Naciones Unidas

CAT/C/76/D/1017/2020

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Distr. general

12 de julio de 2023

Español

Original: francés

Comité contra la Tortura

Decisión adoptada por el Comité en virtud del artículo 22 de la Convención, respecto de la comunicación núm. 1017/2020 * ** ***

Comunicación presentada por:

S. A. (representado por el abogado Tarig Hassan)

Presunta víctima:

El autor

Estado parte:

Suiza

Fecha de la queja:

11 de mayo de 2020 (presentación inicial)

Referencias:

Decisión adoptada con arreglo a los artículos 114 y 115 del reglamento del Comité, transmitida al Estado parte el 24 de julio de 2020 (no se publicó como documento)

Fecha de adopción de la decisión:

5 de mayo de 2023

Asunto:

Expulsión a Eritrea

Cuestión de procedimiento:

Ninguna

Cuestiones de fondo:

Riesgo de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes en caso de expulsión al país de origen

Artículos de la Convención:

1 y 3

1.1El autor de la queja es S. A., un ciudadano eritreo de etnia tigriña, nacido en 1987 en Degra. Es objeto de una decisión de expulsión a Eritrea y considera que dicha expulsión constituiría una violación por el Estado parte de los artículos 1 y 3 de la Convención. El Estado parte ha formulado la declaración prevista en el artículo 22, párrafo 1, de la Convención, con efectos a partir del 2 de diciembre de 1986. El autor está representado por un abogado.

1.2El 24 de julio de 2020, el Comité, por medio de su Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales, decidió atender la solicitud del autor de que se adoptasen medidas provisionales.

1.3El 30 de julio de 2020, el Estado parte informó al Comité de que, de conformidad con su práctica habitual, la Secretaría de Estado de Migración había pedido a la autoridad competente que no adoptase ninguna medida para proceder a la expulsión del autor, que puede permanecer en Suiza mientras el Comité esté examinando su queja o mientras no se haya levantado el efecto suspensivo.

Hechos expuestos por el autor

2.1 El autor nació y creció en la localidad de Degra (Eritrea), donde trabajaba como pastor. Empezó la escuela a los 15 años y tuvo que abandonar los estudios 4 años después. Al no haber completado su escolarización, el autor no fue enrolado en el servicio militar nacional obligatorio. Pasaba la mayor parte del tiempo fuera de las ciudades por miedo a ser interceptado por las autoridades y localizado para el servicio militar. A pesar de sus precauciones, en marzo de 2013 el autor fue detenido mientras cuidaba su rebaño por haberse negado a inscribirse en el servicio nacional obligatorio. Fue trasladado a una prisión de Mai Serwa, donde fue entregado a las autoridades encargadas del adiestramiento militar. El autor, junto con otras 25 personas, fue recluido en un sótano bajo las instalaciones de adiestramiento. Una semana después de su detención, las autoridades le informaron de que quedaría en libertad bajo fianza para asegurarse de que no escapara al entrenamiento militar. Tras pagar la fianza, el autor fue puesto en libertad y comenzó su adiestramiento militar. Durante ese período, fue golpeado repetidamente y no se le permitió ver a su esposa e hijos. También se le obligaba a trabajar en los campos de hortalizas de su supervisor.

2.2En noviembre de 2013, el autor completó su adiestramiento y fue destinado a una unidad militar. También fue destinado a un puesto de centinela para vigilar a los presos del campamento de Mai Serwa. Después de haber trabajado allí durante más de un año, en abril de 2014 el autor pidió permiso a su supervisor para visitar a su familia. Dos meses después, fue detenido y recluido hasta el 17 de agosto de 2014. Las autoridades le informaron de que, a raíz de su solicitud de licencia, otros reclutas también habían hecho la misma petición. Las autoridades consideraron entonces que el autor era el “líder” que había desencadenado esas numerosas solicitudes. Una semana después de su puesta en libertad, fue detenido de nuevo y recluido otros dos meses. Fue acusado de ser el líder de una rebelión entre los reclutas.

2.3En octubre de 2014, el autor fue puesto en libertad y continuó su servicio militar. Dos meses después, se le autorizó de nuevo a visitar a su familia. En enero de 2015, de camino a visitar a su familia, el autor decidió esconderse para evitar el servicio militar obligatorio. De resultas de su deserción, su esposa e hijos fueron detenidos por las autoridades. El autor fue informado de la situación por su padre, que le llevaba comida a escondidas. El autor fue detenido y presentado a las autoridades. Volvió a ser recluido de nuevo durante dos meses en condiciones difíciles.

2.4 El 28 de abril de 2015, el autor fue puesto en libertad y se reincorporó al servicio militar. Sin embargo, agotado y no queriendo seguir recluido, buscó una oportunidad para escapar. Por la noche, con el pretexto de ir al aseo, consiguió huir. Regresó a su localidad, donde vivió con su familia. Después volvió a trabajar en el monte por miedo a que las autoridades lo volvieran a capturar.

