Naciones Unidas

CAT/C/76/D/1004/2020

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Distr. general

26 de junio de 2023

Español

Original: francés

Comité contra la Tortura

Decisión adoptada por el Comité en virtud del artículo 22 de la Convención, respecto de la comunicación núm. 1004/2020 * **

Comunicación presentada por:

B. N. y otros (representados por los abogados Nabil Boudi y Hervé Temime)

Presuntas víctimas:

B. N. y otros

Estado parte:

Francia

Fecha de la queja:

4 de febrero de 2020 (presentación inicial)

Referencias:

Decisión adoptada con arreglo a los artículos 114 y 115 del reglamento del Comité, transmitida al Estado parte el 22 de mayo de 2020 (no se publicó como documento)

Fecha de adopción de la decisión:

5 de mayo de 2023

Asunto:

Repatriación de nacionales franceses detenidos en el Iraq

Cuestiones de procedimiento:

Jurisdicción extraterritorial

Cuestiones de fondo:

Medidas destinadas a impedir la comisión de actos de tortura; tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Artículos de la Convención:

2; 3; 5; y 16

1.1 Los autores de la queja son: B. N. (15 de junio de 1986), B. K. (21 de febrero de 1987), L. L. (13 de abril de 1986), F. T. A. (29 de marzo de 1986) y M. D. (17 de enero de 1979). De nacionalidad francesa todos ellos, han sido condenados a la pena de muerte por las autoridades iraquíes por su presunta colaboración con el Dáesh. Actualmente se encuentran recluidos en la Prisión Central de Bagdad a la espera de ser ejecutados. Los autores alegan que las autoridades francesas, al negarse a juzgarlos, al trasladarlos de la República Árabe Siria al Iraq y al negarse a cumplir sus obligaciones de protección consular, permitieron no solo que fueran objeto de tratos inhumanos y degradantes, sino también que esos tratos prosiguieran. Así pues, los autores consideran que su traslado y posterior falta de protección constituyen una violación de los artículos 3 y 5 de la Convención. Interpretan que el artículo 2 de la Convención impone a los Estados partes la obligación de adoptar las medidas necesarias para que se deje de someter a sus nacionales a tratos prohibidos por la Convención. Combinada con las disposiciones del artículo 16 de la Convención, esta obligación se extendería a los tratos crueles, inhumanos y degradantes que no sean actos de tortura. El Estado parte formuló la declaración prevista en el artículo 22, párrafo 1, de la Convención el 23 de junio de 1988. Los autores están representados por abogados.

1.2El 22 de mayo de 2020, el Comité, actuando por conducto de su Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales, pidió al Estado parte que adoptara todas las medidas útiles y que estuvieran razonablemente a su alcance para proteger la integridad física y psíquica de los autores e impidiera la ejecución de su condena a muerte. El Comité pidió al Estado parte que le informara sin demora de cualquier medida adoptada a tal efecto.

1.3El 19 de octubre de 2020, el Estado parte subrayó que, desde el encarcelamiento de los autores, se habían organizado cinco visitas consulares: el 21 de abril de 2019, el 9 de junio de 2019, el 24 de junio de 2019, el 29 de julio de 2019 y el 17 de diciembre de 2019. Las visitas de los días 9 y 24 de junio de 2019, posteriores a su condena, se enmarcaron en el período de recurso, durante el cual las autoridades francesas se aseguraron de que los condenados que así lo desearan tuvieran la posibilidad material de recurrir y hablaron con los autores que no deseaban hacerlo (B. K. y F. T. A.) sobre los motivos de su elección. Estas visitas consulares permitieron recabar información sobre el estado de salud de los autores, obtener de la administración iraquí que estos tuvieran acceso a un médico en prisión y conocer su situación personal. Además, las autoridades francesas, incluidos el Presidente de la República Francesa y el Ministro de Europa y Relaciones Exteriores, recordaron a las autoridades iraquíes su oposición a la pena de muerte y les solicitaron que no se ejecutara la condena de los autores.

Hechos expuestos por los autores

2.1En enero de 2019, B. N., L. L., F. T. A. y M. D. fueron detenidos en la República Árabe Siria. B. K., por su parte, se entregó a las Fuerzas Democráticas Sirias por consejo de la Dirección General de Seguridad Exterior francesa. Posteriormente, las Fuerzas Democráticas Sirias y las Fuerzas de la Coalición trasladaron a los autores de la República Árabe Siria al Iraq.

