* El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.
** El anexo al presente documento se encuentra disponible en la página web del Comité.
Noveno informe periódico que Cuba debía presentar en 2017 en virtud del artículo 18 de la Convención * , **
[Fecha de recepción: 22 de octubre de 2022]
Introducción
El presente informe se elaboró con arreglo a las directrices generales establecidas. Aborda las medidas, avances y desafíos del país para garantizar el pleno ejercicio y goce de los derechos de las mujeres y las niñas, en el período comprendido entre 2013-2021. Cuba actualizó su documento básico común en el 2016.
Para su elaboración, se desarrolló un amplio proceso de consultas que involucró a entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil, que realizaron una evaluación del cumplimiento de la Convención, teniendo en cuenta las Observaciones Finales adoptadas por el Comité en 2013.
Se enriquece y beneficia, además, del proceso de reforma constitucional desarrollado en 2018 y 2019. En la consulta popular que precedió a la aprobación de la nueva Constitución participaron 8 945 521 personas en 133 681 reuniones, con 783 174 propuestas de modificaciones. La Constitución de la República fue ratificada en referendo popular el 24 de febrero de 2019 mediante el 86,85 % de los votos y proclamada por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el 10 de abril del propio año.
El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba, condenado de forma abrumadora por la comunidad internacional, continúa siendo el principal obstáculo para la aplicación más eficaz de la Convención. Esa política hostil impacta negativamente en la vida de las mujeres y las familias y constituye una forma de violencia indirecta que se ejerce con crueldad contra las mujeres cubanas.
En el enfrentamiento al impacto de la COVID19, Cuba concibió un modelo preventivo, intersectorial y multidisciplinario con el papel protagónico de la mujer cubana. Del mismo modo, el Plan de medidas para la Prevención, Control y Atención a las personas infectadas por la COVID19 consideró el impacto para las mujeres y sus familias y valoró su papel imprescindible en la lucha por la eliminación del brote contribuyendo con su aporte e iniciativa creadoras. La participación protagónica de las propias mujeres en todos los sectores sociales y el liderazgo de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en cada etapa, ha acompañado el diagnóstico periódico de los intereses y necesidades de la población en general, desde la labor comunitaria.
Información relativa a los artículos 1 a 16 de la convención
Artículos 1 al 4
Las principales medidas y avances del país en esta esfera tienen aún más fuerza en las disposiciones de la nueva Constitución. Su artículo 42 amplia las bases de la igualdad y la no discriminación al consagrar la igualdad de todas las personas ante la ley, sujetos a la misma protección y trato de las autoridades y de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana.
El artículo 43 de la Carta Magna establece la igualdad de derechos y responsabilidades entre la mujer y el hombre en lo económico, político, cultural, laboral, social, familiar y en cualquier otro ámbito. El Estado garantiza que se ofrezcan a ambos las mismas oportunidades y posibilidades. También consagra la protección de las mujeres frente a la violencia de género. El artículo 82 de la Constitución establece la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges.
Los documentos Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y las Bases para el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, poseen un enfoque de género, promueven el adelanto de las mujeres cubanas, y respaldan y garantizan sus derechos.
En correspondencia con las bases jurídicas mencionadas y las condiciones objetivas y subjetivas en el contexto cubano, para el desarrollo de un modelo inclusivo asentado en la igualdad, la justicia social y la plena emancipación de la mujer, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo 9231/2021 “Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar”, publicada en Gaceta Oficial No. 101 Extraordinaria, de 9 de diciembre de 2021.
Esta estrategia prevé en su ejecución dos fases con una evaluación de medio término en 2026, lo que permitirá una actualización de las acciones previstas según las necesidades identificadas durante su implementación. Sus componentes centrales están alineados con las áreas de especial atención del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Consta de 7 ejes transversales: enfoque de derechos humanos, de género, centrado en la persona, intersectorial, interés superior del niño, víctimas como protagonistas de los procesos, información estadística de calidad.
En diciembre de 2021, se publicó en Gaceta Oficial el Decreto Ley 56/2021 “De la maternidad de la trabajadora y la responsabilidad de las familias” con amplio reconocimiento al papel social de la maternidad, la incorporación y reincorporación de la mujer al trabajo y la participación de otros familiares en el cuidado y atención de los hijos menores de edad. Ello deroga el Decreto Ley No. 339 “De la maternidad de la trabajadora”, y el Decreto Ley No. 340 “Modificativo de Regímenes Especiales de Seguridad Social en cuanto a la Protección a la Maternidad”.
En 2014 entró en vigor el Código de Trabajo, Ley No. 116 y sus normas complementarias. Su artículo 2 establece como principios que rigen el derecho al trabajo, la no discriminación por el color de la piel, género, creencias religiosas, orientación sexual, origen territorial, discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana; así como la proscripción del trabajo infantil, entre otros. Sus disposiciones son aplicables a todos los sectores y a todas las formas de gestión económica, estatal, no estatal y mixta (privada y cooperativas). De igual manera, el nuevo texto constitucional cubano en su artículo 66 prohíbe el trabajo de las niñas, niños y adolescentes.
En 2022 fue aprobado, en referendo popular, el Código de las Familias luego de consultas especializadas y amplia participación ciudadana.
El Código busca solucionar los asuntos familiares con medidas jurídicas inmediatas y especializadas, perfecciona y amplía figuras jurídicas a partir de situaciones reales que se presentan, tomando como base relaciones de igualdad, fundamentadas tanto en el aspecto afectivo como en el biológico, en la solidaridad consustancial a este grupo social y en la dignidad humana como valor supremo que sustenta el reconocimiento y ejercicio de los derechos y deberes consagrados en la Constitución de la República de Cuba, en los tratados internacionales y en el propio Código.
En paralelo, desecha prejuicios y estereotipos anclados en la sociedad. Procura unificar la protección de las diversas formas de organización de las familias en plano de absoluta igualdad, instrumentar las relaciones parentales y de parentesco; la protección a las personas en situación de discapacidad; la violencia familiar, entre otros temas.
Se han incrementado las acciones de información, sensibilización, educación y capacitación en temas de género. El enfoque de género está en los programas curriculares y de forma gradual en los libros de texto. También en los programas de superación, capacitación y postgrado. Se promueve la investigación desde el diseño de una educación no-sexista.
Cientos de juristas han recibido cursos de postgrado sobre Género y Derecho, Violencia, Sexualidad y masculinidades; se ha desarrollado el Diplomado “Mediación, Género y Familia”. Se ha introducido en la carrera de Derecho en varias universidades la asignatura optativa de pregrado Género y Derecho. La Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana incorporó la estrategia curricular de género desde 2015 .
Cada dos años se celebra la Conferencia Internacional “Mujer, Género y Derecho”, organizada por la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) y el coauspicio de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Las ediciones de 2014, 2016 y 2018 contaron con la participación de aproximadamente 150 profesionales, juristas y de otras ciencias sociales, así como estudiantes de Derecho, de 12 países. Expertas y ex expertas del CEDAW han participado en estas conferencias. En la edición de 2016, el sistema de las Naciones Unidas en Cuba otorgó el “Premio ÚNETE al Compromiso con la Igualdad y la no violencia de género de Naciones Unidas” al Proyecto Género y Derecho: Justicia en Clave de Género, garantía de igualdad entre mujeres y hombres de la UNJC.
Los fiscales que se encargan de la tramitación de los procesos judiciales, los que atienden los planteamientos de los ciudadanos y aquellos que se dedican a la protección de menores de edad, han recibido capacitación en temas de género, en las que ha colaborado el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Las capacitaciones brindadas han contribuido a elevar la preparación de dichos funcionarios con vista a garantizar el respeto de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Estas acciones se sustentan en el Convenio de Colaboración que la Fiscalía General de la República (FGR) firmó con la FMC.
El sistema de tribunales ha avanzado en la inclusión de los enfoques de género, en colaboración con la Cátedra de la Mujer de la Universidad de La Habana, la UNJC, la FMC y el CENESEX. Existen Grupos de Género en todos los tribunales provinciales y el Tribunal Supremo Popular (TSP).
En la Escuela de Formación Judicial se impartieron 18 cursos sobre Género, Derecho y Violencia entre 2013 y 2017, con la participación de jueces de todas las instancias del país. El TSP ha participado en todos los eventos de la UNJC sobre Género y Derecho.
Todos los cursos de Dirección y Administración judicial impartidos incluyeron un módulo de Género, Derecho y Violencia. Los temas de género forman parte del banco de problemas científicos aprobado por el TSP.
En el 2015 se realizó en Cuba el evento de Mujeres Magistradas de Iberoamérica, donde participaron juezas y directivas de todos los tribunales del país. Juezas cubanas han participado en los cursos de género impartidos durante el quinquenio por el Aula Iberoamericana.
La FGR se incorporó como miembro del Grupo Especializado en temas de Género de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Esto ha posibilitado aportar buenas prácticas y evaluar las que, en relación con la prevención, persecución penal y transversalización de estas cuestiones, se aplican en nuestra región.
En los eventos internacionales Cubamotricidad y la Convención Internacional de Actividad Física y Deporte (AFIDE), que se celebran cada dos años, los temas de género, inclusión y empoderamiento son temáticas abordadas. En la edición de octubre de 2018, se celebró la Cumbre Regional de la Asociación Internacional de la Educación Física y el Deporte para Niñas y Mujeres, con 459 delegados de 52 países.
Cientos de periodistas, guionistas, artistas y directivos de los medios de comunicación, han recibido capacitación en temas de género e igualdad, con expertas de la FMC, la Universidad de La Habana, las cátedras de la mujer de centros de educación superior en todo el país, y de otras instituciones nacionales.
Con el objetivo de evaluar y monitorear los asuntos de género en la sociedad cubana, el Centro de Estudios de la Mujer de la FMC y el Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) realizaron una Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género (ENIG) en 2016, a una muestra representativa de 19 189 hombres y mujeres entre 15 y 74 años de edad. Los datos resultantes demostraron que el 88,7 % de la población cubana de 15 a 74 años consideró que en Cuba se aplican leyes que protegen a las mujeres y que existen políticas y acciones específicas a favor de las mismas. El 85,5 % afirmó también que existen lugares o servicios que dan atención a las mujeres víctimas de violencia; y el 83,7 % que existen organizaciones donde las mujeres pueden plantear sus necesidades y preocupaciones.
El artículo 61 de la Constitución reconoce el derecho de las personas a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley.
El país cuenta con un amplio y efectivo sistema interinstitucional, que incluye también la participación de organizaciones no gubernamentales, para recibir, tramitar y responder cualquier queja o petición individual o de grupos de personas relativas al disfrute de cualquier derecho humano.
La FGR tiene entre sus funciones atender las quejas que presenten los ciudadanos y ciudadanas sobre presuntas violaciones de sus derechos, cumpliendo un papel central en el sistema de atención e investigación de esos asuntos.
En la atención de los planteamientos participan equipos multidisciplinarios de las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia de la FMC (COMF). Cuando el tema requiere la participación de organismos del Estado y/o del gobierno, no solo se orienta a la persona, sino que la FMC envía al organismo en cuestión un resumen del caso, le brinda seguimiento y exige que se le responda a la persona y a la FMC.
Del total de demandas radicadas por los tribunales municipales relacionadas con derechos laborales, contenido económico o de seguridad social, en 2017, el 33 % fue presentado por trabajadoras. En dichos casos, al 22 % le asistió la razón en la totalidad de sus planteamientos y al 14% de manera parcial.
En cuanto a las demandas radicadas debido a la imposición de medidas disciplinarias en 2017, el 32 % fueron presentadas por trabajadoras. De ellas, al 11 % le asistió la razón y en consecuencia el tribunal dejó sin efecto la medida que había sido impuesta. En otro 11 % se cambió por otra medida.
La Instrucción 216 del Consejo de Gobierno del TSP de 2012, a fin de uniformar la práctica judicial de los asuntos de familia, regula la intervención de un Equipo Multidisciplinario de Procedimiento Familiar, que articula la FMC e integran especialistas de las ciencias médicas, sociales y pedagógicas. Dicho equipo asesora al tribunal.
La posible victimización de la mujer se evalúa de conformidad con las circunstancias específicas que concurren, cuando estas intervienen como parte demandada en el proceso. Por ejemplo, en casos de mujeres con discapacidad, de conflictos sobre la patria potestad, asignación de pensiones alimenticias como resultado de un proceso de divorcio, liquidaciones de la comunidad matrimonial de bienes, reconocimientos judiciales de matrimonio no formalizado, entre otros.
En el orden penal, las mujeres representan el 12 % del total de personas que atienden los jueces encargados del control y atención a los sancionados en condiciones de libertad. Este sistema de trabajo incluye un enfoque de género en colaboración con las COMF.
En 2018 se elaboró una Carpeta Metodológica integral con la Convención, el Plan de Acción de la República de Cuba de Seguimiento a la IV Conferencia de la ONU sobre la Mujer (Plan de Acción de Beijing) y otros materiales relevantes. La carpeta se puso a disposición de organismos y organizaciones, de las COMF, las bibliotecas, centros de estudios y cátedras de género de las universidades.
El informe anterior de Cuba y las Observaciones Finales del Comité se publicaron en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores. De igual forma, importantes organizaciones no gubernamentales como la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) también publicaron el informe y además, discutieron las Observaciones Finales en reuniones, talleres y seminarios; mientras que la FMC presentó una evaluación sobre el tema en la reunión de su Secretariado Nacional. Se realizó un foro online sobre derechos humanos, en el que se analizaron recomendaciones del Examen Periódico Universal y otras formuladas por órganos de tratados de derechos humanos, incluidas las referidas a los derechos de las mujeres. Dicho foro contó con la participación activa de representantes gubernamentales, de la sociedad civil, denominaciones religiosas, mujeres, pedagogos, sociedades médicas, entre otros sectores.
