Naciones Unidas

CRPD/C/AUT/CO/2-3

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Distr. general

28 de septiembre de 2023

Español

Original: inglés

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de Austria *

I.Introducción

1.El Comité examinó los informes periódicos segundo y tercero combinados de Austria en sus sesiones 664ª y 665ª, celebradas los días 22 y 23 de agosto de 2023. En su 681ª sesión, celebrada el 4 de septiembre de 2023, aprobó las presentes observaciones finales.

2.El Comité acoge con satisfacción los informes periódicos segundo y tercero combinados de Austria, que se prepararon con arreglo a las directrices del Comité en respuesta a la lista de cuestiones previa preparada por el Comité, así como la información adicional presentada por el Estado parte.

3.El Comité celebra asimismo el diálogo constructivo mantenido con la delegación de alto nivel del Estado parte, en el que se trataron temas muy diversos y participaron representantes de los ministerios competentes y parlamentarios.

II.Aspectos positivos

4.El Comité acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado parte para revisar las leyes y políticas nacionales y armonizarlas con la Convención, siguiendo las recomendaciones que el Comité formuló en sus observaciones finales sobre el informe inicial del Estado parte.

5.El Comité celebra, en especial, las medidas legislativas y de políticas adoptadas para promover los derechos de las personas con discapacidad, a saber:

a)La entrada en vigor, en julio de 2018, de la Segunda Ley de Protección de Adultos;

b)La modificación de la Ley Federal de Igualdad de las Personas con Discapacidad;

c)La aprobación, en julio de 2022, del Plan de Acción Nacional sobre Discapacidad (2022-2030);

d)La aprobación, en 2017, del Paquete de Medidas de Inclusión;

e)La aprobación, en julio de 2023, de la Ley Federal sobre los Requisitos de Accesibilidad de los Productos y Servicios, que entrará en vigor el 28 de junio de 2025.

6.El Comité también acoge con satisfacción que se haya realizado y distribuido la nueva traducción al alemán de la Convención y que se haya publicado en formato de lectura fácil.

III.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

A.Principios y obligaciones generales (arts. 1 a 4)

7.El Comité observa con suma preocupación la escasa atención que los gobiernos de los länder prestan a la Convención.

8.El Comité recomienda a los gobiernos de todos los länder que respeten el principio de derecho internacional general, recogido en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, según el cual una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Recuerda que el artículo 4, párrafo 5, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que las disposiciones de la Convención se deben aplicar a todas las partes de los estados federales sin limitaciones ni excepciones, y recomienda a los gobiernos de todos los länder que actúen en consecuencia.

9.Preocupa al Comité que a nivel federal y regional existan enfoques legislativos muy diferentes sobre la aplicación de la Convención, lo que se refleja, entre otras cosas, en conceptos muy distintos de la discapacidad, que a menudo están basados en un enfoque médico. En particular, el Comité señala a este respecto las medidas 1 a 17 del Plan de Acción Nacional sobre Discapacidad (2022-2030).

10. El Comité, recordando sus recomendaciones anteriores , anima al Estado parte a que modifique y adapte con celeridad sus leyes, tanto federales como regionales, y a que las armonice con el modelo de la discapacidad basado en los derechos humanos.

11.Tomando nota de la reserva de cumplimiento (Erfüllungsvorbehalt) formulada por el Consejo Nacional cuando ratificó la Convención y de la consiguiente dependencia de los derechos individuales exigibles ante los tribunales respecto de la legislación transformadora del país, al Comité le preocupa la aplicación efectiva de la Convención y la previsión de recursos internos efectivos a los efectos del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

12. El Comité recomienda al Estado parte que apruebe leyes internas que prevean que los tribunales puedan obligar a hacer efectivos todos los derechos individuales garantizados por la Convención, o que anule su reserva de cumplimiento.

13.Al Comité le preocupa que ni a nivel federal ni regional existan procesos estructurados previstos por ley para celebrar consultas estrechas y colaborar activamente con las organizaciones de personas con discapacidad en la elaboración y aplicación de leyes y políticas para hacer efectiva la Convención.