2.2Durante el período comprendido entre el 25 y el 28 de febrero de 2019, los autores fueron entregados a las autoridades iraquíes en lugar de ser puestos en libertad, y posteriormente recluidos en la prisión de Muthanna sin ningún acceso a un abogado y sin asistencia consular. Además, según los autores, el Estado parte participó activamente en el traslado de sus nacionales de la República Árabe Siria al Iraq. Entre el 26 de mayo y el 3 de junio de 2019, los autores fueron condenados a muerte por el Tribunal Penal Central iraquí de Bagdad tras actuaciones judiciales expeditivas y parciales. En octubre de 2019, los autores fueron trasladados a la prisión de alta seguridad de Rassafat, donde hay presos de confesión tanto chií como suní, lo que incrementa significativamente la violencia dentro de la prisión y pone en peligro la vida de los autores.

2.3En enero de 2020, B. N. y F. T. A. escribieron a sus familias denunciando las condiciones de detención inhumanas y degradantes y la amenaza de muerte inminente que pesaba sobre ellos. Afirmaban que se enfrentaban a amenazas verbales y físicas incesantes por parte de las milicias que trabajaban en la prisión de Rassafat, en Bagdad, incluidas amenazas verbales a raíz del “acuerdo entre Francia y el Iraq”. Además, informaban de un arreglo que daba instrucciones a las milicias iraquíes para que asesinasen a los nacionales franceses “en cuanto surgiera la oportunidad”.

2.4Los autores fueron sometidos a tratos inhumanos y degradantes durante los interrogatorios, durante los traslados entre prisiones y dentro de las prisiones. Human Rights Watch denuncia el uso de técnicas de tortura consistentes en golpear a los sospechosos en las plantas de los pies ( falaka ) y simular su ahogamiento ( waterboarding ). Estos métodos no dejan huellas físicas duraderas en los torturados. Las torturas físicas y psicológicas continúan en el interior de las cárceles hasta el punto de destrozar a los detenidos, como demuestra la petición de ayuda que mandaron por correo B. N. y F. T. A.

2.5Además, según los testimonios, hay unos 70 presos de confesión tanto chií como suní por celda, hecho que señala condiciones de detención inhumanas y hace aumentar de la violencia en la prisión. La situación se ha agravado mucho a causa de las revueltas que han llevado al encarcelamiento de muchas milicias en la prisión de Rassafat. Los presos solo salen una vez al mes durante unos diez minutos. Human Rights Watch también ha indicado que ha documentado casos de muerte en centros de detención por puro hacinamiento. La comunicación con familiares y abogados también es muy limitada, debido al coste de la llamada y a los ajustes de cuentas que pueden seguir.

2.6En cuanto a la cuestión del agotamiento de los recursos internos, los autores señalan que la decisión del Estado parte de repatriar o no a sus nacionales actualmente detenidos en el noreste de la República Árabe Siria o en el Iraq se considera, según una jurisprudencia constante, un acto que no puede desvincularse de la gestión de las relaciones exteriores de Francia. Definida, por tanto, como un acto de gobierno, esta decisión no puede recurrirse ante los tribunales franceses, que se declaran sistemáticamente incompetentes. Así, en un caso relativo a la repatriación de mujeres y niños detenidos en el noreste de la República Árabe Siria, el Tribunal Administrativo de París ya resolvió que no podía invocarse la responsabilidad administrativa del Estado en una decisión que recaía más bien en la esfera diplomática y que podía analizarse como un acto de gobierno. Por tanto, parece claro que la decisión de repatriar y juzgar a los hombres detenidos en el Iraq también se consideraría una cuestión diplomática. Esta situación supone un obstáculo de procedimiento insuperable para los autores.

2.7Los autores denunciaron ante el Presidente francés y el Ministerio de Europa y Relaciones Exteriores las condiciones inhumanas en las que se encontraban los nacionales franceses y las penas de muerte a las que se enfrentaban en el Iraq. En una carta de 8 de agosto de 2019 dirigida al Presidente de Francia, la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias denunció la falta de medidas del Gobierno francés para poner fin a las violaciones del derecho internacional sufridas por los autores en el Iraq. Hasta la fecha, esas denuncias han sido rechazadas o no han recibido respuesta.

