84 período de sesiones

6 a 24 de febrero de 2023

Tema 4 del programa

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Respuestas de Costa Rica a la lista de cuestiones y preguntas relativa a su octavo informe periódico * , **

[Fecha de recepción: 15 de julio de 2022]

* El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.

** Se puede acceder al anexo del presente documento desde la página web del Comité.

Informe sobre lista de cuestiones y preguntas en relación con el octavo informe periódico de Costa Rica

Visibilidad de la convención y su protocolo facultativo

El PAM consiste en 16 sesiones para el fortalecimiento individual y colectivo, en los que se abordan temáticas relacionadas con derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos, violencia, autonomía económica, organización, liderazgo, entre otras. El Programa trabaja a nivel regional en las 7 provincias del país, y capacita a más de 10.000 mujeres al año como parte de la Estrategia Puente al Desarrollo, liderada por el IMAS. Las sesiones han sufrido modificaciones metodológicas adaptadas a diferentes poblaciones, incluyendo mujeres indígenas (que cuenta con una persona traductora para estas poblaciones), mujeres afrodescendientes y adolescentes.

Como parte del PAM el proceso de construcción denominado “Plan de vida”, promueve que las mujeres incluyan necesidades e intereses en su proyecto de vida, para lo cual se realiza una articulación con el INA, MEP, MIHVA, MTSS y otras instancias a nivel privado, quienes abordan temáticas relacionadas con violencia cibernética, trata de personas, entre otras.

Adicionalmente, a nivel regional el INAMU participa en diferentes espacios de incidencia en procura de mejorar las condiciones de vida de las participantes del Programa, entre ellos: Mesa indígena en la región Brunca, Mesa Migrante en la región Huetar Norte y región Chorotega, Mujeres Afro en la región Huetar Caribe.

En el ámbito de los derechos políticos, el proyecto: “Educación en el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas: mujeres indígenas replicando sus conocimientos”, permitió impartir talleres dirigidos a otras mujeres de comunidades indígenas. En los años 2020 y 2021, se desarrollaron capacitaciones virtuales dirigidas a 69 mujeres indígenas sobre participación política en municipalidades y asociaciones de desarrollo indígena, en coordinación con DINADECO y el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano. En particular, el Centro de Formación Política del INAMU implementó cursos dirigidos a mujeres indígenas en derechos políticos, y con el fin de que participen en los espacios de toma de decisiones como municipalidades, comités, organizaciones sociales, organizaciones de mujeres y ADI. Para el período 2018-2021 se realizaron 6 cursos dirigidos a 51 mujeres indígenas.

Específicamente el “Curso de Multiplicadoras Indígenas”, permitió que las lideresas capacitadas formaran en derechos políticos a otras 914 mujeres indígenas de los territorios y comunidades de Bribri, Guatuso, Cabécar, Alto Chirripó, Térraba, Altos de San Antonio, Conte Burica, Coto Brus y Abrojo Montezuma. Las capacitaciones las hicieron en sus propios idiomas y desde el conocimiento de sus culturas, lo que facilitó su asimilación y la puesta en práctica de algunos de sus contenidos; también permitió desarrollar las capacidades de las multiplicadoras y su visibilización ante la comunidad. Se avanza en la construcción de una estrategia institucional articulada en formación política dirigida a mujeres en su diversidad, que estará finalizada en el 2022.

También destaca la elaboración de la Agenda Nacional de Mujeres Afrodescendientes, que tiene como fin plantear los avances, vacíos, desafíos y propuestas para la incidencia política de las mujeres afrodescendientes en cuatro temas: políticas públicas específicas, salud, trabajo y participación política. Su meta es elaborar y ejecutar una propuesta para fortalecer las capacidades de las mujeres y los hombres afrodescendientes mediante formación e información contextualizada y adaptada culturalmente para su efectiva participación en la toma de decisiones.

En el ámbito judicial del 01 de enero del 2021 al 30 de marzo del 2022 se identificaron 29 sentencias emitidas por las Salas I, II, III y IV, así como por Salas de Casación, Tribunales de Apelación y el Tribunal Disciplinario de la Inspección Judicial (Anexo 2), donde se menciona o fue aplicada la CEDAW. Específicamente, las sentencias de la Sala I, II, III y IV refieren a casos relacionados con delitos sexuales, hostigamiento sexual, materia agraria y civil, despidos ilegítimos a mujeres embarazadas, migración, entre otros (Anexo 3). Las sentencias están publicadas en el sitio NEXUS-PJ (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/).

Los derechos de las mujeres y la igualdad de género en relación con la pandemia y los esfuerzos de recuperación

Ante la declaración de emergencia nacional en el año 2020, el INAMU emitió un comunicado de prensa para informar a la población sobre el reforzamiento de los servicios de atención a mujeres en diversas modalidades por situaciones de violencia. Posteriormente, se habilitó la línea telefónica gratuita 800-INAMUCR (800-462-68-27), para fortalecer los servicios de información y atención a las mujeres de todo el país. Además, el Gobierno estableció una excepción a la aplicación de las multas por abandono del sitio de aislamiento establecidas para contener el contagio del COVID-19, cuando se trata de un estado de necesidad, como por ejemplo la violencia doméstica. De este modo, si una mujer es detectada fuera de su sitio de aislamiento a razón de huir de una situación de violencia, las autoridades de salud deben coordinar con otras instituciones como el INAMU, el Juzgado de Violencia, la Fuerza Pública, o la instancia competente (Decreto Ejecutivo Nº 42293-S del 3 de abril de 2020). Por su parte, los “Lineamientos generales para la atención diaria en los CEAAM”, emitidos en 2020, establecieron que se mantendrían vigentes las audiencias en los Juzgados de Violencia Doméstica, en materia de pensiones alimentarias, y las audiencias penales para fijar medidas cautelares o para ampliarlas.

Considerando el aumento del desempleo, el subempleo y la informalidad que profundiza la brecha de desigualdad para las mujeres, se incorporaron acciones estratégicas a mediano plazo al Plan de Acción 2019-2022 de la PIEG. Están dirigidas al fortalecimiento del ingreso de las mujeres al mercado laboral, vía trabajo asalariado o cuenta propia (emprendedurismo y empresariedad). A través del Sistema Nacional de Intermediación Laboral del MTSS se brindará seguimiento al ingreso de mujeres al empleo, especialmente de quienes se capacitaron en el Programa Empléate, incluyendo mujeres en condición de pobreza y discapacidad. Asimismo, se integraron acciones estratégicas a través de Programas de Empresariedad del BNCR y de dos Programas de FONAFIFO en el cual se integra la dimensión ambiental: 1) El otorgamiento del CIGUP y 2) PSA y el Programa Crédito. El PSA-Mujer es una acción afirmativa que otorga 25 puntos porcentuales a propietarias que soliciten el ingreso a dicha modalidad. En el Programa de Crédito se ofrecen condiciones diferenciadas para las mujeres en diversas actividades productivas vinculadas el sector forestal. Se gestionará la continuidad de estas acciones en el siguiente Plan de Acción 2023-2026.

Con respecto a lo planteado en el párrafo 2c del Informe sobre cuestiones y preguntas, no se reportan avances.

En el ámbito de la salud, desde la CCSS se elaboraron varios lineamientos para ajustar la atención en tiempos de pandemia a todas las mujeres, entre ellos: el Lineamiento Técnico LT.CM.DDSS.040520 para la atención de mujeres embarazadas durante la pandemia COVID-19 en los servicios de salud de la CCSS; el GM-DDSS-0579-2020 el cual es un ajuste a la normativa de acompañantes en proceso de nacimiento en las maternidades institucionales, por la situación de emergencia nacional; y el GM-MDE-7506-2020, que contempla un recordatorio y priorización de normativa sobre acciones relacionadas con la consejería y prescripción de métodos anticonceptivos y de protección en los servicios de consulta externa urgencias e internamiento de los tres niveles de atención de la CCSS durante la situación epidemiológica COVID-19. En cuanto a la atención de mujeres indígenas, la CCSS realizó un trabajo intersectorial CCSS-INAMU, por medio del cual fortalece el proceso de atención en la zona de Talamanca Bribri-Cabécar.

Particularmente, en el ámbito del acceso a la salud mental se creó la MTOSMAPS, es una instancia interinstitucional activada por la Mesa de Salud y coordinada por el MINSA, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Para finales del 2020, la Mesa realizó un análisis de lo ejecutado, un plan de trabajo para los años venideros y ha venido trabajando en la construcción de los “Lineamientos de Recuperación en salud mental en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19”, los que cuentan con perspectiva de género como enfoque rector y están en proceso de finalización para su aprobación final por parte de las autoridades del MINSA.

Marco legislativo y definición de discriminación

La Ley N° 10120, denominada Acciones Afirmativas a favor de las Personas Afrodescendientes, entró en vigencia el 02 de febrero de 2022. Específicamente plantea que “El INAMU deberá incorporar en sus programas existentes, o por medio de nuevos programas, las acciones afirmativas específicas relativas a la participación política, la autonomía económica y el acceso a la salud para las mujeres afrodescendientes, y medir sus resultados” (Art. 7).

Con respecto a las mujeres rurales, el Poder Ejecutivo toma acciones específicas mediante la aprobación del Decreto Ejecutivo N° 43436-MAG-MCM del 17 de mayo del 2022, referente a la Creación y Declaración de interés público de la Comisión Interinstitucional para el Acceso, Uso y Administración de la tierra para las mujeres rurales, que tiene por objetivo crear y regular la organización y funcionamiento de dicha Comisión.

En relación con las medidas tomadas para indemnizar a las mujeres víctimas de discriminación por motivos de género, destaca la aprobación de la Ley N° 10263 de Reparación Integral para personas sobrevivientes de Femicidio, que entró en vigor el 6 de mayo del 2022, estableciéndose un régimen para la reparación integral de familiares sobrevivientes de femicidio. Sin embargo, en lo inmediato se planteó una reforma que busca corregir algunos de los vacíos identificados en esta Ley.

