Distr.GENERAL
CCPR/C/AUS/Q/5/Add.15 de febrero de 2009
ESPAÑOLOriginal: INGLÉS
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS95º período de sesionesNueva York, 16 de marzo a 3 de abril de 2009
RESPUESTAS A LA LISTA DE CUESTIONES (CCPR/C/AUS/Q/5) QUE DEBEN ABORDARSE AL EXAMINAR EL QUINTO INFORME PERIÓDICO DEL GOBIERNO DE AUSTRALIA (CCPR/C/AUS/5) *
[19 de enero de 2009]
Respuestas del Gobierno de Australia a la lista de cuestiones del Comité de Derechos Humanos
Pregunta 1
1.Existen diversas leyes en vigor que tienen por efecto aplicar diferentes disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el Pacto), como se indica a continuación.
2.La Constitución de Australia contiene una serie de garantías expresas o implícitas de los derechos e inmunidades. Un ejemplo de una disposición constitucional expresa relativa a la protección de los derechos es la prohibición de las leyes que interfieren con la libertad religiosa amparada en el artículo 116 de la Constitución. El Tribunal Superior de Australia también ha reconocido que hay protecciones implícitas que dimanan de la estructura misma de la Constitución en su condición de instrumento basado en un sistema de "democracia representativa", como el derecho a la libertad de comunicación en lo que se refiere a asuntos políticos.
3.Australia tiene un marco legislativo para la protección de los derechos humanos. Piezas clave de la legislación del Commonwealth que sirven para aplicar las disposiciones del Pacto son: la Ley sobre la discriminación racial, de 1975 (Commonwealth); la Ley sobre la discriminación sexual, de 1984 (Commonwealth); la Ley sobre la discriminación por discapacidad, de 1992 (Commonwealth); la Ley sobre la discriminación en razón de la edad, de 2004 (Commonwealth); la Ley de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, de 1986 (Commonwealth); la Ley de protección de la intimidad, de 1998 (Commonwealth), y la Ley sobre relaciones laborales, de 1996 (Commonwealth). El marco federal de los derechos humanos se complementa mediante marcos legislativos sobre la lucha contra la discriminación a nivel de los Estados y los Territorios.
4.Australia también tiene un marco de derecho administrativo bien establecido que permite a las personas impugnar una amplia gama de decisiones gubernamentales y obtener explicaciones sobre decisiones concretas que se han adoptado.
5.Además de estos marcos legislativos y constitucionales bien establecidos, el Gobierno de Australia sigue introduciendo legislación que hace efectivas las obligaciones contraídas por Australia en virtud del Pacto. Últimamente, el Gobierno australiano presentó al Parlamento una serie de reformas para eliminar la discriminación contra las parejas del mismo sexo en alrededor de 100 leyes federales.
6.Además, el 10 de diciembre de 2008, el Gobierno de Australia anunció una consulta a nivel de toda Australia para determinar la mejor manera de reconocer y proteger los derechos humanos y las responsabilidades en Australia. El objetivo de la consulta es aglutinar un amplio abanico de puntos de vista, procedentes de todo el espectro de la sociedad australiana, acerca de cómo se deben proteger los derechos humanos. Es importante destacar que la consulta no presupondrá ningún resultado ni se limitará al examen de ninguna categoría concreta de derechos humanos.
7.Una carta legislativa de derechos y de responsabilidades es una opción para la protección de los derechos humanos, pero cualquier nuevo planteamiento se derivará de las opiniones expresadas por el pueblo australiano. El Gobierno ha indicado que, si bien no apoya la inclusión de una carta de derechos en la Constitución, la consulta tendrá en cuenta una serie de opciones para reconocer y proteger los derechos humanos en Australia.
8.Es probable que la consulta se acompañe de un estudio de cómo las obligaciones internacionales de Australia, entre ellas las incluidas en el Pacto, se aplican en la legislación nacional.
Pregunta 2
9.El Gobierno es consciente de la Observación general Nº 24 relativa a las reservas al Pacto, en particular, la recomendación del Comité de que los Estados deben también asegurarse de que se revise periódicamente la necesidad de mantener las reservas, teniendo en cuenta toda observación y recomendación que el Comité pueda hacer durante el examen de los informes periódicos.
10.El Gobierno de Australia no tiene intención por el momento de retirar las reservas de Australia al artículo 10, párrafos 2 a) y b) y párrafo 3, al artículo 14, apartado 6, y al artículo 20 del Pacto. El Gobierno seguirá realizando un examen periódico de sus reservas al Pacto.
Pregunta 3
11.El Gobierno de Australia reitera su posición de que los Estados partes deben examinar de buena fe las opiniones de la Comisión adoptadas en el marco del primer Protocolo Facultativo, y que éstas deben recibir todo el crédito que merecen, aunque no son oficialmente vinculantes por ley.
12.El Gobierno de Australia felicita al Comité por su iniciativa de redactar la Observación general Nº 33.
13.De los siete casos mencionados por el Comité, cinco plantearon cuestiones en relación con las leyes, las políticas y las prácticas de Australia en materia de inmigración. El Gobierno de Australia ha establecido una serie de medidas que, a su juicio, reducen la probabilidad de que se presenten en el futuro comunicaciones sobre estos temas. Estas medidas se resumen en un discurso pronunciado por el Ministro de Inmigración y Ciudadanía el 29 de julio de 2008. El texto del discurso se puede consultar en: http://www.minister.immi.gov.au/media/speeches/2008/ce080729.htm.
14.En lo que respecta a las circunstancias planteadas en la comunicación Young c. Australia, de 27 de noviembre de 2008, el Parlamento aprobó la modificación de la legislación para eliminar la discriminación contra las parejas del mismo sexo de una serie de leyes del Commonwealth, incluida la Ley sobre los derechos de los excombatientes de 1986 (VEA). Una vez que las enmiendas a la VEA entren en vigor el 1º de julio de 2009, las parejas del mismo sexo de los veteranos de guerra fallecidos e incapacitados tendrán derecho a solicitar una pensión en virtud del artículo 13 de la ley. Si bien las modificaciones no tendrán efecto retroactivo, permitirán que una pareja de un veterano del mismo sexo que hubiera fallecido antes del 1º de julio de 2009 tenga derecho a recibir prestaciones en metálico en virtud de la VEA cuando las enmiendas entren en vigor. Ello es acorde con la política del Gobierno de eliminar en el futuro la discriminación contra parejas del mismo sexo y sus familias. Las reformas no contemplarán pagos retroactivos en virtud de la VEA desde de la fecha del fallecimiento de la pareja hasta la entrada en vigor de las reformas el 1º de julio de 2009. Sin embargo, las personas afectadas pueden solicitar un pago a título de "acto graciable" o un pago ex gratia en lo que respecta a estos importes junto con los derechos a una futura pensión.
15.El Gobierno de Australia se compromete a mantener informado al Comité sobre cualesquiera acontecimientos futuros que afecten a los casos mencionados por el Comité y otros casos.
Pregunta 4
El Pacto
16.Australia acepta que puede haber circunstancias excepcionales en las que los derechos y libertades enunciados en el Pacto pueden ser de aplicación fuera del territorio de un Estado parte (aunque toma nota de que el ámbito jurisdiccional del Pacto, como cuestión de derecho internacional, está todavía por fijar). Si bien Australia cree que las obligaciones que figuran en el Pacto son esencialmente de carácter territorial, Australia ha tenido en cuenta las opiniones del Comité en su Observación general Nº 31 sobre las circunstancias en que el Pacto puede ser de aplicación extraterritorialmente.
17.Australia considera que debe recurrirse a criterios muy estrictos antes de poder considerar que un Estado controla efectivamente territorio en el extranjero. Estos criterios no se cumplen necesariamente en todos -o, siendo rigurosos, en ninguno- de los casos en que funcionarios de Australia puedan operar esporádicamente fuera del territorio de Australia. Los derechos reconocidos en el Pacto que el Estado Parte debería aplicar fuera de su territorio quedarán determinados por las circunstancias concretas del caso. Factores pertinentes son los grados de autoridad y de control que ejerce el Estado parte, y las medidas que se podrían considerar razonables y apropiadas en esas circunstancias.
18.Las únicas circunstancias en las que Australia estaría en condiciones de conceder todos los derechos y libertades en virtud del Pacto extraterritorialmente serían aquellas en las que ejerciese todas las competencias normalmente ejercidas por un Estado soberano, como tener la facultad de dictar y hacer cumplir las leyes, como consecuencia de una ocupación, un despliegue de tropas acordado por las partes o una misión que cuente con un mandato de las Naciones Unidas. En ninguna otra circunstancia podría decirse que Australia estaría en condiciones de dar efecto a todos los derechos enunciados en el Pacto. Sin embargo, incluso en estos casos, Australia podría tener obligaciones en lo relativo a garantizar que la actual legislación penal del territorio siguiera en vigor, en consonancia con las obligaciones que recaen sobre una Potencia ocupante, o tendría la obligación de respetar la soberanía del Estado anfitrión.
19.Si Australia estuviera ejerciendo funciones de autoridad como consecuencia de una ocupación o durante un despliegue de tropas realizado con el consentimiento de un Estado que las acogiese en su territorio, en circunstancias en que fueran de aplicación los principios del derecho internacional humanitario, Australia acepta que hay un cierto margen para que los derechos en virtud del Pacto siguieran siendo aplicables, aunque, en caso de conflicto entre las normas aplicables en virtud del Pacto y las normas del derecho internacional humanitario, éste último se aplica en calidad de lex specialis. Además, la existencia de un mandato de las Naciones Unidas también puede ser pertinente para determinar la legalidad de una acción concreta, como la privación de libertad o la injerencia en la intimidad.
20.Australia asegura al Comité que en todos los casos respeta los derechos y libertades fundamentales contemplados en el Pacto y, en la medida en que Australia está en condiciones de asegurarlos durante operaciones militares o civiles que ocurran fuera de Australia se esforzará, como cuestión de política, por aplicar medidas apropiadas y razonables en las circunstancias del caso.
21.Con respecto a los actos de funcionarios australianos en el extranjero, en toda circunstancia los funcionarios de Australia estarán también obligados a cumplir las leyes penales de Australia que tienen aplicación extraterritorial. Por ejemplo, las Fuerzas de Defensas de Australia están sujetas a las disposiciones extraterritoriales que imponen el Código Penal del Commonwealth y la Ley de sanciones disciplinarias contra las Fuerzas de Defensa, cuando éstas se despliegan en el extranjero.
El segundo Protocolo Facultativo
22.El segundo Protocolo Facultativo dispone, en el párrafo 1 del artículo 1, que:
"No se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte en el presente Protocolo."
Australia acepta que, de conformidad con el principio de que los derechos del Pacto pueden ser pertinentes fuera del territorio de un Estado Parte, la obligación establecida en el párrafo 1 del artículo 1 del segundo Protocolo Facultativo también puede ser, en circunstancias adecuadas, pertinente fuera del territorio de Australia. Australia considera que esas circunstancias se limitan a casos en los que Australia está ejerciendo todos los poderes normalmente ejercidos por un gobierno soberano, incluida la facultad de dictar y hacer cumplir condenas impuestas por tribunales. En ninguna otra circunstancia estaría Australia en condiciones de dar cumplimiento a la obligación establecida en el párrafo 1 del artículo 1 del segundo Protocolo Facultativo.
Pregunta 5
23.El Gobierno de Australia lleva a cabo periódicamente exámenes y análisis rigurosos internos de los proyectos de ley, en particular proyectos de ley de lucha contra el terrorismo, a fin de determinar hasta qué punto son compatibles con las obligaciones tanto nacionales como internacionales en materia de derechos humanos. Estos controles garantizan que todas las restricciones o limitaciones de derechos en virtud del Pacto queden estrictamente justificadas por motivos admisibles, entre ellos los motivos de seguridad nacional o de orden público.
24.Las leyes de Australia en materia de lucha contra el terrorismo incluyen estrictas salvaguardias legislativas para garantizar que los poderes se ejercen con moderación y que se respetan los derechos humanos. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los órganos de seguridad y de inteligencia también están sujetos a la supervisión de diversas entidades independientes, entre ellas el Defensor del Pueblo y el Inspector General de Inteligencia y Seguridad.
25.La Ley antiterrorista (Nº 2) 2005 (Commonwealth) prevé la revisión en 2010 de las nuevas medidas contra el terrorismo que contiene. Esta revisión la llevará a cabo el Consejo de Gobiernos de Australia y también afectará a la legislación conexa de los Estados y los Territorios. Los funcionarios de los Estados y los Territorios en el Consejo son independientes del Gobierno de Australia. Del mismo modo, la Comisión Parlamentaria Conjunta de Inteligencia y Seguridad llevará a cabo antes de 2016 una revisión de la división 3 de la parte III de la Ley de la organización de seguridad e inteligencia de Australia de 1979.
26.El 23 de diciembre de 2008, el Gobierno de Australia anunció que establecería un Observatorio Nacional de la Legislación de Seguridad para revisar el funcionamiento en la práctica de la legislación contra el terrorismo. Este observatorio será una oficina independiente adscrita a la cartera de Presidencia del Consejo de Ministros e informará al Parlamento. Esta propuesta es acorde con las recomendaciones formuladas a partir de los diversos exámenes de la legislación antiterrorista. La respuesta del Gobierno a los últimos exámenes y preguntas en relación con la legislación contra el terrorismo, incluida la investigación sobre el caso del Dr. Mohamed Haneef, está a disposición del público en: http://www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/Page/Publications_AustralianGovernmentresponsestotheClarkeInquiryandothercounter-terrorismreviews-December2008. Un resumen de los aspectos clave de la respuesta está disponible en: http://www.attorneygeneral.gov.au/www/ministers/RobertMc.nsf/Page/MediaReleases_2008_FourthQuarter_23December2008-ComprehensiveResponseToNationalSecurityLegislationReviews.
