Introducción
La República Popular China presenta al Secretario General de las Naciones Unidas el noveno informe periódico sobre la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante, la Convención), con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 18 de dicho texto. El presente documento se ha elaborado siguiendo las directrices sobre los informes periódicos que los Estados partes deben presentar y que fueron aprobadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en adelante, el Comité). En él también se informa sobre la aplicación de las observaciones finales que el Comité formuló en octubre de 2014 (CEDAW/C/CHN/CO/7-8).
El presente informe se divide en tres partes. La primera ha sido preparada por el Gobierno Central de la República Popular China y en ella se describe cómo se ha aplicado la Convención en el país durante el período 2014-2017. Las partes segunda y tercera han sido preparadas por el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong y el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Macao, respectivamente, y se centran en la aplicación de la Convención en cada una de dichas regiones de la República Popular China.
La elaboración del informe del Gobierno Central corrió a cargo del Comité Nacional de Trabajo sobre el Niño y la Mujer, dependiente del Consejo de Estado. Para su redacción se creó un grupo de trabajo formado por 29 instituciones, departamentos gubernamentales y organizaciones chinas, a saber, la Comisión de Asuntos Legislativos del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo, el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema, el Departamento de Organización del Comité Central del Partido Comunista de China (PCC), el Departamento de Publicidad del Comité Central del PCC, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Comisión Estatal de Asuntos Étnicos, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Asuntos Civiles, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Cultura y Turismo, la Comisión Nacional de Salud, la Administración Nacional de Radio y Televisión, la Administración General del Deporte, la Oficina Nacional de Estadística, la Administración Nacional de la Seguridad Sanitaria, la Oficina del Grupo Principal sobre Mitigación de la Pobreza y Desarrollo del Consejo de Estado, la Federación de Sindicatos (ACFTU), la Federación de Mujeres, la Federación de Personas con Discapacidad y la Asociación para la Ciencia y la Tecnología.
En el proceso, el Comité Nacional de Trabajo sobre el Niño y la Mujer convocó a dicho grupo a una reunión en la que se debatieron distintos asuntos relacionados con la preparación del informe y se celebró un seminario para hablar sobre el primer borrador. Se informó a las partes interesadas sobre las disposiciones de la Convención y distintas cuestiones relacionadas con la igualdad de género para que acrecentaran sus conocimientos sobre el tema. Para obtener el mayor número posible de comentarios y sugerencias de la sociedad civil con respecto al informe, el Comité Nacional de Trabajo sobre el Niño y la Mujer organizó una conferencia a la que invitó a representantes de la Sociedad de Estudios de Derechos Humanos, la Asociación de Investigación sobre la Mujer, la Federación de Personas con Discapacidad, la Academia de Ciencias Sociales, la Asociación de Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, el Comité de la ACFTU para las Trabajadoras y la Federación de Mujeres del Municipio de Beijing. Para elaborar el informe también se realizaron amplias consultas con otras organizaciones sociales y organizaciones locales de mujeres.
El documento correspondiente al Gobierno Central se divide en dos partes. En la parte I se ofrece una sinopsis y en la parte II se informa de cómo se han aplicado distintos artículos de la Convención. En las secciones de la parte II en las que se tratan artículos específicos, se recogen los comentarios sobre las observaciones finales del Comité correspondientes.
El Gobierno de China desea reiterar que mantiene su reserva al párrafo 1 del artículo 29 de la Convención.
Sinopsis
A finales de 2017, había 1.390 millones de habitantes en China continental, 680 millones de los cuales eran mujeres, es decir, el 48,8 % de toda la población. Actualmente, más del 70 % de las mujeres de China continental participan en el desarrollo económico y social, y representan el 43,5 % del total de la población activa. El 30 % de todos los empresarios y el 55 % de los que trabajan en el ámbito de Internet son mujeres. Las mujeres que se incorporan a nuevos sectores y nuevos tipos de negocio son cada vez más numerosas, por lo que se están convirtiendo en un motor importante del desarrollo económico y social.
China ha respetado sistemáticamente el principio constitucional de la igualdad entre hombres y mujeres y ha afirmado esa igualdad como política básica del Estado para promover el desarrollo social. En el país se ha fomentado sin descanso la igualdad de género y el desarrollo de la mujer mejorando continuamente las leyes y los reglamentos, creando políticas públicas y formulando planes de desarrollo, y se han adoptado cuantas medidas han sido necesarias para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Según el artículo 48 de la Constitución, “las mujeres de la República Popular China gozan de los mismos derechos que los hombres en todos los aspectos de la vida política, económica, cultural, social y familiar”. La Ley sobre la Protección de los Derechos e Intereses de la Mujer, que se revisó hace poco, establece que “la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres es una política estatal básica del país” y, de esa manera, otorga carácter jurídico a dicha política estatal. En 2017, en el 19º Congreso Nacional del PCC, se reafirmó el compromiso de “adherirse a la política estatal básica de la igualdad entre hombres y mujeres y proteger los derechos e intereses legítimos de las mujeres y los niños”, de “reforzar nuestros sistemas de asistencia y bienestar social, beneficencia y prestaciones y servicios a los grupos con derecho a ello” y de “seguir desarrollando los sistemas de atención a los niños, las mujeres y los ancianos de las zonas rurales que se han quedado atrás”. Gracias a la política estatal básica de igualdad y a las diferentes políticas que promueven la participación y el desarrollo igualitarios existe una base sólida para aplicar plenamente la Convención.
Para los dirigentes estatales de China, la igualdad de género y el desarrollo de la mujer son temas sumamente importantes. En septiembre de 2015, el país y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) copatrocinaron la reunión de dirigentes mundiales sobre la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de las Mujeres: Compromiso con la Acción. En su discurso titulado “Promover el desarrollo integral de la mujer y construir un mundo mejor para todos”, el Presidente Xi Jinping transmitió claramente la posición de principios del Gobierno de China al respecto de la igualdad y el desarrollo de la mujer, poniendo de manifiesto el compromiso del país con la responsabilidad de fomentar ambos aspectos. Destacó que “dado que el pueblo chino busca una vida de felicidad, toda mujer china tiene la oportunidad de sobresalir en la vida y hacer realidad sus sueños. El país hará lo posible por potenciar la igualdad entre hombres y mujeres como política básica del Estado, por potenciar el importante papel que tienen las mujeres, que “sostienen la mitad del cielo”, y por apoyar a las mujeres para que cumplan sus sueños y aspiraciones tanto en la vida profesional como en la personal”.
El Gobierno de China ha tomado medidas para impulsar la aplicación de la política estatal básica de la igualdad entre hombres y mujeres. En el Marco del 13er Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social Nacional de la República Popular China (2016-2020) (en adelante, el 13er Plan Quinquenal) se incluye una sección sobre medidas para favorecer el desarrollo integral de la mujer. En los documentos del Gobierno Central y en los principales proyectos estatales de medios de subsistencia figuran la ejecución concienzuda del Programa para el Desarrollo de la Mujer China (2011-2020) (en adelante, el Programa para la Mujer), la planificación de la Sexta Conferencia Nacional de Trabajo sobre la Mujer y la Infancia, la eliminación de la discriminación de género en el empleo, la protección de los derechos e intereses de las mujeres rurales sobre la tierra y la ampliación de la cobertura de los programas de detección del cáncer cervicouterino y de mama para las mujeres que viven en el campo.
El rápido desarrollo económico de China ha creado unas condiciones propicias para implantar la política estatal básica de la igualdad entre hombres y mujeres. Entre 2013 y 2017, el producto interno bruto del país se incrementó, pasando de 59,5 billones a 82,7 billones de yuanes. En 2017, teniendo en cuenta el umbral de pobreza actual de los 2.300 yuanes a precios constantes de 2010, los pobres de las zonas rurales sumaban 30,46 millones de personas, es decir, casi 130 millones menos que en 2010. Aproximadamente la mitad de ellas eran mujeres. En el 19º Congreso Nacional del PCC, celebrado en 2017, se propuso crear de forma decisiva una sociedad moderadamente próspera en todos sus aspectos y se afirmó que el socialismo con características chinas había entrado en una nueva era, en la que se abrían nuevas oportunidades para la promoción continua de la igualdad de género y el desarrollo de las mujeres. En junio de 2018, se habían distribuido 359.714 millones de yuanes en pequeños préstamos garantizados para el emprendimiento de las mujeres por todo el país, gracias a los cuales más de 6 millones de ellas habían podido cumplir su sueño de poner en marcha un negocio y generar riqueza. A finales de septiembre de 2018, hasta 40,07 millones de personas en todo el país, entre ellas más de 15,17 millones de mujeres, recibían un “subsidio de subsistencia” y “asistencia a los residentes rurales que viven en la pobreza extrema”.
China se ha adherido a la gobernanza basada en la ley y ha seguido construyendo un país socialista que respeta el estado de derecho. Desde 2014, promueve ampliamente este tipo de gobernanza y ha definido la tarea específica de “fortalecer la protección judicial de los derechos humanos”. Al implantar la gobernanza basada en la ley, se ha centrado en proteger los derechos e intereses de las mujeres y ha hecho avances en materia legislativa. En los últimos años se han promulgado o enmendado más de diez leyes y reglamentos relacionados con la protección de los derechos e intereses de las mujeres, como el Reglamento General de Derecho Civil, la Ley contra la Violencia Doméstica, la novena enmienda a la Ley Penal, la Ley de Contratos de las Tierras Rurales y la Ley de Población y Planificación Familiar.
China ha aplicado con esmero las disposiciones de la Convención a través de las leyes y la supervisión de su cumplimiento, las medidas de política, el apoyo financiero, la colaboración interinstitucional, la movilización social, la participación de la sociedad civil y la cooperación internacional. Tras el examen realizado en 2014, las observaciones finales del Comité se presentaron al Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo, al Tribunal Popular Supremo, a la Fiscalía Popular Suprema, al Comité Nacional de Trabajo sobre el Niño y la Mujer y a todos los demás organismos públicos pertinentes para abrir una etapa de consultas y puesta en práctica. Se han tomado otras medidas para fomentar el cumplimiento de lo dispuesto en la Convención, entre las que destaca la formación dada al respecto al personal de las fuerzas del orden y del Gobierno.
China apoya la causa mundial de la promoción de la igualdad de género. Durante tres años consecutivos, ha aportado 2 millones de dólares anuales a ONU-Mujeres. El país también ha dado un fuerte impulso a la capacitación de las mujeres en los países en desarrollo proporcionándoles formación. Ha llevado a cabo 100 “proyectos de centros felices de formación” y 100 “proyectos de salud para mujeres y niños”. Hasta la fecha, más del 60 % de estos proyectos se ha completado.
Se han alcanzado importantes logros en el adelanto de la mujer. Sin embargo, debido al actual nivel de desarrollo de la productividad nacional y a la larga historia y tradición cultural chinas, la vieja idea de la superioridad masculina y la preferencia por el hijo varón aún persisten. El grado de desarrollo de las mujeres sigue siendo desigual entre las zonas urbanas y rurales, entre regiones y entre grupos. La protección de los derechos e intereses de las mujeres en las zonas rurales, especialmente en las remotas y pobres, es relativamente débil. Siguen existiendo problemas prácticos para conseguir la igualdad de derechos en el empleo, la seguridad personal y patrimonial, el matrimonio y la familia. Se debe seguir potenciando el desarrollo de la mujer a un nivel superior, en sintonía con los avances económicos y sociales del país.
Detalles sobre la aplicación del Convenio
Parte I
Artículo 1: definición de discriminación hacia la mujer
China concede gran importancia al artículo 1 de la Convención y a las observaciones finales del Comité relativas a los informes séptimo y octavo combinados del país. En la Constitución, la Ley de Protección de los Derechos e Intereses de la Mujer, la Ley Electoral, la Ley de Matrimonio, la Ley de Contratos de las Tierras Rurales, la Ley de Sucesiones, la Ley de Fomento del Empleo, la Ley de Lucha contra la Violencia Doméstica y otras leyes pertinentes se refleja con claridad lo dispuesto en la Convención en lo tocante a la eliminación de la discriminación por razón de género, en consonancia con los principios y requisitos recogidos en ella para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer y lograr la igualdad de género. En las leyes vigentes no se define de modo específico la discriminación contra la mujer, pero existe una ley independiente que la prohíbe con rotundidad, tanto si es directa como indirecta.
