Comité de Derechos Humanos

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto

Sextos informes periódicos que los Estados partes debían presentar en 2013

Australia * **

[Fecha de recepción: 2 de mayo de 2016]

Introducción

1.Australia se complace en presentar al Comité de Derechos Humanos (el Comité) su sexto informe periódico sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (el Pacto), de conformidad con el artículo 40 del Pacto.

2.La presente respuesta de Australia incluye leyes y políticas federales, así como ejemplos de los estados y los territorios. Por cuestiones de espacio, no se han incluido ejemplos de todas las jurisdicciones.

3.Australia cumple sus obligaciones internacionales mediante la aplicación de una serie de medidas, así como a través de leyes, políticas y programas federales y estatales, así como del common law. En Australia no existe el requisito de que el Pacto se aplique a través de una ley nacional única, ya que ello no sería apropiado en su sistema federal de gobierno.

Marcos jurídico e institucional

4.Ley de Derechos Humanos (Examen Parlamentario) de 2011 (Commonwealth) : esta Ley entró en vigor el 4 de enero de 2012. En ella se establece que todos los proyectos de ley y los instrumentos legislativos revocables deben acompañarse de una declaración de compatibilidad con los derechos humanos. El 13 de marzo de 2012 se creó la Comisión Parlamentaria Mixta de Derechos Humanos, dedicada exclusivamente a la vigilancia de esos derechos. Esta Comisión examina los proyectos de ley, las leyes y los instrumentos legislativos revocables a los efectos de su compatibilidad con los derechos humanos, y puede llevar a cabo investigaciones sobre cualquier asunto relativo a los derechos humanos que le remita el Fiscal General. Estos procesos de vigilancia se han concebido para alentar el examen temprano y continuo de las cuestiones relativas a los derechos humanos en la elaboración de políticas y leyes. También tienen por objeto mejorar el examen parlamentario de nuevas leyes a los efectos de su compatibilidad con los derechos y libertades enunciados en los siete tratados fundamentales de derechos humanos en los que Australia es parte.

5.Mayor vigilancia del cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos : el Gobierno de Australia mantiene una base de datos en línea de acceso público con recomendaciones del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, entre ellas las recomendaciones de los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados de derechos humanos y las formuladas en el marco del Examen Periódico Universal.

6.Comisionado de los Derechos Humanos : el 17 de febrero de 2014 se nombró a un nuevo Comisionado de los Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos de Australia para que se ocupara de los derechos civiles y políticos y de los derechos y libertades reconocidos por el common law.

7.Comisionada Nacional para la Infancia : el 25 de febrero de 2013 se nombró a la primera Comisionada Nacional para la Infancia de Australia como defensora de los niños y jóvenes a nivel federal. La Comisionada promueve debates públicos y actividades de concienciación sobre cuestiones que afectan a los niños, administra programas de investigación y educación y celebra consultas directas con los niños y las organizaciones que los representan.

8.Comisionada de Lucha contra la Discriminación por razón de Edad : el 30 de julio de 2011 se nombró a la primera Comisionada de Lucha contra la Discriminación por razón de Edad. Sus funciones consisten en concienciar e informar a la comunidad respecto de la discriminación por razón de edad y promover la eliminación de esa discriminación en todas las esferas de la vida pública. El 26 de junio de 2015, esta Comisionada también fue nombrada Primera Embajadora de Australia para el Empleo de las Personas de Edad. Este cargo complementa la campaña del Gobierno de Australia destinada a alentar a las empresas a emplear a personas de mayor edad.

9.Oficina de la Comisionada para las Quejas en Materia de Atención de las Personas Mayores : esta Oficina actúa como mecanismo de examen independiente para la adopción de decisiones y para los procesos del Programa de Quejas en Materia de Atención de las Personas Mayores, así como para los procesos del Organismo de Control de la Calidad de la Atención de las Personas Mayores.

10.Examen de las leyes del Commonwealth a los efectos de su compatibilidad con los derechos y privilegios tradicionales reconocidos por el common law: se encomendó a la Comisión de Reforma Legislativa de Australia que realizara un examen crítico de la legislación federal para detectar cualquier disposición que contraviniera los derechos, las libertades y los privilegios reconocidos por el common law australiano y determinar si las contravenciones de esas libertades estaban debidamente justificadas. Ese examen fue una tarea importante que puede servir de base para posibles enmiendas legislativas orientadas a mejorar las libertades civiles individuales en la comunidad australiana. La Comisión de Reforma Legislativa de Australia publicó un documento temático el 10 de diciembre de 2014 y su informe provisional el 3 de agosto de 2015. El informe final se publicó en marzo de 2016.

Estados y territorios

11.El estado de Victoria y el Territorio de la Capital de Australia tienen cartas de derechos que se basan en un “modelo de diálogo” y protegen los derechos civiles y políticos. Ambos instrumentos establecen que el ejecutivo debe actuar y tomar decisiones en un modo que sea compatible con los derechos humanos y que la justicia debe interpretar las leyes en un modo que sea compatible con los derechos humanos.

12.Territorio de la Capital de Australia: en 2009, el Territorio de la Capital de Australia modificó su Ley de Derechos Humanos de 2004 para introducir en ella la obligación de las autoridades públicas de actuar y tomar decisiones en un modo que sea compatible con los derechos humanos, y de proporcionar a las personas que consideren que se han vulnerado los derechos que les asisten enunciados en esa Ley el derecho directo a presentar una demanda. El 1 de enero de 2013, el derecho a la educación se convirtió en uno de los derechos amparados por la Ley de Derechos Humanos.

13.La Comisionada de Derechos Humanos y de Lucha contra la Discriminación del Territorio de la Capital de Australia ofrece una serie de materiales didácticos sobre la Ley de Derechos Humanos, que incluyen folletos informativos sobre cada derecho y cursos de formación presenciales y en línea para los funcionarios públicos y los profesionales del derecho. Además, para conmemorar los diez años de la Ley, la Comisionada celebró una conferencia junto con la Universidad Nacional de Australia, el 1 de julio de 2014, y organizó el 10 de diciembre de 2014 un debate sobre el futuro de la Ley en el que se incluyeron aportaciones de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada.

14.Victoria: en laLey de la Carta de Derechos Humanos y Responsabilidades de Victoria de 2006 se prevén dos exámenes periódicos de la Carta —uno a los cuatro años de su entrada en vigor y otro a los ocho años de su entrada en vigor. Esos exámenes brindan una oportunidad de mejorar la protección de los derechos humanos y hacer que la aplicación de la Carta sea más clara, simple y accesible. El segundo examen se presentó al Parlamento el 17 de septiembre de 2015.

Jurisprudencia

15.Durante el período abarcado en el presente informe, los derechos civiles y políticos se han tenido en cuenta en varias decisiones adoptadas por tribunales australianos. A continuación se exponen algunas de esas decisiones.

16.En la causa D . P . P . v. Kaba, el Tribunal Supremo de Victoria concluyó que los interrogatorios policiales a los que había sido sometido el acusado, el Sr. Kaba, habían limitado de manera desproporcionada sus derechos a la privacidad y a la libertad de circulación, enunciados en la Carta de Victoria. Esta causa planteó cuestiones importantes respecto de las facultades de la policía y los derechos humanos. El Tribunal Supremo concluyó que la policía había actuado en un modo que no era compatible con los derechos humanos a la privacidad y a la libertad de circulación, al interrogar a una persona de manera coercitiva y sin autoridad legal para ello tras dar el alto al vehículo en que viajaba. La decisión pone de relieve las obligaciones de la policía de Victoria de actuar en un modo que sea compatible con los derechos humanos en el desempeño de esos deberes y en el ejercicio de sus facultades. Para cumplir con esas obligaciones, la policía debe asegurarse de tener autoridad legal para realizar cualquier acción.

17.En la causa A . B . v. Western Australia, el Tribunal Supremo afirmó el derecho de las personas transgénero a que su género sea oficialmente reconocido tras los procedimientos médicos o quirúrgicos a los que se hayan sometido. El Tribunal destacó que la finalidad de la Ley de Reasignación del Género de 2000 era mitigar la discriminación de la que son objeto las personas transgénero en la sociedad reconociendo legalmente la propia identificación y percepción de género de esas personas.

18.En la causa Rowe v. Electoral Commissioner, el Tribunal Supremo declaró anticonstitucionales las enmiendas introducidas en 2006 en la Ley Electoral del Commonwealth de 1918, por las que se impedía actualizar la lista electoral a partir del día en que se emitía la orden para la celebración de elecciones en el caso de los votantes nuevos o aquellos que desearan reinscribirse, y a partir del tercer día después de la emisión de dicha orden en el caso de los votantes que desearan actualizar sus datos de empadronamiento. Las enmiendas fueron declaradas anticonstitucionales por ser incompatibles con las disposiciones de los artículos 7 y 24 de la Constitución, en los que se establece que las dos Cámaras del Parlamento deberán estar integradas por miembros “directamente elegidos por el pueblo”. El Gobierno hizo efectiva esa decisión mediante la Ley de Enmienda sobre las Elecciones y Referendos (Empadronamiento y Voto de los Reclusos) (Commonwealth) de 2011, por la que se restableció el plazo para el cierre de las listas, que era de siete días a contar de la fecha de emisión de las órdenes.

19.En la causa Owen v. Menzies and Ors, el Tribunal de Apelación dictaminó que las leyes de Queensland contra la denigración no vulneraban la libertad implícita de comunicación política enunciada en la Constitución de Australia. Esta causa fue importante para confirmar que las leyes en las que se prohíbe la denigración por motivos de homosexualidad, u otros atributos protegidos, pueden constituir una restricción aceptable del derecho a la libertad de expresión a los efectos del derecho interno, siempre y cuando estén redactadas de manera adecuada.

20.En la causa NSW Registrar of Births, Deaths and Marriages v. Norrie, el Tribunal Supremo dictaminó de manera unánime que la Ley de Inscripción de Nacimientos, Defunciones y Matrimonios de 1995 permitía al Registro Civil inscribir a un sujeto como persona de sexo “no especificado”. En esta causa, Norrie, una persona que se había sometido a un “procedimiento quirúrgico de afirmación sexual”, había solicitado al Registro Civil que cambiara su sexo a “no especificado”, de conformidad con esa Ley. El Registro Civil expidió un certificado de cambio de sexo en el que se hacía constar su condición de persona de sexo “no especificado”, pero posteriormente informó de que el certificado no era válido. El Tribunal Supremo de Australia concluyó que en la Ley se reconocía que una persona podía no ser ni hombre ni mujer, por lo que permitía la inscripción de un sujeto como persona de sexo “no especificado”. El Tribunal Supremo de Australia ordenó que las solicitudes de Norrie fueran remitidas al Registro Civil para que tomara las decisiones pertinentes de conformidad con sus argumentos y desestimó por lo demás el recurso.

Formación de funcionarios judiciales, abogados y fiscales

21.De conformidad con el principio de independencia de la justicia respecto del poder ejecutivo, enunciado en la Constitución de Australia, los funcionarios judiciales federales participan voluntariamente en los programas de desarrollo profesional de Australia.

22.Los Presidentes del Tribunal Supremo, el Tribunal Federal, el Tribunal de Familia y el Tribunal Federal de Apelación de Australia se encargan de velar por que se tomen las disposiciones necesarias para ofrecer a los jueces un acceso adecuado a actividades de formación judicial. Los programas de desarrollo profesional y las actividades de formación para jueces pueden organizarse e impartirse en los propios tribunales o en instituciones tales como el Colegio Judicial Nacional de Australia y el Instituto de Australasia para la Administración Judicial, ambos parcialmente financiados por el Gobierno de Australia.

23.Estas dos instituciones imparten formación en función de las necesidades y solicitudes de los tribunales. La cuestión de los derechos humanos está presente en todas las actividades de formación del Colegio Judicial Nacional de Australia, incluso en el caso de los cursos en que se tratan otros temas.

24.La inscripción y la formación de los abogados son competencia de los estados y territorios. Todos los años, los abogados de cada estado y territorio deben completar un programa de formación jurídica continua que incluye, entre otras cosas, cursos obligatorios sobre ética jurídica. El cumplimiento de esos requisitos en materia de formación es necesario para conservar el certificado que los faculta para ejercer su profesión.

Divulgación de las recomendaciones

25.Las observaciones finales del Comité relativas al quinto informe periódico de Australia se publicaron en el sitio web de la Fiscalía General y se distribuyeron a todos los departamentos federales y gobiernos de los estados y territorios pertinentes en el momento en que se emitieron. Posteriormente, se envió una solicitud oficial a todos los organismos gubernamentales y a los estados y territorios de Australia para que examinaran las recomendaciones y respondieran a ellas. El Gobierno también invitó a los ciudadanos a formular observaciones en relación con las recomendaciones del Comité, observaciones que se transmitieron posteriormente a las entidades de gobierno pertinentes y se tuvieron en cuenta durante el examen de las recomendaciones por el Gobierno. Las novedades que han resultado de ello y la información obtenida a través de proceso de examen se han tomado en consideración para la redacción del presente informe.

26.El Gobierno también creó una base de datos en línea de acceso público con las recomendaciones del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, entre ellas las recomendaciones formuladas por los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados de derechos humanos y en el marco del examen periódico universal.

27.Australia también respondió a las preguntas de seguimiento que se le habían planteado en relación con los párrafos 11, 14, 17 y 23 de su quinto informe relativo al Pacto el 17 de diciembre de 2010, el 3 de febrero de 2012 y en agosto de 2012.

Aplicación nacional del Pacto

28.El Gobierno de Australia considera que las leyes e instituciones nacionales existentes aplican adecuadamente el Pacto a nivel nacional. Los derechos humanos en Australia están protegidos por el sistema constitucional del país, así como por instituciones democráticas sólidas y salvaguardias jurídicas específicas. Los gobiernos de los estados y los territorios incorporan los derechos enunciados en el Pacto a través de políticas, programas e instrumentos normativos, como las cartas de derechos en el Territorio de la Capital de Australia y el estado de Victoria. Las instituciones democráticas sólidas y las salvaguardias jurídicas específicas constituyen un componente importante de la promoción y protección de los derechos civiles y políticos en Australia. Entre esas instituciones y leyes cabe señalar las siguientes.

29.Salvaguardias constitucionales : Australia es una democracia constitucional con un sistema parlamentario de gobierno basado en el estado de derecho. La Constitución de Australia contiene diversas garantías expresas de derechos e inmunidades, a saber:

Todo bien adquirido por el Gobierno del Commonwealth debe serlo en condiciones justas (artículo 51 (xxxi));

El juzgamiento bajo acusación de cualquier delito establecido por una ley del Commonwealth debe realizarse mediante jurado (artículo 80);

El Gobierno del Commonwealth no dictará leyes que establezcan ninguna religión ni pondrá obstáculos a la libertad religiosa (artículo 116); y

Los ciudadanos no serán sometidos a discriminación en ningún estado debido a su residencia en otro estado (artículo 117).

30.El Tribunal Supremo de Australia ha dictaminado que en los artículos 7 y 24 de la Constitución hay derechos implícitos, como la libertad de comunicación sobre asuntos políticos y el derecho de voto.

31.La Constitución faculta al Tribunal Supremo de Australia para intervenir en todos los asuntos en los que se gestiona un mandamiento judicial, un auto inhibitorio o un requerimiento contra un funcionario del Commonwealth. Esa facultad, consagrada en la Constitución, no puede ser revocada por el Parlamento. Por otra parte, garantiza un elemento básico del estado de derecho al permitir que el Tribunal Supremo de Australia ordene el desempeño de funciones con miras a impedir un abuso de autoridad o reprimir conductas ilícitas entre los funcionarios del Commonwealth. La Constitución prevé una separación estricta entre el poder judicial federal y los poderes legislativo y ejecutivo. Solo los tribunales pueden ejercer funciones judiciales. Ello refuerza el estado de derecho y la independencia de los jueces, lo que a su vez contribuye a mantener la confianza de la población en la administración de justicia.

32.Normativa de lucha contra la discriminación : en las leyes de lucha contra la discriminación de Australia se declara ilegal la discriminación por motivos de edad, raza, color, descendencia, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil o relación personal, embarazo, lactancia, responsabilidades familiares o discapacidad. En las leyes de lucha contra la discriminación también se prohíben el odio racial y el acoso sexual. La Ley de Relaciones Laborales Justas de 2009 (Commonwealth) complementa estos instrumentos al prohibir a los empleadores tomar medidas perjudiciales contra un empleado o futuro empleado por motivos discriminatorios diversos. El Gobierno de Australia y los gobiernos de los estados y territorios también han promulgado leyes en las que se establecen salvaguardias adicionales contra la discriminación.

33.En 2013 se enmendó la Ley de Lucha contra la Discriminación Sexual (Commonwealth) de 1984 para proteger contra la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género e intersexualidad. Australia es uno de los primeros Estados que proporciona protección específica contra la discriminación a las personas intersexuales.

34.Common law : el reconocimiento y la protección de muchos derechos y libertades fundamentales proceden de orientaciones interpretativas de jueces proporcionadas durante siglos en el marco del common law de Australia. Con el tiempo, el common law ha reconocido derechos humanos específicos, como el derecho de los acusados a un juicio imparcial. El derecho a un juicio imparcial está protegido por varias garantías procesales, entre ellas el derecho a no autoinculparse, la inmunidad contra los registros sin orden judicial y la exigencia de que se presenten pruebas que vayan más allá de toda duda razonable en las actuaciones penales.