2.5 El 5 de julio de 2015 el autor huyó de Degra a Etiopía de forma irregular. Voló al Sudán y permaneció allí siete meses. A continuación viajó a Libia e Italia antes de llegar a Suiza el 18 de junio de 2016. El mismo día, el autor presentó una solicitud de asilo. El 1 de julio de 2016, la Secretaría de Estado de Migración mantuvo una primera entrevista con el autor. El 22 de diciembre de 2017 el autor tuvo una segunda entrevista sobre el fondo de su solicitud de asilo. El 8 de octubre de 2018 la Secretaría de Estado rechazó su solicitud. Las autoridades suizas consideraron que la declaración de abandono del autor no cumplía los requisitos de credibilidad exigidos por la legislación suiza. En particular, consideraron que la versión proporcionada por el autor sobre su huida no era lo suficientemente coherente como para concederle asilo. La decisión de la Secretaría de Estado fue confirmada por el Tribunal Administrativo Federal el 20 de marzo de 2020. El 30 de marzo de 2020 la Secretaría de Estado informó al autor de que debía abandonar Suiza antes del 27 de abril de 2020.

2.6El autor afirma que ha agotado todos los recursos internos disponibles y que nunca ha presentado su queja a ningún otro procedimiento de investigación o solución internacional.

Queja

3.1El autor sostiene que existen numerosos informes sobre la situación general de los derechos humanos en Eritrea, que se caracteriza por vulneraciones sistemáticas, en particular ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, condiciones inhumanas de detención y el servicio nacional obligatorio indefinido. Indica que, según varios informes, el Gobierno eritreo es responsable de la tortura generalizada de eritreos. El autor sostiene asimismo que el servicio militar obligatorio equivale a esclavitud y trabajo forzoso y que quienes abandonan Eritrea de forma irregular son considerados desertores. Afirma que un informe de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo indica que los desertores se exponen a castigos graves, entre ellos tortura, malos tratos y detención en régimen de incomunicación, sin la más mínima garantía judicial. Refiriéndose al caso A. N. c. Suiza, el autor sostiene que el Comité ya ha tomado nota de que el autor de una queja que estaba acusado de haber ayudado a un equipo de fútbol a abandonar el país sin permiso fue detenido durante dos meses, sometido a tortura durante los interrogatorios y condenado a siete años de prisión.

3.2 El autor considera que su solicitud de asilo no fue suficientemente examinada por las autoridades. Sostiene que, en su análisis, las autoridades del Estado parte deberían haber tenido en cuenta las circunstancias de sus declaraciones, que la Secretaría de Estado de Migración consideró contradictorias, en particular el hecho de que tiene escasa formación y estaba agotado tras meses de viaje hasta su llegada a Suiza. Argumenta que, a pesar de las incoherencias en el relato de su huida señaladas por las autoridades suizas de migración, los principales elementos de su declaración siguieron siendo coherentes. Alega que su expulsión a Eritrea lo expondría a un trato contrario al artículo 1 de la Convención. Argumenta además que hay razones fundadas para creer que correría riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos si regresara a Eritrea. Sostiene que, al expulsarlo a Eritrea, el Estado parte incumpliría las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3, párrafo 1, de la Convención.

Observaciones del Estado parte sobre el fondo

4.1 Mediante nota verbal de fecha 24 de julio de 2020, el Estado parte formuló comentarios sobre el fondo de la queja. El Estado parte recuerda, en primer lugar, los hechos y las actuaciones emprendidas ante las autoridades y los tribunales suizos.

4.2El Estado parte señala que el artículo 3 de la Convención dispone que ningún Estado parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tienen en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos.

4.3El Estado parte observa que el Comité ha concretado los elementos del artículo 3 de la Convención en su jurisprudencia, y en particular ha emitido orientaciones específicas sobre la aplicación de esa disposición en su observación general núm. 4 (2017), en cuyo párrafo 38 se prevé que el autor debe poder demostrar que el peligro de ser sometido a tortura en caso de expulsión al país de origen es previsible, presente, personal y real. Además, la existencia de tal peligro debe parecer grave, lo que ocurre cuando las alegaciones correspondientes se basan en hechos creíbles. Los elementos que se deben tomar en consideración para concluir que existe tal peligro son, en particular, los siguientes: la prueba de la existencia, en el Estado de que se trate, de un cuadro de violaciones persistentes, manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos; la existencia de actos de tortura o malos tratos cometidos por un funcionario público recientemente; la existencia de pruebas procedentes de fuentes independientes en apoyo de las alegaciones de tortura o malos tratos y la posibilidad de acceder a esas pruebas; las alegaciones de tortura o malos tratos que puedan infligirse al autor o a su entorno como resultado del procedimiento ante el Comité; las actividades políticas del autor dentro o fuera del Estado de origen; y las pruebas de la credibilidad del autor y de la veracidad general de sus alegaciones, a pesar de determinadas incoherencias en la presentación de los hechos o determinados fallos de memoria.

4.4El Estado parte observa que el Comité debe tener en cuenta todas las consideraciones pertinentes, de conformidad con el artículo 3, párrafo 2, de la Convención, incluida la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. La cuestión es si el autor correría un riesgo “personal” de ser sometido a tortura en el país al que sería expulsado. De ahí que la existencia de un cuadro de violaciones de los derechos humanos no constituya de por sí un motivo suficiente para establecer que una persona estaría en peligro de ser sometida a tortura al regresar a su país. Por lo tanto, deben existir motivos adicionales para que el riesgo de tortura pueda calificarse de “previsible, presente, personal y real”.

4.5El Estado parte se remite a las alegaciones del autor en las que critica la práctica suiza en relación con los solicitantes de asilo eritreos. Considera que los informes invocados por el autor, que tratan de manera general de la situación de los derechos humanos en Eritrea, no demuestran que el autor correría personalmente el peligro de ser sometido a tortura si fuera expulsado a Eritrea.