Siguiendo las recomendaciones de la Comisión, China ha puesto en marcha un mecanismo de revisión de leyes y políticas basado en la igualdad de género en el proceso de redacción de las leyes, los reglamentos administrativos, las regulaciones y los documentos normativos. Los contenidos de dichos textos se examinan con rigurosidad teniendo en cuenta la exhaustiva definición de la discriminación por razón de género que se recoge en la Convención, de forma que no se discrimine a la mujer en las disposiciones legales, los reglamentos administrativos, las regulaciones y los sistemas y los documentos normativos existentes.
En febrero de 2019, 30 provincias (regiones autónomas y municipios) habían instaurado mecanismos para evaluar las normativas y políticas en función de la igualdad de género. Con el establecimiento generalizado de estos mecanismos en todo el país, se ha podido poner plenamente en práctica la política estatal básica de la igualdad entre hombres y mujeres en la formulación, aplicación y supervisión de las leyes y las políticas, y ha sido posible realizar actividades encaminadas a eliminar la discriminación de género, a proteger con eficacia los derechos e intereses de las mujeres y a promover la igualdad de modo significativo.
Artículo 2: ley y estado de derecho
China ha desarrollado un sistema de leyes y reglamentos que protege los derechos e intereses de las mujeres. Dicho sistema gira en torno a la Constitución, y la Ley de Protección de los Derechos e Intereses de la Mujer es su instrumento principal. Al perfeccionarse el sistema jurídico socialista con características chinas y construirse un país regido por el estado de derecho, se han defendido los principios constitucionales del “respeto y la protección de los derechos humanos por parte del Estado” y de la “igualdad de derechos entre mujeres y hombres”, además del espíritu fundamental de los convenios internacionales de derechos humanos. Se ha hecho un esfuerzo por introducir innovaciones en los sistemas y mecanismos legislativos, se ha adoptado un enfoque doble para formular nuevas leyes y mejorar las ya existentes y se han seguido afinando las leyes y los reglamentos que protegen los derechos e intereses de las mujeres. El cumplimiento de la ley se gestiona con más firmeza, el funcionamiento administrativo es abierto y transparente, y el poder administrativo se somete a una supervisión cada vez mayor. Se ha reforzado con eficacia la protección judicial de los derechos humanos de las mujeres, gracias a lo cual se ha profundizado y avanzado con buen ritmo en la igualdad de género y el desarrollo de las mujeres.
Con la reforma del estado de derecho, China ha hecho progresos en la protección de los derechos básicos de las mujeres y ha apoyado el desarrollo del colectivo en todos sus aspectos. En 2014, el Comité Central del PCC tomó una decisión sobre algunas cuestiones importantes relativas a la promoción integral de la gobernanza basada en la ley. En ella se puso de manifiesto que, para impulsar de manera integral el estado de derecho, se debían seguir mejorando las leyes y los reglamentos que protegían los derechos e intereses de las mujeres. En diciembre de 2015, China publicó un marco de implementación para crear un Gobierno basado en la ley. El marco, que abarcaba el período 2015-2020, proponía establecer, a más tardar en 2020, un Gobierno basado en la ley caracterizado por las funciones científicas, las autoridades y responsabilidades estatutarias, la aplicación rigurosa de la ley, la apertura y la equidad, la integridad y la eficiencia, la buena fe y el cumplimiento de la ley.
China se toma en serio la violencia doméstica y ha adoptado medidas para prevenirla y detenerla. El Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Asuntos Civiles emitieron un dictamen conjunto sobre el tratamiento legal de varias cuestiones relacionadas con la infracción de los derechos e intereses de los menores por parte de sus tutores en 2014, y, en 2015, emitieron otro sobre el tratamiento legal de las causas penales de violencia doméstica, en el que se establecían los procedimientos, la condena, el castigo y las medidas preventivas para ese tipo de delitos. Para reforzar eficazmente la protección de los derechos e intereses legítimos de las mujeres y los niños, la Ley contra la Violencia Doméstica, aprobada por el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo en diciembre de 2015, definió claramente lo que era la violencia doméstica y el ámbito de aplicación de la ley, y estableció prácticas importantes como las denuncias obligatorias individuales y oficiales, los procedimientos de alerta por parte de los organismos de seguridad pública y las órdenes de protección personal, y un sistema jurídico para la prevención integral y la supresión eficaz de la violencia doméstica. Los departamentos gubernamentales y los órganos judiciales han cumplido escrupulosamente los deberes que marca la Ley contra la Violencia Doméstica desde que entró en vigor. Las federaciones de mujeres han colaborado con los departamentos competentes para reforzar la campaña de sensibilización sobre la ley e inculcar la civilidad familiar, entre otras cosas, participando activamente en la resolución de conflictos y disputas, respondiendo a las denuncias de violencia doméstica y prestando asistencia y apoyo. La Ley contra la Violencia Doméstica ha ayudado a salvaguardar los derechos e intereses de las mujeres y los niños, a orientar la armonía familiar, a promover la equidad social y a mantener la estabilidad social.
Con la novena enmienda a la Ley Penal de la República Popular China, aprobada en agosto de 2015, se reforzó aún más la protección de las mujeres. En primer lugar, la contratación de los servicios de prostitutas menores de edad dejó de calificarse como delito y pasó a considerarse una violación sujeta a penas graves. En segundo lugar, se perfeccionaron las disposiciones relativas a los delitos de acoso y humillación forzosa de la mujer imponiendo penas más duras (es decir, un mínimo de 5 años y un máximo de 15 años de prisión para casos con circunstancias execrables). En tercer lugar, se incrementaron las penas por el delito de compra de mujeres y niños víctimas de la trata y se impuso la responsabilidad penal por tales actos. En cuarto lugar, se amplió la gama de sujetos penales por el delito de abuso para que los derechos e intereses legítimos de los grupos clave, tales como las mujeres y los niños, estuvieran más protegidos.
China ha impulsado la reforma de los juicios de familia para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las mujeres y los niños. Con el fin de seguir protegiendo los derechos e intereses de las mujeres, el Tribunal Popular Supremo intensificó la labor relacionada con los juicios que transcurren ante los juzgados de familia. Para ello, estableció claramente la forma de distinguir entre una crisis matrimonial y el fin de un matrimonio, unos procesos de mediación previa, un mayor conocimiento de las funciones y los poderes de los jueces y un período de enfriamiento para el divorcio. Tras los juicios piloto, el Tribunal emitió un dictamen sobre la profundización de la reforma de los métodos de juicio familiar y el mecanismo de trabajo (provisional), con el objetivo de resolver adecuadamente los conflictos matrimoniales y familiares y proteger al máximo los derechos e intereses legítimos de las mujeres y los niños.
En los últimos años, China ha redactado o revisado más de una decena de leyes y reglamentos relacionados con la protección de los derechos e intereses de las mujeres, como el Reglamento General de Derecho Civil, la Ley de Contratos de las Tierras Rurales, la Ley de Población y Planificación Familiar, la Ley de Educación, la Ley de Publicidad, las Medidas Provisionales de Asistencia Social, las Disposiciones Especiales de Protección Laboral de las Empleadas y el Reglamento Provisional sobre el Permiso de Residencia. Con la introducción o revisión de estas leyes y estos reglamentos, se ha respondido en gran parte a lo previsto en la Convención para poder dar cumplimiento a su propósito y sus objetivos en China, proporcionándose una base jurídica para la plena protección de los derechos de las mujeres y las niñas. Las disposiciones legales pertinentes son más específicas y aplicables y prohíben o eliminan más eficazmente la discriminación contra las mujeres.
A medida que los procesos legislativos se han ido abriendo en China, la participación pública en ellos se ha ido incrementando de forma considerable. En un esfuerzo por propiciar una mayor apertura y transparencia, el poder legislativo del país ha solicitado abiertamente la opinión del público acerca de distintos proyectos de ley, incluida la Ley contra la Violencia Familiar. De esta manera ha aumentado la calidad de la legislación y se ha establecido una plataforma para que el público exprese su interés. Las organizaciones de mujeres han sido muy activas en el proceso para fomentar el progreso social y el estado de derecho. Han participado estrechamente en la elaboración de la Ley contra la Violencia Familiar y en la revisión de otros textos legales para que en ellos se incluyeran temas de su interés.
Se ha tratado de mejorar el sistema de asistencia jurídica y de proteger activamente los derechos e intereses de las mujeres. En 2015, se exigió de modo explícito a los órganos judiciales y a las instituciones de asistencia jurídica de todos los niveles que aplicaran concienzudamente la Ley de Protección de los Derechos e Intereses de la Mujer y el Reglamento de Asistencia Jurídica. La primera medida de aplicación consistió, por un lado, en ampliar la cobertura de la asistencia para que la de tipo complementario englobara los malos tratos, el abandono, la violencia doméstica, la seguridad laboral, el matrimonio y la familia y otras cuestiones similares y, por otro, en incluir a las mujeres como destinatarias clave de dichos servicios, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento en la materia. La segunda medida consistió en proporcionar canales efectivos y sin obstrucción para hacer cumplir los derechos y promover el establecimiento de tres grandes plataformas, a saber, las entidades de servicios jurídicos públicos, las líneas de atención telefónica y las redes, para que las mujeres pudieran obtener la asistencia jurídica necesaria. A finales de 2017, se habían creado más de 2.900 estaciones de trabajo de asistencia jurídica en todo el país a través de las federaciones de mujeres. En muchos lugares se han creado “puestos para la protección de los derechos de las mujeres y los niños” y “canales verdes” para la protección de sus derechos. La tercera medida consistió en regular la actividad de los servicios de asistencia jurídica. Para ello, se estableció y mejoró el sistema de turnos de oficio de los abogados, se fomentó el uso cabal de las estaciones de trabajo de asistencia jurídica en los tribunales populares y los centros de detención, se dio protección efectiva a los derechos procesales de las mujeres sospechosas y acusadas de delitos y se prestaron servicios regulados y estandarizados. La cuarta medida consistió en garantizar la seguridad en el empleo en el ámbito de la asistencia jurídica, de modo que abogados prominentes y estudiantes universitarios voluntarios se animaran a proporcionar servicios accesibles y de alta calidad a las mujeres y a otros grupos beneficiarios de las zonas rurales pobres. Desde 2014, el número de instituciones que prestan asistencia jurídica y de mujeres que reciben ayuda ha ido creciendo cada año. Unos 1,439 millones de mujeres ya han recibido asistencia jurídica.
Se ha hecho lo posible por mejorar el sistema de asistencia judicial y dar una mayor protección a los derechos humanos de las mujeres. En 2014, seis ministerios del Gobierno de China emitieron sus dictámenes sobre el establecimiento y la mejora del sistema estatal de asistencia judicial (provisional); el Tribunal Popular Supremo hizo lo propio con respecto a la mejora y la regulación de la labor de los tribunales populares en materia de asistencia judicial del Estado; y la Fiscalía Popular Suprema lo hizo sobre la aplicación de los citados dictámenes relativos al establecimiento y la mejora del sistema estatal de asistencia judicial (provisional). En tales textos se definió una modalidad de asistencia inicial basada en los fondos de socorro, complementada por una ayuda de tipo jurídico y en materia de litigios y vinculada a otras clases de asistencia, de forma que los litigantes pudieran participar con todas las garantías en las acciones judiciales y proteger sus derechos e intereses legítimos conforme a la ley.
Se han llevado a cabo iniciativas innovadoras para crear mecanismos de evaluación de las leyes, los reglamentos y las políticas teniendo en cuenta la igualdad de género. Desde 2012, 30 provincias (regiones autónomas y municipios) de todo el país han establecido mecanismos para examinar las normativas y las políticas teniendo en cuenta la igualdad de género. Dichos exámenes y revisiones son de carácter continuo y con ellos se busca aplicar plenamente la política estatal básica de la igualdad entre hombres y mujeres en la formulación, aplicación y supervisión de las leyes y las políticas, de modo que los derechos e intereses de las mujeres estén debidamente protegidos desde la misma base del sistema y, así, garantizar la promoción efectiva de la igualdad de género. En algunas provincias, también se han creado mecanismos municipales y condales para examinar los reglamentos y las políticas teniendo en cuenta la igualdad de género, por lo que existe un sistema para la evaluación que promueve la igualdad a nivel de provincias, municipios y condados.
Artículo 3: medidas y mecanismos de política
Los derechos de la mujer son derechos humanos fundamentales. Para cerciorarse de que las mujeres ejercen y disfrutan sus derechos humanos en igualdad de condiciones con los hombres, China ha formulado y puesto en práctica distintos planes nacionales y medidas en los ámbitos político, económico, social y cultural, entre otros, para impulsar el desarrollo de las mujeres y proteger sus derechos, y ha seguido haciendo lo posible por reforzar los mecanismos pertinentes.