El 27 de enero de 2022 entró en vigor la Ley N° 10081 “Derechos de la mujer durante la atención calificada, digna y respetuosa del embarazo, parto, postparto y atención del recién nacido”, la cual propone situar a las mujeres embarazadas como protagonistas de todo el proceso desde el control prenatal, parto y post parto. Además, establece mejorar el trato mediante una atención de alta calidad en medicina y enfermería, así como también con la calidez necesaria para garantizar el respeto y los derechos humanos de las mujeres. Esta modalidad de atención sitúa a la familia de la mujer embarazada como parte fundamental del proceso, promoviendo así el involucramiento y la corresponsabilidad de todas las personas del hogar. También plantea una visión intercultural, garantizando el respeto a tradiciones de distintas poblaciones sin menoscabar la adecuada atención en los centros de salud.

Acceso a la justicia y mecanismos de denuncia legal

A partir de la promulgación de la Ley N° 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas (en vigencia desde setiembre de 2018), se establece la asistencia letrada gratuita para las personas indígenas que no puedan cubrir los costos, la cual deberá estar a cargo de una persona defensora pública especializada en derecho indígena y en la materia de competencia (Art. 7). Con el fin de garantizar dicha atención con el recurso humano necesario se realizó un estudio de impacto organizacional y presupuestario para la Defensa Pública, el cual concluyó que, se necesitaba reforzar con una plaza de persona defensora el recurso humano de la oficina de la Defensa Pública de Buenos Aires y Bribri, debido a que en las demás oficinas que atienden población indígena cuentan con la estructura organizacional idónea para soportar la demanda de la zona.

Por otra parte, el INAMU tiene un servicio de representación legal gratuita que brinda la Delegación de la Mujer, sin embargo, debido a las limitaciones de recurso humano la representación legal está dirigida principalmente a la atención de mujeres involucradas en procesos de la Ley contra la Violencia Doméstica y a casos calificados de otros procesos de familia. En el año 2019 el INAMU inició gestiones administrativas para solicitar la creación de 7 plazas de profesional en Derecho para la representación judicial de mujeres en procesos penales y en noviembre de 2021 se concluyó el proceso de reclutamiento de 7 abogadas, 5 de las cuales laboran en las cinco Unidades Regionales fuera de la GAM (Brunca, Chorotega, Huetar Norte, Pacífico Central y Huetar Caribe) y 2 en San José específicamente en la Delegación de la Mujer.

Durante el 2021, se desarrollaron actividades grupales para el fomento de las capacidades de las mujeres atendidas por el CIO, entre éstas destacan talleres sobre: acoso laboral y sexual, procesos de duelo, procesos de crianza, acoso laboral, resolución de conflictos, así como participación en las actividades de promoción de derechos en el marco del trabajo interinstitucional que se lleva a cabo desde la Red para la Atención a mujeres vinculadas a un proceso penal y a sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad. Aunado a ello, entre enero de 2021 y abril de 2022 se desarrollaron asesorías legales a sindicatos sobre derechos labores, y se atendieron a mujeres políticas municipalistas de diversas localidades del país por violencia política en su contra.

A partir del 2021, se puso en marcha la línea 800-INAMUCR, a fin de garantizar de manera gratuita el servicio de atención telefónica a las mujeres. Actualmente el servicio se mantiene y se encuentra vinculado a la central telefónica del CIO. Asimismo, se reforzó la atención de consultas vía telefónica y correo electrónico, mismas que aumentaron de manera significativa, ya que en 2020 se atendieron 5.944 personas nuevas, y en el 2021 la cifra aumentó a 8.373 personas. Al mes de abril del 2022, 2.591 nuevas personas han sido atendidas.

Desde mayo del 2021, la Escuela Judicial realizó 5 convocatorias del curso “Un acercamiento a las convenciones CEDAW y Belém do Pará” dirigido a jueces, juezas y personal auxiliar de la judicatura. Esta estrategia de capacitación tiene continuidad en 2022.

El MP, buscando una mejor atención a las víctimas revestida de sensibilidad, especialización, celeridad y humanización, ha mantenido a lo largo de los años, una constante capacitación del personal profesional y de apoyo, para lo cual la Fiscalía Adjunta de Género y la Unidad de Capacitación del MP, imparten capacitaciones de oferta permanente sobre diversos temas relacionados al abordaje de los delitos sexuales y violencia penalizada libre de estereotipos y prejuicios.

El OIJ apuesta a la formación y sensibilización de su personal en materia de hostigamiento sexual y mecanismos para la denuncia, así como mejorar la investigación de delitos cometidos contra mujeres y niñas. Destaca también la elaboración y puesta en vigencia del “Protocolo conjunto homologado para la investigación de mujeres mayores de edad desaparecidas y no localizadas, con enfoque diferenciado según perspectiva de género”.

En el marco de las acciones estratégicas inscritas en PLANOVI (2017-2032), en el Eje IV “Protección efectiva, acceso real, debida diligencia, sanción y no revictimización”, en 2021 fueron capacitadas 66 personas funcionarias del PJ y la Fuerza Pública, en Debida diligencia.

La Subcomisión de Acceso a la Justicia de la población migrante y refugiada del PJ, ha promovido la aplicación de las directrices aprobadas por el Consejo Superior del PJ para garantizar el acceso a la justicia de esta población, con especial consideración a las mujeres: a) Directriz sobre validez de documentos de identidad para el acceso a los procesos judiciales de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de la condición de refugiadas, la cual tiene un apartado especial para el derecho fundamental de las mujeres migrantes y refugiadas a vivir libres de violencia y al acceso a mecanismos jurisdiccionales de protección; b) Circular N° 220-2014 sobre disposiciones para el acceso efectivo a los procesos judiciales laborales de estas poblaciones, la cual contempla la feminización de las migraciones como elemento sustancial para analizar las violaciones a los derechos laborales, las condiciones de vulnerabilidad y la respuesta judicial; c) Acuerdo del Consejo Superior N° 39-16 sobre el Lineamiento para la aplicación de los artículos 72 y 94 inciso 5 de la Ley General de Migración y Extranjería N° 8764, que establece el procedimiento para solicitar la permanencia temporal de las personas migrantes como medida de protección del debido proceso en los procesos judiciales; d) Circular N° 207-2021 relativa a los “Lineamientos para garantizar el derecho de Acceso a la justicia a niños, niñas y adolescentes migrantes, solicitantes de refugio, refugiados y apátridas con especial atención en los no acompañados o separados”.

Con respecto a las mujeres indígenas, sobresale el proyecto de construcción de la “Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas”, que cuenta con un recurso humano profesional destacado desde agosto de 2021 y la asistencia técnica de la cooperación internacional. Se han realizado múltiples sesiones de trabajo en pueblos y territorios indígenas con personas de la comunidad, para que el instrumento contemple su visión y necesidades. También se han elaborado y divulgado circulares internas promovidas por la Comisión de Acceso a la Justicia y aprobadas por el Consejo Superior del PJ, sobre servicios que deben brindarse y garantizarse a las personas usuarias indígenas. Se coordina con el Subproceso de Estadística del PJ para avanzar en el establecimiento de indicadores sobre esta población, que permitan a la institución el desarrollo de acciones afirmativas para garantizarles un acceso efectivo a la justicia, ajustado a la protección de datos sensibles.

Sobre el derecho al intérprete o traductor, cuando una persona usuaria indígena requiere del servicio de traducción es responsabilidad de cada Despacho Judicial gestionar la contratación correspondiente, con cargo al presupuesto del PJ. Recientemente, se nombró en el Circuito Judicial de Turrialba a una persona indígena como funcionaria judicial de planta, con la finalidad de que atienda la alta demanda del servicio de traducción que se requiere en la zona.

En relación con las mujeres afrodescendientes, la Subcomisión de Acceso a la Justicia de personas afrodescendientes, ha realizado cursos virtuales, capacitaciones, emisión de circulares, encuestas por parte de la Contraloría de Servicios del PJ, conversatorios, charlas, conferencias, dirigidas tanto a la población civil como a la judicial, para identificar aquellas áreas en las que se continúa perpetuando la discriminación y tomar acciones al respecto. En cuanto a barreras lingüísticas, se intensificó la búsqueda de más traductores de inglés criollo que puedan realizar dicha labor.

Mecanismo nacional para el adelanto de la mujer

En el mes de mayo de 2022, el Presidente de la República oficializó el nombramiento de la señora Cindy Quesada Hernández como ministra de la Condición de la Mujer, quién ocupará un espacio en el Consejo de Gobierno del Poder Ejecutivo por los próximos 4 años. Lo anterior para la coordinación en el Estado de las acciones comprometidas en la última década.

Entre los mecanismos creados para asegurar la coordinación entre la ministra de la Condición de la Mujer con otros mecanismos nacionales para la aplicación de la legislación y las políticas de igualdad, destaca la participación del INAMU como enlace institucional en la Comisión de la Mujer de la AL, ante la cual brinda criterio técnico y seguimiento a la agenda legislativa. Específicamente, en relación con las políticas de igualdad que coordina la institución, destaca el Consejo Interinstitucional de Alto Nivel Político de la PIEG, creado mediante Decreto Ejecutivo N° 41115 MP‑MCM del 30 de julio del 2018, y cuyo objetivo es tomar decisiones y dar seguimiento a las instituciones responsables de las acciones inscritas en la Política. Este Consejo está integrado por las personas jerarcas o representantes del INAMU, MEP, MTSS, MINSA, MEIC, MINAE, Ministerio de Hacienda, MIDEPLAN, MAG, y el Consejo rector del Sector Social. Por su parte, el Consejo Nacional del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, creado mediante la Ley N° 8688 del 19 de diciembre de 2008 y su Reglamento, establecido mediante Decreto Ejecutivo N° 39208 MP-MCM del 08 de octubre de 2015; es el órgano político superior del Sistema Nacional y está integrado por las personas jerarcas o representantes del INAMU, MINSA, MSP, MEP, MTSS, CCSS, PJ, y PANI. Entre sus funciones figuran: a) Aprobar el plan anual y los informes semestrales del Sistema; b) Rendir un informe semestral al Consejo de Gobierno sobre el avance de las políticas sectoriales y nacionales aprobadas por el Sistema; c) Rendir cuentas, públicamente, ante la ciudadanía sobre la situación de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar durante la primera quincena del mes de noviembre de cada año. Además, tiene las funciones establecidas en el artículo 8 del Reglamento del Sistema.