4.6El Estado parte recuerda que, según la práctica de la Secretaría de Estado de Migración, una situación preocupante en términos de derechos humanos no es suficiente para prohibir en general la ejecución de la expulsión. Sostiene que la persona afectada debe demostrar que existe un peligro real, una amenaza concreta para ella. Especifica que se admite ese peligro en caso de que la persona en cuestión sería sometida con una alta probabilidad a un trato o pena contrarios al artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos) si fuera devuelta a Eritrea. El Estado parte añade que, en el presente caso, el expediente presentado por el autor no permite concluir que exista un peligro real, ya que sus alegaciones relativas al servicio nacional y a su deserción no son lo suficientemente creíbles como para entrañar una violación de los artículos 1 y 3 de la Convención.

4.7El Estado parte recuerda que la tortura o los malos tratos que habría sufrido el autor anteriormente constituyen uno de los elementos que deben tomarse en consideración para evaluar el peligro que corre el interesado de volver a ser sometido a tortura o malos tratos en caso de regresar a su país. El Estado parte señala que, independientemente de la credibilidad de las alegaciones relativas a la reclusión y el adiestramiento militar, el relato del autor relativo a los malos tratos que sufrió es vago, tanto ante el Comité como durante las audiencias ante la Secretaría de Estado de Migración.

4.8El Estado parte afirma que, aparte de la alegación de que no había apoyado al Presidente eritreo, el sistema y el orden militar, lo que justificó su huida, el autor no alega que realizara actividades políticas. Por consiguiente, el Estado parte considera que el autor no ha demostrado que tuviera un perfil personal que pudiese atraer negativamente la atención de las autoridades eritreas.

4.9El Estado parte subraya que las declaraciones del autor son contradictorias en varios aspectos. Recuerda que la Secretaría de Estado de Migración y el Tribunal Administrativo Federal concluyeron que los principales elementos de hecho aportados por el autor (detención durante una redada en marzo de 2013, varias reclusiones durante su estancia en Mai Serwa, detención de su esposa e hijos y deserción de Mai Serwa) no eran creíbles.

4.10El Estado parte subraya además que la Secretaría de Estado de Migración y el Tribunal Administrativo Federal encontraron contradicciones en las declaraciones del autor en cuanto al momento de la detención de su esposa. Así, en su primera audiencia ante la Secretaría de Estado, el autor declaró que su esposa le había informado de que había sido detenida en mayo de 2015, mientras que en la segunda audiencia ante la Secretaría de Estado, el autor declaró que su esposa había sido detenida en febrero de 2015. El Estado parte también observa contradicciones en la información proporcionada por el autor en relación con su servicio nacional. El 1 de julio de 2016, durante su primera audiencia, el autor indicó que en enero de 2015 había obtenido permiso para ausentarse y había regresado con su familia; sin embargo, durante su segunda audiencia en la Secretaría de Estado indicó que su solicitud de licencia no había sido aceptada y que se había fugado.

4.11En cuanto a los hechos ocurridos en 2014, el Estado parte señala que en la primera audiencia el autor declaró que tras su puesta en libertad el 17 de agosto de 2014 permaneció otros dos meses en su unidad y luego regresó sin autorización con su familia, y que tras su estancia con la familia las autoridades fueron a buscarlo en diciembre de 2014 y lo aprehendieron. El Estado parte también señala que en la segunda audiencia el autor declaró que había permanecido detenido durante dos meses y que, una semana después de su puesta en libertad, volvió a estar detenido durante dos meses, hasta octubre de 2014. El autor habría permanecido en su unidad otros dos meses y vuelto a su casa en enero de 2015.

4.12El Estado parte indica que la Secretaría de Estado de Migración y el Tribunal Administrativo Federal observaron que las declaraciones del autor relativas a su deserción eran breves, superficiales y estereotipadas y sin sustancia. El Estado parte duda de que el autor, que ya había atraído la atención de las autoridades por su comportamiento anterior y que, según su propia declaración, ya había huido, pudiera escapar sin problemas tan solo dos días después de su puesta en libertad.

4.13El Estado parte señala que existen serias dudas sobre la afirmación del autor de que realizó el servicio nacional, ya que en las dos entrevistas hizo declaraciones contradictorias sobre sus conocimientos del uso de armas de fuego. El Estado parte observa igualmente que el autor solo pudo nombrar su unidad militar, sin poder indicar detalladamente su clasificación militar ni dar explicaciones precisas sobre su experiencia en el ejército. El Estado parte subraya además que las explicaciones del autor sobre la cronología de los acontecimientos anteriores al servicio militar son difíciles de entender. El Estado parte pone en duda que, por una parte, los soldados hubieran seguido buscando al autor y que este solo hubiera podido regresar a su localidad durante la noche y únicamente por poco tiempo, mientras que, por otra parte, el 31 de enero de 2010 pudiera casarse oficialmente en una iglesia pública. El Estado parte también pone en duda las cartas que se presentaron en apoyo del expediente de asilo del autor en las que se daba fe de su deserción del ejército.