35.El common law también ha elaborado normas en materia de interpretación de las leyes para proteger los derechos humanos. Una norma fundamental prescribe que cuando se interprete una ley, los tribunales darán por sentado que, al aprobarla, el Parlamento no tuvo la intención de restringir los derechos fundamentales, a no ser que dicha intención “se manifieste claramente mediante un texto que sea inequívoco y no entrañe ambigüedades”. Además, el derecho internacional de los derechos humanos puede influir en el derecho nacional, aun en el supuesto de que no se haya incorporado mediante leyes. El Tribunal Supremo de Australia ha aceptado un principio más amplio según el cual, aun cuando no se haya promulgado una ley para dar efecto a obligaciones contraídas en virtud de un tratado, es preferible una interpretación que sea compatible con el derecho internacional. Ello refleja la presunción de que el Parlamento no tuvo la intención de vulnerar el derecho internacional. Los tratados también pueden incidir en la adopción de decisiones administrativas, tanto para interpretar una ley como para decidir si se ha de recurrir o no a las facultades discrecionales.

36.Derecho administrativo : el sistema jurídico administrativo de Australia protege los derechos individuales al prever un examen de los fundamentos y un examen judicial de las decisiones gubernamentales, y al promover la transparencia en los procesos gubernamentales. Los instrumentos legislativos básicos del Commonwealth son la Ley de la Judicatura de 1903 (Commonwealth), la Ley del Tribunal Administrativo de Apelación de 1975 (Commonwealth), la Ley de Decisiones Administrativas (Examen Judicial) de 1977(Commonwealth) y la Ley de Instrumentos Legislativos de 2003 (Commonwealth).

37.Cartas de derechos : el Territorio de la Capital de Australia cuenta con una Ley de Derechos Humanos y el estado de Victoria con una Carta de Derechos. En esos instrumentos se establecen los derechos y libertades fundamentales, basados en el Pacto, que pertenecen a todos los habitantes del Territorio de la Capital de Australia y del estado de Victoria.

38.La Comisión de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos de Victoria informa anualmente de la aplicación de la Carta, entre otras cosas en lo referente al cumplimiento de la Carta por el Gobierno y los organismos gubernamentales, la compatibilidad de las nuevas disposiciones reglamentarias y la relación entre la Carta y el common law.

39.La Comisión de Derechos Humanos del Territorio de la Capital de Australia ha realizado varios exámenes temáticos mediante auditorías sobre los efectos que tienen las políticas y prácticas gubernamentales en los derechos enunciados en el Pacto, centrándose en particular en los lugares de reclusión, entre ellos los centros de prisión preventiva, las cárceles para adultos, los centros de reclusión de menores y las instituciones psiquiátricas. La Comisionada del Territorio de la Capital de Australia finalizó recientemente una auditoría sobre los derechos humanos que se centró en las condiciones de detención de las mujeres. La Comisión también desempeña una serie de funciones conexas para asesorar al Gobierno del Territorio sobre los derechos enunciados en el Pacto, lo que comprende presentaciones sobre la elaboración de políticas, presentaciones a las comisiones parlamentarias pertinentes, comentarios en los medios de comunicación e intervenciones en procedimientos judiciales.

40.Comisiones parlamentarias : las comisiones parlamentarias desempeñan un papel importante en el examen de las actividades gubernamentales y de los proyectos de ley. En el plano federal, la Comisión Parlamentaria Mixta de Derechos Humanos examina los proyectos de ley, las leyes y los instrumentos legislativos a los efectos de su compatibilidad con los derechos humanos y puede llevar a cabo investigaciones sobre cualquier asunto relativo a los derechos humanos que le remita el Fiscal General.

41.Institución Nacional de Derechos Humanos : la Comisión de Derechos Humanos de Australia es una institución nacional de derechos humanos a la que se ha otorgado la categoría “A”, lo que refleja el reconocimiento internacional del cumplimiento por esa Comisión de los requisitos de legitimidad e independencia establecidos en los Principios de París de las Naciones Unidas. La Comisión cumple la función reglamentaria de proteger y promover los derechos humanos y de resolver quejas relacionadas con los derechos humanos y la discriminación. También cumple funciones de investigación y presentación de informes y puede intervenir en procedimientos judiciales en los que se tratan aspectos de derechos humanos, así como examinar leyes relacionadas con determinados derechos. Además, imparte formación en materia de derechos humanos.

42.Comisiones de los estados y los territorios : cada estado y territorio de Australia tiene su propio órgano encargado de promover los derechos humanos, la no discriminación y la igualdad de oportunidades. Junto con la Comisión de Derechos Humanos de Australia, estos órganos constituyen el Consejo Australiano de Organismos de Derechos Humanos.

43.Ombudsman : la Oficina del Ombudsman del Commonwealth investiga las quejas sobre medidas administrativas de los funcionarios, departamentos y organismos del Gobierno del Commonwealth, y de sus proveedores de servicios. El Ombudsman puede investigar cuestiones por iniciativa propia, realizar evaluaciones del cumplimiento, denunciar casos de detención prolongada de inmigrantes y visitar centros de reclusión. Los estados y territorios también cuentan con oficinas del Ombudsman.

44.Comisionado de Protección de la Intimidad : el Comisionado de Protección de la Intimidad investiga las quejas presentadas por personas en relación con la gestión de información personal por los organismos gubernamentales del Commonwealth, la Isla Norfolk y el Territorio de la Capital de Australia, así como por las entidades del sector privado abarcadas por la Ley de Protección de la Intimidad de 1988(Commonwealth). La mayoría de los estados y territorios también cuentan con comisionados de protección de la intimidad.

45.Libertad de los medios de comunicación : la prensa australiana es libre e independiente. Los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión están reconocidos como derechos humanos fundamentales en Australia. El discurso político está particularmente protegido por la libertad constitucional implícita de comunicación política. Los derechos y libertades fundamentales, como la libertad de expresión, también están protegidos por la presunción general del common law de que, en ausencia de leyes claras e inequívocas que indiquen lo contrario, los parlamentos no tienen intención de obstaculizar los derechos y libertades fundamentales.

46.Sociedad civil : la existencia de una sociedad civil asentada, que incluye un sector no gubernamental activo e innovador, contribuye sustancialmente a la protección y promoción de los derechos en Australia, entre otros medios nutriendo los debates públicos y aportando información para las políticas gubernamentales. El Gobierno de Australia celebra cada año un foro sobre derechos humanos con organizaciones no gubernamentales (ONG) a fin de garantizar la existencia de un mecanismo de consulta integral y permanente en el que se puedan debatir cuestiones de derechos humanos de alcance nacional e internacional.

Reservas

47.Australia examina periódicamente sus reservas a tratados para determinar si siguen siendo necesarias. Por el momento, el Gobierno de Australia no tiene previsto retirar sus reservas al Pacto. El Gobierno observa que sus reservas al Pacto son compatibles con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y que no se ha formulado ninguna objeción a dichas reservas. De conformidad con la correspondencia intercambiada anteriormente con el Comité, el Gobierno considera que las reservas actuales a los artículos 10; 14, párrafo 6; y 20 están justificadas y son compatibles con el objeto y propósito del Pacto.

48.Australia está resuelta a promover la igualdad. En las leyes de Australia se prohíbe la discriminación racial y los delitos de alteración del orden público, y se prevén reparaciones para dichos actos. La reserva de Australia al artículo 20 supone que el país se reserva el derecho de no incorporar nuevas disposiciones sobre la prohibición de la propaganda en favor de la guerra y de toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Esto pone de manifiesto la determinación de Australia de poner en práctica los artículos del Pacto relacionados con la libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica y la libertad de asociación, sin excluir la posibilidad de introducir nuevas disposiciones legislativas en caso de que los parlamentos de Australia lo consideren necesario o deseable para proteger los derechos de todas las personas.

Comunicaciones presentadas en virtud del Primer Protocolo Facultativo

49.El Gobierno de Australia presta mucha atención al contenido de las comunicaciones presentadas en virtud del Primer Protocolo Facultativo del Pacto y ha establecido procesos para considerar los dictámenes aprobados por el Comité en virtud del Protocolo. La política del Gobierno consiste en considerar caso por caso todos los dictámenes emitidos por el Comité en relación con comunicaciones individuales. Tras recibir un dictamen, la Fiscalía General envía una notificación al departamento gubernamental y al estado o territorio responsable de tomar las medidas a las que se hace referencia en el dictamen. En los casos en los que el Comité formula un dictamen desfavorable, el departamento realiza un análisis jurídico detallado antes de responder al Comité. El texto del dictamen del Comité y, en los casos en los que el dictamen sea desfavorable, la respuesta del Gobierno de Australia, se publican en el sitio web de la Fiscalía General.

Compatibilidad de la tipificación de delitos de terrorismo con las obligaciones internacionales

50.En el derecho penal de Australia se tipifican varios delitos de terrorismo, de conformidad con las obligaciones internacionales de Australia en materia de lucha contra el terrorismo. Esos delitos están tipificados para proteger a la población de las consecuencias devastadoras que puede tener un acto terrorista, previniéndolo en sus etapas de preparación en lugar de limitarse a castigar a los autores de un ataque consumado. La tipificación de los delitos de terrorismo en Australia se ajusta a los principios establecidos del derecho y los procedimientos penales. Ello incluye los requisitos, los procesos y las salvaguardias habituales disponibles en el derecho penal de Australia respecto de la detención, la acusación, el juicio, las pruebas, la condena y la pena.

51.El 21 de abril de 2011, el Gobierno de Australia nombró al primer Observador Independiente de la Legislación de Seguridad Nacional en aplicación de la Ley sobre el Observador Independiente de la Legislación de Seguridad Nacional de 2010(Commonwealth) por un período de tres años. El Observador examina el funcionamiento, la eficacia y las repercusiones de la legislación australiana de lucha contra el terrorismo y de seguridad nacional, entre otros medios evaluando si la leyes siguen siendo necesarias, si contienen las salvaguardias adecuadas para proteger los derechos de las personas y si guardan proporción con cualquier amenaza de terrorismo o de ataque contra la seguridad nacional. El Observador presenta sus informes anuales al Primer Ministro, quien debe remitirlos al Parlamento.

52.El Gobierno de Australia nombró al segundo Observador Independiente de la Legislación de Seguridad Nacional, quien empezó a ejercer sus funciones el 7 de diciembre de 2014.

Observaciones finales del Comité (CCPR/C/AUS/CO/5)

53.Australia toma nota de las recomendaciones del Comité que figuran en el párrafo 11 del documento CCPR/C/AUS/CO/5. Australia no ha enmendado sus leyes en lo que se refiere al alcance de la definición de acto terrorista (artículo 100.1 del Código Penal de 1995) (Commonwealth), la carga de la prueba respecto de algunos actos terroristas (parte 5.3 del Código Penal), y a determinadas condiciones de interrogatorio y órdenes de detención emitidas en virtud de la Ley de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad de 1979(Commonwealth). En el apéndice B figura información adicional sobre las observaciones finales.

Competencias de los servicios de inteligencia

54.En la parte III, sección 3, de la Ley de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad de 1979 (Commonwealth) (Ley de la ASIO), se prevé la emisión de órdenes judiciales que permiten a la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO) interrogar o, de ser necesario, interrogar y detener a personas para obtener información de inteligencia sobre delitos de terrorismo. Las garantías legales previstas en los criterios y procedimientos establecidos por la ley para la emisión de estas órdenes judiciales incluyen las siguientes medidas:

Ambos tipos de órdenes son emitidas por una autoridad emisora independiente tras la recepción de la solicitud de la ASIO (con la autorización previa del Fiscal General);

Ambos tipos de órdenes son emitidas siguiendo criterios legales establecidos que requieren:

Motivos razonables que lleven a concluir que la orden judicial contribuirá sustancialmente a la recopilación de información importante sobre un delito de terrorismo; y

En el caso de las órdenes de interrogatorio y detención, que autorizan la detención de una persona para interrogarla, la existencia de motivos razonables para considerar que otros métodos de recopilación de información de inteligencia resultarían ineficaces, que existe la posibilidad de que la persona no se presente al interrogatorio, de que pueda alertar a otra persona involucrada en un delito de terrorismo sobre la investigación del delito, o de que pueda destruir las pruebas que deben presentarse conforme a la orden; o

En el caso de las órdenes de interrogatorio, la existencia de motivos razonables que justifiquen la emisión de una orden judicial en todas las circunstancias, teniendo en cuenta otros métodos (si los hubiere) para la obtención de información de inteligencia;

El interrogatorio se realiza ante una autoridad independiente competente, que también cuenta con la facultad de emitir instrucciones relativas a la ejecución de la orden;

Una persona afectada por uno u otro tipo de estas órdenes tiene derecho a ponerse en contacto con un abogado, a presentar denuncias y a recurrir ante los tribunales para impugnar la orden;

En ambos tipos de órdenes está establecida una duración máxima de los interrogatorios y, en el caso de las órdenes de interrogatorio y detención, también se prevé la duración máxima de la detención continua.

55.Otras dos modificaciones de las garantías jurídicas aplicables a la ejecución de esas órdenes se aprobaron mediante la Ley de enmienda de la Legislación de Lucha contra el Terrorismo (Combatientes Extranjeros) de 2014 (Commonwealth), a fin de aplicar las recomendaciones pertinentes del segundo informe anual del Observador Independiente de la Legislación de Seguridad Nacional, publicado en diciembre. Estas modificaciones son las siguientes.

a)Uso de fuerza razonable durante la ejecución de las órdenes judiciales

56.Un agente de policía que esté autorizado a detener a una persona en virtud de una orden de interrogatorio y detención, o a llevar a una persona contra la que se haya emitido una orden ante una autoridad competente, está autorizado a utilizar la fuerza que sea necesaria y razonable. Un agente de policía solo podrá utilizar una fuerza que pueda causar la muerte o lesiones corporales graves a una persona cuando considere, sobre la base de motivos razonables, que ello es necesario para proteger la vida de otra persona o para evitar que sufra daños graves (incluido el agente). Las enmiendas aprobadas en 2014 derogaron un anterior supuesto en el que un agente de policía podía recurrir al uso de la fuerza letal o susceptible de causar lesiones corporales graves. El Gobierno aceptó la recomendación del Observador Independiente de la Legislación de Seguridad Nacional (recomendación IV/3) de que este supuesto no era necesario. Esta enmienda ha permitido promover el derecho a la vida y el derecho a la libertad y a la seguridad de las personas.

b)Delitos de incumplimiento de las obligaciones jurídicas de una persona establecidas por una orden judicial

57.El Observador Independiente de la Legislación de Seguridad Nacional consideró que existían lagunas involuntarias con respecto a la cobertura de ciertos delitos en el artículo 34L de la Ley de la ASIO, aplicable las personas que no cumplen con las obligaciones legales que emanan de una orden judicial emitida conforme a la parte III, sección 3. En particular, el Observador recomendó (recomendación IV/6) que se tipificara un delito aplicable a las personas que, mediante sus actos, impidan la presentación, o la presentación en forma legible o utilizable, de un documento u de otro elemento requerido en virtud de una orden. Según el Observador, los delitos definidos en el artículo 34L, párrafo 6, de la Ley de la ASIO solo se aplicaban a las personas que no presentaban los elementos requeridos por la orden judicial, pero no incluían a las personas que habían manipulado dichos elementos para que estos no pudieran ser presentados en forma legible o utilizable. El Gobierno aceptó esta recomendación pertinente, aplicada en 2014 mediante el nuevo artículo 34L, párrafo 10, de la Ley de la ASIO.

Informes anuales del Observador Independiente de la Legislación de Seguridad Nacional

Primer informe anual

58.Como se observó en la comunicación CCPR/C/AUS/CO/5/Add.3, el Observador no presentó recomendaciones ni resultados concluyentes en su primer informe anual, sino que identificó las cuestiones que examinaría en los períodos abarcados en informes futuros. Por esto mismo, el Gobierno de Australia no emitió una respuesta oficial al primer informe y examinará detenidamente las recomendaciones que formule el Observador en los informes subsiguientes.

Informes anuales segundo, tercero y cuarto

59.El Observador presentó su segundo informe anual al Parlamento el 14 de mayo de 2013, y fue publicado en el sitio web del Departamento del Primer Ministro y del Gabinete. El Observador formuló 21 recomendaciones centradas en la parte 5.3 de la Ley del Código Penal y en la Ley de la ASIO.

60.El Observador presentó su tercer informe anual al Parlamento el 12 de diciembre de 2013, y fue publicado en el sitio web del Departamento del Primer Ministro y del Gabinete. El Observador formuló 30 recomendaciones centradas en las obligaciones internacionales de Australia, la legislación contra la financiación del terrorismo y el tratamiento de la información relativa a la seguridad nacional en las actuaciones judiciales.

61.El Observador presentó su cuarto informe anual al Parlamento el 18 de junio de 2014, y fue publicado en el sitio web del Departamento del Primer Ministro y del Gabinete. El Observador formuló 31 recomendaciones sobre los australianos que participaban en conflictos armados en el extranjero, el uso de pruebas extranjeras en actuaciones relativas al terrorismo, y la anulación de pasaportes y cuestiones de ciudadanía.

62.El Gobierno implementó muchas de las recomendaciones del Observador mediante la promulgación de la Ley de enmienda de la Legislación de Lucha contra el Terrorismo (Combatientes Extranjeros) de 2014 (Commonwealth), y seguirá examinando las recomendaciones restantes del informe, junto con los resultados del examen independiente de la legislación encargado por el Consejo de Gobiernos Australianos.

