajo nocivas para la salud e integridad física o psicológica de las personas menores de 18 años de edad. En la tasa de trabajo infantil según los últimos datos disponibles hubo una reducción de 6,1 puntos porcentuales, es decir pasó de 12,9% en 2001 a 6,8% en 2007.

383.Se ha llevado a cabo la socialización e implementación de la estrategia en todos los Departamentos, promovida por la Secretaría Técnica del Comité de Erradicación del trabajo Infantil. De igual forma se realiza el seguimiento a los indicadores de trabajo infantil, con la inclusión de Módulos en el cuarto trimestre de 2003 y 2005 de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), y el Módulo de Trabajo Infantil en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, en el cuarto trimestre de 2007.

Tasa de participación de trabajo infantil

(Promedio anual)

384.Así, el gobierno Nacional ha realizado la actualización, comparación y análisis e interpretación de los resultados desde el 2003. En el año 2008 se realizó el Estudio Análisis en Profundidad y Términos Comparativos de los años 2001, 2003, 2005 y 2007 sobre el trabajo infantil, el cual permitió observar que se han venido generando cambios positivos en la medida en que se ha pasado de una tasa participación en trabajo de los niños niñas y adolescentes que pasó de 12,9% para el 2001, 10,8% para 2003, 8,9% para 2005 y para 2007, se redujo a 6,8%.

385.Así mismo, este estudio infiere sobre la variación de los factores de riesgo que influyen en el incremento o disminución del trabajo infantil, identificando una tendencia inversa entre el trabajo infantil y la escolaridad, dado que la precariedad de los empleos disminuye el rendimiento estudiantil y eleva la inasistencia, elementos que influyen en el aumento de la deserción escolar. Cuando los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) tienen que adecuarse a trabajos que consumen gran parte de su tiempo, la educación pasa a un segundo plano ante la necesidad de garantizar un apoyo al ingreso a la familia.

386.En cuanto a la prevención y erradicación del trabajo infantil, las acciones emprendidas por el Gobierno han estado enmarcadas en la implementación de la Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil y Proteger al Joven Trabajador 2008-2015. Se construyó una línea base para la identificación de los NNA trabajadores y se hizo extensiva a los comités departamentales y municipales del país. De la misma manera, se adelantaron procesos de articulación entre las diferentes instituciones, públicas y privadas y la Red JUNTOS, los cuales tienen proyectos de intervención sobre la población trabajadora infantil. Así mismo, se hizo un seguimiento continuo a la estrategia alimentada por el mapa de vulnerabilidad de trabajo infantil y el impulso del Sistema de Registro Unificado de la Peores Formas del Trabajo Infantil.

Medidas para la capacitación laboral de Personas en situación de desplazamiento

387.Durante el período 2006-2010, un total de 1.780.383 personas en situación de desplazamiento resultaron beneficiadas con programas de capacitación laboral, de las cuales un 65% corresponde a mujeres, los datos del 2010 revelan un aumento en la capacitación del 22% con relación al año anterior.

388.Con respecto a las desagregaciones por edad, los datos demuestran que el mayor número de mujeres beneficiarias se encuentra ubicada en los rangos de 31 a 40 años (96.458), seguida de cerca por el grupo de 41 a 55 años (82.966) y el de 18 a 24 (76.116); siendo en la mayoría de los rangos de edad mencionados mayor el número de mujeres con respecto a los hombres.

Agenda por la Igualdad Laboral.

389.Este pacto fue suscrito en marzo de 2009 por 17 gremios nacionales y 17 empresas privadas. Mediante la firma de este pacto un total de 39 gremios del nivel nacional y local están comprometidos con la igualdad laboral de las mujeres. Este compromiso contiene 12 estrategias para superar la discriminación contra las mujeres en materia de contratación laboral, lograr su desarrollo organizacional, conseguir la igualdad salarial, conciliar la vida laboral y familiar, trabajar en la corresponsabilidad en la distribución de las tareas domésticas, entre otros.

390.Para el desarrollo de estas estrategias se creó la Mesa de Género Intergremial, espacio privilegiado para compartir las diferentes experiencias y conocimientos de los gremios, así como para unir los esfuerzos orientados a concretar las acciones de la Agenda. Constituye un compromiso expreso del sector gremial con la igualdad de género en las empresas para potenciar el papel de las mujeres y concretar acciones específicas que aseguren su inclusión efectiva en el sector laboral.

391.En desarrollo de la Agenda por la Igualdad Laboral, y en conjunto con el Banco Mundial, en 2010 se adaptó a las empresas, prácticas y legislación colombiana, el Modelo de Equidad de Género que ha promovido el Banco en otros países. Este Modelo está dirigido a empresas privadas con el fin de fortalecer sus prácticas de Responsabilidad Social Empresarial a través del fortalecimiento de la equidad de género en el ámbito laboral; se busca también con este Modelo reconocer públicamente a las empresas que se destaquen en ello. El Modelo plantea las siguientes áreas de intervención: Equidad en las oportunidades de acceso al empleo; Desarrollo del Talento con Equidad; Balance vida/trabajo; Ambiente Laboral Sano y Relaciones de la empresa con el exterior.

392.Eje de Empleo y Desarrollo Empresarial de la ACPEM. En el marco de la Política Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo, mencionada anteriormente, el Empleo y Desarrollo empresarial es uno de sus ejes, a través del cual se impulsaron estrategias encaminadas a procurar un mayor reconocimiento y un mejor ejercicio de los derechos de las mujeres a través de un conjunto de programas y proyectos orientados a la búsqueda de la autonomía económica e igualdad en la esfera laboral, enfocados en dos grupos de mujeres: a) aquellas que ingresan al mercado laboral accediendo a un puesto de trabajo en el sector privado o en las instituciones del sector público; b) aquellas que deciden generar su propio empleo desarrollando emprendimientos e iniciativas empresariales. El trabajo en este Eje permitió llevar a cabo las siguientes acciones:

Programa	Resultados
ACCESO A MICROCRÉDITOS Y SERVICIOS FINANCIEROS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
-Programa Mujer Cabeza de Familia Microempresaria (PMCFM)
La ACPEM promovió el desarrollo económico de las mujeres, el fortalecimiento de sus actividades productivas o negocios y la generación de una cultura de ahorro y pago mediante el otorgamiento de microcréditos, capacitación empresarial y de bancarización, seguimiento a la cartera y acompañamiento a la inversión.	Durante las tres fases del PMCFM se desembolsaron créditos por valor de los 40.600 millones de pesos (21,21 millones de dólares), tanto para proyectos no agropecuarios, como para proyectos agropecuarios.
-Jornadas de Banca de Oportunidades para las Mujeres:
Desde agosto de 2006, la ACPEM en conjunto con la Política de Banca de las Oportunidades del gobierno nacional, diseñó una estrategia para la bancarización de las mujeres.	Entre octubre de 2007 y junio de 2010 se realizaron 114 de estas jornadas solo para las mujeres, con la participación de más de 50.000 mujeres y se entregaron créditos a un 4% de las asistentes. A través de dichas jornadas, las mujeres se capacitaron sobre cómo acceder a microcréditos y a otros servicios financieros y tuvieron la posibilidad de obtener en un mismo lugar toda la información sobre la oferta de cada una de las entidades y ONG’s que acompañaban la jornadas a través de una feria crediticia.
-Red de Protección Social para la Erradicación de la Pobreza Extrema-JUNTOS
La ACPEM se vinculó a esta estrategia articulando las jornadas de Banca de las Oportunidades y el Programa Mujer Cabeza de Familia Microempresaria en la oferta de de servicios a las familias beneficiarias	Durante el período Enero 2007- Febrero 2010 se otorgaron créditos a 11.089 mujeres que pertenecen a la Red Juntos, de las cuales 1.981 corresponden a mujeres en situación de desplazamiento y 9.108 a mujeres de nivel SISBEN.
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, MEJORAMIENTO PRODUCTIVO, INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, ASOCIATIVIDAD, COOPERATIVISMO Y EN ÁREAS DE TRABAJO TRADICIONALMENTE MASCULINAS.
Promovidas por la ACPEM en diferentes espacios, como las Jornadas de Banca de las Oportunidades, el Programa Nacional para el Desarrollo Integral de la Mujer Empresaria-EXPOEMPRESARIA, en el marco de la suscripción de convenios con entidades públicas y privadas (Servicio Nacional de Aprendizaje, Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación).
PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EMPRESARIA-EXPOEMPRESARIA (antes referenciado en el acápite relativo al Art. 4).
Inició en el año 2004 y tuvo continuidad durante 7 años consecutivos	Permitió a 14.000 microempresarias fortalecer sus negocios mediante 143 jornadas de impulso al espíritu empresarial, 143 jornadas de selección, 7 ferias nacionales, 3 ferias regionales, 10 foros sobre temas empresariales, 7 Ruedas de negocios; 50 talleres para conformación y fortalecimiento de redes de empresarias; de las cuales 1.500 se afiliaron, a través de Colempresarias, a redes que trabajan en los sectores de alimentos, artesanías, manualidades, textiles y confecciones, cuero y marroquinería y servicios; y una participación total de 90.000 visitantes. Se capacitaron 1.200 mujeres microempresarias, cabezas de hogar y líderes de comunidades urbanas y rurales de zonas cafeteras de seis departamentos, en tecnología y comunicaciones con el fin de fortalecer sus capacidades de emprendimiento y comunicación.

393.Estas acciones para lograr el desarrollo económico de las mujeres adelantados durante los últimos 7 años se vieron reflejados en la Cumbre de la Mujer Empresaria (Junio 2010), que comprendió 12 eventos que giraron en torno al desarrollo económico y empresarial de las mujeres y prevención de la VCM.

2.Medidas legislativas

393.La C.P. de Colombia consagra un ámbito de protección especial y reforzada para las mujeres, en los artículos 13, 43 y 53 antes referenciados. Igualmente el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia consagra disposiciones relacionadas con la erradicación de la discriminación laboral contra la mujer e igualdad de oportunidades. En el anexo N.º2 de estos artículos se detallan tales medidas y se presenta una relación de otras Leyes adoptadas durante el período de este informe.

394.Es importante destacar la Ley 789 de 2002 que fue promovida con el objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad y reducir la rigidez existente en la normatividad laboral, ampliando la jornada ordinaria, reduciendo marginalmente el costo laboral en los días dominicales y festivos, fomentando la posibilidad de una jornada laboral flexible y modificando la curva de indemnizaciones. También se avanzó en la protección del derecho de asociación y de la protección de los derechos fundamentales, limitando el uso indebido de las Cooperativas de Trabajo Asociado.

395.De esta manera, se expidió la normatividad que promueve los derechos fundamentales del trabajo en el país, específicamente la Ley 1210 de 2008, que trata la declaratoria de legalidad de huelgas y la convocatoria de tribunales de arbitramento para las partes en conflicto. En el mismo sentido, la Ley 1233 de 2008 estableció regulación a las Cooperativas de Trabajo Asociado y el Decreto 535 de 2009 reguló la concertación entre las organizaciones sindicales de empleados públicos y las entidades del sector público.

396.Igualmente, la Ley 1257 de 2008, antes referenciada, adopta medidas de sensibilización y prevención que las entidades del Gobierno deberán adoptar en el ámbito laboral para lucha contra la VBG. En las Medidas en el ámbito laboral(Art. 12), establece queel MPS, además de las señaladas en otras leyes, tendrá las siguientes funciones: a) Promover el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres e implementar mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial; b) Desarrollar campañas para erradicar todo acto de discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral; c) Promover el ingreso de las mujeres a espacios productivos no tradicionales para las ellas.

397.Igualmente, se prevé que las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), los empleadores y/o contratantes, en lo concerniente a cada uno de ellos, adoptarán procedimientos adecuados y efectivos para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial de las mujeres.

398.El artículo 29 de la misma Ley incluye el delito penal de acoso sexual, en el que una de las modalidades para su tipificación es el abuso de la posición laboral que haga una persona para su beneficio propio o de un tercero con el fin de acosar, perseguir, hostigar o asediar físicamente o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona.

3.Medidas judiciales

399.En el anexo N.º 3 de los artículos 11 y 13, se incluye la relación de las principales sentencias de tutela que la CCC, ha producido en favor de mujeres, relacionadas con los artículos de empleo y otras esferas económicas y sociales.

4.Situacion actual / estadisticas

400.En el anexo N.º 4 de este capítulo se incluye con mayor detalle la información estadística, que permite dar cuenta de la situación actual, que refleja la garantía de los derechos contemplados en los artículos 11 y 13 de la Convención. A continuación se presenta de manera resumida, los principales hallazgos:

401.Mercado de trabajo. Respecto a la participación laboral, es decir, la Tasa General de Participación (TGP) se señala un aumento tanto de hombres como mujeres en el período 2006-2010, al pasar del 59,1% a 62,7%. Respecto a la desagregación por sexo, para los hombres en el 2006, la TGP fue de 72% y en el 2010, 74,2%, presentándose un aumento de 2,2 puntos porcentuales, y para las mujeres, el incremento fue de 4,9 puntos porcentuales (50,5% en 2006 a 56,1% en 2010).

402.Respecto a la zona urbana y rural, la TGP para el período 2006-2010 tuvo un aumento de 4.5 puntos porcentuales, al pasar de 60,1% a 64,5%. Esta información, desagregada por sexo, muestra que para las mujeres, pasó de 50,5% a 56,1% respectivamente, registrando un aumento de 5,6 puntos porcentuales, mientras que para los hombres la TGP pasó de 70,6% a 73,8% respectivamente, registrando un aumentó de 3,2 puntos porcentuales.

403.En el área rural, la TGP durante el período 2006-2010, aumentó 3,4 puntos porcentuales, al pasar de 54.6% (2006) al 5%8 (2010). Para las mujeres, el aumento fue de 5.1 puntos porcentuales, al pasar de 32,4% a 37,5% respectivamente y para los hombres pasó de 74% a 76% respectivamente, es decir, hubo un aumento de 2 puntos porcentuales.

404.Aunque entre 2006 y 2010 la participación laboral femenina aumentó 5 puntos porcentuales, la participación laboral masculina superó a la femenina. En el período 2006 - 2010, se mantuvo una considerable diferencia entre hombres y mujeres —en promedio de 24 puntos porcentuales—, lo que muestra la permanencia de barreras para el acceso de las mujeres al mundo laboral remunerado. El trabajo de “reproducción social” relativo al cuidado doméstico y familiar asignado a las mujeres, se considera como un determinante fundamental de esta desigualdad.

405.Sobre este aspecto, es importante destacar que dentro de la población femenina también se presentan diferencias en razón del nivel socioeconómico. Así, la participación laboral de las mujeres de un estrato inferior es limitada, debido a la fuerte influencia de patrones culturales que llevan a las mujeres a permanecer en el hogar; a la falta de disponibilidad por ocupar la mayor parte de su tiempo en actividades de tipo doméstico; a la escasez de oportunidades laborales y, en ocasiones, a una limitada instrucción educativa.

406.En Colombia, para el período 2002-2010, la Tasa de Ocupación aumentó del 52,7% al 54,8%. Respecto a las mujeres, el aumento fue de 4,4 puntos porcentuales, al pasar de 39,3% (2006) al 43,7% (2010) y para los hombres, la TO aumentó del 65,3% (2006) al 67,5% (2010) que equivale a 2.2 puntos porcentuales.

407.La TO, en el área urbana, aumentó 4,5 puntos porcentuales, al pasar de 52,1% a 56,6%, para las mujeres hubo un aumento de 5,5 puntos porcentuales, al pasar de 42,4% a 47,9%, mientras que para los hombres aumento 3,3 puntos porcentuales, al pasar de 63% a 66,3%.

408.En el área rural, la TO aumentó 3,1 puntos porcentuales, al pasar 50,1% a 53,1%. Esta información desagregada por sexo, muestra que la TO para mujeres aumento en 3,5 puntos porcentuales, pasando de 27,3% a 30,8% y para los hombres aumentó 2,6 puntos porcentuales, al pasar de 70,2% a 72,6%.

409.En cuanto al total de población económicamente inactiva pasó de 11.143.000 en 2001, —de quienes 7.670.000 eran mujeres y 3.473.000 eran hombres—, a 13.229.000 en 2009 —de quienes 8.778.000 eran mujeres y 4.452.000 hombres—. Del total de mujeres inactivas en 2010, 2.664.000 se encontraban estudiando, 5.295.000 se dedicaban a oficios del hogar y 819.000, a otra actividad.

410.En 2006 la tasa de desempleo (TD), se encontraba en el 12% y esto incentivó al Gobierno a emprender la tarea de reducirla a un solo dígito, por lo cual fijó en el PND 2006-2010 la meta de reducirla al 8,8% para 2010. Sin embargo, dado el impacto de la crisis internacional en las variables económicas fundamentales de la economía colombiana, la meta propuesta por el Gobierno nacional no se alcanzó. Para el 2010, la tasa fue del 11,8%.

411.Respecto a la desagregación por sexo, la tasa de desempleo en 2002, para las mujeres fue de 20,4% y para los hombres fue de 12,5%, es decir casi 8 puntos porcentuales de diferencia. Para el 2010, la tasa de desempleo en mujeres es de 16% y para hombres de 9,4%, para una diferencia de 6,6 puntos porcentuales, es decir, tanto para hombres como mujeres disminuyó y la diferencia entre hombres y mujeres aunque es constante, tuvo una leve disminución.

412.Al realizar este análisis, respecto de la zona urbana y rural, encontramos que la tasa de desempleo en la zona urbana para el período 2006-2010 disminuyó 1,1 puntos porcentuales, al pasar de 13,2% a 12,2%. Respecto a la desagregación por sexo, para las mujeres la TD disminuyó 1,6 puntos porcentuales, al pasar de 16,2% a 14,6%, y para los hombres pasó de 10,9% a 10,2%.

413.En el área rural, la TD para el período 2006-2010 tuvo una dinámica estable, al pasar de 8,2% a 8,5%. Respecto a las mujeres, hubo un leve aumento de 1,9 puntos porcentuales, al pasar de 16,0% al 17,9% y para los hombres, la TD disminuyó 0,8 puntos porcentuales, al pasar de 5,2% a 4,4%.

414.La asignación social de roles diferenciados entre mujeres y hombres, que ha adjudicado principalmente a la población femenina la responsabilidad de lo doméstico y lo familiar, la forma de asumir la maternidad más como una responsabilidad de las mujeres que como una función social necesaria para la reproducción de los seres humanos, entre otros aspectos, han incidido en las menores posibilidades para la acumulación de capital social por parte de las mujeres, lo cual las hace más vulnerables al desempleo y establece mayores barreras para ingresar al mercado laboral.

415.Respecto a la participación de hombres y mujeres en el sector informal, durante el período 2006-2010 hubo una disminución de la participación laboral en el sector formal, de 1,93 puntos porcentuales, al pasar de 44,45% (2006) al 42,52% (2010). Es decir, que este porcentaje de personas pasó al sector informal. Respecto a las mujeres, aumentó en 1,93 puntos porcentuales, al pasar de 58,07% (2006) a 60,0% (2010) y para los hombres aumentó en 3.96 puntos porcentuales, al pasar de 53,56% (2006) a 55,36% (2010).

416.En cuanto a la participación laboral de las mujeres profesionales, los datos de aportes al SGSS, mostrarían que se está dando la vinculación formal al mercado laboral 65% técnicas profesionales, 72% tecnólogas, 76% universitarias, 87% tituladas como especialistas, 86% con maestría y 94% con doctorado). Sin embargo, aunque son más las mujeres las tituladas en el país que hombres, las mujeres siguen ganando menos que los hombres. Aunque, esta diferencia salarial ha disminuido con los años.

417.Es evidente que en muchos casos, los ingresos de la mujeres que se titulan aumentan, se posicionan en el mercado laboral como trabajadoras formales y aportan al Sistema General de Seguridad Social, convirtiéndose en proveedoras en el hogar y agentes para el desarrollo.

5.Medidas recientes o en curso

418.Al observar que existen marcadas diferencias en el acceso, la remuneración y la calidad de los empleos en detrimento de las mujeres, se ha identificado la necesidad de establecer políticas diferenciadas que reconozcan la brecha existente entre sexos. Dentro de las principales apuestas del país en el actual cuatrienio para mejorar el tránsito del sistema de formación al mercado del trabajo, está en desarrollo una estrategia para la Gestión del Talento Humano, que avance en un lenguaje único, basado en las competencias que los individuos puedan adquirir tanto en el sector formal como fuera de él, que sea común tanto para el sector de formación como para el sector productivo.

419.Para el desarrollo de esta iniciativa se debe avanzar, entre otros, en el diseño e implementación de un marco nacional de cualificaciones, el desarrollo de un modelo de prospectiva de recurso humano y la puesta en marcha del sistema de certificación de competencias laborales. La introducción de esta iniciativa, se espera que logre, entre otros resultados, hacer más objetivos los criterios de selección de personal y evitar posibles discriminaciones no relacionadas con el nivel de competencias del individuo.

