Naciones Unidas

CAT/C/ROU/CO/3

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Distr. general

23 de agosto de 2023

Español

Original: inglés

Comité contra la Tortura

Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Rumania *

1.El Comité examinó el tercer informe periódico de Rumania en sus sesiones 2024ª y 2027ª, celebradas los días 19 y 20 de julio de 2023, y aprobó en sus sesiones 2030ª y 2033ª, celebradas los días 24 y 26 de julio de 2023, las presentes observaciones finales.

A.Introducción

2.El Comité expresa su reconocimiento al Estado parte por haber aceptado el procedimiento simplificado de presentación de informes y haber presentado su informe periódico con arreglo a este procedimiento, puesto que ello mejora la cooperación entre el Estado parte y el Comité y centra el examen del informe y el diálogo con la delegación.

3.El Comité agradece haber tenido la oportunidad de entablar un diálogo constructivo con la delegación del Estado parte, así como las respuestas a las preguntas y preocupaciones planteadas en el trascurso del examen del informe periódico.

B.Aspectos positivos

4.El Comité acoge con beneplácito la ratificación por el Estado parte del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), el 23 de mayo de 2016.

5.El Comité acoge con beneplácito también las iniciativas del Estado parte encaminadas a revisar y ampliar su legislación en esferas pertinentes para la Convención, en particular la aprobación de los textos siguientes:

a)Ley núm. 8/2016, por la que se establece el Consejo Nacional de Supervisión, de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

b)Ley núm. 122/2016, que aumenta la protección de las personas con vulnerabilidades diversas en el contexto del proceso de asilo;

c)Ley núm. 9/2018, por la que se modifica la Ley núm. 35/1997 de Organización y Funcionamiento de la Institución del Defensor del Pueblo, en la que se afirma la intención del Estado parte de asegurar la plena conformidad de esta con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París);

d)Ley núm. 97/2018, por la que se modifica la Ley núm. 211/2004, que aumenta las salvaguardias procesales para las víctimas de delitos;

e)Ley núm. 174/2018, Ley núm. 106/2020 y Ordenanza de Emergencia núm. 24/2019, por las que se modifica la Ley núm. 217/2003 y se brinda mayor protección a las víctimas de violencia doméstica;

f)Ley núm. 192/2019, que regula los procedimientos aplicables durante la detención administrativa;

g)Ley núm. 186/2021, por la que se modifica la Ley núm. 286/2009, relativa al Código Penal, que suprime la prescripción para delitos como la tortura, la esclavitud, la trata de seres humanos y la violación, e introduce salvaguardias adicionales para las víctimas de violencia sexual, incluidos los niños;

h)Ley núm. 140/2022, que aumenta las salvaguardias para las personas con discapacidad intelectual y psicosocial;

i)Ley núm. 303/2022 sobre el Estatuto de los Jueces y Fiscales, Ley núm. 304/2022 sobre la Organización Judicial y Ley núm. 305/2022 sobre el Consejo Superior de la Magistratura;

j)Ley núm. 7/2023 sobre el apoyo al proceso de desinstitucionalización de los adultos con discapacidad;

k)Ley núm. 217/2023, por la que se modifica la Ley núm. 286/2009, relativa al Código Penal, que aumenta a 16 años la edad para el consentimiento sexual.

6.El Comité encomia las iniciativas del Estado parte tendentes a modificar sus políticas y procedimientos a fin de ofrecer una mayor protección de los derechos humanos y de aplicar la Convención, en particular las siguientes:

a)El establecimiento del Comité Interministerial para Prevenir y Combatir la Violencia Doméstica, en 2016;

b) La Estrategia de lucha contra la trata de seres humanos para el período 2018‑2022 y el Plan Nacional de Acción para el período 2018-2020;

c)La aprobación de la Estrategia sobre la eficiencia de las investigaciones de denuncias de malos tratos por parte de agentes del Estado, en 2019;

d)La aprobación de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia Sexual (“SYNERGY”) para el período 2020-2030, en 2020;

e)La aprobación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción para el período 2021-2025, en 2021;

f)La aprobación de la estrategia nacional para prevenir y combatir el antisemitismo, la xenofobia y el discurso de odio para el período 2021–2023, en 2021;

g)La aprobación de la estrategia nacional de lucha contra la delincuencia organizada para el período 2021-2024, en 2021;

h)La aprobación de la estrategia sobre la inclusión de los ciudadanos rumanos pertenecientes a la minoría romaní para el período 2022-2027, en 2022;

i)La aprobación de la estrategia nacional para promover la igualdad de oportunidades y de trato entre las mujeres y los hombres y para prevenir y combatir la violencia doméstica para el período 2022-2027, en 2022;

j)La aprobación de la estrategia nacional para los derechos de las personas con discapacidad, titulada, “Una Rumania equitativa”, para el período 2022-2027, en 2022.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Tipificación de la tortura y los malos tratos