Examen de las leyes contra el terrorismo por el Consejo de Gobiernos Australianos

63.Después de las repuestas proporcionadas por Australia en la comunicación CCPR/C/AUS/CO/5/Add.3, el Primer Ministro anunció que el Consejo de Gobiernos Australianos comenzaría el examen de las leyes contra el terrorismo el 9 de agosto de 2012. El examen fue realizado por un comité independiente presidido por un funcionario judicial jubilado. El Comité de Examen está compuesto por seis miembros que son expertos en la aplicación de la ley, la responsabilidad pública y la toma de decisiones en el ámbito judicial. En el segundo semestre de 2012, el Comité de Examen puso en marcha un programa nacional de audiencias públicas, para el que invitó a los miembros del público interesados a que presentaran comunicaciones por escrito.

64.El Examen del Consejo de Gobiernos Australianos fue concluido el 1 de marzo de 2013 y presentado en el Parlamento el 14 de mayo de 2013 por el Fiscal General. En el Examen se formularon 47 recomendaciones que abarcan una amplia gama de cuestiones, como la definición de lo que constituye un acto terrorista, la prohibición de las organizaciones terroristas, las órdenes de control, las órdenes de detención preventiva y la financiación del terrorismo. El 10 de octubre de 2014, el Consejo de Gobiernos Australianos publicó su respuesta al Examen.

65.Varias de las recomendaciones que figuran en el Examen del Consejo han sido aplicadas mediante la promulgación de la Ley de enmienda de la Legislación de Lucha contra el Terrorismo (Combatientes Extranjeros) de 2014 (Commonwealth), y algunas de las recomendaciones restantes serán tenidas en consideración para la legislación futura, en consulta con las partes interesadas pertinentes, incluidos los estados y los territorios de Australia.

Garantías para impedir el uso de las pruebas obtenidas mediante tortura o prácticas similares

66.El derecho australiano en materia de pruebas ofrece salvaguardias contra el uso de las pruebas obtenidas mediante tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Ley de la Práctica de la Prueba de 1995 (Commonwealth), por ejemplo, dispone que un tribunal debe excluir las pruebas obtenidas de una confesión, a menos que se demuestre a satisfacción del tribunal que la confesión y las circunstancias en que se realizó no estuvieron influidas por conductas violentas, opresivas, inhumanas o degradantes, ya sea hacia la persona que hizo la confesión o hacia otra persona, o influidas por la amenaza de una conducta de esa índole. Esta disposición se añade a una prohibición del common law sobre la admisibilidad de las pruebas obtenidas mediante coacción. La Ley de la Práctica de la Prueba de 1995 (Commonwealth) también dispone que el tribunal tiene facultad discrecional general para excluir pruebas obtenidas ilegalmente o de manera indebida. Las causas tratadas en los tribunales de los estados y de los territorios aplican las disposiciones de manera acorde con la legislación estatal y territorial.

67.Las modificaciones de la Ley de Pruebas Obtenidas en el Extranjero de 1994 (Commonwealth) sobre las actuaciones relacionadas con el terrorismo, vigentes desde el 1 de diciembre de 2014, ofrecen garantías contra el uso de pruebas obtenidas en el extranjero en las actuaciones internas relacionadas con el terrorismo, cuando dichas pruebas hayan sido obtenidas mediante tortura o coacción. Los tribunales deben excluir las pruebas obtenidas en el extranjero si se demuestra a satisfacción del tribunal que estas pruebas, o la información contenida en la documentación, se obtuvo como resultado directo de tortura o coacción. La Ley de Pruebas Obtenidas en el Extranjero de 1994 (Commonwealth) define la coacción como las circunstancias en que las acciones de una persona se ven influenciadas por amenazas de muerte o de lesiones graves proferidas contra ellas mismas, los miembros de su familia o un tercero, cuando esas amenazas son de naturaleza tal que una persona razonable cedería ante ellas.

68.Además, los tribunales tienen facultad discrecional general para no aducir material si ello pudiera tener un efecto negativo considerable sobre el derecho del procesado a un juicio imparcial.

69.De igual importancia para las garantías en materia de prueba es el compromiso de Australia con la aplicación de normas de conducta exigentes para el cumplimiento de la legislación relativa a la lucha contra el terrorismo y a las operaciones de inteligencia. Esto garantiza que las operaciones se lleven a cabo de conformidad con las obligaciones internacionales de Australia. Asimismo, el marco de gobernanza interna de la Policía Federal de Australia describe los procedimientos para prevenir y denunciar presuntos actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes durante los interrogatorios realizados fuera del territorio por autoridades extranjeras.

70.Australia dispone de un marco sólido para la prevención y la investigación de las denuncias relativas a la tortura y a los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y para el cumplimiento de la prohibición de estos actos. Este marco incluye requisitos legislativos estrictos, garantías legales amplias y mecanismos independientes de rendición de cuentas y control:

Un delito específico de tortura tipificado en el artículo 274 del Código Penal.

Las funciones previstas por ley de todos los organismos de seguridad e inteligencia de Australia no autorizan, en ninguna circunstancia, el recurso a la tortura o a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ya que dichas conductas no se consideran en absoluto necesarias ni pertinentes para las funciones de esos organismos. Además, como garantía adicional, existen varias prohibiciones expresas relativas a los tratos crueles, inhumanos o degradantes en el contexto de algunas facultades extraordinarias específicas en los casos de lucha contra el terrorismo en la legislación sobre actuaciones policiales y en materia de inteligencia (que se centra en la prevención de actos terroristas o en la recopilación de información de inteligencia relevante sobre un delito de terrorismo).

La elaboración de políticas y directrices operacionales pertinentes sobre las obligaciones mencionadas.

La existencia de mecanismos independientes de control y examen de las operaciones policiales y de inteligencia, como el Inspector General de Inteligencia y Seguridad y el marco de normas profesionales de la Policía Federal de Australia.

71.La ley australiana prevé diversos mecanismos de reparación para las víctimas de la tortura y/o de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entre ellos se incluyen los planes de indemnización a las víctimas de delitos en todos los estados y territorios, el derecho de las personas agraviadas a solicitar reparación judicial por el trato recibido y las medidas discrecionales de reparación mediante pagos ex gratia.

Enmiendas de la legislación de lucha contra la discriminación

72.En 2010, las modificaciones aplicadas a la Ley sobre la Discriminación Sexual de 1984 (Commonwealth) ampliaron las medidas de protección, tanto para hombres como para mujeres, contra la discriminación directa sobre la base de las responsabilidades familiares en todos los ámbitos del empleo. También se definió la lactancia como motivo distinto de discriminación. Estas modificaciones también reforzaron la protección contra el acoso sexual en los lugares de trabajo y en las instituciones educativas, así como el acoso perpetrado mediante las nuevas tecnologías, como los teléfonos móviles y los medios sociales.

73.Orientación sexual, identidad de género y condición intersexual : en marzo de 2013, las enmiendas a la Ley sobre la Discriminación Sexual de 1984 (Commonwealth) introdujeron nuevas medidas de protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y condición intersexual, y establecieron medidas para proteger contra la discriminación a las parejas de hecho del mismo sexo.

74.Directrices del Gobierno de Australia sobre el Reconocimiento del Sexo y el Género : el Gobierno de Australia reconoce el derecho de las personas a optar por identificarse y ser reconocidos por la comunidad con un género distinto al sexo o al género que les fue asignado al nacer, y que esto debe ser reconocido y quedar reflejado en sus registros de datos personales. Estas Directrices se aplican desde el 1 de julio de 2013. Las Directrices normalizan la información que debe aportarse para que una persona pueda establecer o cambiar su sexo o su género en los registros de datos personales de los departamentos y organismos del Gobierno de Australia.

Eliminación la violencia contra la mujer

75.El Gobierno de Australia considera que la eliminación de la violencia contra la mujer requiere la aplicación de un enfoque holístico. Esto incluye en primer lugar medidas para prevenir que se produzca la violencia, como la educación destinada a modificar las actitudes sociales y la mejora de la situación económica y de salud de las mujeres y sus hijos, y garantizar que las mujeres que han sido víctimas de violencia reciban el apoyo y la asistencia necesarios para recuperarse y rehacer sus vidas y que los autores de esos actos de violencia rindan cuentas.

76.En febrero de 2011, el Gobierno del Commonwealth de Australia, en colaboración con todos los estados y territorios y con la sociedad civil, puso en marcha el Plan de Acción Nacional para Reducir la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos 2010-2022. El Plan Nacional es un mecanismo general que aúna los esfuerzos de todos los gobiernos y de la sociedad civil de Australia para reducir de manera significativa y sostenida la violencia contra las mujeres y sus hijos, y demuestra el compromiso de Australia en la defensa de los derechos humanos de todas las mujeres australianas, como el derecho a vivir libres de violencia. El Plan Nacional ha sido diseñado sobre la base de datos recopilados mediante investigación y amplias consultas con expertos y con la comunidad. Reconoce que la violencia no se produce de forma aislada de otras cuestiones a las que se enfrentan las personas y las comunidades, y que los diferentes grupos de mujeres tienen experiencias diferentes de violencia. El Plan Nacional se vincula con otras reformas nacionales, entre las que se incluyen el Marco Nacional de Protección de los Niños de Australia 2009-2020, la Estrategia Nacional de Australia sobre la Discapacidad 2010-2020 e iniciativas para afrontar la situación de desventaja de los indígenas.

77.El Plan Nacional crea un marco de acción hasta 2022 y se aplica mediante una serie de cuatro planes de acción trienales. El primer plan de acción: Crear ba ses sólidas 2010 ‑ 2013,estableció una infraestructura nacional y sentó bases sólidas para el cambio a largo plazo. El segundo plan de acción cubre el período de 2013 a 2016 y hace especial hincapié en conseguir la participación de más sectores, grupos y comunidades para impulsar una respuesta conjunta de la comunidad destinada a reducir la violencia contra las mujeres y sus hijos. Este plan presenta 26 medidas prácticas, consideradas por todos los gobiernos australianos como fundamentales para avanzar en la reducción de la violencia, y que corresponden a las cinco prioridades nacionales:

Dirigir el conjunto de acciones comunitarias para prevenir la violencia;

Conocer las diversas experiencias de violencia;

Brindar apoyo para servicios innovadores y sistemas integrados;

Mejorar las intervenciones respecto de los autores de actos de violencia; y

Seguir construyendo la base de datos.

78.El Consejo de Gobiernos Australianos creó un Comité Consultivo sobre la Reducción de la Violencia contra la Mujer para asesorar al Consejo sobre los medios prácticos para hacer frente a la violencia. El Comité Consultivo estuvo presidido por el ex‑Primer Comisionado de la Policía de Victoria, el Sr. Ken Lay (galardonado con la Medalla al Mérito Policial de Australia). Los Vicepresidentes del Comité Consultivo fueron la Sra. Rosie Batty, Australiana del Año 2015 y activista contra la violencia doméstica, y la Sra. Heather Nancarrow, de la Organización Nacional de Investigación para la Seguridad de la Mujer. El informe final se presentó el 1 de abril de 2016.

79.El 24 de septiembre de 2015, el Gobierno de Australia también anunció un conjunto de medidas encaminadas a proporcionar un mecanismo de protección para las mujeres y los niños en situación de riesgo de sufrir actos violencia. Dichas medidas permitirían mejorar los servicios y la asistencia de primera línea, aprovechar las tecnologías innovadoras para garantizar la seguridad de las mujeres y proporcionar recursos educativos para contribuir a cambiar las actitudes de la comunidad con respecto a la violencia y los malos tratos. Este conjunto de medidas incluye la asignación de 21 millones de dólares para medidas específicas destinadas a prestar asistencia a las mujeres y las comunidades indígenas.

Mujeres indígenas

80.El Gobierno de Australia se ha comprometido a reducir las desventajas subyacentes que dan lugar a las elevadas tasas de violencia contra las mujeres indígenas, y la excesiva representación de las mujeres indígenas en el sistema de justicia penal, mediante medidas centradas en mejorar la educación y los resultados en materia de empleo, y garantizando que la legislación nacional se aplique en las comunidades indígenas como se aplica en cualquier otra comunidad.

81.Mediante el Programa de Protección y Bienestar de la Estrategia de Promoción de los Indígenas, el Gobierno de Australia financia una serie de actividades encaminadas a prevenir la violencia contra la mujer, apoyar a las víctimas de la violencia y reducir la delincuencia entre las mujeres indígenas. Estas actividades incluyen servicios jurídicos de prevención de la violencia familiar, actividades de seguridad para las familias indígenas, actividades para el bienestar social y emocional, el programa de atención a reclusos, actividades de prevención y de disuasión, y servicios jurídicos para mujeres indígenas. El Gobierno de Australia también ha asignado 6 millones de dólares a lo largo de dos años para la Estrategia de Reducción de la Violencia Doméstica y Familiar en el Territorio del Norte, a fin de ofrecer soluciones integradas de prestación de servicios a los problemas de violencia familiar.

82.En el marco de la Estrategia de Consolidación del Futuro en el Territorio del Norte, el Gobierno de Australia ofrece financiación para casas refugio de mujeres, servicios policiales en zonas remotas, patrullas comunitarias nocturnas y servicios de asistencia jurídica suplementarios, lo que previene la violencia contra la mujer y reduce la delincuencia entre las mujeres indígenas en el Territorio del Norte.

83.El Gobierno de Australia aborda las desventajas y la discriminación a la que se enfrentan las mujeres indígenas que entran en contacto con el sistema de justicia penal, ya sea como víctimas o como delincuentes, mediante una serie de programas y marcos de política estratégicos, entre los que figuran los siguientes:

Estrategias destinadas a promover el liderazgo de las mujeres indígenas en sus comunidades y a mejorar el acceso a los servicios para mujeres y niños expuestos a la violencia familiar, previstas en el Plan Nacional;

Medidas encaminadas a ampliar los modelos de apoyo integrado para que las mujeres y los niños víctimas de la violencia doméstica y familiar puedan permanecer en sus hogares de manera segura, previstas en el Marco Nacional de Protección de los Niños de Australia 2009-2020; y

Estrategias específicas destinadas a disminuir el contacto de las mujeres indígenas con el sistema de justicia penal y a asegurar que las mujeres estén y se sientan seguras en sus comunidades, previstas en el Marco Nacional de Legislación y Justicia Indígenas.

Mujeres con discapacidad

84.El Plan Nacional reconoce que los diferentes grupos de mujeres viven experiencias distintas de violencia y que algunos pueden ser especialmente vulnerables a ella. Las mujeres con discapacidad tienen más probabilidades de experimentar situaciones de violencia familiar y abuso sexual, que pueden ser peores y durar más tiempo. Las mujeres con discapacidad pueden enfrentar desafíos particulares para acceder a las vías de apoyo adecuado y justicia. Las iniciativas clave del Plan Nacional para ayudar a las mujeres con discapacidad son las siguientes:

El proyecto Stop the Violence (poner fin a la violencia): el Gobierno de Australia financia este proyecto, dirigido por la organización Women with Disabilities Australia y apoyado por expertos e importantes organizaciones de personas con discapacidad. Este proyecto investiga y promueve buenas prácticas y medios para mejorar el acceso y las respuestas de los servicios para mujeres y niñas con discapacidad que sufren o corren el riesgo de sufrir actos de violencia. En el marco del Segundo Plan de Acción, los gobiernos aplicarán los principales resultados del proyecto para poner fin a la violencia, incluidas la reunión y difusión de información sobre buenas prácticas en materia de prevención de la violencia contra las mujeres con discapacidad; capacitarán a los trabajadores de primera línea para que puedan reconocer y prevenir la violencia contra las mujeres y sus hijos con discapacidad; y proporcionarán información accesible y apoyo en las comunicaciones del Plan Nacional.

Vincular el Plan Nacional con la Estrategia Nacional sobre la Discapacidad 2010-2020: en el marco de la Estrategia sobre la Discapacidad, aprobada por el Consejo de Gobiernos Australianos en 2011, un ámbito de actuación fundamental para reducir la violencia, el abuso y el abandono de las personas con discapacidad es garantizar que el Plan Nacional se centre en la mejora de la seguridad y el bienestar de las mujeres y los niños con discapacidad.

Fundación para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos: el Gobierno de Australia colabora con la Fundación a fin de prestar mayor atención a las mujeres y las niñas con discapacidad.

Organización Nacional de Investigación para la Seguridad de la Mujer: el Gobierno de Australia aporta fondos para continuar aumentando la base de datos sobre las medidas “que funcionan” en los casos de las mujeres y las niñas con discapacidad que son víctimas de actos de violencia o de agresión sexual.

Mujeres que viven en zonas rurales y remotas

85.El Plan Nacional reconoce que las mujeres que viven en comunidades rurales y remotas pueden experimentar aislamiento social y disponer de menos oportunidades de acceso a la información y los servicios de apoyo. También identifica factores, como la inseguridad financiera, la dependencia, el estrés, la percepción de falta de confidencialidad y el estigma asociado a la divulgación pública de la violencia, que pueden contribuir a que estas mujeres permanezcan atrapadas en relaciones violentas. Varias iniciativas se vinculan o se inscriben en el marco del Plan Nacional para brindar apoyo a las comunidades rurales y remotas:

Coalición Nacional de Mujeres Rurales: tiene como objetivo que las mujeres de las zonas rurales puedan ponerse en contacto con personas y redes estatales a fin de asegurar mejores resultados sociales y económicos.

Serie de fichas informativas para impedir que los actos de violencia ocurran: el Gobierno de Australia financia esta serie de fichas informativas, que hace hincapié en las mujeres de las comunidades rurales de Australia y explica el concepto de la prevención primaria de la violencia contra la mujer.