420.También vale la pena destacar la armonización que se pretende hacer a las diferentes formas de vinculación laborales o no, de tal manera que se racionalice su utilización, que todas estén reglamentadas bajo un Estatuto de Trabajo y que se promuevan las relaciones laborales de largo plazo. Esto es especialmente importante para las mujeres, que son principalmente las más afectadas por la informalidad y las relaciones no regidas por el Código Sustantivo del Trabajo.

421.Por otro lado, el trabajo remunerado se hace visible y está enfocado en la generación de ingresos para satisfacer las necesidades propias de los individuos y de su núcleo familiar pero el trabajo no remunerado enfocado en el cuidado aunque no tiene una medición de orden monetario, tiene implicaciones dentro del entorno productivo ya que permite el desarrollo del núcleo familiar, la generación de condiciones de salud adecuadas, el mantenimiento del orden, los deberes y por tanto, del desarrollo social; estos datos yuxtapuestos muestran al hogar no solo como un demandante de servicios sino como un proveedor de insumos.

422.Sin embargo, si bien la brecha cuantitativa se ha saldado, aún se presentan grandes brechas, relacionadas con la reproducción de estereotipos sexistas en la escuela (el currículo oculto) que repercuten negativamente en el desarrollo integral de las capacidades, intereses y potencialidades de las niñas, jóvenes y mujeres.

423.Los resultados de las pruebas de ICFES demuestran que los colegios masculinos en el ámbito nacional, alcanzan categorías de rendimiento más alto frente a los femeninos. En la Educación Superior, se mantiene la tendencia a encontrar un mayor porcentaje de matriculadas y también de graduadas, pero se notan claros estereotipos sexistas a la hora de elegir las carreras y los programas. Las áreas como las Bellas Artes, Ciencias de la Educación y las Humanidades son las más escogidas por las mujeres. Entre tanto, la Agronomía, Ingenierías y Matemáticas son las áreas preferidas por los hombres.

424.Para analizar este fenómeno es importante tener en cuenta que la escuela no es una institución aislada de la sociedad, de hecho son las situaciones del entorno las que retroalimentan su quehacer. Por ello, tiende a inculcar a las niñas y a los niños los valores y normas sociales que están insertas en la cultura de la época. En este caso aún cuando los gobiernos suscriben sus ideales de la igualdad entre los sexos en todos los escenarios, es en la base, en el hogar, la escuela y en todo el contexto social donde se mantienen los estereotipos sexistas y se siguen practicando algunas discriminaciones desfavorables para las mujeres.

C.Artículo 12

425.El presente apartado guarda relación con la recomendación específica al Estado colombiano (CEDAW/C/COL/CO/6, párr. 23) y las recomendaciones generales del Comité N.º 12, 14, 15 y 19.

1.Medidas administrativas

426.Sistema General en Seguridad Social en Salud (SGSSS).Como propósito esencial para reducir la pobreza en Colombia, el Gobierno ha venido trabajando para que todos los colombianos y colombianas tengan igualdad de oportunidades en el acceso y la calidad de un conjunto básico de servicios sociales, en especial para la población en situación de vulnerabilidad. A través de la política de aseguramiento se busca garantizar el acceso a la salud a toda la población con o sin capacidad de pago, además de la protección financiera de la salud. Para el año 2009, el número de afiliados al SGSSS ascendió a 43.159.524, logrando así una cobertura total del 96% de la población total. En el siguiente cuadro se muestra la distribución de estos afiliados en los regímenes contributivo, subsidiado y de excepción, y especiales.

Población afiliada al SGSSS

Régimen	Personas afiliadas	% de la población afiliada al SGSSS	% de la población total
Contributivo	17.563.485	40 , 7%	39%
Subsidiado	23.373.913	54 , 2%	52%
Especiales	2.222.126	5 , 1%	4.9%
Población cubierta	43.159.524		96%
Población no cubierta	1.818.234		4%

Fuente: Dirección General de Planeación y Análisis de Política – Grupo de Sistemas de Información y Dirección General de Gestión de la Demanda en Salud. Información con corte a diciembre de 2009.

Supersalud (régimen especiales y de excepción) corte junio de 2009

427.En el anexo N.º 1, se presenta la información sobre la forma como se logró ampliar la cobertura del SGSS.

428.Seguridad Social Integral y Pensiones.Para los inicios de la década 2000-2010, el país tenía conciencia sobre el crecimiento desproporcionado de la deuda pensional y sobre la necesidad de introducir cambios. Por lo anterior, se eliminaron los regímenes especiales de pensiones, se pusieron límites a las pensiones desproporcionadas, se asumió el agotamiento de las reservas. Adicionalmente, cuatro de cada cinco adultos mayores no tenían ninguna posibilidad de pensión, lo que llevó a generar mecanismos de ayuda a esta población. Todas las modificaciones del sistema respetaron los derechos adquiridos de los pensionados.

429.En términos de cobertura durante el periodo 2002-2010 se pasó de 4.536.450 afiliados activos en el 2002, a 7.029.859 en el 2010, lo que significa un crecimiento del 55%, equivalente a 2.493.409 nuevos afiliados activos.

430.Riesgos Profesionales.El Sistema General de Riesgos Profesionales inicia en el año 1994 con 3.622.402 afiliados; en el periodo 1994 al 2002 el aumento en cobertura fue de 542.573 nuevos afiliados y no había acceso al Sistema para los trabajadores independientes. La afiliación de los trabajadores independientes se ha diseñado como acción prioritaria al Sistema. Hoy estos trabajadores tienen acceso en los casos que realicen contratos de carácter civil, comercial o administrativo con personas naturales o jurídicas y a través de mecanismos de afiliación colectiva por intermedio de una agremiación.

431.En el periodo 2006– 2010, el MPS viene desarrollando una Política Integral para disminuir la evasión y elusión de aportes y el Sistema General de Riesgos Profesionales, alineado a esa política, se han desarrollado tres estrategias que son: Sistema Integrado de Información de la Protección Social, campañas de información y visitas a empresas.

432.Prestación de Servicios de Salud.El MPS viene trabajando intensamente durante los últimos seis años, en lograr que el país pudiera disponer no solo con un volumen suficiente de prestadores, sino con médicos y hospitales capaces de proveer la mejor calidad en la atención a la población, y apoyó desde una multiplicidad de intervenciones a dicha intención.

433.El propósito se centró en:

a)Poner en marcha la implementación de un sistema obligatorio de garantía de la calidad de la atención en salud para Colombia;

b)Incentivar la capacidad instalada de oferta de servicios con prestadores de servicios de salud para el país de los más diversos tipos y complejidades;

c)Reordenar la prestación territorial pública de servicios de salud y en liderar procesos de ajuste y modernización de las IPS públicas de todos los niveles de atención;

d)Fortalecer la infraestructura de servicios de salud en el país;

e)Regular la provisión de atenciones que requieren un control especifico y de las tecnologías utilizadas en la prestación de servicios;

f)El desarrollo de los recursos humanos en el sector.

434.Más adelante, en el apartado relativo a Situación actual/ Estadísticas, se presentan los indicadores que dan cuenta de los logros alcanzados en el SGSS.

435.Salud Pública. El Gobierno diseñó para el cuatrienio 2002-2006 un Plan de Atención Básica enfocado en la protección de la salud pública, este tuvo continuidad en el periodo 2007-2010 en el Plan Nacional de Salud Pública, establecido por el Decreto 3039 de 2007. Para 2011 se considera la elaboración de un Plan Decenal de Salud Pública. El Plan tiene como objetivos principales: a) mejorar el estado de salud de la población colombiana; b) evitar la progresión y los desenlaces adversos de la enfermedad; c) enfrentar los retos del envejecimiento poblacional y transición demográfica; y d) disminuir las inequidades en salud de la población colombiana. El enfoque del Plan Nacional de Salud Pública es poblacional, centrado en los determinantes de la salud y en la gestión del riesgo social. En el marco de la Salud Pública, igualmente se han desarrollado las siguientes acciones:

436.Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional formulada en el 2008, y adoptada mediante CONPES social 113. Se enmarca además en los compromisos adquiridos en la “Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después (Junio de 2002)”, que ratifica los compromisos de la Cumbre Mundial de Alimentación de 1996, para el cumplimiento de los ODM.

437.En el marco de esta Política el MPS aumentó el presupuesto para la realización de acciones sectoriales, así como la promoción y articulación con otros sectores involucrados; entre el 2003 y el 2009 el presupuesto del nivel central pasó de 86 millones de pesos (44.933 dólares) —a precios constantes de 2010—, a 5.726 millones de pesos (2,99 millones de dólares) en el año 2009; gracias a lo cual se ha logrado potenciar recursos y estrategias ya desarrolladas por otras instituciones como el Programa Mundial de Alimentos, Acción Social y el UNICEF; las acciones en los últimos años se han concentrado en cuatro líneas de acción: política de SAN; estrategia Resa-CUNA; lactancia materna y asistencia técnica.

438.En la línea política, se elaboró una propuesta de Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional concertado con la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria CISAN (creada mediante Decreto 2055/2009), que busca operar la Política Nacional de SAN, define presupuesto, proyectos y estrategias para su implantación; igualmente, se desarrolló una guía para la formulación de planes territoriales de SAN de entidades; se realizó asistencia técnica a 19 departamentos 3 distritos y 9 municipios los cuales ya cuentan con planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional; finalmente en esta línea se inició con apoyo de la FAO el observatorio de SAN.

439.En la segunda línea correspondiente a la estrategia ReSA-CUNA (Red de Seguridad Alimentaria-Culinaria Nativa) cuyo objetivo es reconocer la importancia del aporte nutricional de productos autóctonos de cada región y mejorar el uso de alimentos típicos en menús saludables, para lo cual se capacita en manejo de alimentos, aprendizaje de recetas con alimentos típicos de la región, entre otros (Incluye entrega de recetario, kit de manipulación de alimentos, y kit de cocina). Se desarrolló en los municipios de Tumaco, Buenaventura, Quibdó y Guapi, priorizados por el MPS, con un total de 7.990 familias beneficiarias en el 2009.

440.Igualmente se ha capacitado a las entidades territoriales y se ha desarrollado documentos técnicos en integración de estrategias IAMI-AIEPI; desarrollar reglamentos del comité de micronutrientes; rutas de atención de la desnutrición e inclusión en el POS de la recuperación nutricional; modelo de vigilancia nutricional; manual de rotulado nutricional para consumidores e industriales.

441.En la tercera línea de lactancia materna, en el 2009 se realizó la evaluación del Plan Decenal de Lactancia Materna 1998-2008, el cual sirvió de insumo para la formulación de un nuevo Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020, que se incluye en el anexo N.º 2 de este artículo.

442.En la cuarta línea de asistencia técnica, en los últimos dos años (2009-2010) se han desarrollado estrategias de comunicación e información para el fomento de una alimentación saludable con cobertura en el canal institucional y en siete canales regionales; a lo cual se suma el plan de medios para lactancia materna, alimentación complementaria, y promoción de actividad física, que incluyó el desarrollo de videos educativos, cuñas radiales y comerciales con difusión nacional y regional.

443.Salud mental y reducción de la demanda y consumo de Sustancias Psicoactivas. Con una inversión de 6.689 millones de pesos (3.5 millones de dólares) en el 2009, se logró la creación de 29 comités departamentales y municipales de prevención y control de drogas; el desarrollo del sistema de gestión estratégica para la construcción de los planes territoriales intersectoriales de reducción del consumo de Sustancias psicoactivas (SPA), el Modelo de Inclusión Social para consumidores de SPA, modelo de base comunitaria y enfoque participativo y la formulación del Plan Nacional de Formación para el Mejoramiento de la Capacidad Institucional y Comunitaria en Consumo de SPA, VIH y otras situaciones asociadas.

444.De igual forma el MPS, elaboró los modelos de tamizaje y evaluación de problemas de consumo de SPA; de salud mental en APS y el de Redes de APS en salud mental y consumo de SPA, los cuales se encuentran en implementación a nivel nacional y territorial a través del Plan Nacional de Salud Mental; adicionalmente se incluyeron en los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes a fin de construir sistemas de detección temprana, referencia y contra referencia.

445.De otra parte, el Ministerio validó instrumentos de tamizaje para Colombia y se estandarizaron tres instrumentos específicos para la detección temprana de alteraciones en la salud mental (Apgar familiar, SQR, RQC) y se elaboró la guía de primeros auxilios en salud mental en emergencias y desastres.

446.Finalmente, se desarrolló una ruta nacional de atención en salud mental para el tamizaje, detección y canalización de pacientes en el marco del componente de salud mental en Atención primaria en salud y adecuación de rutas en 4 departamentos y 15 municipios en el marco del convenio del Ministerio con la OIM.

447.Salud Infantil.A fin de reducir la mortalidad infantil el MPS impulsó y fortaleció el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), la estrategia de Atención Integral a Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) y el fomento y protección a la Lactancia Materna a través de las Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia (IAMI); teniendo en cuenta que éstas son las estrategias que mayor incidencia, impacto y costo efectividad tienen en la reducción de la morbilidad y mortalidad en la infancia; como resultado de las mismas junto con el mayor aseguramiento en salud, el fortalecimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y el mayor acceso a los servicios de atención materno infantil, se logró reducir la mortalidad infantil, lo que prevé que se alcanzará en el 2015 el objetivo de Desarrollo del Milenio de reducción de mortalidad infantil.

448.El MPS y las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud han intensificado esfuerzos para lograr y mantener coberturas útiles de vacunación, garantizando la disponibilidad de los biológicos e insumos para vacunación y para eliminar cualquier barrera a la vacunación; para ello se ha asegurado la apropiación oportuna de recursos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) lo que ha garantizado la disponibilidad de biológicos, asistencia técnica y capacitación permanente, mejorando las condiciones de equidad en la vacunación, la eficiencia en la utilización de los recursos y el fortalecimiento institucional y operativo del PAI. El presupuesto del PAI aumentó un 34% en el 2010 con respecto al 2001.

449.En cumplimiento de los Planes de Desarrollo 2002-2006 y 2006-2010 y de acuerdo al Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010, se modernizó el esquema de vacunación logrando la inclusión de los siguientes nuevos biológicos: Vacuna pentavalente, Rotavirus y la vacuna de Neumococo, la cual se incluyó en el año 2006 con recursos del FOSYGA se incluyó por primera vez en el PAI para niños y niñas de alto riesgo; en el año 2009 se incluyó la vacunación a todos los niños y niñas menores de 1 año de los 10 departamentos con mayores tasas de mortalidad por infección respiratoria (Caquetá, Amazonas, Cauca, Vichada, Guainía, San Andrés y Providencia, Chocó, Putumayo, Guaviare y Vaupés), beneficiando a cerca de 70.000 niños y niñas. La vacunación contra neumococo en grupos de mayor riesgo es una estrategia altamente costo - efectiva, que evitará por lo menos 532 muertes por enfermedad neumocócica invasiva/ año.

450.A fin de aumentar la cobertura de la Estrategia Atención Integral a Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), disminuir la mortalidad y morbilidad en niños y niñas menores de 5 años y mejorar la calidad de la atención que reciben en los servicios de salud y en el hogar, el MPS aumentó la inversión de recursos en 245%, al pasar de 348 millones de pesos (181.820 de dólares) a precios constantes en el año 2007 a 1.500 millones de pesos (783.707 de dólares) en el 2009 y 1.200 millones de pesos (626.966 de dólares) el año 2010.

451.Se han obtenido los siguientes logros:

a)Año 2008, actualización de los subcomponentes de tuberculosis, VIH, nutrición y atención del menor maltratado; en 2009, inclusión del subcomponente de salud oral, epilepsia, asma, obesidad y diabetes en el componente clínico de la estrategia AIEPI de Colombia.

b)Actualización y validación de las guías del componente clínico con expertos en el 2009 y para el año 2010 se lanzó del manual clínico actualizado.

c)Ajuste y actualización del material educativo de la estrategia AIEPI dirigido a los profesionales de salud y desarrollo e implementación de estrategias de movilización social y validación del Plan estratégico de comunicaciones para la Estrategia AIEPI en tres municipios.

d)Ajuste del Plan operativo local dirigido a las entidades territoriales para la formulación de los Planes Operativos de la estrategia AIEPI. Realizando asistencia técnica continúa para impulsar el desarrollo sostenido de acciones.

452.Estrategia para transversalizar la perspectiva de género y salud. El MPS, ha venido adelantando acciones para dar cumplimiento a los ODM y a los compromisos establecidos en el CONPES 91, de acuerdo a sus competencias, entendiéndose que para ello se requiere como plataforma la transversalización del enfoque de género tanto a su interior, como de las direcciones territoriales de salud. A la fecha se cuenta con los siguientes avances:

453.En el año 2008 se avanzó en un proceso de capacitación al interior del MPS en el tema de género y el proceso de transversalización, con funcionarios de las áreas misionales o técnicas y las áreas administrativas; en el año 2010, elaboró un documento de Lineamientos para la Transversalización de la Perspectiva de Género en el Sector Salud y de material pedagógico para realizar el proceso en las Secretarías de Salud Departamentales y Municipales, así como para las Instituciones prestadoras de servicios de salud públicas. Este material ha sido elaborado a partir entre otros documentos internacionales, con los elaborados y publicados por la OPS/OMS; y en el segundo semestre de 2010, se realizó una primera reunión de sensibilización y capacitación a funcionarios y funcionarias de secretarías de salud de cinco entidades territoriales de la Costa Atlántica del país, y se incluyeron funcionarias de los Mecanismos de Género existentes en estas entidades; en esta jornada se contó con la asistencia técnica y un apoyo financiero de la OPS/OMS Colombia.

454.Para el año 2011, se ha programado la realización de Sensibilización, capacitación sobre el tema de género y transversalización del tema, al interior del MPS y validación del documento elaborado y del material para implementar el proceso de transversalización; de igual forma, se ha programado la realización de talleres regionales dirigidos a funcionarios de las Secretarías de Salud Departamentales con los mismos objetivos. Lo anterior, con la asistencia técnica y un apoyo financiero de la OPS/OMS Colombia.

455.Salud Sexual y Reproductiva (SSR).La promoción de los DDHH, derechos sexuales y reproductivos en Colombia se realiza a través de una sólida estrategia intersectorial que involucra aspectos como educación sexual, acceso a servicios de SSR integrales y de calidad, promoción de redes sociales de apoyo, focalización en grupos de mayor vulnerabilidad y fomento de la investigación y gestión del conocimiento.

456.Las acciones en Salud Sexual y reproductiva se desarrollan en seis líneas de trabajo: maternidad segura; planificación familiar; salud sexual y reproductiva de los adolescentes; cáncer de cuello uterino y mama; infecciones de transmisión sexual incluyendo VIH/SIDA; y la prevención de la violencia doméstica y sexual.

457.Maternidad segura: Equidad y mayor acceso a los servicios.La meta establecida para el cumplimiento de los ODM es de 45 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, lo que significa que se presenta una brecha de 30,6 puntos para el año 2007.

458.En el 2004 el MPS implementó un Plan de choque para la reducción de la mortalidad materna orientado a posicionar el problema en la agenda pública, visualizar y monitorear las responsabilidades que tienen los diferentes actores sociales e institucionales en su reducción, logrando a 2007 una reducción de 34% con respecto al 2001 en las entidades territoriales priorizadas y una reducción de 25% en la mortalidad materna nacional La caracterización de la mortalidad materna en Colombia, demuestra que se han superado algunas barreras sociales y culturales.

459.Adicionalmente, en el 2007 se actualizaron y publicaron las Normas Técnicas y Guías de Atención para la detección precoz de alteraciones en el embarazo y las Guías para el manejo de las enfermedades Hemorrágicas e Hipertensivas del Embarazo. En el 2008, se diseñó las guías de manejo de emergencias obstétricas con el fin de implementar la atención integral protocolizada en salud con enfoque de riesgo biopsicosocial, sin barreras y con calidad para las emergencias obstétricas; se espera en el 2010 evaluar el impacto en la UPC de las acciones contempladas en dichas guías.

460.De otra parte, a partir del año 2008, el MPS viene liderando la implantación de la estrategia de vigilancia de la morbilidad materna extrema, con los criterios definidos por la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia (FLASOG) para el manejo oportuno y adecuado de las emergencias obstétricas a nivel local. Su implementación inició en el 2008 con un programa piloto en cinco departamentos, logrando una cobertura de 15 departamentos en 2009, en 2010 se continuó la expansión programática al resto del país.

461.En el 2009, 15 departamentoshabían implementado la estrategia de vigilancia de la morbilidad materna extrema para el manejo oportuno y adecuado de las emergencias obstétricas, elaboraron planes integrados de reducción de la mortalidad materna; igualmente el Ministerio definió los Lineamientos Estratégicos para la Reducción de la Mortalidad Materna en Colombia que incluyen estrategias para mejorar el acceso; garantizar la atención materna por recurso humano calificado; asegurar la disponibilidad de insumos y servicios adecuados para la atención obstétrica de emergencia; actualizar la reglamentación para la vigilancia de la morbilidad y mortalidad materna; fortalecer las estadísticas vitales; diseñar e implantar un sistema de fortalecimiento de la gestión para el seguimiento y evaluación al cumplimiento de normas de atención y fortalecer la participación social. Si bien, la cobertura en salud ha aumentado, esto no siempre se relaciona con el desempeño y acceso real a los servicios sanitarios. En este sentido, el reto del país está en garantizar que las instituciones y profesionales de la salud brinden atención de calidad durante el embarazo y el parto.

