Nota : el presente documento se distribuye únicamente en español, francés e inglés.
* El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.
Discriminación contra la Mujer
Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de Colombia
Adición
Información suministrada por Colombia sobre el seguimiento de las observaciones finales *
[Fecha de recepción: 27 de abril de 2016]
AMEUAspiración Manual Endouterina.
CAPConocimientos Actitudes y Prácticas
CAIVASCentro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual
CAVCentro de Atención a Víctimas
CAVIFCentro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar
CERREMComité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas
CNMHCentro Nacional de Memoria Histórica
CPDDHHConsejería Presidencia para los Derechos Humanos
CPEMConsejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
CONPESConsejo de Policita Económica y Social
CDSConsejo de Defensa Suramericano
DAFPDepartamento Administrativo de la Función Pública
DINACDirección Nacional de Análisis y Contextos de la Fiscalía General de la Nación
DNPDepartamento Nacional de Planeación
DTSDirecciones Territoriales de Salud
DSRDerechos Sexuales y reproductivos
EGEDEquipo de Género y Enfoques Diferenciales
EPSEmpresa Promotora de Salud
FARC-EPFuerza Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo
FECOLSOGFederación Colombiana de Obstetricia y Ginecología
FGNFiscalía General de la Nación
ICBFInstituto Colombiano de Bienestar Familiar
IVEInterrupción Voluntaria del Embarazo
IPSInstituciones Prestadoras de Salud
LGBTILesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales
NNAJNiños, niñas, adolescentes y jóvenes
OACNUDHOficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
OACPOficina del Alto Comisionado para la Paz
ODMObjetivos de Desarrollo del Milenio
OIMOrganización Internacional para las Migraciones
ONUOrganización de Naciones Unidas
OTANOrganización del Tratado Atlántico Norte
PARDProceso administrativo de Restablecimiento de Derechos
PDSPPlan Decenal de Salud Pública
PESCCPrograma de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía
PcDPersonas con Discapacidad
PNUDPrograma de Naciones Unidas para el Desarrollo
RUVRegistro Único de Víctimas
SAUSalas de Atención al Usuario
UARIVUnidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
UNFPAFondo de Poblaciones de Naciones Unidas
UNPUnidad Nacional de Protección
URIUnidades de Reacción Inmediata
URTUnidad de Restitución de Tierras
VBGViolencia Basada en Género
VIHVirus de Inmunodeficiencia Humana
SAAJServicios amigables para adolescentes y jóvenes
SENAServicio Nacional de Aprendizaje
SGSSSSistema General de Seguridad Social en Salud
SSRSalud Sexual y Reproductiva
Presentación
Colombia es un país en progreso, que enfrenta grandes retos y dificultades pero ha demostrado su compromiso por avanzar en la garantía y la vigencia de los DDHH de toda la población, sin diferencia alguna. Los esfuerzos que se realizan, deben ser vistos desde la perspectiva de una Nación que ha enfrentado un conflicto de cerca de cinco décadas, con las complejidades que ello representa.
Para el Estado la garantía de los derechos de las mujeres se ha convertido en un propósito común en el que confluye la acción de todas las instituciones, las cuales han venido trabajando de forma coordinada, articulando acciones e incorporando la perspectiva de género en sus diversos programas.
Es por ello que se ha venido apuntando al fortalecimiento del andamiaje institucional consolidando los mecanismos de coordinación, aumentando el conocimiento técnico e investigativo, produciendo información y análisis de datos desagregados y desarrollando estrategias para garantizar que los presupuestos estatales sean adecuados a las necesidades de las mujeres y estructurados con enfoque de género.
Durante los últimos años, Colombia ha experimentado un cambio normativo e institucional dirigido a garantizar la plena vigencia de los DDHH y reforzar la eficiencia y coherencia de la organización y funcionamiento del Estado. La reforma institucional y normativa puede entenderse en dos grandes bloques, dirigidos por una parte, a garantizar los DDHH de toda la población y por otra, a garantizar los derechos de las víctimas con el objeto de alcanzar la reparación integral y la reconciliación y de esta manera sentar las bases para avanzar hacia la terminación del conflicto armado.
El compromiso del Estado por cumplir con el más alto estándar de garantía en DDHH, se evidencia en los avances en su situación de DDHH. Aunque persisten retos y desafíos, la voluntad del Gobierno en superarlos resulta latente, por ejemplo en lo concerniente al aseguramiento del acceso a la justicia de las mujeres y las niñas que han sufrido algún tipo de violencia, la obligación con la investigación de los hechos así como el inicio de las actuaciones judiciales y la adopción de medidas para garantizar la intimidad, la confidencialidad y la seguridad de las víctimas, pero también para atender las necesidades y los temores de las mujeres y que no sean objeto de estigmatización o revictimización.
Continuaremos con el compromiso de ofrecer a las mujeres reparación por los daños sufridos, en particular estableciendo compensaciones y restituciones, pero también garantías de no repetición o medidas de prevención y seguiremos actuando como agentes de cambio por lo que respecta al lugar de las mujeres, principalmente fomentando y creando una cultura libre de toda forma de discriminación y violencia en cumplimiento de las obligaciones en virtud de la Convención. Así como con la obligación de castigar y erradicar toda impunidad que pueda perpetuar la discriminación de género en la vida cultural y familiar.
Es importante indicar al Honorable Comité que el proceso de elaboración de este documento contó con el liderazgo de la Cancillería, el acompañamiento de la CPEM y la participación de las entidades gubernamentales con responsabilidad en la implementación de las recomendaciones, a saber: Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, OACP, FGN y UARIV. A efectos de abordar de manera integral las recomendaciones contenidas en el párrafo 24 y 30 del documento de Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de Colombia, la información reportada, corresponde al periodo 2013-2015.
Recomendación resolución 1325
El Estado Colombiano atendiendo los criterios contenidos en la Resolución 1325 y las demás que la complementan, se encuentra implementándola a través de la institucionalidad nacional y específicamente a través de las líneas que se desarrollan en 4 acciones relacionadas con prevención de violencia, incremento de la participación y representación, promoción y protección de derechos y atención de las necesidades y prioridades en situaciones de socorro y recuperación.
Las acciones adelantadas, se enmarcan de manera macro en la “ Política Pública Nacional de Equidad de Género y el Plan Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (CONPES No.161 de 2013).
Esta Política se diseñó con tres componentes: participativo, institucional y estratégico sectorial. Para desarrollar el componente de fortalecimiento institucional, se consagra como estrategia la protección de los derechos de las mujeres en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado y otras violencias contra las mujeres en el marco del conflicto armado, lo que se materializa, entre otros, a través de los siguientes lineamientos:
•Fortalecimiento de acciones que garanticen el acceso a la justicia en concordancia con el CONPES 3784 y con el Plan Integral para garantizar una vida libre de violencia.
•Integración e implementación de las medidas de prevención, protección, atención y reparación de los impactos del conflicto armado y el desplazamiento forzado principalmente en las mujeres Rom, indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
•Fortalecimiento del proceso de incorporación del enfoque de género en el Sistema Nacional de Atención Integral y Reparación Integral a Víctimas.
•Inclusión de variables de registro en los sistemas de información de las entidades para fortalecer la identificación y el análisis de las afectaciones de las mujeres desde sus diversidades en el marco del conflicto armado.
En el Plan para garantizar una vida libre de violencias se incorporan las siguientes acciones:
•Inclusión del enfoque de género en el diseño e implementación de las políticas públicas y proyectos institucionales en materia de violencia contra la mujer.
•Diseño y puesta en marcha de estrategias de información, comunicación y educación que contribuyan a superar la tolerancia social frente a las VBG.
•Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los sectores vinculados a la prevención y atención de la violencia y cualificación de sus funcionarios en estas temáticas.
•Fortalecimiento de las instituciones encargadas de la atención en salud y en justicia a las mujeres víctimas de violencia.
•Fortalecimiento de los espacios de articulación nacionales en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
•Seguimiento y adecuación normativa sobre legislación relevante.
•Fortalecimiento de los sistemas de información y gestión del conocimiento en materia de violencia contra las mujeres.
El monitoreo de la política, se realiza a través del Sistema de Seguimiento a Documentos CONPES del DNP en el que se ofrece información periódica del estado de avance de los documentos y sus recomendaciones, de conformidad con la matriz que debe aportar la CPEM, como entidad rectora de la política en la materia.
Adicionalmente, para dar una respuesta específica a la problemática que enfrentan las mujeres en el marco del conflicto armado y reconociendo que las mujeres con ocasión del mismo, enfrentan afectaciones diferenciadas y profundizadas por el hecho de serlo y por la manera en que éste las victimiza, se expidió el CONPES 3784 de 2013: “Lineamientos de Política Pública para la prevención de riesgos, la protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado ”.
Este documento responde a los contenidos de la Ley de Victimas, especialmente en lo concerniente al enfoque de género y diferencial y a lo consagrado en la Ley 1257/2008. En él se recogieron los principales planteamientos expuestos por la Corte Constitucional en sentencia T-025 y en los autos de seguimiento 092/2008 y 098/2013 y se identificaron los principales obstáculos para la atención y reparación integral de las mujeres víctimas.
El CONPES, define una serie de acciones estratégicas para el periodo comprendido entre 2013-2015, enfocadas en:
•Prevención de riesgos y vulneraciones de las mujeres víctimas.
•Garantizar su participación como ciudadanas en diferentes entornos socioculturales, teniendo en cuenta que las graves afectaciones de las mujeres en el marco del conflicto armado hacen parte de un escenario preexistente de exclusión, estigmatización y discriminación.
•Como una condición necesaria para garantizar lo anterior, acciones estratégicas con el objetivo de fortalecer el trabajo institucional, adaptando y articulando sus acciones para dar una respuesta adecuada y oportuna a las mujeres víctimas en términos de atención, asistencia y reparación.
Dentro de los principales logros en la implementación de este CONPES, se citan:
•El enfoque de género está en las agendas de las entidades y hace parte de sus ejercicios de planeación, lo que complementa los avances en materia de diagnóstico sobre riesgos diferenciales para las mujeres víctimas y la necesidad de diseñar programas que atiendan a estas particularidades que han sido expresadas en las decisiones de la Corte Constitucional.
•Se ha fomentado la puesta en marcha de programas especiales y respuestas adecuadas, que incluyen criterios de priorización para atender, asistir y reparar a las mujeres, reconociendo que el conflicto armado ha tenido un impacto más severo sobre ellas.
•Se ha comenzado un proceso de cambio institucional en el cual se han venido superando las barreras que impedían a las mujeres víctimas el acceso a derechos como a la tierra y a la vivienda, a la generación de ingresos y a su protección, partiendo de análisis jurisprudenciales y doctrinales que identifican las implicaciones de delitos como el desplazamiento forzado y la violencia sexual entre otros, de prácticas culturales de discriminación y exclusión y de riesgos adicionales que han enfrentado la mujeres víctimas en zonas de alto riesgo.
•Adicionalmente, se ha puesto en marcha un mecanismo de evaluación y seguimiento al CONPES 3784 que busca dar cuenta del avance de las acciones y como éstas le apuntan a solucionar o mitigar las problemáticas identificadas para las mujeres en el marco del conflicto armado.
Finalmente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y sus correspondientes bases, se incluyeron compromisos relacionados con la garantía de derechos de las mujeres. Por una parte, las evaluaciones de la Política de Equidad de Género y de la Política para la Prevención de Riesgos, la Protección y Garantía de los Derechos de las Mujeres Víctimas del Conflicto Armado. De otro lado, la formulación participativa de la política pública nacional de mujer rural, la creación de la Dirección de Mujer Rural en el Ministerio de Agricultura, y la de un mecanismo nacional de coordinación intersectorial e interinstitucional para el abordaje integral de las violencias de género.
Participación de las mujeres en el Proceso de Paz
•Las mujeres han sido una parte fundamental del proceso de paz. Desde su fase exploratoria entre febrero y agosto de 2012, la Delegación del Gobierno ha buscado la representación efectiva de las mujeres en la Mesa, así estuvieron presentes Elena Ambrosi y Lucía Jaramillo como testigos de esta primera fase. Posteriormente y desde el inicio de la etapa de discusión y desarrollo de la agenda de la Mesa, las referidas funcionarias fueron designadas negociadoras alternas.
•En 2013, fue nombrada María Paulina Riveros, Directora de DDHH del Ministerio del Interior y Nigeria Rentería, entonces Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, como negociadoras plenipotenciarias. En respuesta a la renuncia de Nigeria Rentería, fue nombrada como negociadora plenipotenciaria, María Ángela Holguín, actual Canciller.
•Adicional a la presencia directa que han tenido las mujeres en la Mesa de Conversaciones, la OACP actualmente en su parte temática de apoyo a las negociaciones y de pedagogía del proceso de paz está compuesta por 8 áreas, en donde laboran 34 mujeres y 15 hombres.
Visitas de las Víctimas
•A partir del Acuerdo General, en el punto 5 de la Agenda, las partes expresaron que “resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional –FARC-EP”. Posteriormente, la Mesa de Conversaciones aprobó en 2014 la “Declaración de principios para la discusión del punto 5 de la agenda: ‘víctimas ” , y solicitó a la ONU y al Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional organizar tres foros regionales y uno de carácter nacional. La sistematización de las conclusiones de los foros, que contaron con la participación de casi 3.000 personas, ha sido entregada a ambas delegaciones de la Mesa.
•De manera complementaria, mediante dos comunicados conjuntos, la Mesa solicitó a la ONU y al referido Centro, en consulta con diferentes asociaciones de víctimas del conflicto, y con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal, la organización y el proceso de selección de 5 delegaciones cada una de 12 víctimas, para participar directamente en la Mesa de Conversaciones.
•El mecanismo que concluyó en diciembre de 2014, consistió en encuentros directos por parte de 60 víctimas del conflicto armado con los equipos negociadores de paz, agrupadas en cinco delegaciones. De las 60 víctimas, 36 fueron mujeres y 24 hombres.
Enfoque de género en los puntos acordados de la agenda de la Mesa de Conversaciones
•El enfoque de género se incluye en los Acuerdos de los diferentes puntos de la agenda, para promover la participación, a través del reconocimiento de medidas diferenciadas que atienden las afectaciones particulares en razón del género y el importante rol de las mujeres en la construcción de una sociedad democrática e incluyente.
Subcomisión de género
•Mediante comunicado conjunto de junio de 2014, se anunció la creación de una Subcomisión de Género, compuesta por integrantes de ambas delegaciones, para revisar y garantizar que los acuerdos alcanzados y un eventual acuerdo final tengan un adecuado enfoque de género, particularmente en lo relacionado con las mujeres y la comunidad LGTBI. Para lograrlo, la sub-comisión viene recibiendo a expertas y expertos nacionales e internacionales en enfoque de género y a organizaciones de mujeres y población LGBTI, con el fin de escuchar su visión sobre el enfoque de género en los acuerdos.
Comisión de Esclarecimiento de Verdad, Convivencia y No Repetición
•Es el mecanismo por el cual el Gobierno y las FARC acordaron esclarecer la verdad y hace parte de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que empezará a funcionar después de la firma del Acuerdo Final. En esta Comisión, el enfoque de género está presente en todos sus componentes y uno de sus objetivos es promover la equidad de género en el territorio.