4.14El Estado parte rechaza el argumento esgrimido por el autor de que las contradicciones registradas en sus declaraciones se deban al cansancio tras su huida de varios meses a través de Etiopía, el Sudán, Libia e Italia. Considera que las contradicciones del autor se refieren a hechos centrales sin ninguna complejidad particular. El Estado parte señala que el autor ha intentado, tanto ante el Tribunal Administrativo Federal como ante el Comité, explicar sus declaraciones contradictorias invocando un problema de comprensión por su parte durante la primera audiencia. El Estado parte indica que ese argumento no es convincente, ya que el acta literal fue retraducida para el autor y este confirmó su exactitud mediante su firma. También indica que si había algún problema de comprensión, el autor tenía la posibilidad de hacer correcciones o aclaraciones ulteriores a sus declaraciones.

4.15Por lo que respecta a la salida ilegal del autor, el Estado parte se remite a la jurisprudencia reciente del Tribunal Administrativo Federal en sus sentencias de referencia en cuanto a la ausencia de riesgo personal y grave de detención y malos tratos en caso de retorno voluntario de una persona que haya salido ilegalmente de Eritrea. Sostiene que esa jurisprudencia se basa en numerosas fuentes de información. El Estado parte indica que otras fuentes más recientes confirman la información en la que basó su apreciación el Tribunal. En particular, que los nacionales eritreos que llevan tres años en el extranjero tienen la posibilidad de regularizar su estatuto de diáspora ante las autoridades eritreas pagando el impuesto de la diáspora y, en el caso de los que habían incumplido sus obligaciones de servicio nacional, firmando una carta de arrepentimiento. Estas personas pueden entonces regresar a Eritrea y permanecer allí temporalmente con ese estatuto, sin arriesgarse a ser sancionadas solamente por haber salido de manera ilegal de Eritrea. El Estado parte subraya además que se dispone de muy poca información actual, precisa y fundada sobre el trato que reservan las autoridades eritreas a las personas que regresan a Eritrea tras una salida ilegal. El Estado parte añade que las fuentes a veces no distinguen explícitamente entre el retorno voluntario y la expulsión forzosa.

4.16Por último, el Estado parte argumenta que, habida cuenta de la jurisprudencia reciente del Tribunal Administrativo Federal, debe concluirse que, en caso de retorno voluntario a Eritrea, la salida ilegal no crea un riesgo personal y grave de detención y malos tratos, que el autor no ha declarado haber llevado a cabo actividades políticas y que sus declaraciones sobre el servicio militar, las detenciones y la deserción no son creíbles. En estas circunstancias, y en ausencia de otros motivos que pudieran crear tal riesgo, el Estado parte considera que la presunta salida ilegal del autor no es de tal naturaleza que cree un riesgo previsible, presente, personal y real de que sea detenido y sometido a tortura en caso de que regrese voluntariamente a Eritrea. Al no existir un acuerdo de readmisión entre Eritrea y Suiza, el Tribunal Administrativo Federal no examinó la admisibilidad de una expulsión forzosa.

4.17A la luz de lo que antecede, el Estado parte sostiene que nada indica que haya motivos fundados para temer que el autor correría un riesgo previsible, presente, personal y real de tortura o malos tratos en caso de regresar a Eritrea y pide al Comité que determine que la expulsión del autor no constituiría una violación de los artículos 1 y 3 de la Convención.

Comentarios del autor acerca de las observaciones del Estado parte

5.1El 31 de marzo de 2022 el autor presentó sus comentarios acerca de las observaciones del Estado parte sobre el fondo. Subraya que en sus observaciones, el Estado parte constata que la negativa al servicio militar y la deserción son severamente castigadas en Eritrea. El autor recuerda que la sanción impuesta suele ir acompañada del encarcelamiento en condiciones inhumanas, y a menudo de torturas, dado que la deserción se considera una manifestación de oposición al régimen. No obstante, señala que tal sanción solo está fundada si la persona en cuestión ya ha estado concretamente en contacto con la autoridad militar o con otra autoridad, en la medida en que este contacto haya dado lugar a la expectativa de un futuro reclutamiento. El autor señala que ya ha estado en contacto con las autoridades militares y que ya ha sido encarcelado en varias ocasiones debido a su comportamiento y a su deserción.

5.2El autor subraya que en su sentencia de referencia D-7898/2015, de 30 de enero de 2017, y en su sentencia E-1218/2019, de 16 de abril de 2019, el Tribunal Administrativo Federal indicó hasta qué punto los eritreos que abandonaban ilegalmente su país debían temer ser perseguidos si regresaban. Subraya igualmente que, a pesar de esta constatación, el Tribunal llegó a la conclusión de que no podía mantenerse la práctica según la cual la salida ilegal de Eritrea justificaba por sí sola el reconocimiento de la condición de refugiado y que únicamente la presencia de factores desfavorables adicionales (como un riesgo importante de sanción o perjuicios graves, o el hecho de haber pertenecido a un grupo de opositores al régimen, de haber ocupado un cargo de alto nivel antes de la huida, o de haber eludido el servicio militar) podía hacer que alguien apareciera ante las autoridades eritreas como una persona indeseable.

5.3El autor refuta el análisis de las autoridades de migración del Estado parte, que consideraron que Eritrea no se encontraba en una situación de guerra, de guerra civil o de violencia generalizada que permitiese presumir a priori que todos los nacionales del país corren un peligro concreto, y que el riesgo de ser reclutado para el servicio nacional no podía considerarse en sí mismo un obstáculo para la ejecución de una expulsión en el sentido del artículo 83, párrafo 4, de la Ley Federal de Extranjería e Integración. En apoyo de su argumentación, el autor señala la decisión adoptada por el Comité el 12 de noviembre de 2021 en el marco del caso Y. c. Suiza, que se refería a un joven eritreo que se había negado a realizar el servicio militar y había abandonado el país ilegalmente. El autor precisa que, en el marco de ese caso, el Comité consideró que había poca información fiable sobre el alcance del riesgo de ser sometido a tortura para una persona que hubiese salido ilegalmente de Eritrea; por consiguiente, el Comité no pudo concluir que no existiera un riesgo previsible, real y personal para el autor de esa queja de verse expuesto a tortura en caso de ser devuelto a Eritrea.