Las medidas implementadas por el Estado costarricense para fortalecer la capacidad de la RUPIG versan sobre los siguientes acciones: a) Elaboración de un diagnóstico del estado actual de los mecanismos institucionales de género, cuyos resultados han permitido reiterar aspectos como la formalización del mecanismo a lo interno de las instituciones, aumentar el presupuesto para su funcionamiento y la necesidad de capacitar al personal institucional; b) Las instituciones integrantes de la RUPIG, han participado en los webinar desarrollados en temas de corresponsabilidad social de los cuidados, violencia doméstica en el ámbito laboral, prevención del hostigamiento sexual, Sello de Igualdad de Género del INAMU, y el impacto de la COVID-19 en la vida de las mujeres; c) Se han puesto a disposición herramientas didácticas que el INAMU ha elaborado en diversos temas de interés en políticas públicas y derechos fundamentales; d) El INAMU forma parte de la Subcomisión de Incidencia Política de la RUPIG facilitando el canal de comunicación entre la Ministra de la Condición de la Mujer y las personas jerarcas de las instituciones que así lo requieran. En el marco de este grupo y con la participación de la Dirección General de Servicio Civil se elaboró el Manual auxiliar de cargos para mejorar los perfiles de los equipos que conforman las Unidades para la Igualdad de Género en las instituciones públicas; e) Se realizan sesiones de asistencia técnica de manera bilateral; f) Se estableció una alianza estratégica con el Programa del Sello de Igualdad de Género del INAMU y PNUD Sello Público a fin de fortalecer los mecanismos institucionales de igualdad de género en el proceso de transversalización de este enfoque. Esta alianza tiene el propósito de potenciar recursos de ambas organizaciones, tanto humanos como electrónicos (plataforma digital para elaborar diagnóstico de brechas de género a lo interno y externo de la institución).

A partir de un diagnóstico realizado a las OFIM se determina que la gran mayoría tiene un plan de trabajo estructurado con un presupuesto que consideran insuficiente; entre sus acciones principales están la participación en diferentes espacios de coordinación (redes y comités), prevención y atención de la violencia, atención al público sobre derechos de las mujeres, impulso de empresariedad y capacitación en igualdad y equidad de género. Para su fortalecimiento, desde el Departamento de Desarrollo Regional del INAMU se cuenta con una estrategia de comunicación con la Red Nacional de OFIM que permite la coordinación directa entre las Redes regionales de OFIM y las Unidades Regionales del INAMU de manera que se facilite y fortalezca la ejecución de proyectos conjuntos y se optimicen las condiciones para el cumplimiento de la estrategia de trabajo. En esa línea, se apoya el proceso de construcción y firma de una carta de entendimiento entre OFIM, IFAM e INAMU para la coordinación de procesos estratégicos para la promoción de los derechos de las mujeres en el ámbito local, así como reforzar el mandato y capacidad del Programa Municipal Oficina de la Mujer o de la Unidad encargada de los asuntos de género a lo interno de las Municipalidades. En el marco de dicho trabajo, y con el fin de unificar y fortalecer el trabajo con las OFIM en las regiones del país, se ha creado una oferta de asesoría, acompañamiento y asistencia técnica por parte del INAMU en materia políticas cantonales de igualdad de género, empresariedad y actualización e información.

Con fundamento en la Ley de creación del INAMU (Ley N° 7801, del 18 de mayo de 1998), se establece la creación del Foro de las Mujeres, órgano consultivo conformado por representantes de organizaciones sociales debidamente acreditadas que trabajan a favor de las mujeres, y que cuentan con la potestad de conocer y opinar sobre el quehacer del INAMU. Actualmente, participan 33 organizaciones y tienen asignado una partida presupuestaria del INAMU para atender el plan de acción del Foro. Por otro lado, en el año 2019 se inicia una alianza estratégica entre el INAMU y el Frente de Mujeres de Partidos Políticos de Costa Rica (3 partidos políticos representados en la AL), instancia autónoma de representación de género de algunos partidos políticos, cuyas participantes ostentan la representación oficial. Desde esta alianza se ha incidido a través de acciones de posicionamiento de los derechos políticos de las mujeres, comunicados de prensa, legislación, prevención de la violencia contra las mujeres en la política, entre otras, para garantizar el ejercicio del derecho constitucional que ampara a las mujeres de tener una participación activa dentro de la vida política electoral en condición de igualdad. También se han generado procesos formativos y de incidencia de los derechos políticos de las mujeres tanto a nivel nacional como local, y se ha logrado avanzar en la alianza con otras organizaciones defensoras de estos derechos, por ejemplo, el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, FMPCR, RECOMM, la Mesa Sindical de Mujeres, la Secretaría de la Mujer de la Confederación de ADC. Asimismo, de forma conjunta y con el apoyo de varias diputadas y diputados, se logró la aprobación de la Ley Adición del Artículo 14 Bis al Código Municipal (Ley No 7794, 30 de abril de 1998) Ley para el fortalecimiento de las Vice alcaldías y Vice intendencias Municipales (Ley No 10188, 21 de junio de 2022), con el cual se fortalece la figura de estas representaciones municipales, pues sus funciones específicas deben incluirse explícitamente en el Plan de Desarrollo Municipal y en la rendición de cuentas del informe anual que realiza la persona que ostente el cargo en la Alcaldía o Intendencia.

A partir de la elaboración del VIII informe periódico por parte del Estado costarricense, se identificó la necesidad de incorporar a la Plataforma Interinstitucional CEDAW otras instituciones también responsables de dar seguimiento a los compromisos de la Convención. En virtud de lo anterior, a inicios del 2022, se solicita de manera oficial desde el Despacho de la Presidencia Ejecutiva del INAMU, la incorporación de 18 nuevas instituciones, de las cuales 13 procedieron con el nombramiento respectivo de las personas enlace. Con la finalidad de mejorar el proceso de articulación y seguimiento a lo interno de las instituciones, se solicitó —en los casos que fuera posible— que dicho nombramiento recayera en la misma persona que integra otras comisiones coordinadas por el INAMU, como por ejemplo las comisiones de seguimiento a las políticas de género PIEG y PLANOVI. Actualmente la Plataforma Interinstitucional CEDAW está conformada por un total de 50 instituciones (Anexo 4).

Con respecto a los mecanismos para promover la participación y las consultas con las organizaciones de mujeres, sobresalen el Foro Nacional de Mujeres Indígenas y el Foro Nacional de Mujeres Afrodescendientes. Estas instancias son autónomas y el INAMU brinda el acompañamiento, la capacitación y la facilitación de espacios para el fortalecimiento organizativo, la elaboración y priorización de agendas con sus demandas y necesidades y el diálogo y negociación con las instituciones públicas, autoridades y organismos internacionales.

De acuerdo con el Informe del Plan de Acción 2015-2018 de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, se incorpora la igualdad de género de forma específica en temas relacionados con derechos civiles y políticos, educación y cultura, salud y seguridad social, trabajo digno y derechos económicos. En total, se han ejecutado 41 acciones dirigidas a poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes y refugiados por parte de las instituciones públicas competentes.

Con respecto a las políticas impulsadas por el Sector Agropecuario, mediante Acuerdo CAN 02-03-22 de la sesión ordinaria N° 04-22 del CAN, celebrada el 21 de abril del 2022, dicho Consejo se muestra conforme con el contenido propuesto en la “Política Pública para el Sector Agropecuario Pesquero y Rural al 2032”, la cual contiene un Eje de Inclusión para impulsar acciones orientadas a mejorar las oportunidades y condiciones de participación de las mujeres, jóvenes y otros grupos vulnerables, a fin de que mejoren su situación socioeconómica y, en el caso específico de las personas jóvenes, encuentren alternativas de desarrollo profesional en el medio rural.

Medidas especiales de carácter temporal

Con respecto a la medida afirmativa reportada en el VIII informe periódico (directriz emitida por el INA PE-464-2017), no se dispone de información adicional.

El Estado costarricense, aprobó recientemente la Ley de acciones afirmativas a favor de las personas afrodescendientes (Ley N° 10001, del 10 de agosto de 2021), la cual establece de interés nacional la elaboración, implementación y divulgación de acciones afirmativas a favor de las personas afrodescendientes en Costa Rica, y compromete a distintas instituciones a ejecutar acciones en materia de empleo, educación y cultura, según su competencia. El artículo 7 de la citada ley, refiere específicamente a la obligación del INAMU de incorporar medidas afirmativas a los programas existentes y/o a los programas nuevos que se definan con respecto a participación política, autonomía económica y acceso a la salud de las mujeres afrodescendientes, y medir sus resultados.

Estereotipos y prácticas nocivas

En el marco del Eje 1 de la PIEG 2018-2030 en 2021 fueron ejecutadas 880 actividades de generación de capacidades, formación en igualdad de género y derechos humanos dirigidas al personal de 33 instituciones del Estado. Veintiuna de estas instituciones realizaron en total 673 actividades dirigidas a la ciudadanía tomando en cuenta su población meta. Las temáticas de las actividades de capacitación estuvieron vinculadas con prevención de hostigamiento sexual, violencia contra las mujeres, masculinidades positivas, corresponsabilidad social de los cuidados, políticas para la igualdad de género y empleo de las mujeres. Además, en el marco del Plan de Acción de la citada política, 14 instituciones promovieron servicios institucionales mediante tecnologías de información y comunicación, incorporando mensajes, contenidos, lenguaje e imágenes sensibles a la igualdad de género y a los derechos humanos de las mujeres. Las temáticas de estos productos comunicacionales estuvieron vinculadas con el aporte de las mujeres en la atención de emergencias; juventud (empleo, deporte, liderazgo, derechos humanos y género en el régimen del Servicio Civil; efemérides vinculadas con igualdad de género; rutas para la atención del hostigamiento sexual; masculinidades positivas; diversidad sexual; discriminación en diversos espacios; Estrategia Nacional de Educación STEAM con enfoque de género; habilidades digitales para niñas y entornos digitales seguros; prevención de la violencia; salud de las mujeres; diversidad cultural y denuncia de publicidad sexista. En 2021 se elaboró la “Guía para la comunicación no sexista e inclusiva” que será entregada a las instituciones del Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar en el 2022.