Capacitación para responder a la violencia doméstica: se trata de un programa de capacitación acreditado y gratuito, impartido en todos los estados y territorios de Australia. Esta capacitación se ofrece gratuitamente a todos trabajadores del campo de la salud y afines, y a trabajadores de primera línea, que tienen mayores probabilidades de entrar en contacto con las personas que sufren, o corren el riesgo de sufrir, violencia doméstica y familiar. Esta capacitación se ofrece prioritariamente en las zonas rurales y remotas, y cuenta con cursos adaptados culturalmente para los trabajadores indígenas.

Financiación de la campaña White Ribbon Australia para aumentar su compromiso con los pueblos indígenas y las comunidades de culturas y lenguas diversas, incluidas las comunidades nuevas y emergentes.

86.La organización Our Watch y la fundación Victorian Health trabajarán junto con la Organización Nacional de Investigación para la Seguridad de la Mujer de Australia para desarrollar el marco nacional de prevención primaria y mejorar la base de información, a fin de fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres en las familias, las comunidades, las organizaciones y la sociedad. El trabajo que se está realizando para prevenir la violencia contra las mujeres y sus hijos en todo el país —incluido el trabajo realizado por grupos comunitarios, deportivos y empresariales, y por los gobiernos locales, las escuelas y otras instituciones fundamentales— seguirá siendo apoyado por los gobiernos. Este trabajo responde a las necesidades locales e incluye iniciativas para las comunidades rurales y regionales, actividades de fomento de la capacidad en materia de prevención primaria para organizaciones de servicios, y educación en la comunidad para evitar prácticas culturales perjudiciales como la mutilación genital femenina.

Marco jurídico y servicios

87.En los últimos cinco años se ha realizado una labor sustancial en el sistema del derecho de familia. Esa labor incluye la aprobación de importantes enmiendas legislativas de la Ley del Derecho de Familia de 1975 (Commonwealth) en 2011, vigentes desde el 7 de junio de 2012, a fin de fortalecer las medidas previstas en dicha Ley para enfrentar la violencia doméstica y el maltrato infantil.

88.Las modificaciones de la Ley del Derecho de Familia fueron evaluadas por el Instituto Australiano de Estudios de la Familia, que examinó los cambios de la práctica profesional, las opiniones y las experiencias de los padres con respecto al acceso a los servicios del sistema de derecho de familia, y las resoluciones judiciales y los datos administrativos. El informe, publicado el 12 de octubre de 2015, llegó a la conclusión de que las enmiendas de 2012 representan “un paso en la dirección correcta en el contexto de un programa de reforma destinado a mejorar las soluciones que el sistema ofrece para afrontar los problemas de violencia familiar y maltrato infantil en los acuerdos que regulan la custodia de los hijos tras la separación”.

Protección contra la esterilización

89.La legislación australiana cuenta con una serie de medidas de protección contra la esterilización. Todos los estados y el Territorio de la Capital Australiana han establecido tribunales de tutela con facultad para tomar resoluciones sobre una serie de cuestiones relativas a las personas con capacidad disminuida para tomar decisiones independientes. Estas cuestiones incluyen las decisiones sobre el modo de vida de estas personas, así como otros asuntos personales, como el lugar en el que viven, los servicios que se les prestan, y los tratamientos médicos y odontológicos que reciben. Esos tribunales también tienen facultad para autorizar la esterilización de un adulto, y algunos de ellos cuentan además con facultad para autorizar la esterilización de un menor.

90.La Ley de Derecho de Familia de 1975 (Commonwealth) faculta al Tribunal de Familia para dictar resoluciones relativas al bienestar de los menores. El artículo correspondiente de la Ley se conoce como “competencia de tutela” y, si bien no hace referencia específica a la esterilización, la competencia del Tribunal de Familia para entender en estos casos se ha desarrollado en el marco del common law mediante la interpretación judicial de este artículo. Al emitir una orden a tenor de este artículo, el tribunal debe velar primordialmente por el interés superior del niño. Algunos tribunales supremos de los estados y territorios cuentan con una facultad inherente parens patriae para entender en estos casos.

91.Una Comisión de Investigación del Senado ha publicado recientemente dos informes sobre la esterilización. El primer informe, Esterilización involuntaria o forzada de p ersonas con d iscapacidad en Australia, fue publicado el 17 de julio de 2013 y formuló 28 recomendaciones. El segundo informe, Esterilización i nvoluntaria o f orzada de p ersonas i ntersexuales en Australia, fue publicado el 25 de octubre de 2013 y formuló 15 recomendaciones.

92.En el primer informe, la Comisión del Senado no recomendó la prohibición total de la esterilización de las personas con discapacidad, ya que llegó a la conclusión de que la prohibición de los procedimientos de esterilización no terapéutica podría llevar a la vulneración del derecho de las personas con discapacidad a acceder a todos los recursos de apoyo médico disponibles en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad. La Comisión formuló numerosas recomendaciones destinadas a alcanzar una mayor coherencia en la forma en que las decisiones sobre la esterilización son adoptadas por los tribunales en todas las jurisdicciones, incluidos el examen de la capacidad y la prueba que debe realizarse para determinar si debe procederse o no a la esterilización. Otras recomendaciones abarcan la formación (para las personas con discapacidad, los profesionales de la salud y del derecho y los funcionarios judiciales), así como la representación y asistencia legales para garantizar que los menores y las personas con discapacidad dispongan de una representación adecuada e independiente. La Comisión también recomendó la normalización de los datos sobre la esterilización de adultos y menores en todas las jurisdicciones, y que el ámbito de competencia y el funcionamiento de los tribunales y juzgados pertinentes fuese un área de examen constante para el Consejo sobre Derecho, Delitos y Seguridad de la Comunidad.

93.Como la mayoría de las recomendaciones se refieren a cuestiones a nivel estatal y de los territorios, el Gobierno de Australia colaborará con ellos sobre estos asuntos cuando sea necesario.

Derecho a la vida y prohibición de la tortura

94.El proceso de extradición de Australia se rige por la Ley de Extradición de 1988 (Commonwealth). Esta Ley se aplica a cualquier país declarado país de extradición en las disposiciones pertinentes. El proceso de extradición incluye amplias salvaguardias para que no se extradite a las personas cuando haya razones fundadas para creer que corren un riesgo real de ser privadas de la vida de forma arbitraria, ser torturadas o sometidas a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el país que solicita la extradición o en cualquier otro país al que pudieran ser posteriormente expulsadas tras la conclusión de un procedimiento penal en el país requirente.

95.Las obligaciones internacionales asumidas por Australia, incluidas las que emanan de los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, han de cumplirse en diversas fases del proceso de extradición. El Fiscal General, al determinar si notifica la recepción de una solicitud de extradición, puede examinar todas las cuestiones pertinentes para dar curso a la solicitud, entre otras las relativas al cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por Australia. Para decidir si una persona puede ser entregada a un país extranjero, la Ley de Extradición de 1988 (Commonwealth) establece que el Fiscal General debe estar convencido de que la persona no será recluida por las autoridades gubernamentales con fines de castigo, intimidación o coacción. Además, el Fiscal General tiene amplia discreción general para determinar si debe entregarse a una persona a un país extranjero. De conformidad con el principio de equidad procesal, las personas que son objeto de una solicitud de extradición pueden presentar las alegaciones que consideren oportunas para resolver el proceso de extradición, por ejemplo respecto de la compatibilidad de la extradición con las obligaciones contraídas por Australia en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

96.Las personas que son objeto de un proceso de extradición pueden solicitar una revisión judicial o recurrir las decisiones tomadas en cada fase del proceso. Si el Gobierno de Australia tiene conocimiento de un asunto o una situación existente en un país extranjero que pueda afectar a las obligaciones internacionales de Australia, ello se señala a la atención del Fiscal General para que determine si debe entregarse a la persona al país extranjero en cuestión. Por ejemplo, Australia se opone desde hace mucho tiempo a la pena de muerte y no entregará a una persona a un país donde pueda ser castigada con esa pena. Cuando se solicita la extradición de una persona por un delito punible con la pena de muerte, el Fiscal General solo podrá decidir que se entregue a esa persona si considera que el país requirente, en virtud de un compromiso diplomático, ha garantizado a Australia que no se impondrá la pena de muerte a esa persona o, en caso de que fuera impuesta, que no se ejecutaría. Cuando una persona opte por renunciar a esta protección frente a la extradición, el Fiscal General, antes de determinar que se entregue a la persona en cuestión, ha de contar con garantías suficientes de que, a su regreso al país solicitante, la persona no correrá ningún riesgo real de que se le aplique la pena de muerte por el delito de que se trate.

97.En relación con el marco de migración de Australia, el Gobierno ha establecido medidas para que se tengan en cuenta las obligaciones de no devolución contraídas por Australia en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Segundo Protocolo Facultativo. Cuando se solicita protección, esta se concede si el Ministro tiene motivos fundados para creer que, como consecuencia necesaria y previsible de la expulsión de un extranjero a un país de acogida, existe un riesgo real de que la persona sufra un daño considerable. Por daño considerable se entiende la privación arbitraria de la vida, la ejecución de la pena de muerte o el sometimiento de la persona a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se ha establecido un proceso para examinar previamente las cuestiones relativas a la expulsión de Australia de un extranjero que no haya solicitado protección en Australia.

98.De conformidad con el Pacto, las medidas adoptadas por el Gobierno de Australia para velar por la seguridad de las personas cuando son expulsadas con garantías diplomáticas dependen de las circunstancias de cada caso. El Gobierno ha establecido mecanismos de supervisión de todos los ciudadanos australianos o residentes permanentes que son extraditados a un país extranjero, incluso en los casos tramitados con garantías diplomáticas. El Gobierno está en condiciones de llevar a cabo esta supervisión gracias a los derechos consulares otorgados en virtud del derecho internacional y los recursos proporcionados para apoyar la red consular de Australia. Además, cuando un ciudadano extranjero es extraditado de Australia a un tercer país, el Gobierno ha acordado notificar oficialmente su detención y extradición al país del cual la persona es ciudadano, siempre y cuando se tenga el consentimiento de la persona en cuestión.

Traslado de solicitantes de asilo a terceros países para tramitar susreclamaciones

99.El Parlamento de Australia ha aprobado leyes que permiten designar a algunos países como países de tramitación regional y trasladar a los solicitantes de asilo a esos países para determinar su condición de refugiados. Nauru y Papua Nueva Guinea han sido designados como países de tramitación regional. En este sentido, el Gobierno de Australia ha concluido memorandos de entendimiento con los Gobiernos de Nauru y Papua Nueva Guinea para trasladar a los migrantes irregulares que llegaron a Australia por vía marítima a partir del 13 de agosto de 2012 a fin de tramitar sus solicitudes de protección. Los memorandos prevén que la determinación de la condición de refugiado se establecerá en virtud de la legislación nacional de Nauru y Papua Nueva Guinea.

100.En 2013 Australia amplió sus acuerdos con Nauru y Papua Nueva Guinea para que pudieran establecerse en estos países las personas allí trasladadas que tuvieran derecho a obtener protección internacional en virtud de la legislación de Nauru o la condición de refugiados en virtud de la legislación de Papua Nueva Guinea. Los acuerdos concluidos con Nauru permiten el asentamiento temporal en este país durante un máximo de diez años y los concluidos con Papua Nueva Guinea permiten el asentamiento permanente en Papua Nueva Guinea o en otro estado de la región. Australia sigue ayudando a Nauru a encontrar soluciones de asentamiento duraderas para las personas que tienen derecho a la protección internacional, y en septiembre de 2014 se ratificó un memorando de entendimiento entre Australia y Camboya para el asentamiento permanente y voluntario de los refugiados de Nauru en Camboya.

101.Se han concluido nuevos memorandos con Nauru y Papua Nueva Guinea para reflejar estos nuevos acuerdos. Con arreglo a estos memorandos, ambos países se comprometen a garantizar que las personas trasladadas sean tratadas con dignidad y respeto y que se cumplan las normas pertinentes en materia de derechos humanos. Además, los Gobiernos de Nauru y Papua Nueva Guinea han dado garantías a Australia de que:

No procederán a la expulsión o devolución de una persona a otro país donde su vida o libertad correrían peligro por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política;

Realizarán o permitirán que se realice una evaluación para determinar si la condición de la persona trasladada se inscribe en la definición de refugiado con arreglo al artículo 1A de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, modificada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967; y

No enviarán a la persona trasladada a otro país en que exista un riesgo real de que sea sometida a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, privación arbitraria de la vida o de que se le imponga la pena de muerte.

102.Tras haber recibido de Nauru y Papua Nueva Guinea las garantías mencionadas anteriormente y haber valorado el conjunto de circunstancias, Australia considera que el traslado de personas a los Estados soberanos de Nauru y Papua Nueva Guinea para que se tramiten sus solicitudes de asilo y las personas trasladadas se establezcan en esos países no contraviene las obligaciones internacionales contraídas por Australia.

103.El 5 de octubre de 2015, el Gobierno de Nauru anunció que el Centro Regional de Inmigración de Nauru se convertiría en un centro totalmente abierto y que las personas allí trasladadas podrían entrar y salir las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La introducción de un centro totalmente abierto permite que las personas trasladadas puedan salir de él cuando lo deseen y que no estén obligadas a regresar a una hora determinada. Para la seguridad de todos los residentes del Centro Regional de Inmigración, se lleva un registro de las entradas y salidas del centro y no se permiten visitas. En el Centro tampoco se permite la entrada de productos de contrabando, incluidas las bebidas alcohólicas. Las personas trasladadas se han adaptado bien a las nuevas normas del Centro abierto y la mayoría de ellas salen de él con frecuencia. Estas personas siguen recibiendo todos los servicios en el Centro Regional de Inmigración, como servicios de salud, comida, programas y actividades y tienen acceso a la cantina, donde pueden comprar artículos con su asignación de puntos, y se les permite llevar agua y un refrigerio al Centro abierto. Por razones de salud, la entrada de determinados alimentos al Centro abierto está restringida.

104.El Gobierno de Nauru ha avanzado considerablemente en la tramitación de los casos de determinación de la condición de refugiado y se están llevando a cabo procesos de examen de los fundamentos y de revisión judicial. Australia sigue ayudando a Nauru a consolidar su capacidad de evaluación de la protección prestando servicios de orientación y formación y financiando la asistencia para la tramitación de solicitudes.

Control del uso de la fuerza

105.El Gobierno cuenta con numerosos mecanismos del Commonwealth internos y externos para investigar el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal y no letal, por los agentes de la Policía Federal de Australia.

106.En virtud de la Ley Penal de 1914 (Commonwealth), los agentes de la Policía Federal de Australia solo podrán utilizar la fuerza que sea necesaria y razonable en las circunstancias del caso. Los agentes de la Policía Federal de Australia, al detener a una persona, no deben llevar a cabo acciones que puedan causarle la muerte o daños físicos graves, salvo que consideren, por motivos razonables, que esas acciones son necesarias para proteger la vida de otras personas (incluidos los agentes) o evitar que les causen daños graves.

107.El Comisionado de la Policía Federal de Australia también determina las normas profesionales mediante órdenes del Comisionado. En la Orden del Comisionado núm. 3 (seguridad operativa) se establecen las estrategias para la gestión de conflictos, los programas de formación y el modelo de uso de la fuerza, y se describen las circunstancias en que los agentes de la Policía Federal de Australia pueden hacer uso de la fuerza. Estas normas profesionales, que los agentes de la Policía Federal de Australia deben observar, están respaldadas por los Valores Básicos y el Código de Conducta de este cuerpo.

108.Por otro lado, la Junta del Organismo de Asesoramiento Policial de Australia y Nueva Zelandia aprobó los Principios relativos al Uso de la Fuerza aplicables a Australia y Nueva Zelandia (2012). Este documento proporciona orientación estratégica sobre el uso de la fuerza mediante una serie de principios fundamentales, que ofrecen a las organizaciones policiales un margen de actuación para aplicar políticas operativas individuales. Estos principios no tienen por objeto sustituir las políticas o los procedimientos operativos específicos que se aplican en las distintas jurisdicciones, sino apoyarlos e influir en ellos. Actualmente en todas las jurisdicciones se están examinando las formas de mejorar la coherencia de las políticas relativas al uso de la fuerza no letal.

Mecanismos disponibles para realizar investigaciones independientesde las denuncias

109.Gobierno Federal: el Ombudsman Federal tiene una amplia gama de facultades de investigación y presentación de informes respecto de la Policía Federal de Australia en virtud de la Ley del Ombudsman de 1976 (Commonwealth) y la Ley de la Policía Federal de Australia de 1979 (Commonwealth). El Ombudsman puede investigar denuncias relativas a las acciones llevadas a cabo por los agentes de la Policía Federal de Australia y a sus políticas, prácticas y procedimientos. El Ombudsman es independiente y tiene la responsabilidad de informar al Ministro de Justicia y al Parlamento sobre el alcance y la idoneidad de la gestión de las denuncias contra la Policía Federal de Australia. El Ombudsman puede realizar investigaciones de oficio o a raíz de denuncias de los ciudadanos y, en circunstancias concretas, está facultado para obligar a los organismos, incluida la Policía Federal de Australia, a aportar determinada información para sus investigaciones.

110.El Ministro, en virtud de la Ley de la Policía Federal de Australia de 1979 (Commonwealth), tiene la facultad discrecional de encargar a una persona (incluida una persona independiente) que lleve a cabo una investigación especial de la conducta de un agente de la Policía Federal, las prácticas o los procedimientos de este cuerpo u otra cuestión conexa.