Mecanismos de participación ciudadana en la mesa de conversaciones
•Mediante los mecanismos de participación establecidos en el Acuerdo General, se recibieron un promedio de 54.600 aportes de la sociedad civil, los cuales han enriquecido las discusiones sobre los distintos puntos de la agenda en la Mesa de Conversaciones. Anexo No. 1
Participación de las mujeres en espacios de decisión
•La Constitución de 1991, no solo reconoció la igualdad entre hombres y mujeres (artículos 13 y 43), sino la obligación de garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública (artículo 40), así como la aplicación de la equidad de género como principio rector de los partidos políticos (artículo 107).
•Estos postulados constitucionales y el trabajo conjunto de las mujeres y la institucionalidad, abrieron la puerta para la expedición de dos acciones afirmativas, claves para el aumento de la representación política de las mujeres, como son la Ley 581/2000 y la Ley 1475/2011.
•Para generar mecanismos que potencien el desarrollo y el trabajo de las mujeres en los ámbitos de representación política y desarrollo, se expidió la Ley 1434 y 1450 de 2011 así como el Documento CONPES 140 de 2011 sobre metas y estrategias de Colombia para el logro de los ODS.
•Se destaca el incremento de la participación política, en la gestión pública y las oportunidades en lo local y nacional de las mujeres. Anexo No. 2
Mujeres en el sector seguridad
•A septiembre de 2015 el Ministerio de Defensa Nacional, reportó un total de 3278 mujeres que conformaban el ejército, la armada y la fuerza aérea.
•Al interior de la Policía Nacional se encuentra una participación de la mujer en todos los grados de la jerarquía policial, entre ellas una Mayor General, quien se desempeñaba como Subdirectora General y una Brigadier General, como Directora Nacional de Escuelas. A septiembre de 2015 se reportó un total de 16287 mujeres entre personal uniformado y no uniformado.
•Adicionalmente, la Policía Nacional, al interior de sus unidades operativas cuenta con la presencia activa de mujeres. A septiembre de 2015, se contaba con 4065 mujeres, distribuidas en 8 direcciones.
Prevención de la violencia
Sector Defensa
•Como antecedentes a las acciones adelantadas desde el Ministerio de Defensa es importante indicar que en 2005, con el UNFPA se firmó un convenio para el desarrollo del proyecto de “ Fortalecimiento de la SSR para las Fuerzas Militares y de Policía ” .
•En 2010 fue expedida la Directiva No. 11, sobre “ Cero tolerancia contra actos de Violencia Sexual ” , cuyo objetivo es la prevención de la violencia por razones de género, contra las mujeres, NNA, particularmente actos sexuales violentos.
•Con el apoyo técnico y logístico del UNFPA y la OACNUDH, se publicó la Política en DSR, equidad y prevención de VBG, SSR con énfasis en VIH, se elaboró el protocolo y la cartilla operativa para la prevención de la violencia de género, el cual fue revisado en 2013 y contó con los aportes de la CPDDHH y la CPEM, resultado de ello en 2015 se elaboró la segunda edición del protocolo el cual fue dado a conocer en el marco del primer aniversario del día nacional por la dignidad de las mujeres.
•Se tiene previsto el lanzamiento de la mesa técnica de seguridad en el marco de la Resolución 1325 entre el Ministerio de Defensa Nacional y la sociedad civil – colectivo CIASE.
Adicionalmente, se adjunta información relevante en el Anexo No. 3
Promoción y Protección de Derechos
Al respecto se presentan los siguientes avances, los cuales complementan lo referido en el titulo anterior:
•Mediante Ley 1654/2013, desarrollada a través de ocho decretos-ley, se generó la restructuración de la FGN.
•Uno de los principales componentes de esa restructuración ha sido la institucionalización de un nuevo modelo de investigación penal basado en el análisis y establecimiento de contextos que permitan generar acciones más efectivas frente a la macro criminalidad, así como la atención y gestión que involucran la perspectiva de género y el enfoque diferencial en la administración de justicia y la atención de las víctimas.
•Estos modelos han incorporado criterios de atención diferenciada como una verdadera garantía del derecho de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de delitos cometidos por razón del género. Los tipos de centros de atención implementados por la Fiscalía son: CAV, CAVIF, CAIVAS, SAU, URI.
•En la FGN se creó la Dirección Nacional de Políticas Públicas y Planeación, y al interior de esa Dirección, la Subdirección de Políticas Públicas. La Subdirección, tiene entre otras funciones, proponer las estrategias para la implementación transversal de un enfoque diferencial en las políticas internas y públicas así como el diseño de estrategias para la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque diferencial en el cumplimiento de las funciones propias de la FGN. Con esa finalidad, fue conformado al interior de esa Subdirección el EGED.
•El equipo del EGED, analiza, entre otros, las diferentes violencias que sufren las niñas, adolescentes y mujeres por razones de género, hacen las evaluaciones pertinentes y diseñan propuestas de políticas públicas que favorezcan el abordaje de dichas violencias desde una perspectiva de género y diferencial, buscando fortalecer el funcionamiento institucional en la forma en que se atienden, investigan y judicializan estos hechos.
•Adicionalmente, en 2014 se conformó un grupo especial para tratar VBG al interior de la DINAC, incluidas aquellas relacionadas con situaciones de violencia sexual en diversas zonas del país y por parte de distintos actores armados. Al Grupo de VBG se le encomendó como primera tarea la de analizar los 183 relatos del anexo reservado del auto 092/2008, para definir medidas de direccionamiento estratégico e impulso de esos casos y la determinación de los patrones en la comisión de las conductas punibles y de victimización.
•Con relación al proceso especial de Justicia Transicional contemplado en la Ley 945/2005, se ha priorizado la judicialización de los delitos de violencia sexual. Los nuevos modelos de investigación han permitido condenar a algunos máximos responsables de estas violaciones, así como adoptar decisiones de fondo que garantizan el acceso a la justicia de las mujeres víctimas sobrevivientes.
•Estos pronunciamientos de fondo obedecen al plan de acción para la priorización de 16 máximos responsables y que se enfocan en cuatro delitos: desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, desaparición forzada y violencia sexual basada en género. Durante la vigencia de este plan se han imputado 518 hechos de violencia sexual basada en género, respecto de 579 víctimas.
•Con la participación de funcionarios de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, la FGN llevó a cabo 75 espacios de socialización a partir de la priorización de máximos responsables, así como de macro estructuras y la implementación de la construcción de los patrones de macro criminalidad, entre estos el de VBG.
•La FGN dio a conocer los resultados de la priorización de este patrón de macro criminalidad, mostrando bases fácticas y jurídicas, la estadística correspondiente a hechos, cargos y víctimas acogidas.
•Se han llevado a cabo encuentros a efectos de socializar los procesos que adelanta la UARIV y la FGN, respecto de las víctimas de violencia sexual y de enfoque diferencial, en especial del manejo bajo reserva de la información por ellas aportada, y se expusieron rutas procesos y herramientas para garantizar el acceso a la justicia y la respuesta eficiente a sus denuncias.
•La FGN ha realizado 100 comités técnico-legales sobre direccionamiento estratégico de investigaciones de VBG en violencia sexual contra mujeres dentro del marco del conflicto armado.
•La DINAC relacionó cuatro situaciones priorizadas en materia de delitos de violencia sexual basada en género en el marco del conflicto armado sobre las cuales ha venido adelantando acciones investigativas. Dichas situaciones son: hechos atribuibles a las FARC; hechos en los que aparece como principal victimario alias “el oso” excluido del proceso de justicia y paz; hechos de reclutamiento y violencia sexual cometidos por miembros de las autodefensas del frente Cacique Guanentá del Bloque Central Bolívar y 183 casos remitidos por la Corte Constitucional en el Auto 092/2008, respecto de los cuales se han alcanzado 31 sentencias.