La FMC se ha desempeñado hasta la actualidad como el Mecanismo para el Adelanto de la Mujer en Cuba, ratificado recientemente en el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Representantes de esta organización han sido las interlocutoras para el avance de las mujeres en el ámbito gubernamental. Por su experiencia en estos temas, la FMC es considerada como referente teórico metodológico para integrar el género en las políticas nacionales.
El 8 de marzo de 2021 fue publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba el Decreto Presidencial 198/2021 que anexa el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM) en sustitución del Plan de Acción Nacional adoptado en 1997, que se encontraba vigente. El PAM se concibe como la Agenda del Estado Cubano para el adelanto de las mujeres e integra en un solo documento acciones y medidas que se corresponden con los postulados y principios de la Constitución de Cuba, así como con los compromisos internacionales contraídos sobre la igualdad de género.
El PAM promueve acciones dirigidas a lograr mayor integralidad y efectividad en la prevención y eliminación de manifestaciones de discriminación contra las mujeres, así como a fortalecer los mecanismos y la capacidad profesional de los funcionarios públicos para incorporar las cuestiones de género en la elaboración de políticas, programas y en la prestación de servicios.
El PAM constituye además un Programa de Gobierno, que con la participación de la FMC como mecanismo nacional promueve y garantiza las acciones de seguimiento, evaluación y control que corresponden a los organismos de la Administración Central del Estado, las entidades nacionales y otras organizaciones e instituciones, así como las respuestas de estos a las recomendaciones que emite el CEDAW.
El Programa Nacional de Educación y Salud Sexual, que coordina el CENESEX como entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública, ha permitido la articulación de una estrategia educativa, integral de la sexualidad que incluye el respeto a la libre orientación sexual e identidad de género. Las acciones se enfocan, entre otras, a la esfera educativa, el trabajo académico y la investigación científica, los servicios de orientación jurídica, de terapia sexual, la atención a las personas LGBTI y a víctimas de la violencia de género y abuso sexual infantil, el desarrollo de programas comunitarios y la producción editorial y audiovisual, así como la articulación de redes sociales, debates online y campañas por el respeto a la libre orientación sexual.
Se ha impulsado la aprobación e implementación de estrategias de género sectoriales, con el apoyo de la FMC. Entre otros, ya cuentan con su estrategia los Ministerios de la Agricultura, del Turismo, el Tribunal Supremo Popular, dependencias de los ministerios de las Comunicaciones, de la Construcción y de Energía y Minas; el Centro de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud Pública, la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. El objetivo es trabajar por eliminar las desigualdades de género que puedan existir en sus respectivos radios de acción.
Entre otras esferas, las estrategias incluyen acciones para la promoción de las mujeres a cargos y puestos dentro de las estructuras del Estado y el gobierno. Existe la voluntad política para continuar avanzando en este ámbito, con intención y gradualmente.
El Ministerio de la Agricultura (MINAG) implementa la Estrategia de Género para todo el sistema de la agricultura e incide en políticas de gestión institucional para promover la igualdad de género. La estrategia promueve cambios para el avance hacia la igualdad mediante la experiencia demostrativa de un sistema de gestión de Igualdad de Género para la gestión con Calidad de la Seguridad Alimentaria (IGECSA), que reconoce a las entidades del sector según los progresos alcanzados. Están certificadas 13 entidades con el Nivel 1 “Nos comprometemos con la Igualdad” y 5 renovaron esta certificación. En las cooperativas en las que se aplica, permitió una mayor incorporación de mujeres al empleo, un fortalecimiento de las capacidades para promover los derechos de las mujeres y del enfoque de género; IGECSA se extiende a otros proyectos del sistema.
La FMC forma parte de la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial (PADIT), que tiene como premisa la transversalidad de género en los emprendimientos locales, al igual que el Proyecto de Innovación Agropecuaria Local (PIAL).
Por su parte, la Contraloría General de la República desarrolla un programa que implica la integración de la perspectiva de género en las auditorías a todos los organismos y entidades.
En el 2018, la Contraloría General de la República realizó una auditoría de desempeño al Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 “Igualdad de género”, en correspondencia con las directrices de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). Fueron fiscalizadas 13 unidades a nivel nacional, 45 a nivel provincial en Villa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba, y 23 a nivel municipal. Se determinó que se encontraban optimizados todos los procesos.
Artículo 5
La ENIG, mencionada anteriormente, arrojó que existen avances en concepciones y estereotipos de género en comparación con lo constatado en estudios anteriores. Por ejemplo, en la valoración de un conjunto de oficios considerados tradicionalmente exclusivos para los hombres como adecuados para las mujeres; y el reconocimiento de la capacidad de estas para tomar decisiones y dirigir al igual que los hombres. Se ha establecido una tendencia que no distingue entre el hombre y la mujer para actividades de dirección. En 1989 solo el 60,4 % prefería a cualquiera de los dos, mientras que en la actualidad la cifra asciende al 75 %.
La ENIG también demostró una mayor autonomía de las mujeres y relaciones más equitativas y respetuosas con los hombres. Ello se manifiesta en que para más del 66 % de las mujeres cubanas no es una práctica contar con el consentimiento de la pareja para trabajar y/o estudiar, participar en actividades comunitarias, ocupar cargos de dirección, usar anticonceptivos, hacer gastos o salir sola.
Aun cuando se ha avanzado, resta por hacer. Prevalecen formas tradicionales de pensamiento en el ámbito familiar, con una distribución inequitativa del trabajo doméstico que sobrecarga a las mujeres y en particular a las madres trabajadoras. Muchas continúan con el peso de la doble jornada laboral, en el empleo y en el hogar, así como mayores responsabilidades en el cuidado de los hijos e hijas, personas adultas mayores, enfermas y otros integrantes del núcleo familiar. La ENIG reveló una diferencia de 14 horas en el tiempo dedicado al trabajo no remunerado entre el total de mujeres y hombres encuestados. Cuando se trata de mujeres trabajadoras asalariadas esta diferencia es de 10 horas.
En el período que abarca el informe, amplias fueron las acciones y los programas en el ámbito escolar, familiar y la sociedad en general en cuanto a los estereotipos y la promoción de una cultura de la igualdad, la no-exclusión y la no-violencia contra la mujer.
En 2017, el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) implementó una Estrategia de Comunicación diferenciada e inclusiva para enaltecer la imagen de la mujer en la Televisión Cubana. El número de espacios dedicados al tratamiento de temas de género se incrementó y existen 23 programas dedicados a la mujer en la televisión nacional y 53 en la programación territorial. Entre otras acciones se incluyen: producción de materiales sobre la participación femenina en la vida sociopolítica del país; el rediseño del programa especializado “Cuando una Mujer”, con contenidos actuales; la difusión de mensajes; y el incremento de la presencia en la televisión de mujeres de todos los sectores de la sociedad.
En 2021, el Consejo de Estado de Cuba dispuso la creación del Instituto de Información y Comunicación Social, que tiene la misión de conducir y perfeccionar la Política de la Comunicación Social del Estado y el Gobierno, así como contribuir a fomentar la cultura del diálogo y el consenso en la sociedad cubana.
La prevención y el enfrentamiento a las manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas es una prioridad para el país. El artículo 43 de la Constitución consagra la protección de las mujeres frente a la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios; y dispone la creación de los mecanismos institucionales y legales para dicha protección.
El artículo 84 de la Constitución establece para madres y padres u otros parientes consanguíneos o afines que cumplan funciones de guarda y cuidado, entre otros deberes, el de proteger a niñas, niños y adolescentes de todos los tipos de violencia.
Por su parte, el artículo 85 declara la violencia familiar, en cualquiera de sus manifestaciones, como destructiva de las personas implicadas, de las familias y de la sociedad, y que la misma es sancionada por la ley.
Entre las medidas que se han adoptado en este ámbito destacan las dirigidas a incrementar la conciencia y la sensibilidad de las personas, a través de los medios de comunicación y programas de educación y capacitación. Se creó un grupo integrado por expertas y especialistas sobre el tema, coordinado por la FMC, para dar seguimiento a esta problemática, el que elaboró un plan integral para la prevención de la violencia de género.
Jueces, fiscales, agentes de policía, el personal de salud y de educación, periodistas, entre otros, han recibido capacitación sobre las diferentes formas de violencia, incluyendo el apoyo a eventuales víctimas. La FMC, en alianza con diferentes organizaciones de la sociedad civil como el Centro “Oscar Arnulfo Romero” (OAR), desarrolla la Campaña Nacional “ERES MÁS”, sobre la prevención y atención a las diferentes manifestaciones de violencia.
La implementación en Cuba de la Campaña “ÚNETE” de Naciones Unidas, ha sido un ejemplo de prevención de la violencia contra las mujeres y fomento de la conciencia ciudadana. El trabajo intersectorial y de coordinación de redes institucionales, comunitarias y otras, ha sido decisivo en acciones que contribuyen a prevenir y enfrentar este flagelo.
La ACNU desarrolla actividades para visibilizar la labor de las mujeres en nuestra sociedad y reconocer los avances que se producen, sin obviar los desafíos y obstáculos que persisten. Destacan las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, de los aniversarios de la FMC, de los días del Niño/Niña, del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Día Mundial de la Población, Día Mundial contra la Trata de Personas, Día Internacional de las Mujeres Rurales, Día Internacional de la Familia y Día Mundial contra la Violencia hacia la Mujer.
En el contexto de la 27º Feria Internacional del Libro de La Habana, en 2018, se presentó en la sede de la ACNU la Agenda de las Mujeres Cuba 2018, de conjunto con la Editorial de la Mujer de la FMC y el Grupo Interagencial de Género del Sistema de Naciones Unidas. De conjunto con la Editorial del CENESEX, se presentaron diversos libros sobre los derechos sexuales en Cuba, educación sobre sexualidad y formación para futuros padres. Por ejemplo, “La integración social de las personas transexuales en Cuba”; Violencia de Género, prostitución y trata de personas; Derechos sexuales en Cuba. Experiencias desde la praxis en el Servicio de Orientación Jurídica del CENESEX.
La ACNU, de conjunto con la FMC y autoridades de La Habana, ha impulsado la Campaña multisectorial “Súmate por una Vida Sin Violencia”. Implementada por el Proyecto Sociocultural Comunitario ¡SÚMATE!, la campaña cuenta con la participación de diversas instituciones, organizaciones y organismos de la sociedad civil cubana, y tiene como objetivo apoyar los esfuerzos que se realizan a nivel de país para prevenir y atender la violencia de género.
La Campaña incluye acciones como talleres, conciertos, charlas, conferencias en espacios amigables, escuelas primarias, preuniversitarios y universidades para promover el diálogo intergeneracional desde lo educativo. También se crearon dos movimientos: “la Red de Artistas Súmate” y “la Red de Juristas Súmate”. La primera, dedicada a la transmisión de líneas de mensajes que promuevan acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas a nivel individual, en las familias y en las comunidades; y la segunda, destinada a la continuación de acciones educativas para sensibilizar, prevenir y tratar la violencia contra la mujer.
En estrecha colaboración con las agencias, fondos y programas especializados del Sistema de las Naciones Unidas acreditadas en Cuba, se han realizado acciones, proyectos y publicaciones de apoyo para elevar la conciencia a favor de la perspectiva de género y divulgar los logros de Cuba en esta materia. Como parte de la contribución de la ACNU a la campaña “ÚNETE”, se desarrollan acciones socioeducativas para promover una cultura de no-violencia, convivencia y respeto en todas las esferas de la vida, en los ámbitos comunitarios, de la sexualidad y la cultura.
En las publicaciones de las Revistas Mujeres y Muchacha de la Editorial de la Mujer, la FMC promueve permanentemente la visualización de la labor de las mujeres en la sociedad cubana, su incorporación a la vida económica, política, social y cultural. Estos son espacios donde no solo se visibilizan los avances alcanzados en la materia, sino también los desafíos y obstáculos que aún persisten, para lograr la plena igualdad.
Artículo 6
Cuba mantiene una política de “tolerancia cero” ante cualquier modalidad de trata de personas. La actuación de las autoridades cubanas se basa en tres pilares fundamentales: prevención, enfrentamiento y protección a las víctimas.
Los diversos instrumentos jurídicos de que dispone el país permiten enfrentar la trata de personas y otras conductas asociadas a esta como el proxenetismo y otras formas de explotación o de abuso sexual.
La Ley 151/2022 o Código Penal, publicado en Gaceta Oficial ordinaria No. 93 de 1ro de septiembre reformula el tipo delictivo de “trata de personas” agravando los marcos sancionadores en determinadas circunstancias.
Del mismo modo, se regula el delito de trata de personas en todas sus formas, incluidos la explotación laboral o sexual, trabajos forzosos u obligatorios, matrimonio forzado, adopción ilegal, servidumbre, extracción de órganos o la realización de otras actividades contrarias a la dignidad humana.
Con el objetivo de ofrecer información a la población cubana y a la comunidad internacional, desde el año 2013 se publica el “Informe de Cuba sobre la prevención y el enfrentamiento a la trata de personas y la protección a las víctimas”, en el cual se exponen las principales acciones desarrolladas por el país y los resultados alcanzados.
El país celebra el Día Internacional contra la Trata de Personas.