Detención de inmigrantes

111.El Gobierno considera que la detención de inmigrantes es un componente fundamental de un control fronterizo firme. Las personas que tratan de entrar en Australia sin la autorización pertinente no permiten que el Gobierno evalúe el riesgo que podrían comportar para la comunidad australiana. Por consiguiente, el Gobierno sigue considerando que es necesario mantener la detención obligatoria de los inmigrantes para asegurar la integridad de los programas de migración y ciudadanía. Las personas que llegan de forma ilegal son inicialmente detenidas para llevar a cabo los controles pertinentes en materia de salud, identidad y seguridad. También puede recluirse en centros de detención para inmigrantes a otros no ciudadanos que se encuentren en situación irregular y presenten un riesgo para la comunidad australiana o la integridad de los programas de migración y ciudadanía. El Gobierno se compromete a que todas las personas recluidas en centros de detención de inmigrantes sean tratadas de manera justa y razonable, con arreglo a la ley, y se les proporcione un entorno seguro.

112.La red de centros detención de inmigrantes de Australia cuenta con diversas instalaciones para alojar a los detenidos, incluida la detención comunitaria. A la hora de decidir dónde se aloja a los detenidos, se tienen en cuenta sus circunstancias individuales, así como otras necesidades operativas más amplias.

a)Plazos aplicables a la detención de migrantes

113.El tiempo de permanencia en los centros de detención de inmigrantes depende de una evaluación de la necesidad que subsista de mantener la detención, que se basa en diversos factores, como la determinación de la identidad y la complejidad de la tramitación debido a circunstancias individuales relativas a la salud, la identidad o las cuestiones de seguridad y las novedades relativas a la información sobre la situación en otros países. Esta evaluación se realiza con diligencia para reducir al mínimo el tiempo de permanencia en los centros de detención de inmigrantes.

114.La detención de inmigrantes se lleva a cabo con fines administrativos. Como salvaguardia contra la detención indefinida o arbitraria, la duración y las condiciones de la detención de una persona se examinan de forma periódica para garantizar que la reclusión siga siendo legítima y apropiada en todas las circunstancias. Asimismo, los inmigrantes detenidos pueden solicitar la revisión judicial de la legalidad de su detención ante los tribunales australianos. El sistema de detención de inmigrantes también es objeto de un control continuo por parte de organismos externos, como el Ombudsman para la Inmigración del Commonwealth, la Comisión de Derechos Humanos de Australia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

b)Ley de Migración de 1958 y detención de personas apátridas

115.El Gobierno tiene la determinación de reducir los casos de apatridia y asegurar que los apátridas reciban un trato no menos favorable que las personas con nacionalidad. La apatridia no es un indicador para la detención. Cuando una persona afirma ser apátrida y su condición no se inscribe en las obligaciones de no devolución contraídas por Australia, el Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras examina las opciones de resolución, incluida la expulsión. Si la expulsión no es posible, el Departamento evaluará cada caso individualmente con arreglo a las Directrices de Intervención Ministerial. Los casos pertinentes se remitirán al Ministro para que considere la posibilidad de conceder un visado.

116.Los refugiados que la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad considere que suponen un riesgo directo o indirecto para la seguridad serán objeto de una evaluación negativa de seguridad. Las personas que reciben esta evaluación negativa permanecen en los centros de detención de inmigrantes hasta que puedan ser expulsadas de Australia a su país de origen o a un tercer país que ofrezca garantías de seguridad. Toda expulsión se ajusta a las obligaciones de no devolución contraídas por Australia. Cuando se detiene a personas inmigrantes, incluidas las personas que afirman ser apátridas, la duración y las condiciones de detención son objeto de un examen periódico por parte del Departamento. En estos exámenes se analiza la legalidad e idoneidad de la detención de la persona, sus condiciones de reclusión y otros asuntos relacionados con su detención y la resolución de su caso. Además, para las personas que no pueden ser puestas en libertad se aplica la forma de detención menos restrictiva apropiada a las circunstancias particulares. La prolongación de la detención depende de factores como la gestión de los riesgos de salud, identidad y seguridad, las evaluaciones continuas de los riesgos para la comunidad y/o la integridad de los programas de migración de Australia.

117.El Revisor Independiente de las Evaluaciones Negativas de Seguridad, nombrado el 3 de diciembre de 2012, realiza un examen independiente de la situación de los inmigrantes detenidos que tienen derecho a protección en virtud del derecho internacional, pero que, al ser objeto de una evaluación negativa de seguridad, no pueden recibir un visado de protección permanente o bien dicho visado ha sido anulado. El Revisor Independiente también realiza exámenes periódicos, cada 12 meses, de las evaluaciones negativas de seguridad emitidas respecto de los inmigrantes que se encuentran detenidos.

c)Menores privados de libertad

118.Todas las personas que llegan a Australia ilegalmente por vía marítima son sometidas a un período de detención, incluidos los menores, para que puedan realizarse las comprobaciones pertinentes en materia de salud, seguridad e identidad. Siempre que sea posible y apropiado, los inmigrantes menores son detenidos de la forma menos restrictiva posible, por ejemplo en centros de detención alternativos de baja seguridad o en régimen de detención comunitaria. Inicialmente se aloja a los menores no acompañados y a las familias vulnerables con niños en centros de baja seguridad, como residencias para inmigrantes, alojamientos para inmigrantes en tránsito y centros alternativos de detención, a fin de realizar las comprobaciones pertinentes en materia de salud, seguridad e identidad.

119.El Ministro de Inmigración y Protección de Fronteras es el tutor legal de los niños menores de 18 años de edad que no son ciudadanos australianos, que no entraron en Australia a cargo de un progenitor, familiar o un futuro padre o madre adoptivos o con el propósito de vivir en Australia bajo su tutela y que en el momento de su llegada solicitan la residencia permanente. El Ministro vela por que las obligaciones de tutela se cumplan mediante acuerdos con proveedores que ofrecen servicios adecuados de alojamiento, atención, bienestar, educación y actividades recreativas. El Ministro delega su función de tutor a diversos funcionarios departamentales.

120.Actualmente, en la medida de lo posible, se aloja a los menores no acompañados en la comunidad. La mayoría de los menores no acompañados que se encuentran en detención comunitaria viven en una casa con un grupo integrado por otros menores no acompañados a cargo de un cuidador. Los menores no acompañados que tienen familiares en la comunidad pueden vivir con ellos. Mientras se encuentran en la comunidad, el Gobierno financia su alquiler, alimentación y otros artículos domésticos. También reciben semanalmente una pequeña asignación personal, entre otras cosas para los gastos de recarga del teléfono móvil, transporte o artículos personales.

121.En consonancia con las normas de la comunidad, los menores no acompañados van a la escuela, tienen acceso a la atención de salud y reciben apoyo para participar en actividades extraescolares, como clubes de fútbol, clases de arte o música y otras actividades creativas o recreativas. Si estos menores deben ser alojados en centros de detención alternativos, el Gobierno se asegura de que dispongan de servicios de apoyo adecuados, como gestores departamentales de casos, equipos de apoyo a la salud mental, personal médico, servicios de interpretación y personal docente. Para tomar decisiones relativas al bienestar y el cuidado de los menores no acompañados que se encuentran en centros de detención alternativos, el Gobierno se basa en el asesoramiento de estos expertos. Los menores también reciben apoyo y atención pastoral de un proveedor de servicios contratado, además de la atención prestada por el proveedor de servicios del centro, que incluye una serie de programas y actividades estructurados y no estructurados que se llevan a cabo diariamente, dentro o fuera del centro, como clases escolares impartidas por proveedores cualificados.

122.Para evitar que los inmigrantes menores de edad sean objeto de formas restrictivas de detención y cuando la edad que alega una persona se ponga en duda, el Departamento recurre a un proceso de determinación de la edad que incluye una entrevista pormenorizada. Estas entrevistas se llevan a cabo en presencia de un observador independiente. Las personas son tratadas como menores hasta que se concluye la evaluación. Dos funcionarios del Departamento entrevistan al detenido y llegan a una conclusión de forma independiente. La entrevista incluye preguntas relativas a la escolarización, el empleo, la fecha de nacimiento que se señala, la edad de los padres, la existencia de hermanos y las fechas de acontecimientos importantes. Si la opinión de los funcionarios que realizan la evaluación no coincide, se otorga al detenido el beneficio de la duda y se lo trata como a un menor.

123.Tras la aprobación de nueva legislación en diciembre de 2014, el Gobierno de Australia ha hecho avances muy importantes en la reducción del número de niños detenidos y todos ellos han sido trasladados de Christmas Island al continente. A 30 de diciembre de 2015 había en Australia 91 niños detenidos, en comparación con un máximo de casi 2.000 al que se llegó a mediados de 2013.

Marco relativo a los procedimientos de migración

a)Lugares de detención extracontinentales y centro de detención deChristmas Island

124.Los centros de detención de Christmas Island siguen utilizándose para internar a los migrantes y realizar los procedimientos iniciales de las personas que llegan ilegalmente por vía marítima, como los trámites de entrada y los exámenes médicos, antes de que estas sean trasladadas al continente o a un centro regional de tramitación. Australia no ha adoptado medidas, ni tiene previsto hacerlo, para derogar las disposiciones de la Ley de Migración de 1958 relativas a los centros de detención extracontinentales. No se está considerando la posibilidad de clausurar el centro de detención de Christmas Island.

b)Acceso en condiciones de igualdad a un proceso justo y susceptible de revisión judicial de examen de las solicitudes de protección

125.Territorio continental: los visados de protección cumplen las obligaciones de Australia en materia de no devolución en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Segundo Protocolo Facultativo, destinado a abolir la pena de muerte, y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Estos proporcionan protección a los refugiados, así como a las personas que corren el riesgo de sufrir un daño considerable y que no pueden regresar a su país de origen.

126.La Ley de Enmienda de la Legislación sobre Competencias Marítimas y de Migración (Resolución de los Casos de Asilo Legados) de 2014 (Commonwealth), que fue aprobada por el Parlamento el 5 de diciembre de 2014, establece un nuevo proceso de evaluación acelerado para las personas que llegaron ilegalmente por vía marítima a Australia el 13 de agosto de 2012 o después de esa fecha y antes del 1 de enero de 2014, y el Ministro de Inmigración y Protección de Fronteras permite que las personas que llegan ilegalmente por vía marítima soliciten un visado de protección temporal o un Visado de Empresa de Refugio Seguro.

127.Con arreglo al proceso de evaluación acelerado, se efectuará una evaluación completa y exhaustiva de las solicitudes de protección de todas las personas que lleguen ilegalmente por vía marítima. Todas las solicitudes de protección se evalúan individualmente tomando en consideración las circunstancias específicas de cada caso y teniendo en cuenta la información actualizada sobre las condiciones en el país de origen del solicitante. Los principios de equidad procesal y justicia natural se aplican en todas las etapas de la adopción de decisiones en el proceso de evaluación acelerado.

128.Las personas que lleguen ilegalmente por vía marítima podrán acceder al examen de los fundamentos de la evaluación efectuado por el Organismo de Evaluación en Materia de Inmigración, que es un órgano de examen independiente y estatutario establecido en el seno del Tribunal de Revisión de Asuntos de Refugiados. Sin embargo, las personas que lleguen ilegalmente por vía marítima y que, tras serles denegado un visado de protección, presenten reclamaciones indicando que se les ha denegado protección, dispongan ya de protección en otro lugar o presenten denuncias injustificadas no tendrán acceso al examen de los fundamentos.

129.Las decisiones de denegar o rescindir un visado de protección temporal o un Visado de Empresa de Refugio Seguro por incumplimiento de los requisitos de integridad están sujetas a un examen independiente en cuanto al fondo por el Tribunal Administrativo de Apelación.

130.Nauru: las preguntas relativas al Gobierno de Nauru deberían dirigirse al Gobierno de Nauru. Papua Nueva Guinea: las preguntas relativas al Gobierno de Papua Nueva Guinea deberían dirigirse al Gobierno de Papua Nueva Guinea.

Trata de personas y esclavitud

a)Capacitación de los agentes para que puedan determinar y abordar proactivamente la trata de personas

131.El 2 de diciembre de 2014, el Gobierno de Australia puso en marcha el Plan Nacional de Acción para Luchar contra la Trata de Personas y la Esclavitud 2015-2019. El Plan Nacional de Acción proporciona el marco estratégico para la respuesta de Australia a la trata de personas y la esclavitud, y establece objetivos claros y medidas que se basan en indicadores clave del desempeño para fines de supervisión. La capacitación continua de los agentes australianos de primera línea en el país y de los agentes australianos en el extranjero en materia de trata de personas y esclavitud es una de las medidas contempladas en el Plan Nacional de Acción.

132.La capacitación principal para la policía federal y la policía de los estados y territorios se imparte a través del Programa de Investigación sobre la Trata de Personas, que tiene carácter anual y dota a los agentes de los conocimientos y las competencias necesarios para llevar a cabo con éxito investigaciones complejas, sensibles y prolongadas de delitos relacionados con la trata de personas, incluidos los entornos multijurisdiccional o internacional. La Policía Federal de Australia también ha celebrado una serie de foros de sensibilización en cada jurisdicción, en colaboración con la policía de los estados y territorios. En octubre de 2014, la Policía Federal de Australia y la Policía de Victoria publicaron una guía informativa y de sensibilización sobre la trata de personas para los agentes de policía de primera línea. La guía se aplicará a nivel nacional en todas las fuerzas del orden de los estados y territorios. Desde 2011, la Policía Federal de Australia también ha organizado periódicamente debates colaborativos para aumentar la conciencia acerca de las cuestiones relativas a la trata entre los agentes de primera línea, tanto del Gobierno como de ONG.

133.El Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras imparte formación continua específica sobre la detección de posibles casos de trata a los agentes sobre el terreno encargados del cumplimiento y a los agentes destinados en el extranjero. Esta formación incorpora instrucciones claras sobre los protocolos de remisión a la Policía Federal de Australia, que se supervisan y revisan periódicamente. El Departamento también ha proporcionado material de orientación para brindar apoyo al personal de servicios básicos y del centro de llamadas que pueden encontrarse con posibles víctimas o recibir denuncias de trata de personas.

134.Las autoridades reguladoras también contribuyen a la detección de las víctimas de la trata y colaboran estrechamente con la Policía Federal de Australia. El Ombudsman para las Relaciones Laborales Justas proporciona a los agentes directrices operacionales sobre cuestiones relativas a la trata. Por ejemplo, el Manual de Operaciones del Ombudsman para las Relaciones Laborales Justas proporciona orientación a los inspectores laborales acerca de los asuntos que son apropiados para su remisión al Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras o la Policía Federal de Australia, cuando surjan preocupaciones acerca de un trabajador que pueda ser víctima de explotación mediante la esclavitud, trabajo forzoso o servidumbre. En el Manual se incluye una “Guía de Indicadores sobre la Trata de Personas”, elaborada por la Policía Federal de Australia para que los inspectores de relaciones laborales justas la tomen en consideración al decidir sobre la remisión de los posibles delitos de trata. El Ombudsman para las Relaciones Laborales Justas también ha publicado información para brindar asesoramiento sobre el modo de gestionar las consultas relativas a la trata de personas en la Línea de Atención sobre Relaciones Laborales Justas.

135.El Gobierno de Australia también ha financiado el desarrollo de un programa de aprendizaje electrónico para su utilización por los agentes de primera línea. Este programa se puso en marcha en marzo de 2014. El Gobierno también financia a ONG, sindicatos y grupos industriales para que realicen actividades de divulgación para las víctimas de la trata y lleven a cabo iniciativas en materia de educación y sensibilización.

136.Australia también desempeña una función destacada en los esfuerzos internacionales para prevenir e impedir la trata de personas y en la labor destinada a mejorar la capacidad de otros países de la región para hacer frente a esta cuestión de manera eficaz. Los organismos de Australia trabajan a través de foros de las Naciones Unidas, regionalmente mediante el Proceso de Bali sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, la Trata de Personas y los Delitos Transnacionales Conexos (Proceso de Bali) y bilateralmente, para abogar por respuestas firmes a la trata, fortalecer el sistema legal y judicial, promover la cooperación entre las instituciones encargadas del cumplimiento de la ley, apoyar las campañas informativas, y proporcionar formación y asistencia técnicas sobre la protección de las víctimas. En 2014, Australia y Tailandia copresidieron un comité de redacción en el marco del Proceso de Bali que elaboró una Guía de Políticas para la Tipificación del Delito de Trata de Personas, una herramienta práctica para ayudar a los encargados de la formulación de políticas y los profesionales a fortalecer los marcos legislativos. En 2015, Australia ha sido uno de los principales miembros de un comité de redacción que, en el contexto del Proceso de Bali, está preparando guías para la elaboración de políticas sobre la identificación y protección de las víctimas de la trata.

137.Australia también copresidirá junto con Indonesia un Grupo de Trabajo sobre la Trata de Personas, en el marco del Proceso de Bali, que reunirá a una red de expertos para intercambiar información, gestionar proyectos y promover la cooperación regional a fin de combatir la trata de personas. La primera reunión del Grupo de Trabajo se celebró en marzo de 2015. Esta reunión se celebró junto con un simposio regional del Proceso de Bali sobre la trata con fines de explotación laboral, copresidido por Australia y Tailandia.

b)Asistencia y protección para las víctimas de la trata

138.En 2013 entraron en vigor las enmiendas legislativas al Código Penal de 1995 (Commonwealth) y la Ley Penal de 1914 (Commonwealth), lo que fortaleció la serie existente de delitos relativos a la trata de personas. Las modificaciones proporcionan protecciones para garantizar que las víctimas de la trata reciban asistencia y protección adecuadas al recurrir al sistema de justicia penal. Las víctimas pueden ahora prestar declaración mediante circuito cerrado de televisión, videoconferencia o una grabación de vídeo. Esto contribuye a protegerlas del demandado o del público. También pueden estar acompañadas por una persona de apoyo mientras prestan declaración.