•La FGN con el fin de generar condiciones y garantías para que las mujeres sobrevivientes puedan formular la denuncia en condiciones de seguridad y sin riesgo de una segunda victimización y prestar un servicio integral a las víctimas ha involucrado a otras instituciones y ha acompañado jornadas de toma de denuncias de mujeres y jóvenes sobrevivientes de violencia sexual relacionada con el conflicto armado.
•Durante el 2014, la FGN participó en siete jornadas de toma de declaración y/o denuncia a mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, donde los registros fueron tomados por personal debidamente capacitado en atención con enfoque diferencial y de acción sin daño.
•En cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1719, la FGN a través de la Subdirección Nacional de atención a víctimas y usuarios ha establecido un acuerdo de cooperación con la Embajada de España en aras de fortalecer la formación de los funcionarios en cultura del servicio con enfoque diferencial y de género otorgando canales de acceso a la justicia a partir de la construcción de estratégicas y metodologías para la atención de las víctimas, la investigación y priorización de casos de VBG
El Ministerio de Justicia, diseñó e implementó la estrategia de acceso a la justicia y a la reparación que busca ofrecer garantías de acceso a las mujeres y lograr su recuperación emocional y empoderamiento como sujetas de derechos. Dentro de los componentes de la estrategia se tiene el acompañamiento psicosocial el cual se desarrolla a través de una metodología colectiva denominada “ círculos de acompañamiento ” que sirve para soportar la investigación judicial de los hechos de violencia sexual y la reparación efectiva y empoderar a las víctimas para que conozcan los procesos de restablecimiento de derechos y las rutas de atención. Esta iniciativa ha contado con el apoyo de organizaciones de mujeres que tienen experiencia en estos procesos.
•En el marco de “ La Estrategia Interinstitucional de Lucha contra la Impunidad y Atención Integral a las Víctimas de VBG en el Marco del Conflicto Armado ” y bajo la responsabilidad de la CPDDHH, se han realizado ocho intervenciones en 6 ciudades y municipios y 2 departamentos. Estas incluyen entre otros, el impulso técnico jurídico de la FGN a casos de VBG relacionadas con el conflicto armado; identificación de barreras y obstáculos para el acceso a la justicia con la participación de mujeres lideresas y defensoras de DDHH y la realización de acuerdos con los enlaces de género de las entidades territoriales.
•En la implementación de acciones de acompañamiento psicosocial dirigidas a NNA víctimas del conflicto armado en el ámbito familiar y comunitario para la generación de entornos protectores y la contribución a la garantía y restitución de sus derechos, el ICBF atendió a 41.495 niñas y adolescentes víctimas de la violencia en el marco del conflicto armado en los programas de Protección como las Unidades Móviles, el Programa de atención a NNA desvinculados y el PARD.
•En materia de acompañamiento a NNA víctimas del conflicto armado para el acceso y conocimiento de sus derechos, las Unidades Móviles atendieron un total 40.216 niñas y adolescentes victimas de desplazamiento forzado. Dentro de las acciones de atención que realiza esta unidad, se efectuó la socialización de la cartilla “Déjala Volar”, iniciativa que busca difundir los derechos de los NNA en el marco de la Ley de Victimas.
•La Defensoría del Pueblo, en el marco de la Ley 1257/2008, acompaña y asesora a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas que quieren acceder a justicia, en su proceso de elaboración de denuncia, querella escrita o verbal, directamente o a través de la Defensoría del Pueblo, y en el marco de sus derechos como víctimas, se les informa sobre el proceso de representación judicial a víctimas que coordina la Dirección Nacional de Defensoría Pública, en asocio con las Defensorías Regionales en la cual se solicita a su favor la asignación de Abogado Representante Judicial de Víctimas.
•El Ministerio de Educación Nacional, en el marco de sus competencias para garantizar el acceso a la educación de la población víctima, viene implementando el Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión del Sector Educativo dirigido a las secretarias de educación, para asegurar la prestación del servicio educativo en situaciones que afecten o puedan afectar la garantía del derecho a la educación de NNAJ y víctimas del conflicto armado. En ese marco se han diseñado 93 planes de acción y 372 planes escolares para la gestión del riesgo.
•Complementando los procesos de formación al sector educativo, se publicó el documento: “ Lineamientos generales para la atención educativa a población vulnerable y víctima del conflicto armado ” , el cual contiene un apartado que brinda orientación para la prestación del servicio educativo a mujeres víctimas.
•Con el fin de promover instituciones educativas como espacios protectores y pacíficos que fomenten procesos de convivencia y mitiguen los factores de riesgo a los que se exponen los NNAJ, el Ministerio de Educación reportó una cobertura de 138.110 niñas, adolescentes y jóvenes víctimas de la violencia vinculadas al sistema educativo mediante modelos educativos flexibles. En esa dirección, se han desarrollado lineamientos, orientaciones y herramientas pedagógicas para los Programas Transversales, que han permitido brindar asistencia técnica a 94 secretarías de educación, para la implementación de los proyectos pedagógicos con enfoque en DDHH y género.
•En 2013 se puso en marcha la línea 155 de orientación a mujeres víctimas de violencia. Esta línea de propiedad de la Presidencia de la República, es operada por la Policía Nacional y la CPEM hace seguimiento y acompañamiento técnico a su funcionamiento.
A los usuarios se les brinda información clara, completa y veraz sobre los derechos de las mujeres víctimas de violencias y se les orienta sobre atención jurídica y en salud. Los funcionarios que recepcionan las llamadas, manejan un protocolo de atención y un guion elaborado por la CPEM en coordinación con las entidades competentes en la ruta de atención. A octubre de 2015 se habían atendido 247.777 llamadas.
Atención de las necesidades y prioridades en situaciones de socorro y recuperación
•La Ley 1448/2011representa un paso histórico para la garantía de los derechos de las víctimas y las pone en el centro y prioridad de la acción del Estado. La Ley establece un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en un marco de justicia transicional, que crea una institucionalidad dedicada exclusivamente a garantizar los derechos de las víctimas: la URT, el CNMH y la UARIV.
•Teniendo en cuenta que del total de las víctimas de conflicto, el 50% son mujeres, esta Ley incorpora avances significativos estableciendo un programa administrativo de reparación integral que permite el acceso masivo de las víctimas y traslada la carga de la prueba al Estado; incorpora medidas para reparar integralmente a las víctimas de desplazamiento forzado; despojo o abandono forzado de tierras; homicidio; secuestro; tortura; desaparición forzada; reclutamiento de NNA; minas antipersonal; y violencia sexual en el marco del conflicto armado.
•La Ley 1448 con fundamento en los pronunciamientos de la Corte Constitucional y acogiendo estándares internacionales, establece un Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado. Esta Ley, de acuerdo con el informe de Harvard Kennedy School Carr Center for Human Rights Policy, constituye el programa más amplio y garantista frente a los estándares internacionales, a la vez que es el que más hechos victimizantes incluye, principalmente por la inclusión del desplazamiento forzado, siendo las personas víctimas de estos hechos más del 86% de quienes figuran en el RUV.
•Esta Ley reconoce la Reparación Colectiva a los grupos, organizaciones y comunidades que han sufrido un daño colectivo, como Sujeto de Reparación Colectiva, lo que incluye organizaciones de mujeres. En este proceso se ha trabajado para la incorporación del enfoque de género dentro de las medidas de reparación integral en el marco de la Ruta de Reparación Colectiva, en este trabajo múltiples agrupaciones han identificado dentro de los procesos, la violencia sexual como parte de los daños sufridos.