Pregunta 6
27.Al Gobierno de Australia le sigue preocupando que los indígenas de Australia estén representados desproporcionadamente en los sistemas de justicia penal y juvenil. Los reclusos indígenas constituían el 24% del total de la población reclusa el 30 de junio de 2007. A partir de esa fecha, el porcentaje medio normalizado de indígenas reclusos era de 1.787 por cada 100.000 habitantes indígenas adultos (13 veces superior al porcentaje de no indígenas). Las mujeres indígenas constituyen la población penitenciaria que crece más rápidamente. Al 30 de junio de 2007, el número de reclusas indígenas era de 614 (un aumento del 13,5% en comparación con las cifras de 2006). Aunque la tasa de detención de menores indígenas y no indígenas ha disminuido desde 1994, los jóvenes indígenas constituyen el 54% de los menores privados de libertad y tienen 21 veces más probabilidades de ser detenidos que los delincuentes juveniles no indígenas.
28.El informe anual de 2006 del Programa Nacional de Muertes en Reclusión elaborado por el Instituto Australiano de Criminología (AIC) puso de manifiesto que durante 2006 ocurrieron 11 muertes en prisión. De estas 11 muertes, 4 ocurrieron en prisión, 6 acaecieron cuando la persona estaba bajo custodia policial y en las operaciones relacionadas con la custodia, y en 1 caso la víctima era un menor detenido. El AIC observa que la ratio indígenas/no indígenas en relación con las personas fallecidas mientras se encontraban privadas de libertad creció anualmente entre 2001 y 2005, antes de descender hasta 3/10 en 2006.
29.Las cuestiones de justicia penal y juvenil, incluidos los servicios correccionales, son principalmente responsabilidad de los gobiernos de los Estados y los Territorios de Australia. Los gobiernos estatales y territoriales han emprendido una serie de estrategias de diversa índole. Si bien los resultados de muchos de los proyectos no son necesariamente mensurables de forma directa o aún no han sido evaluados, hay indicios de que algunos proyectos están teniendo su repercusión.
30.Por ejemplo, el primer tribunal sentenciador de Queensland dedicado a infractores indígenas se estableció en 2002. El tribunal, conocido como el Tribunal Murri, ha pasado a ser la respuesta que en Queensland se ha dado localmente a la excesiva comparecencia de indígenas ante el sistema de justicia penal. En septiembre de 2005, el Departamento de Justicia y el Fiscal General de Queensland realizaron un examen interno del Tribunal Murri. Las personas que colaboran con el Tribunal Murri consideraron que este tribunal es un mecanismo eficaz para aumentar la participación y el sentimiento de propiedad de la comunidad indígena respecto del proceso de justicia penal y que debería incluirse, entre los objetivos del Tribunal Murri, un objetivo adicional que se refiriese a la construcción de la comunidad y la colaboración comunitaria. Debido a lo limitado de los procesos de recopilación de datos en vigor, no fue posible determinar concluyentemente si el Tribunal Murri está cumpliendo sus objetivos en materia de reducción de los encarcelamientos, disminución de la tasa de reincidencia y reducción del número de delincuentes indígenas que no comparecen ante los tribunales. Sin embargo, atendiendo al número y el tipo de mandamientos que el Tribunal Murri dictó en todos los lugares en que realizó juicios, hay indicios de que el Tribunal Murri está teniendo éxito en su objetivo de conseguir que los delincuentes eviten las penas de cárcel, beneficiándose de penas alternativas. Pruebas puntuales aportadas por los magistrados del Tribunal Murri apuntan a que muchos de los delincuentes que comparecen ante el Tribunal Murri reciben órdenes de libertad condicional con fines de rehabilitación en vez de condenas de prisión. El Instituto Australiano de Criminología está realizando actualmente un examen independiente del Tribunal Murri, que se espera finalice a finales de 2009.
31.Otras iniciativas adoptadas por los Estados y los Territorios para hacer frente a la sobrerrepresentación de indígenas australianos en conflicto con el sistema de justicia penal son:
-En Queensland, grupos de miembros destacados de la comunidad conocedores de los problemas judiciales, creados para apoyar a víctimas y delincuentes indígenas en todas las etapas del proceso judicial, fomentan el proceso de remisión a instancias alternativas y desarrollan redes con otros organismos para garantizar que se abordan cuestiones que repercuten adversamente en las comunidades indígenas; la formación y el apoyo de los jueces de paz indígenas que desempeñan un papel importante para ayudar a sus comunidades con los procedimientos jurídicos básicos y la transmisión de una comprensión del sistema de justicia en general; y un programa dirigido a apartar a los indígenas del alcohol, que incluye el objetivo específico de reducir el número de personas indígenas que tienen que ver con el sistema de justicia penal;
-En Victoria, un Acuerdo sobre la Justicia para los Aborígenes; el establecimiento de un Tribunal del Condado de Koori en Victoria; la puesta en marcha de un Programa Local para el Trabajador de la Justicia para apoyar a los delincuentes koori a cumplir sus mandamientos de servicios a la comunidad; y programas de justicia específicamente dirigidos a los koori, entre ellos el Programa de Justicia Juvenil Koori, el Programa Intensivo koori de Apoyo a la Libertad bajo Fianza, el Programa Koori de Personas Desescolarizadas Precozmente y de Empleo Juvenil, y el Programa Koori previo y posterior a la puesta en libertad;
-En Australia Meridional, los tribunales sentenciadores aborígenes y las Deliberaciones Aborígenes, en particular los muy exitosos Tribunal Nunga de Port Adelaida y los tribunales que realizan juicios con deliberación colectiva de Port Lincoln, están sirviendo para mejorar la idoneidad cultural del sistema judicial de Australia Meridional explicando llanamente los procesos judiciales establecidos para la población aborigen y dando prioridad al tratamiento de los problemas subyacentes a través del programa de remisión a otras instancias y la participación de los ancianos y las víctimas en los procesos judiciales; y el Tribunal de Magistrados emplea a funcionarios de justicia aborígenes para ayudar a las personas aborígenes que tienen procesos pendientes en los tribunales;
-En Australia Occidental, entre las medidas para abordar los problemas de presencia excesiva de aborígenes están el establecimiento de Estrategias para la Reducción del Encarcelamiento de Aborígenes (RAIS); dos tribunales comunitarios aborígenes; la asignación de oficiales de enlace con los aborígenes a una serie de tribunales de primera instancia en toda Australia Occidental; el establecimiento de un grupo de facilitadores aborígenes, que presta asistencia a los delincuentes; la provisión de servicios de apoyo, mediante contratas con organizaciones no gubernamentales (ONG), a los delincuentes y sus familias, para ayudarles en la transición de la cárcel a la comunidad; y otras iniciativas, como el proyecto de la estación de telecomunicaciones Decca, que ofrece formación para permitir que los exconvictos accedan a un empleo.
32.En el ámbito federal, el Gobierno de Australia también sigue llevando a cabo una serie de estrategias para abordar el número desproporcionado de aborígenes australianos que tiene que rendir cuentas ante la justicia penal. Ejemplos de estrategias del Gobierno de Australia son el Programa de prevención, tratamiento alternativo a la vía judicial, rehabilitación y justicia restitutiva; el Programa de Asistencia Jurídica para Australianos Aborígenes; los Servicios Jurídicos para la Prevención de la Violencia Familiar y el Programa de Desarrollo de la Promoción del Derecho y la Justicia.
33.El Gobierno de Australia ofrece financiación a través del Programa de prevención, tratamiento alternativo a la vía judicial, rehabilitación y justicia restitutiva, para desarrollar y emprender proyectos que reduzcan las experiencias negativas de aborígenes australianos con el sistema de justicia. El Programa también está destinado a facilitar proyectos que apoyen a aborígenes australianos encarcelados o privados de libertad y que ofrezcan atención y apoyo para ayudar a su reinserción con éxito en la comunidad. Se alienta la solución pronta de las controversias, incluso a través de prácticas en materia de justicia restaurativa, con una mayor participación de los organismos, las víctimas, los delincuentes y las comunidades indígenas.
34.El Programa de Asistencia Jurídica para Indígenas Australianos ofrece servicios jurídicos profesionales y culturalmente apropiados a los australianos indígenas. En el ejercicio 2007/08, los Servicios Jurídicos para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres (ATSILS) prestaron asistencia en un total de 150.407 casos penales. Ello representa un aumento respecto de 2006/07, cuando los ATSILS prestaron asistencia en 144.275 casos penales. A lo largo de los ejercicios fiscales 2006/07 y 2007/08, la mayoría de los servicios se proporcionaron a adultos de entre 25 y 54 años de edad.
35.Los servicios jurídicos de prevención de la violencia familiar proporcionan toda una gama de servicios a las víctimas de violencia doméstica y de ataques y abusos sexuales, incluido el asesoramiento jurídico y la asistencia y el apoyo en la tramitación de los casos. En el ejercicio 2007/08, las dependencias de los servicios jurídicos de prevención de la violencia familiar propiciaron alrededor de 14.000 oportunidades de prestación de asistencia jurídica a los indígenas australianos y sus familias en comunidades rurales y remotas de toda Australia.
36.A través del Programa de Desarrollo de la Promoción del Derecho y la Justicia (LJAD), el Gobierno de Australia apoya a organizaciones para que aboguen por la promoción de los derechos legales de los indígenas australianos promoviendo la cooperación, la coordinación y el enlace efectivos entre los indígenas australianos, los gobiernos de los Estados y los Territorios de Australia y otros órganos. El Programa LJAD tiene por objetivo apoyar a los indígenas australianos en el desarrollo de políticas y proyectos de reforma jurídica, y en la entrega de educación e información jurídicas a la comunidad, que promuevan mejores resultados en materia de ley y justicia en beneficio de los indígenas australianos.
37.El Gobierno de Australia está inmerso en el proceso de establecer un nuevo órgano asesor nacional en materia de derecho y justicia indígenas que proporcione asesoramiento y apoyo de expertos sobre problemas de derecho y de justicia que afecten negativamente a los indígenas australianos. Además, el Comité Permanente de Fiscales Generales está desarrollando un proyecto de Ley marco nacional sobre derecho y justicia indígenas. El objetivo de la Ley marco es contar con un enfoque nacional sobre las respuestas del derecho y la justicia indígenas en todas las jurisdicciones, identificando prioridades, éxitos y formas constructivas de avanzar.
Pregunta 7 a)
38.Si bien el Gobierno de Australia continúa haciendo un seguimiento de la Ley sobre títulos de propiedad de los nativos de 1993 y sus procesos, mantiene la opinión de que el cambio legislativo no es una panacea. El Gobierno se ha comprometido a garantizar que el sistema de títulos nativos sea flexible y produzca grandes beneficios a los pueblos indígenas. Sin embargo, el Gobierno no ha anunciado una "revisión total del sistema". Esta percepción parece estar basada en información errónea proveniente de los medios de comunicación. El Fiscal General ha afirmado reiteradamente que el verdadero cambio, en lo que respecta a los títulos nativos de propiedad, sólo llegará cuando se corrijan tanto la conducta y las actitudes de todas las partes que tienen que ver con el sistema de títulos de propiedad nativos como la forma en que se abordan las oportunidades que puede ofrecer el título nativo.
39.Para apoyar resultados basados en una amplia mediación, el Gobierno ha anunciado una reforma orientada a mejorar el funcionamiento del sistema de títulos nativos. El 17 de octubre de 2008, el Gobierno anunció que el Tribunal Federal de Australia asumiría un papel central en la gestión de todas las reclamaciones, en particular en lo relativo a decidir si las reivindicaciones se mediarían en el Tribunal o en el Tribunal Nacional de Títulos Nativos. El hecho de que un órgano tenga el control de la gestión de cada uno de los casos implica que las posibilidades de resolución pueden ser más fácilmente identificadas y concentrarse mejor los esfuerzos de las partes. El cambio contribuirá a hacer realidad la visión del Gobierno, que es la de un sistema que sea flexible y genere amplios beneficios a los pueblos indígenas. El Gobierno tiene la intención de que el cambio se inicie en 2009.
40.En diciembre de 2008, el Fiscal General dio a conocer un documento de debate destinado a las consultas sobre las propuestas para introducir pequeñas modificaciones en la Ley sobre títulos de propiedad de los nativos. El Gobierno se ha comprometido a colaborar con los pueblos indígenas y otras partes interesadas. Este compromiso se materializará a través de un documento de debate, así como mediante consultas directas. El Gobierno examinará de cerca los resultados de estas consultas y puede hacer otras modificaciones a la Ley sobre títulos de propiedad de los nativos para mejorar el manejo del sistema de títulos nativos por los pueblos indígenas y otras partes interesadas. En particular, el Gobierno ha dicho que está interesado en examinar propuestas que puedan favorecer la concertación de acuerdos. El Gobierno se ha comprometido a fomentar y lograr acuerdos que proporcionen beneficios prácticos, que a su vez creen oportunidades de desarrollo para la economía de los indígenas.