139.Australia proporciona una amplia serie de servicios de apoyo a las víctimas de la trata a través del Programa de Apoyo a las Personas Víctimas de la Trata (en adelante, Programa de Apoyo). El Programa de Apoyo está al alcance de todas las víctimas de la trata de personas, la esclavitud y las prácticas análogas a la esclavitud, como el matrimonio forzado y el trabajo forzoso, que cumplan los requisitos de admisibilidad. El Programa de Apoyo se basa en la demanda, está completamente financiado por el Gobierno de Australia y cuenta con servicios adaptados de gestión de casos que presta la Cruz Roja de Australia. El programa ofrece respuestas a nivel nacional las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. El Programa de Apoyo ayuda a las personas a acceder a un conjunto de servicios de apoyo para mejorar su salud y bienestar mental y físico tras el trauma sufrido por su experiencia como víctimas de la trata, y brinda oportunidades para adquirir nuevos conocimientos y desarrollar opciones de vida después del Programa de Apoyo. Estos servicios pueden incluir:

Apoyo a la gestión de casos;

Alojamiento seguro;

Tratamiento médico (a través de Medicare y el Plan de Prestaciones Farmacéuticas, o según se apruebe);

Asesoramiento;

Remisión a servicios de orientación legal y en materia de migración;

Capacitación adecuada para el desarrollo de competencias, entre otras enseñanza del idioma inglés y orientación profesional, según corresponda; y

Apoyo social.

140.El Programa de Apoyo proporciona apoyo intensivo durante un período inicial de 45 días a todas las personas que se acojan a él, independientemente de si están dispuestas y/o pueden colaborar en el proceso de justicia penal. Este plazo proporciona un período de reflexión para que las personas acogidas al programa puedan recuperarse de la experiencia vivida como víctimas de la trata y considerar distintas opciones para el futuro, entre otras si desean colaborar en el proceso de justicia penal. Además, se ofrece apoyo durante 45 días adicionales a las víctimas de la trata que, aunque lo deseen, no puedan colaborar en la investigación o el enjuiciamiento de un delito de trata o un delito relacionado con la esclavitud, por razones como la edad, los problemas de salud, el trauma sufrido o un impedimento práctico.

141.Los menores de edad pueden acceder automáticamente a la ampliación del apoyo durante 45 días adicionales cuando esto redunde en su interés superior. Tras el período inicial de apoyo intensivo, el acceso al Programa de Apoyo está vinculado a la participación en el proceso de justicia penal. Los clientes reciben apoyo continuado hasta que concluye la investigación y el enjuiciamiento del asunto relativo a la trata de personas o a la esclavitud. Este apoyo puede incluir:

Asistencia para conseguir alojamiento a largo plazo;

Asistencia para comprar muebles y artículos domésticos esenciales; acceso a Medicare y el Plan de Prestaciones Farmacéuticas; y

Acceso a servicios jurídicos e intérpretes y asistencia para obtener empleo y recibir formación (incluidas clases de inglés), si lo desean.

142.Por lo general, se brinda a las personas que dejan el Programa de Apoyo un período de transición de 20 días, durante el cual se les puede remitir a servicios de apoyo más prolongados y recibir preparación para la vida después del Programa de Apoyo. Las víctimas de la trata que no deseen participar en el Programa de Apoyo pueden tener derecho a participar en otros programas gubernamentales y no gubernamentales.

c)Reparación y tratamiento de las víctimas

143.Las enmiendas legislativas de 2013 a la Ley Penal de 1914 del Commonwealth garantizan que se pueda ofrecer reparación a las víctimas de todo delito federal por la pérdida sufrida en razón de la conducta delictiva, incluso si la pérdida no se produjo como resultado directo de dicha conducta. Previamente, solo se podía obtener reparación cuando la persona había sufrido una pérdida como resultado directo del delito. La modificación garantiza un mayor acceso a las órdenes de reparación.

144.En Australia no se encarcela, multa o sanciona de forma indebida a las víctimas de la trata por ninguna violación de las normas de inmigración asociada a su condición de víctima de la trata. El Marco de Servicios de Visados para Víctimas de la Trata de Personas de Australia permite a los ciudadanos extranjeros que todavía no tengan un visado válido y presuntamente hayan sido víctimas de la trata permanecer legalmente en Australia de forma temporal en lugar de estar sujetos a detención obligatoria y posiblemente ser expulsados. Aun cuando las víctimas de la trata no deseen colaborar con las fuerzas del orden, pueden solicitar asistencia al Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras o a un agente de migración homologado para encontrar otras opciones de migración. Si una persona víctima de la trata ha contribuido a un enjuiciamiento o una investigación y se considera que correría peligro si regresara a su lugar de origen, puede tener derecho a que se le conceda un visado permanente en virtud del Marco de Servicios de Visados para Víctimas de la Trata de Personas.

Trato de las personas privadas de libertad

a)Encarcelamiento de hombres, mujeres y jóvenes indígenas

145.Los indígenas australianos siguen estando excesivamente representados en los sistemas de justicia penal y juvenil del país. El Gobierno de Australia centra su labor en combatir las condiciones desfavorables subyacentes que conducen a la elevada tasa de encarcelamiento y reincidencia de los indígenas australianos, incluidos jóvenes y mujeres indígenas. Se proporciona financiación a través de la Estrategia de Promoción de los Indígenas para intervenciones destinadas a los delincuentes, medidas extrajudiciales para los jóvenes y servicios de atención y asistencia jurídica para reclusos, que son actividades específicamente concebidas para reducir el contacto perjudicial de los australianos indígenas con el sistema de justicia penal.

146.El Gobierno del Commonwealth y los gobiernos de los estados y territorios colaboran en el Marco Nacional de Legislación y Justicia Indígenas, que incluye principios, objetivos y medidas para orientar la labor en este ámbito. Todos los estados y territorios han acordado reducir la representación excesiva de la población indígena en los sistemas de justicia penal de Australia mediante programas eficaces de prevención del delito, de medidas extrajudiciales y de reducción de la reincidencia en el contexto del Marco Nacional de Legislación y Justicia Indígenas.

147.El Gobierno de Australia gestiona en la actualidad programas de subvenciones que favorecen la seguridad de las comunidades y la investigación de las cuestiones relativas a la legislación y la justicia indígenas, y proporciona financiación para facilitar el acceso de los indígenas a la asistencia jurídica. El Gobierno de Australia también financia programas concebidos para reducir el contacto perjudicial de los indígenas australianos con el sistema de justicia penal. Estos incluyen programas destinados a delincuentes, programas extrajudiciales para los jóvenes y programas de atención a reclusos. Los gobiernos de los estados y territorios también proporcionan financiación para diversos programas destinados a reducir la representación excesiva de los indígenas australianos en el sistema de justicia penal.

b)Condiciones en las prisiones

148.El Gobierno federal no administra ninguna prisión. Los gobiernos de los estados y territorios trabajan para mejorar las condiciones en las prisiones que administran. En el apéndice G figuran ejemplos de iniciativas para mejorar las condiciones en las prisiones.

c)Acceso a servicios adecuados de atención de la salud mental

149.Todos los estados y territorios cuentan con programas de atención de la salud mental disponibles para los reclusos. En el apéndice H figuran ejemplos de los programas de atención de la salud disponibles.

d)Mecanismos externos independientes

150.Cada estado y territorio dispone de mecanismos para supervisar e inspeccionar las prisiones y los lugares de detención. En el apéndice I figuran ejemplos de los mecanismos existentes.

e)Muertes durante la reclusión

151.Cada estado y territorio dispone de mecanismos para garantizar que todas las muertes ocurridas durante la privación de libertad sean examinadas e investigadas por órganos independientes. Por ejemplo, todos ellos cuentan con una oficina forense estatal, que es un órgano independiente y está facultado para investigar las muertes ocurridas durante la privación de libertad. En el apéndice J figuran ejemplos adicionales.

f)Medidas no privativas de la libertad y programas de medidas extrajudiciales

152.Los estados y territorios han adoptado diversas medidas no privativas de la libertad y programas de medidas extrajudiciales. En el apéndice K figuran ejemplos de las medidas y los programas existentes.

Detención preventiva de las personas condenadas

153.En virtud del sistema federal de gobierno de Australia, la aplicación de la legislación penal corresponde primordialmente a los estados y territorios de Australia, por lo que cada uno de ellos administra su propio sistema de justicia penal, incluida la elaboración de políticas y leyes en relación con la imposición de condenas a los delincuentes y la administración de la policía, los tribunales y las prisiones. De conformidad con la Constitución, el Commonwealth solo se ocupa de los asuntos penales que se inscriben en su jurisdicción federal y en el ámbito de las competencias del Commonwealth, como la importación de drogas, el fraude a la seguridad social, el tráfico ilícito de personas y el robo o la destrucción de propiedad del Commonwealth. La Ley Penal de 1914 (Commonwealth) contempla la imposición de condenas, el encarcelamiento y la puesta en libertad de los delincuentes federales. No existe ninguna disposición que permita que los delincuentes federales condenados considerados peligrosos permanezcan recluidos en prisión después de haber cumplido la pena impuesta por el tribunal.

154.Nueva Gales del Sur: en Nueva Gales del Sur, el Tribunal Supremo puede dictar una orden de mantenimiento en detención o una orden de supervisión ampliada con arreglo a la Ley Penal (Delincuentes de Alto Riesgo) de 2006. Estas órdenes permiten a los Servicios Penitenciarios mantener detenida a una persona o seguir supervisándola después de que haya cumplido la pena impuesta, durante un período máximo de cinco años. Estas medidas solo pueden aplicarse si el tribunal estima que, con un alto grado de probabilidad, existe un riesgo inaceptable de que la persona cometa graves delitos sexuales o violentos si no ser supervisada tras su puesta en libertad. Este riesgo se evalúa teniendo en cuenta una serie de factores, incluidos los informes de dos psiquiatras o psicólogos cualificados que han realizado una evaluación individual del delincuente. Las órdenes están sujetas a un examen periódico y pueden revocarse en cualquier momento. Los infractores pueden recurrir la imposición de una orden de acuerdo con cualquier cuestión de hecho o de derecho. Las órdenes en virtud de esta Ley son una medida acorde con el fin legítimo de protección y, por consiguiente, el Gobierno considera que no son arbitrarias ni tienen carácter punitivo. El hecho de haber cometido un delito específico no conlleva que se dicte automáticamente una orden de este tipo contra la persona en cuestión. Cada caso se evalúa de forma individual. El Tribunal Supremo debe estar convencido de que una orden es necesaria y esta debe ser lo menos restrictiva posible. No se puede dictar una orden de detención si la supervisión por la comunidad se estima suficiente para abordar de forma adecuada el riesgo que presenta el delincuente. Las órdenes están respaldadas por la disponibilidad de programas de rehabilitación en las prisiones y los infractores tienen la oportunidad de participar en dichos programas antes de que terminen de cumplir su condena. A comienzos de 2015 había 53 infractores sometidos a una orden de supervisión ampliada. Dos infractores estaban sometidos a una orden de mantenimiento en detención. Todos los infractores sometidos a una orden de supervisión ampliada tienen acceso a programas de rehabilitación, que habitualmente son ofrecidos por psicólogos de la comunidad. No se habían dictado órdenes de detención de emergencia.

155.La Ley de Enmienda de la Ley Penal (Delincuentes de Alto Riesgo) de 2014 (Nueva Gales del Sur) entró en vigor el 7 de enero de 2015. La Ley modificó la Ley Penal (Delincuentes de Alto Riesgo) de 2006 en relación con aspectos de la supervisión y la detención de delincuentes sexuales y violentos de alto riesgo, e introdujo una serie de salvaguardas importantes:

Las órdenes de detención de emergencia únicamente pueden expedirse a instancias del Fiscal General de Nueva Gales del Sur;

Las solicitudes deben ir acompañadas de una declaración jurada del Comisionado de Servicios Penitenciarios o un Comisionado Adjunto; se debe demostrar al tribunal que, aparte de la detención del delincuente, no existen otros medios viables y disponibles para garantizar la seguridad de la comunidad;

Una orden de detención de emergencia solo puede durar un máximo de 120 horas; no se puede prorrogar ni se puede volver a solicitar por el mismo conjunto de circunstancias;

La expedición de una orden de detención de emergencia se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.

156.Estas salvaguardias garantizan que la pérdida de libertad del delincuente sea por el período de tiempo más corto posible antes de que la persona regrese a la comunidad o se le ofrezca la oportunidad de comparecer ante el tribunal para ser escuchado.

157.Victoria: la Ley de Delitos Sexuales Graves (Detención y Supervisión) de 2009 (Victoria) ha estado en vigor en Victoria desde el 1 de enero de 2010. Esta Ley es un mecanismo de carácter civil que prevé la supervisión y la detención posterior al cumplimiento de la pena de los autores de delitos sexuales graves condenados por determinados delitos sexuales (como la violación), que están cumpliendo una pena privativa de libertad, incluida la libertad condicional. El principal objetivo de la legislación es mejorar la protección de la comunidad obligando a los delincuentes que han cumplido penas privativas de libertad por determinados delitos sexuales y que presentan un riesgo inaceptable de daño a la comunidad a someterse a una detención o supervisión continuadas. La finalidad secundaria de la Ley es facilitar el tratamiento y la rehabilitación de esos delincuentes.

158.El tribunal competente puede dictar una orden de supervisión o de detención si considera que existe un riesgo inaceptable de que el delincuente cometa un delito específico (concretamente un delito sexual, como la violación) en caso de que no se dicte una orden de supervisión o de detención y el infractor se haya integrado en la colectividad. Los delincuentes no están sujetos a este régimen de manera automática y este no se basa únicamente en el hecho de que el delincuente haya sido condenado por un delito sexual por el que haya cumplido una pena privativa de libertad. Se evalúa a cada delincuente de manera individual mediante un informe elaborado por un experto médico.

159.Las órdenes están sujetas a un examen periódico y pueden revocarse. Durante los procesos de examen, el tribunal toma en consideración un informe sobre la situación del infractor, incluido el riesgo de que reincida si se revoca la orden, y la participación del delincuente en cualquier programa de rehabilitación o de tratamiento. Las órdenes se pueden renovar, prorrogar o revocar. Las órdenes también se pueden recurrir.

160.Las condiciones impuestas a un delincuente sometido a supervisión tratan de ocasionar la mínima injerencia en la libertad, la intimidad y la libertad de circulación del delincuente que sea necesaria de acuerdo con las circunstancias para garantizar los propósitos de las condiciones y están razonablemente relacionadas con la gravedad del riesgo de que el delincuente reincida.

161.Este régimen es compatible con la Ley de la Carta de Derechos Humanos y Responsabilidades de Victoria de 2006.

Asegurar el acceso a la justicia

Asegurar la igualdad en el acceso a la justicia para ayudar a las personas marginadas y desfavorecidas

162.El Gobierno de Australia se ha comprometido a asegurar el acceso a la justicia para las personas marginadas y desfavorecidas, e invertirá 1.600 millones de dólares durante los próximos cinco años en una serie de servicios de asistencia jurídica para ayudar a las personas desfavorecidas con sus problemas jurídicos. Esto incluye la asignación de 1.300 millones de dólares durante cinco años en el marco de un Acuerdo Nacional de Asociación sobre Servicios de Asistencia Jurídica para los Centros Jurídicos Comunitarios y las Comisiones de Asistencia Letrada a fin de asegurar que algunas de las personas más vulnerables en Australia, incluidas las personas víctimas de la violencia doméstica, las personas de contextos culturales y lingüísticos diferentes y los indígenas australianos tengan acceso a servicios jurídicos. También incluye 350 millones de dólares durante un período de cinco años para los proveedores de asistencia jurídica destinada a los indígenas, en consonancia con las prioridades del Gobierno en materia de cuestiones indígenas y con su compromiso continuo de mejorar la situación de los australianos indígenas en lo que respecta a la legislación y la justicia.

163.Además, el Gobierno de Australia va a destinar 100 millones de dólares al Conjunto de Medidas de Seguridad en favor de las Mujeres para ayudar a las mujeres y los niños con un mayor riesgo de sufrir violencia. El Conjunto de Medidas de Seguridad en favor de las Mujeres incluye 15 millones de dólares durante un período de tres años para las dependencias especializadas en violencia doméstica y las alianzas de salud y justicia que se instaurarán en los proveedores existentes de asistencia jurídica. Estos servicios brindarán más oportunidades a las víctimas de la violencia familiar de recabar asistencia jurídica de forma segura.

164.El Commonwealth, los estados y los territorios han colaborado recientemente con el sector de la asistencia jurídica para reformar los acuerdos en materia de asistencia judicial. Estos se aplicaron a partir del 1 de julio de 2015. Las reformas reconocen las importantes funciones complementarias de los diferentes proveedores de servicios en el sistema judicial, y ayudan a los clientes a desenvolverse mejor en el sistema. Están concebidas para procurar un sector de la asistencia jurídica más sostenible, velando por que los recursos se destinen a donde más se necesitan, y se centran en lograr una mayor coordinación y colaboración y una mejor planificación de la prestación de servicios de primera línea.