7.El Comité observa con satisfacción que las leyes que tipifican la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes en el Estado parte guardan una estrecha correspondencia con los requisitos que figuran en la Convención. Toma nota asimismo de la Ley núm. 186/2021, por la que se modifica la Ley núm. 286/2009, que suprime la prescripción para el delito de tortura. Sin embargo, preocupa al Comité que se siga contemplando la prescripción en el caso de los tratos crueles, inhumanos o degradantes prohibidos por el artículo 281 del Código Penal (arts. 1, 2, 4 y 16).

8. El Comité recomienda que el Estado parte considere la posibilidad de modificar el artículo 153 del Código Penal y suprimir la prescripción para los tratos crueles, inhumanos o degradantes, de modo que se evite cualquier riesgo de impunidad en relación con la investigación de actos de tratos crueles, inhumanos o degradantes y el enjuiciamiento y el castigo de los culpables.

Salvaguardias legales fundamentales

9.El Comité toma nota del establecimiento por el Estado parte de un registro nacional unificado sobre la privación de libertad. No obstante, le preocupa que, a pesar de las leyes que establecen salvaguardias legales fundamentales para las personas privadas de libertad, esas salvaguardias no siempre se apliquen en la práctica. En particular, el Comité expresa su preocupación por informaciones que indican que no siempre se concede a las personas detenidas la oportunidad de consultar con un asesor letrado y que a veces se viola la confidencialidad de sus conversaciones. Además, según la información de que dispone el Comité, no siempre se informa suficientemente a las personas detenidas de sus derechos o de los cargos que se les imputan de una manera que puedan comprender, ya sea por dificultades de comprensión, por las disposiciones excesivamente formalistas de los materiales documentales suministrados, por la falta de interpretación o traducción, o porque las autoridades que practican la detención no facilitan ninguna información. El Comité expresa además su preocupación por que no se reconozca a las personas detenidas el derecho a acceder a un médico desde el momento en que se produce la privación de libertad, excepto en casos de emergencia, y que ese derecho no esté contemplado en las leyes (art. 2).

10. El Estado parte debe asegurar que todas las salvaguardias legales fundamentales estén garantizadas, tanto en la ley como en la práctica, para todas las personas detenidas desde el comienzo de su privación de libertad, incluidos los derechos siguientes:

a) A ser informados de manera cabal y exhaustiva de sus derechos, de la razón de su detención y de los cargos que se les imputan, en un idioma que comprendan y de una manera accesible;

b) A tener acceso a un abogado y a consultar con él durante el interrogatorio, así como antes y después, a que se garantice la confidencialidad de las conversaciones privilegiadas y, de ser necesario y aplicable, a tener acceso a asistencia letrada gratuita;

c) A solicitar y obtener un reconocimiento médico y psicológico gratuito, practicado por un facultativo independiente o por un facultativo de su elección.

Condiciones de reclusión en las prisiones y en los centros de detención y custodia policial

11.Al tiempo que observa las recientes medidas adoptadas por el Estado parte para modernizar la infraestructura y reducir el hacinamiento en las prisiones y en los centros de detención y custodia policial, así como el reconocimiento por el Estado parte de los desafíos a que se enfrenta en relación con la dotación de personal, particularmente de personal médico cualificado, el Comité sigue preocupado por las informaciones referentes a la persistencia de las malas condiciones materiales y al uso de centros de detención y custodia policial que los órganos internacionales de supervisión y de derechos humanos han descrito repetidamente como inapropiados para una reclusión prolongada por períodos superiores a 180 días. Asimismo, preocupa al Comité lo siguiente:

a)El hacinamiento, la escasez de personal y la falta de espacio suficiente para los reclusos, que en algunos lugares puede ser incluso de 2 m2;

b)La falta de acceso suficiente a agua caliente, el mantenimiento de temperaturas incómodas en las celdas y en los dormitorios, la falta de luz natural, las infestaciones de insectos y ropa de cama raída en las celdas;

c)Centros de detención y custodia policial que al parecer permiten a los detenidos salir al aire libre y permanecer fuera de sus celdas por un tiempo extremadamente limitado, que en algunos casos no supera una hora por día, y que carecen de actividades recreativas o de formación;

d)La falta de un control médico adecuado en los centros de detención y custodia policial, incluso para detectar enfermedades contagiosas y de transmisión sanguínea en los detenidos que pueden considerarse pertenecientes a grupos de alto riesgo, y la falta de un control sistemático en relación con la violencia sexual u otros tipos de violencia de género para las presuntas delincuentes;

e)La práctica de registros corporales sin ropa que no respetan la dignidad de las personas detenidas;

f)La escasez generalizada de personal cualificado para prestar asistencia médica y psicológica a los detenidos y, particularmente, una insuficiente atención psiquiátrica, social y psicológica para los detenidos que padecen enfermedades mentales (arts. 2, 11 y 16).