Se han fortalecido las estructuras institucionales del Comité Nacional de Trabajo sobre el Niño y la Mujer y de los comités locales de trabajo en la materia a todos los niveles. En enero de 2019, después del último examen, se dio forma al nuevo Comité Nacional de Trabajo sobre el Niño y la Mujer en el contexto de la reforma institucional y los esfuerzos del país para racionalizar los organismos públicos. El nuevo Comité sigue estando formado por 35 departamentos y organismos estatales competentes. Entre sus miembros están los dirigentes ministeriales, y la Vice Primera Ministra, Sun Chunlan, es su directora. Ha finalizado el proceso de transición en el cargo de los dirigentes de los comités locales de 31 provincias (regiones autónomas y municipios), varias circunscripciones (ciudades, circunscripciones autónomas y ligas) y condados (ciudades de condado, distritos y otras divisiones administrativas) para ampliar la dotación de personal e introducir una mejora sistemática. El Consejo de Estado y los gobiernos locales de todos los niveles celebran reuniones periódicas sobre la mujer y la infancia para examinar y organizar diversos aspectos de su trabajo relacionados con la mujer. El Comité Nacional de Trabajo sobre el Niño y la Mujer y los comités locales han realizado investigaciones y análisis sobre la aplicación del Programa para la Mujer. Han abordado cuestiones fundamentales y complejas y han cumplido con eficacia las funciones de organización, coordinación, orientación y supervisión que les encomienda la Ley de Protección de los Derechos e Intereses de la Mujer. Para cumplir las tareas y los objetivos definidos en el Programa, han procurado que los departamentos competentes apliquen las disposiciones de la Convención mediante reuniones de trabajo periódicas, reuniones plenarias, reuniones temáticas y actividades de seguimiento estadístico, de evaluación y supervisión, y de inspección y examen de cuestiones importantes.
Se ha acelerado notablemente el ritmo al que se aplica el Programa para la Mujer. Se trata de un plan gubernamental que abarca diez años y sirve de guía al país para impulsar la igualdad y cumplir las obligaciones internacionales, teniendo plenamente en cuenta lo dispuesto en la Convención y las recomendaciones generales del Comité. Según los resultados de la evaluación de mitad de período de 2016 sobre la aplicación del Programa, se ha avanzado de forma constante con respecto a los principales objetivos en siete áreas prioritarias del desarrollo de la mujer, a saber, la salud, la educación, la economía, la participación en la toma de decisiones y la gestión, la seguridad social, el medio ambiente y el derecho. La mitad de los objetivos se alcanzaron en la primera mitad del período del Programa. Algunos objetivos se han conseguido antes de lo previsto, entre ellos los relativos a la tasa de mortalidad materna en todo el país, la tasa de escolarización de las mujeres a todos los niveles educativos y la proporción de mujeres empleadas, lo que supuso un avance histórico en el desarrollo de la mujer.
Se ha hecho mayor hincapié en la protección de los derechos de la mujer en los planes integrales y especiales para el desarrollo nacional. En el 13º Plan Quinquenal se dedica por primera vez un capítulo a la salvaguarda de los derechos e intereses básicos de las mujeres, los menores y las personas con discapacidad, y en él se incluye una sección sobre las tareas y los objetivos relacionados con el “desarrollo integral de la mujer”. Así, se establece que el Gobierno aplicará el plan para el desarrollo de la mujer; hará lo posible por que las mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades en la educación, el empleo, la propiedad conyugal y la participación en los asuntos sociales; garantizará los derechos sobre la tierra de las mujeres que viven en las zonas rurales y aumentará el nivel de participación de las mujeres en la elaboración y gestión de las políticas; reforzará las actividades relacionadas con la mitigación de la pobreza, la protección laboral, la asistencia sanitaria, la salud materna, la asistencia social y la asistencia jurídica a las mujeres; tomará medidas enérgicas para acabar con actividades delictivas, tales como la trata de mujeres y niños y la violencia contra las mujeres; y trabajará por mejorar las condiciones para el desarrollo de las mujeres y eliminar la discriminación y los prejuicios contra ellas. En distintos planes de acción especiales se recogerán las cuestiones fundamentales y complejas correspondientes del desarrollo de la mujer.
En junio de 2016, China evaluó la aplicación de su plan de acción nacional sobre derechos humanos para 2012-2015. Los resultados mostraron que se protegen enérgicamente los derechos de las mujeres y los niños y que se habían cumplido gran parte de los objetivos fijados. En septiembre, se publicó el plan correspondiente al período 2016-2020. En él se utilizaba el enfoque del desarrollo centrado en las personas y se definieron los objetivos y las tareas que ayudarían a promover el respeto de los derechos humanos y a protegerlos hasta 2020, por ejemplo, mediante actividades para fomentar la igualdad, eliminar la discriminación por razón de género y proteger los derechos legítimos de las mujeres y prevenir y eliminar la violencia doméstica contra ellas, así como para aplicar la Ley de Protección de Menores y eliminar la discriminación contra las niñas. En el marco de su aplicación, se han realizado amplios esfuerzos en materia de educación y formación en derechos humanos para defender la igualdad y el respeto de la mujer.
En 2016, vio la luz el plan nacional de desarrollo de la población para 2016‑2030. En él se destacó la necesidad de desarrollar medidas de políticas específicas, de crear condiciones para que las mujeres y otros grupos vulnerables disfrutaran de los beneficios del desarrollo, de incorporar plenamente la igualdad de género en el sistema legal y las políticas públicas, de eliminar la discriminación de género, de fomentar la capacidad de las mujeres para participar en los asuntos sociales y de mejorar la calidad de vida y la salud de las mujeres. También se indica que China intensificará la gestión integral de la proporción de sexos al nacer, entre otras cosas reforzando la lucha contra la identificación del sexo con fines no médicos y el aborto en función del sexo del feto. Asimismo, se prevé realizar una intensa campaña para mejorar el entorno de vida de las niñas y crear un sistema de políticas de apoyo al desarrollo de las familias que tienen niñas (campaña “Cuidado de las niñas”).
Artículo 4: medidas especiales de carácter temporal
Para alcanzar más rápidamente la igualdad, China ha adoptado una serie de medidas especiales en ámbitos, tales como la participación política y la capacitación económica de las mujeres.
Con respecto a las actividades para promover la participación política de las mujeres, en la Ley Electoral del Congreso Popular Nacional y de los Congresos Populares Locales de la República Popular China, que se revisó en 2015, se estipula que “habrá un número adecuado de diputadas, cuyo porcentaje irá creciendo”. En el artículo 6 de la Ley Orgánica de los Comités de Aldea de la República Popular China se establece que entre sus miembros “habrá un número adecuado de mujeres”. Conforme al artículo 25 de la Ley, “al menos un tercio de los miembros de la asamblea de aldeanos serán mujeres”. El Reglamento sobre la Elección de los Comités de Aldea, publicado por el Ministerio de Asuntos Civiles en mayo de 2013, afinó aún más los procedimientos estandarizados y la igualdad de género en el ámbito de las elecciones reservando un espacio para las mujeres. A finales de 2017, 29 provincias (regiones autónomas y municipios) habían formulado o revisado distintas medidas para la aplicación de la Ley Orgánica de los Comités de Aldea y 27 provincias (regiones autónomas y municipios) habían formulado o revisado distintos métodos para la elección de los comités con garantías jurídicas más concretas para la participación de las mujeres rurales en la práctica del autogobierno.
Para facilitar una participación más efectiva en la gestión social y la toma de decisiones, se han propuesto una serie de requisitos específicos para que haya mujeres en la dirección de los comités del PCC, los congresos populares, los gobiernos y los comités de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino a nivel provincial y municipal, así como en la dirección de los comités del PCC y los gobiernos condales. Si no se encuentra a un candidato adecuado a nivel local, se podrán hacer intercambios con otros lugares. Se deberían cubrir sin demora las vacantes que se producen cuando una funcionaria deja su cargo antes de vencer su mandato. A este respecto, se indica de manera explícita que los órganos del Comité Central del PCC y las autoridades estatales, así como los departamentos funcionales de los comités del PCC y los gobiernos provinciales y municipales, deben procurar que al menos la mitad de los miembros de sus equipos de dirección sean mujeres.
En su afán por modernizar la agricultura, China ha hecho especial hincapié en el desarrollo de un nuevo tipo de agricultoras profesionales. Desde 2014, se han destinado más de 30 millones de yuanes a fondos especiales para dar formación técnica de carácter práctico a las mujeres de las zonas rurales, ayudar a las mujeres a generar industrias especializadas y lograr el empoderamiento económico. En 2017, el Ministerio de Agricultura publicó una circular para poner en marcha un proyecto piloto cuyo objetivo era crear un nuevo tipo de agricultoras profesionales, de modo que se procurara dar prioridad a las mujeres en el reparto de los fondos de formación y las plazas y los criterios de apoyo específico. En 2017, 155.542 mujeres recibieron formación, frente a las 87.453 del año anterior.
Artículo 5: eliminación de los prejuicios y la violencia contra la mujer
Para cambiar los conceptos sociales convencionales sobre los roles estereotipados de género y aplicar lo dispuesto en los párrafos 24 y 25 de las observaciones finales del Comité, China ha seguido llevando a cabo actividades divulgativas, didácticas, educativas y formativas. Así, por ejemplo, ha fomentado la política estatal básica de la igualdad entre hombres y mujeres en todos sus aspectos a través de diversos canales y sensibilizado sobre la igualdad de género.
Los principios y conceptos de la igualdad de género se han ido incorporando gradualmente a la enseñanza y al contenido de diversos tipos de programas educativos de todos los niveles. Las autoridades estatales han introducido disposiciones específicas para que los requisitos de los planes de estudio, los libros de texto y los materiales utilizados en todos los niveles educativos se ajusten a la política estatal básica de la igualdad entre hombres y mujeres. A principios de 2017, se publicaron unas normas para confeccionar los currículos de ciencias en primaria. En ellas se exige que “todos los estudiantes tengan oportunidades adecuadas y equitativas para aprender y desarrollarse, independientemente de su origen regional, étnico, económico o cultural, o aspectos propios como el género y la personalidad”. Se ha prestado más atención al fomento de la igualdad de trato y la falta de discriminación y prejuicios en el plan de estudios para la educación moral que se imparte en primaria y secundaria. En las normas que rigen los planes de estudio de secundaria se exige que los alumnos aprendan valores, tales como “la libertad, la igualdad, la justicia y el estado de derecho”, además de la “igualdad para todos” y otros conceptos relativos al estado de derecho. China está a favor de que se hable de la igualdad en las escuelas primarias y secundarias para tratar de concienciar a los niños y adolescentes sobre las cuestiones de género.
En la enseñanza obligatoria se profundiza sobre los derechos de la mujer. El Ministerio de Educación ha añadido la protección de los derechos de la mujer y el impulso de la igualdad a los contenidos de los cursos y los ejemplos que se emplean en los libros de texto compilados por el Estado para las asignaturas de ética y estado de derecho, lengua e historia. En los libros de texto sobre historia de China se habla de la lucha de las mujeres por poder acceder a la educación en igualdad de condiciones y en los de ética y estado de derecho, sobre sus derechos en diversos ámbitos. También se ha procurado eliminar la discriminación de género en las imágenes de portada, fotos, ilustraciones y otros materiales. Se ha logrado la equidad de género, de manera preliminar, en el número de personajes que aparecen en los libros de texto ilustrados. La reforma educativa está teniendo un efecto imperceptible, aunque transformador, en la promoción del concepto de la igualdad.
La igualdad de género también está presente en la educación y la formación que reciben los funcionarios. En los cursos de capacitación que se les imparten en 2.400 escuelas del partido de los comités del PCC (academias de gobierno) a nivel condal o superior, ya se incluye la política estatal básica de la igualdad entre hombres y mujeres en un decidido intento por concienciar a quienes ocupan puestos directivos.