165.Otras medidas que el Gobierno está adoptando en la actualidad para asegurar la igualdad en el acceso a la justicia incluyen:

Colaborar con las partes interesadas del sistema de justicia civil y los expertos en datos a fin de formular un marco para orientar la reunión de datos coherentes con el fin de crear una base empírica para el sistema de justicia civil; y

Integrar los tres tribunales fundamentales del Commonwealth encargados de examinar las cuestiones en cuanto al fondo (el Tribunal de Revisión de Actos Administrativos fusionado con el Tribunal de Apelación de la Seguridad Social, el Tribunal de Examen de Asuntos de Migración y el Tribunal de Revisión de Asuntos de Refugiados), proceso que comenzó el 1 de julio de 2015, a fin de seguir mejorando la eficiencia y eficacia de la jurisdicción del Commonwealth con respecto a la revisión en cuanto al fondo mediante una mayor calidad y coherencia de la adopción de decisiones por el Gobierno.

Mejorar el acceso a servicios de asistencia jurídica apropiados desde el punto de vista cultural

166.El enfoque de Australia con respecto a la política indígena reconoce la importancia de prestar servicios apropiados desde el punto de vista cultural, incluidos los servicios de asistencia jurídica.

167.Los Servicios Jurídicos para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres están financiados por el Gobierno de Australia para brindar servicios de asistencia jurídica de calidad, apropiados desde el punto de vista cultural y accesibles a los indígenas australianos. Aunque el mantenimiento de la ley y el orden es responsabilidad primordial de los gobiernos estatales y territoriales, el Gobierno de Australia ha financiado desde 1971 servicios de asistencia jurídica para los indígenas australianos en zonas metropolitanas, regionales y remotas. Los servicios garantizan que los indígenas australianos puedan ejercer plenamente los derechos que los asisten como ciudadanos australianos y reconocen que los indígenas australianos siguen estando excesivamente representados, en calidad tanto de infractores como de víctimas, en el sistema de justicia penal. El apoyo prestado por el Gobierno demuestra su preocupación por las importantes desventajas a las que se enfrentan los indígenas australianos en todos los indicadores sociales y económicos importantes, así como las dificultades que sigue experimentando este grupo para acceder a los servicios jurídicos generales. La financiación total durante el período 2014-2015 destinada al Programa de Asistencia Jurídica para Indígenas es de 74,31 millones de dólares.

168.A través del Programa de Seguridad y Bienestar de la Estrategia de Promoción de los Indígenas, el Gobierno de Australia financia servicios jurídicos destinados a prevenir la violencia familiar entre la población indígena mediante los cuales se proporciona asistencia jurídica gratuita, apoyo judicial, servicios de asesoramiento y asistencia para la tramitación de los casos a las víctimas de violencia familiar y/o de agresiones sexuales que son indígenas, o cuyas parejas o hijos son indígenas. El Programa financia 14 organizaciones proveedoras de servicios en 6 estados y territorios.

169.El Gobierno de Australia proporciona financiación para sufragar el acceso gratuito a servicios de interpretación de los organismos jurídicos y judiciales, y los proveedores de servicios jurídicos financiados por el gobierno en el Territorio del Norte. El Gobierno también proporciona financiación para aumentar la capacidad de los servicios de interpretación para los indígenas en Australia central, apoyar el funcionamiento del Servicio de Interpretación de Kimberley y fomentar la capacidad del Organismo Nacional de Acreditación de Traductores e Intérpretes con miras a satisfacer las necesidades del sector de la interpretación para los indígenas.

170.Los gobiernos de los estados y los territorios también son responsables de los sistemas de salud y de justicia penal y, entre otras cosas, de garantizar que haya intérpretes disponibles para los clientes de los servicios que financian.

171.Territorio del Norte: el Territorio del Norte ha adoptado una Política de Servicios Lingüísticos que reconoce la importancia de prestar servicios apropiados desde el punto de vista cultural y lingüístico, a fin de garantizar que todos los clientes puedan acceder a los servicios de manera justa y equitativa. Esta Política reconoce la importancia que tiene para los organismos gubernamentales utilizar el Servicio de Interpretación para los Aborígenes, que proporciona servicios de interpretación en más de 100 idiomas y dialectos indígenas que se hablan en el Territorio del Norte.

Justicia juvenil

172.Los gobiernos de Australia están tomando medidas activas para mejorar su sistema de justicia juvenil y garantizar el respeto de los derechos de los niños privados de libertad. Puede encontrarse información detallada sobre estas medidas en el informe que Australia presentó en 2008 al Comité de los Derechos del Niño y en la respuesta escrita a la lista de cuestiones antes de su comparecencia ante el Comité en 2012.

a)Aumento de la edad de responsabilidad penal fijada en los 10 años

173.La edad de responsabilidad penal para los delitos del Commonwealth y de los estados y territorios es de 10 años. El Gobierno considera que ello es apropiado, puesto que concuerda con las expectativas de la comunidad australiana moderna sobre la responsabilidad penal de los niños y tiene en cuenta las particularidades históricas y culturales de Australia, de conformidad con el comentario a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores de 1985.

174.En el ámbito federal, existe la presunción refutable de que un niño de entre 10 y 14 años es incapaz de cometer un delito. El Gobierno de Australia estima que esto es apropiado, ya que permite una transición gradual a la plena responsabilidad penal y ofrece una salvaguardia a los niños de entre 10 y 14 años. Para determinar si un niño de entre 10 y 14 años es penalmente responsable de un acto, el fiscal debe demostrar más allá de toda duda razonable que el niño sabía que estaba actuando incorrectamente. El niño no tiene por qué saber que el acto que ha cometido es un delito o contrario a la ley. La legislación penal de los estados y territorios contiene normas similares.

b)Centros apropiados para los niños y separación de los adultos detenidos

175.Australia tiene una superficie considerable de aproximadamente 7,7 millones de kilómetros cuadrados y una población relativamente pequeña de poco más de 23 millones de habitantes. Eso significa que algunas zonas del Estado están muy poco pobladas, por lo que, en la práctica, resulta difícil disponer de instalaciones distintas para adultos y para niños en algunas regiones. Sin embargo, los niños y los jóvenes en conflicto con la ley están recluidos en centros apropiados para su edad, por lo general separados de los adultos. En estos centros tienen acceso a programas, asesoramiento y cursos de capacitación adecuados. En el apéndice L se proporcionan ejemplos de centros, programas y cursos.

c)Abolición de las penas sin remisión para los niños

176.La legislación federal no contempla la imposición de penas sin remisión por delitos cometidos por niños. Los niños condenados por infringir una ley federal están sujetos a penas similares a las impuestas por infringir una ley estatal o territorial. La mayoría de los estados y territorios no imponen penas sin remisión a los niños. Por ejemplo, la legislación de Victoria no contempla la imposición de penas sin remisión o penas mínimas obligatorias a los menores de 18 años que hayan cometido un delito.

d)Reinserción de los menores infractores

177.El Gobierno de Australia presta apoyo a los estados y los territorios para que emprendan iniciativas encaminadas a aplicar medidas extrajudiciales y otras opciones alternativas de penalización a los menores infractores. La Ley Penal de 1914 (Commonwealth) establece que los niños y los jóvenes acusados o condenados por un delito contra una ley del Commonwealth pueden ser juzgados, condenados y tratados como si hubieran cometido un delito contra una ley estatal o territorial. Esto permite que sean los “sistemas de justicia juvenil especializados” establecidos en los estados y los territorios los que se ocupen de los jóvenes que hayan infringido una ley federal. La supervisión de la administración de la justicia juvenil y la promoción de normas nacionales sobre la justicia juvenil son responsabilidad de órganos nacionales como el órgano de Administradores de Justicia Juvenil de Australasia, que publica las “Normas para los centros de internamiento de menores”, en las que se detallan las normas de servicio en esos centros con el objetivo de armonizar las normas australianas con las normas comparables en el ámbito internacional. El Commonwealth apoya a los sistemas judiciales y policiales para que tengan debidamente en cuenta los derechos del niño.

178.Los sistemas de justicia penal de Australia son competencia de los estados y los territorios, que gestionan los casos individuales de las personas privadas de libertad para planificar su reinserción positiva en sus comunidades. En el apéndice M se proporcionan ejemplos de estos programas y del apoyo del Gobierno a los niños indígenas.

e)Mecanismo independiente de supervisión del cumplimiento

179.Los estados y los territorios son responsables de controlar las condiciones en los centros de detención de menores. A continuación se presentan dos ejemplos. En el apéndice N se proporcionan otros.

180.Tasmania: algunos de los mecanismos que permiten la investigación y supervisión independientes son el Ombudsman de Tasmania, el Comisionado de Tasmania para la Infancia, la Comisión de Integridad de Tasmania y la Dependencia de Seguridad de la Dirección del Servicio Penitenciario de Tasmania.

181.Territorio de la Capital de Australia: entre los organismos independientes con competencias oficiales para supervisar e inspeccionar el centro de detención de menores de Bimberi figuran el Visitador Oficial, el Visitador Oficial de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, el Defensor Público y la Comisión de Derechos Humanos del Territorio de la Capital de Australia.

f)Medidas adoptadas para mejorar la situación de los niños sin hogar

182.Según el informe de 2013-2014 de los Servicios Especializados para las Personas sin Hogar, los niños de entre 0 y 17 años representan el 27% de las personas que reciben ayuda, a pesar de constituir solo el 23% de la población. Desde el paso de los métodos de compilación de datos del Programa de Asistencia mediante Alojamiento Subvencionado a la compilación de datos de los Servicios Especializados para las Personas sin Hogar en julio de 2011, los niños que reciben ayuda directamente de una agencia para personas sin hogar se consideran usuarios individuales, independientemente de que estén acompañados por uno de sus padres. Las razones por las que los niños necesitan la ayuda de estas agencias son diversas. Para los jóvenes de entre 15 y 24 años que se presentaron solos en una agencia, la “crisis de la vivienda” (16%) era la principal razón señalada para buscar ayuda, seguida de la “violencia doméstica y familiar” (15%) y de las “condiciones de vivienda insuficientes o inapropiadas” y de la “ruptura familiar o de la relación” (13% en ambos casos).

183.Los estados y los territorios financian diversos servicios para niños sin hogar o que corren el riesgo de quedarse sin hogar, en virtud de acuerdos celebrados entre el Commonwealth y los gobiernos de los estados y territorios. Estos acuerdos aclaran las funciones y responsabilidades del Commonwealth, los estados, los territorios y los gobiernos locales en la prestación de servicios de vivienda y de ayuda a las personas sin hogar en los sectores pertinentes. El Acuerdo de Asociación Nacional sobre las Personas sin Hogar para 2014-2015 financió con 115 millones de dólares servicios de primera línea para prevenir y paliar el problema de la falta de hogar. En virtud de este acuerdo se emprendieron más de 140 iniciativas en favor de las mujeres y los niños víctimas de violencia en el hogar y la familia, entre ellas ayudas para que puedan seguir viviendo en su hogar cuando sea seguro hacerlo. El acuerdo para 2015-2017 entró en vigor el 1 de julio de 2015 y, a lo largo de dos años, proporcionará 230 millones de dólares procedentes de los fondos del Commonwealth (115 millones de dólares anuales) para financiar servicios de primera línea dedicados al problema de la falta de hogar. La financiación se basa en las cantidades proporcionadas a los estados y territorios en virtud del acuerdo para 2014-2015. En este nuevo acuerdo, el Commonwealth ha dado prioridad en la asignación de fondos a los servicios que se centran en las mujeres y los niños víctimas de violencia en el hogar y la familia, y en los jóvenes sin hogar.

184.Para complementar las medidas previstas en el acuerdo, el Gobierno de Australia también financia “Vuelve a Conectarte” (Reconnect), un programa comunitario de intervención temprana para jóvenes de 12 a 18 años (o de 12 a 21 años, en el caso de los 13 servicios especializados para jóvenes recién llegados). Estos servicios especializados prestan apoyo a jóvenes que han llegado a Australia en los cinco años anteriores y se centran en las personas que entraron en el país con visados humanitarios o de familia y que no tienen hogar o corren el riesgo de quedarse sin hogar. Vuelve a Conectarte utiliza estrategias de intervención temprana para ayudar a los jóvenes a estabilizar su situación, a lograr la conciliación familiar y a reforzar su grado de participación a través del trabajo, la educación, la capacitación y la comunidad. De las 6.200 personas que recibieron ayuda en 2013-2014, más del 90% indicó que, tras recibir esta ayuda, su situación general había mejorado. En febrero de 2013 el programa recibió financiación para otros tres años, hasta 2016.

Lucha contra la discriminación, multiculturalismo y lucha contra el racismo

185.Desde 1987, el Gobierno de Australia ha celebrado sucesivos consejos consultivos sobre cuestiones relativas al multiculturalismo y a los asentamientos que se han dedicado a promover el multiculturalismo en el país. En el marco de su mandato de tres años, que comenzó el 15 de diciembre de 2014, el actual Consejo Multicultural Australiano ofrece asesoramiento sobre políticas y programas en materia de multiculturalismo. El mandato del Consejo incluye la prestación de asesoramiento para aprovechar las ventajas económicas y sociales que ofrece la diversidad cultural de la población australiana, fomentar comunidades más fuertes y cohesionadas, y promover una mayor comprensión intercultural e interreligiosa.

186.El objetivo de las subvenciones de apoyo a la diversidad y la cohesión social es forjar comunidades socialmente cohesionadas en Australia. Para ello, respaldan proyectos que mejoran las capacidades a largo plazo de las comunidades más necesitadas y amenazadas, entre otras cosas fomentando relaciones comunitarias más sólidas y creando alianzas comunitarias sostenibles. También tienen por objeto promover el respeto, la equidad y el sentido de pertenencia de los australianos de toda raza, cultura y religión.

187.La Política de Acceso e Igualdad Multiculturales de Australia reconoce que, para servir debidamente a la sociedad multicultural del país, los departamentos y organismos del Gobierno deben velar por que todos los australianos que reúnan los requisitos puedan acceder a los programas y servicios, y obtener para ellos unos resultados equitativos, independientemente de su cultura o lengua.

188.El objetivo de esta política es eliminar las barreras culturales o lingüísticas que obstaculizan la prestación y ejecución de los servicios y programas gubernamentales, a fin de que las personas puedan recibir la ayuda que necesitan para participar plenamente en la comunidad australiana.

189.La Estrategia Nacional de Lucha contra el Racismo, que se puso en marcha en 2012, es una iniciativa de colaboración entre la Comisión Australiana de Derechos Humanos, el Gobierno y representantes no gubernamentales destinada a “promover en la comunidad australiana una comprensión clara de qué es el racismo y de cómo se puede prevenir y reducir”. Los principales objetivos de la Estrategia son:

Sensibilizar acerca del racismo y de cómo afecta a las personas y a la comunidad en general;

Identificar, promover utilizar las buenas prácticas para prevenir y reducir el racismo;

Capacitar a las comunidades y a las personas para que puedan tomar medidas destinadas a prevenir y reducir el racismo, y a exigir reparación cuando se produzca.

190.Australia reconoce que los migrantes recién llegados necesitan apoyo mientras se adaptan a su nueva vida en el país. El Gobierno vela por que los migrantes y las personas que llegan por motivos humanitarios puedan convertirse en miembros activos de la comunidad australiana lo antes posible y, a tal fin, les proporciona apoyo para el asentamiento, entre otras cosas ofreciendo programas que les permitan adquirir los conocimientos y las aptitudes necesarias para participar en la sociedad y asegurándose de que los programas gubernamentales y comunitarios tengan en cuenta su diversidad cultural, lingüística y religiosa.

191.La Ley contra la Discriminación Racial de 1975 (Commonwealth) prohíbe la discriminación y la denigración por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico en todas las esferas de la vida pública. La religión no está contemplada en esta Ley como motivo protegido. Toda persona que considere que ha sido discriminada ilegalmente puede presentar una denuncia a la Comisión Australiana de Derechos Humanos, que llevará a cabo una investigación y, si procede, intentará llegar a una conciliación y resolver la denuncia. Si el denunciante no está satisfecho con el resultado de la conciliación, puede recurrir al Tribunal Federal de Apelación o al Tribunal Federal de Australia para que haya un pronunciamiento judicial. La legislación de los estados y los territorios también prohíbe la discriminación por motivos de raza, aunque el término “raza” se define de forma diferente en cada jurisdicción. La discriminación por motivos de religión es ilegal en Queensland, Victoria y Tasmania, y la discriminación por “origen étnico-religioso” también está prohibida en Nueva Gales del Sur y Tasmania.

192.La Ley del Código Penal de 1995 (Commonwealth) tipifica los delitos de incitación a la violencia para proteger a la comunidad frente a la violencia por motivos políticos, religiosos o raciales. Entre ellos figura un nuevo delito de “apología del terrorismo”, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2014, cuyo objetivo es evitar que se promueva y aliente la comisión de actos terroristas o delitos de terrorismo. Los delitos de incitación a la violencia se castigan con una pena máxima de hasta siete años de prisión y los de apología del terrorismo con un máximo de cinco años. Estos delitos tienen un amplio alcance geográfico y se aplican a una serie de conductas lo más amplia posible, entre ellas la incitación a la violencia o la apología del terrorismo desde otros países.

193.En el sitio web de la Comisión Australiana de Derechos Humanos se proporcionan datos estadísticos pertinentes sobre las denuncias presentadas ante dicha Comisión con arreglo a la Ley contra la Discriminación Racial de 1975 (Commonwealth) en los últimos seis años fiscales. La Comisión Australiana de Derechos Humanos no publica datos desglosados relativos al género o la raza de las personas que denuncian discriminación racial.