12. El Estado parte debe:

a) Proseguir sus esfuerzos tendentes a mejorar las condiciones de detención en todos los lugares de privación de libertad de conformidad con las normas internacionales pertinentes, como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), y aliviar las condiciones de hacinamiento en las instituciones penitenciarias y otros centros de reclusión;

b) Considerar todas las alternativas disponibles al uso de centros de detención y custodia policial para una reclusión prolongada, incluida la utilización de alternativas a la privación de libertad, teniendo en cuenta las disposiciones de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (las Reglas de Tokio), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) y las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok);

c) Asegurar que los registros corporales sin ropa de las personas privadas de libertad sean practicados en privado por funcionarios del mismo sexo que tengan la capacitación apropiada, y de una forma que respete la dignidad de la persona;

d) Asegurar una dotación de personal suficiente en las prisiones y los centros de detención y custodia policial, incluso mediante la contratación de personal capacitado y especializado en el trato y la atención de detenidos que requieren asistencia médica, psiquiátrica y psicológica.

Denuncias de tortura y malos tratos

13.El Comité expresa preocupación por las denuncias de tortura y malos tratos de personas privadas de libertad, tanto en el momento de su detención como durante el traslado y el interrogatorio de esas personas. Entre otras cosas, se denuncian puñetazos, puntapiés y golpes con porras en la cabeza, el cuerpo y los pies, incluso en algunos casos en que las víctimas están esposadas. El Comité también toma nota de la información suministrada por el Estado parte sobre las limitaciones que ha impuesto al uso de unidades de intervención especial en ciertos lugares; sin embargo, lamenta que se siga recurriendo a esas unidades, a pesar de la persistencia de las denuncias de uso excesivo de la fuerza en las prisiones y de las numerosas recomendaciones de órganos internacionales y regionales de derechos humanos, incluido el propio Comité, que instaban a su disolución. El Comité observa con preocupación que, en casos de presunta tortura y malos tratos, se indica que los servicios médicos no han registrado, o han registrado de una manera inadecuada, las lesiones sufridas por los detenidos, y que en algunos casos se negaba a las presuntas víctimas la posibilidad de consultar directamente al personal médico de manera confidencial, sin que hubiera guardias presentes, en particular cuando, como consecuencia de las evaluaciones del riesgo durante la detención, se consideraba que presentaban un riesgo elevado. El Comité también expresa su preocupación por las denuncias de un uso excesivo de medidas de contención, como dejar a los detenidos atados a una cama sin supervisión durante períodos prolongados, apretar excesivamente las esposas y mantener a los detenidos esposados a un mueble (arts. 2, 11 a 14 y 16).

14. El Estado parte debe:

a) Emprender sin demora investigaciones imparciales, exhaustivas y eficaces de todas las denuncias de tortura y malos tratos, incluido el uso excesivo de la fuerza por agentes del orden, y asegurar que los sospechosos de haber cometido esos actos sean suspendidos inmediatamente de sus funciones mientras dure la investigación, al tiempo que se observa el principio de presunción de inocencia;

b) Enjuiciar a las personas sospechosas de haber cometido actos de tortura o malos tratos tipificados en los artículos 281 o 282 del Código Penal y, de ser declaradas culpables, asegurar que se les impongan penas acordes con la gravedad de sus actos y que se conceda puntualmente a las víctimas la reparación y la rehabilitación apropiadas;

c) Aplicar las recomendaciones de los órganos internacionales y regionales de derechos humanos especializados en la prohibición y la prevención de la tortura poniendo fin a la utilización de unidades de intervención especial en los centros penitenciarios;

d) Considerar la posibilidad de intensificar los mecanismos de vigilancia y de supervisión de los agentes de policía y guardias de prisiones, incluso ampliando la utilización de cámaras corporales y la instalación de cámaras de televisión en circuito cerrado en todos los lugares donde pueda haber personas detenidas, en particular en las comisarías de policía y las salas de interrogatorio, excepto cuando ello pudiera dar lugar a vulneraciones del derecho a la intimidad de los detenidos o de la confidencialidad de sus conversaciones con sus abogados o doctores;