•A través de la UARIV, se diseñó y puso en marcha la Estrategia de Reparación Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado, que materializa la atención diferencial, integral y adecuada a las mujeres víctimas de este hecho. El objetivo de la estrategia es generar espacios de construcción, dialogo y fortalecimiento del proyecto de vida de las mujeres, con enfoque de derechos, en el marco de su proceso de reparación integral.
•En el 2014 la Estrategia se llevó a cabo en varios municipios del país, con una participación de 180 mujeres víctimas de violencia sexual.
•El proceso de reparación colectiva de la manera como se está abordando con las organizaciones de mujeres, tiene la potencialidad de generar una buena práctica que se replique en otras situaciones de conflicto, lo que fue reconocido por Naciones Unidas en el marco de la visita que la Directora de la UARIV hizo a Nueva York en 2014.
•Frente a la inclusión de mujeres como beneficiarias de planes de reparación individual, en 2014 se realizaron 2.081 pagos por concepto de indemnización a víctimas de violencia sexual y se elaboraron 1.287 planes integrales de reparación individual a víctimas de este delito. Además 257 víctimas de violencia sexual, participaron de la Estrategia de Recuperación Emocional, lo cual ha posibilitado que las víctimas elaboren sus duelos y mitiguen su dolor.
Fuerza pública y procesos de capacitación y sensibilización
•La Policía Nacional, ha venido adelantado de manera permanente procesos de capacitación en temas relacionados con violencia de género y violencia contra la mujer a través de la Dirección Nacional de Escuelas. De 2013 a 2015 a través de diversas modalidades se han capacitado 34.802 funcionarios.
•Adicionalmente, en 2015, se llevaron alrededor de 103 comisiones al exterior por parte de personal femenino adscrito a la Policía en todos los grados, las cuales van orientadas a brindar asesoría técnica a diferentes países, así como a desempeñar labores docentes, auxiliares y de adelanto de estudios en diferentes temas de interés para la institución.
•El Ministerio de Defensa ha desplegado varias acciones encaminadas a sensibilizar y capacitar a los integrantes de la fuerza pública en temas de género, mujer y violencia sexual, particularmente relacionadas con el conflicto armado, fortaleciendo estos procesos desde el año 2013. Anexo No. 4
•Con relación a los procesos de instrucción, anualmente, el Ministerio de Defensa programa capacitaciones coyunturales y extracurriculares en las cuales se incluye la temática de prevención de violencia sexual. Anexo No. 5
Recomendación sobre protección de defensores de derechos humanos
•Uno de los pilares sobre los cuales se erige la Política de DDHH es la promoción y preservación de nuevos liderazgos, en el entendido que un principio básico de prevención y protección consiste en el reconocimiento de los defensores y defensoras de DDHH como interlocutores legítimos de éste y, por tanto, como partícipes en las decisiones públicas que los afectan.
•Por lo anterior, se ha consolidado el Proceso Nacional de Garantías para la labor de las Defensoras y los Defensores de DDHH, Líderes Sociales y Comunales, como un escenario tripartito de diálogo político del más alto nivel, a través del cual se han materializado iniciativas en materia de prevención, protección e investigación. Anexo No. 6
•Atendiendo los criterios de la Corte Constitucional para la construcción de una Política Pública Integral de Promoción del Derecho a la Defensa de los DDHH en el Marco del Conflicto Armado Interno con Enfoque de Género se vienen desplegando a través del Ministerio del Interior las siguientes acciones:
•Proceso de construcción del programa de Garantías de la Labor de Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos el cual observa la protección desde una perspectiva integral que atraviesa los aspectos académicos, políticos, jurídicos y materiales y su construcción parte de propuestas conjuntas y del concepto según el cual “ las defensoras provienen de todos los ámbitos de la vida ”
Desde febrero de 2013, se instaló formalmente y con una metodología previamente acordada con las organizaciones de mujeres el “ Espacio de Interlocución para la Formulación, Implementación y Seguimiento de la Política de Prevención y Protección de los derechos de las Mujeres Defensoras ” . El resultado de este proceso fue el documento de política pública del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de DDHH con su plan de acción el cual ha contado con la participación de las organizaciones de mujeres.
El lanzamiento protocolario del Programa se realizó, en 2015. Éste parte de una concepción integral de la protección que involucra aspectos relacionados con prevención temprana, prevención urgente y garantías de no repetición.
Simultáneamente se elaboró el proyecto de Decreto “Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de DDHH y se regulan aspectos relacionados con el Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de DDHH”. La función principal de esta Comisión es velar por la coordinación interinstitucional para la efectiva implementación de dicho Programa. Este decreto está en proceso de revisión.
En lo que respecta al documento de política del Programa, se busca realizar los últimos ajustes al plan de acción para proceder al proceso de articulación para la inclusión de un capítulo de enfoque étnico, teniendo en cuenta las acciones, avances y competencias del Ministerio del Interior y su posterior fase de construcción, diseño y alistamiento para el año 2016.
•Proceso de construcción conjunta de un “ Programa de Garantías para las Mujeres ” . Este proceso se adelanta desde el 2012, trasciende los conceptos de protección estrictamente material y parte de un diagnóstico de la problemática de las lideresas de población desplazada y defensoras de DDHH, los principios orientadores de la política para la promoción de la defensa de DDHH y los conceptos básicos sobre la categoría de “lideresa de población desplazada” y “defensora de DDHH”, con enfoque de derechos, enfoque de género y enfoque diferencial y las acciones en prevención, protección y garantías de no repetición.
Este ejercicio de construcción ha contado con el acompañamiento de diversas entidades y organizaciones tanto nacionales como internacionales En 2014, el Ministerio del Interior lideró el proceso de construcción de la versión final del documento que desarrolla este Programa, a partir del diálogo, el intercambio y la construcción colectiva de propuestas entre el Gobierno, la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo con vista a transformar las violencias que enfrentan las mujeres por su trabajo cotidiano de defensa de DDHH.
El antecedente del Programa Integral de Garantías para Mujeres es la Resolución 0805/2012, primera decisión Ministerial que reconoce necesidades especiales en materia de prevención y protección a poblaciones particulares, en este caso, a las mujeres. Esta Resolución, es el resultado de un largo proceso de trabajo de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, acogido y desarrollado en concertación con el Gobierno Nacional.
•De otro lado y con el objetivo de visibilizar, fortalecer, formar, prevenir, proteger y apoyar a las mujeres víctimas del conflicto armado, el Ministerio del Interior de 2013 a 2014, apoyó técnica y financieramente 22 proyectos, en 24 departamentos, por un monto aproximado de US 374.914.
•Con la expedición del Decreto 4065/2011 y la creación de la UNP, se estableció como objetivo principal articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección a aquellas personas que en virtud de sus actividades y condiciones o en razón al ejercicio de un cargo público, se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal. Lo anterior, como resultado del esfuerzo conjunto entre el Gobierno Nacional y la Sociedad Civil, para enfrentar las consecuencias de la situación de violencia, contra grupos poblacionales específicos.
•La Directiva No. 02 de 2014 “ por la cual se dan lineamientos generales para la incorporación del enfoque diferencial de género en las diferentes dependencias de la Unidad ” permitió la creación del Comité de Transversalidad de Género de la UNP y un grupo de facilitadores conformado por funcionarios y colaboradores encargados de la etapa de transformación de pautas culturales hacia los funcionarios y servidores de la UNP, a través de un proceso de sensibilización y aplicación del enfoque de género en todos los niveles de acción de la entidad.