41.Otra iniciativa que se puso en marcha recientemente es el Grupo de Trabajo Mixto sobre los Asentamientos en Tierras Indígenas. El Grupo fue creado en julio de 2008 por los Ministros que tienen competencias en materia de títulos de propiedad nativos y está compuesto por representantes de todas las jurisdicciones de los Estados y los Territorios de Australia y el Commonwealth. Este Grupo está desarrollando opciones innovadoras de política para promover arreglos regionales amplios. Los paquetes de arreglos amplios arrojan buenos resultados en materia de tierra y justicia social, sin limitarse meramente a responder a la pregunta de si el título de propiedad nativo existe. Ejemplos de beneficios que han traído esos acuerdos son las oportunidades de capacitación y de empleo, las transferencias de tierras y la gestión conjunta de la tierra.
42.La participación de numerosos demandados no gubernamentales en calidad de partes en los procesos de reclamación de títulos de propiedad nativos no hace sino añadir complejidad al asunto, además de aumentar los plazos y costos de las reclamaciones. Si bien los intereses de los demandados no gubernamentales deben tenerse en cuenta para garantizar resultados sostenibles, los demandados deberían proponerse la tarea de llegar a formas de conjugar los derechos de propiedad indígenas y no indígenas, y no limitarse a gastar fondos públicos con el único objetivo de dirimir si el título nativo existe o no. El Gobierno está estudiando medidas prácticas para racionalizar la participación de demandados no gubernamentales en las reclamaciones de títulos de propiedad nativos. Entre los planteamientos que deben tenerse en cuenta están la participación de demandados no gubernamentales en una etapa anterior del proceso de reclamación o la satisfacción de sus intereses al margen del proceso oficial de mediación.
Pregunta 7 b)
43.El 13 de febrero de 2008, el Primer Ministro de Australia presentó una moción de Disculpa a los pueblos indígenas de Australia en el Parlamento australiano, haciendo una referencia específica a las Generaciones robadas. La propuesta recibió apoyo de ambos partidos.
44.El puesto de Comisionado de Justicia Social en favor de los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres (el Comisionado) fue creado por el Gobierno en 1992 en respuesta a las conclusiones de la Real Comisión para la Investigación de las Muertes de Aborígenes Detenidos y el Estudio Nacional sobre la Violencia Racista. El Comisionado supervisa el goce y ejercicio de los derechos humanos por parte de los indígenas australianos. El Comisionado tiene la obligación de elaborar un Informe sobre Justicia Social anual, que se presenta al Parlamento.
45.El Informe sobre Justicia Social de 2007, que se centra en la violencia familiar y el maltrato infantil en las comunidades indígenas, fue presentado por el Comisionado el 31 de marzo de 2008. Hace 14 recomendaciones, 2 en relación con las comunidades indígenas que sufren de violencia y abuso en el seno de la familia y 12 sobre la respuesta de emergencia del Territorio del Norte puesta en marcha en junio de 2007 por el anterior Gobierno de Australia a raíz de la presentación del informe "Los niños son sagrados", en el que se señaló a la atención pública la cuestión del presunto abuso infantil en remotas comunidades aborígenes del Territorio del Norte. Las principales recomendaciones del Informe sobre Justicia Social de 2007, relativas a la violencia y el abuso en el seno de la familia son que:
-El Departamento de Familia, Vivienda, Servicios Comunitarios y Asuntos Indígenas desarrollase un único proceso de petición de financiación a las iniciativas de la comunidad indígena para hacer frente a los problemas ligados a la violencia familiar y el maltrato infantil;
-El Departamento de Familia, Vivienda, Servicios Comunitarios y Asuntos Indígenas financiase y coordinase un mecanismo de intercambio de información, como un centro de distribución de información para facilitar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en materia de iniciativas indígenas de lucha contra la violencia familiar y el maltrato infantil.
46.La Ministra de Familia, Vivienda, Servicios Comunitarios y Asuntos Indígenas, la Sra. Jenny Macklin (MP), reconoció que el informe puso de relieve la necesidad de adoptar medidas para proteger a los niños contra la violencia y el abuso sexual.
47.El informe "Los niños son sagrados" señaló que la desventaja social y económica intergeneracional es un factor clave que contribuye a crear las circunstancias que propician el abuso de menores en comunidades remotas. En diciembre de 2007 y marzo de 2008, el Consejo de Gobiernos Australianos acordó seis ambiciosos objetivos para reducir la brecha entre australianos indígenas y no indígenas en zonas urbanas, rurales y remotas:
-Corregir en el plazo de una generación la disparidad en cuanto a esperanza de vida;
-Reducir a la mitad, en el plazo de una década, las diferencias en las tasas de mortalidad respecto de los niños indígenas menores de 5 años;
-Garantizar que todos los indígenas de 4 años de edad en comunidades remotas tengan acceso a educación en la primera infancia en el plazo de cinco años;
-Reducir a la mitad la disparidad de rendimiento en materia de lectura, escritura y aritmética en lo que respecta a los niños indígenas en el plazo de una década;
-Reducir a la mitad, en lo que respecta a los estudiantes indígenas, la disparidad de resultados en materia de índices de finalización de 12º curso o índices equivalentes en el año 2020; y
-Reducir a la mitad la diferencia de resultados en materia de empleo entre australianos indígenas y no indígenas en el plazo de una década.
48.Dado que estos objetivos fueron consensuados, todos los gobiernos de los Estados y los Territorios han estado cooperando para desarrollar las reformas fundamentales con las que lograr estos objetivos. Los gobiernos también han reconocido que se trata de una importante empresa que requerirá una inversión sustanciosa. El Consejo de Gobiernos de Australia acordó en 2008 iniciativas en favor de australianos indígenas por valor de 4.600 millones de dólares australianos en esferas como el desarrollo de la primera infancia, la salud, la vivienda, el desarrollo económico y la prestación de servicios a distancia.
49.Al dar cumplimiento a este compromiso de cerrar la brecha en materia de desventaja indígena, el Consejo de Gobiernos Australianos acordó en octubre de 2008 una Nueva Alianza sobre Desarrollo del Niño Indígena en la Primera Infancia, que cuenta con una financiación conjunta de 564 millones de dólares australianos a lo largo de seis años, para atender las necesidades de los niños indígenas en sus primeros años. Como parte de la iniciativa, se establecerán en toda Australia, en zonas de alta población indígena en las que la desventaja es acusada, 35 centros de la familia y la infancia, para entregar servicios integrales en forma de programas de aprendizaje en la primera infancia, de atención a la infancia y de apoyo a la familia. La financiación también aumentará el acceso a la atención prenatal, los servicios de salud sexual y reproductiva para la adolescencia, y los servicios de salud maternoinfantil.
50.El Gobierno de Australia está asumiendo un papel de liderazgo nacional en la protección de todos los niños de Australia. El Gobierno de Australia está desarrollando un marco nacional para la protección de los niños de Australia, reconociendo que la responsabilidad de los servicios legales de protección de la infancia recae en los gobiernos estatales y territoriales y que la integridad y el bienestar de todos los niños australianos es una cuestión que exige la atención de todos los niveles de Gobierno. La Ministra Macklin publicó en mayo de 2008 un documento de debate, Australia's Children: Safe and Well (Niños de Australia: Sanos y salvos). El documento ha servido de base para una amplia consulta, en particular con los gobiernos estatales y territoriales, y las organizaciones de defensa de los derechos y no gubernamentales. Se espera que a principios de 2009 se ultime un Marco Nacional de Protección Infantil, de carácter práctico y basado en alianzas.
51.En abril de 2007, el Consejo de Gobiernos Australianos acordó la creación de un centro de intercambio de información para mejorar la base de pruebas relativas a la eliminación de disparidades en materia de resultados indígenas. El centro recopilará, evaluará y difundirá información procedente de evaluaciones e investigación sobre mejores prácticas y factores fundamentales a la hora de subsanar la desventaja indígena a través de un centro único de depósito a través de Internet. Una característica fundamental de este centro será que se valorará la calidad de las pruebas utilizando criterios prácticos apropiados al área temática pertinente del material seleccionado. Mientras que la principal audiencia del centro serán los encargados de formular políticas públicas y los proveedores de servicios, el material recogido por el centro será de acceso público. Se está realizando actualmente un proceso de licitación y se espera que el centro comience a funcionar en 2009.
52.Además, el Gobierno de Australia toma nota también de que varios centros están ya en funcionamiento para proporcionar información específica en relación con temas como la violencia familiar, el abuso y la protección infantil. El Centro de Justicia Indígena, por ejemplo, es un acuerdo de colaboración entre el Instituto Australiano de Criminología y la Fiscalía General de Nueva Gales del Sur, y está avalado por el Comité Permanente de Fiscales Generales. El objetivo del centro es promover el debate y difundir información pertinente sobre justicia indígena entre los encargados de la elaboración de las políticas públicas y quienes trabajan en el ámbito de la justicia indígena. El Centro australiano de intercambio de información sobre la violencia en el hogar y en la familia es una organización nacional que ofrece información de alta calidad sobre cuestiones y prácticas en materia de violencia doméstica y familiar. Este Centro apoya a los proveedores de servicios de carácter general y especializados, a los organismos gubernamentales, a los investigadores, los abogados y los activistas en sus iniciativas, mediante la difusión de información e investigaciones y facilitando el debate. Por último, el Centro Nacional de Protección Infantil es un proyecto financiado por el Departamento de Familia, Vivienda, Servicios Comunitarios y Asuntos Indígenas como parte de la respuesta del Gobierno de Australia al problema del abuso de menores. Este centro opera desde el Instituto Australiano de Estudios de la Familia desde 1995. Recopila, produce y distribuye información y recursos, realiza investigaciones y ofrece asesoramiento especializado sobre los últimos acontecimientos en materia de prevención del abuso infantil y protección de la infancia.
53.Se han llevado a cabo a nivel ministerial consultas con el Comisionado de Justicia Social en relación con las recomendaciones formuladas en el Informe de Justicia Social de 2007. Además, el Departamento de Familia, Vivienda, Servicios Comunitarios y Asuntos Indígenas se reúne con el Comisionado de Justicia Social con carácter trimestral. Al recibir el Informe sobre Justicia Social de 2007, la Ministra Macklin afirmó que sería considerado parte del examen de la respuesta de emergencia del Territorio del Norte, encargado por el Gobierno. El Informe sobre Justicia Social de 2007 se entregó a los miembros de la Junta de Examen de la respuesta de emergencia del Territorio del Norte, y la Junta se reunió con el Comisionado de Justicia Social. En respuesta al examen de la respuesta de emergencia del Territorio del Norte realizado en octubre de 2008, el Gobierno de Australia ha indicado que va a dar continuidad a la respuesta de emergencia del Territorio del Norte y a reforzarla, para proteger a las mujeres y los niños, reducir la violencia propiciada por el alcohol, promover la responsabilidad personal y refundar las normas comunitarias en las comunidades indígenas del Territorio del Norte.
54.En relación con la recomendación concreta del Informe sobre Justicia Social de 2007 de establecer un único proceso de peticiones, el Gobierno de Australia señala que existe un proceso de presentación por vía electrónica (eSub) y confirma que el Departamento de Familia, Vivienda, Servicios Comunitarios y Asuntos Indígenas está trabajando con los organismos competentes para cumplir con esta recomendación, siempre dentro de los límites que imponen los parámetros propios de un marco racionalizado y simplificado dirigido a la concertación de acuerdos a nivel de todos los gobiernos.
Pregunta 8
55.El Gobierno de Australia reconoce que el número de niños indígenas en el sistema de justicia juvenil y el de jóvenes con discapacidad intelectual y enfermedades mentales es desproporcionado. Aunque las cuestiones de la justicia juvenil son fundamentalmente responsabilidad de los Estados y Territorios de Australia, los gobiernos, tanto en los planos federal y estatal como territorial, siguen desarrollando iniciativas para tratar de resolver esa situación.
Los niños indígenas en el sistema de justicia juvenil
56.El Gobierno australiano aporta fondos para apoyar proyectos tales como los Servicios Jurídicos de Prevención de la Violencia en la Familia, que tratan de prevenir la violencia y los abusos sexuales en la familia; el Programa de prevención, tratamiento alternativo a la vía judicial, rehabilitación y justicia restitutiva, que financia actividades para alejar a los indígenas australianos, en particular los jóvenes, de la delincuencia; y el Programa de asistencia jurídica para indígenas australianos, que ofrece servicios jurídicos culturalmente apropiados.
En 2008, la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades publicó un informe financiado por el Gobierno de Australia titulado "Prevención de la delincuencia y promoción de los derechos de los jóvenes indígenas con enfermedades mentales y discapacidad intelectual". El informe pone de relieve las necesidades específicas de esos jóvenes e identifica las intervenciones que pueden ser útiles en el sector de la justicia juvenil; ese informe puede consultarse en la siguiente dirección de Internet: http://www.humanrights.gov.au/social_justice/publications/preventing_crime.
58.Desde 2006 el Gobierno de Australia aporta una financiación quinquenal de 20,8 millones de dólares a la iniciativa del Consejo de Gobiernos Australianos sobre el mejoramiento de la capacidad del personal que trabaja con las comunidades indígenas. La iniciativa prestará apoyo a los profesionales de la salud, incluidos los trabajadores de salud, personal de enfermería, consejeros y demás personal sanitario aborigen, para que puedan identificar y tratar las enfermedades mentales y los problemas relacionados con el uso de sustancias en las comunidades aborígenes y de isleños del Estrecho de Torres, reconocer los primeros signos de enfermedad mental y disponer remisiones para el tratamiento en instituciones cuando corresponda.