e) Asegurar que se conceda a las personas detenidas acceso a asistencia médica de manera privada y confidencial, que todas las lesiones sufridas por las personas detenidas sean consignadas meticulosamente en registros pertinentes especialmente diseñados, y que todo el personal pertinente, incluido el personal médico y psicológico, además de los fiscales y jueces, haya recibido capacitación específica para identificar, documentar e investigar casos de tortura y malos tratos, de conformidad con la versión revisada del Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul);

f) Asegurar que las medidas de contención solo se apliquen como último recurso, durante el período más breve posible y que su uso esté sujeto a estricta supervisión, vigilancia y documentación. Los medios de contención nunca deben ser utilizados de una forma degradante o humillante para los detenidos.

Violencia policial y atentados contra romaníes

15.El Comité lamenta seguir recibiendo información que indica que los miembros de la comunidad romaní experimentan niveles desproporcionados de violencia policial y de que las investigaciones y los enjuiciamientos en casos de presunta violencia policial contra los romaníes no se llevan a cabo de manera adecuada y en algunos casos no se llevan a cabo en absoluto. También está alarmado por las denuncias de declaraciones públicas discriminatorias contra los romaníes, incluso declaraciones que sancionan la violencia, formuladas por figuras políticas de alto nivel, y por las informaciones sobre una actividad policial excesiva en las comunidades romaníes durante la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). El Comité toma nota de la información suministrada por el Estado parte en que se indican las iniciativas que ha emprendido durante el período que se examina para eliminar la discriminación contra los miembros de la comunidad romaní, mejorar la investigación y el enjuiciamiento de los delitos cometidos con un prejuicio étnico y discriminatorio, y mejorar la participación de los romaníes, incluido su empleo en las fuerzas del orden (arts. 2, 12 a 14 y 16).

16. El Comité insta al Estado parte a:

a) Asegurar que todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza y de conducta indebida con una motivación racial por parte de la policía se investiguen sin demora y de manera exhaustiva e imparcial, y que los presuntos autores comparezcan ante la justicia y, de ser declarados culpables, se les castigue de una manera acorde con la gravedad de sus actos;

b) Condenar públicamente las amenazas y los atentados contra todos los grupos minoritarios, incluida la comunidad romaní, y abstenerse de apoyar, por acción u omisión, esos atentados asegurando una investigación rápida, exhaustiva y eficaz de todas las amenazas, atentados y casos de discurso de odio dirigidos contra esos grupos, incluidos los posibles motivos discriminatorios que puedan provocar esas acciones, y garantizando que los autores sean juzgados y castigados de manera acorde con la gravedad de sus actos;

c) Asegurar la capacitación permanente de los agentes del orden, los fiscales y los miembros del poder judicial sobre los delitos motivados por el odio, y la vigilancia sistemática de este tipo de delitos;

d) Adoptar medidas de concienciación para contrarrestar los prejuicios y los estereotipos, y seguir formulando y aplicando políticas para combatir y prevenir los delitos con una motivación racial y la discriminación;

e) Alentar la participación de miembros de la comunidad romaní en programas de acción afirmativa, en particular con respecto a la representación de los romaníes en la policía, a fin de garantizar que las políticas del Estado no solo se instauren a nivel administrativo sino que se ejecuten de manera significativa.

Instituciones psiquiátricas y centros de servicios sociales

17.El Comité expresa su profunda preocupación por las denuncias de tortura, malos tratos, hacinamiento, falta de personal capacitado y especializado y malas condiciones materiales tanto en instituciones psiquiátricas como en centros de servicios sociales del Estado parte. Si bien reconoce las medidas positivas que se han adoptado para mejorar la supervisión de esos centros, como la auditoría de alcance nacional emprendida bajo la dirección del Primer Ministro en 2023, el Comité observa que se ha ordenado a diversos centros que pongan fin a sus operaciones porque no cumplen unas normas mínimas de atención. El Comité también reconoce las medidas legislativas adoptadas por el Estado parte para mejorar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y enfermedades mentales y para reformar el sistema de tutela, incluso con la aprobación de la Ley núm. 140/2022, pero lamenta que, en la práctica, no todas las personas que deberían beneficiarse de esta Ley hayan tenido los representantes designados para ellos que especifica la legislación. Además, preocupa al Comité que las decisiones de prolongar la institucionalización psiquiátrica no consentida no se sometan automáticamente a revisión judicial y que las personas que desean impugnar su institucionalización no siempre tengan acceso a asistencia jurídica efectiva. Por último, preocupa al Comité la imposición de requisitos administrativos que en la práctica han impedido que las organizaciones no gubernamentales (ONG) supervisaran las instituciones psiquiátricas y los centros de servicios sociales (arts. 2, 11 a 14 y 16).