Otras acciones implementadas refieren a la declaratoria por parte de la AL de Costa Rica de 14 mujeres beneméritas de la patria, lo que representa un hito histórico en el reconocimiento del aporte de las mujeres a la construcción de la sociedad costarricense. Específicamente desde el INAMU, se han ejecutado campañas en redes sociales y conversatorios abiertos al público general (Facebook live) que promueven y visibilizan las contribuciones de las mujeres en la ciencia, cultura, deporte y política, entre otros ámbitos. Además, durante el 2022 se lleva a cabo el Reconocimiento Galería de las Mujeres, el cual se otorga cada dos años y a través del cual se pretende visibilizar el aporte de mujeres destacadas en diferentes ámbitos de la vida social, que han dedicado su vida a la lucha por los derechos humanos de las mujeres en el país, superando barreras y abriendo camino a las nuevas generaciones.

Con respecto a lo que señala el Comité sobre la existencia de altas tasas de embarazo adolescente y matrimonio infantil en el país, es importante mencionar que según datos del INEC los nacimientos en niñas de 14 años o menos, así como los de las adolescentes entre 15 y 19 años han venido disminuyendo en Costa Rica. En el año 2000 se registraron 611 nacimientos en niñas de 14 años o menos (0,8 % del total de nacimientos), dato que en 2020 disminuye a 222 nacimientos (0,4 % del total). Entre el año 2000 y el 2020 hubo una reducción de 2 nacimientos de niñas de 14 años o menos por cada 1.000 niñas de esta edad. Además, en el año 2000 se registraron 15.999 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años (20,5 % del total), mientras que en el año 2020 esta cifra disminuyó a 5.920 (10,7 % del total) (Anexo 5).

El MEP decidió que la estrategia para reducir las brechas de género y la violencia contra las mujeres (antes conocida como “Escuelas para el Cambio”) se incluyera de manera transversal en el “Programa Convivir”. En el año 2021 se realizaron avances en producción y divulgación de materiales y recursos educativos, así como realización de actividades de difusión sobre género y derechos humanos dirigidas al personal docente y la ciudadanía en general.

En diciembre de 2021, se presenta el procedimiento “Promoción de la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Prevención de la Violencia en la Atención en CEN CINAI, Código AT-PIHM-PVACC-01 de la Dirección Nacional de CEN CINAI para uso de las personas enlaces asesores formadores en Género y Derechos de la Oficina Local y Dirección Regional”, el cual articula los ejes de trabajo que se han venido implementando de forma conjunta entre CEN CINAI y el INAMU para la incorporación de la perspectiva de género, así como las acciones comprometidas en la PIEG y PLANOVI, con el fin de ordenar la ruta institucional y facilitar el monitoreo y reporte de logros, avances y retos regionales y locales en la prestación de servicios a niños, niñas y sus familias.

Con respecto a lo planteado en los párrafos 10b y 10c del Informe sobre cuestiones y preguntas, no se reportan avances.

Violencia de género contra las mujeres

La Sala Tercera en la Resolución Nº 00749 - 2021 del 14 de julio del 2021 estimó que el término mujer, en sentido amplio, tal y como lo contemplan los ordinales 71 inciso g) y 72 del Código Penal, debe abarcar a las mujeres transgénero, por lo que aplicó la Convención Belem do Pará para otorgarles acceso a la reducción de penas privativas de libertad, en igualdad de condiciones con las mujeres cisgénero, relacionado con el delito de introducción de drogas a centros penales.

Con respecto a las mujeres indígenas, se diseñó un protocolo para la toma de denuncias que pretende promover, proteger y garantizar el derecho de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas en materia penal, generando una atención adecuada para las personas indígenas que acuden al MP. Los y las funcionarias de las fiscalías a nivel nacional deberán aplicar de manera obligatoria los parámetros ahí establecidos, contando así con despachos inclusivos donde se tome en cuenta la cosmovisión indígena de la zona a la cual pertenece.

En cuanto a las mujeres afrodescendientes, se han tomado acciones para informar a la población sobre sus derechos y los recursos legales que disponen para denunciar cualquier tipo de afectación. Se han ejecutado campañas, charlas, cursos virtuales, programas radiales, ciclos de conferencias, foros y otros, para promover el respeto hacia esta población.

Por su parte, en cuanto a las mujeres con discapacidad, los jueces y juezas deben aplicar prioritariamente las Normas Internacionales de Protección de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, tales como la Convención Interamericana sobre todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, las Normas Uniformes de Naciones Unidas para la Equiparación de Oportunidades, entre otras. Los jueces y juezas deben tomar en consideración los principios generales de interpretación del derecho de las personas con discapacidad y las desigualdades que enfrentan, para eliminar todo sesgo por razones de discapacidad, que produzca un efecto o resultado discriminante contra este grupo de personas en todas las esferas o materias jurídicas. También, en su labor de análisis y valoración se deben abstener de hacer valoraciones basadas en consideraciones de tipo cultural o ideológico, que configuren prejuicios y que produzcan efectos discriminatorios y subordinantes en su contra. Para garantizar el precepto constitucional de justicia pronta y cumplida deben considerar prioritariamente los casos en los cuales se expresa la desigualdad contra las personas en condición de discapacidad tales como situaciones de violencia intrafamiliar, discriminación por razones de discapacidad y otras. Las resoluciones judiciales deben redactarse con un lenguaje inclusivo y respetuoso de los derechos humanos de las personas con discapacidad, y deben velar en la fase de ejecución de sentencia, para que las resoluciones no produzcan efectos adversos basados en prejuicios contra las personas con discapacidad, que menoscaben el disfrute de los derechos o acciones logradas en el fallo. Los Departamentos de Trabajo Social y de Medicina Legal del PJ, cuentan con personal especializado en materia de discapacidad, para realizar los peritajes respectivos. Finalmente, el SIJ pone a disposición de quienes administran justicia una metodología para la incorporación de la perspectiva de derechos humanos y discapacidad en las resoluciones judiciales, reunida en un tesauro que incluye legislación, resoluciones judiciales y doctrina.

El PJ se ha abocado a atender el rezago en los procesos penales que involucran delitos sexuales. Así, en sesión N° 71-2021 del 18 de agosto de 2021, acordó solicitar a las personas juzgadoras coordinadoras de los Tribunales Penales del país la elaboración de un plan de trabajo con sus equipos, con el objetivo de que en el plazo de dos meses procedan a señalar con prioridad las causas de vieja data y que tales señalamientos se realicen en el plazo de dos años contados a partir del acuerdo.

Se establecieron como servicios esenciales aquellos relacionados con atención a víctimas de violencia (Juzgados de Violencia Doméstica, Juzgados de Pensiones Alimentarias), de manera que han trabajado de forma ininterrumpida durante toda la pandemia, con todos los servicios ya establecidos para jornadas ordinarias y extraordinarias, incluyendo horarios nocturnos y días no hábiles.

Con respecto a lo planteado en los párrafos 11c y d del Informe sobre cuestiones y preguntas, no se reportan avances.

La OAPVD, durante el período de enero 2021 a marzo 2022, atendió a 7.371 mujeres en todo el país: 5.653 en el Programa de Atención y 1.718 en el Programa de Protección. Por su parte, la PISAV reporta la atención de 2.338 mujeres (692 en Pavas, 829 en La Unión, 61 en San Joaquín, y 756 en Siquirres). Para fortalecer el servicio que brinda la OAPVD se ha desarrollado un protocolo de intervención para velar por la confidencialidad en las intervenciones a personas representantes y familiares de las personas menores de edad víctimas. Desde PISAV se trabaja en la generación de material informativo sobre labores de esta entidad en dialecto cabécar, para facilitar el acceso a la comunidad indígena Nairi Awairi.

Entre enero de 2021 y marzo de 2022, el DTSP atendió a 10.808 niñas víctimas de violencia; de las cuales 367 forman parte de los ERRVV; 5.631 del Programa de Atenciones Inmediatas; 2.005 niñas del PAVIJ y 2.805 niñas del Programa Penal (Anexo 6).

Recientemente el país aprobó la Ley de Reparación Integral para personas sobrevivientes de femicidio (Ley N° 10263, del 06 de mayo de 2022, Diario oficial La Gaceta N° 99), la cual tiene como propósito la creación de un régimen de reparación integral, que involucra un otorgamiento prioritario de beneficios ya existentes en algunas instituciones del Estado, así como un fondo económico de reparación para las personas sobrevivientes de femicidio. La reparación integral se define como “el deber que tiene el Estado y el derecho que les asiste a las víctimas sobrevivientes de femicidio, que han sufrido daños en su salud física, psicológica, emocional, patrimonial (...) a la reparación integral del daño causado por el femicidio” (Art. 2). La ley establece como personas beneficiarias, a hijos e hijas de las mujeres víctima de femicidio, hasta los 18 años o en caso de ser estudiantes hasta los 25 años, personas familiares hasta de primer grado de consanguinidad o afinidad que convivían con la mujer víctima, personas adultas mayores de primer grado de consanguinidad o afinidad o personas con discapacidad permanente, los dos anteriores, dependientes de la mujer víctima de femicidio. La reparación propuesta por la ley consiste en subsidios mensuales; acceso irrestricto a servicios estatales, tales como becas estudiantiles, atención médica, bonos de vivienda, asesoría y representación legal; y reparación simbólica. Como ya se mencionó en el párrafo 15 de este informe, se planteó una reforma para atender los vacíos identificados en esta Ley.

En el 2019 dio inicio una estrategia interinstitucional de Atención Itinerante, que consiste en la puesta en práctica de un modelo de atención articulado e interinstitucional en zonas de difícil acceso en cantones priorizados, donde las mujeres reciben servicios especializados en materia de violencia en sus propias comunidades y sin necesidad de desplazarse. Las instituciones que participan de esta estrategia son: los Juzgados que conocen la materia de Violencia Doméstica, las Fiscalías del MP (para denuncias penales en violencia contra las mujeres), la Defensa Pública de Pensiones Alimentarias, el PANI, el IMAS, el INAMU, el MSP, y en algunas comunidades la OFIM. En el año 2020 debido a la pandemia por COVID-19, y por las restricciones de movilidad, esta estrategia se detuvo, solamente se continuó con el seguimiento vía telefónica a algunas de las situaciones de más alto riesgo que habían sido detectadas en el 2019. En el 2021 se retomó la atención en las comunidades, atendiendo un total de 165 mujeres, 32 de Garabito, 40 de Talamanca, 85 de La Cruz y 8 de Golfito.