2.8El 17 de octubre de 2019, el Ministro de Europa y Relaciones Exteriores se reunió en Bagdad con su homólogo iraquí para llegar a un acuerdo con las autoridades locales sobre el destino de los presos. Tras esa reunión, el Gobierno de Francia y el Ministerio de Europa y Relaciones Exteriores declararon públicamente su reconocimiento de la soberanía iraquí y de la jurisdicción universal de su sistema judicial.

2.9Finalmente, el 17 de diciembre de 2019, el cónsul francés visitó las cárceles de Bagdad y se reunió con F. T. A. y B. N., quienes le relataron las torturas, humillaciones y amenazas de muerte a las que eran sometidos a diario. No obstante, el cónsul afirmó que no podía hacer nada.

Queja

3.1Los autores consideran que al autorizar, o peor aún, ordenar el traslado de sus nacionales de la República Árabe Siria al Iraq, el Estado parte infringió gravemente las disposiciones del artículo 3 de la Convención. Sostienen que si el Estado parte es capaz de organizar el traslado de la República Árabe Siria al Iraq de los nacionales franceses miembros de la organización denominada “Estado Islámico”, debería ser capaz de proporcionarles protección consular y organizar su posible traslado del Iraq a Francia. Además, el Estado parte, al negarse a declararse competente aun conociendo la situación inhumana en la que se encontraban sus nacionales, violó el artículo 5 de la Convención.

3.2Los autores recuerdan que el artículo 2 de la Convención impone a los Estados partes que tomen medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción. En primer lugar, es responsabilidad de todo Estado parte adoptar las medidas que sean necesarias para poner fin a una situación que constituya una violación de la Convención. Es cierto que la redacción del artículo 2 se refiere a la jurisdicción del Estado parte como límite territorial. Sin embargo, la interpretación de la Convención expuesta por el Comité en su observación general núm. 2 (2007) permite ampliar la noción de jurisdicción al considerar que los Estados partes también deben tomar medidas para impedir las violaciones de los derechos de las personas sobre las que ejercen jurisdicción, incluida la jurisdicción personal. Así, debe interpretarse que el artículo 2 impone a los Estados partes la obligación de adoptar las medidas necesarias para que se deje de someter a sus nacionales a tratos prohibidos por la Convención.

3.3Además, sobre la base del artículo 2 de la Convención, los Estados partes tienen la obligación positiva de prevenir, por todos los medios, los actos de tortura. En combinación con las disposiciones del artículo 16 de la Convención, esta obligación se extiende a los tratos crueles, inhumanos y degradantes que no lleguen a ser tortura y exige que los Estados partes eliminen cualquier obstáculo legal que pueda exponer a una persona al riesgo de recibir un trato prohibido por la Convención.

3.4Al negarse a repatriar a nacionales franceses que son víctimas de tratos prohibidos por la Convención y que se exponen a un claro riesgo de ser sometidos a tortura, el Estado parte incumple las obligaciones derivadas de los artículos 2 y 3 de la Convención. Los autores piden al Comité que adopte medidas de protección urgentes y que determine que la negativa a repatriar a los nacionales franceses sometidos a tratos prohibidos por la Convención y que se encuentran expuestos al riesgo de sufrir tortura constituye una violación de los artículos 2 y 3 de la Convención imputable a las autoridades francesas.

3.5Los autores señalan dos aspectos. Por un lado, en 2019 el Iraq era uno de los cinco países que más aplicaban la pena de muerte y había llevado a cabo el 78 % de todas las ejecuciones del mundo. Por otro, el artículo 73 de la Constitución iraquí no prevé más castigo para los actos terroristas que la pena de muerte y no se puede conceder el indulto a una persona condenada por terrorismo. En consecuencia, el Estado parte participó en el traslado de sus propios nacionales, o incluso lo orquestó, a un país que condena a muerte a las personas que han cometido actos terroristas sin darles acceso a un juicio imparcial. El reconocimiento de la competencia jurisdiccional iraquí por el Estado parte fue confirmado por el Ministerio de Europa y Relaciones Exteriores.

3.6En estas circunstancias, los autores piden al Comité que exija al Estado parte que adopte todas las medidas apropiadas para acabar con esas violaciones; que ofrezca protección consular a esas personas; y que facilite todos los informes y demás documentos relacionados con las visitas consulares.

Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo

4.1El 19 de octubre de 2020, el Estado parte impugnó la admisibilidad de la queja por falta de jurisdicción. En primer lugar, subraya que la Convención presenta disposiciones más restrictivas que las de otros tratados internacionales de derechos humanos, como el artículo 1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos) y el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que no se refieren al “territorio” bajo la jurisdicción del Estado, sino solo a las personas bajo su jurisdicción.

4.2El Estado parte señala que el artículo 2 de la Convención se refiere únicamente al concepto de jurisdicción, que no se confunde en absoluto con el concepto de nacionalidad. Los Estados han acordado respetar los derechos amparados por los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluida la Convención, solo en situaciones en las que tengan soberanía y jurisdicción y sobre las cuales puedan ejercer un control efectivo. No parece posible responsabilizar a los Estados en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos por situaciones de las que no son los causantes y sobre las que no tienen un control efectivo, atribuyéndoles las acciones de otros Estados o de agentes no estatales. El Comité debe tener en cuenta, por un lado, los compromisos que los Estados acordaron respetar cuando asumieron la obligación de adoptar medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otro tipo para impedir los actos de tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción, y, por otro lado, los vínculos consustanciales entre los conceptos de jurisdicción y control efectivo de una situación. Además, no parece posible ampliar artificialmente el concepto de jurisdicción para dar a la Convención un ámbito de aplicación que los Estados no pretendían conferirle cuando la ratificaron.

4.3El Estado parte señala que, en el derecho internacional público, el concepto de jurisdicción es principalmente territorial y que un Estado solo puede ejercer excepcionalmente su jurisdicción en virtud de la Convención, fuera de sus fronteras, cuando ejerce un control efectivo sobre una persona que se encuentra en otro territorio. El Estado parte señala que, sobre esa base, el Comité ha declarado inadmisibles ratione personae las comunicaciones basadas en actos cometidos fuera del territorio de un Estado parte y por agentes de otro Estado.

4.4El Estado parte señala que, en su observación general núm. 2 (2007), el Comité considera que el concepto de “territorio” comprende todos los ámbitos en que el Estado parte ejerce, directa o indirectamente, en todo o en parte, un control efectivo de iure o de facto, de conformidad con el derecho internacional. El Comité considera asimismo que el alcance de la palabra “territorio” en el artículo 2 también debe incluir las situaciones en que el Estado parte ejerce, directa o indirectamente, un control de facto o de iure sobre personas privadas de libertad, sin establecer un criterio que permita determinar cuándo un Estado parte ejerce el control efectivo sobre un territorio o sobre personas privadas de libertad.

4.5El Estado parte señala que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que el control efectivo por parte de un Estado parte puede resultar del control sobre una zona fuera de su territorio, ya sea directamente, a través de sus fuerzas armadas, o indirectamente, a través de una administración local subordinada. Además, para que un Estado sea responsable de una violación de los derechos humanos cometida en un territorio que no es el suyo, se debe establecer una influencia tan decisiva sobre la administración de ese territorio que el Estado tenga de hecho el control efectivo de esa zona, hasta el punto de que sin su apoyo la administración local no podría funcionar. La Corte Internacional de Justicia ha desarrollado una noción similar de jurisdicción extraterritorial sobre la base del control efectivo. Por último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que puede existir jurisdicción extraterritorial cuando el Estado parte ejerce un control total y exclusivo, a través de sus agentes, sobre la persona cuyos derechos están en juego.

4.6El Estado parte afirma que, a la luz de esta jurisprudencia, el argumento de los autores de que la Convención obliga al Estado parte a proteger a sus nacionales fuera del “territorio bajo su jurisdicción”, dada su nacionalidad francesa, no se ajusta a la letra ni al espíritu de la Convención. Según el Estado parte, la observación general núm. 2 (2007) del Comité no amplía en modo alguno la aplicación de la Convención a todos los nacionales del Estado parte, sino que establece únicamente, por un lado, que los Estados son responsables de los actos u omisiones de sus funcionarios y, por otro, que los Estados partes deben adoptar medidas eficaces para impedir los actos de tortura, no solo en su propio territorio, sino también en todo territorio que esté bajo su jurisdicción. Asimismo, el Estado parte argumenta que el concepto de “jurisdicción” derivado del artículo 5, párrafo 1 c), de la Convención tiene por objeto castigar los delitos mencionados en el artículo 4 de la Convención y ofrecer a la víctima un recurso jurídico que le permita obtener reparación, pero no amplía la jurisdicción de los Estados partes en el sentido del artículo 2 de la Convención a todos sus nacionales que se encuentren fuera de su territorio o en un territorio bajo su control efectivo.