14. El Comité, recordando su observación general núm. 7 (2018) y sus recomendaciones anteriores , recomienda al Estado parte que apruebe leyes, tanto a nivel federal como regional, para poner en marcha procesos estructurados que permitan celebrar consultas estrechas y colaborar activamente con las organizaciones de personas con discapacidad en la elaboración, aplicación y supervisión de las leyes y políticas para hacer efectiva la Convención.

15.Al Comité le preocupa que no se hayan establecido procedimientos para dar cumplimiento a las recomendaciones que formula a partir de su procedimiento de comunicaciones individuales.

16. El Comité recomienda al Estado parte que establezca, tanto a nivel federal como regional, procedimientos administrativos y judiciales diseñados para dar cumplimiento a las recomendaciones específicas que para cada caso se formulen a partir de las comunicaciones individuales, así como procedimientos diseñados para dar cumplimiento a las recomendaciones generales formuladas a partir de las comunicaciones individuales, que a menudo requieren la adopción de medidas legislativas o reglamentarias.

B.Derechos específicos (arts. 5 a 30)

Igualdad y no discriminación (art. 5)

17.El Comité reconoce los avances que ha realizado el Estado parte al formular leyes contra la discriminación, a nivel federal y regional. Sin embargo, observa que, salvo algunas excepciones, como las demandas laborales o las demandas por acoso y contra grandes empresas, el único recurso legal al que se pueden acoger las víctimas de discriminación por motivos de discapacidad son las indemnizaciones económicas. El Comité también ha tenido conocimiento de varios informes según los cuales, pese a los estrictos requisitos legales existentes, el procedimiento de conciliación obligatorio en los pleitos civiles, que está basado en la Ley Federal de Igualdad de las Personas con Discapacidad, a menudo no resulta totalmente accesible en la práctica.

18. El Comité recomienda al Estado parte que refuerce aún más la Ley Federal de Igualdad de las Personas con Discapacidad y amplíe el alcance de los recursos disponibles para incluir medidas cautelares y de reparación en todos los ámbitos, haga que el procedimiento de conciliación previsto en la l ey sea plenamente accesible en la práctica y aumente las ayudas económicas para las organizaciones de personas con discapacidad que estén legitimadas para participar en dichos procedimientos.

Mujeres con discapacidad (art. 6)

19.El Comité observa con preocupación:

a)La falta de participación de las mujeres y niñas con discapacidad y de las organizaciones que las representan en la elaboración y puesta en práctica de medidas relativas a la aplicación de la Convención, en particular en la enseñanza superior, el empleo y los asuntos públicos;

b)La insuficiencia de las medidas adoptadas para establecer mecanismos eficaces de prevención de la violencia y de protección que sean accesibles a todas las mujeres y niñas con discapacidad, incluidas las mujeres y niñas con discapacidad que aún están institucionalizadas;

c)La falta de datos desglosados a nivel federal y regional sobre la situación de las mujeres y niñas con discapacidad;

d)La falta de perspectiva de discapacidad en las leyes de igualdad de género;

e)La falta de mecanismos y procedimientos para combatir las formas múltiples e interseccionales de discriminación contra las mujeres con discapacidad.

20. El Comité, recordando su observación general núm. 3 (2016) y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, recomienda al Estado parte que:

a) Adopte medidas concretas y efectivas para prevenir las formas múltiples e interseccionales de discriminación contra las mujeres y niñas con discapacidad;

b) Se asegure de que las mujeres y niñas con discapacidad, incluidas las mujeres y niñas con discapacidad que aún estén institucionalizadas, puedan acceder de forma efectiva a los mecanismos de prevención y protección contra la violencia de género, como los teléfonos de asistencia, las casas de acogida, los programas de educación sexual, los planes de gestión de crisis o el asesoramiento sanitario;

c) Incorpore los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad en todas las leyes y políticas relacionadas con la igualdad de género y la discapacidad.

Niños y niñas con discapacidad (art. 7)

21.Al Comité le preocupa la estrecha relación que hay entre la educación segregada y la institucionalización, debido a que, con frecuencia, las escuelas de educación especial se diseñan como internados, así como la falta de medidas de apoyo para que las organizaciones de niños con discapacidad puedan participar de forma activa en el debate público y de una prestación rápida de servicios de intervención temprana y de servicios de apoyo individualizado para los niños con discapacidad y sus familias.