Los datos sobre violencia contra las mujeres en el país, según año, tipo de delito, edad de la víctima, relación entre el autor y la víctima, y las sentencias dictaminadas, se encuentran disponibles en la página web del Observatorio de Violencia de Género y Acceso a la Justicia del PJ: https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/index.php/soy-especialista-y-busco/estadisticas/femicidio.

Desde el INAMU los servicios de atención en violencia contra las mujeres procuran brindar información accesible a las mujeres con discapacidad y se coordinan con el CONAPDIS cuando se requiere.

En el PJ se han ejecutado acciones de divulgación interna para el personal de la institución, sobre la política de igualdad para la población con discapacidad y resoluciones judiciales con perspectiva de derechos de las personas con discapacidad. Además, se ha realizado capacitación y sensibilización para la atención en los servicios del PJ. También se llevan a cabo acciones de divulgación dirigidas a personas con discapacidad, tales como los programas de información de servicios institucionales de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, mecanismos para reclamos en caso de afectaciones, y generación de material informativo en formatos accesibles para esta población.

Costa Rica cuenta con 3 CEAAM a lo largo del territorio nacional, a cargo del Estado. En el 2021 se concluyó la remodelación de uno de ellos que permitió ampliar la capacidad de ocupación a 14 grupos familiares (anteriormente podía albergar a 10).

Trata y explotación de la prostitución

Como parte de las medidas adoptadas para prevenir y eliminar la trata de personas, en el 2021 se llevó a cabo la actualización de los lineamientos de coordinación interinstitucional sobre delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en Costa Rica y sus hojas de ruta. Este proceso se realizó gracias al apoyo que la OIM brinda a la CONATT, con el objetivo de actualizar y reimprimir el mecanismo institucional que instrumenta la ejecución de las medidas necesarias para la detección, derivación y atención a víctimas de trata de personas. Así mismo, se actualizó y aprobó el “Protocolo para la Detección y Derivación de Posibles Situaciones de Trata de Personas”, producto del trabajo conjunto del MSP, la OIM, el ILANUD, la ST y la FACTRA. A partir de este Protocolo se elaboraron otros materiales de uso policial como resúmenes de bolsillo y hojas de ruta para la detección y derivación de posibles situaciones de trata. Además, la DGME creó el “Reglamento para la gestión administrativa para la solicitud y liquidación del subsidio social a personas” derivado de la “Estrategia de atención integral y de movilización de recursos de apoyo para las víctimas sobrevivientes de la trata de personas y sus dependientes: integración, reintegración, repatriación, retorno voluntario y reasentamiento”, el cual fue aprobado por la CONATT. Se aprobó también la modificación del “Reglamento para la creación y el uso del Fondo de Contingencias del Fideicomiso”, aumentando el uso a 3 tarjetas de débito cada una con un monto aumentado a ¢2.000.000,00 ($2,958.31). Lo anterior permitirá abordar todas aquellas situaciones de atención inmediata y de emergencia, tanto en el tema de trata de personas como en la atención de casos de tráfico ilícito de migrantes.

Asimismo, durante el 2021 la CTP se avocó a las actividades de prevención mediante la generación de materiales de divulgación audiovisual y en redes sociales relacionadas con el tema de trata de personas. También se realizaron campañas de sensibilización, como la campaña “A mí no me traman”, coordinada junto a la ECCC y el CIEM de la UCR, y la campaña “Corazón Azul”; y otro material publicado en Facebook producido desde la CTP, con el apoyo especial de la Unidad de Comunicación de la DGME, en aras del fortalecimiento de una cultura de denuncia y conocimiento de la población en general sobre este delito. Otras actividades de divulgación de información sobre la trata de personas dirigida al sector turismo incluyen la actualización e impresión de volantes sobre trata y turismo, realizada por OIM, INA, DGME y CONATT, así como un curso virtual desarrollado por OIM, DGME e ICT. Se reportan talleres de sensibilización con el sector turístico, con personal de la Fundación Excelencia Familiar, con los gobiernos locales de Mora, La Cruz, Desamparados, Cartago y el Servicio Nacional de Guardacostas del MSP en Caldera, Puntarenas.

Respecto al total de capacitaciones realizadas por las instancias que integran la CONATT, se reporta un total de 1.434 personas capacitadas por medios virtuales y bajo la modalidad presencial. Por su parte, la GTT de la DGME, capacitó a un total 976 personas en el año 2021. La concienciación, sensibilización y capacitación, en temas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes se facilitó a un promedio de 300 funcionarios y funcionarias judiciales en colaboración con la Escuela Judicial y la CONAMAJ, facilitación que podría extenderse durante el año 2022.

Costa Rica no solo es parte de la CORETT, sino que actualmente ostenta el puesto de Secretaría Técnica, dando como resultado el desarrollo de diferentes estrategias de atención, prevención, movilización de recursos, comunicación y visibilización, así como protocolos de repatriación. A su vez, el país participa en la REDTRAM y en las reuniones binacionales de la COPPAMI Costa Rica-Panamá, un espacio que aborda en la frontera sur todas las situaciones relacionadas con la población en condición de vulnerabilidad incluyéndose el delito de trata de personas. Dentro de los logros se puede mencionar la Mesa de Trabajo conjunta y una Agenda regional de riesgos y amenazas ARRA-SICA 2021, donde la CSC y la CORETT sostienen espacios de intercambio en materia de seguridad incluyendo estrategias relacionadas con la prevención y abordaje coordinado del delito de la trata de personas.

La OIM y la FACTRA han capacitado presencialmente a 15 personas funcionarias policiales del Servicio Nacional de Guardacostas; 20 personas de la Dirección de Apoyo Legal; 30 personas destacadas en Crucitas y 9 personas de la Dirección de Programas Policiales Preventivos, esto bajo el “Protocolo para la Detección y Derivación de Posibles Situaciones de Trata de Personas”. Además, la Dirección de Programas Policiales Preventivos capacitó en forma virtual a 347 policías ubicados en distintas delegaciones policiales del territorio nacional, (238 hombres y 123 mujeres). También se reporta la coordinación INAMU, CONACOES y CONATT para el proceso de capacitaciones en violencia sexual, capacitaciones en coordinación con la CONAMAJ, con la finalidad de generar procesos formativos en personal de la Defensa Pública, MP, Judicatura y OIJ, así como coordinaciones con la Dirección de Policía de Fronteras para el desarrollo de procesos formativos para el personal de dicha Dirección.

Las mujeres que ejercen la prostitución en el país no están sujetas a sanciones penales ni a multas administrativas derivadas de dicho ejercicio. En Costa Rica, las conductas que, de manera libre e individual realizan las personas adultas en el marco del trabajo sexual o de prostitución, están despenalizadas. La prostitución como tal, no está penalizada como delito autónomo, por lo tanto, quien la realiza no está cometiendo delito alguno, pero sí podría implicar delito cuando intervienen terceras personas en los supuestos delictivos como de proxenetismo, rufianería y trata de personas.

En relación con el acceso a la atención integral a la salud de las personas, específicamente en materia de detección temprana de la infección por el VIH, la normativa de la CCSS sobre el acceso a las pruebas de tamizaje/pruebas diagnósticas confirmatorias para la detección temprana de la infección y la prescripción del tratamiento antirretroviral, no hace distinción por condición de género, orientación sexual ni rama de actividad. De enero a diciembre del 2021 en las 7 clínicas de atención del VIH, se atendieron 43 mujeres embarazadas con VIH, todas con TAR. Actualmente no se cuenta con información estadística sobre atenciones por VIH desagregadas por sexo y específicamente para la población que ejerce el trabajo sexual.

Participación en la vida política y pública

En las elecciones nacionales de febrero de 2022, se aplicó por segunda vez en la historia del país, el principio de paridad y mecanismo de alternancia en la inscripción de candidaturas a las diputaciones. Se obtuvo el mayor número de mujeres diputadas de todos los tiempos, con 27 diputadas electas (47,7 %), entre las cuales se eligió a la primera mujer diputada indígena en la historia del país, la señora Sonia Rojas Méndez. En estas mismas elecciones se presentó el mayor número de personas candidatas a la Presidencia de la República: 25 candidaturas, de las cuales sólo 4 fueron mujeres y ninguna continuó en la contienda a la segunda ronda electoral (Anexo 7). Por otro lado, y también por primera vez en el país y en el linaje ancestral indígena de Alto de Conte Burica, se nombró una mujer cacique Ngäbe–Buglé de manera oficial.

En cuanto a la cantidad total de funcionariado de carrera en servicio exterior, a enero 2022 se reportan 167 personas, de las cuales 85 son mujeres y 82 son hombres. Para este mismo año, el MREC reporta para las personas de carrera diplomática en puestos de liderazgo 10 mujeres embajadoras y 5 hombres; 3 embajadoras alternas mujeres y 0 hombres; 2 mujeres y 3 hombres en un cargo de dirección; 3 directoras y 2 directores alternos; 11 jefas y 2 jefes, incluyendo jefaturas de Despacho; así como 1 mujer y 1 hombre en cargos de viceministerios.

Sobre las elecciones nacionales, en setiembre de 2021 el TSE emite la Resolución N° 4757-E8-2021 sobre los alcances de la sentencia Nº 3671-E8-2010 del 13 de mayo de 2010, referente a la aplicación del mecanismo de alternancia en la fórmula presidencial y la alternancia por sexo entre las candidaturas a la primera y a la segunda vicepresidencia de la República. Esta resolución determinó que la nómina de candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencias de la República debe respetar el principio de paridad, sin embargo, el mecanismo de alternancia no resulta aplicable dado que, al tratarse de 3 personas, 2 de ellas representarían a un mismo sexo por lo que independientemente de su ubicación o secuencia, las candidaturas se pueden inscribir sin ningún obstáculo.

El 19 de abril de 2022 se firmó el documento que oficializa la “Ruta hacia la construcción de la Política de Igualdad de Género en la Acción Exterior de Costa Rica”, cuyo objetivo es orientar, prevenir y erradicar cualquier acto que limite las mismas oportunidades y condiciones a las personas funcionarias, tanto a las dependencias internas, como en las misiones diplomáticas y oficinas consulares de Costa Rica en el exterior.