5.4En cuanto a la conclusión del Estado parte de que las declaraciones relativas a su deserción en mayo de 2015 son breves, superficiales, estereotipadas y sin sustancia, el autor explica que describió su ruta durante su huida en abril de 2015, pasando por las localidades de Adi Hadid y Digsa antes de llegar a su aldea. Añade que también describió el lugar donde durmió antes de su huida. En cuanto al argumento del Estado parte de que había encontrado contradicciones en el período durante el cual el autor se había marchado al domicilio de su familia en 2015, así como posibles inexactitudes en la fecha del encarcelamiento de su esposa en 2015, el autor explica que el malentendido se debió probablemente a la forma en que se había expresado, al cansancio vinculado a su largo período de huida y a su falta de educación.

5.5El autor señala además que, a pesar de su educación rudimentaria, sus declaraciones en las dos entrevistas fueron en general idénticas en varios aspectos. Afirma que en ambas entrevistas precisó la fecha de su detención y traslado a Mai Serwa en marzo de 2013, indicó que había servido en la unidad militar KS 55 y que había solicitado un permiso de salida por primera vez en abril de 2014, es decir, tras más de un año fuera de casa. El autor también afirma que en ambas entrevistas declaró sistemáticamente que había sido encarcelado tres veces, cada una de ellas por un período de dos meses, y que su esposa también había sido detenida una vez por causa de su deserción.

5.6El autor refuta el argumento del Estado parte de que las contradicciones encontradas en sus declaraciones ponen en duda la verosimilitud de su relato. Precisa que los hechos ocurrieron varios años antes de la segunda entrevista y recuerda que esta última tuvo lugar en diciembre de 2017, siendo así que él había abandonado Eritrea en julio de 2015. Recuerda igualmente que había transcurrido alrededor de un año y medio entre las dos audiencias. El autor alega que tenía dificultades importantes para ordenar correctamente todos los acontecimientos a lo largo del tiempo y para comprender la importancia de una descripción detallada de los hechos para las autoridades de migración del Estado parte. Subraya que este hecho debe tenerse especialmente en cuenta en la evaluación de la entrevista de 1 de julio de 2016, durante la cual no se le formuló ninguna pregunta.

5.7El autor sostiene que probablemente no estaba en condiciones de valorar adecuadamente la importancia de su primer interrogatorio, especialmente porque las condiciones administrativas locales le eran completamente desconocidas. También considera comprensible que haya mezclado determinadas partes de los hechos que vivió. El autor añade que, dada su escolarización limitada y el escaso contacto que tenía con otras personas, al haber pasado gran parte de su vida adulta como pastor, lejos de las ciudades, le resultaba difícil memorizar y reproducir fielmente los distintos detalles de una historia compleja. Considera que a pesar de todo pudo reproducir su historia en gran parte de la misma manera. Alega además que el Estado parte ha evaluado su solicitud de asilo de manera insuficiente al no haber tenido en cuenta las circunstancias individuales ni los numerosos indicios a su favor. El autor considera que, dadas las numerosas similitudes en los puntos esenciales, esas divergencias no son tales que vuelvan totalmente inverosímiles sus afirmaciones. Sostiene que las autoridades de migración del Estado parte no concedieron la importancia necesaria a los numerosos indicios que apoyan su relato.

5.8El autor reitera que corre un riesgo inminente y real de ser sometido a tortura u otros tratos crueles y degradantes si se le obliga a regresar a Eritrea, ya que ha huido ilegalmente del país y se le considera enemigo del régimen eritreo. Por último, el autor afirma que si regresa, las autoridades eritreas lo detendrán en el aeropuerto y lo someterán a interrogatorio y reclusión, ya que su salida ilegal del país es considerada por las autoridades eritreas como disidencia política. Sostiene además que será severamente castigado y torturado.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

6.1Antes de examinar toda queja formulada en una comunicación, el Comité debe decidir si esta es admisible en virtud del artículo 22 de la Convención. El Comité se ha cerciorado, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 22, párrafo 5 a), de la Convención, de que la misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacional.

6.2El Comité recuerda que, de conformidad con el artículo 22, párrafo 5 b), de la Convención, no examinará ninguna comunicación de una persona a menos que se haya cerciorado de que la persona ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna de que se pueda disponer. Constata que, tras ver rechazado su recurso, el autor recibió una decisión final negativa en relación con su solicitud de asilo y que el Estado parte no se ha opuesto a la admisibilidad de la queja. Por consiguiente, el Comité llega a la conclusión de que, de conformidad con el artículo 22, párrafo 5 b), de la Convención, nada se opone a que examine la presente comunicación.

6.3Dado que no encuentra ningún otro obstáculo para la admisibilidad, el Comité declara admisible la queja y procede a examinarla en cuanto al fondo.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

7.1De conformidad con el artículo 22, párrafo 4, de la Convención, el Comité ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han facilitado las partes interesadas.