En febrero de 2017, se aprobó el Plan de Acción Nacional para la prevención y enfrentamiento a la trata de personas y la protección de las víctimas, período 2017-2020, el cual ha sido actualizado para el período 2022-2024 y se encuentro pendiente de aprobación por el Consejo de Estado. Esta es una herramienta fundamental para perfeccionar la prevención, el enfrentamiento y la protección de víctimas de trata, a partir de la actuación coordinada entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil cubana. El Plan tiene un enfoque de género y de defensa y protección de los derechos humanos, con especial protección a las niñas, adolescentes y mujeres en general. Todos los organismos de la Administración Central del Estado con incidencia en la prevención de la trata de personas, han aprobado sus planes sectoriales para la prevención y enfrentamiento a este flagelo. La FMC, como organización con una amplia labor comunitaria y con la familia, elaboró su propio plan, y diseñó una estrategia de comunicación y capacitación para sus dirigentes a todos los niveles.
En abril de 2017, visitó Cuba la Relatora Especial de Naciones Unidas para los derechos humanos de las víctimas de la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, quien tuvo la oportunidad de constatar de primera mano los resultados del país en esta materia, así como formular observaciones y recomendaciones al respecto.
La Relatora Especial reconoció a los sistemas universales de educación y salud cubanos como mecanismos que reducen las vulnerabilidades frente a la trata y como parte de la naturaleza eminentemente preventiva de la sociedad cubana y de las políticas gubernamentales.
Los limitados casos identificados a nivel doméstico, no están vinculados a redes delictivas organizadas. Estos, casi en su totalidad, se relacionan con la explotación sexual en el marco familiar o entorno social cercano, y los autores de dichos delitos han sido juzgados según establece la ley. No se han verificado casos de trata vinculados a la extracción de órganos, la esclavitud o el matrimonio forzado.
En el período entre 2019-2020, se juzgaron 15 casos por delitos con rasgos típicos de trata de personas. 15 se corresponden a la modalidad de trata con fines de explotación sexual y 1 de ellos incluye la modalidad de trata con fines de trabajo forzado. Se identificaron 18 víctimas, de ellas 10 son niñas y 8 son mujeres. Las sanciones penales para los victimarios oscilaron en el rango de 6 a 12 años de privación de libertad. De los 17 acusados identificados, 11 son hombres y 6 son mujeres.
Durante el año 2021, se celebraron 430 causas por corrupción de menores y 39 por proxenetismo de los cuales 10 casos mostraron rasgos típicos de trata de personas.
Esta baja incidencia se debe fundamentalmente al carácter eminentemente preventivo de las políticas sociales y estatales cubanas, a la política de “tolerancia cero”, así como a la ausencia de redes delictivas organizadas que estén radicadas en el territorio nacional.
En 2020, el Ministerio de Educación (MINED) continuó perfeccionando la estrategia educativa-preventiva, en cuanto a la aplicación, seguimiento y evaluación del “Procedimiento para el diseño, ejecución y control del trabajo preventivo”, como vía para, desde la concepción del sistema de trabajo científico metodológico, atender a educandos y sus familias, que lo requieran.
El MINED, de conjunto con otros organismos y organizaciones, desarrolló en todos los municipios del país el “Curso de preparación sobre la prevención de la trata de personas desde una perspectiva de género y derecho en instituciones educacionales”. Se celebró en 1 311 sedes, con 6 547 facilitadores. La cifra de participantes fue de 97 779. De ellos, 93 460 del sector de la educación y 4 319 de otros órganos, organismos y organizaciones, incluyendo 1 427 de los órganos de gobiernos locales.
A partir del proceso de diagnóstico y caracterización al universo escolar del Ministerio de Educación, se atendieron a 219 estudiantes identificados por indicios o prácticas asociadas a la prostitución. En todos los casos se elaboraron las estrategias educativas-preventivas para la atención y protección a los menores de edad y se adoptaron medidas con los representantes legales.
Se continuó con la aplicación de 2 protocolos para la atención específica a los comportamientos relacionados con la prostitución y la violencia. Ambos documentos están incorporados en el sistema de trabajo de los diferentes niveles educativos.
La Línea Única de la Fiscalía General de la República ha funcionado las 24 horas, todos los días, y ha sido un medio del que la población dispone para formular denuncias y quejas sobre diversas materias, incluida la trata de personas. En el 2020 se comunicaron por esta vía, 129 020 ciudadanos y aunque no se recibieron denuncias específicas sobre el delito de Trata de Personas, sí se manifestaron 1 923 hechos sobre presuntas violaciones de los derechos de menores de edad y de mujeres, asuntos que fueron atendidos y respondidos oportunamente.
Cuba mantiene acciones de colaboración internacional para la investigación y solución de casos que trascienden el marco nacional.
Se iniciaron acciones en frontera para identificar y alertar a jóvenes con perfiles de víctima que pretenden viajar al exterior. Además, se monitorean sistemáticamente las publicaciones en Internet relacionadas con ofertas laborales en el exterior, lo que permitió la neutralización de 3 ciudadanos cubanos vinculados a la captación de artistas sin amparo legal.
En el país hay comprensión de la necesidad de seguir trabajando, como en el resto del mundo, para perfeccionar la prevención y enfrentamiento a este fenómeno y la protección de las víctimas de la trata. Se requiere avanzar más en la percepción de riesgo y sus formas de manifestación, particularmente la trata con carácter transnacional. Muchas de las medidas necesarias ya están incluidas en el Plan de Acción Nacional mencionado anteriormente.
Desde 1959, el gobierno cubano ha mantenido una voluntad y planes para reducir y eliminar las condiciones de vulnerabilidad que determinan la realización de la actividad sexual como forma de subsistencia económica.
La sociedad cubana, educada en la defensa de la dignidad humana, reprueba en su inmensa mayoría la prostitución y aspira a eliminar las causas que la originan y condicionan como fenómeno social. A las mujeres vinculadas al ejercicio de la prostitución, siempre que lo deseen abandonar, se le dan facilidades para su inserción laboral y continuidad de estudios.
La prostitución no es un delito en Cuba. Tampoco constituye un trabajo reconocido, ya que impone graves vulnerabilidades y riesgos a las personas que la practican, particularmente a las mujeres. El proxenetismo sí constituye un delito y está penado.
Las autoridades investigan y procesan, en virtud de la ley, a toda persona que induzca o se beneficie de la prostitución ajena, aun cuando esta se realice de manera voluntaria.
A partir de la desaprobación social de la prostitución, en general, y el enfrentamiento a quien la explota, las personas que la practican son objeto de atención a través de variados programas y planes de prevención, con énfasis fundamental en la actividad educativa, formadora, la promoción del perfeccionamiento del relacionamiento en el seno de la familia y su entorno más cercano.
Artículos 7 y 8
En el período, se continuó promoviendo y potenciado la participación activa de las mujeres, en igualdad de condiciones, en todas las esferas de la vida de la nación, incluyendo los ámbitos político y público.
El artículo 205 de la Constitución consagra el voto como un derecho de los ciudadanos, que se ejerce voluntariamente, por hombres y mujeres mayores de 16 años de edad. La convocatoria a las elecciones llama a los ciudadanos a elegir los mejores, sin distinción de ningún tipo.
La participación de mujeres en la toma de decisiones crece. Representan el 51,5 % en cargos del Estado y Gobierno al cierre del primer trimestre de 2021.
Las mujeres representan el 52,3 % de los miembros del Consejo de Estado. 8 son ministras y 30 viceministras, para un 48,5 %. En el Consejo de Ministros, de los 34 miembros, 8 son mujeres para un 23,5 %. De 23 cargos de viceministro primero, 10 son ocupados por mujeres, para un 43,5 %. De los electos gobernadores y vicegobernadores, el 53,3 % son mujeres.
En los Organismos del Estado y el Gobierno, las mujeres ocupan el 51,5 % de los cargos de dirección. A nivel de municipio, de quienes ocupan las presidencias y vicepresidencias de las Asambleas Municipales, el 54.35 % son mujeres y el 37, 5 % de los intendentes.
En el empeño por incrementar el número de mujeres a todos los niveles, han sido decisivas las campañas de divulgación, apoyadas por los medios de difusión, con énfasis en las capacidades y condiciones de las mujeres para ocupar cargos y responsabilidades.
De los 4 487 dirigentes sindicales profesionales en el país, el 63 % son mujeres, que representa un incremento del 14 % desde el año 2012. Ellas representan también el 63,3 % de los dirigentes provinciales y municipales.
De los 15 sindicatos nacionales más de 1,5 millones de afiliados son mujeres. 5 están encabezados por mujeres. A nivel provincial, 8 de 15 son mujeres; mientras que en los municipios la cifra asciende a 120, que representa el 71,4 %. En cuanto a las organizaciones sindicales de base, el 58,9 % de sus dirigentes son mujeres. Se desempeñan como secretarias generales de secciones sindicales el 63,6 %, de las cuales 61,5 % son dirigentes de burós sindicales
Dirigentes sindicales femeninas han representado a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y a los sindicatos en diversos eventos internacionales. Por ejemplo, en 2018, en el Congreso Mundial de Mujeres Trabajadoras de la Federación Sindical Mundial (FSM), en la Primera Reunión del Comité Mundial de Mujeres de la FSM, y en el 2019 en el II Encuentro de Mujeres Sindicalistas de Mesoamérica en México. Cuatro cubanas dirigentes sindicales ocupan cargos a nivel internacional en las Uniones Internacionales Sindicales (UIS).
En el sistema del Ministerio de Justicia (MINJUS), 1 523 mujeres son notarias, registradoras civiles y de la propiedad, para el 80 % del total. El 41 % de los cargos directivos lo ocupan mujeres: 3 viceministras, 16 directoras de unidades organizativas y subordinadas, 1 jefe de departamento y 8 directoras provinciales de justicia y en el municipio especial Isla de la Juventud.
1 419 fiscales son mujeres, para el 80 % del total. El 75 % de los cargos directivos de la FGR lo ocupan mujeres. En cuanto a cargos decisorios, el de Fiscal General y uno de Vicefiscal General, lo ostentan mujeres. De los cargos de dirección aprobados en el nivel central, el 56 % está cubierto por mujeres. A nivel provincial, el 80 % de los fiscales jefes son mujeres; y a nivel municipal la cifra es 73 %.
De 932 jueces con que cuenta el país, 755 son mujeres, para el 81 %. De los 248 cargos de dirección del sistema de tribunales, 187 lo ocupan mujeres, para un 75,4 %.
En otros ámbitos, el 28 % de la fuerza de trabajo que labora en emisoras radiales lo conforman mujeres, de las cuales el 2,2 % ocupa cargos directivos. En la televisión, de los 2 455 artistas en plantilla, 1 005 son mujeres, para el 40,9 %.
En el ámbito informativo, de 258 periodistas, 167 son mujeres, para el 64,7 %. En cuanto a cargos directivos en los distintos niveles de la Radio Cubana, el 54,7 % lo ocupan mujeres.
En la Televisión, se desempeñan en cargos de dirección el 41,4 % de todas las mujeres, de las cuales el 52 % son universitarias y el 48,0 % posee menos de 30 años de edad.
En el Sistema de la Cultura, la presencia de mujeres en cargos decisorios ha aumentado significativamente, hasta el 49 % del total de directivos en el sector y el 45% en cargos directivos a nivel nacional.
En el Ministerio de Cultura, dos mujeres ocupan el cargo de viceministras y una viceministra primera, para un 50 % del total de los directivos a ese nivel. Seis mujeres ocupan el cargo de director nacional, para el 54,5 %. En cargo de presidentes de consejos e institutos nacionales, organismos que se encargan del diseño y ejecución de la política cultural del país en sus respectivas áreas, tres mujeres ocupan el cargo de principal directivo, para el 42,8 % del total.
En el caso de la representación territorial del Sistema de la Cultura, expresado en sus direcciones provinciales, en el 2018 se registraron un total de diez mujeres ocupando el cargo principal de directora, para el 66,66 %.
En los Organismos de la Administración Central del Estado, el 27 % de los jefes de Defensa Civil son mujeres. De ellos, el 53,3 % de los jefes de Defensa Civil a nivel provincial y el 46,42 % a nivel municipal.
Cuando los consejos de defensa son activados ante situaciones de desastres, el 33,3 % de sus presidentes a nivel provincial y el 42,2 % a nivel municipal, son mujeres.
El 52 % de la plantilla actual del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil está cubierta por mujeres. En cargos de dirección la cifra se eleva al 56 %.
El país mantiene una tendencia sostenida y una constante preocupación por potenciar el papel de la mujer en el plano internacional e incrementar su presencia y representación. El Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con un total de 2451 trabajadores, tanto en el servicio interno como externo. De estos, 1034 son mujeres (607 en el servicio externo y 427 en el servicio interno), para un 42,18 %.
En el Servicio Interno, 29 mujeres ocupan cargos de dirección, distribuidos de la siguiente manera: 2 viceministras, 4 subdirectoras generales, 13 directoras, 3 subdirectoras, 3 jefas de departamento, 3 jefas de centros y 1 jefa de departamento independiente. En el Servicio Externo, 55 mujeres ocupan cargos de dirección. De ellas, 40 son embajadoras, 1 encargada de negocios, 2 segundas jefas de misión, 10 son cónsules generales y 2 jefas de oficina.
Directivas del Ministerio de Educación han estado presentes en foros de alto nivel como la Conferencia General de la UNESCO, el Foro Mundial de la Educación y la Reunión de Ministros de Educación de la CELAC. (Ver Anexo 1).
La entonces Ministra de Justicia presidió las delegaciones cubanas a diferentes reuniones internacionales, entre ellas, la presentación del informe de Cuba al CEDAW en 2013, la presentación de los informes de Cuba sobre los protocolos facultativos de la Convención de los Derechos del Niño, en 2015, y la XX Asamblea Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y la Primera Reunión del Comité de Equidad de Género de la COMJIB.