Con respecto a las lideresas de organizaciones sociales, a partir de febrero de 2022 se cuenta con una Guía práctica para el cumplimiento de la Ley sobre el Porcentaje Mínimo de Mujeres que deben Integrar las Directivas de ADC, Sindicatos y Asociaciones Solidaristas (Ley Nº 8901, del 27 de diciembre de 2010), con la cual se obliga a las juntas directivas de dichas organizaciones sociales a integrarse de forma paritaria. Queda así establecida la obligatoriedad de que las organizaciones sociales cumplan con la paridad de género, tanto horizontal como vertical, en aquellos puestos jerárquicos que constituyen las Juntas Directivas para proceder con su inscripción legal (Art. 7).

Con respecto a lo planteado en el párrafo 15 del Informe sobre cuestiones y preguntas, específicamente sobre las medidas adoptadas para garantizar la aplicación de la paridad entre los géneros en los puestos ejecutivos, no se reportan avances.

Para el año 2022, las Salas de la Corte Suprema de Justicia están conformadas por 7 juezas y 13 jueces en total. Actualmente está en discusión en el Congreso el nombramiento de una magistratura de la Sala Constitucional. Por ello, las organizaciones de la sociedad civil, personalidades políticas, académicas y el INAMU han realizado acciones de incidencia política con las diputadas para lograr una representación de una mujer en la magistratura de la Sala Constitucional.

Con respecto a los nombramientos de la Policía, actualmente se cuenta con 2.882 mujeres policías; sin embargo, la cantidad de hombres en cargos jerárquicos supera considerablemente a la cantidad de mujeres, siendo que en las Direcciones y Subdirecciones los hombres ocupan un 77 % y un 82 % del total respectivamente; lo anterior significa que sólo 3 de 10 puestos de Dirección y 2 de 8 puestos de Subdirección están en manos de mujeres.

Mediante la aprobación de la Ley Reforma al artículo 14 del Código Municipal y sus Reformas (Ley Nº 21810, del 29 de marzo de 2020), se limita la reelección indefinida de las autoridades locales, es decir, que permite a los alcaldes reelegirse por un único período consecutivo. Además, les prohíbe postularse para éste y otros cargos municipales de elección popular durante un período de ocho años una vez que hayan dejado la alcaldía.

Para comprender mejor y abordar los obstáculos a la representación de la mujer en las organizaciones comunitarias, el INAMU publicó en 2021 la investigación “Participación política y comunidad: mujeres ejerciendo ciudadanía para el desarrollo local”, en el cual se exploran las principales características y obstáculos para la participación efectiva de las mujeres en las ADC en diferentes regiones del país. Los resultados de esta investigación fueron ampliamente divulgados a través de mecanismos digitales, alcanzando aproximadamente a 600 personas. Disponible en: https://www.inamu.go.cr/documents/10179/1385759/PARTICIPACION-POLITICA-Y-COMUNIDAD.pdf/e367ce0c-5ccc-4266-a8f2-c6f6bd11ffa2.

Con respecto a lo planteado en el párrafo 16 del Informe sobre cuestiones y preguntas, no se reportan avances adicionales a lo señalado en el VIII informe periódico.

El país cuenta con la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la política (Ley N° 10235, del 17 de mayo de 2022), en la cual se tipifica ampliamente lo que se entiende por violencia contra las mujeres en la política, sus diferentes manifestaciones, las responsabilidades de los partidos políticos en materia de prevención y atención a casos que se den en el ejercicio de cargos de elección popular, incluyendo el nivel municipal, la AL, Asociaciones solidaristas, la institucionalidad, estableciendo el debido proceso para la investigación de las denuncias, plazos, medidas de acompañamiento a víctimas, y las sanciones políticas, éticas y administrativas que proceden. Otro cambio reciente en la normativa nacional es la aprobación de la Ley Adición del Artículo 14 Bis al Código Municipal (Ley No 7794, del 30 de abril de 1998) Ley para el fortalecimiento de las Vicealcaldías y Viceintendencias Municipales (Ley No 10188, del 21 de junio de 2022). En esta ley se establece la inclusión de funciones específicas para ambos cargos en el Plan de Desarrollo Municipal y en la rendición de cuentas del informe anual que realiza la persona que ostente el cargo en la Alcaldía o Intendencia.

En relación con la capacitación a candidatas para las elecciones municipales del 2020, desde el TSE se realizó una estrategia de apoyo a cerca de 500 mujeres candidatas a puestos de elección municipal de todos los cantones a nivel nacional, mediante su capacitación en temas como comunicación política, violencia contra las mujeres en la política, liderazgo, participación electoral, entre otros.

Los procesos de capacitación en materia de igualdad de género, han estado enfocados principalmente al trabajo con mujeres lideresas de todas las edades y de diferentes espacios de toma de decisión. Específicamente, en materia de derechos políticos de las mujeres y paridad, se han efectuado procesos que incorporan la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres, dirigidos a tribunales y gobiernos estudiantiles, partidos políticos, gobiernos locales, y organizaciones sociales.En 2021 aproximadamente 1.550 mujeres asistieron a las actividades de capacitación en diferentes temas logístico-electorales dirigidas a partidos políticos. Durante los años 2020 y 2021 se realizaron cursos a distancia sobre participación política de las mujeres jóvenes lideresas en el sistema educativo costarricense dirigido a equipos interdisciplinarios del MEP, con el objetivo de brindar herramientas que les permitan fortalecer la participación política en espacios de toma de decisión de las mujeres jóvenes, identificando situaciones de violencia contra las mujeres en la política y fortaleciendo los liderazgos transformadores desde un enfoque de derechos humanos y género. En total participaron 54 profesionales de Ciencias Sociales.

Educación

Con respecto a lo planteado en el párrafo 17a del Informe sobre cuestiones y preguntas, sobre matrícula en primaria y secundaria no se reportan avances.

El MEP, en coordinación con el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano del Ministerio de la Presidencia, realizó un diagnóstico del estado de alfabetización en mujeres indígenas en el país con el objetivo de definir rutas para la reducción de las brechas educativas a través de la creación de políticas públicas y la dotación de contenido presupuestario. Adicionalmente, el diagnóstico consultó acerca de las posibilidades y condiciones de las mujeres para poder asumir un proceso educativo formal, las disponibilidades de horario y cercanía a los centros educativos, roles de cuido, entre otros datos, lo que abona a la construcción de una estrategia educativa que contemple cada una de las particularidades de las mujeres indígenas y reducir la deserción educativa de esta población.

Con respecto al comportamiento de la matrícula en los centros universitarios estatales, en la UCR, entre 2017 y 2019 se matricularon en primer ingreso 27.526 estudiantes (51 % mujeres). En casi todas las sedes y recintos de este centro de estudios se mantiene una matrícula equilibrada por sexo, con excepción del Recinto de Santa Cruz (71 % de mujeres) y el de Siquirres (75 % de hombres). En el caso de la matrícula de posgrado, en el período 2017-2019 el 51 % eran mujeres y 49 % hombres. En la UNA, entre 2017 y 2020 la matrícula de mujeres en primer ingreso fue del 53,7 % del total. De esta población el 14,9 % era de zona rural y el 38,7 % de zona urbana. Por su parte, en la UNED durante 2016-2020 la matrícula en carreras de pregrado y grado estuvo compuesta por 64,3 % mujeres. La distribución porcentual de población indígena matriculada según sexo durante 2019 fue de 62 % mujeres y 38 % hombres. El porcentaje de mujeres matriculadas en carreras STEAM durante el año 2017 fue de 41,6 %, en 2018 de 42 % y en 2019 de 43,4 %. Por último, en el ITCR durante los años 2021 y 2022 la matrícula estuvo compuesta por 36,9 % mujeres y el 63,0 % hombres.

Con respecto a lo planteado en los párrafos 17b, 17c y 17d del Informe sobre cuestiones y preguntas, no se reportan avances.

En el marco de la PIEG, durante el 2021 el MEP brindó sesiones de capacitación del Protocolo para la Atención del Bullying contra la población LGTB en los centros educativos en Turrialba, Nandayure, y Pococí. Además, se brindaron capacitaciones en derechos humanos y género, y masculinidades positivas en la Dirección Regional de Educación de San José Oeste.

Con respecto a los centros estatales de educación terciaria el CONARE, en el año 2020, aprobó el Plan Nacional de la Educación Superior 2021-2025, dentro del cual estableció dos metas estratégicas para el quinquenio: 1. Implementar un plan interuniversitario para la atracción y permanencia de estudiantes de secundaria a carreras STEAM y 2. Desarrollar un plan de investigación interuniversitaria sobre la inclusión en el acceso, la formación y la permanencia de las mujeres en las áreas científico-tecnológicas. El comportamiento de la matrícula de primer ingreso y matrícula regular para el año 2021 indica que hubo 122.880 personas matriculadas, de las cuales el 55,8 % fueron mujeres (16 % de zona rural y 38 % urbana). El área del conocimiento donde se ubican las mujeres en mayor medida es Ciencias Económicas con un 26 % (Anexo 8).

En la UCR la matrícula de primer ingreso de las mujeres en la carrera de Ingeniería Industrial alcanzó en 2020 un 40 % y en 2021 aumentó a 50 %, seguida por Ingeniería Agrícola y Biosistemas que pasó de un 41 % de mujeres en 2020 a un 47 % en 2021. Mediante el proyecto “Atrayendo mujeres a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas”, dirigido a mujeres estudiantes de secundaria y universitarias, se incidió para mejorar las estrategias y mecanismos de atracción, acceso y orientación de las mujeres en los programas de educación superior STEAM del sistema educativo costarricense. En el ITCR la oferta académica está dedicada de forma prioritaria a carreras que se ubican en campos de estudio no tradicionales, por lo cual las mujeres matriculadas se encuentran en ese tipo de carreras, especialmente en Ingenierías y Ciencias Económicas. En lo que respecta a las medidas adoptadas por el ITCR durante el año 2021 y primer trimestre del 2022 para alentar a las mujeres y las niñas a elegir campos de estudio no tradicionales, destaca el Proyecto W STEM, el cual es financiado en el marco del Programa ERASMUS+ Capacity-building in Higher Education de la Unión Europea, a través del cual se busca mejorar las estrategias y mecanismos de atracción, acceso y orientación de las mujeres en carreras STEAM de educación superior en Latinoamérica.