Los medios de comunicación han ayudado cada vez más a promover la igualdad entre hombres y mujeres. Para facilitar su impulso en los medios convencionales y generar apoyo entre el público por el respeto a la mujer y la igualdad, se han seguido reforzando los mecanismos reguladores que tienen en cuenta el género y se ha difundido ampliamente el concepto de igualdad a través de las nuevas plataformas. En los últimos cinco años, el Diario del Pueblo, la Agencia de Noticias Xinhua y otras agencias de los principales medios de comunicación dependientes del Gobierno Central y el Comité Central del PCC, así como las de los principales medios de comunicación que operan bajo la autoridad de los municipios, han escrito o publicado más de 500.000 noticias en las que se defendía la igualdad y se comunicaban los logros y las contribuciones de las mujeres de todos los estratos de la sociedad. Se han organizado sesiones de capacitación para que los periodistas aumenten su conciencia de género y corrijan las noticias que la socavan. Las organizaciones de mujeres han producido dibujos animados y cortometrajes sobre temas, tales como la violencia doméstica, el acoso sexual en el lugar de trabajo, las prácticas de contratación sexistas y el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) para sensibilizar sobre el papel único que tienen las mujeres en la sociedad y la vida familiar.
Se han tomado medidas para frenar con eficacia el creciente índice de masculinidad al nacer. Se han hecho esfuerzos para defender el concepto de la igualdad de género, revisar las normas y los reglamentos de las aldeas y promover una nueva idea civilizada de que las niñas tienen tanto valor como los niños. Con el establecimiento de un sistema sólido de atención a los ancianos en la sociedad, se han mejorado las condiciones y la calidad de vida de las mujeres mayores. Se ha prestado especial atención a las que son pobres, viudas o viven solas. Para hacer frente a la práctica de identificar el sexo del feto con fines no médicos, el aborto en función del sexo y usos similares, se ha establecido un mecanismo de control global que aúna la participación de toda la sociedad y la colaboración interdepartamental. Se han llevado a cabo operaciones especiales en todo el país para exigir a las entidades y a quienes participan en tales prácticas que rindan cuentas conforme a la ley. En respuesta a los nuevos casos de envío de muestras de sangre de mujeres embarazadas de China continental a la Región Administrativa Especial de Hong Kong para identificar el sexo del feto, en 2014 se publicó una circular sobre el refuerzo de la prevención y el control de las analíticas para tal fin, en la que se especificaban las obligaciones de los departamentos competentes. En 2016, se revisaron las disposiciones que prohíben identificar el sexo del feto con fines no médicos y el aborto en función del sexo para ayudar a acabar con dichas prácticas desde el punto de vista institucional. En 2017, el índice de masculinidad al nacer se redujo (111,9).
La Ley contra la Violencia Doméstica, promulgada en 2015, da respuesta a los párrafos 26 y 27 de las observaciones finales del Comité y su recomendación general núm. 35. En ella se especifican los deberes de los organismos públicos, los órganos judiciales y las organizaciones sociales, se prohíben todas las formas de violencia doméstica y se indica claramente que el Gobierno es el principal responsable de prevenir y eliminar este tipo de violencia, así como de proteger a los miembros de la familia, en particular a las mujeres, frente a la violencia en el hogar de acuerdo con la ley.
La Ley contra la Violencia Doméstica se ha aplicado con eficacia. En 2016, el Tribunal Popular Supremo emitió una respuesta sobre los aspectos procesales relacionados con los casos en los que se solicitan órdenes de protección. En ella, el Tribunal estableció explícitamente la necesidad de buscar soluciones a problemas prácticos, por ejemplo, mediante la exención de las costas judiciales en el caso de las órdenes de protección, la supresión de requisitos de seguridad y el uso de procedimientos especiales en las audiencias. A finales de 2018, los tribunales habían emitido 3.718 órdenes de alejamiento, que habían frenado eficazmente los casos de violencia doméstica. Durante más de dos años, la práctica judicial ha demostrado que la aplicación de la Ley contra la Violencia Doméstica ha contribuido a prevenir y eliminar la violencia en el hogar, a mantener unas relaciones familiares igualitarias, pacíficas y civilizadas y a promover la armonía familiar y la estabilidad social.
Los intereses de los niños afectados por la violencia doméstica están protegidos. En 2015, el Tribunal Popular Supremo dejó claro en el resumen de la Octava Conferencia Nacional sobre Juicios Civiles y Comerciales que, cuando se conocía de casos matrimoniales y familiares con un componente de violencia doméstica, se debían maximizar los intereses del menor. El Tribunal también declaró que, como norma general, no se debía conceder la custodia de los hijos menores al progenitor que había cometido actos de violencia doméstica.
En 2015, China emitió sus dictámenes sobre la mejora del sistema de asistencia jurídica, en los que las mujeres figuraban como beneficiarias clave y se hacía referencia al maltrato, el abandono y la violencia doméstica.
El Ministerio de Seguridad Pública incorporó las disposiciones de la nueva Ley contra la Violencia Doméstica a diversos aspectos del trabajo de las autoridades del orden público, como los exámenes de cualificación, la formación de las fuerzas de seguridad y la educación pública para el conocimiento general de la ley, a fin de aumentar verdaderamente la concienciación y la capacidad de los agentes de policía para prevenir y eliminar la violencia en el hogar. Para casos concretos, las autoridades locales del orden público han emitido dictámenes de aplicación y normas de funcionamiento a fin de intensificar la lucha contra la violencia doméstica. Se han mejorado los mecanismos de gestión de las llamadas de denuncia para procurar que la policía llegue a tiempo al lugar de los hechos, la investigación se lleve a cabo de manera adecuada, las pruebas se recojan conforme a la ley y las víctimas reciban asistencia cuando buscan atención médica y que se evalúen sus lesiones.
En los últimos años, el Ministerio de Asuntos Civiles ha organizado sesiones de capacitación sobre refugios para casos de violencia doméstica. En ellas, se hacía una introducción sobre los métodos y requisitos de trabajo. En 2017, se pusieron en marcha distintos programas de inspección y rectificación en todo el país para, entre otras cosas, estudiar la posibilidad de crear puestos de trabajo socializados en el servicio público, contar con trabajadores sociales profesionales que proporcionen ayuda y coordinar a los órganos administrativos judiciales para la prestación de asistencia jurídica.
El 12 de diciembre de 2018, el Tribunal Popular Supremo emitió una circular sobre la aceptación de nuevos motivos para emprender procesos civiles. En la parte I, titulada “Disputas sobre los derechos de la personalidad”, se añadió un motivo de cuarto nivel titulado “1) Disputas sobre los derechos a la igualdad en el empleo”, dentro del motivo de tercer nivel titulado “9. Disputas generales sobre los derechos de la personalidad”. En la parte IX, titulada “Disputas de responsabilidad extracontractual”, se añadió un motivo de tercer nivel denominado “348 bis. Disputas sobre la responsabilidad por daños de acoso sexual” después del punto titulado “348. Disputas sobre la responsabilidad de las instituciones educativas”. Al añadirse estos dos tipos de motivos, aumentan las garantías judiciales para la admisión y el enjuiciamiento de los casos. La medida también ha contribuido a resolver problemas, tales como la dificultad para presentar demandas y las incoherencias en la presentación, demostrando así que los tribunales populares conceden gran importancia a los derechos e intereses de las mujeres y los protegen plenamente.
Artículo 6: prohibición de la trata de mujeres
China se toma en serio lo dispuesto en los párrafos 28 y 29 de las observaciones finales del Comité. Se han puesto en marcha planes de acción específicos en un esfuerzo continuo por intensificar la lucha contra la violación de los derechos personales de las mujeres y los niños, como la trata y la prostitución forzada.
El objetivo general del plan de acción sobre la lucha contra la trata de personas para 2013-2020 consiste en establecer un mecanismo específico a largo plazo que contemple medidas de prevención y lucha y actividades de asistencia y rehabilitación para las víctimas. De esa manera, se contribuirá a reducir y, en última instancia, a erradicar el delito de la trata de mujeres y niños. El plan exigía que la Conferencia Conjunta Interministerial de Lucha contra la Trata, dependiente del Consejo de Estado, mejorara su liderazgo organizativo y coordinación general, desarrollara y reforzara las medidas de políticas, e investigara y abordara oportunamente los principales problemas y dificultades. La Conferencia Conjunta Interministerial, formada por 32 departamentos, representa el modelo de trabajo inicial en el que el Gobierno asume las responsabilidades, las autoridades de seguridad pública toman la iniciativa y diversos departamentos realizan esfuerzos concertados para una gobernanza integrada.
China ha revisado la Ley Penal para castigar con dureza los delitos de la trata de mujeres y niños. Mediante la novena enmienda a la Ley Penal (2015), se modificó el párrafo 6 del artículo 241 relativo al delito de la compra de mujeres y niños víctimas de la trata. El párrafo modificado tipifica explícitamente como delito todo acto de compra de mujeres y niños víctimas de la trata, por lo que las sanciones penales a los compradores son mayores.
En 2017, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema publicaron una interpretación conjunta de distintas cuestiones concernientes a la aplicación de las leyes en la tramitación de las causas penales relativas a la organización, el forzamiento, la seducción, la acogida o la intermediación de la prostitución. Se establecieron umbrales más bajos para las “circunstancias agravantes” cuando se fuerza a la prostitución: el umbral para el número acumulado de personas forzadas a la prostitución se fijó en la mitad del que se aplica para el delito de organización; en los casos en los que se obliga a las jóvenes a prostituirse existen “circunstancias agravantes” con independencia del número de víctimas.
Se ha sacado partido de las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación para prevenir y reprimir de modo integral los delitos de trata de mujeres y niños y dar apoyo a las víctimas. De 2014 a 2017, el Ministerio de Seguridad Pública optimizó aún más los criterios para investigar los casos de trata. Se ha creado una base de datos nacional de ADN “antitrata”, que ha permitido realizar operaciones de búsqueda y localización de niños de origen desconocido. Se han resuelto 3.566 casos de trata de mujeres y 3.380 casos de trata de niños. Las autoridades fiscales han procesado a 6.513 personas en 3.065 casos de trata de mujeres y niños, y a 1.190 personas en 195 casos de compra de mujeres y niños víctimas de la trata. Las autoridades han cooperado con 23 nuevas agencias de medios de comunicación y herramientas móviles y 25 aplicaciones de telefonía móvil para garantizar el acceso a la plataforma de información de emergencia sobre niños desaparecidos (conocida como “sistema de reunión”) establecida por el Ministerio de Seguridad Pública. De esa manera, la policía y el público cuentan con un instrumento eficaz de comunicación para prevenir y combatir la trata de niños. El Ministerio de Asuntos Civiles ha colaborado con los órganos de asistencia judicial y los organismos de recursos humanos y seguridad social para procurar ayuda jurídica y asesoramiento psicológico a las víctimas de la trata, además de servicios adecuados de asistencia y reintegración. Se han aprovechado las nuevas tecnologías en Internet y la distribución selectiva de precisión para buscar a familiares y ayudar a las víctimas rescatadas a reunirse con sus familias lo antes posible.
Las autoridades de seguridad pública de China han colaborado estrechamente con distintas organizaciones internacionales para crear entre todas una red internacional de lucha contra la trata de personas. Así, se han llevado a cabo varios proyectos de cooperación junto con organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Save the Children UK, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional para las Migraciones, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Proyecto Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Trata de Personas en la subregión del Gran Mekong.
En 2015, China firmó la Declaración de Phnom Penh. Asimismo, el poder legislativo examinó y adoptó el cuarto plan de acción nacional contra la trata de personas en la subregión del Gran Mekong. En 2016, los Gobiernos de China y Camboya firmaron un acuerdo para fortalecer la cooperación y prevenir y combatir la trata. En 2017, China y el Reino Unido celebraron consultas en relación con un acuerdo en la materia. En 2018, los Gobiernos de China y Tailandia firmaron un memorando de entendimiento para cooperar en su prevención y eliminación. Las autoridades policiales del país han cooperado con sus homólogas de Myanmar, Vietnam y la República Democrática Popular Lao en actividades conjuntas a este respecto y se han consolidado aún más sus mecanismos de información y reunión. Se han creado ocho oficinas de enlace para aplicar la ley contra la trata transnacional. Se ha impartido formación conjunta al personal de las fuerzas del orden para combatir eficazmente los delitos de trata transnacional. De junio a diciembre de 2018, las autoridades policiales chinas, junto con sus homólogas de Viet Nam, Myanmar, la República Democrática Popular Lao, Camboya y Tailandia, llevaron a cabo seis operaciones conjuntas contra la trata de personas en las que se obtuvieron importantes resultados.
Parte II
Artículo 7: fomento de la participación de las mujeres en los asuntos políticos y públicos
Reconociendo la importancia de los párrafos 30 y 31 de las observaciones finales del Comité, China ha adoptado medidas proactivas para aplicar con eficacia el Programa para la Mujer y ha obtenido buenos resultados.