Las delegaciones cubanas a las conferencias de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, celebradas en 2015 y 2018, en París y Katowice, respectivamente, fueron presidida por la Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
La Secretaria General de la FMC ha encabezado las delegaciones cubanas a las sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU (CSW) y a las Conferencias Regionales y Mesas Directivas sobre la Mujer de la CEPAL. Se destaca en 2017, la 56 Mesa Directiva celebrada en La Habana.
Las cubanas tienen garantizado el derecho de participar, en igualdad de condiciones con los hombres, en organizaciones no gubernamentales. La presencia femenina es relevante en las más de 2 200 organizaciones de diversa naturaleza que existen en el país. Ellas forman parte de sus membresías y estructuras. La inmensa mayoría de las mujeres cubanas pertenece a la FMC; cifra que asciende a 4,4 millones de federadas para un 90,5 % de integración. También se integran a organizaciones sociales y asociaciones de profesionales, a la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), entre otras.
Artículo 9
La ciudadanía cubana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Los artículos 34 y 35 de la Constitución establecen las formas de adquirirla. El artículo 37 establece que el matrimonio, la unión de hecho o su disolución no afectan la ciudadanía de los cónyuges, de los unidos o de sus hijos.
A partir de la entrada en vigor el 1º de enero de 2018 del Decreto-Ley No. 352, se eliminó el requisito de permanecer en el país por un tiempo determinado (avecindamiento) para realizar el trámite de ciudadanía de los menores de edad nacidos en el extranjero cuyos progenitores sean cubanos, hombre o mujer, con iguales derechos de transmisión de la nacionalidad. Los trámites se pueden realizar tanto en los consulados cubanos como en las oficinas del Ministerio del Interior (MININT) que correspondan, si el interesado o su representante se encuentran en Cuba.
En diciembre de 2015, entró en vigor el Decreto-Ley No. 335 “Del Sistema de Registros Públicos de la República de Cuba”, para el perfeccionamiento e integración de estos registros, incluido el de personas naturales —Registro del Estado Civil—, sobre la base de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. El país garantiza un registrador en cada hospital materno, para la inscripción de los nacimientos con la inmediatez requerida. El 99,9 % de los nacimientos ocurre en hospitales maternos y la correspondiente inscripción se produce inmediatamente.
Artículo 10
El artículo 73 de la Constitución consagra la educación como un derecho de todas las personas y como una responsabilidad del Estado, que garantiza servicios de educación gratuita, asequible y de calidad para la formación integral, desde la primera infancia hasta la enseñanza universitaria de postgrado.
El artículo 74 establece que las personas tienen derecho a la educación física, al deporte y a la recreación como elementos esenciales de su calidad de vida.
La universalización de la educación gratuita y de calidad para todos, mujeres y hombres, ha tenido un rol esencial y estratégico para impulsar la participación social de la mujer y avanzar de manera significativa en la erradicación de prejuicios, exclusiones y discriminaciones (Ver Anexo 2).
La creciente participación de la mujer cubana en todas las esferas de la vida social, las altas tasas de escolarización de niñas y niños, el índice de paridad de género de la educación primaria, como indicador general que expresa la igualdad entre sexos, el acceso y permanencia en la educación y el Presupuesto de Gastos Corrientes que se mantienen con una tendencia creciente para la Educación, aseguran en la práctica estos derechos. Para el 2020 se presupuestó para educación del 24 %. En 2019, el presupuesto fue de 23,7 % y en 2018 fue el 22 %.
Existen objetivos y contenidos que contribuyen a la formación de patrones de conductas no discriminatorios en el Sistema Nacional de Educación.
En todos los niveles educativos se trabaja el Programa de Educación integral de la Sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales, lo cual incluye a la primera infancia en sus dos modalidades de atención: Círculo infantil y Programa Educa a tu Hijo, a partir de la orientación a la familia y en todas las formas de organización del proceso educativo, atendiendo a los conocimientos y desarrollo de cada edad. El Ministerio de Educación (MINED) y la FMC tienen un Plan de Tareas conjunto en este tema. Cada institución educacional en Cuba cuenta con una representante de la FMC ante el Consejo de Escuela.
Especial atención sigue recibiendo la educación integral de la sexualidad de niñas y niños, adolescentes y jóvenes, a través de materiales didácticos dirigidos a la familia, personal docente y educandos de todos los niveles de enseñanza, en especial las secundarias básicas.
En la continuidad de estudios al concluir la enseñanza media, se manifiesta una mayor incorporación de muchachas a especialidades técnicas y obreros calificados. (Ver Anexo 3)
El MINED ha continuado mejorando la estrategia para la superación profesional de las mujeres. Del total de 220 Doctores en Ciencias Pedagógicas, 115 son mujeres, para un 52,27 %.
La presencia femenina en la plantilla del MINED continuó incrementándose. En el curso 2018-2019 había un total de 177 376 mujeres, que representaban el 80,5 % del total.
En cuanto a la superación de las mujeres, desde el curso escolar 2013-2014, como promedio, el 60 % de las mujeres pertenecientes al sector de la educación recibió cursos de superación y capacitación, que han tributado a elevar su preparación profesional.
En Cuba hay una notable participación femenina en la Educación Superior: están empleados 85 353 trabajadores, de los cuales 52 515 son mujeres (61,5 %). El claustro de profesores está conformado por 62 640 personas y de ellas 37 072 son mujeres (59,18 %).
Entre el 2000 y hasta julio de 2018, las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor abrieron 16 cátedras y 550 filiales y aulas. Estas han graduado a más de 125 000 adultos mayores. De ellos, más del 95 % son mujeres. Han matriculado estudios en cursos de continuidad aproximadamente 53 000.
El Ministerio de Educación Superior (MES) ha incorporado el enfoque de género en los currículos básicos y electivos de todas las carreras universitarias. Aquellas con un perfil humanista, definen en sus planes de estudio acciones encaminadas al tratamiento del enfoque de género de manera explícita, como parte de algunas asignaturas y mediante el tributo de otras. Se destaca la carrera de Sociología, que explicita en uno de sus objetivos generales, la investigación del pensamiento sociológico y los procesos sociales teniendo en cuenta el enfoque de género, para lo cual tiene diseñada una asignatura y una relación interdisciplinar que permite abordar ampliamente esta temática.
En las carreras de ciencias técnicas, naturales, económicas y agropecuarias, se desarrollan acciones para la preparación de los estudiantes en análisis que incluyan el enfoque de género, como parte de su formación integral. Para ello, se diseñan asignaturas optativas y lectivas relacionadas con el tema y se promueve la participación femenina y la eliminación de estereotipos en la dimensión extracurricular.
Artículo 11
La Constitución, en su artículo 64, reconoce el derecho al trabajo; y establece que la persona en condición de trabajar tiene derecho a obtener un empleo digno, en correspondencia con su elección, calificación, aptitud y exigencias de la economía y la sociedad.
El Código de Trabajo establece entre sus principios la igualdad en el salario. En virtud de ello, la remuneración por el trabajo es sin discriminación de ningún tipo, en correspondencia con los productos y servicios que se generan, su calidad y el tiempo real trabajado, y de acuerdo con el principio de distribución socialista de cada cual según su capacidad a cada cual según su trabajo.
Las cubanas reciben igual salario que los hombres por trabajo de igual valor, una conquista alcanzada hace muchos años.
La legislación garantiza y protege a las madres trabajadoras, que gozan de los derechos a la licencia de maternidad y la protección social de hasta un año con la posibilidad de compartirla entre el padre y la madre, cuestión que se potencia con el Artículo 68 del nuevo texto constitucional. Mediante el Decreto-Ley 56/2021 mencionado anteriormente, se ampliaron sus derechos y protección, así como del padre y la familia en general, para la protección de la maternidad y el cuidado de los hijos menores de edad. Esta norma promueve la corresponsabilidad de madres y padres en el cuidado de los hijos y estimula la permanencia y reincorporación de la mujer al trabajo.
La Resolución 26/2017 de 23 de enero de 2017, de la Ministra de Finanzas y Precios, dispone el otorgamiento de una bonificación en el pago de las cuotas mensuales a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Personales a las trabajadoras por cuenta propia que tengan 2 o más hijos, menores de 17 años, consistente en la reducción en un 50 % de las referidas cuotas, teniendo en cuenta los ingresos económicos del núcleo familiar.
Al cierre de 2021, funcionaban 1 086 círculos infantiles, con una matrícula total de 141 773 niñas y niños, de ellos 64 613 niñas, para un 47,7 %. Estos centros permiten atender a los infantes desde las edades más tempranas y la incorporación de las mujeres al trabajo. Se benefician con este servicio madres trabajadoras, lo cual crea condiciones para la autonomía económica de las mujeres. Se continúa trabajando para satisfacer la demanda, incluyendo la formación del personal docente y asistente.
En junio de 2021, fue publicada en Gaceta Oficial No.62 Ordinaria, la resolución 58/2021 del MINED que estableció la creación de las Casitas Infantiles como una alternativa para la atención educativa de la primera infancia. En estos centros, se presta servicios a los niños y niñas, hijos de las madres, padres o tutores en entidades que, por sus condiciones económicas y materiales, puedan destinar fondos para su apertura, mantenimiento y sostenibilidad. Contamos con 41 instituciones de este tipo constituidas en organismos e instituciones de todo el país, que benefician a 820 niñas y niños.
La participación de las mujeres en la vida económica del país, se manifiesta en indicadores como: la tasa de actividad económica de las mujeres, que es de 53,2 % y la tasa de desocupación, de 1,6 % (la más baja de la región). El 78,5 % de las mujeres ocupadas lo hacen en el sector estatal y en el trabajo por cuenta propia, representan el 35,4 %, disfrutando de las garantías sociales, como la licencia de maternidad, igual que en el sector estatal.
Crece la participación de las mujeres en el empleo de 37 % a 39 % con la incorporación, en 2021, 49 mil mujeres, el 35% del total de incorporados.
De las ocupadas, representan el 63,0 % de los graduados de la educación superior y el 48% de los investigadores. Son el 49,7 % de los dirigentes, el 66 % de los técnicos y profesionales del país, más del 81,9 % de los profesores, maestros y científicos, más del 70 % de los fiscales, presidentes de Tribunales Provinciales, jueces profesionales y de la fuerza laboral en los sectores de la salud y la educación. En el sistema de las Ciencias, la Innovación y la Tecnología son el 49,3 % y el 53 % de los científicos. En el sector de la salud pública el 70,9 %, el 62 % de los médicos, el 64,2 % del personal que presta servicios de colaboración en varios países del mundo y el 72,2 % de los médicos especializados.
La graduación de mujeres en los niveles de enseñanza artística de nivel medio representó un 59,2 % del total de 625 graduados. En el nivel superior, las graduadas representaron el 55,83 %.
El 43 % de la plantilla de los Joven Club de Computación está cubierta por mujeres. En cuanto a los cargos de dirección, la cifra se eleva al 59,34 %.
En la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A, el 44 % de la fuerza laboral son mujeres. En su mayoría desempeñan cargos de dirección y cargos técnicos.
En el Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones (GEIC), de una plantilla de 10 244 trabajadores, 3 809 son mujeres, para el 37 %. Del total de cuadros del GEIC, las mujeres representan el 38 %. Las que tienen categoría científica ascienden al 47,6 %. De los cuadros de dirección, las mujeres representan el 46 %.
En la actividad de innovación y racionalización, existen 9 566 Comités de Innovadores y Racionalizadores. De sus 203 008 asociados, 88 984 son mujeres, para el 43,8 %. De los 30 751 innovadores que dirigen esta actividad, 13 955 son mujeres, para el 45,3 %.
Los artículos 68, 69 y 70 de la Constitución consagran los derechos a la seguridad social, a la seguridad y salud en el trabajo y a la asistencia social.
El Código de Trabajo provee una protección amplia a la trabajadora en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo y tiene múltiples normativas que garantiza el disfrute de los derechos laborales de la mujer cubana. (Ver Anexo 4)
En 2017, las mujeres representaban el 51,6 % de los integrantes de los Órganos de Justicia Laboral. El 47 % de estos estaba presidido por mujeres.
Artículo 12
Los artículos 46 y 72 de la Constitución establecen el derecho a la salud de todas las personas. Es responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación. Para hacer efectivo este derecho, existe un sistema de salud a todos los niveles, accesible a la población, que incluye programas de prevención y educación.
En el 2019, la tasa de mortalidad general fue de 9,7 defunciones por 1 000 habitantes. En las mujeres fue 8,8 y en los hombres 10,7. La tasa de años de vida potencialmente perdidos fue de 65,2 por 1 000 habitantes de 1 a 74 años, siendo menor en las mujeres.
Las principales causas de muerte tienen una tasa menor en las mujeres por cada 100 000 habitantes. Enfermedades del corazón: mujeres 219,6 y hombres 256,9. Tumores malignos: mujeres 191 y hombres 255,3. Enfermedades cerebrovasculares: mujeres 85,3 y hombres 93,0.
Se ha perfeccionado el Programa de Atención Materno Infantil, que constituye una prioridad de los órganos de gobierno y de la dirección del sector de la salud en todo el país. La tasa de mortalidad neonatal precoz en el año 2019 fue de 1,8 relacionada con la calidad de la atención perinatal y neonatal, como un impacto beneficioso de las acciones sistemáticas de capacitación a los profesionales que atienden a la madre y al niño desde la atención primaria.
La tasa de mortalidad en el menor de un año es inferior en las niñas, 4,0 que, en los varones, 6,0 por cada 1 000 nacidos vivos. Ocurre igual en los menores de 5 años, 5,4 las niñas y 7,8 los niños por cada 1 000 nacidos vivos. El porcentaje de supervivencia a esta edad es de 99,3.