59.Los niños indígenas que han sufrido traumas como consecuencia de agresiones sexuales (amenudo en el contexto más amplio de la violencia familiar y comunitaria) están desproporcionadamente representados en los sistemas de protección de la infancia; tienen peores resultados en materia de salud mental infantil y de los adolescentes y mayor riesgo de afrontar problemas de salud concomitantes en su vida futura. El Gobierno de Australia, a través del Departamento de Salud y de la Tercera Edad, declaró recientemente su decisión de ampliar a zonas de difícil acceso el alcance de los servicios de asesoramiento sobre agresiones sexuales mediante un nuevo acuerdo de financiación cuatrienal de 5,7 millones de dólares a partir de2008/09, concluido con el Departamento de Salud y de la Familia del Territorio del Norte. Ese acuerdo se enmarca en un compromiso más amplio,por valor de 6,2 millones de dólares, que incluye fondos para evaluar de manera independiente la iniciativa. El Servicio Móvil de Divulgación (2008-2012) del Territorio del Norte ofrece asesoramiento, apoyo y servicios de educación a los niños, las familias y las comunidades para dar respuesta a los traumas relacionados con la agresión sexual. Esos servicios contribuirán a mejorar los resultados de los servicios de salud mental infantil y de los adolescentes; prevenir el trauma intergeneracional, en particular que vuelvan a cometerse abusos; y reducir la probabilidad de que ese grupo de niños se encuentre en los sistemas de protección de la infancia o de justicia juvenil.
60.Entre las medidas adoptadas en los planos estatal y territorial figuran las siguientes:
-En Australia meridional se aprobó en 2008 la asignación de 11,5 millones de dólares a lo largo de cuatro años para garantizar una respuesta adecuada y coordinada al informe de2007 titulado "Romper el ciclo", que pedía una acción concertada sobre las formas de abordar la delincuencia juvenil, en particular la cometida por jóvenes indígenas;
-En Australia occidental, los equipos de justicia juvenil son una de las opciones alternativas a la prisión disponibles; esos equipos trabajan con el joven delincuente, su familia y, en su caso, con la víctima, para formular un plan adecuado con el que tratar de cambiar la conducta delictiva; también se ofrece a los jóvenes indígenas privados de libertad una enseñanza adaptada a su edad, capacidad y nivel académico y social;
-En Queensland se ha elaborado una estrategia de justicia juvenil para los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres a fin de proporcionar una respuesta integrada para reducir el desproporcionado número de jóvenes indígenas en el sistema judicial y aumentar su presencia en los sistemas alternativos; el objetivo de las iniciativas de justicia juvenil, como el servicio de funcionarios indígenas de apoyo, es conseguir que la justicia de menores se administre de forma culturalmente apropiada en beneficio de los jóvenes indígenas; también se ha elaborado una serie de políticas y programas para el Servicio de Policía de Queensland a fin de reducir el número generalmente desproporcionado de indígenas en el sistema de justicia penal, como la designación de unos 140 funcionarios de enlace con la policía, la mayoría de ellos indígenas, para ayudar a establecer y mantener una relación positiva entre las comunidades indígenas y multiculturales y la policía.
Niños con enfermedades mentales y discapacidad intelectual
61.En el marco de la Fundación Nacional de Salud Mental de la Juventud, el Gobierno de Australia ha financiado un proyecto denominado Headspace, que ha creado un centro de excelencia para recopilar, analizar y difundir las investigaciones más recientes, para que los profesionales de la salud tengan acceso a los mejores tratamientos disponibles para los jóvenes con problemas de salud mental y de abuso de sustancias.
62.En los planos estatal y territorial se han adoptado las medidas que figuran a continuación para reducir el número desproporcionado de niños con discapacidades intelectuales y problemas de salud mental en el sistema de justicia juvenil.
63.En Victoria, todos los jóvenes internados en un centro de detención de menores son sometidos en un plazo de 24 horas a partir del ingreso (12 horas para los aborígenes)a un minucioso examen de salud, que incluye la detección de problemas de salud mental, y en un plazo de 48 horas a contar desde el ingreso se les realiza un examen de salud mental más amplio; personal médico de diversas especialidades profesionales prestan servicios de salud, incluida la evaluación de la salud mental y su tratamiento, a los jóvenes internados; en marzo de 2005 se puso en marcha un protocolo para mejorar en el sistema de justicia el acceso de los jóvenes a los servicios especializados de salud mental.
64.En Queensland, el Servicio de Policía de Queensland gestiona una iniciativa de intervención y prevención tempranas denominada CRYPAR (respuesta coordinada para los jóvenes en situación de riesgo) para los jóvenes que corren riesgo de enfrentarse al sistema de justicia juvenil debido a enfermedades mentales y otros problemas. Puede obtenerse más información a este respecto en la siguiente dirección: http://www.police.qld.gov.au/services/newsletters/nhw/2005/winter/article07.htm.
Pregunta 9
65.En agosto de 2006, el Gobierno del Territorio del Norte estableció la Comisión de Investigación sobre la protección de niños aborígenes contra los abusos sexuales en el Territorio del Norte (Investigación) para que informara sobre las denuncias de abusos sexuales contra niños aborígenes. El 15 de junio de 2007 se publicó el informe de la Comisión de Investigación titulado Los niños son sagrados. El informe ponía de relieve que el maltrato y el abandono de los niños en las comunidades indígenas en el Territorio del Norte era un problema grave que requería la adopción de decisiones urgentes y firmes para tratar de resolverlo.
66.El informe indicaba que en la totalidad de las 45 comunidades visitadas por la Comisión de Investigación del Territorio del Norte se habían denunciado abusos infantiles y observado condiciones potenciales de desatención de los niños. El informe subrayaba la fuerte relación que había entre el abuso del alcohol, la violencia y el abuso sexual de niños; los efectos destructivos del alcohol en las comunidades aborígenes, que hacían que muchos niños no estuviesen protegidos ni cuidados ni asistieran a la escuela, así como la importante contribución de las escuelas y de la escolarización para mantener a los niños a salvo y ejercer influencias positivas en sus vidas.
67.El 21 de junio de 2007, el Gobierno en ejercicio en ese momento anunció medidas de emergencia destinadas a proteger a los niños aborígenes en el Territorio del Norte contra los malos tratos y proporcionarles un futuro mejor y más seguro. La oposición política ofreció en principio un apoyo bipartito.
68.Las medidas de ese Gobierno no se dirigieron a atender las recomendaciones específicas formuladas en el informe Los niños son sagrados, sino que trataban ante todo de proteger a los niños y a las comunidades y posteriormente sentar las bases de un futuro sostenible para los indígenas en el Territorio del Norte. Las medidas inmediatas incluían el aumento de los efectivos de policía, controles de salud infantil, la reparación de infraestructura comunitaria, y las restricciones sobre el alcohol y la pornografía.
69.El 7 de agosto de 2007, el Gobierno entonces en ejercicio presentó en el Parlamento tres proyectos de ley de respuesta de emergencia para poner en práctica las principales medidas de respuesta de emergencia en el Territorio del Norte. El 17 de agosto de2007 el Parlamento aprobó los proyectos de ley. Las leyes para aplicar algunas de las medidas de respuesta de emergencia en el Territorio del Norte (por ejemplo, las restricciones sobre el alcohol y la pornografía y la gestión de los ingresos) excluían la observancia de la prohibición de la discriminación racial prevista en la Ley sobre la discriminación racial de 1975 (Commonwealth).
70.En noviembre de 2007 fue elegido un nuevo Gobierno federal. El nuevo Gobierno mantuvo la respuesta de emergencia en el Territorio del Norte, aunque adoptó otro enfoque, en particular un enfoque más partidario de celebrar consultas con la población aborigen afectada y favorable a adaptar las nuevas medidas de emergencia en el Territorio del Norte a la Ley sobre la discriminación racial.
71.En diciembre de 2007, el Gobierno estableció un grupo consultivo formado por25dirigentes aborígenes del Territorio del Norte para examinar la aplicación en ese territoriode las medidas de respuesta de emergencia y proporcionar información al Ministerio de Familia, Vivienda, Servicios Comunitarios y Asuntos Indígenas. El Primer Ministro y la Ministra de Familia, Vivienda, Servicios Comunitarios y Asuntos Indígenas se reunieron con ese grupo el16de diciembre de 2007, y la Ministra se reunió de nuevo con el grupo en varias ocasiones el año siguiente. Tanto el Primer Ministro como la Ministra visitaron en 2008 las comunidades aborígenes del Territorio del Norte.
72.En el presupuesto de 2008/09 se prevé también la contratación como agentes comunitarios de hasta 20 miembros de la comunidad indígena, lo que abrirá un canal de comunicación entre los representantes de la comunidad y del Gobierno y facilitará una mayor contribución de la comunidad en los procesos gubernamentales de adopción de decisiones.
73.En junio de 2008, el Gobierno de Australia estableció la Junta de Revisión de la respuesta de emergencia en el Territorio del Norte para que llevara a cabo una revisión independiente de esa respuesta de emergencia. El 13 de octubre de 2008 se publicó el informe a la Junta. Dos de los tres miembros de la Junta eran indígenas australianos, y el tercero tenía amplia experiencia en asuntos indígenas.
74.En el informe de la Junta de Revisión se formulaban tres recomendaciones generales, entre ellas la siguiente:
-Que las medidas adoptadas por el Gobierno que afectaran a las comunidades aborígenes respetaran las obligaciones de derechos humanos asumidas por Australia y se ajustaran a la Ley sobre la discriminación racial;
-El Gobierno de Australia ha aceptado las tres recomendaciones y se ha comprometido a proseguir y reforzar la respuesta de emergencia en el Territorio del Norte;
-El Gobierno está actuando de acuerdo con los compromisos asumidos de forjar una participación y una cooperación auténticas, sostenidas y constructivas con los pueblos indígenas mediante la Disculpa a los pueblos indígenas, y en particular el concepto de "Generaciones robadas", que supone un importante y simbólico primer paso hacia la creación de un clima de confianza y buena fe; también ha asumido el compromiso de rendir cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos en materia de reducción de disparidades entre australianos indígenas y no indígenas y en lo relativo a celebrar consultas en todo el país sobre el establecimiento de un órgano representativo nacional.
75.El 23 de octubre, el Gobierno anunció su intención de legislar en el primer semestre de2009 para garantizar que las personas en el Territorio del Norte sujetas al régimen de gestión de los ingresos tengan acceso a todaslas opciones en materia de derechos de apelación, inclusiveante el Tribunal de Apelación de la Seguridad Social y el Tribunal de Revisión de ActosAdministrativos.
76.Es importante que haya una transición ordenada a partir de las disposiciones existentes, ya que las mujeres y los ancianos indígenas que son vulnerables a la intimidación o el abuso han informado de que tienen un mayor control sobre sus finanzas, y son más capaces de atender a los niños como resultado de esta política.
77.Además, el Gobierno elaborará y aplicará, en consulta con los indígenas, un marco de política de gestión de los ingresos que se ajuste a la Ley sobre la discriminación racial. En el segundo trimestre de 2009 se presentarán al Parlamento leyes en las que quede recogida esta política y la retirada de la suspensión de la Ley sobre la discriminación racial en relación con las medidas de emergencia en el Territorio del Norte. El Gobierno también perfeccionará las medidas sobre el alcohol y la pornografía para que se ajusten a la Ley sobre la discriminación racial.
78.El Gobierno ha pedido al Tasador General del Territorio del Norte que fije una renta razonable para todos los arriendos de cinco años existentes que fueron adquiridos obligatoriamente por el Gobierno anterior. Una vez determinada esa renta, los pagos comenzarán automáticamente. El Gobierno responderá plenamente a las recomendaciones de la Junta de Revisión, incluidas las futuras disposiciones en materia de financiación, en los próximos meses.
Pregunta 10
Datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer
79.Es difícil hacer una estimación de las tasas reales de prevalencia de la violencia contra la mujer en Australia, ya que las definiciones y los métodos de recogida de datos varían según las jurisdicciones, los organismos y las encuestas.
80.En 2005, el Estudio sobre la seguridad personal realizado por la Oficina Australiana de Estadística, reunió información sobre las agresiones físicas y sexuales sufridas por mujeres y hombres de 18 años o más. Casi 3,1 millones de mujeres (39,9%) informaron de que habían sido víctimas de violencia física o sexual por lo menos una vez desde los 15 años de edad, frente a casi 3,8 millones de hombres (50,1%). De esas mujeres, 443.800 (5,8%) habían sido agredidas física o sexualmente en el año anterior a la encuesta, frente a 808.300 hombres (11%).
81.El Estudio sobre la seguridad personal de 2005 indicó que en los 12 meses anteriores a la encuesta el número de mujeres que informaron que habían sido agredidas físicamente (4,7%) era superior al de las agredidas sexualmente (1,6%), y la misma tendencia se aplica a los hombres (10,4 y 0,6%, respectivamente).
82.Según ese mismo estudio, el número de mujeres jóvenes en situación de riesgo de sufrir agresiones físicas o sexuales era superior al de mujeres mayores. En el año anterior al estudio, algo más de una de cada diez mujeres con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años fueron agredidas físicamente. Las mujeres en este grupo de edad también tenían cuatro veces más probabilidades de ser agredidas físicamente y ocho veces más probabilidades de ser agredidas sexualmente que las mujeres que superaban esa edad.
83.Hay más probabilidades de que la violencia física y sexual que sufren las mujeres sea cometida por su pareja actual o su ex pareja (37,8%) o por un miembro varón o un amigo de la familia (11,2%).Las probabilidades de que el autor de una agresión física sea un hombre y no una mujer son de 3,5 a 1. En los doce meses anteriores al estudio, una de cada cinco mujeres denunciaron haber sido víctimas de una agresión sexual por su pareja masculina; la probabilidad de sufrir agresiones por la pareja actual o la ex pareja a lo largo de la vida era14,5 veces superior en las mujeres que en los hombres.