7.2En el presente caso, el Comité debe determinar si la expulsión del autor a Eritrea supondría el incumplimiento de la obligación que tiene el Estado parte en virtud de los artículos 1 y 3 de la Convención de no proceder a la expulsión o la devolución de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura o a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

7.3El Comité debe evaluar si hay razones fundadas para creer que el autor correría un riesgo personal de ser sometido a tortura si es devuelto a Eritrea. Al evaluar ese riesgo, el Comité debe tener en cuenta todas las consideraciones del caso, con arreglo al artículo 3, párrafo 2, de la Convención, incluida la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. Sin embargo, el Comité recuerda que el objetivo de este análisis es determinar si el interesado correría personalmente un riesgo previsible y real de ser sometido a tortura en el país al que sería devuelto. De ahí que la existencia en un país de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos no constituya de por sí un motivo suficiente para establecer que una persona determinada estaría en peligro de ser sometida a tortura al ser devuelta a ese país. Deben aducirse otros motivos que permitan considerar que el interesado estaría personalmente en peligro. A la inversa, la inexistencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos no significa que deba excluirse la posibilidad de que una persona esté en peligro de ser sometida a tortura en su situación particular.

7.4El Comité recuerda su observación general núm. 4 (2017), según la cual, en primer lugar, la obligación de no devolución existe siempre que haya “razones fundadas” para creer que la persona estaría en peligro de ser sometida a tortura en el Estado al que vaya a ser expulsada, a título individual o en calidad de miembro de un grupo que corra el riesgo de ser sometido a tortura en el Estado de destino y, en segundo lugar, la práctica del Comité ha sido determinar que existen “razones fundadas” siempre que el riesgo sea “previsible, personal, presente y real”. El Comité recuerda también que incumbe al autor de la comunicación presentar argumentos defendibles, es decir, argumentos fundados que demuestren que el peligro de ser sometido a tortura es previsible, presente, personal y real. Sin embargo, cuando el autor se encuentre en una situación en la que no puede exponer pormenores sobre su caso, se invierte la carga de la prueba y corresponde al Estado parte interesado investigar las denuncias y verificar la información en la que se base la queja. El Comité otorga una importancia considerable a las conclusiones de los órganos del Estado parte; sin embargo, no está vinculado por ellas y apreciará libremente la información de que disponga, de conformidad con el artículo 22, párrafo 4, de la Convención, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes en cada caso.

7.5El Comité toma nota del argumento del autor de que su expulsión a Eritrea lo expondría a un trato contrario a los artículos 1 y 3 de la Convención, así como al servicio militar obligatorio, que equivale a esclavitud y trabajo forzoso. También toma nota del argumento del autor de que la situación general de los derechos humanos en Eritrea, caracterizada entre otras cosas por ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y torturas, no es propicia para el regreso de los desertores al país. El Comité toma nota además del argumento del Estado parte que sostiene que, según la jurisprudencia reciente del Tribunal Administrativo Federal, el retorno de los nacionales eritreos que han eludido el servicio nacional ya no constituye como antes un riesgo personal y grave de detención y malos tratos para los interesados. El Comité observa que, según el Estado parte, la situación general de los derechos humanos en un país no basta por sí sola para impedir la expulsión a ese país y que además, la persona afectada debe demostrar que existe un peligro real, una amenaza concreta para ella. El Comité advierte no obstante que el Estado parte reconoce que no se dispone de información actual, precisa y fundada sobre el trato que reservan las autoridades eritreas a las personas que regresan a Eritrea tras una salida ilegal. El Comité observa que las denuncias de tortura y malos tratos infligidos a personas que han huido del servicio militar en Eritrea no solo son reconocidas por el Estado parte, sino también por varios organismos y mecanismos de las Naciones Unidas, incluido el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea.

7.6El Comité recuerda no obstante que la existencia de violaciones de los derechos humanos en el país de origen no constituye en sí misma motivo suficiente para llegar a la conclusión de que el autor de una queja corre personalmente un riesgo de tortura. Por lo tanto, el mero hecho de que se cometan violaciones de los derechos humanos en Eritrea no constituye de por sí un motivo suficiente para concluir que la expulsión del autor a ese país constituiría una vulneración del artículo 3 de la Convención. El Comité toma nota del argumento del autor de que, por su condición de desertor, se le considera un opositor al régimen. También toma nota del argumento del Estado parte de que, en el presente caso, el autor no alega que haya participado en actividades políticas y no ha demostrado que tenga un perfil personal que pueda atraer negativamente la atención de las autoridades eritreas. El Comité subraya asimismo que, según el Estado parte, el expediente presentado por el autor no permite concluir que exista un riesgo real de violación de los artículos 1 y 3 de la Convención. El Comité señala que, en este caso, el autor no ha demostrado que hubiera participado en actividades políticas que pudieran ser lo suficientemente importantes como para atraer el interés de las autoridades de su país de origen y concluye que la información facilitada no demuestra que correría personalmente el riesgo de ser sometido a tortura o tratos inhumanos o degradantes si regresara a Eritrea.

7.7El Comité recuerda que la tortura o los malos tratos que habría sufrido el autor anteriormente representan uno de los elementos que deben tomarse en consideración para determinar el peligro que corre el interesado de volver a ser sometido a tortura o malos tratos en caso de regresar a su país. En el presente caso, el Comité advierte la información facilitada por el autor de que fue golpeado durante su adiestramiento militar. También advierte el argumento del Estado parte que subraya que el relato del autor con respecto a los malos tratos que sufrió es vago tanto ante el Comité como durante las audiencias ante la Secretaría de Estado de Migración. El Comité observa que el autor no ha podido demostrar que haya sido víctima de tortura o malos tratos recientemente y no ha presentado ninguna prueba que pueda poner en duda las conclusiones de las autoridades suizas sobre la denegación de su solicitud de asilo.