En el 2019, la tasa de mortalidad materna se redujo de 43,8 a 37,4 por 1 000 nacidos vivos. La tasa por causas directas fue de 23,7 y por causas indirectas de 13,7.
Las principales causas directas fueron las complicaciones relacionadas con el embarazo ectópico, el parto y el puerperio, con tasas de 2,7; 1,8 y 12, 8 por cada 100 000 mil nacidos vivos, respectivamente.
Para evitar complicaciones por la interrupción del embarazo, se le concede una atención priorizada; se realiza en instituciones de salud y por personal calificado debidamente certificados, con protocolos y criterios de seguridad. La elevada exigencia en el cumplimiento de las normas para la prevención de infecciones y el uso del método medicamentoso para el aborto, han reducido la incidencia de las complicaciones del proceder.
El Programa de Enfermedades Transmisibles mantiene el control de éstas para continuar disminuyendo la morbilidad, la mortalidad y controlar los factores de riesgo de brotes y epidemias. Continúa en marcha el Programa de Prevención y Control de las Infecciones de Transmisión Sexual. Se mantiene el tratamiento antirretroviral de alta eficacia, de forma gratuita, para cada persona que lo necesite, al igual que otros servicios.
Los derechos sexuales y reproductivos, incluidos el derecho al aborto y la elección libre y responsable sobre la fecundidad, están garantizados y forman parte de los servicios de salud, gratuitos y universales. Las medidas adoptadas nunca han ido en detrimento del derecho de las mujeres a decidir sobre su salud sexual y reproductiva, número de hijos o hijas y espaciamiento para tenerlos. Mujeres y hombres disfrutan de servicios necesarios y especializados para la planificación familiar. Se continúa trabajando en lograr el acceso del país a anticonceptivos de alta calidad. Hay total libertad para decidir sobre la cantidad de hijos que se desea tener y en qué momento. Existen programas de orientación y planificación familiar disponibles en todo el país de forma gratuita.
En Cuba, la población media de 60 años y más de edad, es de 2 357 313. El 53,6 % son mujeres.
Existe el Programa Nacional de Atención al Adulto de 60 años y más de edad. El 41 % de este grupo poblacional está incorporado a los 15 430 círculos de abuelos existentes, con el fin de promover un estilo de vida saludable. Existen 287 Casas de Abuelos con 9 658 capacidades, que proporcionan facilidades para el cuidado institucional, mientras la familia trabaja. Para la atención de los que viven con discapacidad mental se dispone de 7 Casas de Abuelos.
Hay registradas 362 222 personas con discapacidad. De ellas, el 45,3 % son mujeres. Estas personas tienen acceso universal y gratuito a diferentes servicios de apoyo, entre ellos en el ámbito de la salud y la educación.
Artículo 13
El valor más alto del PIB está destinado a la Salud Pública y la Asistencia Social, representando el 28 %.
Existen en el país 200 000 beneficiarios que se acogen a la Asistencia Social.
Al cierre del primer semestre del 2018, el total de viudas que tenían pensión de seguridad social era de 292 681, mientras que las viudas trabajadoras eran 22 054.
Las mujeres pueden acceder a los créditos, préstamos, subsidios, servicios y programas de seguridad social, en igualdad de condiciones que los hombres y sin discriminación.
Las mujeres tienen garantizada su participación en actividades de esparcimiento, deportes y la vida cultural.
Del total de practicantes sistemáticos del deporte en Cuba, el 47,2 % son mujeres. Planes como el Turquino, promueven el acceso de las mujeres a actividades deportivas no solo en la ciudad, sino también en zonas costeras y rurales.
Las mujeres de 60 años y más gozan de una atención especializada a través del Programa dirigido a las Adultas Mayores. Este promueve la actividad física en espacios abiertos y cuenta entre sus miembros con 652 044 mujeres.
Las mujeres conforman el 40 % del claustro de profesores de la Universidad de las Ciencias de Cultura Física y el Deporte “Manuel Fajardo”. Son también el 50 % de los periodistas y comentaristas deportivos. En 2018, 63 mujeres cubanas eran árbitros internacionales y 1 415 árbitros nacionales.
Además, 4 mujeres son directoras de los centros provinciales de Medicina Deportiva; 6 son directoras de los centros provinciales de Informática del Deporte; 2 son directoras de escuelas de Iniciación Deportiva Escolar; 3 dirigen las Escuelas Provinciales de Educación Física; y 6 son subdirectoras de las escuelas de Formación Atlética.
En el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), el 11 % de las mujeres ocupan cargos decisorios. De ellas, 1 funge como vicepresidenta. 8 se desempeñan como directivas en programas de cooperación internacionales en el ámbito del deporte; 8 son directoras y jefes de departamentos nacionales; 33 son directoras y subdirectoras provinciales; y 6 son comisionadas de deportes de alto rendimiento.
En el medallero histórico de eventos deportivos múltiples, se observa el aporte decisivo de las deportistas cubanas en los resultados alcanzados por nuestro país (Ver Anexo 5).
Las mujeres tienen derecho a participar, en igualdad de condiciones y sin discriminación, en todos los aspectos de la vida cultural del país. Existe una destacada presencia femenina en todas las especialidades e instituciones culturales de todos los ámbitos.
Artículo 14
El Estado cubano ha continuado brindando atención al desarrollo de la vida rural del país y sus habitantes, incluyendo las mujeres, las cuales gozan de todos los derechos establecidos en la legislación. Además, son beneficiarios de diversas políticas y programas, como por ejemplo, el Programa de Desarrollo Integral Plan Turquino, en cuyo marco se enfatiza el alcance del adelanto de las mujeres en lo económico, social y familiar.
La mujer rural, al igual que la mujer de la zona urbana, tiene acceso libre a los servicios de salud, donde reciben atención médica, información y asesoramiento en materia de planificación familiar, según lo establecido en los programas nacionales de salud. Ocurre igual en cuanto a los servicios de educación. Existen hogares maternos que garantizan a las mujeres de zonas apartadas, las condiciones para el parto seguro.
El derecho al trabajo también es una realidad en las áreas rurales cubanas.
En el Sector Agropecuario laboran 219 772 mujeres, el 25 % del total de las fuerzas, de ellas el 13 % lo hacen en tareas productivas. En el caso específico del potencial científico del sistema, forman parte 1 959 mujeres, cifra que representa un 42%. Son cooperativistas 96 669 mujeres, cifra que representa un 44 %.
Son socias de la ANAP 78 580 mujeres, lo que representa el 19,74 %. Se incrementó el número de mujeres que forman parte de las 3 312 Brigadas FMC/ANAP, con 73 674 miembros. Ellas contribuyen con su labor al cumplimiento de acciones productivas y de capacitación en temas de género a las familias del ámbito rural, así como a promover la incorporación femenina a la producción de alimentos.
En la agricultura urbana suburbana y familiar son 378 580 mujeres para un 43 %, con un crecimiento en 130 580 mujeres con respecto al 2018.
Para favorecer la producción de alimentos, a más de 17 000 mujeres se les han otorgado la posesión de la tierra, con pleno acceso a créditos, asistencia técnica y otras oportunidades.
Más de 10 900 cubanas eran propietarias de la tierra al cierre de 2018, conforme al derecho de herencia que le confiere la ley.
El estímulo y reconocimiento a la mujer rural continúa en ascenso, al igual que los programas para su entrenamiento y capacitación desde distintas entidades, organizaciones campesinas, asociaciones de profesionales y el MINAGRI.
Existe una creciente participación de las mujeres como líderes en el cuidado y preservación del medio ambiente, así como la gestión de riesgo para la disminución de vulnerabilidades y la prevención de situaciones de desastres. Un alto número de ellas son jefas de centros de gestión para la reducción de riesgos (CGRR) y responsables de puntos de alerta temprana de sus territorios, o tienen responsabilidades en sus comunidades.
Artículos 15 y 16
La mujer y el hombre gozan de igual capacidad jurídica y garantías para su ejercicio. La mujer está facultada legalmente para firmar contratos civiles de todo tipo y mercantiles, administrar bienes, así como acceder a créditos financieros, en igualdad de condiciones y sin discriminación.
Se reconoce a mujeres y hombres iguales derechos en cuanto a la libre circulación y la libertad de elegir residencia y domicilio, en correspondencia con la legislación nacional.
En cuanto al Derecho de Sucesiones, la mujer y el hombre gozan de iguales derechos, sea la herencia intestada o testada. La mujer tiene plena capacidad para heredar. El cónyuge sobreviviente tiene derecho a igual porción que el resto de los herederos con quienes concurre.
En cuanto al acceso de la mujer a los tribunales de justicia, esta es tratada en plano de igualdad con el hombre, en cualquier tipo de procedimiento.
No existe discriminación contra la mujer en los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares. El artículo 82 de la Constitución establece la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges.
Mujeres y hombres gozan de iguales derechos para contraer matrimonio, eligiendo libremente a sus cónyuges.
Poseen, además, iguales derechos y responsabilidades durante el matrimonio y también ante su disolución, incluyendo a los hijos e hijas. El interés superior del niño prima en la consideración de los casos.
La mujer cubana en el enfrentamiento de la COVID19, desde la ciencia
La mujer cubana ha sido decisiva en el desarrollo económico y social de la nación con una importante contribución a la ciencia cubana. Han obtenido múltiples premios nacionales de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC) como autoras de relevantes publicaciones científicas y patentes de invención.
El 34 % de la actual membresía de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC) son mujeres, siendo la institución académica con mayor representatividad femenina en el mundo. De los tres vicepresidentes de su junta directiva, dos son mujeres.
El Instituto de Estadística de la UNESCO reconoció que Cuba alcanzó la paridad científica en 2021, siendo mujeres más del 50 % de los científicos en el país.
De las diez invenciones cubanas que han recibido la Medalla de Oro de la OMPI, son mujeres las autoras principales de seis de ellas.
En el enfrentamiento a la COVID19, las mujeres cubanas participaron de manera activa en la introducción de diferentes protocolos terapéuticos, en el desarrollo de nuevos proyectos de investigación, y co-lideraron los ensayos de los candidatos vacunales del país.
De los ocho académicos cubanos seleccionados en 2020 para participar en el Panel Internacional de expertos como Grupo Asesor para el enfrentamiento de la COVID19 en el mundo, dos son mujeres: Tania Crombet, directora clínica del Centro de Inmunología Molecular (CIM), y Guadalupe Guzmán, titular de investigación y diagnóstico del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK).
En el empeño por lograr candidatos vacunales contra la pandemia, resaltan la doctora Marta Ayala, directora del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), quien trabajó en las propuestas de los candidatos Mambisa y Abdala. Se suma a ella, la doctora Miladys Limonta, gerente del proyecto vacunas COVID19 del CIGB.
Entre las líderes del proyecto de desarrollo de la vacuna conjugada contra neumococos, merecedora en tres ocasiones del Premio de la Academia de Ciencias de Cuba, figura la doctora Dagmar García, directora de investigaciones del Instituto Finlay de Vacunas.
En la ciencia cubana también han sido reconocidas mujeres como: Rosa Elena Simeón, quien estuvo al frente del enfrentamiento a la fiebre porcina africana, y Concepción Campa, líder de la investigación para desarrollar la única vacuna con eficacia probada contra la meningitis B y C. A estas investigadoras se suman Beatriz Marcheco, del Centro de Genética Médica; Martha Ana Castro, del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, y Mayra Hernández, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales, merecedoras, en 2017, del premio Sofía Kovalievskaia, conferido por la Fundación que lleva su nombre.
Información sobre las conclusiones y recomendaciones del comité
En cuanto a la recomendación del párrafo 7 de las observaciones finales del Comité, se señala que la Asamblea Nacional del Poder Popular tiene comisiones de trabajo permanentes o temporales, que les facilitan conocer y priorizar situaciones y elaborar planes o programas de trabajo.
Una de esas comisiones, de carácter permanente, es la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer, que ha elaborado y trasladado a la Asamblea Nacional, estudios sobre la eficacia de las normas jurídicas relativas a la mujer y proyectos de modificación a la legislación existente.
Sobre las recomendaciones del párrafo 9, cabe señalar que Cuba desarrolla una labor permanente de divulgación y sensibilización sobre los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que es parte, incluyendo esta Convención. Ejemplo de ello es el Proyecto Justicia en clave de género de la UNJC, organización que ha impulsado la promoción de la cultura de derechos y el conocimiento de los principales instrumentos internacionales, no solo para la población, sino también para que sean utilizados en las argumentaciones jurídicas de los profesionales del Derecho.
Anualmente se realizan reuniones, talleres y seminarios con representantes de ONG sobre diversos temas de derechos humanos, incluyendo los instrumentos internacionales.
En 2017, por ejemplo, se realizó un foro online sobre derechos humanos, en el que se analizaron recomendaciones del Examen Periódico Universal y otras formuladas por órganos de tratados de derechos humanos. Participaron representantes gubernamentales, de la sociedad civil, de denominaciones religiosas, mujeres, pedagogos, sociedades médicas, entre otros.
Mediante el Programa “Por un mundo al derecho”, liderado por el Ministerio de Justicia, e integrado por varias instituciones, se ha impulsado la promoción de una cultura de derechos y la difusión de los principales instrumentos internacionales.
En sentido general, el país desarrolla acciones para la divulgación y educación jurídica de la población, en aras de incentivar una cultura jurídica que les permita conocer y defender los principios y garantías fundamentales enarbolados en la Constitución y las leyes.
Respecto a la recomendación del párrafo 11, se señala que la armonización de la legislación nacional con los instrumentos internacionales ratificados por el país ha sido siempre un principio en la actuación del Estado y gobierno cubanos.
En correspondencia, se reconoce la necesidad de continuar avanzando para garantizar las precisiones normativas y materiales que prescribe la Convención.