462.Planificación familiar.Desde el año 2007 se ha realizado permanente asistencia técnica a las entidades territoriales a fin de fortalecer la implantación del modelo de atención de Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes propuesta iniciada en el año 2007 por el Ministerio de Protección Social, con apoyo del UNFPA, busca mejorar la calidad y el acceso a servicios integrales de salud a este grupo poblacional, de tal suerte que a la fecha, se dispone en el país de 367 servicios de salud amigables para adolescentes en 21 departamentos y más de 1.200 profesionales de la salud capacitados.

463.El MPS ha concentrado un gran esfuerzo no solo en la promoción del uso de métodos anticonceptivos, sino también en la garantía de oferta de métodos modernos en el POS, así como en el desarrollo de programas de acceso a métodos temporales y definitivos de anticoncepción (con inversión de 2 millones de dólares). Como estrategia para promover el uso de métodos modernos de anticoncepción, en el 2007 se gestionó ante el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (Hoy CRES) la inclusión de la Vasectomía en el POS del Régimen Subsidiado; y los medicamentos anticonceptivos hormonales orales e inyectables, el condón masculino, y los procedimientos médicos o quirúrgicos de esterilización en el POS del Régimen Contributivo y Subsidiado. Aspectos reglamentados en el 2008 por el Ministerio (Resoluciones 769 y 1973 de 2008) y ratificados por la Comisión de Regulación en Salud CRES en el Acuerdo 008 de 2009, incluyendo anticoncepción de emergencia.

464.Durante el periodo 2006-2010 se desarrolló y sostuvo las estrategias de información, educación y comunicación, para la promoción de derechos sexuales y reproductivos, la adopción de conductas sexuales responsables e inducir la demanda temprana de servicios de SSR, mediante propuestas de sensibilización, orientación e información a través de un proceso de focalización y segmentación de la audiencia por medios masivos y alternativos de comunicación. Con inversión anual de cerca de 4.000 millones de pesos/año (2,08 millones de dólares).

465.Infecciones de transmisión sexual incluyendo VIH/SIDA (ODM 6).De acuerdo estándares internacionales la epidemia de VIH/SIDA en Colombia se clasifica como concentrada y se comporta de manera similar a los demás países de Latinoamérica, en otras palabras, se concentra en afectar a poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo, en particular los hombres que tienen sexo con hombres, las mujeres trabajadoras sexuales y la población joven, entre otros. Desde 1983 hasta 2009 se han registrado 71.509 casos (75% son hombres), de los cuales 9.283 ya fallecieron. De acuerdo con los resultados del sexto estudio centinela se estima en Colombia una prevalencia de 0,65%. Los departamentos siguientes departamento presentan las mayores tasas de incidencia: Atlántico 27, Quindío 26, Cesar 22, Valle del Cauca 22, Casanare 20, Santander 18, Guaviare 18, Bogotá 17, Magdalena 17, Risaralda 17, Antioquia 17 y Córdoba 17.

466.La prevención y atención de las ITS, VIH/SIDA se orienta en el Plan de Respuesta Nacional a la Epidemia 2008-2011 que involucra diferentes actores y sectores, el Modelo de Gestión Programática y la guía de atención integral del VIH/SIDA desarrollada en este cuatrienio; para esto se desarrollaron diferentes estrategias en pro de alcanzar los objetivos propuestos:

a)La estrategia Integra que se orienta a fortalecer la oferta y acceso a servicios de asesoría y diagnóstico del VIH/SIDA y que ha contado con el apoyo de cinco agencias de las Naciones Unidas, logrando disminuir la brecha diagnóstica en términos de acceso y de oportunidad en: Antioquia, Atlántico, Cesar, Bogotá, Soacha, La Guajira, Meta, Quindío, Santander, Sucre, Valle del Cauca, Bolívar, Norte de Santander;

b)La promoción del acceso universal a terapia antirretroviral, al respecto se resalta que en el periodo 2003 – 2007 se logró un incremento de 45% en la cobertura, la cual paso de 52,3% en el 2003 a 76% en el 2007, aumento muy superior al proyectado en el CONPES 91 en el que se planteo alcanzar una cobertura de 60% en el 2010;

c)El monitoreo y la evaluación de la respuesta nacional, el apoyo de estudios epidemiológicos en poblaciones vulnerables y análisis de tendencia de la epidemia a través del Observatorio Nacional de VIH SIDA;

d)El Proyecto Nacional para la Reducción de la Transmisión Madre-Hijo del VIH, para mantener el riesgo de transmisión menor al 2%; el cual inició con el apoyo de la comunidad económica europea y la gestión nacional de ONUSIDA, a partir del 2006 fue asumido por el Ministerio quién actualmente implementa la estrategia. En el 2009 se realizó como parte de la estrategia de reducción de la transmisión perinatal de VIH una inversión de 3.000 millones de dólares (1.57 millones). Resultado de lo anterior, en el periodo 2003 a 2009 se tamizó a 1.249.187 gestantes, de las cuales 2.261 gestantes fueron diagnosticadas con el VIH (1,18%); en el balance general de estos siete años, de los 1.652 niños que han nacido vivos se hubiesen esperado sin intervención 462 casos de VIH/sida perinatal. Sin embargo, gracias a la estrategia sólo se diagnosticó la infección en 49 niños, evitando la transmisión perinatal en 413 niños y niñas;

e)Promoción del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva (SRR). Se logró la difusión de la campaña “Derechos convertidos en hechos” a todos los municipios, departamentos, EPS de los regímenes contributivo y subsidiado y ARS del país, la capacitación a directivos y prestadores de salud de 20 municipios priorizados para la aplicación de las normas técnicas y guías de atención en SSR y la provisión de servicios de SSR para hombres y mujeres, incluyendo tamizaje para detección de cáncer de cuello uterino y de seno, de próstata y testículo, información, educación, consejería y oferta de métodos anticonceptivos a hombres y mujeres más vulnerables. Este proyecto logró un cumplimiento de metas del 100% en aplicación de implante hormonal subdérmico y en los tamizajes de cáncer de mama y tamizaje de cáncer de próstata; 96% en oferta de vasectomías, 61% en oferta de ligadura de trompas, entre otros;

f)Reducción de la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Se avanzó en la aplicación del Modelo del control del cáncer en el municipio de Soacha, especialmente en el control de Cáncer de Cuello Uterino y se lograron los acuerdos políticos para la articulación entre actividades de detección temprana, diagnóstico y tratamiento. Los departamentos que presentan mayor rezago para alcanzar la meta de reducción de la mortalidad son Quindío, Tolima, Caquetá y Arauca.

467.Atención a Población en situación de Desplazamiento.En el periodo 2003-2010, el MPS ha logrado importantes avances en el desarrollo normativo, implementación y aplicación de respuestas afirmativas para la atención integral a la Población en Situación de Desplazamiento (PSD) realizando acciones de carácter preferencial, diferencial y prioritario. Los avances para el 2010, de acuerdo a las competencias y responsabilidades del MPS, se presentan en el anexo N.º 3 de este artículo.

468.El MPS como integrante del SNAIPD y en respuesta a los requerimientos de la Corte Constitucional en los Autos de cumplimiento, ha realizado las siguientes acciones, con énfasis en el enfoque diferencial, en el marco de los Autos 092 y 237 de 2008, Protección de los derechos de las mujeres víctimas del desplazamiento:

469.Lidera 3 de los 13 programas ordenados por la Corte Constitucional: Promoción de la Salud de las Mujeres Desplazadas; Prevención de la Violencia Sexual y de Atención Integral a sus Víctimas y Abordaje Psicosocial para Mujeres en desplazamiento y su grupo familiar, e integra otros programas como el de Apoyo a las Mujeres Desplazadas jefas de hogar; Facilitación del Acceso a Oportunidades Laborales y Productivas y de Prevención de la Explotación Domestica y Laboral, Prevención del Impacto Desproporcionado de Género, entre otros.

470.En respuesta al mínimo de racionalidad “Cronograma de Implementación Acelerado de los Programas” exigido por la Corte, el MPS, en el marco de convenios suscritos con la OIM, realizó en 2009 y 2010, proyectos orientados a promover y garantizar el acceso de las mujeres desplazadas y su grupo familiar a los programas estructurados por el MPS, en el marco del Sistema de Protección Social; alcanzando en 2009 una cobertura de 249 municipios y 29 departamentos y el Distrito Capital con 600.000 mujeres beneficiarias. El valor total del convenio fue de 10.238 millones de pesos (5,35 millones de dólares), de los cuales el Ministerio aportó la suma de 9.746 millones de pesos (5.092 millones de dólares) y la OIM 491 millones de pesos (256.533 de dólares).

471.En intervención psicosocial y en el marco del convenio con el Secretariado Nacional de la Pastoral Social durante el 2009 se realizaron 456 asesorías psicológicas a población en desplazamiento y vulnerable receptora. El convenio también focalizó su intervención en comunidades afrodescendientes en Quibdó y Buenaventura; y para el caso de las comunidades indígenas se viene trabajando en los departamentos de Nariño (Awa), Guainía (Sikuani), Guaviare (Tukano), Putumayo (Ingas y Pastos), Vaupés (Cubeo) y Cauca (Paez).

472.El MPS asignó durante el 2009 3.141 millones de pesos (1,64 millones de dólares) para la intervención psicosocial en los entes territoriales de mayor desplazamiento con 22.721 personas beneficiarias directas de las cuales el 41% corresponde a población desplazada y el resto a población receptora vulnerable. El 72% de la población beneficiaria corresponde a mujeres.

473.Sentencia T-045 de 2010.En febrero 2 de 2010 la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-045/2010 que tutela el derecho a la salud de cuatro mujeres en situación de desplazamiento afectadas por las masacres ocurridas en el Corregimiento del Salado en los años 1997 y 2000. Durante el año 2010 y primer semestre de 2011 se han desarrollado las siguientes acciones de cumplimiento de las tres órdenes de competencia del MPS, así:

474.Elaboración de dos documentos: El “Protocolo de Abordaje Psicosocial para la adopción de medidas de atención integral, atención y acompañamiento psicosocial de las víctimas del conflicto armado”, y la “Guía de Intervención en Salud Mental Comunitaria específica y diferencial por delitos de lesa humanidad para las víctimas del conflicto armado”.

475.A febrero de 2011 se dispone de dos documentos mencionados anteriormente, en su versión preliminar, los cuales se someterán en el segundo trimestre este año a revisión y ajuste interinstitucional con entidades con responsabilidad en la atención integral a víctimas del conflicto armado y a partir del segundo semestre a un proceso de validación en 17 municipios y/o corregimientos especialmente afectados por el conflicto armado, incluido el corregimiento de El Salado, de tal forma que garanticen la identificación de elementos substanciales de la atención psicosocial, que conlleven a la implementación nacional de los mismos.

476.Finalmente, como parte de la garantía del enfoque psicosocial y diferencial en la atención integral en salud, se han desarrollado las siguientes acciones: Dos talleres de sensibilización y formación en herramientas psicosociales a los profesionales del sector salud con participación de las Unidades Territoriales de Acción Social y del ICBF: Septiembre de 2010 y Enero de 2011; Dos encuentros territoriales en los cuales se desarrollaron acciones de coordinación territorial con las autoridades municipales, distritales y departamentales con el fin de asegurar la implementación del enfoque psicosocial y diferencial en la atención integral de las tutelantes en los Departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre: Agosto de 2010 y Enero de 2011; Dos visitas al corregimiento de El Salado (municipio de El Carmen de Bolívar) para verificar y corregir situaciones específicas respecto a la situación actual de la comunidad del Salado en temas específicos de prestación de servicios de salud, atención psicosocial y gestión social para el goce efectivo de derechos: 28 al 30 de abril de 2011 y 13 de mayo de 2011; y, la reunión con la comunidad del corregimiento de El Salado para generar un espacio de diálogo entre las instituciones y la comunidad y avanzar en un plan de acción para la atención psicosocial y la atención integral en salud a la población del corregimiento de El Salado – Carmen de Bolívar.

477.Interrupción del embarazo.En el ordenamiento jurídico colombiano, la interrupción voluntaria de embarazo se enmarca bajo los parámetros fijados por la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró la exigibilidad condicionada del artículo 122 de la Ley 599 de 200, Código Penal Colombiano. En este sentido se estableció que no se incurre en el delito de aborto cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción se produzca en los siguientes casos: a) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; b) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; c) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o de transparencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

478.La implementación de esta sentencia, conlleva la obligación de garantizar el acceso al servicio IVE en el sistema de salud, la prohibición de formular objeciones de conciencia por parte de personas jurídicas (IPS, EPS), y del personal médico en forma colectiva, y la eliminación de todo criterio discriminatorio para impedir el ejercicio de este derecho.

479.No obstante, el cumplimiento de esta sentencia, ha presentado obstáculos recurrentes que afectan los derechos de las mujeres de manera que se continúa evidenciando la existencia de criterios discriminatorios para impedir el acceso al derecho a la salud en este ámbito. Esto se registra en pronunciamiento de la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-388 de 2009, que al revisar las controversias de tutela motivadas por el no acceso al servicio de IVE, encuentra eventos de tratos discriminatorios a mujeres y niñas.

480.La Sentencia ampara los derechos de una mujer a quien se negó inicialmente al servicio de IVE, y en la cual se ordena al Ministerio de Protección Social, así como al Ministerio de Educación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, diseñen y pongan en marcha campañas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos que contribuyan a asegurar a las mujeres en el territorio nacional el libre efectivo ejercicio de estos derechos y el conocimiento de lo dispuesto en la sentencia C-355 de 2006 y urgir a estas entidades para que hagan el debido seguimiento de tales campañas con el fin de constatar su nivel de impacto y eficacia.

481.Con relación al acompañamiento y la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de los Ministerios de Educación y de la Protección Social frente al diseño y la puesta en marcha de las campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos ordenadas por la Sentencia T-388 de 2009, la Procuraduría General de la Nación, requirió a la Defensoría del Pueblo y a los Ministerios de Educación Nacional y de la Protección Social y obtuvo la siguiente información:

Ministerio de la Protección Social

482.Cabe mencionar:

a)Diseño y puesta en marcha de una estrategia de promoción de los derechos humanos sexuales y reproductivos para adolescentes, jóvenes y mujeres para responder a los requerimientos de la Corte Constitucional en las Sentencias C-355 de 2006 y T-388 de 2009;

b)Puesta en marcha del plan estratégico para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y para la creación de condiciones institucionales y sociales que garanticen el ejercicio de estos derechos humanos.

c)Realización de las siguientes acciones de fortalecimiento:

i)Acciones de comunicación masiva y directa, dirigidas a la población de mujeres, jóvenes y adolescentes;

ii)Fortalecimiento a grupos, organizaciones y redes sociales para la promoción de los derechos humanos sexuales y reproductivos, con énfasis en mujeres, jóvenes y adolescentes;

iii)Fortalecimiento intersectorial para la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, jóvenes y adolescentes;

iv)Fortalecimiento a la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres, jóvenes y adolescentes;

v)Fortalecimiento de la política pública en salud sexual y reproductiva como mecanismo de rectoría y garantía de los derechos sexuales y reproductivos.

d)Diseño y puesta en marcha de la campaña Por el derecho a una Sexualidad con Sentido con la que se busca además de promover el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos por parte de las mujeres, adolescentes y jóvenes y generar diálogo en la sociedad sobre el tema de una manera transparente y constructiva.

e)Realización de movilizaciones masivas en varias ciudades del país; conversatorios con jóvenes, con prestadores de servicios de salud y educación, con funcionarios departamentales y locales y las redes y organizaciones juveniles; entrega de 7380 kits promocionales de los derechos sexuales y reproductivos contentivos de material audiovisual y copias del Decreto 9868 de 2010; conversatorios con 70 periodistas;

f)Adelanto de acciones de monitoreo a medios de televisión, radio, prensa y espacio web con cobertura nacional y regional. Incremento del 76% en la emisión de notas periodísticas en los temas de Derechos Sexuales y Reproductivos, con un registro de 122 publicaciones, 211 notas de prensa, 375 noticias (de las cuales el 60% se publicaron en diarios impresos, 15% en radio, 13% en televisión y 12% en los portales de noticias de Internet) que se difundieron a través de 47 medios de comunicación.

Ministerio de Educación Nacional

483.Cabe mencionar:

a)Participación en la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción de Derechos Sexuales y Reproductivos, formalizada según el Decreto 2968 de agosto de 2010. Generación de una estrategia para dar respuesta a las sentencias C-355 de 2006 y T-388 de 2009 a través de cuatro líneas de acción;

b)Formulación de dos estrategias: Estrategia de comunicación directa y Estrategia de comunicación masiva. Creación de una campaña masiva para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos bajo el slogan: Por el derecho a una sexualidad con sentido. Realización de eventos bajo este nombre en ocho regiones del país con el apoyo de numerosos medios de comunicación, entre los cuales cita a El Tiempo, ADN, Shock, Colprensa, Caracol, RCN, Telepacífico, Telecafé, Teleislas, TRO, Canal 13, Señal Colombia, canales comunitarios y locales, Revista Shock, El Tiempo, Editorial Televisa, City TV, Radiónica y Radio Diversa;

c)Diseño de nueve estrategias regionales de comunicación y movilización para la promoción de derechos sexuales y reproductivos que se espera sean articulados con las acciones de los equipos que lideran el programa de Edusexualidad en las regiones;

d)Generación de escenarios de articulación con periodistas y productores de contenidos de televisión para que el Enfoque de Derechos Sexuales y Reproductivos y la información relacionada con la promoción de derechos se incorpore en las agendas y en los contenidos de los medios de comunicación;

e)Acompañamiento a los Equipos Técnicos Regionales del programa de Edusexualidad para la construcción de estrategias de comunicación y movilización;

f)Iniciación de un proceso de sistematización de las estrategias y acciones realizadas a lo largo del año 2010 en torno a la promoción de derechos sexuales y reproductivos en la línea de comunicación y movilización.

484.En la información remitida por el Ministerio de Educación Nacional, no se ofrece claridad sobre el nivel de impacto y eficiencia de las campañas masivas.

La Defensoría del Pueblo

485.Cabe mencionar:

a)Incorporación de la Campaña de promoción de derechos sexuales y reproductivos en el plan operativo estratégico 2010;

b)Análisis de los contenidos estratégicos de la campaña.

486.En relación con la Estrategia de Comunicaciones la Procuraduría General de la Nación avanza en el diseño e implementación de una Estrategia de Comunicaciones sobre la Salud Sexual y Reproductiva y la Familia, la cual pretende prevenir la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de los niños, las niñas, los y las adolescentes entre los 8 y los 18 años que tienen acceso a los medios de comunicación colombianos y además, la adquisición de herramientas para el libre y efectivo ejercicio de estos derechos.

487.Esta sentencia, pone de manifiesto que la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, cuatro años después de la sentencia C-355 de 2006, se encuentra aún en un estado precario. En este sentido, la Corte establecía que “para todos los efectos jurídicos, incluyendo la aplicación del principio de favorabilidad, las decisiones adoptadas en esta sentencia tienen vigencia inmediata y el goce de los derecho por ésta protegidos no requiere de desarrollo legal o reglamentario alguno. Lo anterior no obsta para que los órganos competentes, si los consideran conveniente, expidan normas que fijen políticas públicas acordes con esta decisión.”

488.Frente a esto la Defensoría del Pueblo afirma que en la práctica, la ausencia de reglamentación se ha utilizado como un argumento para negar u obstaculizar el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo y de acceder a la prestación de este servicio.

489.En relación con el cumplimiento de esta decisión de la Corte, la Procuraduría General de la Nación ha realizado las siguientes acciones:

a)Verificación de las acciones adelantadas por el Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas – Sala Disciplinaria, frente a las investigaciones sobre las posibles falta disciplinarias en que pudieron incurrir los jueves de instancia que actuaron en la tutela;

b)Verificación ante la FGN de las acciones adelantadas respecto a la investigación de la conducta de los funcionarios que fallaron en primera y segunda instancia;

c)El requerimiento a la EPS para proporcionar información acerca las medidas que adoptó para evitar que estos casos se vuelvan a presentar;

490.Igualmente en desarrollo del seguimiento preventivo de la Sentencia 209 de 2008 y Auto 279 de 2009, la Procuraduría ha realizado las siguientes acciones:

a)Seguimiento al trámite del incidente de liquidación de perjuicios ordenado por la Corte Constitucional, con el fin de lograr el efectivo reconocimiento del derecho a la indemnización por parte de la niña beneficiaria de la acción de tutela;

b)Vigilancia al proceso de indemnización de faltas disciplinarias de los jueces de primera y segunda instancia;

c)Impulso al Tribunal Nacional de Ética para la realización del protocolo y procedimiento para la procedencia del trámite ético-disciplinario de las objeciones de conciencia;

d)El seguimiento al MPS y la Superintendencia Nacional de Salud frente a las acciones administrativas a fin de que se cumpla lo ordenado por la sentencia 355 de 2006.