18. El Estado parte debe:

a) Emprender sin demora investigaciones imparciales, exhaustivas y eficaces de todas las denuncias de tortura y malos tratos en instituciones psiquiátricas y centros de servicios sociales, y asegurar que los sospechosos de haber cometido esos actos sean suspendidos inmediatamente de sus funciones mientras dure la investigación, al tiempo que se garantiza la observancia del principio de presunción de inocencia;

b) Enjuiciar a las personas sospechosas de haber cometido actos de tortura o malos tratos tipificados en los artículos 282 o 281 del Código Penal, respectivamente, y, de ser declaradas culpables, asegurar que se les impongan penas acordes con la gravedad de sus actos y que se conceda puntualmente a las víctimas la reparación y la rehabilitación apropiadas;

c) Adoptar medidas inmediatas para mejorar las condiciones materiales y reducir el hacinamiento en las instituciones psiquiátricas y centros de servicios sociales, e intensificar las actividades en apoyo de la desinstitucionalización de las personas con discapacidad y con enfermedades mentales, incluso mediante la inversión en servicios alternativos y basados en la comunidad, en colaboración con los socios pertinentes;

d) Velar por que se asignen recursos financieros y humanos adecuados a las instituciones psiquiátricas y centros de servicios sociales, incluso proporcionando personal especializado en la prestación de atención a este tipo de pacientes y residentes, además de una capacitación adaptada, periódica y permanente al fin de garantizar los máximos niveles de atención;

e) Velar por que tanto en la ley como en la práctica se apliquen suficientes salvaguardias legales y de procedimiento para los pacientes en instituciones psiquiátricas y centros de servicios sociales, y que vengan acompañadas de revisiones judiciales periódicas de la institucionalización no consentida, de jure y de facto, así como de medios eficaces para recurrir contra ella;

f) Asegurar no solo que los órganos nacionales establecidos con el mandato de supervisar las instituciones psiquiátricas y los centros de servicios sociales, como el Mecanismo Nacional de Prevención y el Consejo Nacional de Supervisión, puedan desempeñar efectivamente su cometido sin obstáculos indebidos, sino también que las ONG estén autorizadas y empoderadas para hacerlo, incluso eliminando las barreras administrativas innecesarias que les impiden llevar a cabo su legítima e importante labor.

Violencia doméstica y de género

19.El Comité observa las medidas positivas que ha adoptado el Estado parte para combatir la violencia doméstica y de género, incluidos los delitos sexuales contra menores, así como para darle respuesta. No obstante, preocupa al Comité que las denuncias de violencia doméstica y de género no siempre queden registradas cuando se denuncian a la policía, especialmente en las zonas rurales, y que la legislación relativa a la violencia doméstica tenga un alcance demasiado restringido, ya que excluye a los ex cónyuges y familiares que no residen con la víctima. El Comité también expresa preocupación por la falta de investigaciones de oficio en casos de violencia doméstica y de género cuando las víctimas retiran las acusaciones o se reconcilian con su agresor, y considera que la falta de este tipo de investigaciones puede tener como consecuencia la impunidad de los culpables. El Comité lamenta que en casos de violencia sexual las víctimas carecen de acceso a reconocimientos médicos forenses gratuitos y señala que este costo adicional puede afectar negativamente el acceso a la justicia de las personas supervivientes. El Comité también lamenta que con frecuencia no se denuncien suficientemente los actos de violencia doméstica y de género, especialmente entre las comunidades minoritarias, a causa del estigma social que conllevan (arts. 2, 12 a 14 y 16).

20. El Estado parte debe velar por que todos los actos de violencia doméstica y de género, especialmente los relacionados con acciones u omisiones de las autoridades del Estado u otras entidades que entrañen la responsabilidad internacional del Estado parte en virtud de la Convención, se investiguen a fondo, incluso si no se han presentado denuncias; por que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, se les impongan penas apropiadas; y por que las víctimas obtengan reparaciones y rehabilitación y tengan acceso a asistencia jurídica, a refugios seguros y a la atención médica y el apoyo psicosocial necesarios. El Comité también recomienda que el Estado parte imparta formación obligatoria sobre el enjuiciamiento de la violencia de género a todos los funcionarios judiciales y miembros de las fuerzas del orden e incremente sus iniciativas de difusión y educación del público, en particular de los miembros de las comunidades minoritarias, sobre la violencia doméstica y de género, incluso mediante la educación y la concienciación de los hombres y niños, a fin de combatir el estigma social que sufren las víctimas de violencia doméstica y de género y de crear confianza entre las víctimas y las autoridades competentes. El Comité recomienda además que el Estado parte continúe revisando la legislación aplicable a la violencia doméstica y de género a fin de otorgar la máxima protección posible a las víctimas y a otras personas que corren el riesgo de serlo.