84.Las mujeres indígenas registraron mayores niveles de violencia que las mujeres no indígenas y, según el Estudio internacional sobre la violencia contra la mujer, en los 12 meses anteriores a ese estudio el número de mujeres indígenas que denunciaron haber sido agredidas físicamente (20%) era superior al de mujeres no indígenas (7%). Las mujeres indígenas tenían también tres veces más probabilidades que las no indígenas de ser agredidas sexualmente.
85.La información proporcionada en esta publicación puede compararse perfectamente, en los casos que procede, con la delE studio sobre la seguridad de la mujer de 1996. Este estudio recopiló información proporcionada por aproximadamente 6.300 mujeres durante el período comprendido entre febrero y abril de 1996. El Estudio sobre la seguridad personal amplía el alcance del estudio sobre la seguridad de la mujer, ya que incluye a los hombres.
86.La Oficina Australiana de Estadística también publicó el Estudio sobre delincuencia y seguridad de 2005. Este estudio utilizaba una metodología y una definición de violencia diferentes de las del Estudio sobre la seguridad personal y el Estudio sobre la seguridad de la mujer. Según el Estudio sobre delincuencia y seguridad de 2005, la mayoría de las mujeres víctimas de agresiones encuestadas buscó tras la agresión el apoyo de sus familiares, amigos, vecinos o compañeros de trabajo.
87.En el período transcurrido entre los informes de la Oficina Australiana de Estadística, el Estudio sobre la seguridad de la mujer de 1996 y el Estudio sobre delincuencia y seguridad de2005 aumentaron las denuncias a la policía. Durante 2004 y 2005, el 36% de las mujeres que informaron en el Estudio sobre delincuencia y seguridad de 2005 haber sido víctimas de una agresión física, y el 19% que informó haberlo sido de agresiones sexuales, denunciaron esas agresiones a la policía. En el mismo período, el 34,5% de los hombres que informaron en el Estudio sobre delincuencia y seguridad de 2005 haber sido víctimas de una agresión física denunció también esa agresión a la policía.
Puede obtenerse más información acerca del Estudio sobre delincuencia y seguridad de 2005 en http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/DetailsPage/4906.02005%20(Reissue)?OpenDocument.
Medidas para hacer frente a la violencia contra la mujer
88.En Australia, los sistemas de justicia penal y de salud son responsabilidad del Estado y de los gobiernos de los Territorios. Sin embargo, el Gobierno central desempeña una importante función y mantiene una política de tolerancia cero en relación con la violencia contra la mujer. Las medidas del Gobierno están encaminadas a reducir cualquier forma de violencia contra la mujer.
89.En 2008, el Gobierno de Australia anunció la creación del Consejo Nacional para reducir la violencia contra la mujer y sus hijos. El Consejo proporciona al Gobierno asesoramiento especializado sobre medidas para reducir la incidencia y sus efectos en el hogar y la familia, así como las agresiones sexuales contra las mujeres y sus hijos. El Consejo Nacional está elaborando un plan nacional para reducir la violencia contra la mujer y sus hijos, para lo que se basa en los datos recogidos, y está previsto que en diciembre de 2008 se presente un proyecto de ese plan. El plan servirá de orientación para un planteamiento integrado y global de la respuesta del Gobierno hasta 2020.
90.Entre las medidas actuales o anteriores adoptadas por el Gobierno de Australia para reducir la violencia contra la mujer figuran las siguientes:
-Actividades de educación y promoción para fomentar relaciones no violentas con las mujeres, como la campaña del Lazo Blanco. El Gobierno aportó 1 millón de dólares a la Fundación Lazo Blanco.
-La inversión en investigación sobre la violencia en el hogar y métodos eficaces de trabajar con los autores de esa violencia a través de organismos como el Centro australiano de intercambio de información sobre la violencia en el hogar y en la familia, el Centro australiano para el estudio de las agresiones sexuales y el Consejo Nacional.
-La colaboración con los Estados y los Territorios para lograr una mayor armonización y coherencia en la aplicación de las mejores prácticas en relación con las leyes sobre violencia en el hogar y delitos sexuales.
-La asignación de 2 millones de dólares a VicHealth para que lleve a cabo investigaciones sobre la prevención de la violencia contra la mujer. Esto incluirá la realización en 2009 de una encuesta nacional sobre las actitudes de la comunidad frente a la violencia contra la mujer, que se basará en la información recogida en encuestas anteriores de VicHealth.
-La campaña nacional "Australia dice NO a la violencia contra la mujer", que es una campaña realizada en los medios de comunicación que incluye una línea telefónica de ayuda que ha recibido más de 85.000 llamadas entre 2004 y 2008.
-La Línea Telefónica Nacional de Ayuda contra la violencia en el hogar y las agresiones sexuales funciona todos los días de la semana las 24 horas del día para prestar servicios de asesoramiento e información sobre dónde acudir.Se está considerando dar un nuevo enfoque a la línea telefónica nacional de ayuda, en consultas con el citado Consejo Nacional y otros interlocutores.
-La concesión de subvenciones a las organizaciones de base comunitaria para que contribuyan a la elaboración de políticas nacionales en el marco de la iniciativa contra la violencia y la agresión sexual en el hogar y la familia. No está previsto que sea nuevamente la Oficina de la Mujer la que lleve a cabo esta iniciativa, ya que por lo general estos proyectos individuales no son sostenibles y se prefiere contar en el futuro con un enfoque más específico y estructurado.
91.La legislación sobre violencia en el hogar y delitos sexuales es competencia de los gobiernos estatales y territoriales que en los cinco últimos años han trabajado para fortalecer y mejorar sus leyes encaminadas a hacer frente a la violencia contra la mujer. Además de las iniciativas del Gobierno federal, los Estados y los Territorios han aplicado una serie de estrategias y programas para combatir en sus propias jurisdicciones la violencia contra la mujer.
Pregunta 11
92.El artículo 22 3) c) de la Ley de extradición de 1988 (Commonwealth) refleja el compromiso internacional con la abolición de la pena capital. La ley dispone que la extradición sólo podrá concederse si el país que la solicita se compromete a no imponer la pena de muerte o, en caso de que sea impuesta, a no ejecutarla.
93.En la legislación de Australia está consagrado que para determinar la fiabilidad de una promesa sobre la no ejecución de la pena de muerte el Ministro debe considerar si la promesa es sustantiva y tiene "contenido práctico". El Ministro debe estar convencido de que "la promesa, en el contexto del sistema jurídico y político del país que pide la extradición, sea tal que garantice que la pena de muerte no se ejecutará": véase McCrea c. el Ministro de Aduanas y Justicia [2005] FCAFC 180.
94.Además, es una práctica arraigada que, en los casos en que una solicitud de extradición esté siendo examinada por Australia, la persona interesada, sus representantes legales y quienes le apoyan puedan presentar observaciones antes de que el Ministro adopte una decisión. Lasobservaciones pueden abordar cualquier cuestión que la persona considere pertinente en relación con la decisión que deberá adoptar el Ministro, incluida información sobre la efectividad de las seguridades dadas por el país solicitante.
95.El Gobierno de Australia no tiene conocimiento de ningún caso en que se haya incumplido una garantía diplomática dada a Australia por un país de conformidad con el párrafo 22 3) c). Los representantes del Gobierno de Australia en las misiones diplomáticas de Australia están en continuo contacto con los gobiernos anfitriones en relación con estas cuestiones, y proporcionan asistencia consular y la ayuda necesaria a los australianos y los residentes permanentes en Australia que hayan sido detenidos en el extranjero.
Pregunta 12
Visados
96.En 2004 se estableció un amplio sistema de visados en relación con la trata de personas para apoyar a las personas que se sospechaba que podían ser víctimas de la trata. Esas personas pueden obtener durante un plazo de hasta 30 días un visado transitorio de tipo F. De esa manera las víctimas tienen tiempo para decidir si desean colaborar en las investigaciones policiales o los procesos judiciales, y la policía puede valorar la conveniencia de emitir un visado de estancia en el marco de la justicia penal (véase más adelante).
97.Se puede conceder a las víctimas un visado en el marco de la justicia penal en los casos en que éstas decidan ayudar a la policía en la investigación o el enjuiciamiento, y la policía les pida que permanezcan en Australia. Ese visado puede estar en vigor durante los procesos de investigación o judicial.
98.Las víctimas pueden solicitar un visado de protección de testigos de la trata en los casos en que hayan contribuido de manera significativa a una investigación o proceso judicial y puedan correr peligro si regresan a su país de origen. Ese visado puede ser de estancia temporal o permanente. Quienes hayan estado en posesión del visado temporal durante al menos dos años pueden solicitar un visado permanente.
99.El Gobierno de Australia ha celebrado consultas con las principales ONG y gubernamentales sobre la eficacia del actual régimen de visados para las víctimas de la trata. El Gobierno está considerando en la actualidad los resultados de ese examen.
100.El sistema de visado se aplica a todas las personas que se sospeche que son víctimas de la trata, independientemente del sector industrial al que se las destinó. El sistema de visado está concebido para apoyar a quienes tienen necesidad real de protección y está relacionado con el Programa de apoyo a las víctimas de la trata de personas.
Apoyo a las Víctimas
101.La Oficina de la Mujer del Gobierno de Australia administra el Programa de apoyo a las víctimas de la trata de personas. El apoyo, que se presta caso por caso, incluye ayudas económicas, acceso a la vivienda, tratamiento médico, asesoramiento jurídico básico, orientación, formación y apoyo social.
102.A 1º de diciembre de 2008, 112 personas habían recibido apoyo de ese programa. Hasta la fecha, el programa ha prestado apoyo a personas que han sido víctimas de la trata hacia Australia para trabajar en la industria del sexo y en otras formas de explotación laboral. El programa de apoyo está a disposición de todas las víctimas de la trata de personas que cumplan los criterios de elegibilidad, independientemente de su sexo o el fin para el que fueron objeto de trata.
103.Desde que en 2003 el Gobierno estableció la estrategia de lucha contra la trata, ninguna de las víctimas identificadas en Australia han sido niños. De conformidad con las obligaciones contraídas por Australia en virtud del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, cualquier extranjero menor de edad que las autoridades detecten siendo explotado en la industria del sexo o en otras formas de trabajo forzoso o esclavitud será automáticamente considerado víctima de la trata de personas. Cuando se identifica a un menor como víctima de la trata, el caso se remite a la autoridad competente responsable de la protección de la infancia de los Estados o territorios y se aplica un enfoque de gestión de casos en el que se presta especial atención a los derechos y el bienestar del niño.
Pregunta 13
104.El 29 de julio de 2008, el Ministro de Inmigración y Ciudadanía anunció cambios sustanciales en la política de inmigración y asilo de Australia. Los cambios propuestos incorporan las decisiones adoptadas por el Gobierno de Australia de cerrar los centros de tramitación de ultramar de Nauru y Manus Island y suprimir la concesión de visados temporales de protección para las llegadas no autorizadas. Los cambios propuestos se centran en un nuevo enfoque de detención de inmigrantes basado en el riesgo.
Detención obligatoria
105.El discurso de la Ministra de 29 de julio de 2008 contiene nuevos principios sobre la detención de inmigrantes para orientar la política y las prácticas en materia de detención de inmigrantes.
106.la detención obligatoria es un componente esencial del estricto control de las fronteras. Para apoyar la integridad del programa de inmigración de Australia se considera que tres grupos estarán sujetos a detención obligatoria:
-Todas las personas que llegan sin autorización, con fines de control de la salud, la identidad y los riesgos de seguridad para la comunidad;
-Los ciudadanos extranjeros en situación ilegal que presenten riesgos inaceptables para la comunidad; y
-Los extranjeros en situación ilegal que se hayan negado reiteradamente a cumplir las condiciones que impone su visado.
107.Los cambios propuestos en la política de migración y asilo de Australia implican que la privación de libertad en centros de internamiento de inmigrantes sólo se utilizará como último recurso y durante el menor tiempo posible. La detención indefinida o de otro modo arbitraria es inaceptable y la duración y las condiciones de detención de inmigrantes, incluida la idoneidad del alojamiento y los servicios prestados, estarán sujetas a examen periódico. Los niños y, cuando sea posible, sus familias, no serán internados en un centro de retención de inmigrantes.
108.El número de personas recluidas en centros de internamiento de inmigrantes se ha reducido considerablemente en los tres últimos años. Al 14 de noviembre de 2008, 340 personas estaban internadas en centros de retención de inmigrantes, entre ellas 43 en el marco de la llamada detención comunitaria. De los internados en centros de detención de inmigrantes, 189 habían llegado a Australia legalmente y fueron internados, bien por exceder el plazo de su visado, bien por no respetar las condiciones establecidas en su visado. Al 7 de noviembre de 2008 había 75 personas recluidas en centros de internamiento de inmigrantes que llegaron ilegalmente por vía aérea o marítima.
Aplicación geográfica
109.En 2001, el Gobierno de Australia introdujo reformas legislativas para considerar como "personas que han llegado de ultramar" a los extranjeros que llegan a determinadas partes de Australia, como las Islas Christmas, Ashmore, Cartier y Cocos (Keeling). Los extranjeros que hayan llegado a Australia de ultramar y estén en situación ilegal no pueden solicitar el visado a menos que el Ministro determine que la concesión del visado redunda en el interés público. En 2005, algunas islas que forman parte de Queensland, Australia occidental y el Territorio del Norte, así como el Territorio de las Islas del Mar de Coral, quedaron sujetas al mismo régimen. Todos esos lugares forman parte de Australia y son zona de migración.