4.7Por lo tanto, los autores no pueden deducir del artículo 5 de la Convención que una persona está sujeta a la jurisdicción de un Estado parte únicamente por el mero hecho de ser nacional de ese Estado, ni tampoco pueden deducir que los Estados partes tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para impedir que sus nacionales sean sometidos a actos de tortura cuando estos no estén bajo su control efectivo.

4.8En conclusión, el Estado parte no ejerce ningún control ni autoridad sobre los autores a través de sus agentes. En efecto, están detenidos en el Iraq por las autoridades iraquíes, y no por agentes franceses. El Estado parte subraya que ni el presunto consentimiento de las autoridades francesas al traslado de los autores de la República Árabe Siria al Iraq ni la participación en él de agentes de la coalición han sido fundamentados por los autores, que no han presentado ningún documento ni prueba en apoyo de sus alegaciones. En cuanto al correo de la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en él la Relatora se limita a informar de alegaciones (cuya fuente no cita) según las cuales el traslado tuvo lugar a petición de las autoridades francesas y fue realizado en parte por nacionales franceses, y a expresar su preocupación por esas alegaciones, sin afirmar ni demostrar su veracidad. Por consiguiente, no ha quedado en absoluto demostrado que las autoridades francesas solicitaran ese traslado y participaran en él, ni, por lo tanto, que los autores estuvieran sujetos a la jurisdicción del Estado parte al respecto.

4.9El 10 de febrero de 2021, el Estado parte presentó sus observaciones sobre el fondo de la comunicación. En cuanto a la violación del artículo 3 de la Convención en relación con la presunta participación del Estado parte en el traslado de los autores del noreste de la República Árabe Siria al Iraq, afirma que los autores proceden mediante una petición de principio, sin fundamentar sus alegaciones ni presentar prueba alguna, limitándose a remitirse a declaraciones no verificables de personas que no indican que estuvieran presentes en el momento del traslado.

4.10En cuanto a la queja de que las autoridades francesas no hayan repatriado a los autores, el Estado parte recuerda que estos permanecen actualmente privados de libertad en el Iraq (un Estado soberano independiente) en el marco de un procedimiento penal incoado por las autoridades iraquíes, de conformidad con la legislación iraquí, por delitos cometidos por ellos cuando viajaron a la zona iraquí-siria para incorporarse al Dáesh. Cabe señalar que ni la Convención ni la labor o los dictámenes de los distintos comités de las Naciones Unidas imponen a los Estados partes la obligación positiva de repatriar a aquellos de sus nacionales que puedan correr el riesgo de sufrir tratos inhumanos o degradantes. Ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni el Comité de Derechos Humanos han constatado tal obligación, que por otro lado, en la práctica, entraría en contradicción con el principio de la soberanía de los Estados en los que se estuviesen cometiendo las presuntas violaciones. Asimismo, excedería los compromisos asumidos por los Estados al ratificar la Convención. Esta obligación también sería contraria al enfoque adoptado por el Comité, que reconoce la facultad discrecional de los Estados partes para evaluar las situaciones de hecho en las que se encuentren sus nacionales. Por lo tanto, el artículo 2 de la Convención no exigía al Estado parte que repatriara a los autores.

4.11En cualquier caso, si el Comité considerara que el Estado parte tiene una obligación de repatriación, esta solo podría entenderse como una simple obligación de medios. Debido a los principios de soberanía y no intervención, al Estado parte le sería imposible imponer a las autoridades iraquíes la repatriación de los autores sin violar principios cardinales del derecho y las relaciones internacionales. En estas circunstancias, no puede afirmarse que el hecho de que las autoridades francesas no organicen la repatriación de sus nacionales detenidos por las autoridades soberanas de otro Estado viole la Convención.

4.12En cuanto a la queja por la supuesta falta de protección ofrecida a los nacionales, el Estado parte subraya que la Convención no tiene por objeto ni por efecto regular las disposiciones relativas a la protección consular, por lo que el Comité carece de competencia para conocer de esa cuestión. Con carácter subsidiario, el Estado parte afirma que en el caso de los autores se ejerció plenamente la protección consular.