•En el año 2015 con el apoyo del PNUD, se realizó un taller de “ entrevista a víctimas de violencia sexual”, con el fin de sensibilizar a los funcionarios en la atención a mujeres víctimas de violencia sexual, especialmente a los Analistas de Nivel de Riesgo. Como herramienta de trabajo, se realizó un plegable para la atención a mujeres víctimas de violencia sexual.
•A partir del 2015, se dispuso por parte de la Dirección General de la Unidad, que dentro del equipo asesor se tuviera a una persona encargada de manera exclusiva de los asuntos de género, con el fin de que éste tema se aborde de manera transversal a todas las poblaciones. Este asesor además, tiene la misión de co-liderar el Comité de Transversalidad de Género de la UNP. Adicionalmente la UNP realizó seis jornadas de entrenamiento en enfoque de género a 60 funcionarios y contratistas.
•Dando alcance a la información contenida en el pie de página No. 8, en el periodo comprendido entre 2013 - 2015 se han realizado 14 sesiones de CERREM Mujeres. No obstante, es pertinente aclarar que no todos los casos de las lideresas y defensoras de DDHH son presentados en CERREM Mujeres, dado que muchas mujeres, no manifiestan en la entrevista que su caso sea presentado en dicho espacio; de manera que los casos se presentan en CERREM Poblacionales de la categoría descrita en el Numeral 2 del artículo 2.4.1.2.6 del Decreto 1066/2015.
•A partir del año 2015 y con el fin de poder tener una relación de costos de cada uno de los CERREM, se han establecido las cifras que representan las medidas aprobadas o ratificadas en cada uno de estos Comités (Anexo No. 7). Adicionalmente, se cuenta con la relación de mujeres evaluadas en las distintas categorías poblacionales entre las que se encuentran mujeres lideresas y defensoras.
•Una de las medidas materiales de protección que se contempla en el Decreto 1066/2015, es el chaleco antibalas. En razón al diseño de los chalecos, fue necesario que estos tuviesen una diferencia para el uso de las mujeres en atención a sus características físicas. La UNP entre 2013-2015 ha entregado 1653 chalecos femeninos.
Recomendación sobre Sentencia 355/06
El Ministerio de Salud con el fin de atender la sentencia C-355/06 ha desplegado las siguientes acciones:
•Suscripción del contrato para la elaboración y difusión de una línea de base sobre CAP, que constituyen barreras para acceder a los servicios integrales para la IVE en población general e IPS que prestan servicios de SSR.
Como productos del mismo se incluyeron:
•Diseño e implementación de una campaña pedagógica y de movilización social en medios masivos y alternativos de comunicación para promoción de la salud y de los DSR de hombres y mujeres, incluidos los de IVE, así como los deberes de los prestadores de garantizar efectivamente la prestación oportuna y con calidad de estos servicios.
•Capacitación a comunicadores, periodistas y responsables del componente de movilización social de 32 departamentos y el Distrito Capital, en los aspectos conceptuales, éticos y el marco normativo vigente que reglamenta la promoción de salud, los DSR y la equidad de género en el escenario del SGSSS, con énfasis en los derechos de las mujeres a los servicios de IVE, conforme a lo establecido en la Sentencia C-355/06, de la Corte Constitucional.
•Suscripción de Convenio con la Universidad Nacional, con el propósito de realizar:
•Foros de discusión con diferentes actores y sectores relacionados, sobre los aspectos éticos, médico-legales, de DDHH, género y equidad, en el contexto normativo que reglamenta la gestión de la salud sexual y reproductiva en el SGSSS. En total se realizaron 34 foros académicos, incluyendo un foro Nacional y un foro departamental en cada uno de los 32 departamentos y en el Distrito Capital de Bogotá, con la participación de 2.824 personas.
•Documento sobre: Implicaciones éticas, jurídicas y médicas de la Sentencia C-355 de la Corte Constitucional: Un avance para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las colombianas .
•Capacitación a equipos de salud, responsables de la gestión de la SSR en las 32 entidades departamentales y el distrito capital, sobre el marco conceptual, ético y marco normativo vigente, con énfasis en los derechos de las mujeres a los servicios de IVE, conforme a lo establecido en la Sentencia C-355/06.
•Construcción de una propuesta de articulación Intersectorial para fortalecer el acceso de las mujeres, a las garantías amparadas en la Sentencia C-355/06, con los sectores de salud, justicia, educación, protección y ministerio público, la cual se ha desarrollado en 5 ciudades del país, y cuenta con 9 Estrategias de Intervenciónintersectoriales para garantía de los servicios de IVE diseñadas, validadas y socializadas en cada una de las ciudades donde se ha venido implementando y se documentan barreras de acceso intersectoriales.
Sensibilización y capacitación
•Capacitación para la Implementación del protocolo para la Prevención del Aborto Inseguro y la adecuación, validación técnica, operativa y difusión de documentos técnicos: para la atención del aborto en curso, postaborto o sus complicaciones; para la asesoría y acompañamiento en pre y post IVE; y para la atención integral de la IVE en el bajo nivel de complejidad, con empresas promotoras de salud e instituciones prestadoras de servicios de salud de entidades territoriales priorizadas
En el mismo marco, se realizó el Proceso de sensibilización en prevención del aborto inseguro e Interrupción Voluntaria del Embarazo IVE. En las jornadas de sensibilización en prevención del aborto inseguro e IVE, que se llevaron a cabo en 2013 en 5 ciudades y la participaron de 415 personas de diversas instituciones del sector salud y otros sectores como seguridad, educación y seguridad.
•Curso de Entrenamiento en IVE, a través de la FECOLSOG, en modalidad teórico – práctica, con base en el Modelo de Entrenamiento Biológico, que se desarrolló en 2014 en 23 ciudades, con la participación de 88 profesionales de la medicina, 71 de ellos Ginecobstetras. Este curso priorizó Gineco obstetras y médicos generales de las 20 subregiones identificadas con mayor vulnerabilidad, morbilidad y mortalidad materna y perinatal.
•Diseño e implementación del Diplomado en Derechos y SSR con énfasis en Prevención del Aborto Inseguro y la aplicación de los marcos técnicos y normativos para la IVE. Se certificaron 86 profesionales. De éstos el 36 % eran profesionales a los que se les realizó entrenamiento en AMEU y en Anticoncepción.
•Se han entrenado, directamente por el Ministerio a nivel nacional, entre 2011 y 2014, 391 profesionales de medicina en técnica de AMEU.
•Asistencia Técnica a DTS de manera presencial y virtual, las últimas dos realizadas en 2015.
Diseño y difusión de lineamientos, instrumentos y herramientas técnicas
Las herramientas que se relacionan en el Anexo No. 8, han sido difundidas en las reuniones nacionales de 2012 a 2015 y entregadas vía virtual a diferentes actores, además están disponibles en el repositorio Digital de Información, de la página web del Ministerio de Salud.
Acciones Enfocadas hacia NNA
•En cumplimiento de la Sentencia C-355/06, a través de la Dirección de Protección se han sido impartidas líneas técnicas y jurídicas a Directores Regionales del ICBF, Coordinadores de Centros Zonales, Defensorías de Familia y Coordinadores de los distintos Grupos Jurídicos con el fin de abordar los casos de consentimiento de niñas y adolescentes para la IVE.
•A través de estos lineamientos se establece que en los casos en que niñas o adolescentes en los eventos señalados en la Sentencia C-355/06, decidan interrumpir su embarazo, los funcionarios deben estar atentos a prestar la protección preventiva o especial a que haya lugar en cada caso y acudir con toda celeridad al llamado que realicen los organismos de salud para brindar el acompañamiento y las medidas de protección o de restablecimiento de derechos, así como garantizar el apoyo psicoterapéutico previo y posterior al procedimiento médico y el apoyo social que requieran tanto las niñas adolescentes, como la familia. (Circular 09/2006 y Circular 68/2008)
•Así mismo se han generado los lineamientos respectivos que deben seguir las Defensorías de Familia sobre el particular.