7.8El Comité toma nota de la afirmación del Estado parte de que encontró contradicciones de hecho en las declaraciones realizadas por el autor durante las entrevistas con la Secretaría de Estado de Migración el 1 de julio de 2016 y el 22 de diciembre de 2017. También toma nota de los argumentos del autor según los cuales las contradicciones en su relato ante las autoridades suizas de migración se deben en particular a su escolaridad limitada, al tiempo transcurrido entre las dos entrevistas y al cansancio causado por su larga huida a través de varios países. El Comité señala no obstante que el autor ha tenido numerosas oportunidades para fundamentar y concretar sus alegaciones, en el plano nacional, ante la Secretaría de Estado de Migración y el Tribunal Administrativo Federal, pero que los elementos presentados no han permitido a las autoridades nacionales concluir que correría el peligro de ser sometido a tortura o a tratos crueles, inhumanos o degradantes a su regreso a Eritrea.

8.En vista de las circunstancias, el Comité considera que la información presentada por el autor no es suficiente para demostrar que correría un riesgo personal, previsible y real de ser sometido a tortura en caso de ser devuelto a Eritrea.

9.El Comité, actuando en virtud del artículo 22, párrafo 7, de la Convención, concluye que, de tener lugar, la expulsión del autor a Eritrea no constituiría una vulneración por el Estado parte del artículo 3 de la Convención.

Anexo

[Original: inglés]

Voto particular (disidente) de Todd Buchwald, miembro del Comité

1. Disiento respetuosamente de esta decisión.

2. Es indiscutible que el Gobierno de Eritrea controla estrictamente las salidas del país. Con arreglo a su legislación, nadie puede salir de Eritrea sin permiso, y los infractores se enfrentan a penas de hasta cinco años de cárcel. La campaña para impedir las salidas forma parte de una deplorable situación en materia de derechos humanos que ha seguido empujando a miles de eritreos a huir del país. Como ha señalado el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, junto con otros titulares de mandatos de los procedimientos especiales, las personas que salen sin visado de salida son consideradas delincuentes graves y traidores. Los retornados suelen ser detenidos, interrogados y recluidos en condiciones sumamente punitivas. Los refugiados expulsados al país han sufrido tortura durante los interrogatorios, detención en régimen de incomunicación y desaparición forzada, mientras que a otros se les ha obligado a realizar trabajo forzoso.

3. Organizaciones de la sociedad civil dignas de crédito se hacen eco de estos problemas y señalan que los solicitantes de asilo retornados a menudo se enfrentan a torturas y otros abusos por sospechas de haber criticado al Gobierno ante extranjeros en el curso de sus solicitudes de asilo. De hecho, la comisión de investigación sobre los derechos humanos en Eritrea describió las iniciativas del Gobierno para castigar incluso a los familiares de quienes desobedecen la prohibición de salir del país, empleando como mínimo algunas represalias en forma de detención arbitraria, desaparición forzada o asesinato, y concluyó que existen motivos razonables para creer que tales actos constituyen crímenes de lesa humanidad. En el diálogo interactivo ante el Consejo de Derechos Humanos más reciente, la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos señaló que la situación de los derechos humanos en Eritrea seguía siendo nefasta y no mostraba ningún signo de mejora, ante las violaciones cometidas en un contexto de completa impunidad.

4. Es posible, por supuesto, que esas evaluaciones sean incorrectas o que, aun siendo correctas, este solicitante de asilo en concreto, por alguna razón, haya pasado inadvertido. Pero el criterio del artículo 3 de la Convención es diferente: si hay razones fundadas para creer que una persona estaría en peligro de ser sometida a tortura. La conclusión de que no existen tales razones para creer que este solicitante de asilo estaría en peligro de ser sometido a tortura me parece inverosímil.

5.Los cinco puntos que se exponen a continuación se oponen a esa conclusión.

6.En primer lugar, el Estado parte sostiene que, si bien el historial general en materia de derechos humanos puede ser “preocupante”, no permite llegar a la conclusión de que existe un riesgo real de tortura para este autor (párr. 4.4). Dejando a un lado si el historial en materia de derechos humanos del Gobierno debe calificarse de “preocupante” o de algo peor, la queja del autor no se basa únicamente en el historial general de derechos humanos de Eritrea, sino más bien en la forma en que Eritrea trata a una categoría específica de personas (las personas que han abandonado el país sin permiso), entre las que se incluye indiscutiblemente el autor.

7. En segundo lugar, el Estado parte sostiene que el autor no ha demostrado que participara en actividades políticas que pudiesen atraer negativamente la atención de las autoridades eritreas (párr. 4.8). El Comité parece hacer suyo este razonamiento, afirmando que el autor no ha demostrado que hubiera participado en actividades políticas que pudieran ser lo suficientemente importantes como para atraer el interés de las autoridades de su país de origen y concluyendo que la información facilitada no demuestra que correría personalmente el riesgo de ser sometido a tortura o tratos inhumanos o degradantes si regresara a Eritrea (párr. 7.6).