491.En el año 2007, la Procuraduría realizó vigilancia preventiva al cumplimiento de la Sentencia 355 de 2006 e identificó respecto al servicio de la interrupción del embarazo las siguientes barreras:

a)La exigencia de requisitos adicionales a los establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-355 de 2006 para autorizar y llevar a cabo la práctica del aborto;

b)Las objeciones de conciencia colectiva, institucional o infundada;

c)Los vicios en el consentimiento de la mujer embarazada, provocados por la actuación culposa o dolosa del personal médico;

d)El desconocimiento total de la capacidad de las niñas menores de catorce años para consentir o no la práctica del aborto.

492.La Procuraduría expidió la Circular 030 de 2009 en la cual fijo una serie de directrices para la vigilancia de la sentencia C-355 de 2006. En virtud de ésta se estableció lo siguiente:

493.El Procurador General de la Nación en desarrollo de la función de vigilancia preventiva de las entidades competentes, debe:

a)Prestar la asesoría integral a las mujeres gestantes;

b)Garantizar el ejercicio del consentimiento libre e informado;

c)Garantizar en igualdad de condiciones el derecho a la objeción de conciencia y a la no objeción de conciencia;

d)Prevenir la discriminación que puedan sufrir las personas por su participación en los casos excepcionales de la práctica del aborto;

e)Realizar seguimiento a los planes, programas, proyectos y las estrategias que protejan la igualdad de derechos y oportunidades de la mujer y el hombre y proporciones mecanismo de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo y después del parto;

f)Instruir a los médicos y los profesionales y al personal de apoyo respecto del contenido y alcance de la Sentencia C-355 de 2006;

g)Ffectuar el seguimiento e imposición de las medidas sancionatorias cuando hubiere lugar.

494.La Procuraduría tiene una función de control de gestión a partir de la cual verificará que las entidades prestadoras del servicio garantizaron el derecho a la vida, a la salud, a la confidencialidad, a la liberta y a la seguridad de las mujeres que voluntariamente hayan solicitado la interrupción voluntaria del embarazo, así como el acceso a la atención requerida por las mujeres gestantes con un trato digno y sin discriminación alguna.

495.Su función disciplinaría tiene que ver con adelantar de oficio o a petición de cualquier persona interesada, las investigaciones a que haya lugar en el marco del Código único Disciplinario y adoptará las decisiones correspondientes en los casos que de conformidad con la Ley se prueben actuaciones irregulares que den lugar a la imposición de sanciones disciplinarias, como consecuencia del incumplimiento de los deberes relacionados con las solicitudes para la práctica del procedimiento del aborto despenalizado, la aceptación de la objeción de conciencia y procedencia de la misma. De igual forma, compulsará copias a las autoridades judiciales, administrativas o de la profesión médica, según sea el caso para la respectiva investigación.

496.La Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de la sentencia T-209 de 2008 y del Auto 279 de 2009, impulsó al Tribunal Nacional de Ética Médica para la realización del protocolo y procedencia del trámite ético-disciplinario de las objeciones de conciencia. Asimismo, intervino con el fin de proteger los derechos de la niña beneficiaria de la acción de tutela.

497.Esta institución encontró algunos obstáculos para que se diera el efectivo cumplimiento de las disposiciones de la sentencia, tales como: la desidia de las EPS en la atención integral de la adolescente; el retraso en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, como las relativas a las investigaciones disciplinarias de los médicos implicados.

498.En 2009 se inició nuevamente la vigilancia de la sentencia en mención, de conformidad con las directrices de la Circular 030. Para esto se solicitó información específica a nivel territorial a las Alcaldías de las Capitales, a las Secretarias de Salud Departamento, a los Tribunales de ética Médica de cada Departamento, al Comandante de Policía de cada Departamento, a las Procuradurías Regionales y Provinciales, y a nivel nacional al MPS, a la Superintendencia Nacional de Salud, al Tribunal Nacional de ética Médica y al ICBF. Actualmente el proceso se encuentra en la etapa de análisis de información.

499.En atención a las Directrices impartidas en la Circular 030 de 2009 expedida por el Procurador General de la Nación se realizó un informe de vigilancia sobre el cumplimiento de la Sentencia desde su expedición hasta el año 2009, solicitando información específica a nivel territorial a las Alcaldías de las capitales, a las Secretarias de Salud Departamental, a los Tribunales de Ética Médica de cada Departamento, al Comandante de Policía de cada Departamento, a las Procuradurías Regionales y Provinciales, y a nivel nacional al Ministerio de la Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud, al Tribunal Nacional de ética Médica y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, informe que fue publicado del año 2010. Cabe mencionar que actualmente se adelanta la vigilancia a las acciones del 2010 sobre el cumplimiento de la Sentencia C-355 de 2006, atendiendo las instrucciones impartidas por el Señor Procurador General de la Nación en la Circular 29 del 13 de Mayo de 2010.

500.Adicionalmente la Procuraduría desarrolla una acción preventiva para el seguimiento a las recomendaciones realizadas por este organismo de control, frente al cumplimiento de la Sentencia C-355 de 2006, dado los importantes desafíos para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

2.Medidas legislativas

501.A partir del año 2002, se emprendió la tarea de modificar y ajustar algunos parámetros de la Ley 100 de 1993 con el propósito de lograr un mayor equilibrio fiscal, impedir el crecimiento y la generación de nuevo déficit fiscal, originado en el sistema pensional, y tratar de unificar los parámetros de los regímenes pensionales de prima media entre sí y a la vez con los del sistema de ahorro individual con solidaridad. Este proceso termino con la expedición de la Ley 797 de 2003.

502.Dentro de las principales reformas adoptadas por la Ley se resaltan el incremento en los puntos de cotización, en forma escalonada. Estos incrementos van destinados al fondo común de pago de pensiones en Prima Media y dos puntos a la cuenta individual de pensiones y un punto para la creación del fondo de garantía de pensión del subsistema de ahorro individual.

503.Incremento en el tiempo mínimo de cotización requerido para acceder a la pensión de vejez:

a)De 1.000 semanas a 1.300 semanas (Incremento gradual entre 2004 y 2015);

b)Modificación en las tasas de reemplazo empleadas en la liquidación de las pensiones de vejez en el subsistema de prima media;

c)La reforma vinculó la tasa de reemplazo al ingreso base de liquidación a través de la fórmula: t=65,5%-0,5%s, en donde se privilegian los salarios bajos frente a los mayores ingresos. (Se estableció 55% como tasas de reemplazo mínima y 85% como máxima).

504.Finalmente la reforma fortaleció e incrementó las contribuciones al fondo de solidaridad creando a su vez la subcuenta de subsistencia que actualmente beneficia a cerca de 900.000 personas vía el pago directo de un auxilio, o el programa de Almuerzos calientes Juan Luis Londoño. Con las anteriores medidas podemos resumir en cifras de la siguiente manera los resultados de la Ley 797 de 2003.

Acto Legislativo 01 de 2005

505.Los principales logros obtenidos fueron:

a)Se eliminan los regímenes de transición, los especiales, los exceptuados y los establecidos por convenciones colectivas a partir del 31 de julio del 2010;

b)Las condiciones para acceder a la pensión son las que señale el Régimen General de pensiones, con excepción del Régimen Pensional y de Retiro de la Fuerza Pública del Presidente de la República;

c)El régimen del Magisterio se conserva en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el cual está asimilado a las condiciones del régimen general para todas aquellas personas que ingresaron a partir del año 2003;

d)Se elimina la 14 mesada en los siguientes términos para quienes devenguen más de tres salarios mínimos se elimina a partir de la expedición del Acto legislativo y para quienes devengan menos de tres salarios mínimos se elimina después del 31 de Julio de 2011. Se introduce a nivel constitucional la posibilidad de revisar pensiones que hayan sido otorgadas por fuera de las reglas del derecho;

e)Se establece que todos los colombianos tendrán los requisitos y beneficios del régimen general de pensiones;

f)Se introduce explícitamente el criterio de sostenibilidad financiera hacia el futuro.

506.En el anexo N.º 4 de este artículo, se presenta una relación de las principales Leyes adoptadas durante el periodo de este informe.

3.Medidas judiciales

507.Véase cuadro siguiente.

Sentencia C-355 de 2006	Sentencia por medio de la cual la Corte Constitucional autoriza el aborto terapéutico, eugenésico y cuando el embarazo se producto de una violación, un acceso carnal no consentido
Sentencia T-608 de 2007	Atención Especial a menores con discapacidad en el ordenamiento Colombiano
Sentencia T-760 de 2008	Donde resolvió veintidós acciones de tutela, en las que se solicitaba proteger el derecho a la salud. Veinte de ellas, fueron presentadas por personas que requerían acceder a un servicio de salud. Las dos restantes fueron presentadas por una EPS que pedía al MPS, en un caso, y al C.S. de la J., en otro, que se ajustara la regulación en materia de recobros al FOSYGA
Sentencia T-388 de 2009	Sobre aborto inducido por malformación del feto
Sentencia C-252 de 2010	Declara inexequible el Decreto Legislativo N.º 133 del 21 de enero de 2010.

4.Situación actual y estadísticas

508.Cobertura Sistema General en Seguridad Social en Salud (SGSSS).Durante los últimos cuatro años se registró un incremento en la afiliación al Régimen Subsidiado del 26,7% al aumentar el número de cupos contratados de 18.438.013, al cierre de 2005, a 23.373.913, a 31 de marzo de 2010. Como se observa en la siguiente gráfica, el mayor incremento registrado durante el período de reporte se dio en 2008, año en el cual el número de cupos del Régimen Subsidiado aumentó en casi 2 millones, impulsado por la ampliación de cobertura adelantada con los Recursos Excedentes de la Subcuenta de Solidaridad del FOSYGA al corte 31 de diciembre de 2007. En línea con esta evolución creciente de la afiliación, la cobertura del Régimen Subsidiado para la población de los niveles 1 y 2 del SISBEN pasó del 72,9%, a inicios de 2006, a niveles superiores al 90% a partir de diciembre de 2008.

Afiliación al Régimen Subsidiado de Salud

(Cupos y cobertura)

Fuente: Dirección General de Gestión de la Demanda, MPS

509.El año 2002 cerró con 4.164.975 y a marzo de 2010 la cifra ascendió a 6.806.887 afiliados, generando un aumento en el periodo 2002 – 2010 de 2.641.912 nuevos afiliados.

510.Estas cifras revelan un incremento del 63% resultado que, entre otros aspectos, es un efecto de la reforma laboral, el desarrollo de estrategias de control de evasión y elusión, y la reactivación de la economía. Adicionalmente, la expedición de los Decreto 2800 de octubre 2003, 3615 de 2005 y 2313 de 2006 por los cuales se establecen los procedimientos para la afiliación voluntaria de trabajadores independientes, han sido determinantes en el aumento de la cobertura.

Indicadores en salud ENDS- 2010

511.En el anexo Nº 5 de este artículo, se amplía la información sobre los indicadores de salud de la ENDS-2010, que se resumen a continuación:

Avance en la Seguridad Social

(Millones de afiliados)

Tasa de Fecundidad

512.La tasa de fecundidad pasó de 2,4 hijos en 2005, a 2,1 en 2010. La tasa general fue de 83 nacimientos por 1.000 mujeres para 2005 y 7,5 para 2010. La tasa bruta de natalidad pasó de 20 nacimientos por 1.000 habitantes en 2005, a 18 en 2010. Las adolescentes presentan una tasa de 84 nacimientos por mil mujeres. Con relación al año 2005, la fecundidad adolescente en la zona urbana disminuyó de 79 a 73 nacimientos por mil, en tanto que en la zona rural también baja un poco de 128 a 122 nacimientos por mil mujeres.

513.Las mujeres menores de 20 años venían aumentando su tasa de fecundidad hasta el año 2005, pero actualmente parece que empezó de nuevo a disminuir: en 1990 se estimó alrededor de 70 por mil, mientras en 1995 subió a 89, en el 2005 se estima en 90 por mil y ahora es de 84 por mil. La ENDS-2010 mostró que el conocimiento de métodos anticonceptivos es universal en Colombia, independiente de su estado de exposición y de su estrato socioeconómico.

514.Intervalos entre nacimientos. En Colombia se ha presentado un aumento en la duración del intervalo intergenésico, siendo actualmente de 48 meses, seis meses mayor que el encontrado en 2005 (42 meses). Entre mayor la edad de las madres, mayor el espaciamiento entre los hijos, siendo de 37 meses para las mujeres de 20-29 años de edad contra 66 meses para las mujeres de 30-39 años. La muerte de un hijo acelera el tiempo para tener un nuevo hijo: cuando el hijo anterior falleció, el intervalo disminuye a 31 meses, mientras que si el hijo anterior está aún vivo, el nuevo nacimiento ocurre a los 48 meses.

515.Edad de la madre al nacimiento del primer hijo. La edad al primer nacimiento disminuyó muy poco entre el 2005 y el 2010: la mediana de la edad al primer nacimiento es de 21,6 años para las mujeres de 25 a 49 años de edad, mientras cinco años atrás estaba en 21,8 años. La residencia urbana o rural no incidió en el descenso: ambas zonas permanecieron con la misma edad que cinco años atrás. En la zona urbana la edad es de 22 años, frente a 20 de la zona rural. La región con la mayor edad es Bogotá con 22,7 años y la menor se registra en la región Orinoquía-Amazonía con 20 años, mientras en las otras regiones fluctúa entre 21,3 de la Oriental, 21,4 de la Costa Pacífica a 21,6 de la Costa Caribe.

516.Conocimientos y uso de métodos anticonceptivos. El conocimiento de métodos anticonceptivos es universal en Colombia entre las mujeres encuestadas, ENDS 2010. No se puede decir que existen diferencias significativas en los niveles de conocimiento de métodos de planificación familiar, ni por zona (urbana o rural), ni por niveles de educación, ni por estratos socioeconómicos o índice de riqueza; el conocimiento de la planificación familiar ha llegado por igual a todos los segmentos de la población en Colombia.

517.Los métodos más conocidos son en su orden: el condón, la píldora, la inyección y la esterilización femenina. Por otro lado, entre los métodos menos conocidos están la amenorrea por lactancia, que usualmente no se conoce como método de planificación familiar en Colombia, y los métodos vaginales.

518.Las cifras obtenidas en la ENDS 2010 muestran claramente los esfuerzos que se han hecho en Colombia, por parte del MPS, para mejorar el acceso a los servicios de planificación familiar y también para disminuir las desigualdades existentes entre los diferentes grupos poblacionales.

519.Con relación al comportamiento de los métodos, específicamente entre las mujeres en edad fértil (15-49 años) y actualmente unidas o casadas, la esterilización femenina continúa su proceso de consolidación como primer método de planificación familiar, con 35 puntos porcentuales de los 79 de uso total. Es importante resaltar que por primera vez aparece la inyección como segundo método anticonceptivo en este grupo, con el 9%, desplazando tanto a la píldora como al DIU que tuvieron descensos importantes y ocuparon el tercer y cuarto puesto respectivamente, muy cercano el uno del otro. El condón mantuvo su participación con el 7%.

520.El uso de métodos anticonceptivos en Colombia se incrementó en 13 puntos porcentuales entre 1990 y 2010.

521.Atención prenatal, del parto y del postparto. El 92% de los embarazos de los últimos cinco años fue atendido por médicos y 5% por enfermeras. El nivel de la atención por parte de médicos en el 2010 es cinco puntos porcentuales más alto que el observado en el año 2005 mientras que la atención por enfermeras bajó casi dos puntos. Las parteras no atendieron ningún embarazo.

522.Número de visitas prenatales. El 89 % de las embarazadas (91% urbano y 81% rural) tuvo cuatro o más visitas de control prenatal, 6 % dos o tres visitas y el 1% una sola visita. El 3% de las mujeres no tuvo ninguna visita, 6 % en la zona rural y el 2% en la urbana.

523.La mediana de meses de embarazo a la primera visita fue de 2,7 meses. El 77% fue a la primera visita prenatal cuando tenía menos de cuatro meses de embarazo y 15% cuando tenía entre cuatro y cinco meses.

524.Contenido de la atención prenatal. A las mujeres que tuvieron control prenatal se les preguntó si les habían informado sobre las posibles complicaciones del embarazo. Cuatro de cada cinco (81%) recibieron tal información versus 64% en el 2005, aumentando con la mayor edad de las mujeres, con el menor número de hijos, de la zona urbana, que caen en los índices de riqueza medio, alto y muy alto. De acuerdo con la educación se observan mayores porcentajes que cinco años antes, en todos los grupos.

525.Vacunación contra el tétanos neonatal. A una de cada nueve mujeres no les pusieron esta vacuna durante su embarazo, mientras que 24 % recibió una dosis y 60 % dos o más dosis. Los porcentajes son ligeramente inferiores a los del 2005.

526.Lugar de ocurrencia del parto. Desde 1990 se han venido produciendo cambios significativos en el lugar de ocurrencia de los nacimientos: en establecimiento de salud, pasó de 76 % en 1990 a 88 % en el 2000, a 92 % en el 2005 y ahora en el 2010 es del 95 %, en tanto que la proporción de los nacimientos ocurridos en el hogar bajó de 22% hasta en 1995, a 12% en el 2000, a 8% en el 2005, mientras en el 2010 es de 4%. El 95% de los partos tuvo lugar en una institución de salud. De cada cien nacimientos cuatro ocurrieron en la casa y muy pocos en otro lugar.

527.Los cambios en la atención del parto por médico y enfermera han sido notables. La atención por cuenta de un médico pasó de 71% en 1990 a 73% en 1995, luego a 83% en el 2000 y a 88% en el 2005; finalmente, en el 2010 pasó a 93%. La atención por enfermera bajó de 10% a 2% en el mismo período. La atención por cuenta de partera bajó de 13% en 1990 a 3% en el 2010, y el de pariente u otra persona disminuyó a 2% en el 2010.

528.Atención a problemas del postparto. Menos de una de cada cinco mujeres, con nacimientos en los últimos cinco años, tuvo problemas en el postparto. Entre 56% y 66 % de los problemas del postparto recibieron atención médica. En cambio, solamente 38% de las mujeres que sufrieron depresión postparto fue atendida. A quienes no habían tenido el parto en instituciones de salud se les preguntó si habían tenido control posterior al parto. El 69% de ellas no tuvo control postnatal; 3% lo tuvo antes de tres días de ocurrido el parto, 4% en los días tercero a sexto después del parto y 24 % entre 7 y 41 días después del parto; menos del 1% no supo responder cuándo recibió el servicio.

529.Terminación del último embarazo. En la pregunta a las mujeres sobre la forma de terminación del último embarazo, ocurrido antes o después de mayo del año 2006, se encontró que 72% de las mujeres tuvieron nacidos vivos y el resto (28%) terminaron el embarazo así: 16% tuvieron pérdidas, 8% interrupciones de embarazo/abortos, 2% embarazos extrauterinos y otro 2% muertes fetales intrauterinas. La atención por parte del personal de salud es algo menor para los abortos que para los otros eventos de terminación de los embarazos. El lugar de atención de los abortos, además de los hospitales, clínicas y centros de salud, son consultorios de médicos particulares y otros. Mientras al 87% de las mujeres que tuvieron interrupciones/abortos la EPS les pagó la atención total o parcialmente, al 11% les tocó pagar por su cuenta y 2% dijeron no estar afiliadas a la seguridad social.

530.Los meses promedio de embarazos terminados en interrupciones/abortos fue de 2,1 meses, similar a los meses cuando se presentaron las pérdidas y en que se presentaron los embarazos extrauterinos (MOLAS). En cambio las muertes fetales intrauterinas se presentaron en promedio a los 5.4 meses de embarazo.

531.Conocimiento de las causas permitidas de interrupción del embarazo en Colombia. Un poco más de tres cuartas partes de las mujeres mencionan cada una de las causas de terminación del embarazo: 76% dice que cuando el embarazo pone en peligro la vida o salud de la mujer, el 79% cuando hay malformación grave del feto y 78% cuando la mujer ha sido violada. El conocimiento de las tres causas es mayor entre las mujeres de 20-34 años, entre las mujeres solteras y entre las mujeres con uno o dos hijos nacidos vivos.

532.Vacunación por fuente de información. El porcentaje de niños de 12 a 23 meses de edad al que le han aplicado el esquema completo de vacunación es de 80%. Las vacunas más aplicadas han sido la BCG (97%) y la primera dosis de DPT-1 (97%); la DPT-2 se aplica a una proporción menor (94%) y la DPT-3 un poco menos (90%). El 83% de los niños recibió la vacuna de Polio al nacimiento, en tanto que las de Polio 1, 2 y 3 disminuyen desde 94 % a 82 %. Las dosis 1, 2 y 3 de Polio, aumentaron entre 2005 y 2010, lo mismo sucedió con las de BCG, DPT-1, DPT-2 y DPT-3. El 81% de los niños de 1 año recibió la triple viral. Si se excluye la triple viral, al 76% de los niños les pusieron todas las vacunas durante los primeros 12 meses de edad. Un porcentaje muy pequeño (2%) no ha recibido ninguna vacuna. El 83% de los niños de 12 a 23 meses de edad tiene carné de vacunación.