Si bien no hay una definición explícita de la discriminación contra la mujer, la igualdad es un principio que constituye base de nuestra legislación y tiene rango constitucional.
Tanto en la Constitución como en otras normativas vigentes, la discriminación de cualquier tipo y explícitamente por sexo, está proscrita y es sancionada por la Ley.
En el proceso actual de fortalecimiento de la institucionalidad democrática y participativa del país, fue aprobado un nuevo Código de las Familias.
Respecto a las recomendaciones del párrafo 13, conviene apuntar que en Cuba existe una legislación sólida que contiene garantías y las vías expeditas para el acceso a la justicia y la recurribilidad, al permitirse la sustanciación de demandas tanto administrativas como judiciales y su impugnación. Se trabaja en la sensibilización y capacitación en temas de género, prevención de la violencia, entre otros, del personal policial y jurídico, y en la elaboración de los protocolos de actuación que eviten la revictimización de las mujeres.
En virtud del artículo 92 de la Constitución, el Estado garantiza, de conformidad con la ley, que las personas puedan acceder a los órganos judiciales a fin de obtener una tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. Las decisiones judiciales son de obligatorio cumplimiento y su irrespeto deriva responsabilidad para quien las incumpla.
No existe distinción alguna, ni discriminación de ningún tipo, en el acceso a la justicia. Las mujeres tienen garantizado este derecho, en igualdad de condiciones, para ventilar procesos de familia, administrativos, laborales, penales, entre otros.
Existen tribunales en todos los municipios. La Fiscalía representa, a todos los niveles, a menores de edad sin representante legales o con intereses contrapuestos con estos, o a personas declaradas judicialmente incapaces carentes de tutor, y protege los derechos de personas en situación de vulnerabilidad. Los bufetes colectivos cuentan con abogados a disposición de la población.
Como se ha expuesto con anterioridad, el país cuenta con un amplio sistema de atención a la población en todos los niveles del Estado y el gobierno, las organizaciones sociales y de masas. Además, funcionan órganos de justicia laboral que en las entidades resuelven los conflictos. Hay unidades de la Policía Nacional Revolucionaria en todos los territorios a disposición de la ciudadanía.
Existen las garantías para el acceso a los abogados. Cuando una mujer, o cualquier otra persona, no puede asumir los costos de la representación letrada, el Estado le designa un abogado de oficio libre de costo.
Se continúa trabajado sistemáticamente para incrementar la información y la divulgación para que las personas, incluyendo a las mujeres, conozcan a dónde acudir y qué derechos les asisten cuando confrontan situaciones.
Las disposiciones legales en materia laboral garantizan el acceso a la justicia y la impugnación de las decisiones administrativas. Las trabajadoras, incluyendo las del sector no estatal, tienen el derecho a promover acciones ante los órganos, autoridades e instancias competentes, para el reconocimiento y cumplimiento de los derechos de trabajo y de seguridad social consagrados en la legislación. Los trabajadores contratados por personas naturales pueden acudir directamente a la vía judicial a reclamar sus derechos.
La FMC, a través de las COMF, sus oficinas de atención a la población, y en el trabajo directo en las comunidades, orienta, apoya y acompaña a las mujeres que sufren situaciones de violencia de género, intrafamiliar y otras.
Como se expuso antes, la prostitución no constituye delito en Cuba, pero es una actividad socialmente repudiada, por incidir directa o indirectamente en sectores claves como la seguridad ciudadana y la salud pública. Esta actividad tampoco constituye un trabajo reconocido, ya que impone graves vulnerabilidades y riesgos a las personas que la practican, particularmente las mujeres.
Las autoridades investigan y procesan, en virtud de la ley, a toda persona que induzca o se beneficie de la prostitución ajena, aun cuando esta se realice de manera voluntaria.
En la práctica de la prostitución se han detectado casos de comisión de ilícitos penales.
En Cuba, las víctimas de delitos no son criminalizadas, sino protegidas y reinsertadas a la sociedad.
La FMC, de conjunto con otras instituciones, brinda atención a las mujeres que se prostituyen, con enfoque en la prevención y la educación. Ello ha permitido incorporar a muchas mujeres al empleo o al estudio de oficios y otras actividades.
Sobre las recomendaciones del párrafo 15, el artículo 61 de la Constitución reconoce el derecho de las personas a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley.
Cabe enfatizar que el país cuenta con un amplio y efectivo sistema interinstitucional, que incluye la participación de organizaciones no gubernamentales, para recibir, tramitar y responder cualquier queja o petición individual o de grupos de personas relativas al disfrute de cualquier derecho.
Además de la Fiscalía, existen otras instancias y mecanismos para atender las quejas y peticiones de los ciudadanos en materia de derechos humanos. Por ejemplo, las organizaciones sociales; las oficinas de atención a la población en cada uno de los organismos de la Administración Central del Estado; la Secretaría del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros; las estructuras permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular y los procedimientos de atención a la población del Consejo de Estado.
La FGR tiene entre sus funciones atender las quejas que presenten los ciudadanos sobre presuntas violaciones de sus derechos, cumpliendo un papel central en el sistema de atención a las reclamaciones.
Con el propósito de ampliar las vías y mecanismos para canalizar las quejas y peticiones de la población, desde 2014 la Fiscalía puso a disposición vías adicionales para la atención a la ciudadanía, entre ellas una línea telefónica las 24 horas del día todo el año. Además, se implementó el correo y un portal web interactivo, así como la recepción de planteamientos a través de las redes sociales. Los fiscales también han intercambiado con los habitantes de comunidades de difícil acceso en montañas y zonas costeras.
En 2019, fueron atendidas de manera personalizada en la Fiscalía 55 407 mujeres, a las que se les ofreció la orientación requerida para la solución de su problemática y el efectivo ejercicio de sus derechos. Se garantiza el anonimato cuando se solicita por estas, o cuando el trámite o requiere, y son utilizados para la realización de denuncias de cualquier naturaleza.
En 2019, se recepcionaron y tramitaron 9 941 reclamaciones donde las promoventes fueron mujeres, 708 que representa solo el 4 %, vinculadas al ejercicio de sus derechos. En su gran mayoría, fueron orientadas jurídicamente para la solución de sus demandas y se accionó ante las presuntas violaciones de los derechos, para el restablecimiento de la legalidad.
La FMC y la CTC cuentan con un mecanismo de atención a la población en cada una de sus sedes municipales, provinciales y la sede nacional. Lo integran especialistas de alta calificación, que orientan a las personas de manera gratuita. Los principales asuntos que plantean las mujeres ante dicho mecanismo se relacionan con el funcionamiento de la propia organización, la vivienda, cuestiones laborales, y otros temas legales.
El establecimiento de una institución nacional independiente de derechos humanos de conformidad con los principios de Paris, se encuentra en proceso de evaluación y análisis en el país.
Conviene subrayar que no existe un modelo único para el establecimiento de instituciones nacionales de derechos humanos, por lo que Cuba seguirá priorizando que cualquier nueva forma que adopten los mecanismos para este propósito cumplan con el objetivo de coadyuvar a la obtención de resultados superiores en el cumplimiento y ampliación de garantías para el disfrute de todos los derechos humanos de sus ciudadanos.
En cuanto a las recomendaciones del párrafo 17, se subraya que la FMC es el Mecanismo Nacional para el Adelanto de la Mujer en Cuba ratificado en el Decreto Presidencial 198/2021.
Sobre la recomendación del párrafo 19, se destaca que, en el proceso de elaboración y aplicación de políticas, programas y medidas destinadas al adelanto de la mujer, se consulta y participan activamente organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Economistas de Cuba (ANEC), la ACNU, la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros (UNAIC), el Círculo de Género y Periodismo de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), el Proyecto de Género de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la Asociación de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) y la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA). Estas y otras organizaciones también participan en el proceso de consulta para la elaboración del informe nacional de Cuba.
En relación con la recomendación del párrafo 21, cabe destacar que en el país se han adoptado diversas medidas especiales de carácter temporal relacionadas con el ámbito de la información y orientación, capacitación en distintas especialidades y oficios no tradicionales, las cuales debían propiciar la inserción femenina en la fuerza laboral y la elevación del nivel educacional. Entre las medidas más recientes se encuentran aquellas que favorecen a madres solas en el otorgamiento de subsidios para la construcción de viviendas; las que ofrecen beneficios adicionales a madres trabajadoras con múltiples hijos en cuanto a la cuantía a pagar por el servicio de los círculos infantiles, como parte de la política para estimular la natalidad; y la bonificación del 50 % de los impuestos sobre los ingresos personales a madres solas que tienen más de dos hijos y que trabajan en el sector no estatal.
Las posibilidades de estudio y trabajo para las mujeres, como vías de preparación para hacer uso de todos los derechos adquiridos y de alcanzar una real autonomía, se han convertido gradualmente en parte de sus expectativas vitales. Ello ha permitido reducir la necesidad de recurrir a medidas especiales de carácter temporal.
No obstante, en la actualidad se aplican medidas temporales para enfrentar la disparidad de género en las tareas de dirección.
La Comisión Estatal encargada de supervisar la promoción de personas a cargos de dirección en entidades estatales y gubernamentales, mantiene vigente la exigencia de proponer para los cargos de dirección a una mujer y un hombre que reúnan los requisitos para desempeñar la responsabilidad en cuestión. En los casos en que exista clara igualdad de condiciones, y en función de los requerimientos del cargo, se favorece la designación de la mujer.
En otras categorías de la actividad laboral, también se aplican medidas temporales, como en los casos de mujeres con discapacidad física que buscan trabajo o matrículas de estudio, en los que se favorece su incorporación.
En cuanto a las recomendaciones contenidas en el párrafo 23, se subraya que actitudes estereotipadas o discriminatorias persisten en la conducta de algunas personas.
Se requiere continuar educando al interior de la familia. En ese sentido, el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres esboza como objetivo general el avance de las mujeres y la igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades, refrendados en la Constitución de la República de Cuba, así como profundizar en los factores objetivos y subjetivos que, como expresiones de discriminación, persisten en la sociedad cubana y obstaculizan un mayor resultado en lo económico, político, social y familiar, con el fin de eliminarlos.
Se observa un incremento en el número de mujeres jefas de hogar, no por el hecho de que vivan solas o no cuenten con la presencia de un esposo o acompañante, sino por el reconocimiento de los demás miembros del núcleo familiar, lo que es una muestra de independencia, ya que no depende la manutención femenina de los hombres como en otras sociedades o épocas anteriores.
Se promueven debates de estos temas en las comunidades; se utilizan las publicaciones de la Editorial de la Mujer, especialmente sus revistas Mujeres y Muchacha; se aborda el asunto en el programa semanal de televisión Cuando una Mujer, y en espacios de la radio y la televisión a nivel de provincias y municipios. El tema Mujer y Comunicación ha ganado mayor visibilidad en nuestra sociedad en los últimos años.
La Asamblea Nacional del Poder Popular, en su Comisión de Atención a la Niñez, La Juventud y la Igualdad de la Mujer ha discutido, de modo específico, lo concerniente a la publicación de mensajes peyorativos sobre las mujeres cubanas en programas musicales y humorísticos de la televisión.
En el ámbito artístico-literario, se han desarrollado diversos espacios de discusión y reflexión, unos específicamente dedicados a la mujer, el feminismo, género y la creación en estos campos, y otros trans-disciplinarios con especialistas de distintas ciencias sociales y humanísticas, en los cuales se han debatido las múltiples formas en que se manifiestan los vestigios de desigualdades y discriminaciones.
Se incrementa el número de investigaciones académicas que desde diferentes aristas y niveles estudian el enfoque de género y la comunicación.
Los últimos años muestran un incremento de la presencia de mujeres en el cine cubano, la que es mayor entre las nuevas generaciones de cineastas egresadas del Instituto Superior de Arte y de la Escuela Internacional de Cine y Televisión. Ellas registran una activa presencia en la edición, producción y fotografía, pero siguen siendo minoría en la dirección.
Pese a los avances en el ámbito de los medios de comunicación, persisten productos comunicativos que abordan la imagen de las cubanas de manera estereotipada y que no se corresponde con los cambios acaecidos en las relaciones de género en nuestro país.
Algunos videos clips y letras de canciones continúan presentando a la mujer como objeto sexual y a los hombres ligados a la violencia, estereotipos machistas y que identifican el éxito con la posesión de bienes materiales.
En relación con las recomendaciones del párrafo 25, el Estado protege a las mujeres de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y crea los mecanismos institucionales y legales para ello. Existe protección efectiva, aunque no haya una ley específica sobre violencia contra la mujer.
Con la entrada en vigor del Código Penal, Ley 151/2022 se enfrenta desde el Derecho Penal la violencia de género y familiar y todas las formas de discriminación, desarrollando normativamente los artículos 42, 46, 81, 82 y 85 de la Constitución de la República.
En ese sentido se:
•Visualiza el enfrentamiento a estos fenómenos en 36 figuras delictivas, a las que se incorporan modalidades con sanciones específicas que hacen referencia a la violencia de género y familiar o a motivos discriminatorios, agravando las sanciones en una amplia mayoría de estos.
•Incorpora la posibilidad de imponer la nueva sanción accesoria de prohibición de acercamiento a la víctima o perjudicado, sus familiares y personas allegadas, la que también se contempla como medida cautelar en la nueva Ley del Proceso Penal y en el Código de Procesos para la solución de los conflictos familiares.
•Establece una regla especial de adecuación para los delitos cometidos con violencia de género o familiar, que posibilite una respuesta sancionadora atemperada a la naturaleza de hechos de este tipo, a cuyo efecto incrementa el límite máximo de la sanción en un tercio.