110.El Gobierno de Australia considera que la tramitación con arreglo a procedimientos oficiosos de las personas que llegan sin autorización a estos lugares es necesaria para garantizar la seguridad de las fronteras y disuadir el contrabando de personas. El enfoque de detención de inmigrantes basado en el riesgo que se ha descrito antes será de aplicación en toda Australia, incluyendo, en la medida de lo factible, los lugares citados anteriormente.
Isla Christmas
111.Las tramitaciones necesarias en relación con las personas que lleguen por mar sin autorización se harán en la isla Christmas. De acuerdo con los nuevos principios de detención de inmigrantes, todas las personas que lleguen sin autorización están sujetas a detención obligatoria con fines de control de la salud, la identidad y los riesgos de seguridad para la comunidad. Las personas detenidas en la isla Christmas que necesiten protección reciben asistencia y asesoramiento independientes con cargo a fondos públicos, pueden pedir que una tercera parte independiente examine en cuanto al fondo una decisión desfavorable y el control externo por el Defensor del Inmigrante.
112.La isla Christmas tiene una serie de centros de internamiento de inmigrantes que proporcionan flexibilidad para atender a personas y grupos con diferentes necesidades.
113.El nuevo Centro de Internamiento de Inmigrantes es una de esas instalaciones, y puede utilizarse en caso de que el número de personas que lleguen por mar sin autorización supere la capacidad de alojamiento de otros centros en la isla Christmas.
Pregunta 14
114.Con arreglo a la Ley penal de 1914 del Commonwealth, la Policía Federal de Australia tiene poderes para aprehender y detener a una persona a fin de interrogarla cuando hay motivos razonables para creer que esa persona ha cometido un delito federal.
115.La Policía Federal puede detener a una persona durante un período de cuatro horas (o dos horas en el caso de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres), período que un juez puede prolongar hasta un máximo de 12 horas o, en el caso de un delito de terrorismo, hasta un máximo de 24 horas. Además, la detención puede prolongarse por el tiempo que sea necesario para que la persona pueda descansar, recibir atención médica o hablar con un abogado, entre otras cosas. Tratándose de un delito de terrorismo, el juez también puede aprobar prórrogas adicionales cuando la policía tenga que reunir y analizar información de autoridades extranjeras, actuar en diferentes husos horarios o traducir documentos (art. 23CA 8)). Durante esas prórrogas adicionales, se suspenderá el interrogatorio.
116.La diferencia de husos horarios entre los países condiciona las investigaciones que tienen ramificaciones internacionales, ya que los investigadores pueden necesitar obtener información del extranjero que sea decisiva para determinar qué tipo de entrevista se celebrará con los sospechosos. Es posible que, durante las investigaciones sobre terrorismo, sea necesario interrumpir el interrogatorio de un detenido, a fin de que los investigadores puedan obtener información pertinente de las autoridades extranjeras situadas en otros husos horarios.
117.En la legislación se exponen criterios detallados, en virtud de los cuales se exige a la policía que demuestre a un funcionario de justicia que la solicitud de una nueva prórroga de la detención está justificada. En el párrafo 23CA 8) m) figuran dos condiciones importantes. Primera, que toda suspensión o retraso del interrogatorio para recibir información de un lugar en el extranjero situado en un huso horario distinto debe ser razonable. Cualquier suspensión o retraso serían desmedidos por ejemplo, si la información se pudiera obtener sin demora de un lugar en el extranjero, sin importar la diferencia horaria, o si la misma información se pudiera obtener localmente. Toda suspensión o retraso del interrogatorio también puede ser poco razonable si la información obtenida en el extranjero tuviera poca importancia para el interrogatorio del detenido. La segunda condición que figura en el proyecto de párrafo 23CA8)m) es que el período por el cual se suspende o retrasa el interrogatorio también debe ser razonable y está limitado con objeto de que el tiempo muerto no sea superior a la diferencia en husos horarios entre el lugar de la investigación y el lugar correspondiente en el extranjero.
118.Hay en la legislación toda una gama de salvaguardias, incluido el derecho del detenido a comunicarse con un abogado y exigir que se halle presente durante el interrogatorio, así como el derecho a ser tratado con humanidad y respeto de su dignidad. Si el detenido no es ciudadano australiano, debe tener la oportunidad de comunicarse con el consulado de su país.
119.Es importante señalar que toda petición de prórroga del período de interrogatorio o de la detención con fines de investigación debe ser aprobada por un juez independiente. La ley dispone que se proceda al examen judicial, de manera adecuada e independiente, de todos los factores pertinentes para determinar si puede autorizarse la prolongación del interrogatorio o la detención.
Pregunta 15
120.La legislación sobre las condenas obligatorias (que actualmente es el párrafo 4 del artículo 401 del Código Penal de 1913 (Australia occidental)) fue introducida por el anterior gobierno de Australia Occidental como parte de unos cambios generales de la legislación relativa al robo con allanamiento de morada, en particular al robo en viviendas, al robo con circunstancias agravantes y a los delincuentes que reinciden en el robo con allanamiento de morada. Esa ley sobre condena obligatoria sólo se aplica al que ha sido declarado culpable de robo en un lugar utilizado ordinariamente para la vivienda humana y cuando el reo es un delincuente reincidente en el momento de cometer ese delito (es decir, que ha sido declarado en dos ocasiones anteriores culpable de este delito de robo en hogares).
121.La condena obligatoria no se traduce necesariamente por la detención para los delincuentes juveniles. Si el tribunal considera que hay circunstancias especiales, el delincuente juvenil puede no ser condenado a una pena de reclusión. Esta potestad judicial ya se ha aplicado en casos en que el delincuente era muy joven o cuando se consideró que había importantes circunstancias atenuantes por la índole de los delitos.
122.El gobierno de Australia Occidental considera que la condena obligatoria por robo con allanamiento de morada para los reincidentes es una sanción adecuada y proporcionada para esa región, en especial por la necesidad de proteger a las personas que viven en sus hogares y proporcionarles una sensación de seguridad y protección. En la actualidad no hay propuestas del Gobierno del Estado para modificar el artículo 401 4) del Código Penal de 1913 (Australia Occidental).
Pregunta 16
123.El Gobierno de Australia no está considerando la posibilidad de establecer un único órgano supremo independiente que se encargue de investigar, reparar e indemnizar en los casos de arresto, detención y condena presuntamente ilícitos. Australia cuenta ya con varios mecanismos independientes para investigar, reparar e indemnizar en esos casos.
124.Todos los Estados y Territorios disponen de mecanismos que permiten investigar e indemnizar en los casos de arresto, detención y condenas ilegales.
125.En todas las jurisdicciones de Australia, el common law prevé la posibilidad de interponer demanda por daños civiles en los casos de arresto y detención ilícitos. Los hechos relativos a una condena ilícita también pueden constituir la base de una demanda de daños y perjuicios por actos ilegales, como detención ilegal, acusación injusta o abuso de autoridad.
126.En el Territorio de la Capital Australiana, con arreglo al artículo 23 de la Ley de derechos humanos de 2004 una persona condenada ilegalmente por un delito puede pedir una indemnización. En otros Estados y Territorios, un gobierno estatal o territorial puede decidir efectuar un pago graciable por su propia voluntad o respondiendo a una demanda en este sentido.
127.Además, en todas las jurisdicciones existen mecanismos para la revisión de las causas penales. Si una persona ha sido condenada por un delito y se han agotado los recursos de apelación, dependiendo de la jurisdicción, podrá haber una investigación de la condena o fallo, o se trasladará el caso al tribunal de apelación para que examine todo el asunto o para pedir asistencia sobre cualquier cuestión planteada por el asunto. Véase por ejemplo, el artículo 475 1) de la Ley penal de 1900 (Territorio de la Capital Australiana), el artículo 433A del Código Penal (Territorio del Norte), el artículo 474C de la Ley penal de 1900 (Nueva Gales del Sur), el artículo 672A del Código Penal (Queensland), el artículo 369 de la Ley de consolidación del derecho penal de 1935 (Australia Meridional), el artículo 419 del Código Penal (Tasmania), el artículo 584 de la Ley penal de 1958 (Victoria), el artículo 140 de la Ley de sentencias de 1995 (Australia Occidental).
128.A nivel del Commonwealth, hay varios órganos oficiales con competencia para investigar las reclamaciones relativas a las denuncias de arresto y detención ilícitos. El Ombudsman del Commonwealth investiga las reclamaciones sobre las decisiones administrativas de los departamentos federales, incluidas las del Departamento de Inmigración y Ciudadanía, interpuestas por inmigrantes detenidos que consideran que han sido tratados injustamente o de manera poco aceptable. El Ombudsman es también Ombudsman de las fuerzas del orden y puede investigar denuncias relativas a actuaciones de integrantes de la Policía Federal y a las políticas, prácticas y procedimientos de la Policía Federal en cuanto organismo.
129.La Inspección General de los Servicios de Seguridad e Inteligencia es una entidad creada por ley para supervisar los organismos de seguridad e información. Cabe señalar que los organismos de seguridad e información no tienen competencias para arrestar o detener. Si bien es posible que una persona sea detenida a efectos de comparecer ante una autoridad competente para ser interrogada, con arreglo a un mandamiento dictado conforme al artículo 34G de la Ley de la Organización de Seguridad e Inteligencia de Australia, de 1979, la detención debe correr a cargo de agentes de policía. La Inspección General de Seguridad e Inteligencia podrá investigar sobre la legalidad y oportunidad de la actuación de los organismos a solicitud del ministro responsable, por su propia cuenta, o en respuesta a una denuncia que se le haya presentado. La Inspección General es independiente del Gobierno y tiene amplias competencias en materia de investigación, que son similares a las que tienen a su disposición las Reales Comisiones. La Inspección General también puede formular recomendaciones a los organismos sobre indemnizaciones en los casos pertinentes.
130.Con arreglo a la parte II de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, de 1986, la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades puede investigar las denuncias de que un acto o una práctica del Commonwealth, o de una autoridad del Commonwealth, es incompatible con cualquier "derecho humano" (que, según la definición del artículo 3 de la ley, comprende los derechos amparados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Si la Comisión concluye que se han infringido los derechos humanos (por ejemplo, si se determina que el Commonwealth, al denegar una indemnización a un preso federal por una condena ilícita, infringe el párrafo 6 del artículo 14 del Pacto), la Comisión está autorizada para recomendar, por ejemplo, el pago de una indemnización. La Comisión preparará un informe sobre la cuestión para el Fiscal General, con los detalles de las recomendaciones y medidas adoptadas por el Commonwealth a raíz de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión. El Fiscal General debe presentar el informe ante las dos Cámaras del Parlamento Federal.
Pregunta 17
131.Con arreglo al artículo 39 de la Ley de información sobre la seguridad nacional (procedimientos civiles y penales), de 2004, el Secretario del Departamento del Fiscal General del Commonwealth podrá notificar por escrito al representante legal del demandado que durante los procedimientos podría plantearse una cuestión relativa a la revelación de información que probablemente sea perjudicial para la seguridad nacional. Tras la notificación del secretario, el representante legal podrá solicitarle una autorización de seguridad al nivel que el secretario considere adecuado en relación con la información. El proceso de autorización de seguridad se realiza en pie de igualdad con los organismos que participan en los procesos y los representantes legales pueden pedir la autorización de seguridad a uno de los varios proveedores de servicios de investigación de seguridad. Si se deniega la autorización, el solicitante puede pedir al Tribunal de Revisión de Actos Administrativos que examine la decisión.
132.El demandado puede pedir al tribunal que aplace o suspenda el procedimiento en espera de la autorización de seguridad de su representante legal, o para permitir que se autorice a otro letrado. En estas circunstancias, el tribunal debe aplazar o suspender el procedimiento a fin de velar por el derecho del demandado a una representación imparcial e independiente.
133.Si el representante legal del demandado no solicita la autorización de seguridad en los 14 días siguientes al día en que recibió la notificación, o en el nuevo plazo que permita el Secretario, el fiscal podrá informar al tribunal de que el representante legal del demandado no ha pedido autorización. El tribunal podrá entonces informar al demandado de las consecuencias que entraña la representación por un representante legal que no cuenta con autorización de seguridad y podrá recomendar al demandado que contrate a un representante legal que tenga esa autorización o esté dispuesto a solicitarla.
134.Los representantes legales sin autorización de seguridad corren el riesgo de no tener acceso a información de seguridad nacional que guarde relación con el procedimiento emprendido contra el cliente. Por ejemplo, con arreglo al subartículo 29 3), el tribunal tiene poder discrecional para excluir de las audiencias a puerta cerrada a los participantes no autorizados, si considera que la revelación de información puede afectar a la seguridad nacional. Además, el artículo 46 dispone que revelar información relativa a la seguridad nacional a una persona que no cuenta con la autorización correspondiente es un delito, salvo en circunstancias limitadas, por ejemplo si el Secretario del Departamento del Fiscal General ha aprobado la revelación de información, o si se realiza de conformidad con las condiciones aprobadas por la secretaría.
135.Para los procedimientos civiles en los que se maneje información sobre la seguridad nacional rigen disposiciones similares.
136.Si bien los derechos establecidos en el artículo 14 del Pacto no están sujetos a reservas explícitas, se admite generalmente que a veces es necesario evitar que determinadas personas o el público en general tengan conocimiento de determinados elementos sensibles, por ejemplo, para proteger a testigos vulnerables o para no poner en peligro las investigaciones policiales que se están realizando. Del mismo modo, el Gobierno de Australia considera razonable que se exija a los que tengan acceso a información que podría afectar a la seguridad nacional que se sometan a un control de antecedentes, que es efectivamente la práctica que se aplica a los empleados de la administración pública de Australia.