4.13Desde el momento en que la embajada de Francia en Bagdad fue informada del encarcelamiento de los autores, su personal realizó y sigue realizando numerosas gestiones para que estos puedan beneficiarse de la protección consular, como solicitudes de visitas consulares, peticiones relativas a su estado de salud, solicitudes de mejora de sus condiciones de detención y, en su caso, un cambio de celda, y peticiones para que puedan ponerse en contacto con sus familiares en Francia y con sus abogados iraquíes o franceses. Por lo que respecta al juicio de los autores, un representante de la embajada de Francia en Bagdad asistió a todas las vistas en calidad de observador y pudo comprobar que estos disponían de representación letrada. Además, un intérprete (puesto a disposición por la embajada) proporcionó traducción durante las vistas, complementando al traductor previsto por los tribunales, con el fin de garantizar que los autores pudieran entender perfectamente las actuaciones.

4.14Por último, el Estado parte recuerda que en 2019 organizó cinco visitas consulares y pidió a las autoridades iraquíes que no se ejecutara la sentencia impuesta a los denunciantes (véase párr. 1.3). Además, tras el cierre de las cárceles iraquíes en 2020 en el contexto de la crisis derivada de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), el 7 de enero de 2021 tuvo lugar una primera visita en persona en la que se pudo hablar con los autores y solicitar que se les proporcionara una atención sanitaria adecuada y se les recetaran medicamentos. Además, la embajada de Francia en Bagdad intervino ante las autoridades iraquíes para que esas visitas consulares pudieran organizarse regularmente a lo largo de 2021.

Comentarios de los autores acerca de las observaciones del Estado parte

5.1En sus comentarios de 15 de junio de 2021, L. L. impugna su juicio en el Iraq. Afirma que no ha sido informado de ningún recurso y desconoce si se ha presentado y cuál es el calendario procesal. Además, su abogado, al igual que sus familiares, no pueden escribirle ni hablar con él regularmente por teléfono, lo que constituye una violación flagrante de su derecho de defensa y su derecho a la vida privada y familiar. Tampoco se permiten las visitas.

5.2En cuanto a la admisibilidad, L. L. afirma que si una persona va a ser trasladada a un Estado o institución que notoriamente han cometido actos de tortura o infligido malos tratos o que no han aplicado las salvaguardias adecuadas, el Estado es responsable y sus agentes son punibles por haber ordenado, permitido o participado en ese traslado. Cada uno de estos tres comportamientos constituye por sí solo un incumplimiento por el Estado parte de su obligación de adoptar medidas eficaces para impedir los actos de tortura de conformidad con el artículo 2, párrafo 1, de la Convención.

5.3En primer lugar, el traslado de L. L. de la República Árabe Siria al Iraq fue ordenado directamente por el Estado parte o autorizado indirectamente por él. El autor se encontraba en la República Árabe Siria bajo el control de las Fuerzas Democráticas Sirias y de la coalición internacional formada por Francia y los Estados Unidos de América, entre otros, que decidieron el transporte al país vecino y lo llevaron a cabo. Es evidente que, al tratarse de nacionales franceses, antes de proceder a su traslado se obtuvieron las instrucciones o, al menos, el consentimiento de las autoridades francesas. No puede ser de otro modo, aunque el Estado parte intente rebatirlo, sin aportar no obstante el más mínimo elemento convincente de que no estuvo implicado en esa decisión. Aunque el autor no dispone ni puede disponer de ningún “documento” ni “prueba” que demuestre que su traslado fue ordenado o al menos consentido por las autoridades francesas, los artículos de prensa presentados en apoyo de la reclamación y los distintos informes, en particular de la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, sí lo mencionan. El Comité deberá tener en cuenta que el traslado se produjo a petición de las autoridades francesas, que han declarado en repetidas ocasiones que los autores deben ser juzgados en el Iraq. Por último, el Estado parte tampoco ha obtenido ni solicitado garantías de que la pena de muerte impuesta no se ejecutará nunca.