El número de diputadas en el Congreso Popular Nacional y de mujeres en el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino ha ido en aumento. En el 13er Congreso y el Comité Nacional, ambos convocados en 2018, había 742 diputadas (un 24,9 %) y 440 mujeres (un 20,4 %), respectivamente. Dichos porcentajes no solo suponen un incremento del 1,5 % y del 2,6 % en el número de mujeres participantes con respecto al Congreso y Comité anteriores, sino que son las cifras más elevadas en la historia de ambas instituciones. Guangxi (32,58 %), Fujian (31,88 %), Yunnan (31,87 %) y Liaoning (31,37 %) cuentan con el mayor porcentaje de diputadas en el Congreso. La proporción de diputadas elegidas en los congresos populares provinciales, regionales y municipales de Beijing, Guangdong, Shanghái, Tianjin, Guizhou y Anhui ha superado el 30 %.
Ha aumentado el porcentaje global de funcionarias y empleadas en las organizaciones sociales. Cada vez hay más mujeres dirigentes en puestos superiores en los órganos del Comité Central del PCC y en las autoridades centrales del Estado, las organizaciones populares y las organizaciones sociales. La Oficina Nacional de Auditoría, la Administración Meteorológica, la Administración Nacional de Productos Médicos, la Administración Nacional de Medicina Tradicional, la Federación de Mujeres, la Federación de Círculos Literarios y Artísticos, la Asociación de Escritores, el Diario Económico, la Asociación Popular China pro Amistad con los Países Extranjeros, el Consejo para la Promoción del Comercio Internacional, la Federación de Personas con Discapacidad, la Sociedad de la Cruz Roja de China y la Federación de Cooperativas de Suministro y Comercialización tienen a una mujer a la cabeza. Cada vez hay más funcionarias en puestos de liderazgo en los organismos de la administración local a todos los niveles. La proporción de mujeres que ocupan puestos superiores en los equipos de dirección de los gobiernos provinciales alcanzó el 9,7 % en 2017, lo que supone un aumento de 6,5 puntos porcentuales con respecto a 2011. El porcentaje de equipos de dirección que tienen a mujeres entre sus miembros se elevó al 52,5 % en los departamentos funcionales de los gobiernos municipales y al 95,1 % en los condales. Las mujeres representan más de la mitad de las nuevas contrataciones en las autoridades centrales y los organismos directamente afiliados a ellas, y sumaban un 55,4 % en 2017. El porcentaje de mujeres entre los nuevos funcionarios contratados a nivel local ascendió al 44 %.
China ha adoptado medidas firmes para promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones a todos los niveles, la formación de funcionarias y los requisitos para que haya una representación femenina suficiente en los comités de aldea. Las funcionarias se han convertido en una fuerza indispensable e importante en la gestión de los asuntos públicos a nivel popular, y las mujeres ya participan más en la administración de los asuntos estatales y sociales.
Se ha observado un incremento gradual del porcentaje de mujeres en los comités de aldea y residentes. A finales de 2017, sumaban 443.000 entre todos los miembros de los comités de aldea (1,957 millones) y representaban el 57,2 % de todos los funcionarios con educación universitaria en el cargo. Por su parte, los comités de residentes de todo el país contaban con 447.000 miembros, de los cuales 241.000 eran mujeres.
El porcentaje de mujeres que participan en la actividad y la gestión de las empresas ha aumentado de forma constante. En 2017, el 39,7 % de los representantes de los trabajadores que formaban parte de los consejos de administración y el 41,6 % de los que formaban parte de los consejos de supervisores de las empresas eran mujeres, lo que supone un aumento de 10,6 y 12,4 puntos porcentuales, respectivamente, con respecto a 2013. Una proporción significativamente mayor de mujeres participa en la actividad y la gestión de las empresas.
En los equipos de dirección de las instituciones públicas chinas se ha observado un aumento gradual del número de mujeres. El porcentaje de directivas en las instituciones de este tipo en todo el país pasó del 20,7 % en 2015 al 22,3 % en 2017.
La participación de las mujeres de las minorías étnicas en los asuntos políticos es significativamente mayor. Estas representan el 41,3 % de los diputados de minorías étnicas en el 13er Congreso Nacional del Pueblo y el 34,85 % de los miembros de minorías étnicas en el 13er Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Su porcentaje en los gobiernos locales ha aumentado a un ritmo constante.
Los derechos políticos de las personas con discapacidad, incluidas las mujeres con discapacidad, están garantizados en varias leyes y reglamentos. Con arreglo a la Ley de Protección de las Personas con Discapacidad, estas gozan claramente de los mismos derechos que cualquier otro ciudadano en los ámbitos político, económico, cultural y social, así como en la vida familiar y otros aspectos. La Ley también prohíbe su discriminación. El Reglamento sobre el Desarrollo de Entornos Accesibles establece explícitamente que los organizadores de procesos electorales deben facilitar la participación de las personas con discapacidad y que debe haber papeletas en braille a disposición de quien las necesite. Conforme al marco de 2016 para acelerar el proceso hacia la prosperidad de las personas con discapacidad en el 13er período del Plan Quinquenal, se debe hacer lo posible “por que las personas con discapacidad y sus organizaciones dispongan de medios suficientes para participar en los procesos democráticos, así como por aprovechar de manera efectiva la importante función que cumplen las personas con discapacidad, sus familiares y amigos, y los diputados del Congreso Popular y los miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino que trabajan con ellas, en la vida política del Estado”.
Según las estadísticas, 421 mujeres con discapacidad y 154 mujeres que son familiares o amigas de personas con discapacidad, incluidas casi todas sus categorías (como la física, visual, auditiva y del habla, intelectual y mental) y sus familiares y amigos, son diputadas del Congreso Popular y forman parte de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino a nivel de condado o superior, es decir, un 30,3 % y un 58,8 % más que hace cinco años, respectivamente.
Artículo 8: fomento de la participación de las mujeres en los asuntos internacionales en nombre del Gobierno
Las mujeres chinas pueden participar en intercambios y organizaciones internacionales en nombre del Gobierno en plena igualdad de derechos con los hombres. Con la promoción de la Iniciativa de la Franja y la Ruta que busca crear una comunidad de destino compartido para la humanidad, y de otras iniciativas y propuestas, China ha facilitado las comunicaciones externas entre las mujeres en diversos ámbitos a través de múltiples canales y a diferentes niveles. Se ha reforzado la cooperación con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas y se han organizado con éxito distintos actos de intercambio, como el Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico sobre la Mujer y la Economía, la Reunión de Mujeres 20, el Foro de Mujeres Chinas y Árabes y el primer Foro de Mujeres de la Organización de Cooperación de Shanghái. China también ha potenciado los intercambios entre mujeres en el marco de mecanismos bilaterales y regionales, ha prestado apoyo y asistencia a los países en desarrollo para crear capacidad entre las mujeres, ha promovido la amistad entre mujeres de diferentes países y ha contribuido a la conectividad entre personas.
El número y el porcentaje de mujeres en las delegaciones chinas que han acudido a conferencias y reuniones internacionales no ha dejado de crecer. Según las estadísticas de octubre de 2018, 2.065 diplomáticos que prestaban servicio en el Ministerio de Relaciones Exteriores (el 33,1 %) eran mujeres, entre ellas 14 embajadoras, 19 cónsules generales y 152 consejeras, lo que supone el 9,45 %, el 23,17 % y el 27,8 %, respectivamente, de los diplomáticos de esos rangos. El Ministerio, en nombre del Gobierno, ha recomendado a 33 funcionarias para que presten servicios en organizaciones internacionales, lo que representa el 45,2 % de todo el personal recomendado. Tres de ellas son funcionarias de categoría superior, con cargo de subdirectora o superior. Desde enero de 2014, 105 funcionarias del Ministerio se han matriculado en programas de certificación y titulación académica, 130 han recibido formación en el extranjero y aproximadamente 5.300 han participado en cursos de capacitación teórica y profesional.
Artículo 9: nacionalidad
Las disposiciones correspondientes son las mismas que las descritas en el informe anterior. Según la Ley de Nacionalidad de la República Popular China, a excepción de los funcionarios del Estado y el personal militar en servicio activo, que no pueden renunciar a ella, los ciudadanos de ambos sexos y sus hijos tienen derecho a adquirir, renunciar y recuperar la nacionalidad china, siempre y cuando cumplan los criterios legalmente establecidos. No existen disposiciones discriminatorias o restrictivas de los derechos de las mujeres y sus hijos con respecto a la adquisición, renuncia y restitución de la nacionalidad china.
Parte III
Artículo 10: educación de la mujer
Desde que el Comité examinó el informe anterior y con el fin de garantizar la igualdad de género en la educación, el Gobierno de China se ha esforzado seriamente y ha hecho importantes avances en la formulación y aplicación de leyes, políticas y medidas. Ha adoptado múltiples medidas para eliminar la discriminación de género y garantizar la igualdad de derechos de mujeres y hombres en todas las etapas y categorías de la educación.
La proporción de niñas en la educación preescolar ha seguido al alza. La tasa bruta de matriculación en esta etapa, que dura tres años, creció rápidamente y pasó del 56,6 % registrado en 2010 al 81,7 % en 2018. En 2017, el Ministerio de Educación, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social emitieron de modo conjunto una serie de dictámenes relacionados con la aplicación de la tercera fase del plan de acción sobre la enseñanza preescolar para garantizar la igualdad de acceso a niños y niñas. A finales de 2018, 46,56 millones de niños pequeños estudiaban en centros preescolares en todo el país, de los cuales 21,77 millones eran niñas.
Han desaparecido en gran parte las disparidades de género en la enseñanza obligatoria. En China se exige que todos los niños y las niñas de 6 años o más de edad, independientemente de su sexo, etnia o raza, cumplan un determinado número de años en esta etapa educativa, que dura nueve años. En 2018, la tasa neta de escolarización de las niñas en edad de ir a la escuela primaria se acercó al 100 %. El índice de finalización en la enseñanza obligatoria fue del 94,2 %, y el 46,5 % de los alumnos escolarizados eran niñas.
Se han tomado medidas especiales para evitar que las niñas que viven en zonas rurales abandonen la enseñanza obligatoria. Se ha proporcionado orientación por todo el país para facilitar el cumplimiento de las responsabilidades del Gobierno, incluido el desarrollo de mejores mecanismos administrativos para fomentar las reinscripciones y fortalecer los vínculos entre familia y escuela. También se han realizado esfuerzos para brindar asistencia específica y evitar que los niños y adolescentes en edad escolar, especialmente las niñas de las zonas rurales, abandonen los estudios debido a la pobreza o al desinterés.
Se ha reducido la brecha de género en la educación secundaria superior. En cuanto a la enseñanza ordinaria, se han seguido haciendo avances en la equidad educativa gracias a la reforma del sistema de admisiones y exámenes. En 2016, el Ministerio de Educación publicó una serie de orientaciones para continuar avanzando con esta reforma en los centros de enseñanza secundaria superior y, así, ofrecer oportunidades a los alumnos de ambos sexos para que compitan en igualdad de condiciones. La tasa bruta de matriculación en las escuelas secundarias superiores de todo el país alcanzó el 88,8 % en 2018, un aumento de 2,3 puntos porcentuales con respecto a 2014. Hay 18,6 millones de alumnas en la enseñanza secundaria superior, es decir, un 47,3 % de todos los alumnos matriculados. Desde 2015, más de la mitad del alumnado en los institutos ordinarios son mujeres y en 2018, esa proporción llegó al 50,8 %.
Se ha puesto en marcha un plan específico para mejorar en la práctica el acceso de las niñas a la educación secundaria superior, sobre todo en las zonas rurales. En 2017, se dio inicio al plan dirigido para ampliar el acceso a la educación secundaria superior en el período 2017-2020, centrado en las regiones más pobres y con un sistema deficiente y en los grupos especiales. Su objetivo era aumentar la tasa bruta de escolarización en la enseñanza secundaria superior en las regiones desfavorecidas e impulsar la igualdad de acceso entre las niñas, especialmente en las zonas rurales, aumentando los recursos educativos y los fondos y reforzando el personal docente.