Voto obligatorio

a)Disposiciones legislativas que inhabilitan para ejercer el derecho de voto por motivos de discapacidad

194.La Ley Electoral de 1918 (Commonwealth) dispone que una persona que, por tener perturbadas sus facultades mentales, sea incapaz de entender la naturaleza y el significado de la inscripción y el voto no puede ser inscrita o mantenida en un censo electoral ni votar para elegir senadores o diputados. Se trata de un doble control. En primer lugar, la persona tiene que tener perturbadas sus facultades mentales. En segundo lugar, a raíz de ello, la persona debe ser incapaz de comprender la naturaleza y el significado de la inscripción y del voto. La Comisión Electoral Australiana no puede oponerse a la inscripción de una persona por el motivo expuesto más arriba. Generalmente, es alguien cercano a la persona quien presenta una objeción e intenta eximirla de la obligación de inscribirse y de votar.

195.En la práctica, esta disposición se aplica cuando una persona plantea a la Comisión Electoral Australiana una inquietud acerca de otra persona, lo que pone en marcha un proceso oficial que puede dar lugar a que se excluya a esta última del censo electoral. Una de las protecciones que ofrece la Ley es que no se puede excluir a una persona del censo por el motivo antes expuesto, a menos que la objeción vaya acompañada de un certificado médico que declare que, a juicio del médico, el elector tiene perturbadas sus facultades mentales y, en consecuencia, no puede comprender la naturaleza y el significado de la inscripción y del voto. Algunas leyes electorales estatales y territoriales incluyen disposiciones similares.

196.La Comisión Australiana de Reforma Legislativa concluyó el informe final de su investigación sobre la igualdad, capacidad y discapacidad en la legislación del Commonwealth. El informe se presentó al Parlamento el 24 de noviembre de 2014. La Comisión formuló siete recomendaciones relacionadas con cuestiones electorales, que están siendo examinadas por el Gobierno del Commonwealth.

b)Aplicación práctica de la legislación sobre la obligatoriedad de voto

197.En relación con la obligatoriedad de voto, la Ley Electoral dispone que todos los electores tienen la obligación de votar en todas las elecciones. Los electores que no voten en una elección son culpables de un delito. Con arreglo a la Ley, una persona puede solicitar que no se la penalice si proporciona una razón “válida y suficiente” para no votar.

198.Como el voto es obligatorio, se proporciona a los electores varios medios para presentarlo, como el voto por correo, el voto en las misiones de Australia en otros países y en localidades remotas, y el voto presencial en las mesas de votación de su circunscripción. Además, dado que el voto es secreto, los electores solo necesitan recibir y depositar una papeleta electoral para cumplir sus obligaciones en virtud de la Ley Electoral. Por consiguiente, los electores australianos pueden ejercer su derecho votando en blanco o emitiendo un voto nulo, aunque es una práctica que no se alienta.

199.El Gobierno de Australia considera que votar es un deber cívico similar a otros deberes que cumplen los ciudadanos, como el pago de impuestos y la escolaridad obligatoria, y que, gracias a ello, el Parlamento refleja mejor la voluntad del pueblo. El sistema electoral de Australia se basa en el principio democrático del sufragio universal de los adultos reconocido en el artículo 25 b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El voto obligatorio es un símbolo claro del carácter universal de la sociedad australiana. De conformidad con las obligaciones contraídas por Australia en virtud del artículo 25 b), todos los ciudadanos son participantes igualmente valorados en el proceso democrático, independientemente de su situación económica y laboral y sus condiciones de residencia y otras características personales como la edad, la raza o el género.

c)Medidas adoptadas para garantizar consultas efectivas con los pueblosindígenas

200.La Ley de Protección Ambiental y Conservación de la Biodiversidad de 1999 es la principal legislación del Gobierno de Australia en materia de medio ambiente y patrimonio. Contiene disposiciones sobre la protección y la gestión de los valores de Patrimonio Mundial y Nacional de los sitios inscritos o registrados. Los principios de gestión del Patrimonio Mundial y Nacional, establecidos en el reglamento de la Ley, constituyen un marco orientativo para la excelencia en la gestión del patrimonio.

201.Los principios de gestión del Patrimonio Nacional reconocen que los indígenas son la principal fuente de información sobre el valor de su patrimonio y que su participación activa es fundamental para la gestión eficaz de los valores del patrimonio indígena. El Commonwealth debe hacer todo lo posible para garantizar la elaboración y aplicación de un plan de gestión en colaboración con los estados o los territorios pertinentes. Los planes de gestión para los sitios del Patrimonio Nacional no deben ser incompatibles con estos principios de gestión.

202.La Ley de Títulos de Propiedad de los Aborígenes de 1993 (Commonwealth) establece un proceso para reconocer los derechos a los títulos de propiedad de los aborígenes australianos y sus intereses, así como los procedimientos que deben seguirse cuando entren en conflicto con otros intereses, como la minería. Esta Ley procura lograr un equilibrio entre intereses potencialmente contrapuestos relacionados con tierras que son o pueden ser objeto de una decisión para determinar la existencia de un título de propiedad de los aborígenes.

203.Cuando se vayan a realizar actividades como la minería o la exploración minera en tierras sobre las que los aborígenes tienen títulos de propiedad se aplica el “derecho a negociar”, que requiere que todas las partes participen de buena fe en un proceso de negociación de al menos seis meses de duración con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la propuesta. Si no se consigue alcanzar un acuerdo en ese período de tiempo, se puede pedir que se tome una decisión acerca de si se puede seguir adelante con la actividad de minería o exploración, que puede estar sujeta a condiciones. Si las negociaciones no se han celebrado de buena fe, no se podrá tomar la decisión y las partes deberán seguir negociando de buena fe.

204.La Ley de Títulos de Propiedad de los Aborígenes también dispone que se designen órganos de representación de esos títulos y proveedores de servicios, cuya función principal es la de ayudar a los indígenas australianos en estas cuestiones. En la actualidad, el Gobierno financia a 15 proveedores y órganos para que lleven a cabo esta labor. El Gobierno también financia servicios de desarrollo de la capacidad, entre ellos actividades de formación e investigación para estos proveedores y órganos. La Ley presta especial atención a la inclusión de los indígenas en las acciones propuestas que afecten a su tierra. No se trata de un veto, sino de intentar encontrar un equilibrio entre intereses potencialmente contrapuestos sobre tierras que están, o pueden estar, sujetas a un título de propiedad aborigen.

205.Con arreglo a la Ley de Títulos de Propiedad de los Aborígenes, las partes pueden celebrar acuerdos sobre el aprovechamiento de tierras indígenas, entre otras cosas sobre acciones futuras que puedan afectar a estos títulos de propiedad. Estos acuerdos pueden abarcar cuestiones muy diversas, como protocolos relativos al uso de la tierra, acuerdos sobre el patrimonio cultural y compensaciones.

206.La proliferación de acuerdos sobre los títulos de propiedad de los aborígenes es un ejemplo de la creciente participación de los indígenas en las cuestiones relativas a la tierra. Al 31 de diciembre de 2014 se habían registrado 959 acuerdos sobre el aprovechamiento de tierras indígenas en el Tribunal Nacional de Títulos de Propiedad de los Aborígenes que abarcaban el 26,9% de la superficie total de Australia. En el año fiscal 2013-2014 se registraron 118 acuerdos de este tipo, la inmensa mayoría de ellos en Queensland. Además, los diversos regímenes jurídicos y leyes relativas al patrimonio cultural en el Commonwealth y los estados y territorios prevén la concesión de las tierras tradicionales a los indígenas australianos, o su acceso a ellas, o su participación en la toma de decisiones sobre los lugares y objetos tradicionales. El Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia es el órgano representativo nacional de los pueblos indígenas de Australia. Es una entidad independiente cuya propiedad y gestión recae en sus miembros y directores. A 18 de febrero de 2015, el Congreso Nacional contaba entre sus miembros con 8.241 particulares y 181 organizaciones. Desde 2009-2010, el Gobierno australiano ha aportado 29,3 millones de dólares al Congreso Nacional para apoyar su establecimiento y sus operaciones.

207.El Gobierno de Australia colabora con numerosos dirigentes, organizaciones y comunidades indígenas, entre ellos el Congreso Nacional, a la hora de diseñar las políticas y los programas, y prestar servicios que afectan a los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres.

Consolidación del Futuro en el Territorio del Norte

208.El Acuerdo Nacional de Asociación para la Consolidación del Futuro en el Territorio del Norte es una inversión decenal de 3.400 millones de dólares que se introdujo en 2012 para mejorar la vida de los aborígenes en el Territorio del Norte. Las medidas previstas en este Acuerdo responden directamente a las prioridades consideradas más urgentes por los indígenas del Territorio Norte en las amplias consultas realizadas a mediados de 2011. Se celebraron más de 480 reuniones con habitantes de más de 100 comunidades y campamentos urbanos en el Territorio del Norte.

209.En la elaboración de la legislación relativa a la iniciativa Consolidación del Futuro, se tuvieron debidamente en cuenta las obligaciones de Australia en la esfera de los derechos humanos, como las que emanan de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y otros instrumentos internacionales fundamentales. La Ley se concibió de manera que fuera coherente con la Ley contra la Discriminación Racial y contiene disposiciones explícitas que establecen claramente que la Ley de Consolidación del Futuro no afectará a la aplicación de la Ley contra la Discriminación Racial.

210.En 2013, la legislación relativa a la iniciativa Consolidación del Futuro fue examinada por la Comisión Parlamentaria Mixta de Derechos Humanos del Parlamento de Australia, que reconoció que las medidas previstas en el marco de la iniciativa respondían al objetivo político de reducir las desventajas y promover el ejercicio de los derechos humanos en pie de igualdad. En 2014, la Comisión inició un período de revisión de la legislación de 12 meses de duración cuyos resultados se presentarán a finales de 2015.

211.En el presupuesto de mayo de 2015, el Gobierno de Australia anunció la asignación de 988,2 millones de dólares a lo largo de ocho años para establecer un nuevo Acuerdo Nacional de Asociación sobre Inversión en las Comunidades Aborígenes Remotas del Territorio del Norte, que sustituye al acuerdo actual sobre la Consolidación del Futuro en el Territorio Norte. Los departamentos gubernamentales del Primer Ministro y del Gabinete, de Servicio Sociales y de Salud seguirán administrando 1.400 millones de dólares para prestar servicios y asistencia a los australianos indígenas.

Títulos de propiedad de los aborígenes y generaciones robadas

Títulos de propiedad de los aborígenes

212.El Gobierno examina e intenta mejorar constantemente el funcionamiento del régimen de títulos de propiedad de los aborígenes, y dialoga regularmente con las partes interesadas para conocer su opinión. Desde que Australia presentó su quinto informe periódico, el Gobierno ha iniciado una serie de revisiones y reformas legislativas en materia de títulos de propiedad de los aborígenes, en las que se ha consultado a los órganos de representación y a los grupos y organizaciones que se ocupan de esta cuestión. Se citan a continuación las revisiones y reformas más destacadas.

213.Las modificaciones aportadas en 2009 y en 2012 a la Ley de Títulos de Propiedad de los Aborígenes reestructuraron las funciones del Tribunal Federal y del Tribunal Nacional de Títulos de Propiedad de los Aborígenes, dando un papel central al Tribunal Federal en la gestión de reclamaciones relativas a estos títulos de propiedad. El número de reclamaciones resueltas anualmente por decisión consensual ha aumentado en más de cuatro veces, lo que indica que esta estructura está contribuyendo a obtener resultados negociados más rápidamente.

214.Las disposiciones de las modificaciones aportadas en 2009 ofrecieron una mayor flexibilidad al Tribunal Federal para gestionar estas reclamaciones, entre otras cosas:

a)Permitiendo que el Tribunal se base en una declaración de hechos acordada entre las partes clave, cuyo objetivo es simplificar los procesos de vinculación en las decisiones consensuales.

b)Otorgando al Tribunal la facultad de dictar órdenes más allá de los títulos de propiedad de los aborígenes, lo que reconoce el carácter amplio de los acuerdos negociados y celebrados por algunas partes. La ampliación de los arreglos puede aportar ventajas económicas reales y otros beneficios a los solicitantes, así como soluciones y certeza a todas las partes. Las reclamaciones relativas a los títulos de propiedad de los aborígenes plantean a menudo otras cuestiones. Las partes pueden ahora resolver diversas cuestiones sobre los títulos de propiedad de los aborígenes y otras cuestiones conexas a través de acuerdos en la materia, con lo que se fomenta una resolución integral de las reclamaciones en un único proceso.

215.Las disposiciones de las modificaciones aportadas a la Ley de Títulos de Propiedad de los Aborígenes en 2009 aplican las modificaciones que se introdujeron en 2008 en la Ley de Pruebas de la Commonwealth de 1995 para las reclamaciones sobre esos títulos iniciadas antes del 1 de enero de 2009. Entre estas modificaciones figuran las que reconocen la manera en que las comunidades indígenas recogen las costumbres y leyes tradicionales, lo que puede resultar muy útil a los indígenas a la hora de prestar declaración en cuestiones relativas a los títulos de propiedad de los aborígenes.

216.La Ley de Bonos de Carbono (Iniciativa Agrícola sobre el Carbono) de 2011 considera que los aborígenes con títulos de propiedad exclusivos tienen derechos de emisión sobre las tierras de la Corona a que se refieren sus títulos de propiedad, lo que les permite emprender proyectos de secuestro de carbono sin necesidad del consentimiento de la Corona. La Ley también confiere a todos los tenedores de títulos de propiedad que han sido objeto de una decisión, en calidad de titulares con un interés legítimo, el derecho a autorizar a otros a que lleven a cabo proyectos de secuestro de carbono en sus tierras.

217.El Gobierno encargó la realización de un examen independiente sobre el cometido y las funciones de los proveedores de servicios y los órganos de representación en materia de títulos de propiedad de los aborígenes para asegurarse de que seguían satisfaciendo las necesidades cambiantes del sistema, en particular las de los tenedores de estos títulos una vez resueltas las reclamaciones. Este examen se presentó en marzo de 2014 y el Gobierno está actualmente considerando su respuesta.

218.En 2013, se encomendó a la Comisión Australiana de Reforma Legislativa que analizara los marcos jurídicos y las leyes del Commonwealth en materia de títulos de propiedad de los aborígenes y que se centrara concretamente en dos cuestiones principales:

Los requisitos de vinculación en relación con el reconocimiento y el alcance de los derechos e intereses de los títulos de propiedad de los aborígenes; y

Los posibles obstáculos que conllevaban las disposiciones sobre la autorización y la participación para acceder a la justicia.

219.El 4 de junio de 2015, la Comisión Australiana de Reforma Legislativa presentó su informe final al Gobierno de Australia.

220.El 10 de octubre de 2014, el Consejo de Gobiernos Australianos anunció una investigación urgente sobre la administración de las tierras aborígenes para que los propietarios tradicionales pudieran atraer fácilmente inversiones y financiación del sector privado a fin de desarrollar sus propias tierras con nuevos negocios e industrias y favorecer así el empleo y el progreso económico de los indígenas.

221.En el marco de la investigación, un Grupo de Trabajo de Expertos en Cuestiones Indígenas colabora con los Gobiernos del Commonwealth, de los estados y de los territorios para asegurarse de la participación de los interesados indígenas en la elaboración de propuestas y orientaciones de políticas. En diciembre de 2015 se presentó información sobre la investigación al Consejo de Gobiernos Australianos.

Generaciones robadas

222.El 13 de febrero de 2008, el entonces Primer Ministro presentó una Disculpa Nacional a los pueblos indígenas de Australia por el profundo dolor y las enormes pérdidas ocasionados por las prácticas y políticas de gobiernos anteriores. Eso supuso una oportunidad para forjar una nueva relación basada en el respeto mutuo y la responsabilidad recíproca entre australianos indígenas y no indígenas.

223.La labor del Gobierno de Australia se centra en los cambios prácticos destinados a mejorar la vida de las generaciones robadas y a reparar los errores del pasado, prestando servicios de apoyo y recuperación financiados en el marco de la Estrategia de Promoción de los Indígenas.

224.El Gobierno de Australia también ha financiado la recopilación y conservación de algunos registros y grabaciones de historias orales de los que fueron separados de sus familias. Este material está a disposición del público en sitios web y en la Biblioteca Nacional de Australia.

Salarios robados

225.Los “salarios robados” de los indígenas hacen referencia al período comprendido entre el decenio de 1890 y el de 1970, durante el que los gobiernos de algunas jurisdicciones de Australia controlaron los salarios y los ahorros de los indígenas, con arreglo a lo dispuesto en diversas “leyes de protección”, que se retenían en fondos fiduciarios y cuentas gubernamentales. La Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales del Senado Australiano inició una investigación sobre los salarios robados y publicó su informe “Asuntos pendientes: los salarios robados de los indígenas”en 2006. El informe recomendaba a todos los niveles del gobierno que proporcionaran con carácter de urgencia a los pueblos indígenas y a sus representantes un acceso sin trabas a sus archivos para poder investigar la cuestión de los salarios robados de los indígenas, que se financiara una campaña educativa y de sensibilización, y que se consultara con los pueblos indígenas sobre esta cuestión. En su respuesta al informe, el Gobierno de Australia indicó que examinaría toda reclamación sustantiva de los australianos indígenas que se enmarcara en la jurisdicción del Commonwealth, el Territorio Norte y Territorio de la Capital de Australia, durante el período considerado. Al día de la fecha, Nueva Gales del Sur, Queensland y Australia Occidental han establecido planes de reparación o indemnización para los salarios robados.