VIH/sida

533.Al igual que en 2005, en Colombia el conocimiento del VIH/Sida es prácticamente universal: el 99 % de las encuestadas ha oído hablar de esta enfermedad. El nivel de conocimiento es menor entre el grupo más joven de 15-24 años. También es menor entre las que reportaron que nunca habían tenido relaciones sexuales (97%). El uso del condón aparece como la práctica más segura para evitar el contagio del VIH/Sida, puesto que el 82% lo mencionó como práctica segura. Solamente el 79% de las mujeres de 15-19 años reportó conocer esta práctica.

534.Solamente la mitad (51%) de las encuestadas contestó en forma correcta la pregunta relacionada con la posibilidad de que el virus pueda transmitirse durante la lactancia y apenas el 32% manifestó que el riesgo de la transmisión del Sida de la madre al hijo (TSMH) puede ser reducido si la madre toma medicamentos especiales durante el embarazo.

535.Al combinar las dos preguntas anteriores y obtener un solo resultado con las respuestas correctas en ambos casos, se puede observar que solamente el 20% de las entrevistadas contestó en forma correcta el conjunto de las dos preguntas.

536.El 58% de las mujeres entrevistadas nunca se han hecho la prueba del VIH; un 40% se la practicó y reclamó los resultados correspondientes; y un 2% no los reclamó. Entre las mujeres de 19 años y menos solamente se la han hecho el 19% y entre las mayores (40-49 años de edad) el 28%. Es preocupante que en la zona rural solamente la tercera parte de las mujeres se han hecho la prueba y entre las mujeres sin educación el 78% nunca se la han practicado.

537.Entre las mujeres que tuvieron hijos durante los dos años anteriores a la encuesta y recibieron servicios prenatales en establecimientos de salud, al 48% le ofrecieron consejería sobre el VIH. Al 84% le ofrecieron hacerse la prueba, aceptó y recibió el resultado. El 45% recibió consejería, se le ofreció hacerle la prueba y aceptó, y recibió el resultado.

538.Cáncer de cuello uterino y de mama. En las últimas estimaciones de incidencia de cáncer para el país, el cáncer de mama ocupó el primer lugar con cerca de 7.000 casos nuevos cada año seguido por el cáncer de cuello uterino con 5.600 casos nuevos cada año. En la mortalidad por cáncer, desafortunadamente el cáncer de cuello uterino continúa ocupando el primer lugar en muchos departamentos. La incidencia de cáncer de mama y de cáncer de cuello uterino en Colombia se estima en 31,2 y 21,5 casos nuevos por 100.000 mujeres, respectivamente. A su vez las tasas, ajustadas por edad, de mortalidad para ambos cánceres están en 10 muertes por 100.000 mujeres.

539.La mortalidad infantil se ha reducido en un 30% entre 1995 y 2005, según datos de la ENDS. Igualmente desde 2002, las coberturas nacionales de vacunación con todos los biológicos se han mantenido sistemáticamente por encima de 91%. En el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en Colombia, todas las mujeres afiliadas al sistema entre 25 y 69 años de edad y las menores de 25 años con vida sexual activa tienen derecho a la citología sin costo.

540.La mortalidad infantil se ha reducido en un 30% entre 1995 y 2005, según datos de la ENDS. Igualmente desde 2002, las coberturas nacionales de vacunación con todos los biológicos se han mantenido sistemáticamente por encima de 91%. En el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en Colombia, todas las mujeres afiliadas al sistema entre 25 y 69 años de edad y las menores de 25 años con vida sexual activa tienen derecho a la citología sin costo.

5.Medidas recientes o en curso

541.A través del CONPES 140 de 2011, se modificaron las metas establecidas para el logro de los ODM fijadas en el CONPES Social 91 de 2005. En el anexo N.º 6 de este artículo, se amplía la información sobre las nuevas metas para los ODM 4, 5 y 6, así como las estrategias planteadas.

D.Artículo 14

542.El presente apartado guarda relación con la recomendación específica al Estado Colombiano (CEDAW/C/COL/CO/6, párr. 31) y las recomendaciones generales N.º 16 y 19 del Comité.

1.Medidas administrativas

543.El PND 2006 – 2010, antes referenciado, prestó especial atención al tema de la ruralidad en el país. El Plan incluyó dentro de las Políticas para la Reducción de la pobreza y la promoción del empleo y la equidad, la Estrategia “Equidad en el campo”, la cual estuvo dirigida a mejorar las capacidades de los campesinos para generar ingresos y mejorar su calidad de vida, mediante:

a)El ordenamiento social de la propiedad para promover el acceso a la tierra;

b)El ajuste institucional del sector;

c)El mejoramiento de la capacidad de los pequeños campesinos para generar ingresos;

d)El desarrollo de programas de promoción social para la población rural a través del acceso a bienes públicos;

e)La oferta de alternativas que permitan contrarrestar la expansión de cultivos ilícitos.

544.Entre el 2002-2009, el nivel de pobreza en el ámbito rural disminuyó. Al analizar estas cifras teniendo en cuenta el sexo del jefe de hogar nos muestra que el nivel de pobreza de los hombres pasó de 64,7% (2002) a 57,3% (2009). Respecto a las mujeres, la tasa de pobreza pasó de 67,3% (2002) a 61,8% (2009). La diferencia porcentual entre hombres y mujeres para el año 2009 es de 4,5 puntos, siendo más desfavorable la situación respecto a las mujeres rurales. En el anexo N.º 1 de este artículo, se amplía esta información.

545.Teniendo en cuenta los retos existentes respecto a la población femenina en el ámbito rural se han implementado estrategias y programas que buscan garantizar el empoderamiento económico, social y político de estas mujeres. Algunas de estas estrategias fueron referenciadas en desarrollo de la respuesta del Estado Colombiano a los artículos correspondientes de Educación; participación política; Empleo; Salud; Erradicación de la VCM. Sin embargo, se resaltarán a continuación las siguientes:

546.En el ámbito de la educación, como se mencionó anteriormente, se han desarrollado estrategias para garantizar la continuidad de la oferta educativa desde preescolar hasta la media, a través de modelos educativos flexibles que buscan garantizar la inclusión, acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes, en especial llegar a la población dispersa en el área rural (Preescolar escolarizado y no escolarizado; Aceleración del Aprendizaje; Escuela Nueva; Círculos de Aprendizaje; Grupos Juveniles Creativos; Telesecundaria y Post-primaria; Educación Media Rural; Servicio de Aprendizaje Tutorial; Servicio de Educación Rural). (Para mayor información remitirse respuesta acápite de Educación)

547.Formación para el empleo: el SENA desarrolla diferentes programas que benefician a la población rural; en especial, el Programa de Jóvenes Rurales, que busca mejorar las oportunidades de empleo, ingreso y productividad en el campo y demás sectores económicos del país (comercio, servicios, minero, industrial) que se encuentren en las localidades donde se ejecutan los programas de formación. Como se señaló con anterioridad, las mujeres han sido las más beneficiadas en desarrollo de los mismos.

548.De igual manera, el Gobierno ha creado los Centros Regionales de Educación Superior (CERES), a través de los cuales la comunidad rural accede a programas de educación técnica profesional, tecnológica y universitaria que ofrecen diferentes instituciones de educación superior.

549.Política de Desarrollo Rural-MADR: En materia de desarrollo económico, en el marco de la política de desarrollo rural ha diseñado e implementado cinco programas, dirigidos a las Mujeres Rurales, con el fin de mejorar su calidad de vida, en especial, a favor de las Mujeres Rurales de bajos recursos y cuya actividad productiva está relacionada con el ámbito rural, tales como: Programa de Vivienda de Interés Social Rural; Alianzas Productivas; Oportunidades Rurales, Subsidios de Tierras; Línea de Crédito.

550.El Programa de Vivienda de Interés Social Rural otorga subsidios de vivienda de interés social rural a los hogares que resultan elegidos. El objetivo es facilitar una vivienda de interés social rural, sin cargo de restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que establece la Ley.

551.Respecto al Programa de Alianzas Productivas, instrumento para generar ingresos, crear empleo y promover la cohesión social de las comunidades rurales pobres, a través de alianzas entre grupos organizados de pequeños productores y comercializadores o transformadores de sus productos se tiene una cuota mínima definida para vincular mujeres cabeza de familia de un 10%. La participación de las mujeres en esta fase ha superado ampliamente este porcentaje.

552.El Programa de Oportunidades Rurales desarrolla instrumentos para combatir la pobreza, mediante el fortalecimiento de las capacidades empresariales de los pobladores rurales, mejorando sus habilidades para competir e integrar a los mercados sus microempresas rurales y así aumentar el número de empleos, los ingresos y las propiedades de las familias de más bajos recursos.

553.Con relación a los subsidios integrales de tierras, se apoya a los beneficiarios a constituirse bajo la modalidad de Empresas Comunitarias con el fin de desarrollar todas o algunas de las siguientes actividades: la explotación económica de uno o varios predios rurales, la transformación, comercialización o mercadeo de productos agropecuarios y la prestación de servicios sin perjuicio de poder dedicarse a otras actividades conexas y necesaria para el cumplimiento de sus fines. A partir de la Ley 731 de 2002 se profieren títulos a favor de ambos cónyuges para efectos de respetar la propiedad al núcleo familiar, en especial a las mujeres.

554.En esta línea, en materia de acceso a crédito, el MADR a través de créditos agropecuarios ha implementado unas condiciones especiales de acceso para la mujer rural, específicamente en los casos en que sustenten baja generación de ingresos.

555.Eje de Empleo y Desarrollo Empresarial-ACPEM: la ACPEM, promovió en desarrollo de este eje la participación de las mujeres rurales en los programas para el acceso a créditos y capacitación de los Programas Mujeres Cabeza de Familia Microempresaria, Programa Integral para el Desarrollo de la Mujer Empresaria, y Jornadas de Banca para Mujeres, antes mencionada. Se resalta a su vez, las estrategias a desarrollar en el marco de la Agenda por la Igualdad Laboral, antes referenciada, en la que importantes gremios del sector rural están comprometidos para eliminar la discriminación laboral y procurar por el adelanto de la Mujer incorporando la perspectiva de género en sus políticas. Respecto a los resultados de los del eje sobre empleo y desarrollo empresarial de la ACPEM, véase la respuesta del Estado Colombiano en relación con los artículos 11 y 13 de la Convención.

556.Por otro lado, en el marco de la Estrategia del Gobierno Nacional para la lucha contra cultivos ilícitos se trabaja en zonas con población vulnerable, amenazada o afectada por estos cultivos, en aras de fomentar la cultura de la legalidad, el desarrollo económico, social y ambiental. Entre los programas que se desarrollan se adelanta el Programa Familias Guardabosques (PFGB) y Programas Productivos. En desarrollo del PFGB se promueve la participación de las mujeres en las decisiones familiares y en el manejo del incentivo económico condicionado entregado a las familias beneficiadas, ya que propende por que sean las mujeres titulares quienes reciban los recursos económicos. El programa suscribe los contratos individuales principalmente con mujeres representantes del núcleo familiar, con la intención de que sean estas las que reciban el incentivo económico condicionado. Este lineamiento del programa ha permitido empoderar a las mujeres y valorar el rol que desempeñan tanto en las familias como en la sociedad y posibilitado que asuntos como el manejo del dinero se realicen mayoritariamente de forma compartida en la pareja.

557.Por otro lado, en el marco de Programas Productivos de Acción Social se ha apoyado la generación de ingresos de mujeres por medio de la implementación del Proyecto de Producción y Comercialización de Café Social para Mujeres Caficultoras. Este programa ha apoyado adicionalmente la producción y comercialización de artesanías. El 81% de las personas que laboran en los proyectos artesanales son mujeres. Este proyecto ha beneficiado a la comunidad, pues como característico del sector productivo artesanal se han desarrollado talleres familiares, que en el caso de los guardabosques se están formalizando como organizaciones asociativas.

558.Por otra parte, en desarrollo del proceso Territorios Étnicos Productivos (TEP) relativo al uso de la tierra y las prácticas tradicionales de producción que fortalecen los imaginarios sociales de afrocolombianos e indígenas hacia la cultura legal y lícita, se conformaron núcleos productivos que incluía a la familia en las actividades, posibilitando la participación de mujeres y jóvenes en los diferentes espacios de capacitación y asistencia técnica; favoreciendo la activación de un proceso autónomo de verificación en terreno para garantizar que efectivamente éstos se mantuviesen libres de coca, y se ampliaran los núcleos formando corredores libres de ilícitos. Para el logro de este proceso es indispensable el acompañamiento constante, el seguimiento y la entrega de incentivos, por lo que se decidió fomentar el ahorro en las mujeres (Buenaventura y Guapi). En el anexo N.º 2 de este artículo, se incluye mayor información sobre el Programa de Familias Guardabosques.

559.Estrategia de Seguridad Alimentaria- El Gobierno ha adelantado una estrategia para mejorar el acceso a los alimentos de las familias en condiciones de vulnerabilidad, especialmente, aquellas que se encuentran en situación de pobreza, mediante la producción de alimentos para el autoconsumo y así contribuir con la disminución del hambre y el mejoramiento de la seguridad alimentaria en el país.

560.Promoción de la Participación Política, la ACPEM ha promovido la participación de las mujeres rurales de manera activa en la toma de decisiones que les afecta, a través de la creación de los Consejos Comunitarios de Mujeres y los Consejos Participativos de Mujeres Cafeteras, antes referenciados. Se resalta que en los primeros, están integrados por lo menos, por una mujer representante de diferentes sectores poblacionales, en las que se relaciona a las mujeres rurales; desplazadas, cafeteras; entre otras. Respecto a las segundas, esta estrategia se desarrolla en el marco de la Alianza con la Federación Nacional de Cafeteros promoviendo espacios para facilitar y fortalecer los procesos organizativos de las mujeres cafeteras del país.

561.Respecto a los Consejos participativos de Mujeres Cafeteras se está trabajando en la prevención de violencia intrafamiliar y la generación de ingresos. Entre 2008 y el 2010 se han conformado 172 Consejos participativos de caficultoras registrados con la participación de 7.000 mujeres en red. Durante el 2010, se crearon 34 Consejos de Mujeres Cafeteras y la Red aumentó en 2.000 mujeres, respecto al balance del año anterior. Este proceso ha permitido que el tema de género sea transversal a la Política gremial de la Federación y a su plan estratégico.

562.Proceso de Reglamentación Ley 731 de 2002, Colombia cuenta con un marco normativo a favor de las Mujeres Rurales que se encuentra en proceso de reglamentación. El MADR, en conjunto con la ACPEM, las organizaciones de mujeres rurales y el Instituto Interamericano de la Cooperación para la Agricultura (IICA) han trabajado de manera conjunta en este proceso. Dado que es necesario aunar esfuerzos entre las entidades competentes en la implementación de la Ley, se creó el Comité Interinstitucional para la Reglamentación de la Ley, espacio para impulsar este proceso, dictar directrices y desarrollar acciones que contribuyan a mejorar la calidad vida de las mujeres rurales superando los obstáculos y garantizando sus derechos con base a la normativa nacional e internacional.

563.Alianza de la ACPEM con la Federación Nacional de Cafeteros-FNC: con miras al logro de los objetivos de desarrollo del Milenio, la FNC busca avanzar en un enfoque transversal de género que incluya el fortalecimiento de una cultura de mayor equidad al interior de la institucionalidad cafetera (2007). Esta adhesión permitió articular los objetivos institucionales de la FNC con la política Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo . Se realizaron Laboratorios y Talleres Participativos de Mujeres Cafeteras, con la presencia de mujeres líderes representantes de los departamentos cafeteros. Estos espacios, son testimonios vivos de su protagonismo como empresarias cafeteras, promotoras del arraigo de la tierra y relevo generacional, permitiendo la identificación de sus necesidades más apremiantes. La FNC en desarrollo de estas políticas ha creado otros programas (Programa Mipymes cafeteras de la Gerencia Técnica de la Federación, Programa Cafés especiales, Modelos innovadores-Jóvenes Caficultores) que en su mayoría benefician a la población femenina cafetera, ya sea para mejorar, modernizar y tecnificar la producción cafetera o apoyar y fomentar la organización de las mujeres en todo el componente de producción de café de alta calidad, acopio y promoción en el mercado internacional.

564.Convenio 0565 MPS y OIM (2009) para efectuar acciones que respondan a los requerimientos de la Corte Constitucional en el marco del auto 092 y la sentencia T-025, que incluyó una articulación con los proyectos TEP de Buenaventura y Nariño. Se realizó una estrategia de orientación e información a mujeres en situación de desplazamiento, lideresas e instituciones locales sobre rutas de acceso a los servicios de salud y psicosociales, derecho a la salud, a la salud sexual y reproductiva, prevención de violencias, salud mental, explotación laboral y doméstica y la identificación y prevención de riesgos ocupacionales.

565.FOMMUR: En el marco de las actividades desarrolladas por el FOMMUR, las mujer rural pueden participar más en los espacios de toma de decisiones a nivel local, regional y nacional; igualmente están preparadas para formular y gestionar sus proyectos y negocios rurales de manera eficiente, tales como: producción, transformación, comercialización y procesos de mercadeo; también, están capacitadas en temas de desarrollo humano, participación ciudadana y equidad de género, han fortalecido su esquema empresaria y saben cuáles son los beneficios de sus productos y ostentan mayor conocimiento o acerca de los programas que le ofrece el Gobierno Nacional y el MADR, y como acceder a ellos.

566.Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural (2008-2010): El Gobierno Nacional a través de la realización de eventos ha dado a conocer a las mujeres rurales la oferta estatal para su empoderamiento económico y estrategias para la prevención de la violencia. Estas eventos se han organizado con el apoyo del MADR y el IICCA y con la participación de alrededor de 1700 mujeres aproximadamente.

2.Medidas legislativas

567.Ley 731 de 2002 (Anexo N.º 43 de este artículo) Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales. Mejorar la Calidad de Vida de las Mujer Rurales, priorizando las de bajos recursos y consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural”, referenciada en el IV y V Informe combinado del Estado Colombiano. En el marco de su reglamentación, se ha adoptado la siguiente normativa:

568.Resolución 01 de 2002 expedida por la Comisión Nacional de Crédito Agrario en la que se define “Mujer Rural de bajos ingresos” como la mujer cabeza de familia cuyos activos totales no superen el 70% de los definidos para los pequeños productores

569.Resoluciones 01, 02 y 06 de 2002 de la Comisión Nacional de Crédito Agrario, que se refieren, en su orden, a las siguientes materias:

a)La resolución 01 define Mujer Rural para acceder a créditos con recursos FINAGRO y el destino del crédito para actividades rurales de la mujer rural;

b)La resolución 02 modifica la Resolución 04 de 2001 en relación con la capitalización, compra y creación de empresas mediante créditos destinados a la financiación de aportes sociales y faculta a FINAGRO para reglamentar esta resolución y adoptar las medidas para su operatividad;

c)La resolución 06 autoriza a FINAGRO la apertura de líneas de redescuento de crédito para la financiación de actividades rurales.

570.Resoluciones 11 de 2006 y 4 de 2007 se reglamentó lo correspondiente al Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), así:

a)Resolución 11/06: se compila la reglamentación del Fondo Agropecuario de Garantías FAG y se hacen algunas modificaciones;

b)Resolución 4/07: modifica la Resolución 11/06 en lo relativo a la cobertura de la garantía de capital del FAG y en lo relacionado con las comisiones sobre garantías para las entidades otorgantes del crédito y faculta a FINAGRO para reglamentar la resolución y adoptar los procedimientos y medidas necesarias para el desarrollo y aplicación de las misma.

571.Resolución 030 de 2008 “Por la cual se deroga la Resolución 0127 de 2003, que reglamentó la operación del FOMMUR”. Esta resolución estructura la operación, el funcionamiento y la administración del FOMMUR y los recursos que han de ser destinados al fondo para el financiamiento de los programas específicos que prevén los Artículos 10 y 11 de la Ley 731.

572.Las resoluciones 5 y 2313 de 2006 establecen de un modo general “la afiliación de los trabajadores independientes de manera colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral” a través de sus agremiaciones y asociaciones.

573.Decreto 2998 de 2003 relacionado con la titulación al cónyuge o compañero(a) permanente de los predios sujetos el régimen de la UAF (Unidad Agrícola Familiar o Unidad de Producción Agropecuaria familiar) cuya explotación directa ha sido abandonada por el otro cónyuge o compañero(a) permanente (art. 1º) y con la adjudicación de baldíos al cónyuge o compañero(a) que manifieste bajo la gravedad del juramento la situación de abandono y reúna los requisitos para alegar la prescripción agraria. El artículo 3º de este decreto contempla la participación de la mujer en la respectiva persona jurídica que se organice para la explotación del predio, estableciendo que ésta será activa y en condiciones equitativas frente al proceso de toma de decisiones.