Recomendación para garantizar la prestación de los servicios de atención en salud a las mujeres tras haberse sometido a un aborto
El Ministerio de Salud ha venido adelantando una serie de acciones encaminadas a garantizar la prestación de los servicios de atención en salud a las mujeres tras haberse sometido a un aborto en condiciones de riesgo, a saber:
•Diseño y validación la herramienta para la atención post-aborto (aborto en curso, aborto espontáneo y complicaciones del aborto), la cual se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Salud. Esta herramienta se ha implementado en 4 departamentos y en Bogotá y ha sido ampliamente difundida en foros, asistencias técnicas y procesos de capacitación.
•Acompañamiento técnico desde 2014 para la gestión de la reducción de la morbilidad y mortalidad materna a través de la aplicación de instrumentos dirigidos a evaluar la gestión para la reducción de la morbilidad y mortalidad materna, incluida la prevención del aborto inseguro. Cobertura en 9 departamentos y 50 municipios.
•Seguimiento a la gestión en las IPS públicas y privadas en 50 municipios y 10 EPS seleccionadas, teniendo en cuenta el volumen de muertes maternas.
•Alimentación de una base de datos con la relación de especialistas en ginecología y obstetricia, entrenados para la atención en IVE y procedentes de más del 80 % de las entidades territoriales.
•Colección de documentos y lineamientos técnicos que ha emitido el Ministerio de Salud en materia de SSR. Anexo No. 9
Recomendación sobre política de prevención de embarazos
•En 2012 se firmó el documento CONPES Social 147 a través del cual se establecieron lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los NNAJ entre los 6 y 19 años. Se citan en Anexo No. 10 las acciones intersectoriales desarrolladas en el marco del CONPES.
•Implementación y fortalecimiento del Modelo de Servicios de Salud Amigables para Jóvenes. Lo que ha implicado la asistencia técnica a más de 20 DTS y capacitación en el Modelo, en SSR y DSR al personal asistencial y administrativo así como la oferta de métodos anticonceptivos, asesoría pre y post test en VIH, prueba de embarazo, atención preconcepcional, entre otros.
•Entre 2010-2014 se implementaron a nivel nacional un total de 4024 SSAAJ.
•En el marco del programa de atención especializada para adolescentes y mayores de 18 años gestantes o en periodo de lactancia que se encuentren en situación de inobservancia, amenaza o vulneración de sus derechos y los de sus hijos y que han decidido continuar con su embarazo, el ICBF ha desarrollado una serie de acciones. Anexo No. 11
Estrategia Integral de Prevención del Embarazo Adolescente
•Con la evaluación del CONPES 147 y las recomendaciones realizadas por el DNP sobre la misma, el ICBF en conjunto con el Ministerio de Salud asumieron el liderazgo para la implementación de la Estrategia Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente (2015 – 2024) “ Ejerciendo tus derechos, transformas el mundo ” , la cual se presenta en clave de derechos y se fórmula desde una lógica de reconocimiento de los NNA como “sujetos” y como “sujetos de derecho”.
•La Estrategia pretende promover una perspectiva en la cual se involucren los avances de la política pública de infancia y adolescencia en sintonía con el mandato dado a través del Plan Nacional de Desarrollo (2014 – 2018) “ Todos por un Nuevo País ” particularmente a los contenidos de los artículos 82, 83 y 84, así como las lecciones aprendidas y las recomendaciones derivadas de la evaluación del CONPES 147.
•Para la Estrategia es necesario reconocer que el embarazo adolescente constituye un indicador de desarrollo, debido a las implicaciones que tiene en el curso de vida de las personas, sus familias y comunidades, y como determinante en la reproducción de lógicas de pobreza, de limitaciones en el desarrollo de capacidades y de oportunidades de inclusión, entre otras. Desde una visión holística de los derechos, interpela al Estado a generar esfuerzos por brindar respuestas integrales y oportunas, construidas de la mano con los sujetos protagonistas.
Estrategia de información, educación y comunicación en SSR
•La implementación de estrategias dirigidas a jóvenes y adolescentes han generado un proceso de fortalecimiento de las capacidades nacionales las cuales incluyen acciones de asistencia técnica realizadas en cada uno de los departamentos.
POR MI, YO DECIDO: En 2013 se diseñó y difundió esta estrategia de comunicación masiva de prevención de embarazo en adolescentes. La campaña consta de piezas de comunicación para TV y radio, así como procesos de activación y difusión en emisoras juveniles de difusión nacional y de alta audiencia y páginas web www.pormiyodecido.com
Estrategia de Edu-entretenimiento para el cambio social “ Revelados 1 y 2 desde todas las posiciones ”: Se diseñó y difundió con el objetivo de aportar a la reflexión crítica y a la transformación de prácticas individuales, familiares, socioculturales y políticas con miras al ejercicio efectivo de los DSR de adolescentes y jóvenes.
•Se destacan otros procesos que incluyen educación formal a profesionales de la salud a través de la realización de diplomados virtuales en derechos y SSR en población adolescente y diplomado protocolo de atención a menores de 15 años embarazadas. (2013-2014)
Movilización y Participación Juvenil
•Consejo Nacional de Juventud para la prevención del embarazo adolescente: En el marco del Plan Andino de Prevención de embarazo en la adolescencia, se crearon los consejos nacionales y regionales, para la promoción, construcción y reconocimiento de procesos de participación y movilización juvenil en torno a sus DDHH, sexuales y reproductivos. El Consejo Nacional 2014-2016, está conformado por 22 líderes juveniles, de 14 departamentos que representan los 5 consejos regionales, integrados por 81 consejeros regionales, para un total de 102 consejeros nacionales, los cuales realizan incidencia política en sus regiones y participan de las mesas intersectoriales del Conpes 147/12.
•Generación Más: Iniciativas Juveniles: El Ministerio de Salud, desde el 2013 implementa el “Proyecto de Iniciativas Juveniles ” el cual tiene como objetivo y con la condición de promover DSR, apoyar la construcción y realización de proyectos de vida de NNAJ que habitan en los municipios con las tasas de embarazos más altas, a través de la entrega de recursos materiales que permitan desarrollar iniciativas de tipo artístico, cultural, deportivo, comunicativo, ambiental, de participación ciudadana, redes de voluntariado y productivas con enfoque comunitario, entre otros.
Recomendación sobre esterilización
Con relación a esta recomendación se presentan los siguientes avances:
•El PDSP 2012 -2021, que se adoptó mediante la Resolución 1841 de 2013 del Ministerio de Salud, definió la dimensión de sexualidad y DSR, trazándose objetivos, estrategias y metas para incidir de manera positiva los determinantes sociales de la salud que afectan la SSR de la población Colombiana, a través del componente de promoción de los DSR y equidad de género y el de prevención y atención integral en SSR desde un enfoque de derechos
•A partir del abordaje integral de la mujer antes, durante y después del evento obstétrico, se definió el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de las actividades de inducción de la demanda, atención integral y acceso a servicios de consejería, consulta de anticoncepción y entrega de métodos anticonceptivos; así como la eliminación de barreras de acceso y seguimiento del uso de métodos modernos de anticoncepción, de acuerdo con las características y necesidades de la población en edad fértil, incluidos los y las adolescentes.
•Dentro de las metas fijadas para aumentar la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos modernos se estableció a 2021, aumentar a 80% el uso de métodos modernos de anticoncepción en mujeres en edad fértil (15 a 49 años) y aumentar al 80% la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos modernos en todas las adolescentes de 15 a 19 años sexualmente activas.