Por su parte, la Estrategia Nacional de Educación STEAM, promueve el desarrollo de habilidades y competencias del siglo XXI en el estudiantado, desde un enfoque de género, para que exploren y valoren las áreas STEAM en sus proyectos vocacionales.

En el año 2020 el Consejo Universitario de la UCR realizó un “Pronunciamiento sobre el aporte de las mujeres en la generación de conocimiento y su difusión en la academia”, e instó al personal académico a incluir el trabajo producido por mujeres en la bibliografía de los programas de los cursos que imparte la universidad. Además, en la UNED, en los procesos de diseño curricular y actualización de los planes de estudios se garantiza la integración de los ejes transversales institucionales (incluyendo Derechos Humanos, Diversidad Cultural y Equidad de Género). En el ITCR durante el año 2021 se ha realizado la ampliación de un proceso institucional denominado código de buenas prácticas para la igualdad y equidad de género, el cual ha sido adoptado por algunas carreras como, por ejemplo: Ingeniería en Computación y Administración de Tecnologías de la Información. Con respecto a las medidas específicas para hacer frente a los estereotipos de género en los libros de texto no se reportan avances.

Con respecto a lo planteado en el párrafo 17g del Informe sobre cuestiones y preguntas, no se reportan avances.

Empleo

El INAMU diseñó la EEM, la cual tiene una vigencia hasta el 2027, con el objetivo de combatir las principales brechas económicas y laborales que afectan a las mujeres: desigualdad en la distribución del uso y control del tiempo; segregación del mercado laboral; brecha digital en el contexto de la cuarta revolución industrial y el futuro del empleo; brecha en el reclutamiento y selección del personal brecha en la remuneración discriminación en la gestión del personal; manifestaciones de discriminaciones en el ambiente laboral; desigualdad en los beneficios de la protección social, entre otras. Se ha avanzado en la operacionalización de la estrategia y en el sistema de monitoreo y seguimiento de las acciones dirigidas a las mujeres en su diversidad en las distintas regiones del INAMU.

El MTSS y el INAMU elaboraron la Guía de Inspección de Trabajo con Enfoque de Género, que facilita la inspección de infracciones de género. Actualmente, se cuenta con un grupo de inspectoras capacitadas en género, siendo el primer grupo en su categoría que se forma en Centroamérica. Tienen como misión el divulgar, concientizar e informar a la parte empleadora y trabajadora acerca de la nueva modalidad de inspección e incluso son el vehículo para fomentar buenas prácticas en las empresas, con la finalidad de asesorar y transformar hacia una cultura de igualdad de género en los centros de trabajo; logrando también un avance relevante en materia de cumplimiento de los derechos de las mujeres. Las inspectoras se encuentran destacadas en oficinas de inspección de todo el país, por lo cual cubren a las trabajadoras de zonas rurales y urbanas con diversidad de condiciones.

Sumado a ello, se ha logrado la transversalización del enfoque de género en el nivel operativo y estratégico del Sistema Nacional de Empleo, el cual es el mecanismo nacional operativo que articula los servicios de empleo y la red de unidades de empleo, y establece un servicio de ventanilla única a lo largo del territorio nacional, con servicios telefónicos, físicos o virtuales. Actualmente hay lineamientos transversales y lineamientos específicos para mujeres, asegurándose una gestión de intermediación laboral inclusiva de las mujeres en su diversidad.

En 2020 se crea la Comisión Interinstitucional de Trabajo Doméstico Remunerado la cual es un espacio de articulación interinstitucional (MTSS, INAMU, Organizaciones de mujeres trabajadoras domésticas y la OIT), que aborda temas como: el perfil ocupacional de las trabajadoras domésticas; la certificación de competencias; una campaña de protección de derechos laborales; un modelo diferenciado de aseguramiento y el fortalecimiento de la inspección laboral.

Desde el INAMU se impulsa un proceso de articulación interinstitucional a favor de las mujeres en las cadenas de valor de las pesquerías que busca: visibilizar sus condiciones de vida, promover políticas públicas para incidir en su reconocimiento y fortalecimiento y apoyar en la formalización de estas mujeres. Específicamente se trabaja con 200 mujeres pescadoras que dependen del recurso para su subsistencia en la zona de Barra de Colorado.

Para avanzar en la formalización del empleo de las mujeres, el INAMU cuenta además con una Estrategia de Empresariedad que actualmente se encuentra en revisión, y dentro de los proyectos que se impulsan están: el PNME, el cual es un programa integral que se desarrolla en alianza con el MEIC y el INA y que busca fomentar la autonomía económica de las mujeres aumentando sus competencias para desarrollar nuevas empresas sostenibles y competitivas, a través de un ecosistema de emprendimiento adecuado al enfoque de género y coordinado interinstitucionalmente. Con respecto a FOMUJERES, durante 2021 se llevaron a cabo la X, XI y XII Convocatorias que representan una inversión de ¢2.509.838,439 ($3,712,449.24) en 1.224 proyectos en actividades relacionadas con la agricultura, agroindustria, artesanía, pecuario, servicios, textil, proyectos en defensa de los derechos de las mujeres, y manufactura de productos, en las que se benefició a una gran diversidad de mujeres, particularmente en la XII Convocatoria dirigida a mujeres rurales.

Aunado a lo anterior, se implementa la capacitación “Develando el género” dirigida a mujeres empresarias con el objetivo es deconstruir los estereotipos de género que están presentes en la vida de las mujeres, y se constituyen en obstáculos para desarrollar su potencial empresarial y asumirse como personas con derechos, en especial, con derechos económicos. Así como asesorías virtuales y/o presenciales, que buscan identificar nudos dentro de la cadena de valor de las empresas lideradas por mujeres.

El proyecto impulsado por PANIAMOR, se robustece como un modelo de intervención que permite a mujeres jóvenes fortalecer su agencia personal, desde la reafirmación de la identidad y el valor personal. Este Programa incide en las condiciones subjetivas y relacionales de sus participantes y aporta a la recuperación de desfases en el desarrollo de la autonomía, autovaloración, agencia personal, socio productiva, transformación de vínculos y oportunidades. Además, permite el reconocimiento de los derechos humanos, como una manera de identificar situaciones de violencia y que se generen acciones para enfrentarlas. Este modelo ha tenido incidencia, por ejemplo, en el marco del Programa Seguras y Fuertes de PANIAMOR, al que pertenece el Proyecto Girasoles y en alianza con el PANI, se desarrolló el Proyecto Sembrando Girasoles en Heredia. Su objetivo es fortalecer las capacidades del personal del “Programa para la Reinserción y la Permanencia de la Adolescente Madre en el Sistema Educativo” con los enfoques rectores y las premisas del Modelo Girasoles. Asimismo, el Viceministerio de Paz designó una persona que acompañó a la gestora social en la intervención desarrollada en Desamparados, con el objeto de multiplicar, en un futuro, la aplicación del Modelo Girasoles en otros cantones del país. Aproximadamente 225 jóvenes entre los 15 y 21 años se han visto beneficiadas a lo largo del territorio nacional. Para mayor información acceder al link: https://paniamor.org/Product/detail/9/modelo-girasoles-.

Con respecto a lo planteado en el párrafo 18c del Informe sobre cuestiones y preguntas, no se reportan avances.

Desde la REDCUDI se han realizado estudios con respecto al modelo de pago compartido para el cuido de niñas y niños, como apoyo al quehacer de los órganos colegiados de la REDCUDI, la Comisión Consultiva y la Comisión Técnica Interinstitucional. Así mismo, se da un monitoreo constante de la implementación del Plan de capacitación y desarrollo personal para representantes de Alternativas de Atención Infantil para impactar en la calidad de la prestación de los servicios de cuido. También, se han promovido campañas de sensibilización en el tema de cuidados y el posicionamiento de temas de inclusión.

Por su parte el IMAS, durante 2021 en el marco de la oferta del Programa de Protección y Promoción Social, benefició a un total de 122.546 hogares con jefatura femenina, lo que corresponde a una inversión de ¢106.175.148,090 ($157,049,889.19). Asimismo, al primer trimestre de 2022, se benefició a 164.220 hogares con jefatura femenina, con una inversión social de ¢33.121.991,955 ($48,992,681.05), que implica un 68 % del total hogares beneficiados a través del Programa. En lo referente al beneficio “Cuidado y Desarrollo Infantil”, que busca promover el acceso al servicio que brindan las alternativas de atención de la niñez en primera y segunda infancia (0 a 12 años cumplidos), mediante el aporte económico al ingreso familiar para coadyuvar con el costo de atención parcial o total en la alternativa seleccionada por la familia; la inversión social realizada para el período 2021 corresponde a ¢32,593,975,702($48,211,661.24), con una cobertura de 17.419 hogares beneficiarios, y 26.004 personas menores de edad. Por su parte, al primer trimestre del año 2022, se otorgó el beneficio a un total de 22.827 personas con una inversión social de ¢8,298,936,316 ($12,275,443.47) a nivel nacional.

Salud

En Costa Rica el aborto se encuentra despenalizado si es practicado por una persona profesional en medicina, u obstetricia debidamente autorizada cuando no hubiere sido posible la intervención de un médico o médica, y se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre. En cualquiera de los casos, se debe demostrar que el peligro aludido no se ha podido evitar por otros medios. En el año 2019 se decretó la Norma Técnica para el Procedimiento Médico Vinculado con el artículo 121 del Código Penal (Aborto terapéutico) que permite estandarizar los criterios de aplicación de la disposición del Código Penal. A la fecha, no ha habido reformas legislativas que incluyan otras causales de despenalización. El Artículo 93 del Código Penal prevé la posibilidad de otorgamiento del perdón judicial a la persona condenada, previo informe del Instituto de Criminología sobre su personalidad y demás factores, a la mujer que ha causado su propio aborto si el embarazo ha sido consecuencia de una violación, o a quien haya causado un aborto para salvar el honor propio o lo haya producido con ese fin a una ascendiente o descendiente por consanguinidad o hermana.

Recientemente desde la CCSS, en conjunto con el PJ, se realizaron videoconferencias dirigidas a todo el personal de la institución, acerca de los equipos de respuesta rápida para la atención de las víctimas de violación en las primeras 72 horas. También se brindaron capacitaciones en torno al Protocolo de atención a las víctimas de violación en las primeras 72 horas y el Protocolo de atención integral a las personas víctimas del delito de trata de personas en los servicios de salud de la CCSS.