5.4En cuanto al fondo, L. L. considera que, a pesar de las conclusiones del Estado parte, su traslado a un Estado que prevé la pena de muerte y practica la tortura es contrario al principio de no devolución previsto en el artículo 3 de la Convención. Su condena a muerte, posibilitada por ese traslado decidido, ejecutado o al menos autorizado por el Estado parte, fue pronunciada de resultas de un juicio injusto. El Estado parte se ampara en la soberanía del Estado iraquí para abstenerse de hacer cualquier crítica sobre las actuaciones judiciales llevadas a cabo en el Iraq, pero cabe recordar que el autor fue condenado tras una vista de unos pocos minutos de duración, una brevedad realmente inusual. A pesar de su afirmación de que estuvieron presentes en el juicio del autor representantes de la autoridad consular en el Iraq, el Estado parte no puede demostrarlo. No se entregó ninguna copia de la sentencia, ni siquiera un acta de esa vista. Todos los observadores de la serie de juicios de ciudadanos europeos juzgados en el Iraq han dado fe de la falta de investigación previa al juicio y de la violación grave de los principios más fundamentales del derecho a un juicio imparcial.

5.5Es evidente que tampoco se ha respetado el principio cardinal de individualización de las penas, en la medida en que la pena de muerte es la única sanción prevista en el sistema iraquí para castigar la participación en una organización terrorista. También se plantean las cuestiones del acceso a un intérprete, el derecho a asistencia letrada y la posibilidad de que el autor tenga acceso a los documentos del expediente judicial. L. L. no pudo beneficiarse de la protección consular a la que tenía derecho durante el juicio, que condujo a una pena inhumana. En efecto, el Estado parte no impugna el carácter inhumano de las penas de muerte impuestas a los autores, que en el caso de L. L. se añade a los tratos inhumanos, crueles y degradantes a los que fue sometido, ni las torturas denunciadas. Además, los abogados de L. L. no consiguen obtener respuesta a las peticiones que formulan al consulado francés en el Iraq. Las llamadas y las peticiones por escrito quedan sin respuesta. Por lo tanto, sin la ayuda de las autoridades consulares francesas no pueden disponer de su número de registro de encarcelamiento ni de la más mínima información que les permita enviarle una carta. Los padres de L. L. no pudieron comunicarse con él por correo durante varios meses. Los servicios consulares franceses no han garantizado el enlace entre L. L. y su familia desde su traslado a Rassafat. Nadie ha tenido acceso a ningún acta de las visitas consulares que haya podido recibir, ni a ninguna información que hayan podido obtener las autoridades consulares francesas en el momento del juicio sumario del que fue objeto en mayo de 2019.

5.6En sus comentarios de 16 de junio de 2021, B. N., B. K., F. T. A. y M. D. indican que consideran que, en virtud del artículo 3, párrafo 1, de la Convención, los Estados partes tienen la obligación positiva de repatriar en caso de actos de tortura. Se remiten a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para recordar que la noción de jurisdicción no se limita al territorio nacional y sostener que un Estado ejerce su jurisdicción cuando una decisión adoptada por sus agentes en el territorio nacional afecta a la situación jurídica de personas que se encuentran fuera del territorio. También citan la decisión del Tribunal en el asunto M. N. y otros c. Bélgica, en la que la Gran Sala indicó que decidir si Bélgica había ejercido su jurisdicción extraterritorial sobre los demandantes consistía ante todo en “una cuestión de hecho que exigía preguntarse sobre la naturaleza del vínculo entre los demandantes y el Estado demandado y determinar si este había ejercido efectivamente su autoridad o control sobre ellos”.

5.7Dado que los autores tienen la nacionalidad francesa, el vínculo de iure está innegablemente establecido entre el Estado parte y los autores. En segundo lugar, en lo que respecta a la tortura, el Estado parte tiene una obligación reforzada de medios de evitar a toda costa que se inflijan torturas o malos tratos a sus nacionales. En el presente caso, esa obligación no se ha cumplido, ya que el Estado parte tenía la posibilidad de ejercer su jurisdicción sobre sus propios nacionales en el extranjero, mediante actos de agentes diplomáticos o consulares, para evitar que fueran torturados y maltratados, cosa que no ha hecho. Así, la negativa del Estado parte a ejercer su jurisdicción, aunque sea una omisión, equivale a un acto dimanante de sus órganos y surte efectos fuera de su territorio, en este caso en el Iraq. Para los autores, el Estado parte sí tenía un poder que le permitía ejercer un control sobre ellos, que utilizó para impedir su repatriación. En conclusión, dado que se cumplen los dos criterios de jurisdicción, queda demostrada la jurisdicción extraterritorial del Estado parte.

5.8En cuanto al fondo de la queja, B. N., B. K., F. T. A. y M. D. recuerdan que, por principio, el propio Estado parte puede limitar su soberanía. Así, el Iraq puede aceptar las peticiones diplomáticas francesas de repatriar a yihadistas para que sean juzgados en territorio francés sin que ese traslado constituya una violación de la soberanía iraquí.