•De igual manera se amplió la oferta de métodos anticonceptivos modernos en el plan obligatorio de salud, además de la inclusión del condón.
Recomendación sobre consentimiento de la esterilización
•En Colombia durante los últimos años se han presentado avances significativos en torno del abordaje de la discapacidad, los cuales incluyen acciones de política pública desde la institucionalidad, el sector privado, la sociedad civil representada en organizaciones de y para la discapacidad, así como redes sociales, academia y organismos de cooperación internacional.
•Actualmente, por vía jurisprudencial, procede la esterilización por solicitud de los padres o del representante legal de la persona con discapacidad, previa autorización judicial y determinación (con grado de certidumbre) de la ausencia de consentimiento orientado hacia el futuro acerca de la posibilidad para el interesado de expresar su intención para conformar una familia. Sin embargo, aunque la Corte ha efectuado importantes consideraciones de fondo relativas a la autonomía individual, al consentimiento informado, al consentimiento sustituto, al derecho a tener una familia y a decidir el número de hijos, ha precisado igualmente que la capacidad de decidir de una mujer con discapacidad cognitiva, no surge per se por la sola existencia de la representación legal, para lo cual ha venido estableciendo de manera paulatina una serie de condiciones a fin de que la legitimación en la causa por activa, se entienda superada, como presupuesto para que el juez de tutela adopte una decisión de mérito.
La legislación nacional, al igual que la internacional, ha procurado avanzar en la implementación de un nuevo paradigma sobre la discapacidad, el cual se concreta con la ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de las Personas con Discapacidad. En ese sentido fue promulgada la Ley 1618/2013 y el Documento CONPES 166 de 2013 a través del cual se fija la política de discapacidad e inclusión social.
•Los lineamientos del Ministerio de Salud se orientan a la promoción y garantía de los DSR e identificación y atención en salud con prioridad sobre las personas en mayor contexto de vulnerabilidad social (mujeres en situación de discapacidad, victimas, mujeres adolescentes y jóvenes, en área rural, población indígena, afrodescendiente, entre otras.)
•La autonomía de la mujer para decidir sobre su reproducción siempre prevalecerá ante cualquier circunstancia, la elección de un método moderno de anticoncepción temporal o definitivo, irá acompañado de asesoría de un profesional de la salud, quien realizara dicha acción con un enfoque de derechos y basado en los criterios médicos de elegibilidad anticonceptiva.
•En el marco reglamentario que rige en el país respecto de la autonomía de la mujer para decidir que se le practique una esterilización, es la misma para mujeres que viven con VIH como para mujeres que no.
•En la actualidad la calidad de los tratamientos antirretrovirales acercan a 0% la probabilidad que una mujer embarazada que vive con VIH y que recibe tratamiento oportuno y de óptima calidad, transmita el VIH a su hijo o hija. La atención integral a la mujer que vive con VIH, incluye asesoría pre gestacional, en la que se explican las posibilidades de transmisión del VIH de madre a hijo, y es ella quien decide embarazarse o no.
•La Política Pública de Derechos, Sexualidad y DSR, la cual ha sido formulada bajo el enfoque de derechos, género y diferencial, está encaminada a la garantía y respeto a la autonomía de las mujeres con VIH y las mujeres y niñas con discapacidad, en el que prime su consentimiento y no el de los profesionales de la salud al momento de realizar los procedimientos de esterilización, dado que aplicar normas civiles de carácter económico y patrimonial constituyen una clara vulneración a los derechos personalísimos como el caso de los DSR.
•El PDSP en su quinta dimensión prioritaria, plantea la ampliación de la red de servicios amigables para jóvenes y adolescentes, cuyas acciones se complementan con las dispuestas en la dimensión transversal de gestión diferencial de poblaciones vulnerables - Personas con discapacidad, donde sobresalen el fortalecimiento de las competencias del personal en salud en cualquier modalidad para la atención diferencial y el desarrollo y organización de la oferta de servicios en salud y rutas de atención.
•Profamilia en asocio con la Academia, Asdown y Fundamental Colombia realizan un proceso de formación de profesionales de la salud y agentes comunitarios para la promoción de los DSR de las PcD.
•La Ley 1618/2013, ha dispuesto que el Ministerio de Justicia, en alianza con el Ministerio Público, las Comisarías de Familia y el ICBF, deberán proponer e implementar ajustes y reformas al sistema de interdicción judicial de manera que se desarrolle un sistema que favorezca el ejercicio de la capacidad jurídica y la toma de decisiones con apoyo de las PcD, conforme al artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Al respecto, se han realizado las siguientes acciones, con participación de representantes de organizaciones de PcD:
Implementación de ajustes y reformas al sistema de interdicción judicial: Se ha conformado un grupo de trabajo para el abordaje del tema a partir de la recopilación y análisis de jurisprudencia sobre temas de ejercicio de los derechos de las PcD, especialmente de la capacidad jurídica, los cuales se constituyen en insumos para enriquecer el proceso. El Ministerio de Justicia ha buscado generar un abordaje más amplio, dirigido al reconocimiento jurídico y social y a la transformación cultural para satisfacer plenamente el ejercicio de las PcD; con ello se busca reconocer la capacidad no solo en derechos económicos, sino en la toma de decisiones en todos los ámbitos. Se trata de priorizar la autonomía de las PcD, para lo cual se trabaja también el tema de consentimiento informado, que permea a toda la institucionalidad en sus intervenciones dirigidas en particular a las PcD.
Programa de Formación en Discapacidad para Operadores de Justicia: Formación para operadores de justicia sobre el reconocimiento pleno de la PcD. en relación con la prestación de justicia.
Protocolo para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad: Construcción del protocolo para la prestación del servicio de justicia para la PcD.
Participación en el Grupo de Trabajo del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS). En abril de 2012 en la sesión del Comité se trabajó en una propuesta de manual instructivo sobre apoyos y salvaguardas para el ejercicio de la capacidad jurídica para las PcD, el cual sirva de referente a los países miembros de la OEA, en su camino para reemplazar la figura de la interdicción por la de los apoyos y las salvaguardas.
Fortalecimiento de las Organizaciones de PcD: Recientementeel Ministerio de Justicia lanzó la plataforma Legalapp, sitio electrónico de acceso libre que le permite a la ciudadanía saber qué hacer, cuándo y ante quién, cuando se le presenta una necesidad jurídica. Esta herramienta que da a conocer las rutas de acceso a la justicia, tendrá un componente especial sobre discapacidad, que será construido con la participación de los miembros del Grupo de Enlace Sectorial.
Acciones emprendidas en el Marco del Consejo Nacional de Discapacidad.
•A través de la Ley 1145/2007, se creó el Sistema Nacional de Discapacidad, cuyo objetivo principal es impulsar la formulación e implementación de la política pública en discapacidad, coordinadamente entre las entidades del orden nacional, regional y local, las organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la sociedad civil, a efectos de promocionar y garantizar sus derechos fundamentales.
•El Sistema Nacional de Discapacidad está conformado por cuatro niveles, dentro de los cuales se encuentra el Consejo Nacional de Discapacidad, que es el organismo consultor, asesor institucional y de verificación, seguimiento y evaluación del Sistema y de la Política Pública Nacional de Discapacidad.
En el marco de este Consejo se ha hecho constante seguimiento al tema de la capacidad jurídica de las PcD, asimismo, este tema ha sido priorizado por este organismo, lo cual se ve reflejado en el plan de trabajo del mismo, en el que se tienen previstas una serie de reuniones donde se abordará el tema y se presentaran los principales avances y retos del mismo.