•Añade la pareja de hecho afectiva en el ámbito de protección de la ley penal, tanto en la correspondiente circunstancia agravante como en las figuras delictivas en las que el cónyuge está concebido como sujeto pasivo del ilícito penal, y en los delitos de atentado, asesinato, amenazas, acoso y ultraje sexual y chantaje, previstos en los artículos 182, 345, 378, 398, y 420.
•Adiciona como circunstancias agravantes: cometer el delito como consecuencia de la violencia de género y familiar, o por motivos discriminatorios de cualquier tipo.
•Funde los delitos de “violación” y “pederastia con violencia” en uno denominado “agresión sexual”, al que traslada las modalidades graves del de “abusos lascivos” y adiciona otros actos que deben ser considerados como delito de esta naturaleza; con esta formulación también se suprime el tratamiento discriminatorio por razón de género y de orientación sexual que está presente en las actuales figuras delictivas mencionada.
•Replantea el “delito contra el derecho de igualdad”, con especial atención en los aspectos relacionados con las diferentes formas de discriminación que proscribe el Artículo 42 del texto constitucional.
Numerosas acciones contribuyen a prevenir y enfrentar la violencia contra la mujer, empezando en las comunidades. Destaca la labor educativa, que ha contribuido a sensibilizar a las personas. Se han implementado servicios de orientación jurídica.
Además, se ha fortalecido el tratamiento a la violencia contra la mujer desde los abordajes científicos, a través de la identificación y priorización de líneas de investigación afines con la temática y la concreción en proyectos de investigación.
Se ha incrementado el tratamiento a los temas de violencia con enfoque de género en diplomados, maestrías, así como en publicaciones para la preparación y capacitación de los profesionales.
Existe un movimiento de activistas y trabajadores sociales que se capacitan para atender a las mujeres y sus familias, contribuyendo a prevenir y erradicar las manifestaciones de violencia.
Se desarrolla una labor educativa mediante debates y conferencias, capacitación a agentes del orden público, personal de cuerpos de guardias médicas, jueces y fiscales; maestros, profesores, periodistas, así como a través de los medios de comunicación, llevando a la televisión y la radio esta problemática. Las revistas temáticas sobre mujeres abordan sistemáticamente este asunto.
Se organizan conferencias, talleres, seminarios, en todas las provincias; y se ha logrado sensibilizar sistemáticamente en el tema a distintos sectores de la población.
Se realizan giras artísticas que toman como centro la eliminación de la violencia y el análisis de sus diferentes manifestaciones.
Campañas como “Eres más”, promovida por el OAR, de alcance nacional, con presentación de spots televisivos, han tenido impacto en la prevención y enfrentamiento de la violencia contra la mujer.
Las mujeres víctimas de violencia reciben apoyo de diversas formas. Tienen la protección que brindan las fuerzas del orden, garantes de la seguridad ciudadana. A ello se unen los trabajadores sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la labor de las organizaciones sociales y comunitarias que actúan por separado o en conjunto, en apoyo a las medidas de protección que se requieran para crear un entorno de seguridad a la víctima y asegurar que se adopten las medidas que correspondan con el victimario.
La FMC cuenta también con sus COMF en cada municipio, cuyos equipos de profesionales (sicólogos, psiquiatras, médicos, pedagogos, juristas y otros colaboradores) brindan ayuda a víctimas, trabajan con victimarios y capacitan a dirigentes de la localidad para encarar mejor los problemas y contribuir a su solución y erradicación.
En cuanto a la existencia de alojamientos temporales para las víctimas, debe reconocerse que la compleja situación de vivienda que enfrenta el país no permite que se creen albergues para estas personas. No obstante, su seguridad se garantiza a partir de las medidas de control que se imponen a los victimarios, ya sea a partir de la presión de la comunidad, como por la influencia de las instituciones gubernamentales, junto con los representantes de la sociedad civil.
Como se expuso anteriormente, si una mujer, o cualquier otra persona, no puede asumir los costos de la representación letrada, el Estado le designa un abogado de oficio libre de costo.
En cuanto a reunir datos sobre violencia contra la mujer, cabe recordar la ENIG, que se abordó antes en este informe, y que incluye un módulo sobre el tema. Se investigó la violencia en la relación de pareja y los datos arrojaron un 26,7 % de mujeres víctimas de algún tipo de manifestación de violencia en los 12 meses anteriores a la encuesta, con mayor prevalencia de violencia psicológica. De las mujeres que fueron víctimas de violencia por parte de su pareja en algún otro momento de su vida, un 39 % no lo fueron en los últimos 12 meses.
Este último dato sugiere que lograron salir de esa situación y no la experimentan en la actualidad, lo que resulta positivo y podría tener su explicación en el empoderamiento y autonomía alcanzada por las mujeres, producto de las políticas implementadas en favor de la igualdad y la no violencia a lo largo de los años.
Sus resultados son ya fuente importante en la implementación de la Agenda de Desarrollo 2030, así como en otros procesos nacionales que con este fin se desarrollan en el país.
Sobre las recomendaciones del párrafo 27, cabe señalar que en el acápite de este informe referido al artículo 6 de la Convención se ofrecieron varias informaciones. No obstante, se subrayan los elementos a continuación.
En febrero de 2017, se aprobó el Plan de Acción Nacional para la prevención y enfrentamiento a la trata de personas y la protección de las víctimas, período 2017-2020. En abril de 2017, visitó Cuba la Relatora Especial de Naciones Unidas para los derechos humanos de las víctimas de la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños.
Los limitados casos identificados a nivel doméstico, no están vinculados a redes delictivas organizadas. Estos, casi en su totalidad, se relacionan con la explotación sexual en el marco familiar o entorno social cercano, y los autores de dichos delitos han sido juzgados de conformidad con la ley. No se han verificado casos de trata vinculados a la extracción de órganos, la esclavitud o el matrimonio forzado.
En el período entre 2019-2020, se juzgaron 15 casos por delitos con rasgos típicos de trata de personas.
Esta baja incidencia se debe fundamentalmente al carácter eminentemente preventivo de las políticas sociales y estatales cubanas, a la política de “tolerancia cero”, así como a la ausencia de redes delictivas organizadas que estén radicadas en el territorio nacional.
De los casos mencionados, 15 se corresponden a la modalidad de trata con fines de explotación sexual y 1 de ellos incluye la modalidad de trata con fines de trabajo forzado. Se identificaron 18 víctimas, de ellas 10 son niñas y 8 son mujeres. Las sanciones penales para los victimarios oscilaron en el rango de 6 a 12 años de privación de libertad. De los 17 acusado identificados, 11 son hombres y 6 son mujeres.
En 2020, el Ministerio de Educación (MINED) continuó perfeccionando la estrategia educativa-preventiva, a destacar la aplicación, seguimiento y evaluación del “Procedimiento para el diseño, ejecución y control del trabajo preventivo”, como vía para desde la concepción del sistema de trabajo científico metodológico, atender a educandos y sus familias, que lo requieran.
El MINED, de conjunto con otros organismos y organizaciones, desarrolló en todos los municipios del país el “Curso de preparación sobre la prevención de la trata de personas desde una perspectiva de género y derecho en instituciones educacionales”. Funcionó en 1 311 sedes, con 6 547 facilitadores. La cifra de participantes fue de 97 779. De ellos, 93 460 del sector de la educación y 4 319 de otros órganos, organismos y organizaciones, incluyendo 1 427 de los órganos de gobiernos locales.
A partir del proceso de diagnóstico y caracterización al universo escolar del Ministerio de Educación, se atendieron a 219 estudiantes identificados por indicios o prácticas asociadas a la prostitución. En todos los casos se elaboraron las estrategias educativas-preventivas para la atención y protección a los menores de edad y se adoptaron medidas con los representantes legales.
Se continuó con la aplicación de 2 protocolos para la atención específica a los comportamientos relacionados con la prostitución y la violencia. Ambos documentos están incorporados en el sistema de trabajo de los diferentes niveles educativos.
La Línea Única de la Fiscalía General de la República ha funcionado las 24 horas todos los días y ha sido un medio del que la población dispone para formular denuncias y quejas sobre diversas materias, incluida la trata de personas. En el 2020 se comunicaron por esta vía, 129 020 ciudadanos y aunque no se recibieron denuncias específicas sobre el delito de Trata de Personas, sí se manifestaron 1 923 hechos sobre presuntas violaciones de los derechos de menores de edad y de mujeres, asuntos que fueron atendidos y respondidos oportunamente.
Cuba mantiene acciones de colaboración internacional para la investigación y solución de casos que trascienden el marco nacional.
Se iniciaron acciones en frontera para identificar y alertar a jóvenes con perfiles de víctima que pretenden viajar al exterior. Además, se monitorean sistemáticamente las publicaciones en Internet relacionadas con ofertas laborales en el exterior, lo que permitió la neutralización de 3 ciudadanos cubanos vinculados a la captación de artistas sin amparo legal.
El gobierno cubano mantiene acciones de colaboración internacional para la investigación y solución de casos de trata que trascienden el marco nacional.
Mantiene también la atención sobre el fenómeno de la prostitución. Tiene como objetivo prevenirla, enfrentar sus causas y manifestaciones, así como brindar nuevas alternativas a las mujeres que la ejercen, a través de un trabajo mancomunado de orientación, educación, convencimiento y prevención, y creando oportunidades de empleo y reincorporación social a quienes desean abandonarla.
Respecto a las recomendaciones del párrafo 29, se ratifica la voluntad del gobierno cubano de continuar perfeccionando la legislación nacional para fortalecer el enfoque desde la igualdad de género. La Constitución de la República, como se ha expuesto antes en este informe, constituye un ejemplo de los avances en este ámbito.
En cuanto a las mujeres en puestos directivos, anteriormente en este informe se ofrecieron cifras que demuestran los avances en órganos como la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros. Los resultados alcanzados demuestran que con voluntad política pueden lograrse resultados positivos, sin imponer metas numéricas, ni sistemas de cuotas.
Sucede igual con las mujeres en los diferentes sectores económicos del país, en los que se continúa promoviendo la presencia femenina. Si bien se ha avanzado, en el campo de las preferencias persiste la inclinación de las mujeres hacia profesiones y oficios que tradicionalmente han desempeñado. Inclusive, cuando se analiza las especialidades de una carrera como la Medicina, las mujeres prefieren la pediatría, la ginecología y obstetricia, la gerontología, la oftalmología, por encima de las cirugías, la neurología y la cardiología.
En general, se pone de manifiesto la tendencia a la feminización de la fuerza altamente calificada. Es decir, más mujeres que hombres ejercen carreras profesionales en los ámbitos científicos y técnicos.
En el acápite referido a los artículos 7 y 8 de la Convención, se brindó información relevante sobre los resultados de las acciones para promover la participación activa de las mujeres en todas las esferas de la vida de la nación, incluyendo los ámbitos político y público, en igualdad de condiciones.
En relación con las recomendaciones del párrafo 31, cabe señalar que las niñas y mujeres cubanas tienen iguales derechos para la matrícula en todos los niveles del Sistema Nacional de Educación.
Al cierre de 2021, funcionaban 1 086 círculos infantiles, con una matrícula total de 141 773 niñas y niños, de ellos 64 613 niñas, para un 47,7 %. En la enseñanza primaria, había 721 647 matriculados, y de ellos eran niñas 352 016, para el 48,76 %. En secundaria básica, del total de 670 382, las niñas eran 330 614 para un 49,3 %. En preuniversitario, del total de 133 982, eran muchachas 84 428, para el 63,01 %. En la enseñanza técnica y profesional, de la matrícula de 193 916 estudiantes, eran mujeres 72 535, para el 37,4 %.
Las mujeres son el 64 % de la matrícula universitaria, con presencia muy destacada, no solo en ramas tradicionalmente feminizadas como las Ciencias Pedagógicas (80 % de mujeres) y las Ciencias Sociales y Humanísticas (74,6 %), sino también en otras, como las Ciencias Médicas (68 %), las Ciencias Económicas (67,2 %) y las Ciencias Naturales y Matemática (61,87 %).
El acceso a la educación gratuita y universal muestra resultados relevantes, el 63 % de los graduados universitarios son mujeres y el 48 % de los investigadores. Tenemos paridad en las enseñanzas primaria y secundaria.
Los niveles de deserción escolar son desestimables por su número, aunque siempre hay una pequeña proporción de niñas que por diferentes razones no culminan los estudios en los niveles de educación obligatoria primaria y secundaria. Con estas se trabaja para su reinserción en el sistema educativo. Así lo demuestra la cifra que matriculó en la educación de adultos para el curso 2019-2020, donde, de un total de 104 216 estudiantes, 49 779 fueron mujeres, para el 47,7 %. De ellas, 493 estudiaban para completar la primaria, y 1 359 para culminar la secundaria básica.
De las 22 universidades pertenecientes al MES, 14 están dirigidas por mujeres en calidad de rectoras, para un 64 %. Esto representa un aumento en un 56,3 % con respecto al informe anterior.
En correspondencia con las acciones para el avance en el reconocimiento y protección de iguales derechos a mujeres y hombres, así como en lo referido a la prostitución y la prohibición de la explotación sexual, el MINED aplica el programa de educación de la sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales para su aplicación en el currículo escolar y en las instituciones de formación docente. El programa está amparado por la resolución ministerial 139/2011, que promueve el aprendizaje inclusivo y equitativo sobre la sexualidad, el género, los derechos individuales y colectivos, la diversidad sexual, la salud sexual y reproductiva, entre otros temas, que contribuyen a la formación integral y de calidad de niños, niñas y adolescentes.