5.9En cuanto a la violación del artículo 3 de la Convención, los autores deducen de la prohibición explícita de extraditar una obligación implícita del Estado parte de repatriar. Esta solución ya ha sido consagrada por la jurisprudencia. El tribunal civil francófono de Bruselas, fallando como tribunal internacional (y no como tribunal nacional), declaró en relación con la situación de una persona que había ido a luchar en la yihad que el Estado belga tenía en principio la obligación de repatriar. Para los autores, el espíritu de la Convención también parece ir en ese sentido.

5.10Por último, B. N., B. K., F. T. A. y M. D. alegan los actos de tortura y los malos tratos cometidos contra ellos para concluir que el Estado parte violó el artículo 3 de la Convención al oponerse a su petición de repatriación cuando sufrían dichos actos. Además, el Estado parte no intentó en ningún momento ejercer su jurisdicción sobre sus propios nacionales en el Iraq mediante la actuación de agentes diplomáticos o consulares. De este modo, el Estado parte no empleó todos los medios necesarios para impedir los actos sufridos por sus nacionales en el Iraq pese a tener una obligación reforzada de medios.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

6.1Antes de examinar toda queja formulada en una comunicación, el Comité debe decidir si esta es admisible en virtud del artículo 22 de la Convención. El Comité se ha cerciorado, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 22, párrafo 5 a), de la Convención, de que la misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacional

6.2El Comité observa que el Estado parte se opone a la admisibilidad de la comunicación alegando que los autores detenidos en el Iraq no se encuentran bajo su jurisdicción. El Estado parte sostiene que no ejerce ningún control ni autoridad sobre los autores a través de sus agentes. Los autores están privados de libertad en el Iraq por las autoridades iraquíes, y no por agentes franceses. Además, el Estado parte cuestiona la existencia de una obligación, en virtud de la Convención, de proteger a sus nacionales sobre la base de su nacionalidad, incluso cuando se encuentren fuera del territorio bajo su jurisdicción. Por último, el Estado parte subraya que ni el presunto consentimiento de las autoridades francesas al traslado de los autores de la República Árabe Siria al Iraq ni la participación en él de agentes de la coalición han sido fundamentados por los autores, que no han presentado ningún documento ni prueba en apoyo de sus alegaciones. No obstante, el Comité observa que los autores insisten en la participación del Estado parte en su traslado de la República Árabe Siria al Iraq.

6.3El Comité recuerda que, en virtud del artículo 22 de la Convención, recibe y examina las comunicaciones enviadas por personas sometidas a la jurisdicción de un Estado parte, o en su nombre, que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado de las disposiciones de la Convención, cuando el Estado parte haya declarado que reconoce la competencia del Comité a esos efectos.

6.4En el presente caso, el Comité observa que, para determinar si se puede considerar que las reclamaciones entran en el ámbito de aplicación de la Convención, es necesario examinar si los autores se encuentran en un territorio en el que el Estado parte ejerce un control efectivo de iure o de facto. A este respecto, el Comité observa que en la actualidad los autores se encuentran en lugares que no están bajo la jurisdicción del Estado parte, sino del Estado iraquí. En la medida en que los autores alegan que el Estado parte inició su traslado de la República Árabe Siria al Iraq (donde afirman haber sido sometidos a tratos contrarios a la Convención) o participó en él, el Comité observa que los autores no han presentado ninguna prueba tangible para apoyar su afirmación de que el Estado parte autorizó su supuesta entrega a las autoridades iraquíes. Consciente de que sería difícil corroborar esa entrega con pruebas materiales, el Comité no puede dar por buenas especulaciones sobre la función que el Estado desempeñó en ella. La función del Comité no es dar por buenos los hechos que se someten a su consideración, sino examinar la queja teniendo debidamente en cuenta toda la información facilitada por las partes, de conformidad con el artículo 22, párrafo 4, de la Convención.

7.A la luz de lo que antecede, el Comité concluye que las reclamaciones de los autores quedan fuera del ámbito de aplicación de la Convención.

8.Por consiguiente, el Comité decide:

a)Que la comunicación es inadmisible en virtud del artículo 22, párrafo 1, de la Convención;

b)Que la presente decisión se ponga en conocimiento de los autores y del Estado parte.