El derecho a la educación de las mujeres y niñas de las minorías étnicas está garantizado. China dio a conocer un plan para promover el desarrollo de las regiones habitadas por minorías étnicas y de los grupos étnicos menores en el 13er período del Plan Quinquenal, así como un plan para promover el desarrollo y mejorar la vida de la población en las regiones fronterizas en el 13er período del Plan Quinquenal. El país también ha levantado diferentes tipos de escuelas étnicas a todos los niveles, ha implantado la educación bilingüe, ha dado un trato preferente a los estudiantes de las minorías étnicas en el examen nacional de acceso a la universidad y ha introducido la educación en régimen de internado en las vastas regiones donde la agricultura y la ganadería son los principales medios de vida.
Más de la mitad de los alumnos que cursan estudios superiores son mujeres. A finales de 2017, aproximadamente 14,47 millones estaban matriculadas en programas de grado en las instituciones de educación superior ordinarias del país, lo que representa el 52,5 % del total de las matrículas. En cuanto a la educación de adultos, actualmente hay 3,2 millones de mujeres matriculadas en programas de grado impartidos en instituciones de educación superior para adultos, lo que representa el 58,8 % del total de las matrículas. Entre los estudiantes de posgrado, 1,278 millones (un 48,4 %) son mujeres.
Un mayor porcentaje de mujeres recibe formación profesional y técnica, especialmente de tipo subvencionado. De acuerdo con la decisión del Consejo de Estado sobre la aceleración del desarrollo de la formación profesional moderna, los dictámenes del Ministerio de Educación y de otros ocho organismos sobre las medidas para continuar fomentando el desarrollo de la educación comunitaria y el plan de acción para la colaboración entre el Este y el Oeste en materia de formación profesional en el período 2016-2020, China ha intensificado su apoyo a la formación profesional en las regiones rurales y pobres y ha creado condiciones para que las mujeres de las zonas rurales, sobre todo las de familias que viven en la pobreza, reciban una formación profesional de calidad. También se han puesto en marcha políticas de ayuda financiera a los estudiantes, que incluyen exenciones del pago de la matrícula y becas nacionales para la formación profesional secundaria, además de becas, ayudas y préstamos para los estudiantes de formación profesional superior, especialmente de las regiones y poblaciones más pobres. Con la aplicación de diversas políticas de recompensa y ayuda financiera se ha logrado reducir el número de niñas que abandonan los estudios al terminar el primer ciclo de la enseñanza secundaria y aumentar el número de mujeres que pueden participar en igualdad de condiciones en los programas de formación profesional y completarlos. Las mujeres de las zonas rurales tienen el mismo derecho que los hombres a acceder a los distintos tipos de formación disponibles. Gracias a ello, pueden adquirir más competencias técnicas y estar mejor preparadas para incorporarse al mercado laboral y disfrutar de mayores oportunidades de empleo. En 2017, había 6,81 millones de alumnas de formación profesional secundaria, lo que supone el 42,8 % del total de las matrículas. En todo el país, el 39,92 % de los alumnos de formación profesional subvencionada eran mujeres y estas se apuntan cada vez más a programas de formación profesional. Entre 2011 y 2015, más de 3 millones de mujeres de las zonas urbanas participaron en sesiones de formación técnica profesional y para el reempleo, y más de 33 millones de las zonas rurales lo hicieron en programas destinados a mejorar la calidad de la fuerza de trabajo y las competencias para el empleo.
Las mujeres pueden acceder a las becas disponibles en igualdad de condiciones. Según las estadísticas correspondientes a 2018, más mujeres que hombres recibieron una beca para cursar estudios en el extranjero patrocinados por el Gobierno (un 53 % de todos los participantes).
El Ministerio de Cultura y Turismo, en coordinación con el Ministerio de Educación, ha puesto en marcha un programa de formación y estudios para los herederos del patrimonio cultural inmaterial chino. A través de este programa, se fomenta la participación de las mujeres en talleres y sesiones de capacitación. Hasta abril de 2018, se habían celebrado 405 talleres y sesiones de capacitación en las universidades y facultades afiliadas para 18.000 asistentes. Junto con la formación adicional organizada posteriormente por los participantes, se había formado a 56.000 personas en todo el país. Un 58 % de todos los participantes y un 90 % de los asistentes a las sesiones de capacitación dedicadas al bordado, la impresión en cera, el modelado y otros proyectos relacionados con el patrimonio cultural inmaterial fueron mujeres.
Artículo 11: empleo de la mujer
Reconociendo la relevancia de algunas de las preocupaciones y recomendaciones que figuran en los párrafos 29 y 30 de las observaciones finales del Comité referidas al empleo de las mujeres, los organismos gubernamentales competentes han recopilado diversos recursos para plantear e introducir una serie de medidas de política destinadas a eliminar la discriminación y promover la igualdad en el empleo, con vistas a acabar con la discriminación de género en el mercado laboral. También se ha tratado de dar orientación y apoyo a las mujeres, tanto de las zonas urbanas como de las rurales, en la búsqueda de un trabajo y la creación de empresas propias a través de diversos canales e iniciativas.
Ha aumentado el número de mujeres trabajadoras. En 2017, representaban el 43,5 % de la población activa china, y 65,45 millones de ellas trabajaban en zonas urbanas.
La proporción de mujeres empresarias ha superado el 50 %. En 2016, el Gobierno emitió una circular sobre los préstamos garantizados para las empresas emergentes en apoyo del emprendimiento y el empleo, en la que se contemplaba la inclusión de las mujeres entre los destinatarios de ese tipo de préstamos. Las mujeres han dado rienda suelta a su talento en la campaña de emprendimiento e innovación masiva y representan más del 55 % de los emprendedores de Internet. En 2016, surgieron en todo el país más de 5.000 centros de actividades prácticas de emprendimiento para estudiantes universitarias y más de 2.100 espacios de colaboración creativa, incubadoras y plataformas de servicios creativos para mujeres, en los que millones de ellas reciben orientación para crear sus propios negocios de comercio electrónico. Más de 3,3 millones se han unido a más de 5.000 centros para tejedoras manuales, lo que a su vez ha dado a más de 10 millones de mujeres con problemas laborales la flexibilidad de trabajar desde casa. China ha puesto en marcha una campaña y el primer concurso de emprendimiento e innovación para mujeres chinas con el fin de que puedan canalizar toda su energía. A las sesiones de capacitación para el emprendimiento y la innovación han asistido más de 5,5 millones de personas, y decenas de millones de mujeres, tanto de zonas urbanas como rurales, han creado sus propias empresas o encontrado empleo.
El porcentaje de trabajadoras cualificadas y profesionales de alto nivel ha aumentado. En 2017, 14,8 millones de mujeres profesionales trabajaban en empresas e instituciones de titularidad pública, lo que supone el 48,6 % de todo su personal profesional. De ellas, 1,789 millones (el 39,3%) eran profesionales de alto nivel, lo que supone un aumento de 2,6 puntos porcentuales con respecto a 2014.
China ha respetado y promovido el importante estatus y papel de las mujeres en la continuidad del patrimonio cultural inmaterial y las ha reconocido como sus herederas a todos los niveles. En 2018, el Ministerio de Cultura y Turismo publicó la quinta lista de herederos representativos para proyectos que reflejan el patrimonio cultural inmaterial nacional. En ella había 262 mujeres, es decir, el 24,2 % de todos sus integrantes. En algunos proyectos de oficios que tradicionalmente se enseñaban solo a los hombres ya hay aprendizas. Se han creado centros de artesanía tradicional para potenciar la contratación de mujeres locales. Por ejemplo, un centro de este tipo creado en Hami (Xinjiang) facilitó la formación de 231 cooperativas en la ciudad y dio lugar a un modelo interrelacionado que conectaba el centro con las asociaciones, las cooperativas y las bordadoras. Cerca de 1.000 bordadoras han participado directamente en la entrega de más de 17.000 pedidos recibidos por el centro. De esa manera, se ha generado un mínimo de 1.500 yuanes de ingresos adicionales por persona. Otro ejemplo es el centro de artesanía tradicional de la prefectura autónoma de Xiangxi Tujia y Miao, en Hunan. Desde su apertura, casi 500 personas han recibido capacitación directa y, a su vez, han formado a más de 6.000 bordadoras, lo que ha ayudado a las mujeres locales a encontrar un empleo cerca de donde viven.
Se ha seguido reforzando la protección de los derechos e intereses de las mujeres en el lugar de trabajo. Con el perfeccionamiento del mecanismo de coordinación de las relaciones laborales, se ha facilitado la inclusión de la protección laboral especial para las mujeres, además de la protección de la maternidad, la igualdad de oportunidades de formación y promoción, y la igualdad salarial y de prestaciones en los convenios y contratos colectivos, o la firma de acuerdos colectivos especiales para proteger los derechos e intereses de las trabajadoras. Al mismo tiempo, se ha instado a las empresas a cumplir lo dispuesto en las leyes y los reglamentos sobre los derechos e intereses de las mujeres en el trabajo. Hasta septiembre de 2017, se habían firmado 1,366 millones de acuerdos colectivos especiales en todo el país que protegían los derechos e intereses de 79,999 millones de trabajadoras. En 2017, el 71,2 % de las empresas cumplía las Disposiciones Especiales de Protección Laboral de las Trabajadoras (en adelante, las “Disposiciones Especiales”).
China ha promovido activamente la igualdad de género en el lugar de trabajo. En febrero de 2019 y teniendo en cuenta un estudio de 2018 sobre el desarrollo de mecanismos para la igualdad en las empresas, la Federación de Sindicatos preparó y publicó un manual de orientación para promover la igualdad de género en el lugar de trabajo. En él se esbozaban los mecanismos institucionales que debían establecer los empresarios y se analizaban y examinaban distintos casos reales desde las seis perspectivas siguientes con el fin de promover la igualdad: la igualdad de oportunidades en el empleo; la igualdad de oportunidades para el desarrollo profesional; la igualdad de salarios y prestaciones; la protección de la maternidad; la conciliación de la vida laboral y familiar de las trabajadoras; y la prevención y eliminación de la violencia y el acoso sexual en el lugar de trabajo.
Se han intensificado los esfuerzos para habilitar salas de bienestar y lactancia en el trabajo. En 2016, la Federación de Sindicatos, junto con otros nueve organismos, publicó una guía para seguir promoviendo la construcción de instalaciones para las trabajadoras que eran madres. En la guía se proponía que, a finales de 2020, las empresas interesadas ya debían contar con espacios estándar de ese tipo. Teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres en las diversas industrias y los diferentes lugares de trabajo, algunos grupos de mujeres de los sindicatos de todo el país han adoptado un enfoque socializado y basado en proyectos para proporcionar espacios de bienestar y lactancia seguros, higiénicos y privados a las trabajadoras con necesidades especiales. Hasta septiembre de 2017, 296.000 sindicatos de base de 623.000 empresas e instituciones públicas habían creado salas de bienestar y lactancia para 18,494 millones de mujeres.
Se han tomado medidas más enérgicas para supervisar e inspeccionar el cumplimiento de las leyes y los reglamentos laborales sobre la protección de las trabajadoras en las empresas. Por tercer año consecutivo, durante las sesiones del Congreso Nacional del Pueblo y el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, la Federación de Sindicatos expresó sus opiniones y ofreció sugerencias sobre cómo mejorar la supervisión y la inspección del cumplimiento de las Disposiciones Especiales, con el fin de avanzar en dicho ámbito y proteger a las trabajadoras en el marco de la política universal de los dos hijos. Los sindicatos de todo el país han tomado la iniciativa de reforzar su compromiso y cooperación con los congresos populares locales, así como con los organismos públicos, incluidos los departamentos u oficinas de recursos humanos y seguridad social, las comisiones de salud y las administraciones de seguridad laboral, para supervisar e inspeccionar conjuntamente el cumplimiento de las Disposiciones Especiales y sugerir medidas correctivas. Hasta septiembre de 2017, 1,633 millones de sindicatos de base aplicaban las disposiciones sobre los trabajos prohibidos para las mujeres, lo que englobaba a 3,77 millones de empleadores y beneficiaba a 72,296 millones de mujeres; 1,64 millones de sindicatos de base aplicaban las disposiciones para el tratamiento especial de las trabajadoras durante la menstruación, el embarazo y los períodos de posparto y lactancia, lo que englobaba a 3,798 millones de empleadores y beneficiaba a 73,358 millones de mujeres.