En el proceso del tercer perfeccionamiento del MINED, se han formulado nueve componentes. Entre ellos se incluye la educación para la salud y la sexualidad, con el propósito de que niñas, niños y adolescentes tengan un estilo de vida saludable y sostenible desde lo individual, familiar y social. Promueve la sexualidad responsable con enfoque de género y de derechos como contribución a su preparación para la construcción del bienestar físico, psíquico, espiritual y social.
Continúan las acciones de educación y capacitación al personal docente en todos los niveles de enseñanza, en materia de género, discriminación y violencia.
Respecto a las recomendaciones del párrafo 33, cabe señalar, tal como se abordó antes en el informe, que en Cuba las mujeres reciben igual salario por trabajo de igual valor. Se reitera que el Código de Trabajo consagra, entre los principios fundamentales que rigen el derecho al trabajo, el de igualdad en el salario.
Las disposiciones del Código de Trabajo son aplicables a todos los sectores de la economía, entidades estatales, trabajadores del sector no estatal, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, modalidades de inversión extranjera, sucursales y agentes de sociedades mercantiles extranjeras radicadas en nuestro país, en estos casos con las adecuaciones que establece la Ley de la Inversión Extranjera.
En cuanto a las condiciones laborales de la mujer, el propio Código de Trabajo dispone que el empleador es el responsable de garantizar las condiciones de trabajo adecuadas y el disfrute de los derechos reconocidos en la legislación de trabajo, así como desarrollar adecuadas relaciones con los trabajadores, basadas en la atención a sus opiniones y quejas, la protección a la integridad física, psicológica y el debido respeto a la dignidad de los mismos.
La Oficina Nacional de Inspección del Trabajo del MTSS, y sus filiales provinciales o territoriales, realiza la inspección del trabajo y el control del cumplimiento de la legislación de trabajo, de seguridad social, así como dispone o aplica a los empleadores infractores las medidas establecidas legalmente.
Asimismo, se regulan las infracciones de los derechos fundamentales en la protección a la trabajadora.
Este informe ya abordó los beneficios que para las mujeres tiene el Decreto Ley 56/2021 “De la maternidad de la trabajadora y la responsabilidad de las familias” con amplio reconocimiento al papel social de la maternidad, la incorporación y reincorporación de la mujer al trabajo y la participación de otros familiares en el cuidado y atención de los hijos menores de edad. La nueva Constitución eleva la concepción de la responsabilidad compartida al incluir la protección de la paternidad en los artículos 68 y 84.
Se realizan acciones para alentar a los hombres a que compartan más las responsabilidades parentales, en particular para que aprovechen la posibilidad de acogerse a licencias de paternidad.
En cuanto a las recomendaciones del párrafo 35, cabe mencionar que se trabaja para aumentar el uso de métodos anticonceptivos modernos de planificación familiar (condón y hormonales), fundamentalmente en las mujeres jóvenes. Se ha mantenido elevada y estable la cifra de cobertura anticoncepcional total, por encima de 77,1 %. El uso del condón representa el 14,5%, los hormonales el 9,4% (píldoras e inyectables), los dispositivos intrauterinos el 50%, la esterilización femenina el 23% y otros el 3,1%. Se ha detectado que el 19% de las adolescentes utiliza dispositivos intrauterinos, el 30% el condón, el 13% anticonceptivos hormonales orales y un 3% los inyectables.
Se divulgan ampliamente, por todas las vías posibles, las consecuencias negativas para las mujeres de las interrupciones de embarazos, y se reafirma la necesidad de que éstas constituyan una responsabilidad de los dos integrantes de la pareja. El propósito que se persigue es introducir en los conceptos y comportamientos de la juventud la idea de la maternidad y la paternidad responsable y consciente.
No obstante, la interrupción del embarazo en Cuba es un servicio gratuito y seguro de salud, como todos los demás que se brindan, que ofrece la atención y la información adecuadas, sobre la decisión que se adoptará. Este es un derecho que asiste a la pareja y en última instancia, a la mujer.
Se ha logrado que los derechos sexuales y reproductivos, incluidos el derecho al aborto y la elección libre y responsable sobre la fecundidad, estén garantizados y formen parte de los servicios de salud para mujeres y la familia en general, incluyendo servicios de planificación familiar, información y educación.
Se destaca que el 100 % de las instituciones de atención primaria de salud ofrecen servicios de salud sexual y salud reproductiva integral. En las comunidades urbanas y rurales, el médico y la enfermera de la familia brindan atención primaria de salud priorizada a mujeres en edad fértil identificadas como riesgo preconcepcional, a embarazadas, puérperas, recién nacidos y a niños y niñas menores de cinco años. Existen 2 610 médicos especializados en Obstetricia y Ginecología, y de ellos 1 355 son mujeres, para el 52 %. En Pediatría, hay un total de 2 606 médicos, de los cuales son mujeres 1 920, para un 73,6 %. En Neonatología, de 748 son mujeres 620, para el 82,8 %.
Al cierre de 2019, las instituciones de atención primaria que prestaban servicios de salud sexual y reproductiva eran 13 131 (10 869 consultorios, 449 policlínicos y 132 Hogares Maternos).
En el año 2019, los indicadores reportados de abortos, inducidos en mujeres entre 12 y 49 años de edad fueron 27,0 por 1000 mujeres; 66, 7 por 100 partos y 39,8 por 100 embarazadas.
Todas las instituciones de salud, incluidas las de atención primaria, disponen de medicamentos para el aborto y cuentan con personal capacitado y material para realizar abortos seguros y proporcionar cuidados posteriores al aborto.
En 2019, la tasa de fecundidad general es de 42,5 nacidos vivos por 1000 mujeres de 15 a 49 años.
Es importante destacar que la atención médica a niños, niñas y mujeres embarazadas está garantizada en zonas montañosas y de difícil acceso. En el año 2019, el porciento total de embarazadas en esas zonas rurales captadas en el primer trimestre del embarazo fue de 90,6. De ellas, eran menores de 20 años 1 609.
Respecto a las recomendaciones del párrafo 37, se subraya que todas las mujeres en Cuba, independientemente de su condición, tienen acceso a los servicios de atención sanitaria, las prestaciones sociales y la participación en la vida política y pública.
Por ejemplo, el 90 % de las mujeres que viven con VIH y que requieren terapia se encuentran bajo tratamiento antirretroviral de forma gratuita. La cobertura aumenta en consonancia con los cambios de criterios recomendados por la OMS y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA).
Conviene resaltar que Cuba fue el primer país del mundo en eliminar la transmisión madre a hijo del VIH y la Sífilis, certificado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2015. En 2019 la OMS certificó estos resultados nuevamente.
Se avanza de manera sostenida en sensibilizar a la sociedad en relación con la eliminación de los estereotipos de género y patrones sexistas que desfavorecen a la mujer, al tiempo que se alcanza un mayor entendimiento y aceptación de la diversidad sexual, y hacia las personas que viven con el VIH.
Destaca la actividad del Centro de Atención a la Salud Integral de las Personas Transexuales, institución del Sistema Nacional de Salud autorizada para realizar tratamientos médicos totales o parciales de reasignación sexual. También, el trabajo de la Comisión Nacional de atención integral a personas transexuales, dirigida por el CENESEX.
Existen 150 instituciones de salud (hogares de ancianos) dedicadas al cuidado de las personas mayores que viven solas, con una dotación de 11 898 camas. Además, existen 3 744 plazas para atención solo por el día a personas de este grupo de edad. El total de mujeres en hogares de ancianos asciende a 3 736, para el 34 % de los 10 998 adultos mayores en esas instituciones.
En sus esfuerzos por consolidar una sociedad en la que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan las mismas oportunidades, el Estado cubano dedica especial atención a las personas con discapacidad. La política prioriza las acciones para lograr una participación plena y efectiva de estas personas en su entorno social. Para ello, se implementa el Plan de Acción Nacional para la Atención a Personas con Discapacidad, encaminado a la promoción, coordinación y ejecución de políticas, estrategias, programas y servicios que permitan elevar su calidad de vida, equiparación de oportunidades, integración y su participación activa en el desarrollo económico y social.
En 2021, un total de 4 037 madres de hijos en situación de discapacidad estaban protegidas por el sistema de asistencia social.
Las niñas y mujeres con discapacidad se benefician de una protección general encaminada a garantizar su desarrollo integral. Tienen acceso, sin restricciones, al Sistema Nacional de Educación, universal y gratuito, incluida la Enseñanza Especial, dirigida a las que tienen algún tipo de discapacidad intelectual y que requieren atención especializada.
El MINED trabaja para mejorar la preparación de los docentes en función de lograr una mayor calidad en la atención a estos niños y niñas con necesidades educativas especiales. Se les garantiza el acceso a los aditamentos que facilitan su participación en la sociedad. Ello incluye adaptaciones individuales con implantes cocleares y prótesis, entre otras facilidades.
Se ha hecho particular énfasis en el acceso de las personas con discapacidad a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Los Joven Club de Computación y Electrónica incluyen en sus programas la atención de niñas y mujeres con discapacidad de diferente naturaleza, centrando sus esfuerzos en la creación de software educativos y juegos didácticos e instructivos.
Las niñas y mujeres con discapacidad disfrutan de los beneficios del Sistema Nacional de Salud integral, universal y gratuito. Para atender sus necesidades particulares, existen centros especializados y personal altamente calificado. Se cuenta con 30 Centros Médicos Psicopedagógicos para atender a personas con discapacidad intelectual y 420 salasde rehabilitación en la atención primaria de salud para personas con discapacidad físico-motora. Los talleres de creación, apreciación y apreciación-creación artística de las asociaciones de personas con discapacidad benefician a 25 000 personas.
Existe un servicio estatal de asistentes para el cuidado de niños y niñas, enfermos(as), personas con discapacidad y personas de edad.
En cuanto al matrimonio y el requerimiento de establecer el mismo límite de edad de 16 años para las niñas y los niños, y que se exija la autorización de un tribunal en todos esos casos, son temas que han sido modificados con la aprobación del Código de las Familias, elevando la edad del matrimonio a 18 años, sin excepciones.
En relación con la recomendación del párrafo 41, es necesario señalar que el sistema de estadísticas demográficas y sociales de Cuba tiene un desglose que permite construir indicadores por género según requerimientos nacionales. Como ejercicio estadístico de mayor relevancia, el país realizó en los años 2016 y 2017 la ya mencionada ENIG. La misma incluyó las temáticas siguientes: características sociodemográficas de las personas, viviendas y hogares; concepciones acerca de la igualdad; uso del tiempo y cuidados; familia y relaciones de pareja; y violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. Actualmente, en virtud de la implementación del PAM se elabora el Observatorio Científico de Género para dar seguimiento a la utilización correcta del enfoque de género en la construcción de indicadores y captación de estadísticas, así como realizar análisis integrales, cuantitativos y cualitativos, en materia de igualdad, que contribuyan a la adopción de políticas públicas.
Para el Censo del año 2022, se proyecta el perfeccionamiento del sistema de estadísticas mencionado, a través de la inclusión de una serie de preguntas que permitan profundizar en la temática de género y en los indicadores que le son concurrentes.
Sobre la ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención, mencionada en el párrafo 43 de las observaciones finales del Comité, se señala que, hasta el momento, no se ha considerado necesario asumir obligaciones con procedimientos e instancias de jurisdicción supranacional para la tramitación de peticiones individuales. Tampoco acudir a la asistencia de investigaciones internacionales para asegurar a las personas que residen en el territorio nacional la plena protección y disfrute de los derechos y recursos que establecen instrumentos internacionales de derechos humanos. El país cuenta con los recursos y mecanismos necesarios para ello.
El empleo adecuado de los recursos establecidos por la legislación nacional ha permitido impedir en Cuba cualquier violación de las disposiciones establecidas por la Convención u otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
En cuanto al contenido del párrafo 44, vale señalar que para Cuba el cumplimiento de los compromisos referidos a la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, incluida la observancia y aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, los acuerdos de la Conferencia de Población y Desarrollo, así como los devenidos de los consensos de las Conferencias Regionales sobre la Mujer de la CEPAL, en particular la Estrategia de Montevideo, constituyen un principio elemental en su concepción de desarrollo próspero y sostenible y son utilizados para diseñar acciones que tributen a la aplicación de la Convención en el país, así como a la implementación de la Agenda 2030, con énfasis en el ODS 5 y la transversalización de género en los restantes ODS.
Respecto al párrafo 45, sobre la base de las características y estructura del sistema político cubano, y como parte del proceso de actualización del modelo cubano de desarrollo económico y social, se mejoran los mecanismos garantes del avance de las cubanas y la igualdad entre los géneros. Al mismo tiempo, la Estrategia de Montevideo se convierte en línea fundamental para la implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del desarrollo sostenible y para el logro de una adecuada tranversalización de género en las políticas, estrategias y planes nacionales.
El documento Base del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030: Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos, respaldado por la Asamblea Nacional del Poder Popular en junio de 2017, se sometió a un amplio proceso de consulta popular. Dicho documento tiene un enfoque de género adecuado, promueve el adelanto de la mujer, respalda y garantiza sus derechos.
En cuanto al párrafo 46, se brindó información anteriormente en este informe.
Relativo al párrafo 47, el Gobierno de Cuba tiene a bien señalar que mantiene en estudio los instrumentos internacionales de los que no es parte, incluyendo los pactos de derechos humanos. La decisión de ratificar los mismos se tomará, de manera soberana, cuando se considere que están dadas las condiciones para que el accionar del país en estos temas no sea objeto de manipulación o singularización política. Sin embargo, la no ratificación de estos instrumentos hasta ahora no ha excluido el cumplimiento con el espíritu y la letra de los mismos, tanto en la ejecutoria interna del país, como en su proyección internacional, en correspondencia con la práctica mantenida de observancia y respeto a todos los derechos humanos.