Trata de seres humanos

21.El Comité sigue preocupado por el hecho de que, a pesar de los esfuerzos concertados para luchar contra la trata de seres humanos que ha realizado el Estado parte, este continúa siendo un importante país de origen, de tránsito y de destino de la trata de seres humanos. El Comité también observa deficiencias en la legislación del Estado parte con respecto a los derechos de las víctimas de la trata de seres humanos. Por ejemplo, se ha comunicado que la fragmentación de la legislación aplicable a la trata de seres humanos ha tenido como consecuencia la denegación de asistencia jurídica gratuita a las víctimas. Además, las víctimas no tienen acceso a asistencia médica gratuita, y los casos de criminalización de las víctimas por delitos administrativos como la prostitución han contribuido a mermar la confianza entre las víctimas y las autoridades del Estado. Preocupa al Comité el recurso a la negociación de los cargos y de las penas, así como la imposición de sanciones penales insuficientes por el delito de trata de seres humanos, incluso sentencias inferiores a la pena mínima establecida por la ley y sanciones mínimas que han tenido como consecuencia la imposición de una condena condicional. También observa que en algunas circunstancias las víctimas han tenido dificultades para obtener indemnizaciones porque el Estado parte no había congelado oportunamente los activos ilícitos de los culpables. (arts. 2, 12 a 14 y 16).

22. El Estado parte debe continuar intensificando sus iniciativas de lucha contra la trata de seres humanos asegurando que esos casos se investiguen a fondo, aun cuando no medie una denuncia, y que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, castigados con las sanciones apropiadas. El Estado parte también debe asegurar que las víctimas obtengan una reparación completa, que incluya una indemnización adecuada y la rehabilitación, tengan acceso a asistencia jurídica y médica gratuita y no sean criminalizados por delitos que han cometido como consecuencia de ser víctimas de la trata. A este respecto, el Estado parte debe garantizar el acceso a una protección y un apoyo apropiados, como permisos de residencia temporal, para todas las víctimas de la trata, independientemente de su capacidad para cooperar en las actuaciones judiciales contra los responsables de la trata; alentar la denuncia de casos de trata de seres humanos mejorando la conciencia sobre los riesgos de la trata entre las comunidades vulnerables; e impartir capacitación a los jueces, miembros de las fuerzas del orden y funcionarios de inmigración y de control de fronteras para la pronta identificación de las víctimas de la trata y su derivación a los servicios sociales y jurídicos apropiados.

No devolución, apatridia y migración

23.El Comité expresa preocupación por las informaciones referentes a devoluciones en la frontera del Estado parte, que en algunos casos han ido acompañadas de diversas formas de malos tratos, como palizas y tratos degradantes. Además, preocupa al Comité lo siguiente:

a)Puede haber familias con niños detenidas en zonas cerradas especialmente acondicionadas, y puede haber niños menores no acompañados recluidos en centros de detención para adultos mientras se espera el resultado de un proceso de verificación de la edad;

b)Con arreglo a la legislación aplicable en el Estado parte, los miembros de otras categorías vulnerables de solicitantes de asilo, incluidas las víctimas de tortura, también pueden ser detenidos, y las deficiencias en la identificación de solicitantes de asilo pertenecientes a categorías de personas vulnerables pueden tener como consecuencia la imposibilidad de acceder a la asistencia especializada adaptada a sus necesidades;

c)Hay una falta de intérpretes experimentados y cualificados para prestar asistencia en procesos de identificación de las víctimas, y en el sistema de asilo de manera más general, y los funcionarios de fronteras y otros participantes en el proceso de asilo carecen de la capacitación adecuada para identificar a las víctimas de la trata de seres humanos, la persecución y la violencia por motivos de género y otros factores de vulnerabilidad de los solicitantes de asilo;

d)Algunas decisiones de rechazo de solicitudes de protección temporal solo se comunican verbalmente y no se da a los solicitantes información suficiente sobre los medios disponibles para impugnar esas decisiones;

e)El Estado parte no dispone de salvaguardias adecuadas para prevenir la apatridia de niños nacidos en su territorio, además de mecanismos específicos para identificar a los apátridas y concederles protección;

f)A pesar de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Al Nashiri c. Rumania, según la cual el Estado parte había vulnerado el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en sus aspectos de fondo y de procedimiento, la Fiscalía Adscrita al Tribunal Superior de Casación y Justicia desestimó examinar los hechos del caso en la jurisdicción nacional por considerar que no se había demostrado que alguien hubiera cometido un delito en ese caso y que este había prescrito (arts. 2, 3, 11 a 14 y 16).