Gracias a la cooperación interinstitucional, se han perfeccionado las leyes y los reglamentos y las mujeres tienen igualdad de oportunidades en el empleo. En marzo de 2019, el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social, la Comisión de Supervisión y Administración de Activos de Propiedad Estatal, la Federación de Mujeres y otros organismos emitieron una circular conjunta sobre la regulación adicional de las prácticas de contratación para fomentar el empleo de las mujeres. En ella se especificaban seis prácticas prohibidas de discriminación por razón de género en el empleo, se establecían sanciones (por ejemplo, órdenes de corrección, multas y revocación de licencias comerciales) para las empresas y las agencias de servicios de recursos humanos sospechosas de discriminar por razón de género y se creaba un mecanismo de investigación conjunta entre organismos. La circular también pretendía ofrecer apoyo y asistencia a las mujeres víctimas de la discriminación para que presentaran demandas y para darles orientación y servicios personalizados que las ayudaran en su trayectoria profesional. De esta manera, se dio un sólido apoyo político a la igualdad de derechos de las mujeres en el empleo.
Por ley, las trabajadoras tienen derecho a tomarse una licencia de maternidad remunerada. El Consejo de Estado ha puesto en marcha distintas medidas de política, como la decisión relativa al cumplimiento de la política universal de los dos hijos y la reforma y mejora de la gestión de los servicios de planificación familiar, con el fin de proteger los derechos de las mujeres al empleo y a las debidas licencias conforme a la ley, ayudar con la reincorporación al trabajo después de dar a luz y alentar a los empresarios a permitir unos horarios de trabajo flexibles y hacer las adaptaciones necesarias para las embarazadas y las lactantes. Treinta y una provincias, regiones autónomas y municipios de todo el país han perfeccionado sus políticas sobre licencias adicionales como recompensa por cumplir los requisitos de planificación familiar. Ahora se establece explícitamente en ellas que las mujeres tienen derecho a disfrutar de uno de tales permisos por un período de uno a nueve meses, aparte de los 98 días por maternidad que ya fija la ley, y que los hombres pueden disfrutar de una licencia de paternidad remunerada de 7 a 31 días de duración.
Artículo 12: salud de la mujer
China concede gran importancia a la salud y el desarrollo integral de la mujer. Ha hecho de la salvaguarda de la salud una estrategia importante y una tarea prioritaria, y ha trabajado sin descanso por mejorarla. Desde 2014, se han formulado y aplicado el proyecto “China saludable 2030”, el plan de desarrollo de la atención sanitaria para el 13er período del Plan Quinquenal y el plan de profundización de la reforma del sistema médico para el 13er período del Plan Quinquenal. En estos planes, la salud de las mujeres y los niños es una estrategia prioritaria de desarrollo y debe garantizarse en todos sus aspectos y a lo largo de toda la vida.
La esperanza media de vida de las mujeres chinas ha seguido aumentando. En el caso de la población general se situaba en los 76,7 años en 2017, y la de las mujeres era de 79,43 años en 2015 (2,06 años más que en 2010).
La razón de mortalidad materna ha continuado a la baja y pasó de 30 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2010 a 19,6 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2017, lo que supone un descenso de 10,4 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Por tanto, se han alcanzado antes de lo previsto las metas establecidas en el Programa para la Mujer y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La Organización Mundial de la Salud incluyó a China entre los diez países con mejores resultados en materia de salud maternoinfantil.
La salud reproductiva de las mujeres siguió mejorando. En 2017, el 66,9 % de las mujeres se sometieron a exámenes de detección de enfermedades ginecológicas, que dieron positivo en un 24,2 % de los casos. La cobertura de los servicios básicos de salud pública y planificación familiar para la población móvil se mantuvo por encima del 87 % en todo el país.
Se ha intensificado la prevención y el control del VIH y las infecciones de transmisión sexual entre las mujeres. Desde 2015, el Gobierno Central ha invertido 1.400 millones de yuanes al año para reforzar la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH, la sífilis y la hepatitis B en todo el país. El Gobierno ofrece pruebas gratuitas de detección del VIH, la sífilis y la hepatitis B a todas las mujeres embarazadas, así como intervenciones y servicios integrales gratuitos para prevenir la transmisión maternoinfantil para todas las mujeres embarazadas infectadas y sus hijos. En 2017, el número de mujeres en tratamiento antirretroviral alcanzó las 155.618. En 2017, más del 99 % de las mujeres embarazadas se sometieron a las pruebas del VIH, la sífilis y la hepatitis B; el 90 % de las mujeres embarazadas infectadas por el VIH fueron tratadas con medicamentos antirretrovirales; el 80 % de las mujeres embarazadas infectadas por la sífilis estaban en tratamiento; la tasa de transmisión del VIH de madre a hijo se redujo al 4,9 %; el número de casos notificados de sífilis congénita pasó de 13.000 en 2011 a 3.846; el 99,7 % de los niños nacidos de mujeres infectadas por la hepatitis B recibieron inyecciones de inmunoglobulina; y el 96,8 % de los recién nacidos fueron inoculados con la primera dosis de la vacuna contra la hepatitis B.
El sistema de servicios de salud maternoinfantil ha seguido mejorando. En el centro de este sistema con características chinas, que se divide en tres niveles, se encuentran los centros de salud maternoinfantil, que se ven reforzados por los de atención médica y sanitaria primaria en su núcleo y por el apoyo técnico de los hospitales generales y las instituciones de investigación y enseñanza, y atienden tanto en las zonas urbanas como en las rurales conforme a un reparto de responsabilidades por niveles.
La infraestructura para la atención sanitaria maternoinfantil y la capacidad de los servicios han mejorado de forma notable. China ha seguido invirtiendo en la construcción de centros de salud maternoinfantil, centrándose en mejorar la atención primaria para madres y niños. Durante el 12º período del Plan Quinquenal (2011-2015), el Gobierno Central destinó 10.700 millones de yuanes a la construcción de más de 1.100 instalaciones de atención sanitaria maternoinfantil y 4.000 millones de yuanes a la construcción y el equipamiento de 800 instalaciones de planificación familiar condales. De 2016 a 2017, el Gobierno Central destinó 6.250 millones de yuanes de sus fondos presupuestados a la construcción de 512 centros de atención sanitaria maternoinfantil, lo que supone un aumento significativo con respecto al 12º período del Plan Quinquenal. China viene optimizando e integrando recursos de servicios técnicos para la atención sanitaria maternoinfantil y la planificación familiar desde 2013. A finales de 2017, se había integrado el 89,8 % de los recursos de las instalaciones pertinentes en las ciudades, los condados y los municipios en todo el país. Gracias a ello, se podrá ir ofreciendo gradualmente una gama completa de servicios de salud materna, infantil, reproductiva y de la mujer.
Se ha seguido avanzando en la accesibilidad y equidad de los servicios de salud maternoinfantil. Con la plena aplicación del programa de servicios básicos de salud pública en 2009, se han seguido mejorando los servicios de gestión de la salud materna en el país. Según las estadísticas, en 2017 más del 85 % de las mujeres embarazadas registraron su embarazo de forma temprana y acudieron a visitas postnatales. Se han seguido distribuyendo las subvenciones destinadas a las mujeres de las zonas rurales para que den a luz en un hospital. Las autoridades fiscales de distintos niveles conceden 500 yuanes por hacerlo.
Se han seguido reforzando las actividades relacionadas con la salud mental de las mujeres. En 2015, se formuló un plan de trabajo nacional para el período2015-2020, en el que se definían distintas tareas para proteger y promover la salud mental, y en 2016 se publicó una guía para fortalecer los servicios correspondientes. China ha puesto en marcha actividades exhaustivas de gestión y tratamiento de pacientes con trastornos mentales graves, ha desarrollado proyectos piloto para la gestión holística de la salud mental y ha llevado a cabo diversas campañas de sensibilización para difundir ampliamente conocimientos básicos sobre la salud mental y el bienestar psicológico.
Artículo 13: otros derechos económicos y sociales de la mujer
En la legislación china no se impone ninguna restricción discriminatoria contra las mujeres con respecto a otros derechos económicos y sociales.
Se garantiza la igualdad de acceso de las mujeres a los servicios y recursos públicos. Por ejemplo, en el recién revisado Código de Diseño de los Aseos Públicos Urbanos, publicado en 2016, se modificó la proporción de aseos femeninos con respecto a los masculinos, que pasó a ser de 3 : 2, o de 2 : 1 en las zonas de gran afluencia, por lo que ahora el espacio púbico responde mejor a las necesidades de las mujeres.
El Consejo de Estado promulgó un programa nacional sobre el estado físico para el período 2011-2015. En él se incluían planes para seguir desarrollando el sector deportivo, intensificar las campañas nacionales en la materia y acelerar el desarrollo de los deportes como elemento facilitador de una nación más fuerte, con el objetivo explícito de “hacer más avances en las instalaciones deportivas para las mujeres”. El objetivo del programa para el período 2016-2020 es “promover el deporte entre los trabajadores, las mujeres y los niños, y fomentar la integración de los servicios deportivos públicos para los trabajadores migrantes en el sistema de oferta local donde se encuentran”.
Han aumentado las prestaciones para la protección de la maternidad. En 2018, la afiliación al seguro de maternidad en todo el país ascendía a 204 millones de personas, por lo que se superó por primera vez la barrera de los 200 millones. De ellas, 89,27 millones eran trabajadoras, lo que supone un aumento de 15,2 millones con respecto a 2014. Los gastos médicos del parto están debidamente cubiertos: en el caso de las mujeres que tienen un empleo, corren a cargo del seguro de maternidad y en el de las desempleadas, del seguro médico básico para residentes urbanos y rurales. En 2017, China puso en marcha un programa piloto en el que se fusionaban el seguro de maternidad y el seguro médico básico para los trabajadores. La unión de ambos regímenes se aplicará plenamente en todo el país en 2019. De esa manera, se ayudará a ampliar la cobertura del seguro de maternidad, así como la capacidad de cofinanciación de los fondos del seguro social y la protección ofrecida por el seguro de maternidad.
El número de mujeres afiliadas al seguro médico básico ha aumentado. En 2017, había 1.340 millones de personas afiliadas al seguro médico básico para trabajadores y el seguro médico básico para residentes urbanos y rurales (incluido el Nuevo Plan Médico Cooperativo Rural). De ellos, 380 millones de mujeres estaban afiliadas al seguro médico básico para residentes urbanos y rurales, a la espera de la integración del Nuevo Plan Médico Cooperativo Rural, lo que supone el 43,6 % del total frente al 34,1 % registrado en 2011.
La participación de las mujeres en el régimen de pensiones ha aumentado. En 2017, aproximadamente 385 millones de mujeres contribuían al seguro básico de pensiones en todo el país, un aumento de unos 33 millones con respecto al año anterior. El número de afiliadas al seguro básico de pensiones para trabajadores urbanos fue de casi 180 millones, un 58,1 % más que en 2010. En 2017, casi 210 millones de mujeres contribuían al seguro básico de pensiones para residentes urbanos y rurales, un 18,5 % más que el año anterior.
El número de mujeres afiliadas al seguro de desempleo y al seguro de accidentes de trabajo ha seguido creciendo. En 2017, sumaban 79,5 millones, en el caso del seguro de desempleo en todo el país, un aumento de 8,05 millones con respecto a 2014; y 85,94 millones, en el caso del seguro de accidentes de trabajo, un aumento de 5,24 millones frente a 2014.
Ha seguido aumentando el acceso de las mujeres a los servicios de atención a la tercera edad. El número de centros de atención a mayores ha crecido considerablemente en todo el país y también ha aumentado su capacidad. A finales de 2017, había 155.000 instituciones y centros de servicios de atención a personas mayores de diversa índole en todo el país, que sumaban un total de aproximadamente 7.448.000 camas, es decir, aproximadamente 30,9 camas por cada 1.000 personas de edad. Hay servicios de atención domiciliaria en básicamente todas las comunidades urbanas y en más del 50 % de las rurales. En todo el país, el 93 % de las instituciones de atención a la tercera edad pueden ofrecer diferentes servicios médicos y sanitarios a sus residentes, por lo que se presta servicio a más mujeres de edad.
China ha seguido emprendiendo importantes proyectos para estimular producciones de calidad en las artes escénicas, renovar y promover el patrimonio de la ópera autóctona e invertir en la colección y el desarrollo de las bellas artes. Estos proyectos han dado lugar a la creación de un sinfín de obras con temas relacionados con los derechos fundamentales de las mujeres y algunos grupos prioritarios como las mujeres mayores, las mujeres con discapacidad y las trabajadoras migrantes, y también han hecho posible que las mujeres accedan a una selección mayor y más variada de obras culturales y artísticas.