574.Decreto 2000 de 2009, Por medio del cual se reglamenta subsidio integral para la adquisición de tierras, se establecer los procedimientos operativos y se dictan otras disposiciones.

575.Resolución 0698 de 2011, mediante la cual se establece convocatoria pública para el otorgamiento del subsidio integral para la compra de tierras a la población campesina, víctimas del desplazamiento, mujeres víctimas del desplazamiento, negros, indígenas, ORM, profesionales y expertos de las ciencias agropecuarias.

3.Medidas judiciales

576.Cabe mencionar:

a)Sentencia T-025 de 2004, referenciada con anterioridad;

b)Auto 092 y 237 de 2008, ver más adelante;

c)Sentencia C-393 de 2007 “La Ley acusada está orientada por la finalidad de proteger al trabajador desempleado que por carecer de ingresos no dispone de los recursos para proveer por su familia. Se trata de un fin constitucionalmente legítimo e imperioso en un Estado Social de Derecho. Por otra parte, el medio utilizado – destinar el 5% de los recursos del FONEDE para brindar un subsidio a los desempleados sin vinculación a una caja de compensación familiar en los tres años anteriores a la presentación de la solicitud de apoyo – es adecuado al fin perseguido, cual es garantizar el mínimo vital de las personas beneficiadas con el subsidio. Podrá el legislador acudir a otros medios –como el seguro de desempleo- pero ello no implica que este subsidio no sea idóneo para aliviar la situación del desempleo” (…);

d)Sentencia C 722 de 2004- “Patrimonio de familia inembargable sobre único bien inmueble rural o urbano de la mujer cabeza de familia- Medida de protección primordialmente de menores extensiva a quienes dependan del padre en las mismas condiciones. La medida prevista en la Ley 861 de 2003 busca proteger el patrimonio mínimo del grupo familiar, representado en el inmueble que destinan para vivienda, como medida de protección, no solo de la mujer cabeza de familia, sino, primordialmente, de los menores que dependen de manera exclusiva de ella. En atención a esa específica finalidad de la norma, no existe razón que justifique limitar ese amparo especial a los menores que dependan de su madre, y no aplicarlo a aquellos que, en las mismas circunstancias, dependan exclusivamente del padre” .

577.En el anexo N.º 4 de este artículo se incluyen los textos completos de estas sentencias.

4.Situación actual y estadísticas

578.Según datos del último Censo realizado en el año 2005 por el DANE, la población total de Colombia asciende a 41.468.384 habitantes, de los cuales se estima que 9.958.005 personas habitan en zonas rurales, equivalente al 24% de la población total nacional.

579.De estos, 4.708.424 son mujeres (43%) y 5.249.581 son hombres (52,7%). Al hacer un análisis con enfoque de género de la información producida por el Censo, se encuentra que “en el área rural de los municipios, el 19,8% de los jefes de hogar son mujeres y el 80,2% son hombres”; no obstante, las mujeres continúan a cargo de las responsabilidades del hogar (49,8% frente al 5,8% de los hombres), y el cuidado de los hijos, paralelamente con el desarrollo de otras actividades de tipo productivo. El 47,1% de los hombres mayores de 10 años se reportaron como solteros frente al 37,3% de las mujeres.

580.Respecto a la población con al menos una limitación permanente, a nivel nacional, el 6,5% de los hombres y el 6,1% de mujeres declararon tener al menos unalimitación permanente. En el área rural, el 8,2% de los hombres y el 7,8% de las mujeres presentaron por lo menos una limitación permanente.

581.Respecto al ámbito de la educación, el analfabetismo se concentra en la población rural y de mayor edad. Para 2008, en las cabeceras, la tasa fue de 4,2% y, en las zonas rurales, de 15,0%. El analfabetismo es más acentuado en los hombres que las mujeres. La tasa para las mujeres disminuyó 0,68 puntos porcentuales, al pasar de 15,20% (2002) a 14,52% (2008). Respecto a los hombres, la disminución fue mínima 0,05 puntos porcentuales, al pasar 15,74% (2002) a 15,29% (2008).

582.El número de estudiantes atendidos con modelos educativos flexibles se incrementó entre 2006 y 2009 en 107.961 estudiantes, pasando de 926.620 a 1.034.581. En 2010 la matrícula en modelos flexibles llegó a 1.053.761 estudiantes. A su vez, la puesta en marcha de estrategias de gratuidad, alimentación escolar y transporte escolar han contribuido a prevenir la deserción escolar y contribuyen a garantizar la cobertura y la continuidad del servicio de la educación en el sector rural.

583.Respecto a las personas en situación de desplazamiento beneficiarias de programas de capacitación urbana y rural, durante el período 2006-2010 se señala que el 65% de los beneficiarios son mujeres, es decir 1.163.698 mujeres. Los datos del 2010 revelan un aumento del22%con relación al año anterior, en que se reportaron un total de beneficiados.

584.Respecto a las mujeres beneficiadas de Programas de Alianzas Productivas, es importante resaltar que de las 13.729 familias beneficiaras aprobadas vinculadas a 170 alianzas en operación (Fase 1 y Fase 2), el 19% están en cabeza de mujeres (2653). Las 56 alianzas en operación más recientes, las de la Fase II del Proyecto, evidencian un incremento en el porcentaje de mujeres beneficiarias, 23%, frente al 19% de promedio histórico.

585.En materia de vivienda de interés rural, durante el período de 2005 a mayo de 2009, 11501 mujeres cabeza de hogar fueron beneficiadas de estos subsidios.

586.Con relación a las mujeres beneficiadas en el marco de los Programa de Oportunidades Rurales en el año 2007 fueron 1.353 respecto a los 2.141 hombres para un total de 3.494 familias atendidas. Durante el 2008 fueron 3.691 mujeres beneficiadas respecto a 5.571 hombres para un total de 9.262 familias atendidas. Durante el 2010, 1.572 mujeres fueron beneficiadas respecto a 1.911 hombres para un total de 3.483 familias atendidas.

587.En materia de Subsidio Integral de Tierras durante el 2002 al 2008 se beneficiaron 9.171 familias. La información del INCODER sobre la materia se concentra en núcleos familiares que, en la mayoría de los casos, están conformados por ambos cónyuges (hombres y mujer) o mujer cabeza de familia.

588.Respecto a los contratos suscritos en el marco del Programa Familia Guardabosques, de las 122.282 familias que han sido beneficiadas por el Programa desde sus inicios en el 2003, 94.320 (que equivalen al 77%) son mujeres titulares, buscando empoderar a las mujeres y generar un manejo equitativo de los ingresos al interior de las familias. Esta estrategia y el hecho de incentivar a través del acompañamiento las relaciones democráticas en la familia han posibilitado que asuntos como el manejo del dinero se realicen mayoritariamente de forma compartida en la pareja.

589.Por su parte, respecto a las Familias Guardabosques, estas son en su mayoría familias nucleares (49,8%). El segundo tipo son las familias extendidas conformadas por ambos padres, con hijas e hijos y otros parientes que representan el 17,6%. Las familias con jefatura femenina representan el 8,9%. En desarrollo de los Programas Productivos, hay más de 500 familias beneficiarias, en 24 comunidades con sus talleres de trabajo en 19 localidades que fabrican accesorios de moda, de mesa, cocina y objetos de carácter étnico en más de 18 materias primas diferentes. Los artesanos guardabosques pertenecen a 19 municipios de 13 departamentos del país.

590.Respecto a la Red de Seguridad Alimentaria, entre los años 2003 y 2009, Acción Social estima que han sido beneficiados un total de 3.478.578 personas con proyectos de seguridad alimentaria; siendo el 48% de estas mujeres, equivalente a 1.697.036 personas.

5.Medidas recientes o en curso

591.Subsidio Integral de Tierras: Para las actuales convocatorias para el subsidio integral de tierras se dará un trato especial a la población víctima del desplazamiento y mujeres cabeza de familia víctimas del desplazamiento, en cumplimiento de los Auto 092 y 237 de la C.C.

592.Acceso a Créditos-MADR: El MADR lanzó el Programa Desarrollo Rural con Equidad-DRE, el cual estará vinculado con políticas orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria de los colombianos/as, mejorar la competitividad de la reducción agropecuaria y reducir la desigualdad social en el campo. Sin ser excluyente, priorizará el crédito subsidiado hacia los pequeños y medianos agricultores privilegiando la asignación de recursos a productores asociados y estimulará la integración de grandes y medianos con pequeños.

593.El MADR reconoce la importancia y la necesidad de la construcción de una Política integral para las mujeres rurales, razón por la cual busca fortalecer el Programa Mujer Rural, con el cual se da cumplimiento al Art. 5 de la Ley 731 de 2002, con el fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres rurales para financiar el acceso a fondos, planes, programas, proyectos, procedimientos y requisitos. Este programa tiene dentro de sus objetivos articular la oferta institucional del MADR, fortalecer el comité interinstitucional para la reglamentación de la Ley 731 de 2002, desarrollar nuevos proyectos a favor de las mujeres rurales, como el Proyecto Fortalecimiento a Emprendimiento Productivos y Desarrollo de las Mujeres Rurales .

V.Parte IV de la Convención

A.Artículo 15

594 . El presente apartado guarda reclación con las recomendaciones generales N.º 21 y 19 del Comité.

595.En términos generales, la legislación a nivel interno brinda, a la población femenina un tratamiento especial, con el propósito claro de equilibrar su situación por años signada por la marginación y la exclusión. Los principios de no discriminación por razón de género, la adecuada y la efectiva participación en los niveles decisorios de la administración pública, la igualdad de derechos y oportunidades en relación con el hombre, la especial asistencia durante su embarazo y parto, la libertad reproductiva y el apoyo especial a la mujer cabeza de familia y la protección especial en materia laboral, están consignados en nuestro derecho positivo, incluso en algunos de ellos, en la misma C.P.

1.Medidas administrativas

596.Acuerdo 4552 de 2008 de la Sala Administrativa del C.S. de la J. creó la Comisión Nacional de Genero en la Rama Judicial y define los siguientes propósitos de la aplicación de la equidad de género en la Rama: a) Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la no discriminación por género en las decisiones judiciales, en el servicio público de la administración de justicia y en el funcionamiento interno de la Rama Judicial; b) Integrar a la misión, la visión y los objetivos institucionales, así como a los procesos de planificación estratégica y los planes anuales operativos, la perspectiva de género y el principio de no discriminación; c) Implementar acciones con el fin de eliminar las desigualdades existentes entre los servidores y las servidoras judiciales. (Anexo N.º 1 de este artículo)

597.La CNGRJ reúne a magistrados y magistradas de las altas Corporaciones Judiciales del país, y constituye un esfuerzo innovador a nivel regional y, quizás, pionero en el ámbito internacional, puesto que a través de la experiencia que aporta la jurisprudencia, busca convertirse en un escenario para la formulación de políticas, planes y acciones que garanticen la igualdad y no discriminación por género en el acceso a la justicia; asimismo, intenta consolidarse como un centro de impulsión de la sensibilización y la formación en materia de género para todos los servidores judiciales; y, por último, procura constituirse en el lugar para evaluar y hacer el seguimiento a las políticas y planes que se determinen.

598.Con el fin de dar cumplimiento a las directrices emanadas por la Comisión Nacional de Género en los diferentes distritos judiciales, en 2008 se crearon 23 Comités Seccionales de Género en cada uno de los distritos judiciales del país.

599.En Convenio con el FNUAP se establecen mecanismos para la apropiación por parte del sector judicial de los enfoques de derecho y de género en su gestión, así como las implicaciones de su aplicación en relación con el principio de igualdad.

600.Se han elaborado, con el apoyo de cooperación internacional, las siguientes publicaciones:

a)Memorias de un Proceso para Incorporar la Igualdad de Género en la Rama Judicial;

b)Plan Integral de formación especializada para la implementación de los módulos de aprendizaje auto dirigido en el módulo de género;

c)Un análisis desde la perspectiva jurídica sobre Mortalidad Materna: Otra cara de la VCM;

d)Género y Justicia;

e)La Violencia y discriminación contra la Mujer;

f)100 reglas de acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad;

g)La violencia en el trabajo y el acoso laboral en la Ley 1010 de 2006;

h)El lenguaje: un elemento estratégico en la construcción de la igualdad;

i)Serie Documento N.º 10 sobre Violencia y discriminación contra las mujeres, donde además de la Ley 1257 de 2008 se incluyen los documentos sobre la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará);

j)Género y Derecho de Familia;

k)Género y Desplazamiento.

2.Medidas legislativas

601.En la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) y Ley 1146 de 2007, antes referenciada, se contemplan los mecanismos jurídicos explícitos para la prevención, identificación temprana, autoprotección, detección y denuncia del abuso sexual de que puedan ser víctima las alumnas, así como de cualquier otra forma de discriminación, no solo dentro del establecimiento educativo sino fuera de él.

602.El Código de la Infancia y la Adolescencia determinó como obligación de los directivos y docentes de los establecimientos educativos, con la concurrencia de la comunidad educativa en general, establecer en los reglamentos de las instituciones educativas los mecanismos para la “detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y explotación económica y laboral, las formas contemporáneas de servidumbre y esclavitud, incluidas las peores formas de trabajo infantil”; “garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar”; entre otros.

603.Por su parte, la Ley 1146 de 2007 destina el Capítulo IV para “el Sector Educativo y la Prevención del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes” estipulando la obligación de denunciar por parte del docente “ante las autoridades administrativas y judiciales competentes, toda conducta o indicio de violencia o abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes del que tenga conocimiento.”

604.De manera pues que los mecanismos jurídicos de que disponen las mujeres víctimas de la discriminación en la esfera educativa, sea por acoso sexual u otra forma de discriminación, es a través de los reglamentos mismos de las instituciones educativas los cuales deben contener todos los elementos para la detección y denuncia del abuso o discriminación, denuncia que en todo caso debe hacerse ante las autoridades competentes sin perjuicio de los mecanismos que prevean las mismas instituciones educativas para la protección posterior y adecuada atención sicológica de la alumna.

605.La Ley 1257 de 2008, antes referenciada “Por una vida libre de violencias”, incorpora por primera vez, la noción de VCM en la normativa nacional de acuerdo a estándares internacionales; considera la VCM como una violación a sus DDHH; reconoce la autonomía y la libertad de las mujeres para tomar sus decisiones; da una respuesta integral a las mujeres víctimas de violencia; incorpora dentro de las obligaciones del Estado, medidas de sensibilización y prevención en la materia; amplía las medidas de protección y atención; establece deberes a la familia y a la sociedad respecto a este flagelo; e incorpora modificaciones en materia de sanciones.

606.Esta Ley tiene efecto general inmediato. Las mujeres pueden hacer exigibles sus derechos ante las entidades competentes y los operadores jurídicos velar por su cumplimiento. Ciertos artículos requieren una reglamentación para su operatividad. La reglamentación de la Ley se adelanta en el marco del Programa Integral contra la VBG, antes referenciado, para avanzar en este proceso se previó la conformación de una Mesa Técnicaintegrada por funcionarios de las entidades con competencia y funciones fijadas por la misma Ley para su implementación, la que a su vez estableció el funcionamiento de Mesas Temáticas de Justicia, Educación, Laboral y Salud en las que se adelanta el estudio y análisis de todos los temas con enfoque de derechos y diferencial contemplados en la Ley.

607.Entre los resultados obtenidos se señalan:

a)Borrador de Decreto para la reglamentación de los artículos en materia de justicia, que buscan garantizar una defensa gratuita y especializada a las mujeres víctimas, derecho a no ser confrontadas con el agresor, ubicación o creación de lugares para la guarda de la vida e integridad de mujeres víctimas de violencia (En estudio);

b)Propuestas para la incorporación de disposiciones concretas relacionadas a la implementación de la Ley 1257 en el Plan Nacional de Salud Pública 2011-2014;

c)Análisis sobre las alternativas de desarrollos del tema de VBG a partir del contexto nacional e internacional y el análisis de aspectos claves para tener en cuenta en la reglamentación de la Ley en los ámbitos laboral y de educación;

d)En materia de comunicaciones se elaboró un manual para periodistas, la puesta en marcha de una página web y la participación en rede sociales para la erradicación de la VCM, difusión de cuñas, elaboración de acuerdos con voceros (personajes con incidencia social) y firmas de acuerdos, lanzamiento de una estrategia de comunicación a nivel interinstitucional sobre la materia. El proceso de reglamentación se sigue surtiendo para que de manera efectiva se implementen estas propuestas desarrollas de manera responsable con la participación de todos los actores involucrados.

608.Por otro lado, a nivel regional, se adelantan diferentes acciones para dar cumplimiento a la Ley 1257 de 2008, en documento adjunto, se relaciona la información de 21 de los 32 departamentos a nivel nacional, sobre la materia.

609.En el anexo N.º 2 de este artículo se encuentran los textos completos de estas leyes.

3.Medidas judiciales

610.Cabe mencionar las siguientes sentencias de la CCC:

a)Sentencia C-534-05: ver apartado sobre el artículo 4 de la Convención;

b)Sentencia C- 804-06: ver apartado sobre el artículo 5;

c)Sentencia C-540-08: ver apartado sobre el artículo 4; en el anexo de ese artículo se encuentran los textos completos de estas sentencias.

B.Artículo 16

611.Guarda relación con las recomendaciones generales N.º 19 y 21 del Comité.

1.Medidas administrativas

612.Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar, antes referenciado: ver respuesta a Art. 1 de este Informe.

613.El ICBF en aras de consolidar familias democráticas, tolerantes de las diferencias, respetuosas de la dignidad y de los derechos de sus miembros,sin distinción de edad, género, cultura, a través de los componentes de prevención, detección y vigilancia, atención y transformación institucional de la violencia intrafamiliar y sexual; aspectos que se entrelazan con el tema de restitución de Derechos entre los que se encuentran los Derechos Sexuales y Reproductivos, la Salud Sexual y Equidad de Género.

614.El ICBF desarrolla programas de prevención de la violencia intrafamiliar como:

615.Vivienda con Bienestar: Permite integrar directrices, lineamientos y acciones mediante procesos formativos y de acompañamiento terapéutico, dirigidas a las familias vulnerables y beneficiarias de subsidio de vivienda, orientados al reconocimiento, promoción y prevención de riesgos de vulneración de derechos.

616.Para la vigencia 2007 se vincularon y certificaron con el programa a 40.153 familias. En el año 2008 a 78.360 familias. En el 2009 a 38.440 familias. En el año 2010 el programa operó en 26 departamentos, se atendieron 41.560 familias.

617.Este programa busca incorporar a la política de vivienda del gobierno nacional, acciones complementarias que contribuyan a una convivencia sana, prevención de la VIF, mejoramiento de la habitabilidad y aplicabilidad de los derechos sexuales y reproductivos, facilitando su vinculación a la red de servicios institucionales y comunitarios. El programa tiene perspectiva de género, pues busca el bienestar y equilibrio en los roles de cada miembro de la familia, procurando minimizar las diferencias de oportunidades para la calidad de vida plena de hombres y mujeres, promover el desarrollo integral de la familia, mediante el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de cada uno de los miembros basado en la reestructuración de las relaciones interpersonales y con la participación comprometida en la educación, fomento de valores, y principios de los padres respecto a sus hijos.

618.Promoción de comportamientos pro sociales en las familias, niños y niñas de 4 a 6 años: Permite identificar comportamientos violentos o pro sociales para desarrollar acciones de aprendizaje cooperativo y moldeamiento tanto para niños y niñas como a sus familias. El modelo inició con un proyecto piloto en nueve regionales del ICBF (2007). Durante la vigencia 2009, el modelo se implementó en 14 Regionales en donde se desarrollaron talleres iníciales y de expansión a través de los cuales se formaron 5.250 agentes educativos comunitarios e institucionales. En el año 2010, se realizaron valoraciones de riesgo y prosocialidad a 3.361 niños y niñas. 69 Gestores de Paz y Convivencia Familiar brindaron acompañamiento y asesoría a las madres comunitarias y maestras jardineras para la promoción de prosocialidad en los servicios de Atención Integral a la Primera Infancia. Se atendieron a 751 familias de los niños y niñas con más alto riesgo de agresión y violencia temprana, a través de un ciclo planificado.

619.En este marco se desarrolló el proyecto “Modelos de Atención para la Prevención, Detección y Tratamiento de la Violencia Doméstica”, durante los años 2005-2007, que responde a la necesidad de contar con instrumentos para la atención de la VIF desde el sector educación, opera en Hogares Comunitarios de Bienestar y Jardines Infantiles del ICBF, como una alternativa para la prevención de la agresión de la primera infancia.

620.Modelo solidario de Familia: atención integral con enfoque diferencial incluyente e intervención sistémica a los niños, niñas, adolescentes y sus familias, el cual parte de una postura ético-política de inclusión, de participación y de solidaridad entre sus miembros y con la sociedad. Se materializa en la intervención a las familias a través de los diferentes programas del ICBF y del SNBF, en especial los atendidos por Defensorías de Familia, Comisarías de Familia e Inspecciones de Policía. Entre el periodo 2007-2010 se han capacitado alrededor de 755 servidores públicos del ICBF y 104 profesionales de Instituciones de Atención a Desvinculados a Grupos Armados al margen de la Ley en este modelo que permite el abordaje sistémico de la familia.