24. El Estado parte debe abstenerse de realizar expulsiones y devoluciones y cumplir plenamente las obligaciones que le impone el artículo 3 de la Convención asegurando que todas las personas que solicitan protección en el Estado parte tengan acceso a un examen justo e imparcial por un mecanismo independiente de adopción de decisiones sobre la expulsión, la devolución o la extradición. El Estado parte también debe asegurar que todos los actos de tortura y malos tratos cometidos en cualquier territorio bajo su jurisdicción, incluso en las fronteras del Estado parte, se investiguen a fondo y que los presuntos autores, incluso los sospechosos de haber consentido o tolerado actos de tortura y malos tratos, sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, castigados con las sanciones apropiadas. Asimismo, el Estado parte debe:

a) Abstenerse de detener a niños, incluidos los niños acompañados, y a miembros de otras categorías vulnerables de personas, facilitando este procedimiento mediante la revisión de las leyes pertinentes y el establecimiento de mecanismos de identificación sólidos, eficaces y plenamente funcionales dotados de suficientes recursos humanos y financieros, incluido personal especializado en ámbitos pertinentes, como la interpretación, la violencia de género y la trata de seres humanos;

b) Impartir capacitación adecuada a los agentes de las fuerzas del orden, a los jueces y a todos quienes participen en el proceso de asilo en relación con la identificación de miembros de categorías vulnerables de personas y la asistencia a esas personas, así como sobre el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional de los derechos humanos, con una referencia específica al principio de no devolución;

c) Asegurar el acceso a su territorio y una protección suficiente y eficaz contra la devolución en las fronteras velando por que las personas que solicitan asilo en la frontera reciban la información apropiada sobre sus derechos, incluida información sobre procedimientos, mecanismos de apelación y asistencia jurídica, de manera inmediata y en un idioma que comprendan;

d) Adoptar medidas legislativas para asegurar que todas las personas nacidas en el Estado parte que de otro modo serían apátridas adquieran la nacionalidad rumana, y establecer un procedimiento específico de determinación de la apatridia, que es un medio esencial para asegurar la identificación y la protección apropiadas de los apátridas, incluidos los menores, de conformidad con las obligaciones del Estado parte en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961.

Capacitación

25.El Comité toma nota de la información suministrada por el Estado parte sobre la capacitación de personal en cuestiones relacionadas con la Convención, que incluye cursos sobre la aplicación del Protocolo de Estambul para los médicos y auxiliares médicos. Sin embargo, lamenta no haber recibido información sobre una capacitación similar impartida a los fiscales, los jueces y otro personal pertinente (art. 10).

26. El Estado parte debe:

a) Seguir desarrollando programas obligatorios de capacitación inicial y en el servicio que garanticen que todos los funcionarios públicos conozcan bien las disposiciones de la Convención, especialmente la prohibición absoluta de la tortura, y sean plenamente conscientes de que las violaciones no se tolerarán y serán investigadas, y que los autores serán enjuiciados y, de ser declarados culpables, castigados de manera apropiada;

b) Asegurar que todo el personal pertinente, incluido el personal médico y psicológico, haya recibido capacitación específica para identificar casos de tortura y malos tratos, de conformidad con la versión revisada del Protocolo de Estambul;

c) Elaborar una metodología para evaluar la eficacia de los programas de capacitación para reducir el número de casos de tortura y malos tratos y asegurar la identificación, documentación e investigación de esos actos, así como el enjuiciamiento de sus autores.

Investigación y enjuiciamiento de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes

27.El Comité toma nota de las deficiencias destacadas por el Estado parte con respecto a la investigación y el enjuiciamiento de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluidas las dificultades y las insuficiencias en la reunión de pruebas que permitan enjuiciar delitos de tortura y malos tratos, pero subraya que corresponde exclusivamente a la competencia del Estado parte eliminar esos impedimentos. Preocupan especialmente al Comité las irregularidades en la reunión de pruebas médicas de tortura y malos tratos, teniendo en cuenta la información recibida que indica que los informes médicos sobre las lesiones sufridas por personas privadas de libertad a menudo contienen información escasa o imprecisa, debido en parte a la falta de capacitación de los médicos forenses, que los documentos forenses y otros documentos médicos relacionados con denuncias de tortura y malos tratos a menudo se producen con demoras excesivas o no se producen en absoluto, y que se exige un pago para el reconocimiento médico forense de los detenidos. También preocupa al Comité la información proporcionada por el Estado parte según la cual la televisión en circuito cerrado y otras formas de videovigilancia no están suficientemente generalizadas, y la información recibida que indica que los detenidos no se atreven a denunciar tortura y malos tratos por temor a sufrir represalias (arts. 2, 11 a 14 y 16).