China ha insistido en reforzar y mejorar los servicios públicos para las mujeres con discapacidad en los ámbitos de la educación, el empleo y la salud. En 2017, 8,445 millones (un 80,1 %) de mujeres con discapacidad registradas de 16 años de edad o más estaban afiliadas al seguro de pensiones para residentes urbanos y rurales; 12,467 millones (un 96,7 %) de mujeres con discapacidad lo estaban al seguro médico básico; 3,55 millones recibían servicios básicos de rehabilitación; 6.671 niñas con discapacidad estaban matriculadas en centros preescolares gracias a las subvenciones del fondo de la lotería para el bienestar público para la discapacidad; 5.858 niñas con discapacidad fueron admitidas en centros de enseñanza superior; y 2,968 millones de mujeres con discapacidad registradas de entre 16 y 54 años de edad tenían un trabajo.
Artículo 14: mujeres rurales
Con respecto a los párrafos 43 y 45 de las observaciones finales del Comité, el Gobierno de China ha adoptado una serie de medidas positivas para abordar la seguridad de los derechos sobre la tierra de las mujeres rurales.
Se ha acelerado la reforma agraria. En 2014, China puso en marcha un proyecto piloto para determinar y certificar los derechos sobre la tierra contratada en las zonas rurales y alentó a que, en las zonas participantes, se buscara la forma de proteger los derechos e intereses de las mujeres en relación con la contratación de tierras, incluido en caso de matrimonio y divorcio. El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales promovió las prácticas y las enseñanzas extraídas en las zonas comprendidas en el proyecto piloto, tales como el condado de Fengyang, en la provincia de Anhui, para salvaguardar los derechos e intereses de las mujeres rurales en la contratación de tierras por todo el país. El Ministerio de Tierras y Recursos, en su circular para acelerar la determinación, el registro y la certificación de las tierras cedidas para uso y residencia y de construcción colectiva, estableció que “las mujeres rurales, como miembros de la familia, tienen derecho a que se inscriban sus derechos e intereses de uso y residencia en el registro de la propiedad y los certificados de titularidad”. Con arreglo a la Ley de Contratos de las Tierras Rurales, que se revisó y modificó en 2018, “los miembros de una misma unidad familiar rural tienen igualdad de derechos e intereses sobre las tierras contratadas de acuerdo con la ley” y “los certificados de contrato de tierras o de tenencia forestal incluirán a todos los miembros de la familia con derecho a contratar y gestionar las tierras”. Ese mismo año, el Ministerio de Asuntos Civiles, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales y otras autoridades publicaron una guía conjunta para el establecimiento de reglas en las aldeas y de pactos de residentes, cuyo fin era poner freno a los importantes problemas que existían en algunos lugares y solucionarlos, tales como la violación de los derechos e intereses legítimos de las mujeres, en particular de las que estaban casadas, divorciadas y viudas.
Se ha reforzado el sistema de mediación y arbitraje para los contratos de tierras rurales. Se han mejorado los mecanismos de arbitraje, y las federaciones de mujeres han participado activamente en los comités de arbitraje. A finales de junio de 2017, se habían creado 2.463 comités de arbitraje de contratos de tierras rurales en todo el país, unos 300.000 comités de mediación de contratos de tierras rurales a nivel de municipios y casi 600.000 organizaciones de mediación a nivel de aldeas, lo que garantiza el acceso de las mujeres rurales a la justicia a la hora de defender sus derechos. Durante las sesiones de formación de formadores para el personal de arbitraje, se impartieron conferencias sobre temas candentes y difíciles relacionados con los derechos e intereses legítimos de las mujeres sobre la tierra, con el fin de aumentar la concienciación y la capacidad de los participantes para proteger los derechos e intereses de las mujeres. En diferentes localidades rurales, los litigios relacionados con los contratos de tierras se admitieron a trámite, mediaron y arbitraron rápidamente conforme a la ley, y se garantizó la salvaguarda de los derechos e intereses de las mujeres. En los dictámenes sobre el avance progresivo de la reforma del sistema de derechos de propiedad colectiva rural se afirma que, al determinar la pertenencia a las organizaciones económicas colectivas rurales, “se debe garantizar la aceptación de la mayoría y proteger los derechos e intereses de la minoría para que estos no se vean comprometidos por la mayoría y, así, salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de las mujeres”.
Se han conseguido resultados notables en la mitigación y reducción de la pobreza entre las mujeres rurales. En el marco de mitigación de la pobreza orientada al desarrollo en las zonas rurales de China para el período 2011-2020, se presta atención a las mujeres rurales y se exige que, en igualdad de condiciones, se dé prioridad a los proyectos que las afectan. Con la formulación del plan de mitigación de la pobreza para el 13er período del Plan Quinquenal (2016-2020) y los dictámenes sobre la mitigación de la pobreza orientada al desarrollo para las mujeres pobres, se han intensificado los esfuerzos al respecto y se ha sacado de la pobreza a 33,785 millones de mujeres pobres registradas. Los hogares pobres registrados que cumplen los requisitos necesarios pueden solicitar un microcrédito de hasta 50.000 yuanes. Se puso en marcha una campaña de mujeres para la mitigación de la pobreza, en la que se dio prioridad a aquellas que estaban registradas para que pudieran beneficiarse de distintos proyectos en favor de los pobres en ámbitos como el comercio electrónico y el turismo, y de otros destinados a conseguir la participación de 10.000 empresas privadas para ayudar a más de 10.000 pueblos a salir de la pobreza en un plazo de tres a cinco años. Se han creado 13.800 zonas nacionales de demostración de la campaña de mujeres para la mitigación de la pobreza y se han puesto en marcha iniciativas innovadoras para paliar la pobreza mediante la creación de capacidad, el emprendimiento, la artesanía, la asistencia mutua, la atención sanitaria y la beneficencia. Un total de 6,9 millones de mujeres pobres y trabajadoras participaron en diversas actividades de capacitación y más de 3,6 millones pudieron aumentar sus ingresos con el tiempo. A través de una campaña para la revitalización rural, se alentó a las mujeres de las zonas rurales a asumir su papel esencial en la promoción de la agroindustria, los estilos de vida ecológicos, el civismo social, la gobernanza eficaz y la prosperidad.
Se ha seguido fomentando la participación de las mujeres rurales en la gestión democrática local. Se han aplicado a fondo las disposiciones relacionadas con la elección de mujeres que figuran en la Ley Orgánica de los Comités de Aldea y las Normas y Procedimientos para la Elección de los Comités de Aldea, y se han reforzado las campañas de concienciación sobre las normas y las políticas durante las elecciones. Se ha promovido la participación de las mujeres en la gestión democrática local a través de plataformas deliberativas y consultivas, como los consejos de mujeres, lo que ha contribuido a un aumento constante de su representación en los comités de aldea (en las secciones correspondientes a los artículos 4 y 7 se recogen los detalles).
La salud de las mujeres que viven en el campo ha mejorado. China cuida más la salud de las mujeres rurales ofreciendo exámenes gratuitos de cáncer de cuello uterino y de mama y ampliando la cobertura del diagnóstico y el tratamiento precoces de estos dos tipos de cáncer. De 2009 a 2017, 73,985 millones de mujeres rurales se sometieron a pruebas de detección del primero y 13,634 millones a las del segundo. En 2018, se amplió el programa de detección para que abarcara todos los condados de las zonas pobres. La Federación de Mujeres puso en marcha un programa de ayuda vinculado a estas dos clases de cáncer que estaba dirigido a las madres rurales pobres y, a finales de 2017, se había prestado asistencia a 102.200 mujeres enfermas. De esa manera, se consiguió reducir entre ellas la aparición y la recurrencia de la pobreza derivada de la enfermedad.
Todas las mujeres embarazadas de las zonas rurales tienen la posibilidad de dar a luz en un hospital. Entre 2009 y 2016, el Gobierno Central destinó 22.600 millones de yuanes en subsidios a más de 74 millones de mujeres rurales embarazadas. Desde 2014, el porcentaje de mujeres rurales que dan a luz en hospitales se ha mantenido por encima del 99 %, lo que ha garantizado de forma efectiva la seguridad materna e infantil.
Ha proliferado un nuevo tipo de agricultoras profesionales. China ha incorporado programas de capacitación para este colectivo en los planes generales de formación de las autoridades de asuntos agrícolas y rurales a todos los niveles. Así, ha puesto en marcha un proyecto para las nuevas agricultoras profesionales; el llamado “Programa Spark” para la promoción de la ciencia y la tecnología en las zonas rurales; una iniciativa de formación dirigida a un millón de nuevas agricultoras; y el “Programa 5123”, destinado a formar a 50.000 empresarias, 10.000 directoras, 20.000 defensoras de la mujer y más de 3.000 directivas en las zonas rurales durante el 11º período del Plan Quinquenal. Se han creado un total de 200.000 “escuelas de mujeres”, donde se proporciona formación a 200 millones de mujeres en nuevas técnicas agrícolas y variedades de cultivos. En 2017, el sistema de la Federación de Mujeres organizó más de 16.000 sesiones de capacitación sobre el nuevo tipo de agricultoras profesionales y formó a casi 1,5 millones de mujeres que trabajaban en diversos tipos de producción y explotación agrícolas.
China es un país agrícola de grandes dimensiones. En comparación con las mujeres de las ciudades, las de algunas zonas rurales siguen viviendo en la pobreza y, a menudo, su número es elevado. Las mujeres rurales todavía no tienen suficiente acceso a servicios públicos básicos, como la educación y la atención sanitaria. La búsqueda de soluciones fundamentales a las dificultades y los problemas a los que hacen frente las mujeres rurales requerirá esfuerzos arduos y de largo plazo.
Parte IV
Artículo 15: derechos de la mujer a celebrar contratos y a elegir su residencia y domicilio
La igualdad de género es una política estatal básica de China, según la cual las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres en lo que respecta a la celebración de contratos y la administración de propiedades, el acceso a los procedimientos legales, la libertad de circulación y la libertad de elegir residencia y domicilio.
Artículo 16: derechos de la mujer en el matrimonio y la familia
La Constitución de la República Popular China establece que “el matrimonio, la familia y la madre y el hijo están protegidos por el Estado”. La Ley de Matrimonio es plenamente compatible con lo dispuesto en el artículo 16 de la Convención en lo que respecta al principio de no discriminación en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio y las relaciones familiares.
Se han hecho interpretaciones judiciales para abordar la dificultad de determinar las deudas conjuntas en los matrimonios. En febrero de 2017, el Tribunal Popular Supremo publicó las disposiciones complementarias sobre la interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación de la Ley de Matrimonio de la República Popular China (II), en las que se trataban nuevos aspectos y situaciones en la práctica judicial relacionados con las deudas conjuntas de los matrimonios, y se hacía hincapié en que las deudas de naturaleza fraudulenta e ilícita no estaban protegidas por la ley. En enero de 2018, el Tribunal Popular Supremo publicó una interpretación sobre cuestiones relacionadas con la aplicación de la ley en los casos de disputas referidas a las deudas de los matrimonios, en la que se redefinieron los criterios y las condiciones para determinar las deudas conjuntas, con el fin de proteger los derechos e intereses legítimos tanto de los cónyuges como de los acreedores de una manera justa y razonable.
Se ha mejorado el mecanismo de prevención y resolución de conflictos matrimoniales y familiares. El Tribunal Popular Supremo, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Civiles han emitido unos dictámenes conjuntos sobre la prevención y resolución de los conflictos matrimoniales y familiares, en los que se aclaran las responsabilidades y los requisitos de las diferentes autoridades y se orienta a diversas localidades y autoridades en la materia. Ya son 31 las provincias (regiones autónomas y municipios) de todo el país que han proporcionado documentación de apoyo al respecto.
Se han llevado a cabo diversas actividades para fomentar la civilidad en las familias. En la tradición china, la familia tiene prioridad y se valoran la buena crianza y la armonía familiar. A este respecto, el país ha llevado a cabo numerosas iniciativas que promueven la idea de la “familia civilizada” y acciones innovadoras como la campaña llamada “La familia más bella”, que atrajo a 410 millones de personas, tanto en línea como en los medios tradicionales, y puso en primer plano a 3,145 millones de familias de distinto tipo y diversos estratos. Un total de 170 millones de personas participaron en actividades, tales como lecturas en familia y entre padres e hijos. Un total de 120 millones de personas participaron en la presentación y demostración de tradiciones y lemas familiares inspiradores, así como en los recorridos organizados al efecto. Estas actividades han promovido en gran medida la armonía en el hogar, lo que ha demostrado ser un factor de progreso social y de construcción del tejido social.