621.Convenios con la Armada Nacional, el Ejército Nacional para apoyar acciones de prevención de la violencia de las familias de esas entidades o beneficiarios de estos, a través de talleres de formación de promoción de la convivencia familiar con enfoque de género y de derechos sexuales y reproductivos. Talleres dirigidos al personal encargado en las fuerzas militares y a los encargados de programas para el bienestar social y de las familias de esas entidades.

622.Acciones para la promoción del ejercicio de la paternidad y maternidad responsable. A través de talleres y acciones de formación y sensibilización dirigidos a adolescentes, jóvenes y familias beneficiarias de los programas de prevención y atención del ICBF e involucradas en procesos de investigación de paternidad y/o maternidad en el país. Durante el año 2010 se realizaron acciones de formación en pautas de crianza, con enfoque diferencial y de género, a 20.000 familias beneficiarias del Programa Red Juntos y Vivienda con Bienestar del ICBF.

623.Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, antes referenciada. Entre sus líneas de acción se resaltan:

a)Promoción de la maternidad segura;

b)Planificación familiar;

c)Salud sexual y reproductiva de los adolescentes;

d)Prevención del cáncer de cuello uterino;

e)Prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA;

f)Prevención y atención de la violencia doméstica y sexual.

624.Convenio del ICBF con la Sociedad Colombiana de Pediatría. Se elaboraron guías o pautas de crianza, las cuales han sido trabajadas por los servidores públicos y agentes educativos comunitarios del ICBF en el país con los beneficiarios de los diferentes programas. Las pautas de crianza promueven el ejercicio responsable de la maternidad y paternidad teniendo en cuenta las diferencias generacionales y las diferentes situaciones a presentar en la familia. En el 2010 se realizaron acciones de formación en pautas de crianza, los cuales incluyeron el enfoque diferencial y de género, a 20.000 familias beneficiarias del programa Red Juntos y vivienda con bienestar del ICBF

625.Convenio entre el ICBF y PROFAMILIA. Realizó entre 2007 y 2008 acciones de formación y promoción de la integridad sexual y ejercicio de los derechos sexuales, para lo cual también se capacitaron agentes educativos

626.Convenio entre el ICBF y la OIM. Fortalecimiento de acciones de prevención y atención de eventos de salud sexual y reproductiva en 17 departamentos del país.

627.Suscripción de acuerdos con autoridades locales de salud para implementar los servicios amigables de salud. Fueron suscritos 47 acuerdos con autoridades de salud de 47 municipios.

2.Medidas legislativas

628.La violencia intrafamiliar se define comola acción ejercida por un miembro del grupo familiar hacia otro miembro, encaminada a producir un daño físico, psíquico o a la integridad sexual, o que contenga amenaza, agravio, ofensa o cualquier otro medio de agresión, valida de la fuerza.

629.La familia para efectos de la acción es aquella que se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la libre decisión de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

630.Ley 1257 de 2008, antes referenciada. En lo relacionado con la violencia intrafamiliar, se elimina la competencia de los jueces de paz para conocer las situaciones de violencia; asimismo, se amplía la gama de medidas de protección y se redefine el concepto de familia para la aplicación de la acción. En su Art. 34, amplía el espectro para facilitar que también puedan demandar protección quienes hayan cohabitado, es decir, que puede haber demanda esté o no vigente la convivencia. La acción de protección es empleada cada vez más por las víctimas de la violencia y se ha constituido en alternativa por las medidas de amparo que se otorgan, referenciada en el Art. 1.

631.El parágrafo 3º del Art. 17, confirma el carácter oficioso del delito, al señalar con relación a las medidas de protección en caso de VIF que: (…) La autoridad competente deberá remitir todos los casos de violencia intrafamiliar a la FGN para efectos de la investigación del delito de violencia intrafamiliar y posibles delitos conexos. Es decir, no requiere que la víctima impulse la acción.

632.Ley 1142 de 2007, antes referenciada en el Art. 1, que establece que el delito de la VIF no es querellable, es decir, no requiere el impulso de la víctima.

633.En el anexo N.º 2 de este informe se encuentran los textos completos de estas leyes.

3.Medidas judiciales

634.La Sentencia C-1198-08 dice:

(…) “Sin embargo, cabe advertir que el hecho de que el proceso penal se inicie de oficio cuando el autor del delito es capturado en flagrancia, no significa que éste necesariamente debe finalizar con sentencia condenatoria o deba surtir todas las etapas procesales que la Ley prevé para el efecto, pues es perfectamente posible que el proceso termine de manera anticipada con la aplicación de fórmulas como la conciliación, el desistimiento por el pago de la indemnización de perjuicios (artículo 76 del CPP), la aplicación del principio de oportunidad (artículos 321 y siguientes de la Ley 906 de 2004) o los casos de extinción de la acción penal (Art. 77 del estatuto procesal penal). Ello, por cuanto el proceso penal es idéntico respecto de los delitos que deben investigarse de oficio o para los que requieren instancia de parte, pues, como se dijo en precedencia, la querella es un requisito de procedibilidad de la acción penal y no hace parte de la naturaleza del delito.” (…)

(…) “no puede desconocerse el precedente contenido en la sentencia C-425 de 2008, según el cual sí procede la conciliación, recalcándose que siempre ha de consultarse el interés superior del menor y las garantías de la familia como núcleo esencial de la sociedad y que en aquellos comportamientos delictivos en los cuales el sujeto pasivo sea o haya sido un niño, una niña o un adolescente, deben los operadores judiciales tener presente, por su especialidad, las reglas consagradas (…) en el Código de la Infancia y la Adolescencia, que fija unos procedimientos especiales para esas circunstancias”.(…).

635.En el anexo Nº 3 de este artículo se encuentran los textos completos de estas sentencias.

VI.Otras cuestiones

A.Medidas adoptadas para eliminar la violencia

636.El presente apartado guarda relación con las anteriores observaciones del Comité (CEDAW/C/COL/CO/6, párr. 11).

1.Medidas administrativas

637.El Estado resalta la adopción e implementación de la Política de Seguridad Democrática en el período 2002-2006 y su consolidación para el período 2006-2010, así como el desarrollo de diversas estrategias (recuperación del territorio, desmovilización, cambios en la iniciativa militar y lucha contra el narcotráfico) que permitieron revertir la tendencia negativa que se presentaban a finalizar la década de 1990 en los principales indicadores de DDHH y DIH, lo cual significó cambios positivos en la situación de DDHH.

638.Entre 2002 y 2009, el pie de fuerza de la Fuerza Pública creció considerablemente, al pasar de 313.406 a 437.584 miembros, entre policías y militares, un cuerpo armado comprometido con el respeto de los DDHH. La recuperación paulatina del territorio nacional y el monopolio de la fuerza en manos del Estado se materializó en la instauración de la presencia de la Policía en los más de 1.100 municipios del país y en la profesionalización y eficiencia de l7a Fuerza Pública que lograron contrarrestar el avance de los grupos irregulares, a través del debilitamiento de sus estructuras. En cuanto a la intensidad de la confrontación armada, se pasaron de registrar 4.680 acciones armadas y 6.540 combates en el periodo entre 2002 y 2005 a 2.548 acciones y 4.827 combates entre 2006 y 2009. La disminución registrada en los combates entre los dos cuatrienios es el resultado de la ejecución de la PSD y de sus campañas militares el Plan Patriota y Consolidación que neutralizaron de manera contundente la capacidad de daño de los grupos armados irregulares, en particular de la guerrilla; labor que se continua.

639.Respecto a los homicidios, el periodo entre 2002 y 2009 se caracteriza por la disminución en el número de homicidios, registrando los niveles más bajos en la comisión de este delito desde 1990, por una parte debido al incremento de la capacidad ofensiva de la Fuerza Pública y la desmovilización de los grupos de autodefensa.

640.Para 2002, se registraron los niveles más elevados en cuanto a homicidios en más de una década, al presentarse 28.775 muertes violentas. Para el año 2009, se presentaron 15.817, lo que significa un avance positivo en la lucha contra este delito, al reducir los índices de homicidio en un 45% entre estos dos años.

641.El Informe del Observatorio de DDHH del PPDDHH, antes referenciado, Una primera aproximación a la violencia ejercida contra las mujeres 2003-2009, señala que durante ese periodo se registró un total de 128.478 homicidios, de los cuales el 91,99% de las víctimas fueron hombres (118.059) y el 8% mujeres (10.285). En el caso específico de las mujeres víctimas de homicidio, en los siete años considerados, se evidencia una tendencia descendente, al pasar de 1.931 muertes violentas en 2003 a 1.261 muertes en 2009, que significa una reducción del 34%. La mayor participación de los homicidios cometidos contra mujeres en el total de homicidios en el periodo estudiado se presenta en 2003, con un 8,2%.

642.Durante los siete años analizados en el presente documento, se registraron un total de 1.656 víctimas de masacres, de las cuales el 86% (1.429) fueron hombres y el 13,98% (217) mujeres; de la misma manera, es importante aclarar que en 41 casos (0,02%), no se tiene información respecto del sexo de la víctima.

643.Respecto a secuestros, según el documento del Observatorio de DDHH, entre 2003 y 2009 se presentaron un total de 6.219 plagios en Colombia, de los cuales el 76% (4.738 casos) tuvo como víctimas a hombres, mientras que el 24% restante (1.481) fue cometido contra mujeres. En términos generales, la variable de secuestro registró una tendencia descendente durante todo el periodo; en esta medida, si se comparan las cifras de mujeres secuestradas en 2009 con las de 2003, se obtiene que el número de víctimas disminuyera en un 90%, al pasar de 464 a 46.

644.En lo concerniente a autoridades locales, sindicalistas, homicidio contra mujeres líderes sociales y comunitarias, revisar respuesta del Estado al artículo 7 de este informe.

645.Las cifras antes referenciadas nos muestran que la violencia en el país ha disminuido y la seguridad para los ciudadanos y ciudadanas ha aumentado considerablemente en los últimos años, gracias de la puesta en marcha y consolidación de la PSD.

646.Política Integral de DDHH y DIH (MDN). Establece el mandato constitucional de exigir a la Fuerza Pública garantizar los derechos y libertades de la población, y la obligación de adoptar medidas en favor de grupos especiales que requieran atención diferenciada (indígenas, afrodescendientes, desplazados, mujeres, niños, víctimas de desaparición forzada, defensores de DDHH, sindicalistas, periodistas, miembros de la Misión Médica y los beneficiarios de medidas cautelares y provisionales del Sistema Interamericano de DDHH; entre otros).

647.En este marco, el MDN adoptó la Directiva Ministerial N.º 11 de 2010 cuyo objeto es Prevenir todas las formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, especialmente los actos sexuales violentos: Tolerancia Cero a la Violencia Sexual, en refuerzo de otras medidas adoptadas tales como la Circular Permanente N.º 630134 de 2009 del Ejército Nacional sobre Políticas de Mando sobre observancia y respeto a los DDHH de las Mujeres, y la Circular N.º 1281 de 2006 de la Armada Nacional que impulsa medidas de prevención, promoción, protección de los derechos de las mujeres.

648.De igual manera, en agosto de 2010, el MDN adoptó la Política en Derechos Sexuales y Reproductivos, Equidad, VBG, Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en VIH que promueve medidas para fortalecer el respeto y la aplicación de las normas en relación con los delitos de violencia basada en género, mediante el desarrollo de estrategias sobre la no impunidad, ni la tolerancia de este tipo de violaciones; y la equidad de género al interior de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; entre otros. (Anexo 1 de este artículo)

649.Estas estrategias se enmarcan en los avances que el MDN ha adoptado para la implementación de la Resoluciones del Consejo de Seguridad sobre: Mujer, Paz y Seguridad para la prevención de la VBG con énfasis en violencia sexual cometido en situaciones donde se aplica el DIH. Entre las acciones que se están desarrollando, las que se fortalecerán y se establecerán se encuentran, entre otras, medidas de:

a)Promoción y prevención;

b)Formación;

c)Atención integral;

d)Investigación;

e)Garantía de Derechos;

f)Seguimiento y Monitoreo, que promueven y/o establecen acciones para la disciplina militar; refutación de mitos que alimentan la violencia sexual (capacitación curricular y extracurricular);

g)Protocolos para garantizar la accesibilidad a los servicios de atención integral a las víctimas de actos de VBG-violencia sexual e intrafamiliar;

h)Medidas para la protección a víctimas;

i)Medidas para fortalecer la disciplina militar y cooperar de manera efectiva con la justicia para informar de manera oportuna a las autoridades judiciales y disciplinarias competentes los posibles casos de actos sexuales violentos en persona protegida;

j)Seguimiento y monitoreo a través de registro y seguimiento actualizado a las investigaciones en curso por delitos relacionados con violencia sexual.

650.Respecto a estrategias para el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de la violencia en el marco de la confrontación armada, se desarrolla:

651.FGN- Programa con metodología diferencial y específica para atender el impacto desproporcionado, en términos cuantitativos y cualitativos, de la confrontación armada y del desplazamiento forzado sobre las mujeres: Se focaliza en los siguientes componentes principales:

a)Construcción de una base de datos exclusiva y diferencial para los casos de violencia sexual en el marco de la violencia perpetrada por los grupos ilegales;

b)Realización de Comités Técnico-Jurídicos de impulso de casos, autoevaluación y análisis de resultados, estrategias de optimización y acompañamiento especial;

c)Investigación Diferencial: Herramientas para incrementar la eficiencia en el trámite de las investigaciones a través del abordaje diferencial de los casos, técnicas de entrevista y observancia del enfoque psicosocial;

d)Capacitación a los operadores jurídicos;

e)Creación de Centros de Atención a Víctimas de modelo de gestión interinstitucional e interdisciplinario, encaminado a la protección y asistencia de las víctimas de violencia sexual (CAIVAS);

f)Articulación interinstitucional e intrainstitucional en la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco de la violencia exacerbada perpetrada por los grupos armados ilegales y en la lucha contra la impunidad frente a los casos de violencia sexual.

652.Proyecto de Lucha contra la Impunidad en casos de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado (2010-2013). Cuenta con dos ejes temáticos:

a)Desarrollo organizacional para la investigación, juzgamiento y sanción de casos de violencia sexual en marco de la violencia armada: busca asegurar la existencia de mecanismos organizacionales que permitan la definición de acciones en la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de este tipo de casos. El cumplimiento de este objetivo involucra estrategias en materia de desarrollo organizacional, capacitación a los operadores jurídicos, el desarrollo de una metodología específica de investigación;

b)Atención y protección a víctimas y testigos: busca promover el reconocimiento de las víctimas de violencia sexual y promover su participación en los procesos de investigación, sanción y reparación a través del desarrollo de estrategias de concientización, asistencia legal y de rutas interinstitucionales de atención .

653.El Estado colombiano es consciente de los retos existentes para la identificación de la violencia sexual en el marco de la confrontación armada, la lucha contra la impunidad en estos casos, y a una debida atención y reparación a las víctimas, por lo que está trabajando de manera conjunta a nivel estatal para aunar esfuerzos y potencializar las acciones ya dispuestas para este fin.

Atención a víctimas de minas

654.Política de acción integral contra minas antipersonal 2009-2019 y Política de atención integral contra minas antipersonal 2009-2012 (CONPES 3567 de 2009): el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal busca incorporar la perspectiva de género en las políticas de asistencia integral a las víctimas de MAP/MUSE y de Educación en el Riesgo de Minas, en este sentido, en ambas políticas se incorporó el enfoque de goce efectivo de derechos como el enfoque diferencial.

Atención a la población en proceso de desmovilización y reintegración

655.Estrategia de equidad de género implementada en favor de la población desmovilizada-ACR. Esta estrategia busca: a) contribuir con la eliminación de la discriminación contra las mujeres en el proceso de reintegración y mujeres que hacen parte de las familias de los desmovilizados; b) Responder a las diferentes necesidades de las y los participantes mujeres y hombres y sus dependientes; c) Contribuir con la transformación de los aspectos de la identidad masculina y femenina que impiden al participante y sus familias el desarrollo de un proyecto de vida sin violencia basado en el ejercicio de derechos y deberes. La ACR emprende la tarea de desarrollar atención psicosocial diferenciada, cuya naturaleza es la de entender sensiblemente las necesidades, problemáticas, intereses y alcances de cada participantes y sus familias y, simultáneamente, canalizar estas características a favor de la reintegración social.

Mecanismos de seguimiento que evalúan las estrategias implementadas para la promoción y protección de los derechos de las mujeres

656.La ACPEM, junto con el MRE, en aras de incorporar estándares internacionales al accionar del Estado colombiano para la adopción de normativa, el diseño de políticas, planes y programas que promuevan la protección de los DDHH de las Mujeres, hace seguimiento a los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Colombiano y a las recomendaciones de los mecanismos de protección de los DDHH del sistema Universal (Naciones Unidas) y Regional (OEA) referentes a los derechos de las mujeres. Esta estrategia se fortalece con las actividades desarrolladas en el marco del OAG y con la creación de la Mesa Interinstitucional para la Erradicación de la VCM, antes referenciadas.

657.CNRR- Modelo de Atención Integral a Victimas: contempla medidas de atención, para dar una atención adecuada a las víctimas del conflicto armado, hacer una buena referenciación e identificar necesidades en la atención psicosocial. Establece recomendaciones y rutas especiales de atención en casos de víctimas de delitos de desaparición forzada y violencia sexual, modelos actualizados con base a instrumentos internacionales (véase anexo N.º 3 de este artículo).

658.Manual de Documentación de Casos y de Orientación a Mujeres Víctimas de la Violencia de Género en el marco del Conflicto Armado, herramientas técnicas y éticas de atención para las mujeres (mayo de 2011). De igual manera, ha trabajado en la construcción de lineamientos para realizar una atención adecuada a mujeres víctimas de violencia de género, especialmente violencia sexual en el marco del conflicto armado. Durante el 2007, 2008 y 2009 se realizaron procesos formativos con los y las funcionarias de las Sedes Regionales de las CNRR y otras instituciones en temas de enfoque diferencial por género, ciclo vital y etnia. Como producto se elaboró el Manual de Documentación de Casos y de Orientación a Mujeres Víctimas de Violencia de Género en el marco del Conflicto Armado (véase nexo N.º 2 de este artículo).

659.Modelo de Prevención Secundaria de la Violencia Intrafamiliar para familias con por lo menos un integrante en proceso de reintegración. Este modelo se desarrolló en el marco de las acciones de la ACR que promueve vínculos de no violencia entre género, tanto en los participantes como en sus familias, desarrollando temáticas relacionadas con el mejoramiento de las relaciones. Se trabajan casos de violencia intrafamiliar, violencia basada en género y abuso sexual, con el fin que los participantes y sus familiares comprendan la importancia de escucharse y asuman posturas de respeto frente al otro, sin usar formas violentas para resolver diferencias.

Medidas adoptadas por la Fuerza Pública para la prevención de la violencia contra la mujer

660.Entre otras, se resaltan las siguientes:

a)Incorporación en la malla curricular de las Escuelas de formación y capacitación de la Fuerza Pública los contenidos temáticos en materia de prevención de la violencia basada en género: violencia sexual,

b)Realización de diplomados en salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos y equidad de género para docentes formadores de la Fuerza Pública;

c)Plan de divulgación masivo de materiales relacionados con salud sexual y reproductiva, DDHH sexuales y reproductivos, VIH y violencia basada en género (afiches, portafolios y comerciales radiales);

d)Gestión y desarrollo de la VI Reunión satélite del Comité de Prevención y Control del VIH/SIDA de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Latinoamérica y el Caribe- COPRECOS LAC (Marzo 17-20 de 2010);

e)Diplomados de actualización a médicos generales sobre manejo de programas locales de VIH/SIDA, Plan Nacional de Salud Pública, prevención de violencia intrafamiliar y basada en género. Capacitación al personal de salud de las cuatros fuerzas de Bogotá, Medellín, Villavicencio, Cali, Barranquilla y Bucaramanga (2007-2008);

f)Estrategia de capacitación para las 23 escuelas de formación de la fuerza pública en derechos sexuales y reproductivos y salud sexual y equidad de género en el año 2008 (se capacitaron 40 docentes y personal de salud de cada escuela);

g)Estrategia de capacitación para batallones en zonas de conflicto: Montes de María, Magdalena Medio y Pacífico se visitaron 12 unidades militares entre 2008 y 2009, priorizando 3 temas: Prevención de embarazo en adolescente, prevención de la VBG con énfasis en violencia sexual y prevención del VIH/SIDA;

h)Implementación del sistema de información con perspectiva de género para el área de la salud sexual y reproductiva, en la Policía Nacional y está en proceso de implementación en el subsistema de salud de las Fuerzas Militares;

i)Desarrollo de actividades de prevención y atención de la violencia basada en género y construcción de nuevas masculinidades;

j)Elaboración del video institucional del MDN para promover la “Cero Tolerancia e Impunidad de las Violencias contra la mujer en la Fuerza Pública”; entre otros.