28. El Estado parte debe adoptar todas las medidas posibles para asegurar la reunión de suficientes pruebas documentales en casos de denuncias de tortura y malos tratos, incluso velando por que todo el personal pertinente, incluido el personal médico y psicológico, haya recibido capacitación específica para identificar, documentar e investigar casos de tortura y malos tratos, de conformidad con la versión revisada del Protocolo de Estambul; que el acceso a reconocimientos médicos forenses en casos de denuncias de tortura y malos tratos se facilite de manera sistemática y gratuita; y que las personas privadas de libertad que formulen denuncias de tortura y malos tratos no sean objeto de represalias. El Estado parte también debe considerar la posibilidad de instalar equipos de videovigilancia en todos los centros de interrogatorio y lugares de privación de libertad donde pueda haber detenidos presentes, excepto cuando ello pudiera dar lugar a violaciones del derecho de los detenidos a la intimidad o a la confidencialidad de sus conversaciones con un abogado o un doctor.

Reparación

29.El Comité toma nota de las medidas positivas instauradas por el Estado parte por lo que se refiere a la rehabilitación y la reparación de las víctimas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluso mediante la aprobación de la Ley núm. 97/2018, que aumenta las salvaguardias procesales para las víctimas de delitos, y la Ley núm. 186/2021, que suprime la prescripción del delito de tortura. Sin embargo, preocupa al Comité la escasez de personal cualificado para prestar asistencia psicológica, la falta de profesionales jurídicos especializados en ciertos delitos, como la trata de seres humanos, y el hecho de que el acceso a asistencia jurídica gratuita para las víctimas de delitos graves puede estar sujeto en algunos casos a una comprobación de medios financieros (art. 14).

30. El Comité recomienda que el Estado parte continúe sus esfuerzos para garantizar la rehabilitación y la reparación para las víctimas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, prestando especial atención al suministro gratuito de asistencia adecuada que responda a las necesidades de las víctimas. El Comité también recomienda que el Estado parte considere la posibilidad de efectuar aportaciones al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura.

Institución nacional de derechos humanos

31.El Comité lamenta que, a pesar de la Ley núm. 9/2018, por la que se modifica la Ley núm. 35/1997, que representa un avance para asegurar la conformidad del Defensor del Pueblo con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), así como los intentos anteriores de acreditar el Instituto Rumano de Derechos Humanos, no haya todavía en el Estado parte una institución nacional de derechos humanos acreditada conforme a las normas internacionales (art. 2).

32. El Estado parte debe efectuar las modificaciones legislativas necesarias para que su institución nacional de derechos humanos cumpla cabalmente los Principios de París y asegurar su acreditación, incluso garantizando la plena independencia de la institución y de sus miembros y asegurando el suministro de recursos financieros y humanos suficientes para que cumpla adecuadamente su mandato.

Procedimiento de seguimiento

33. El Comité solicita al Estado parte que proporcione, a más tardar el 28 de julio de 2024, información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Comité sobre los métodos utilizados para los registros corporales sin ropa; la supresión de las unidades de intervención especial en los centros penitenciarios; y la mejora de las condiciones en las instituciones psiquiátricas y los centros de servicios sociales (véanse los párrs. 12 c), 14 c) y 18 c)). En ese contexto, se invita al Estado parte a que informe al Comité sobre sus planes para aplicar, durante el período correspondiente al siguiente informe, algunas de las demás recomendaciones formuladas en las observaciones finales o todas ellas.

Otras cuestiones

34. Se solicita al Estado parte que dé amplia difusión al informe presentado al Comité y estas observaciones finales, en los idiomas pertinentes, a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las organizaciones no gubernamentales, y que informe al Comité sobre sus actividades de difusión.

35. Se solicita al Estado parte que presente su próximo informe periódico, que será el cuarto, a más tardar el 28 de julio de 2027. Con ese propósito, y habida cuenta del hecho de que el Estado parte ha convenido en presentar su informe al Comité con arreglo al procedimiento simplificado, el Comité transmitirá oportunamente al Estado parte una lista de cuestiones previa a la presentación. Las respuestas del Estado parte a esa lista de cuestiones constituirán su cuarto informe periódico en virtud del artículo 19 de la Convención.