8. Incluso aceptando como hipótesis que el autor no participó en ninguna actividad política que debiera preocupar a las autoridades eritreas, el problema —para repetir las palabras citadas anteriormente— es que quienes han abandonado el país sin permiso son considerados delincuentes graves y traidores, a menudo son detenidos, interrogados y privados de libertad en condiciones sumamente punitivas, y han sido sometidos a tortura durante los interrogatorios, a detención en régimen de incomunicación y a desaparición forzada.

9.En tercer lugar, el Comité concluye que el autor no ha podido demostrar que haya sido víctima de tortura o malos tratos recientemente (párr. 7.7). Esta argumentación no es convincente ya que, como ha decidido el Comité en un caso distinto relacionado con una expulsión a Eritrea, no es necesario que una persona haya sufrido tortura anteriormente para que entre en la categoría de personas en riesgo de tortura debido a su salida “ilegal” de Eritrea.

10. En cuarto lugar, el Estado parte sostiene que existen serias dudas sobre la afirmación del autor de que realizó el servicio nacional, habida cuenta de las declaraciones contradictorias que formuló en sus entrevistas con las autoridades nacionales (párr. 4.13). Si fuera cierto que el autor no cumplió el servicio nacional, ello —según la propia teoría del Estado parte con respecto al caso — haría más probable, y no menos, que corriera el riesgo de ser torturado.

11.En quinto lugar, el Estado parte sostiene que, en caso de retorno voluntario a Eritrea, ya no debe considerarse que la salida ilegal por sí sola cree un riesgo personal y grave de detención y malos tratos (párr. 4.16). Se dice que esta conclusión se basa en numerosas fuentes de información. Según el Estado parte, esas fuentes dejan claro que los nacionales eritreos que llevan tres años o más en el extranjero tienen la posibilidad de regularizar su estatuto de diáspora ante las autoridades eritreas pagando el impuesto de la diáspora y, en el caso de los que habían incumplido sus obligaciones de servicio nacional, firmando una carta de arrepentimiento. Estas personas pueden entonces regresar a Eritrea y permanecer allí temporalmente con ese estatuto, sin arriesgarse a ser sancionadas solamente por haber salido de manera ilegal de Eritrea (párr. 4.15).

12. Con el debido respeto, en realidad esas fuentes no dejan clara tal conclusión, sobre todo habida cuenta de las numerosas apreciaciones en sentido contrario citadas más arriba. De hecho, aunque el Estado parte afirma que sus fuentes dejan claro que una persona puede evitar el riesgo pagando el impuesto de la diáspora y firmando una carta de arrepentimiento, el propio Estado parte reconoce que se dispone de muy poca información actual, precisa y fundada sobre el trato que reservan las autoridades eritreas a las personas que regresan a Eritrea tras una salida ilegal y que, en cualquier caso, las fuentes a veces no distinguen explícitamente entre el retorno voluntario y la expulsión forzosa. En última instancia, el criterio del artículo 3 es si hay razones fundadas para creer que el autor estaría en peligro de ser sometido a tortura. No es necesaria la certeza. Como dijo el propio Comité en su decisión en el caso Berhane c. Suiza, el Comité no debe dar por supuesto que no existe riesgo cuando el propio Estado parte ha dicho que no existe información actual, exacta y objetiva sobre el trato dispensado por las autoridades eritreas a las personas que regresan a Eritrea tras una salida ilegal. Comparadas con el historial de abusos cometidos por Eritrea anteriormente y las numerosas conclusiones al respecto dentro del sistema de las Naciones Unidas, las fuentes ambiguas en las que se basa el Estado parte no bastan para disipar la conclusión de que existen razones fundadas para creer que existe tal riesgo.

13. Merece la pena mencionar otro punto. Incluso si se aceptara su evaluación de que no existe riesgo, el Estado parte admite que su conclusión de que el autor no correría ningún riesgo de tortura dependería de la voluntad de este de pagar el denominado impuesto de la diáspora y firmar una carta de arrepentimiento. Sin embargo, exigir al autor que adopte cualquiera de esas medidas como condición para evitar la tortura sería muy problemático. En primer lugar, por lo que se refiere al arrepentimiento, se exigiría al demandante que confesara utilizando las palabras específicas de que lamenta haber cometido un delito al no realizar el servicio nacional y que está dispuesto a aceptar el castigo apropiado a su debido tiempo. En un régimen con un historial como el de Eritrea, parecería arriesgado presentar una confesión oficial por escrito de que se había eludido ilegalmente el servicio nacional. De hecho, sería particularmente irónico exigir al autor que confesara que no había realizado el servicio nacional cuando una premisa de la decisión del Estado parte era que el autor no había demostrado ese mismo punto. En segundo lugar, con respecto al impuesto de la diáspora, el Consejo de Seguridad ha adoptado una decisión, vinculante en virtud del derecho internacional, en la que se prohíbe a Eritrea utilizar la extorsión, las amenazas de violencia y otros medios ilícitos para recaudar el impuesto, y se insta a otros Estados a tomar las medidas apropiadas para impedir la recaudación del impuesto. En estas circunstancias, los Estados, al igual que el Comité, no deberían alentar resultados que dependan del pago de ese impuesto. En última instancia, una persona tiene derecho a no formular tal confesión y a no pagar tal impuesto, y no debe hacerse que la protección contra la tortura u otros abusos dependa de la renuncia a ninguno de esos derechos.

14.Por todas estas razones, disiento respetuosamente de la decisión del Comité.