661.Ver en Anexo 3, sobre la Información sobre Atención a Víctimas de la Violencia.

2.Medidas legislativas

662.Cabe mencionar:

a)Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz, Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la Ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios;

b)Decreto 1290 de 2008 Reparación individual por vía administrativa, que prevé medidas indemnizatorias a las victimas de distintos delitos en el marco del conflicto armado colombiano. En este, se incluyó la indemnización a delitos que atenten contra la libertad y la integridad sexual de las personas;

c)Directiva Ministerial Permanente 11 de 21 de julio de 2010- CERO TOLERANCA VIOLENCIA SEXUAL, se reitera el cumplimiento por parte de la Fuerza Pública de su obligación de prevenir, en ejercicio de su función, todas las formas de VCM y las niñas, específicamente los actos sexuales violentos;

d)Ley 1015 de 2006 Régimen Disciplinario de la Policía Nacional y Ley 836 de 2003 Régimen Disciplinario de las Fuerzas Militares;

e)Circular Permanente N.º 630134 de 2009 “Políticas de Mando sobre observancia y respeto a los DDHH de las Mujeres”;

f)Circular N.º 1281 de 2006 de la Armada Nacional, antes referenciada;

g)Instructivo N.º 015 de 2007 de la Policía Nacional, mediante el cual se dispone la promoción de la igualdad y equidad de género en la institución.

663.En el anexo N.º 4 de este artículo se incluyen los textos completos de estas leyes

3.Medidas recientes o en curso

Proyecto de Ley por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH y se dictan otras disposiciones

664.Tiene por objeto reunir las disposiciones existentes en torno a la atención, protección y reparación a las víctimas de la violencia, introducir otras herramientas en el mismo sentido e implementar los mecanismos necesarios para materializar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como para garantizar que las violaciones de DDHH perpetradas en su contra no se vuelvan a repetir.

665.El proyecto busca llegar a crear un sistema nacional de atención y reparación a las víctimas de los grupos armados ilegales, en donde estén incluidas todas las víctimas de la violencia, sin distingos de género, etéreos, racionales, étnicos o de militancia política. Pretende reparar integralmente a las víctimas de la violencia, atendiendo y restableciendo a las mismas desde el ámbito de los derechos mínimos y básicos: salud, educación, vivienda y ofreciendo posibilidades y condiciones mínimas a las víctimas de volver a rehacer su proyecto de vida a partir de volver a las condiciones de statu quo anterior a la violación y al despojo. Dicta medidas de reparación integral en temas de restitución, rehabilitación, garantías de no repetición, satisfacción y reparación colectiva.

666.El proyecto tiene dentro de sus principios el principio de igualdad, e incorpora el enfoque diferencial para su aplicación. El texto garantiza la atención psicosocial, médica y psicológica especializada y personal capacitado en atención de víctimas de violencia sexual y género para que asesore y asista a las víctimas, cuenta con un apartado especial para atención, protección y reglas especiales de procedimiento y prueba en temas de violencia sexual; contiene un apartado específico que busca dar garantías adicionales a las mujeres en los procesos de restitución de tierras; un capítulo específico de protección y garantía de reparación de niños, niñas y adolescentes; y en distintas disposiciones busca dar garantía a la protección, atención, reparación y participación de las mujeres víctimas.

667.Programa Institucional de Reparaciones Colectivas (CNRR). En julio de 2011, la CNRR presentará las recomendaciones finales de cómo reparar a las comunidades, organizaciones y zonas más afectadas en el país, trabajo que viene realizando desde el 2007.

668.Diagnóstico sobre los Riesgos diferenciales experimentados por las Mujeres frente a la amenaza de las Minas Antipersonal y los impactos diferenciales vividos tras los accidentes. El PAICMA se encuentra en la primera fase de construcción de este diagnóstico. Este documento constituirá la base que permitirá diseñar estrategias específicas de intervención y adopción de protocolos en prevención, atención integral a las víctimas y desminado humanitario que incorporen plenamente la problemática de género de manera que se garantice el goce efectivo de derechos por las mujeres víctimas de MAP/MUSE en las zonas rurales.

669.Estrategia de equidad de género implementada en favor de la población desmovilizada-ACR. Se trabajará en fortalecer la ruta de generación de ingresos de las mujeres en proceso de reintegración e incorporar la perspectiva de género en todos los servicios de reintegración económica. Dado que uno de los retos principales en temas de reintegración y género, es superar la brecha en generación de ingresos entre mujeres y hombres en proceso de reintegración.

B.Atención a población desplazada

670.El presente apartado guarda relación con la recomendación del Comité (CEDAW/C/COL/CO/6, párr. 13).

671.El Estado Colombiano hará referencia a los programas, estrategias, medidas legislativas y judiciales, y los proyectos futuros a desarrollar para la atención integral diferenciada a las mujeres víctimas del desplazamiento forzado.

1.Medidas administrativas

672.El Estado colombiano tiene la responsabilidad constitucional y el deber legal de atender y garantizar el goce efectivo de los derechos de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por la violencia. El Gobierno Nacional ha considerado fundamental incorporar el enfoque diferencial de género a la Política Pública de Atención a la Población Desplazada, siguiendo un proceso técnico, adoptando una serie de programas, proyectos y acciones específicas dirigidas a reconocer y atender los riesgos y vulnerabilidades que viven las mujeres en el marco del desplazamiento.

673.Por tal motivo, desde el 2006, la ACPEM y ACNUR suscribieron un convenio de cooperación cuyos resultados principales fueron el diseño de la Directriz de Atención Integral para la Población Desplazada con Enfoque Diferencial de Género; la capacitación en Género y Desplazamiento a funcionarios públicos, colectivos de mujeres y a grupos de mujeres desplazadas; la Asistencia técnica a entidades responsables de la política de atención integral a la población desplazada; y la realización de Proyectos piloto basados en diagnósticos participativos en lo local con el fin de lograr la articulación de las entidades del orden nacional con las administraciones locales en la implementación de los lineamientos de la Directriz. En este marco, se diseñaron planes de acción entregados a los Comités Municipales de atención a población desplazada.

674.En el año 2008, en el marco del seguimiento a la Sentencia de Tutela 025, la Corte Constitucional expidió los Autos 092 y 387 ordenando al Gobierno Nacional, entre otras cosas, el diseño de 13 programas dirigidos específicamente a mujeres en riesgo o situación de desplazamiento:

a)Programa de Prevención de la Violencia sexual contra la mujer desplazada y atención integral a sus víctimas;

b)Programa de Prevención de la violencia intrafamiliar y comunitaria contra la mujer desplazada y atención integral a sus víctimas;

c)Programa de Promoción de la salud de las mujeres desplazadas;

d)Programa de Mujeres Productivas;

e)Programa de Apoyo educativo para las mujeres desplazadas mayores de 15 años;

f)Programa de Facilitación del acceso a la propiedad de la tierra por las mujeres desplazadas;

g)Programa de promoción de la participación de la mujer desplazada y de prevención de la violencia contra la mujeres desplazadas líderes o que adquieren visibilidad pública por sus labores de promoción social cívica o de los DDHH;

h)Programa de acompañamiento psicosocial para las mujeres desplazadas;

i)Programa de eliminación de las barreras de acceso al sistema de protección por las mujeres desplazadas;

j)Programa de prevención del impacto de género desproporcionado del desplazamiento;

k)Programa de Protección de los derechos de las mujeres indígenas desplazadas;

l)Protección de los derechos de las mujeres afrodescendientes desplazadas;

m)Programa de Garantía de los derechos de las mujeres desplazadas como víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición.

675.El Gobierno Nacional ha diseñado los trece programas, sin embargo, en la actualidad se están implementados 10. A continuación se darán a conocer, algunos de los avances y las dificultades evidenciadas en el marco de la implementación de estos programas.

676.Se han obtenido los siguientes avances:

a)Estrategia Nacional para la Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales de las Mujeres en Riesgo o en Situación de Desplazamiento;

b)Desarrollo de cinco talleres regionales para promover la implementación de los programas en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Sucre, Guaviare y Bogotá;

c)Construcción de 10 manuales operativos correspondientes a 10 programas específicos y proceso de validación institucional de 7 de estos manuales;

d)Ajustes normativos y expedición de lineamientos para disminuir las barreras de acceso a la oferta institucional a las mujeres víctimas;

e)Mecanismos de caracterización que permitan establecer de manera concreta las necesidades específicas de cada una de las mujeres víctimas y sus grupos familiares;

f)Procesos de formación y orientación ocupacional, laboral y estabilización socioeconómica para mujeres víctimas del desplazamiento forzado por la violencia;

g)Formulación de Planes de Acción para la implementación de programas en 5 departamentos;

h)Diseño de la cartografía de vulnerabilidad de los derechos sobre la tierra de las mujeres desplazadas en Colombia;

i)Acciones para promover el aseguramiento en Salud de las Mujeres Desplazadas y sus grupos familiares, el mejoramiento en la calidad de los servicios de salud, la conformación redes de servicios de salud, la participación y control social, programas de violencia intrafamiliar, sexual y de género, salud sexual y reproductiva, salud mental y gestión en sistemas de información incluyendo IPS y EPS;

j)Implementado modelos pedagógicos flexibles para el Apoyo Educativo a las Mujeres Desplazadas Mayores de 15 Años;

k)Socialización por parte del MPS a las Secretarías de Salud departamentales y municipales los lineamientos de abordaje psicosocial a las mujeres víctimas;

l)Acciones de información y capacitación sobre derechos sexuales y reproductivos, prevención de violencia sexual e intrafamiliar, rutas locales de atención, acceso a servicios en talleres dirigidos a mujeres y sus organizaciones;

m)Cobertura de alrededor de 3.600 mujeres víctimas, en el desarrollo del Programa Mujeres Productivas.

677.Cabe mencionar las siguientes dificultades:

a)La simultaneidad del proceso de diseño de 13 programas específicos favoreció la desarticulación entre las instituciones, dado el corto plazo para el cumplimiento de la orden;

b)Posterior a la expedición de los Autos 092 y 237, la C.C.C. emitió Autos de seguimiento que implicaron el diseño, redefinición, ajuste o complemento de programas y políticas para prevenir, proteger, atender y reparar de manera integral a la población víctima del desplazamiento forzado por la violencia, lo cual limitó la posibilidad de implementar algunos programas;

c)No se ha logrado transferir los programas de manera efectiva al ámbito territorial;

d)Los programas cuentan con presupuestos y coberturas dispares de acuerdo con la capacidad de acción de las instituciones en el marco de la política pública, lo cual refleja un proceso no homogéneo en la implementación del conjunto de programas;

e)Bajo impacto en el ámbito local, en términos de disminución de la discriminación, optimización y oportunidad en los procesos de atención y baja capacidad del ámbito territorial para absorber la oferta programática;

e)Falta de un sistema unificado de información que permita el seguimiento, monitoreo y evaluación a las actividades previstas en los programas, y que visibilice la contribución de las entidades responsables de su implementación.

678.Teniendo en cuenta, los retos existentes para la debida implementación de estos programas y la atención integral a las mujeres víctimas en situación de desplazamiento, en el acápite de proyectos futuros, se darán a conocer las medidas que se proponen adoptar por parte del Gobierno Nacional.

679.Por su parte, en el marco de estrategias de monitoreo y seguimiento a las órdenes impartidas por la Corte, la Defensoría del Pueblo ha avanzado en:

a)Seguimiento permanente a la situación de las mujeres desplazadas en el país a través de la interlocución y comunicación permanente con mujeres víctimas, mujeres líderes de organizaciones de población desplazada, organizaciones de mujeres y organizaciones de defensoras de DDHH;

b)Requerimientos periódicos a las entidades responsables, y análisis de la información de manera continua en relación con el diseño e implementación de cada uno de los 13 programas;

c)Propiciar espacios para que las mujeres líderes en riesgo puedan exponer su situación y necesidades en materia de seguridad y protección a las autoridades competentes, y se ha brindado orientación y asesoría a las mujeres líderes que lo han requerido;

d)Conocer de casos concretos de situaciones de riesgo, amenazas y ataques en contra de mujeres líderes, organizaciones de mujeres desplazadas, y de las organizaciones de mujeres y defensoras de DDHH que las representan, direccionando inmediatamente los casos al Ministerio del Interior y a la Policía, y haciendo seguimiento necesario para que se brinden medidas de protección adecuadas y eficaces de manera oportuna.

2.Medidas legislativas

680.Cabe mencionar:

a)Decreto 250 de 2005: Se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y se dictan otras disposiciones, en el cual se incorpora el enfoque diferencial como un principio orientador de la política pública en la medida que permite definir las características, condiciones y criterios que guiarán los diferentes programas y acciones que desarrolla el SNAIPD;

b)Acuerdo N.º 3 de 2006 del CNAIPD, se definen acciones para garantizar el derecho de la población desplazada a ser protegida contra prácticas discriminatorias. Dicho acuerdo busca superar cualquier práctica discriminatoria sobre la población en situación de desplazamiento “so pena de hacerse acreedor a las investigaciones y sanciones de orden disciplinario a que haya lugar”, a la luz de ofrecer un servicio cálido y oportuno a la población;

c)Acuerdo N.º 8 de 2007 del SNAIPD “por el cual se adoptan medidas tendientes a evidenciar y profundizar las acciones diferenciales existentes dentro de la política pública de atención a la población en situación de desplazamiento”;

d)Ley 1257 de 2008, antes referenciada, en su Art. 9 establece medidas específicas para las mujeres que se encuentran en zonas de riesgo de desplazamiento.

3.Medidas judiciales

680.Cabe mencionar:

a)Sentencia T-025-04, antes referenciada;

b)Auto 092 y 237 de 2008 de la C.C.C para la “Protección de los Derechos Fundamentales de las mujeres en riesgo ó en situación de desplazamiento” ordena la creación de 13 programas específicos para contrarrestar los riesgos de género en el conflicto armado y las facetas de género del desplazamiento forzado;

c)Auto 116 de 2008 de la C.C.C. dio a conocer los Indicadores Goce Efectivo de Derechos definitivos y ordenó al Gobierno Nacional el cálculo de esta batería;

d)Sentencia T- 496-08 de la C.C.C.: La Corte señala: “(…) La condición de víctimas del conflicto armado y de miembros de organizaciones que promueven los derechos de las víctimas, que concurre en las demandantes, unida al contexto del asesinato en secuencia de mujeres ubicadas en similares condiciones, las coloca en una situación de riesgo extraordinario específico e individualizable, no genérico; concreto en cuanto se basa en hechos verificables; actual, por cuanto tal como lo refieren informes recientes de organismos internacionales el proceso de justicia y paz se desarrolla en medio de expresiones de violencia propias del conflicto (supra 7); importante y serio en cuanto amenaza las posibilidades de acceso real a sus demandas de justicia, y aún su integridad y su vida; claro y discernible por cuanto se trata de mujeres que lideran procesos sociales y/o pertenecen a zonas del país calificadas por el mapa de riesgos como de nivel extraordinario o alto”. (…) Entre algunas de las órdenes para el MIJ y la FGN, se señala: (…) “Desarrollar las acciones necesarias orientadas a efectuar una revisión integral del Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz, a fin de adecuarlo a los principios y elementos mínimos de racionalidad (Supra 8) que conforme a la jurisprudencia y la práctica internacional deben orientar y contener una estrategia integral de protección satisfactoria de las víctimas y testigos de los procesos en los que se investiga grave criminalidad o criminalidad de sistema, como aquella de la cual se ocupan los procesos de esclarecimiento judicial de Justicia y Paz”;

e)Sentencia T-042-09 de la C.C.C. Resolvió el caso de una mujer desplazada a quien le fue negado el registro en el RUPD porque el desplazamiento forzado tuvo origen en la relación sentimental que sostenía con un integrante de un grupo armado al margen de la Ley. (…) “La Sala considera que el material probatorio allegado al expediente es suficiente para concluir que se encuentra en situación de desplazamiento forzado y, en consecuencia, ordenará a la accionada: i) realizar la inscripción de la peticionaria en el RUPD; ii) otorgar la ayuda humanitaria de emergencia a que tiene derecho; iii) orientar y acompañar a la peticionaria para que tenga acceso a los programas de atención para la población desplazada, tanto de aquellos que se encuentran en funcionamiento como los que la entidad haya adoptado en acatamiento del Auto 092 de 2008 de esta Corporación;

f)Sentencia T–045-10 de la C.C.C. Sobre Victimas de Conflicto Armado Interno-Se debe incluir atención psicológica y psiquiátrica especializada dentro de la prestación de los servicios de Salud. La Corte señala: (…) “La necesidad de prestar atención psicológica y psiquiátrica a las víctimas del conflicto armado se desprende de las serias afectaciones en la salud y daños graves a la integridad mental que asumen distintas particularidades dependiendo del contexto social y cultural de la persona. “La salud mental abarca -entre otros aspectos- el bienestar subjetivo, la percepción de la propia eficacia, la autonomía, la competencia, la dependencia intergeneracional y la autorrealización de las capacidades intelectuales y emocionales. En virtud de lo anterior, se requiere de una atención en salud mental que permita su recuperación, dentro de la que debe contemplarse la necesidad de romper el aislamiento, reconocer sus experiencias de miedo, identificar sus enfermedades, permitirles hablar de sus sentimientos de vergüenza y de culpa y romper los tabúes que los alimentan. Y, lo más importante, permitirles hablar de lo que vivieron y facilitar la reflexión en la comunidad, combatiendo la estigmatización y promoviendo actitudes positivas que permitan el reconocimiento de las víctimas”.

4.Situación actual y estadísticas

681.El Estado Colombiano ha puesto en marcha herramientas y sistemas de información creadas por las distintas instituciones para la medición del fenómeno del desplazamiento y sus efectos en el ejercicio y garantía de los derechos de la población desplazada, así como de las mujeres que se encuentran en esta situación. El RUPD nos señala que se han declarado como desplazados internos 829.625 hogares (3.625.672 personas) de 1.123 municipios y corregimientos departamentales, como consecuencia de las circunstancias descritas en el artículo primero de la Ley 387 de 1997; es decir, que el 7,5% de la población colombiana se ha reconocido como desplazada forzadamente.”

682.Según el RUPD, el 51% (1.833.179 personas) de las personas desplazadas son hombres mientras que el 49% (1.792.493 personas) son mujeres. Es pertinente destacar que entre los años 1998 y 2004 la expulsión masculina fue mayor y a partir de 2005 lo es la expulsión femenina. Así mismo, con relación a la edad de la población en situación de desplazamiento forzado, el 7,2% (260.746 personas) correspondía a niños de primera infancia (0 a 5 años), el 21,5% (780.158 personas) eran niños, niñas y adolescente entre los 6 y 14 años, el 9,8% (354.158 personas) eran jóvenes (ver Anexo N.º 1 de este informe).

683.Además del RUPD, el Estado ha adoptado medidas para que de manera progresiva se incorpore la variable de persona en situación de desplazamiento en los registros que las entidades tienen. Es así como el INML y CF, en su publicación anual Forensis y Masatugó presenta información sobre los casos reportados para su correspondiente investigación sobre mujeres desplazadas que buscan dar elementos para la administración de justicia, que incluyen las distintas tipologías de violencia (ver Anexo 2 de este artículo).

684.La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo el Sistema de Alertas Tempranas, el cual cuenta con indicadores de género, empleados para emitir informes de riesgo que dan cuenta de las distintas situaciones de desplazamiento y violencia que enfrenta la población civil que requieren una intervención directa y urgente a fin de evitar la ocurrencia de este hecho u otros delitos contra la población civil.

685.Con ocasión de los Autos 092 y 237, instituciones como Acción Social ha realizado una cartografía de vulnerabilidad de la tenencia de la tierra de las mujeres desplazadas, antes referenciada, y el MPS realizó tamizajes a mujeres en situación de desplazamiento en 30 departamentos del país durante el año 2009.

686.Estos son algunos avances y herramientas para la producción de información relacionada con la situación de las mujeres desplazadas que dan cuenta igualmente de los retos que tiene el Estado en su conjunto para prevenir, proteger y atender de manera integral este fenómeno así como facilitar herramientas para la intervención frente a riesgos y vulnerabilidades específicas de esta población.

5.Medidas recientes o en curso

687.El Gobierno Nacional presentó a la C.C.C., propuesta de responder a los riesgos diferenciales y específicos de las mujeres –evidenciados en el Auto 092- a través de un Plan Integral que contenga los 13 programas, debido a las grandes dificultades que se han presentado en los procesos de articulación interinstitucional, intrainstitucional y con el nivel territorial. Dicho plan se diseñaría con participación de las mujeres víctimas y las organizaciones que las representan. Junto a esta propuesta, la ACPEM presentó una estrategia para hacer transversal la perspectiva de género en las políticas, planes y programas dirigidos a población desplazada, en aras de potenciar la atención a mujeres en riesgo o situación de desplazamiento a través de las grandes políticas dirigidas a la prevención y atención del desplazamiento forzado.