Durante el 2021, se socializó el Protocolo de atención clínica para el procedimiento médico vinculado con el artículo 121 del Código Penal referente a la interrupción terapéutica del embarazo.

En materia de oferta anticonceptiva, durante el 2020 la CCSS realizó una capacitación sobre el fortalecimiento y ampliación de la oferta anticonceptiva y métodos de protección. Además, se llevó a cabo el Simposio web “Métodos de protección en salud sexual y reproductiva, Condones femeninos y masculinos”. Por otro lado, se cuenta con la incorporación del condón femenino como parte de los métodos anticonceptivos y de carácter preventivo ante enfermedades de transmisión sexual, así como medicación para la anticoncepción de emergencia para ser expedidos a las usuarias de los servicios de salud de la CCSS del país.

En las distintas maternidades del sistema de salud público se han realizado ajustes para mejorar la atención durante el parto, post parto y a las familias gestantes. Los cambios incluyen elementos para fortalecer la calidad y la calidez de los servicios, por ejemplo, generar condiciones para mayor privacidad, abonar al estado emocional y respetar las particularidades de las mujeres con discapacidad y la interculturalidad. En ese sentido, en el Hospital Regional de Ciudad Neilly de la CCSS, ubicado en la provincia de Puntarenas, se brinda la oportunidad de utilizar diferentes modalidades de parto ajustados a las prácticas culturales de la población indígena Ngäbe.

En 2021 se publicó la investigación “Salud mental y relaciones con el entorno en tiempos de COVID-19”, como parte de un esfuerzo articulado entre la UNED, la UNA, el MINSA y la CCSS para conocer las consecuencias cognitivas, afectivas, somáticas, interpersonales y conductuales vinculadas a la pandemia. Entre los resultados se encontraron diferencias significativas por sexo, que posicionan a las mujeres (10,3 %) con mayor grado de síntomas ante una posible depresión que los hombres (9,4 %).

Grupos desfavorecidos de mujeres

La atención a las mujeres en situación de violencia que se encuentran en el país, se brinda a todas las mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Los CEAAM cuentan con una partida presupuestaria para la gestión de trámites migratorios de usuarias que así lo requieran.

En el 2021, se firmó el Convenio Específico de Cooperación entre el Instituto Nacional de las Mujeres y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para contribuir en la reducción de la pobreza y desigualdad existente en las mujeres con actividades en el Sector Agropecuario, de modo que promoviera la participación de las mujeres en FOMUJERES, además de que se les asegura asesoría, capacitación y asistencia técnica en sus actividades. En este sentido, mediante un esfuerzo conjunto entre el MAG, el INAMU, el CONAC 4S y el INCOPESCA se realizó la XII Convocatoria FOMUJERES 2021, mediante la cual se logró apoyar a 572 proyectos por un monto total invertido de 1.150 millones de colones ($1,701,032.45) y en la XI Convocatoria se apoyaron 150 proyectos por un monto total invertido de 300 millones de colones ($443,747.59), beneficiando en ambas convocatorias a 1.050 mujeres que desarrollan actividades productivas de agricultura, pecuario, pesca y agroindustria. Aunado a ello, durante el 2021, el Servicio de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria del INDER realizó la asignación de recursos no reembolsables a 639 mujeres beneficiarias por un monto invertido de 1.501 millones de colones ($2,220,217.14). Además, los recursos utilizados para financiar el desarrollo de las actividades socio productivas a través del Programa de Crédito Rural del INDER, fueron dirigidos para el beneficio de 38 mujeres, con una inversión de 196 millones de colones ($289,915.09) con la asistencia técnica del MAG. Durante el 2021, a través del Programa de inserción de grupo de mujeres y jóvenes de la zona rural al sector agro productivo, con el desarrollo de actividades generadoras de ingresos del CONAC 4S se beneficiaron 225 mujeres por un monto de 35 millones de colones ($51,770.55). Además, se realizó la firma del Decreto Ejecutivo N°43436-MAG-MCM “Creación y declaración de interés público de la Comisión interinstitucional para el acceso, uso y administración de la tierra para las mujeres rurales”, a fin de impulsar su autonomía económica y un rol más protagónico de las mujeres en la construcción del desarrollo rural territorial.

Con respecto a lo planteado en el párrafo 20c del Informe sobre cuestiones y preguntas, no se reportan avances.

En lo referido a la igualdad de oportunidades en el empleo, en 2021 el CONAPDIS y la Fundación Once firmaron un Convenio, amparado en el Decreto N° 43025-MP-MTSS que trata de una declaratoria de interés público y nacional del Programa Inserta, de la Fundación Once y el BID con los objetivos de visibilizar y promover la participación laboral de las mujeres con discapacidad. Además, se realizaron actividades de capacitación para personas funcionarias del MTSS y el INS orientadas a la inclusión de las personas con discapacidad en espacios laborales públicos y privados, especialmente PYMES.

Sobre igualdad de oportunidades en acceso a la justicia, el CONAPDIS coordinó una Comisión Interinstitucional para la redacción de una propuesta de reglamentación del capítulo VIII: Acceso a la justicia, al Título II de la Ley igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (Ley N° 7600, del 2 de mayo de 1996) (Ley N.º 9714 del 30 de septiembre de 2019), en el cual se consideran ejes referidos a las mujeres, niñas y niños con discapacidad, así como el tema de la violencia. En cuanto al acceso a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva, en el 2021 se llevaron a cabo actividades de capacitación, y se hizo una revisión de la propuesta de talleres “Hacia una conciencia menstrual: derribando mitos y fortaleciendo nuestra autonomía” en conjunto con el INAMU y el UNFPA. Además, se publicó el estudio “Salud sexual y reproductiva y violencia de género hacia las mujeres con discapacidad” a la luz de la ENADIS (2018). Este documento se realizó de forma conjunta entre el CONAPDIS, el UNFPA y la ALAMUD con el fin de analizar los datos estadísticos recopilados por este instrumento estadístico, junto a las experiencias de mujeres con discapacidad de diversas regiones del país.

Aunado a lo anterior, la Dirección Técnica del CONAPDIS emitió el criterio CONAPDIS-DT-CT-019-2021 relacionado con las camillas ginecológicas accesibles para atención de mujeres con discapacidad en hospitales de la CCSS. En este criterio detallan los siguientes aspectos: a) La reactivación de los servicios brindados en el CENARE, interrumpidos por la situación de la emergencia del COVID-19 en nuestro país; b) Los datos estadísticos sobre las consultas ginecológicas realizadas en hospitales nacionales y regionales en contraposición con la cantidad de mujeres con discapacidad que residen en cada una de las regiones del país aunado a sus condiciones de aseguramiento y pobreza; reiterando la necesidad de descentralizar los servicios de atención ginecológica; c) Las acciones necesarias de coordinación interinstitucional entre el CONAPDIS, el INAMU y la CCSS de la mano con mujeres con discapacidad y sus organizaciones para garantizar el acceso a una consulta efectiva en salud sexual y reproductiva en igualdad de condiciones con las demás.

Cambio climático y reducción del riesgo de desastres

Durante el 2021, el INAMU junto con el MINAE y el Programa de Apoyo a las NDC del PNUD inician un proceso de identificación y análisis de brechas de género en 6 sectores priorizados por la acción climática: agricultura, forestal, movilidad y transporte, turismo, infraestructura y energía. Posteriormente, se elaboró una propuesta de Plan de Acción que, durante los meses de febrero, marzo y abril del 2022, fue consultada con las instituciones vinculadas a dichos sectores, mujeres y organizaciones de mujeres en todas las regiones del país, con agencias de cooperación internacional, Consejos Regionales de Desarrollo y el Foro de Mujeres del INAMU.

En cumplimiento con los compromisos inscritos por el INAMU y la CNE en los Planes de Acción de la PIEG y la Política Nacional de Gestión del Riesgo, se continúa con la estrategia de capacitación en género y gestión del riesgo al personal de la CNE y a mujeres del territorio nacional vinculadas a la organización AMC, como parte de la estrategia de abordaje comunitaria en género y gestión del riesgo.

Para el 2022 se ha construido un plan de trabajo con Comités Municipales y Comunales de Emergencias y las organizaciones de mujeres de 3 cantones priorizados: Osa, Cañas y Alajuelita; con el fin de afianzar la incorporación de la perspectiva de género y fortalecer la participación de las mujeres en el Sistema local de gestión del riesgo y sus tres ámbitos: reducción del riesgo, preparativos y respuesta; y recuperación. Con esta experiencia se busca validar una metodología de trabajo para llevar a otros cantones del país.

Con respecto a lo planteado en el párrafo 21c del Informe sobre cuestiones y preguntas, no se reportan avances.

Matrimonio y relaciones familiares

Desde el PANI, se implementa el Modelo de Gestión de los Procesos Atencionales que establece el procedimiento para la atención de situaciones violatorias de los derechos de las personas menores de edad. Cuando se determina mediante una investigación preliminar que existe riesgo para la persona menor de edad (por violencia doméstica u otro), se apertura el Proceso Especial de Protección, regulado por los artículos del 128 al 140 del Código de la Niñez y la Adolescencia, o el proceso que corresponda. En el caso del Proceso Especial de Protección, la resolución que se emita debe establecer alguna de las medidas contempladas en el Código anteriormente citado, instrumento que en su artículo 131 faculta al PANI a pronunciarse respecto a la suspensión de visitas o a la suspensión del cuido o guarda crianza de alguno de los progenitores, mientras no exista un pronunciamiento judicial al respecto. Dictada la medida de protección pertinente, se realizará un Plan de Intervención con el fin de restituir los derechos de la persona menor de edad y los de su familia.

Mediante criterio técnico, el grupo de trabajo convocado por el CNNA e integrado por representantes del PANI, PJ, COSECODENI y el MINSA, responde las consultas efectuadas por la AFAPAC sobre las “prácticas de desparentalización”, mediante el cual expresa que el término carece de fundamento científico que avale su uso, entre otras consideraciones que se detallan en el documento (Anexo 9).

Con respecto a lo planteado en los párrafos 22c y 22d del Informe sobre cuestiones y preguntas, no se reportan avances adicionales a los señalados en el VIII Informe periódico.