137.El Gobierno de Australia considera que estas medidas establecen un equilibrio razonable entre la protección de los intereses del Estado y los del acusado en causas penales o de las partes en una acción civil.
Pregunta 18
Acceso a la atención de salud mental en el caso de los reclusos con enfermedades mentales
138.Incumbe a los gobiernos estatales y de los Territorios la responsabilidad primordial en materia de prestación de servicios de salud mental a las personas encarceladas. Estas medidas comprenden disposiciones legislativas, directrices y procedimientos para la tramitación de los casos. Los Estados y los Territorios disponen de procedimientos para velar por que los reclusos en establecimientos de detención sean examinados por personal de los servicios penitenciarios y de salud para evaluar su estado físico, mental y emocional, y notificarlo y transmitirlo a las autoridades sanitarias competentes.
139.En marzo de 2008, el Grupo de jefes del sistema nacional de justicia (incluidos los representantes de departamentos de todos los Estados y Territorios y el Commonwealth) aprobó un plan de proyecto relativo a la Iniciativa nacional de salud mental en el sistema de justicia. El proyecto consta de tres fases. En la fase 1, el Grupo de Trabajo llevó a cabo una auditoría de la investigación y los informes relativos a la salud mental recientes en el sistema de justicia, que puso al descubierto esferas a las que es preciso dedicar más atención. En la fase 2 se determinaron las medios más eficaces para divulgar la información y las normativas recopiladas. La fase 3 (en curso) se refiere a la elaboración de directrices sobre las mejores prácticas de derivación y apoyo a las personas con enfermedades mentales en el sistema de justicia. Las directrices indicarán estrategias para contar con la colaboración de jóvenes, aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y personas de diferentes ámbitos culturales y lingüísticos.
Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades sobre los Centros de Detención de Inmigrantes
140.Varias de las recomendaciones de la Comisión se ajustan al actual programa de mejora del Departamento de Inmigración y Ciudadanía. Entre las iniciativas adoptadas por el Departamento en 2007 figuran las siguientes: un nuevo método basado en riesgos para determinar el mejor alojamiento para las personas detenidas; mejoras de los servicios de gestión de los casos para velar por que los usuarios obtengan resultados de inmigración duraderos; y mejora de la prestación de servicios de salud y de salud mental.
141.En los últimos tres años, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía ha colaborado estrechamente con las partes interesadas, en particular con el grupo asesor sobre la salud en los centros de detención, para mejorar la prestación de asistencia de salud mental a inmigrantes detenidos, lo que ha supuesto la aplicación de un modelo integrado de prestación de servicios de salud mental, que contemplan la evaluación global de la salud mental a cargo de médicos clínicos y la adecuada planificación y seguimiento de la asistencia. En los últimos tiempos, la labor del grupo asesor se ha concentrado en una revisión del examen de salud mental para mejorar la identificación de traumas y velar por que el nuevo examen preliminar se efectúe en los puntos de activación adecuados. A raíz de esta labor, actualmente se está aplicando un nuevo régimen de examen preliminar de la salud mental. También se está elaborando una normativa para prevenir los daños autoinfligidos y para el tratamiento de personas que han sobrevivido a torturas y traumas.
142.El Departamento de Inmigración y Ciudadanía contrata a un administrador de servicios sanitarios para proporcionar servicios básicos de atención de salud y servicios de salud mental a los detenidos en los centros de detención de inmigrantes. Los servicios como el examen en los centros de salud pública y el ingreso en hospitales para enfermos agudos, tanto en lo relativo a enfermedades físicas como mentales, corren a cargo por lo general de los departamentos de salud estatales y territoriales. El Departamento establece memorandos de entendimiento o acuerdos de principio con los departamentos de salud estatales y territoriales para velar por que se presten servicios hospitalarios que correspondan a los que se ofrecen a la comunidad en su conjunto.
143.El Departamento de Inmigración y Ciudadanía sigue estudiando las necesidades de salud y de salud mental de todos los detenidos en los centros de detención para velar por que los modelos de atención de salud y los recursos para la salud sean los adecuados para subvenir a las necesidades de esas personas.
Pregunta 19
Reclusos en prisión preventiva
144.Australia empieza por señalar su reserva al apartado a) del párrafo 2 del artículo 10 del Pacto, por la que afirma que se acepta el principio de la separación como objetivo que debe alcanzarse progresivamente. Por otro lado, la reserva afirma que esa separación sólo se acepta en la medida en que las autoridades responsables consideren que es beneficiosa para los menores o adultos en cuestión.
145.Los Gobiernos de los Estados y Territorios son responsables de la gestión y el funcionamiento de las cárceles de su jurisdicción. De conformidad con el artículo 120 de la Constitución de Australia, la detención de los delincuentes federales (incluidos los que están en prisión preventiva) es responsabilidad de los Estados y Territorios. La clasificación de un preso en particular incumbe a las autoridades penitenciarias. Al clasificar a los presos se deben tener en cuenta factores como la gravedad de la acusación que pese contra esa persona y el deber del Estado de ofrecer protección y seguridad a la persona detenida.
146.Los Estados y Territorios prestan servicios penitenciarios de conformidad con las Directrices Uniformes de Régimen Penitenciario de Australia (Directrices uniformes). En estas directrices se afirma la determinación de que la prestación de servicios correccionales sea nacional. En 2004, la Conferencia de Ministros de Administración Penitenciaria decidió que se debían examinar de nuevo las Directrices uniformes. El proyecto de directrices uniformes revisadas fue aprobado por el Consejo de Administradores de los Servicios Penitenciarios el 2 de mayo de 2007, pero aún debe examinarlo la Conferencia de Ministros de Administración Penitenciaria. Se espera que a principios de 2009 se aprueben las Directrices uniformes definitivas.
147.En el proyecto de directrices uniformes revisadas se afirma que, de ser posible, no debe ponerse en contacto, contra su voluntad, a los presos en prisión preventiva con los presos ya condenados.
148.Los detenidos en prisión preventiva serán objeto de un trato adecuado a su condición de personas que no han sido condenadas. Con arreglo al proyecto de directrices uniformes revisadas, los presos en prisión preventiva tendrán, entre otros privilegios, la oportunidad de vestirse adecuadamente con su propia ropa, de trabajar y de tener más visitas (a discreción del director de la cárcel).
Carga de la prueba
149.En 2004, la Ley contra el terrorismo, de 2004, (Commonwealth) incorporó el artículo 15AA en la Ley penal de 1914 (Commonwealth). El artículo 15AA dispone que un juez no debe conceder la libertad bajo fianza a una persona a la que se imputan determinados delitos, o que ha sido condenada por esos delitos, salvo que la autoridad competente esté convencida de que ello se justifica en razón de circunstancias excepcionales. Entre esos delitos figura el "delito de terrorismo". El delito de terrorismo se define como un delito tipificado en la subdivisión A de la división 72 o parte 5.3 del Código Penal.
150.El objeto de la inversión de la carga de la prueba es lograr un planteamiento nacional coherente sobre la libertad bajo fianza en lo que respecta a las personas acusadas de delitos de terrorismo y determinados delitos federales que, en muchos casos, guardan relación con la actividad terrorista. La mayoría de las jurisdicciones estatales y territoriales establecen una presunción en contra de la libertad bajo fianza cuando se acusa a una persona de delitos especiales o cuando se trata de un reincidente. Por ejemplo, muchas jurisdicciones imponen una presunción en contra de la libertad bajo fianza para los delitos graves relacionados con drogas.
151.El artículo 15AA prevé una excepción a la norma general que dispone que, en Australia, las personas que están pendientes de juicio no deben permanecer detenidas (pero pueden estar sujetas a la prestación de garantías en forma de condiciones de fianza). Esta excepción se aplica sólo a los acusados de delitos graves relacionados con el terrorismo y a los delitos federales que corresponden a los delitos tradicionales de asesinato y homicidio tipificados en la legislación de los Estados y Territorios. En cualquier caso, la presunción en contra de la libertad bajo fianza respecto de las personas acusadas de estos delitos puede rebatirse cuando concurran "circunstancias excepcionales".
152.La frase "circunstancias excepcionales" no está definida; sin embargo, ha habido diversos pronunciamientos judiciales relativos a la cuestión de lo que constituyen circunstancias excepcionales en los casos de terrorismo con el fin de justificar la libertad bajo fianza. Los tribunales están facultados para determinar si hay "circunstancias excepcionales". A este respecto, en cada caso se examina el fondo de la cuestión. Los tribunales han concedido la libertad bajo fianza en varios casos, ateniéndose a las disposiciones sobre las circunstancias excepcionales. En última instancia, incumbe al tribunal determinar si corresponde conceder la libertad bajo fianza e indicar al demandado las condiciones para ello.
Pregunta 20
153.El Ministro de Inmigración y Ciudadanía ha encomendado al Departamento de Inmigración y Ciudadanía que estudie las opciones para incorporar oficialmente en el proceso de tramitación de visados las obligaciones de Australia en materia de no devolución, de conformidad con los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Ese proceso estipularía que las decisiones respecto de esas obligaciones estuvieran sujetas al examen del fondo de la cuestión y la revisión judicial.
154.En el actual contexto de migración de Australia, la protección complementaria de los solicitantes de asilo queda comprendida en el ámbito de los poderes discrecionales del Ministro.
155.Se ha elaborado un proyecto de modelo de protección complementaria conforme al sistema actual de visado de asilo, que permitiría la adopción de nuevos criterios de determinación del asilo basados en la obligación de no devolución en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. También se procuraría aplicar la prueba jurídica establecida en la jurisprudencia internacional para determinar los riesgos reales para el derecho de una persona a la vida o el derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
156.Este proyecto de modelo, que está supeditado a la aprobación del Gobierno, tiene por objeto establecer un proceso único de decisión para evaluar las obligaciones de no devolución en el marco de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. También prevé la concesión de visados de asilo, con independencia de los motivos para otorgar protección.
157.El Departamento de Inmigración y Ciudadanía realiza actualmente consultas sobre el proyecto de modelo con los interesados, entre ellos expertos en derecho de los refugiados. Tras ultimar la propuesta de normativa y los aspectos prácticos del modelo, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía procurará obtener la aprobación del Gobierno. La aplicación incluirá modificaciones legislativas.
158.Si se aprueba el proyecto de modelo, se espera que el Ministro siga ejerciendo la facultad de actuar en aras del interés público y pueda examinar un caso por motivos humanitarios, por ejemplo cuando las circunstancias puedan constituir una importante amenaza para la seguridad personal, los derechos humanos o la dignidad humana de una persona.
Pregunta 21
159.El Gobierno de Australia señala que incitar a una persona a cometer un delito constituye un delito por sí mismo, con arreglo al artículo 11.4 de la Ley del Código Penal, de 1995, (Commonwealth). No obstante, habida cuenta de que el "odio" no es un delito en el marco de la legislación de Australia, la incitación al odio no está contemplada en este artículo.
160.La legislación de todos los Estados y Territorios de Australia (excepto Australia Meridional) prohíbe la discriminación religiosa. Algunos Estados también prohíben la denigración por motivo de religión y la incitación al odio por motivo de creencias religiosas. Estas disposiciones se refieren a delitos de los Estados y Territorios (en Australia, la mayoría de los delitos quedan comprendidos en esta categoría). Por ejemplo, ello se puede ver en los artículos 321G y 321H de la Ley penal del Estado de Victoria de 1958.
161.A nivel federal, la Ley sobre la discriminación racial de 1975 (Commonwealth) prohíbe la denigración por motivo de raza, color u origen nacional o étnico ("conducta ofensiva basada en el odio racial"). La denigración racial abarca actos ofensivos, insultantes, humillantes o intimidatorios para una persona o grupo de personas. La prohibición está sujeta a varias exenciones, que tienen por fin lograr que se pueda celebrar libremente un debate de buena fe sobre cuestiones de legítimo interés público (por ejemplo, la exactitud de una información periodística, o un propósito intelectual, artístico o científico genuino) que permita llegar a un equilibrio correcto entre la libertad de expresión y la protección de grupos e individuos contra conductas ofensivas por motivos de raza.
162.No hay legislación federal que trate específicamente de la discriminación o la denigración por motivo de religión. No obstante, cuando se adoptaron las disposiciones sobre la denigración racial en la Ley sobre la discriminación racial, el Gobierno declaró que tenía el propósito de que se diera a los términos "raza" y "origen étnico" un sentido amplio, que se podía ampliar para abarcar a grupos religiosos particulares. En observaciones posteriores, los jueces han dado su apoyo a ese sentido amplio.
163.El odio racial o religioso, si bien es un problema de innegable importancia general, no es propiamente objeto de la jurisdicción penal. El Gobierno de Australia no considera adecuado que se tipifique un delito de pensamiento. La incitación a la violencia, por otra parte, figura inequívocamente tipificada en el Código Penal y, por lo tanto, es punible por ley.
164.En Australia la tolerancia de las distintas creencias religiosas se fomenta por medio de la educación, que también ayuda a reducir al mínimo la discriminación por motivo de religión. Se ha encomendado a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades la tarea de la educación en materia de derechos humanos; la Comisión desempeña un importante papel en el aumento de la sensibilización de la comunidad sobre los derechos y responsabilidades, en particular la libertad de religión y de creencias.
165.Con arreglo a la Ley sobre la discriminación racial, la Comisión también tiene competencia para recibir denuncias de personas que sean objeto de discriminación o denigración. La Comisión intentará primero que se llegue a una conciliación. Si el proceso de conciliación fracasa, el denunciante podrá iniciar una querella ante el tribunal federal de primera instancia o el tribunal federal en relación con la denuncia.
166.La Comisión también puede investigar todo acto o práctica del Commonwealth o de un empleador que no sea compatible con la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones y tratar de llegar a una conciliación sobre el asunto.
167.La Comisión, en su informe "IsmaعListen" recomendó que se tipificara a nivel federal el delito de discriminación y denigración por motivo de religión. La Comisión está en proceso de realizar otro proyecto para examinar la libertad de religión y de convicciones. Es probable que en este proyecto se vuelvan a abordar las anteriores recomendaciones de la Comisión sobre la discriminación y la denigración por motivo de religión en la legislación de Australia.
168.La iniciativa del Gobierno Vivir en armonía responde, en parte a la recomendación del informe "IsmaعListen" de que los organismos de Gobierno faciliten la consulta entre las organizaciones de comunicación y las organizaciones de las comunidades religiosas y étnicas. La alianza entre las universidades y las organizaciones de comunicación en toda Australia tiene por fin determinar hasta qué punto es cierta la representación negativa y diseñar formas de mejorar la práctica periodística. Se ha elaborado una serie de recursos para proyectos dirigidos a los docentes de periodismo, para la educación y capacitación de los periodistas, tanto en las universidades como en las salas de redacción.
169.En lo que respecta a la recomendación de "IsmaعListen" que exhorta a los dirigentes comunitarios musulmanes a establecer vínculos estrechos con otras comunidades religiosas y étnicas de Australia, de conformidad con el Plan Nacional de Acción para consolidar la cohesión social, la armonía y la seguridad, el Gobierno de Australia financia un programa anual de becas comunitarias para prestar asistencia a las comunidades que fomentan la armonía, crean vínculos con otras comunidades y aumentan la participación de los musulmanes en la vida de Australia en general.
Pregunta 22
170.En Australia, la celebración de las elecciones federales se rige por la Ley electoral del Commonwealth, de 1918. Cada Estado y Territorio tiene una legislación electoral distinta por la que se rigen las correspondientes elecciones.
171.El 26 de septiembre de 2007, el Tribunal Superior de Australia en el caso Roach v. Electoral Commissioner decidió que los artículos 93(8AA) y 208 2) c) de la Ley electoral del Commonwealth no eran válidos. El artículo 93(8AA) estipula que:
"Una persona que cumple condena de prisión por un delito contra la ley del Commonwealth o de un Estado o Territorio no tiene derecho a votar para elegir senadores o diputados."
172.El artículo 208 2) c) dispone que en la lista de votantes que prepara el Comisionado Electoral no podrán figurar las personas a las que se refiere el artículo 93(8AA).
173.La conclusión de la decisión del Tribunal Superior es que la Ley sobre el derecho de sufragio de los reclusos es la ley vigente antes de que en 2006 se promulgaran los artículos 93 (8AA) y 208 2) c). Esto significa que un preso que cumple una pena de prisión de menos de tres años que reúna todos los otros requisitos para votar tendrá derecho a hacerlo. Ésta es la postura que se adoptó en las elecciones federales celebradas en Australia el 24 de noviembre de 2007 y en las elecciones parciales federales posteriores.
174.Si bien todavía no se han eliminado los artículos 93(8AA) y 208 2) c) de la Ley electoral, no están vigentes al haber sido declarados nulos por el Tribunal Superior. Se propone la preparación de las enmiendas a esta ley en el curso de 2009.
175.El Tribunal Superior en el caso Roach también examinó la vigencia de las leyes electorales que se aplicaban a los presos antes de las modificaciones de 2006. Las leyes anteriores a 2006 denegaban a los presos el derecho a sufragio si cumplían penas de prisión de tres años o más. El Tribunal Superior consideró que esta restricción era razonablemente adecuada para el mantenimiento de un gobierno representativo que establece la Constitución de Australia.
176.Australia considera que la posición descrita es compatible con el artículo 25 del Pacto, y señala la interpretación del Comité expuesta en la Observación general Nº 25. En particular, Australia considera que la suspensión del derecho de sufragio para las personas que cumplan penas de prisión de tres años o más es objetiva, razonable y proporcionada.
Pregunta 23
177.La información relacionada con las obligaciones de Australia de presentar informes con arreglo al Pacto se difunde de variadas maneras. Todos los informes presentados a los comités de derechos humanos de las Naciones Unidas, así como las observaciones finales de esos comités, se ponen a disposición del público en el sitio web del Departamento del Fiscal General del Commonwealth. Esa información también se distribuye a los Estados y Territorios, los departamentos del Gobierno Federal, la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades (la Comisión), las ONG, las bibliotecas, las instituciones académicas y las dependencias de Australia en el extranjero. Los informes presentados a los comités de derechos humanos de las Naciones Unidas también se presentan al Parlamento Federal.
178.Incumbe a la Comisión la responsabilidad primordial de sensibilizar al público sobre los derechos humanos mediante la educación y promoción de estos derechos. La mayor parte de las funciones reglamentarias de la Comisión tiene un componente educativo o de sensibilización. Las funciones de la Comisión comprenden: el asesoramiento al Gobierno de Australia en materia de derechos humanos, el examen de la legislación para velar por el respeto de los principios de derechos humanos y la inclusión de los grandes temas de derechos humanos en la actualidad política y pública mediante la realización de investigaciones y encuestas públicas sobre asuntos relacionados con los derechos humanos.
179.El Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio lleva a cabo consultas habituales con una gran variedad de ONG de derechos humanos, para examinar cuestiones internacionales sobre estos derechos. En estas consultas, el Departamento invita a los organismos competentes del Gobierno que proporcionen información actualizada sobre las próximas comparecencias de Australia ante los órganos de tratados y la presentación de informes a esos órganos.
180.El Gobierno de Australia también apoya la celebración de un foro anual de ONG de derechos humanos que alienta a los representantes de los grupos de derechos humanos a dialogar con los ministros sobre cuestiones de importancia nacional para los planes de acción nacionales de derechos humanos. El programa es amplio y se invita a los representantes que asisten al foro a formular preguntas sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos, y después del foro se distribuyen las respuestas por escrito a las preguntas a las que se atendió. Algunos miembros de la Comisión también asisten con el fin de plantear y resolver cuestiones que preocupan actualmente en relación con los derechos humanos. El foro también da la oportunidad a las partes interesadas de examinar la aplicación nacional de instrumentos como el Pacto y los Protocolos Facultativos del Pacto. A este foro asiste asiduamente una gran variedad de grupos socialmente representativos, entre ellos organizaciones de defensa de los discapacitados, los aborígenes y las mujeres. El foro es un mecanismo nacional valorado y decisivo para el diálogo entre el Gobierno y los agentes no estatales sobre cuestiones de derechos humanos. El último foro se celebró en junio de 2008 y estuvieron representadas más de 35 ONG nacionales de derechos humanos.
181.El Gobierno de Australia considera que la protección de los derechos humanos y las responsabilidades de la persona son un aspecto importante de la democracia del país. Por este motivo, el 10 de diciembre de 2008, el Gobierno anunció una consulta a nivel nacional para determinar la mejor forma de considerar y proteger los derechos humanos y las responsabilidades de las personas en Australia.
182.Es probable que durante la consulta nacional sobre los derechos humanos, se plantee la cuestión de cómo lograr una mayor protección de los derechos civiles y políticos en Australia. También se espera que la consulta examine la forma de reforzar la educación en materia de derechos humanos para un mayor fomento de la cultura de los derechos humanos en el país.
183.Los Estados y Territorios también realizan actividades para una mayor sensibilización en relación con los derechos humanos, en particular los amparados por el Pacto. Por ejemplo, en Victoria, el Colegio de Jueces de Victoria celebró varios programas intensivos para los jueces en 2007 y 2008 sobre el funcionamiento de la Ley de la Carta de Derechos Humanos y Responsabilidades de Victoria de 2006, que incorpora los derechos amparados en el Pacto. En 2009, el Colegio ofrece un panorama general de la Carta de Derechos Humanos para los jueces recién designados. El Gobierno de Victoria también impartió programas de educación sobre la Carta de Derechos Humanos, en particular la capacitación como oficiales juristas y secretarios impartida a más de 500 participantes y un programa de aplicación de los derechos humanos a 300 funcionarios del ámbito de la prestación de servicios (incluida la policía y las fuerzas del orden de Victoria). Apenas contratados, los integrantes de la policía de Victoria reciben formación en materia de derechos humanos, lo que comprende una capacitación específica sobre el uso de la fuerza, las prácticas en materia de detención y cuestiones relativas a la privación de libertad.
Pregunta 24
184.Como se prevé en las Directrices armonizadas sobre la preparación de informes con arreglo a los tratados internacionales de derechos humanos, incluidas orientaciones relativas a la preparación de un documento básico común y de informes sobre tratados específicos (Directrices armonizadas), preparadas por el Grupo de Trabajo Técnico de los Comités de las Naciones Unidas en 2006 (HRI/MC/2006/3), el documento básico de Australia que incorpora el quinto informe periódico presentado en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el cuarto informe periódico presentado con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, contiene información general que complementa los informes específicos presentados a los diversos comités de derechos humanos de las Naciones Unidas. El documento también contiene los informes periódicos presentados a los órganos de tratados con arreglo a los dos Pactos.
185.El documento, por consiguiente, comprende información sobre las características demográficas, económicas, sociales y culturales de Australia, y la estructura constitucional, política y jurídica del país y sobre el marco general de protección y promoción de los derechos humanos. También incluye información común a los tratados pertinentes en los que Australia es parte, incluida (pero no sólo) información sobre no discriminación e igualdad y recursos efectivos.
186.Las Directrices armonizadas indican que su objeto es permitir a cada órgano y Estado parte obtener un panorama completo de la aplicación de los tratados pertinentes, en el contexto más amplio de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, y que ofrecerán un marco uniforme, dentro del cual cada Comité podrá trabajar. También tienen por objeto fortalecer la capacidad de los Estados para cumplir sus obligaciones en materia de presentación de informes de manera puntual y efectiva, en particular evitando la duplicación innecesaria de información. Teniendo en cuenta que Australia debía presentar los informes con arreglo a los dos Pactos con un mes de diferencia, el Gobierno de Australia intentó cumplir los objetivos de las Directrices armonizadas, y sus obligaciones en materia de presentación de informes a los órganos de tratados, de forma que ofrecieran un panorama integrado de los derechos humanos en el país, que reflejara a su vez la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, y que tratara de ofrecer un punto de referencia eficaz para cada uno de los otros informes que Australia debe presentar a los órganos de tratados, a fin de evitar la duplicación innecesaria de información. Habida cuenta de que todos los derechos amparados por los tratados fundamentales de derechos humanos en los que Australia es parte se derivan esencialmente de los derechos recogidos en los Pactos, y de que la información sobre la aplicación de los derechos amparados por los otros tratados es también pertinente para la aplicación de los Pactos, el Gobierno de Australia consideró que indicar en el documento los artículos pertinentes de todos los tratados que se aplican a cada conjunto de datos como parte de los informes presentados en virtud de los Pactos era una interpretación correcta de las Directrices armonizadas.
187.Toda la información que se debe presentar en el informe para cada tratado con arreglo a las Directrices consolidadas para los informes de los Estados presentados en virtud del Pacto del Comité de Derechos Humanos (CCPR/C/66/GUI/Rev.2) también figura en el documento básico que forma parte del informe de Australia presentado con arreglo al Pacto. A lo largo de todo el documento, Australia facilitó información, según el caso, sobre los motivos de preocupación específicos planteados por el Comité de Derechos Humanos respecto de su informe y comparecencia anteriores en virtud del Pacto. En el informe presentado en virtud del Pacto, que se adjunta al documento y que también incluye información sobre las comunicaciones presentadas de conformidad con el Primer Protocolo Facultativo del Pacto correspondientes al período que se examina, se añade un cuadro en el que se indica el lugar del documento básico en que se aborda cada una de las anteriores observaciones finales del Comité. El documento también contiene información sobre las reservas de Australia en relación con los tratados fundamentales de derechos humanos, incluido el Pacto, y las declaraciones hechas de conformidad con dichos tratados; y sobre las dificultadas a las que el país debe hacer frente en determinados asuntos, como la resolución de la situación desventajosa de la población autóctona y la forma en que ha interpretado y aplicado determinados artículos que contemplan limitaciones. El documento también presenta una variedad de estadísticas al caso, que ofrecen información sobre los avances realizados por Australia en la aplicación de los derechos amparados en el Pacto.
188.El Gobierno de Australia reconoce la importante labor que la reunión de los comités que son órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos ha realizado en su esfuerzo por racionalizar los requisitos de presentación de informes para los Estados en virtud de los distintos tratados, para que los informes se presenten a tiempo y de forma eficiente, y que los comités cuenten con la información pertinente y útil que permita a los comités realizar su labor adecuadamente. Australia fue uno de los primeros Estados en presentar un informe preparado de conformidad con las Directrices armonizadas y, en este sentido, el informe es un tanto experimental. En el intento de adaptar las Directrices armonizadas a la práctica y de cumplir los requisitos de presentación de informes para cada tratado, hubo que hacer frente a varias dificultades, en particular la forma de incluir la información solicitada en los limites de páginas establecidos por los comités y la mejor forma de mantener ese documento actualizado y adaptado a posteriores informes en relación con cada tratado. El Gobierno está muy interesado en escuchar la opinión del Comité y, de manera más general, las opiniones de la reunión de los comités que son órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos y del ACNUDH, sobre el informe de Australia, y sobre la forma en que se podría mejorar el proceso de presentación de informes y hacerlo más eficaz y constructivo, tanto para los comités como para los Estados.
-----