22.El Comité recomienda al Estado parte, incluidos los länder, que adopte medidas efectivas acordes con el modelo de la discapacidad basado en los derechos humanos para poner fin en todos los ámbitos de la vida, incluida la educación, a la práctica de enviar a los niños con discapacidad a instituciones segregadas, que proporcione apoyo económico y técnico a las organizaciones de niños con discapacidad para que puedan participar de forma activa en el debate público y que ponga rápidamente a disposición de los niños con discapacidad y sus familias servicios de intervención temprana y apoyo individualizado.

Toma de conciencia (art. 8)

23.El Comité observa con preocupación que no parece haber un conocimiento suficiente, sobre todo por parte de los gobiernos de los länder, de los principios y derechos consagrados en la Convención y de las obligaciones que esta impone a los Estados partes.

24.El Comité recomienda al Estado parte que, en estrecha consulta con las organizaciones de personas con discapacidad y con su participación activa, ponga en marcha, a nivel federal y regional, programas para dar a conocer los principios y derechos consagrados en la Convención, las obligaciones contraídas por el Estado parte, incluidos los länder, y la especial importancia de las presentes recomendaciones. Estos programas deben estar orientados a todos los cargos políticos y judiciales, a los empleados públicos y al personal médico.

25.Si bien el Comité reconoce el derecho de las mujeres a la autonomía reproductiva, expresa su preocupación por el hecho de que el artículo 97, párrafo 1.2, del Código Penal contemple como supuesto permisible para abortar la existencia de un “riesgo grave de que el niño nazca con daños mentales o físicos graves”.

26. El Comité recomienda al Estado parte que defina los supuestos permisibles para abortar sin hacer referencia a ninguna deficiencia.

Accesibilidad (art. 9)

27.El Comité está preocupado por:

a)La aplicación tan limitada que el Estado parte hace de la Ley Europea de Accesibilidad, en la que se omiten ámbitos importantes como los servicios de salud, los bienes y servicios de educación, los electrodomésticos o el entorno construido, y la consiguiente falta generalizada de accesibilidad de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, incluidos los servicios enumerados en el artículo 2 de la ley;

b)El retroceso en las normas sobre la construcción accesible de viviendas, que se suma a los ya considerables obstáculos que impiden garantizar una vida independiente;

c)La falta de plazos vinculantes para hacer accesible el transporte público en autocar y autobús.

28. El Comité, recordando su observación general núm. 2 (2014), recomienda al Estado parte que:

a) Apruebe leyes y establezca normas sobre la accesibilidad de los servicios, bienes e infraestructuras no cubiertos por la Ley Europea de Accesibilidad, y las aplique, entre otras cosas asignando presupuestos suficientes;

b) Mejore sustancialmente los criterios de accesibilidad de las viviendas, según lo establecido en la norma ÖNORM B 1600, y se abstenga de aplicar las directrices formuladas por el Instituto Austriaco de Ingeniería Civil que rebajan las exigencias previstas en dicha norma;

c) Establezca normas y plazos vinculantes para hacer accesible el transporte público no cubierto por la normativa europea, y asigne presupuestos suficientes para ello.

Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias (art. 11)

29.El Comité observa con preocupación la falta de participación a escala regional de las organizaciones de personas con discapacidad en la gestión de desastres, que se traduce en la falta de comunicación y servicios inclusivos y accesibles de los planes de gestión de desastres. También le preocupa la falta de datos sobre las personas con discapacidad en el contexto de las situaciones de riesgo.

30. El Comité, recordando el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y las Directrices sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Acción Humanitaria, recomienda al Estado parte que celebre consultas estrechas y colabore activamente con las organizaciones de personas con discapacidad para diseñar y aplicar medidas de respuesta y recuperación en casos de desastre, sobre todo a nivel regional. También le recomienda que se asegure de que estas medidas, incluidos los mecanismos de evacuación, los sistemas de alerta, los refugios, los medios de transporte y las instalaciones de apoyo humanitario, sean plenamente accesibles para las personas con discapacidad, tal como prevé el Plan de Acción Nacional sobre Discapacidad (2022-2030).

Igual reconocimiento como persona ante la ley (art. 12)

31.El Comité observa que en julio de 2018 entró en vigor la Segunda Ley de Protección de Adultos y que se han celebrado estrechas consultas y se ha colaborado activamente con las organizaciones de personas con discapacidad para elaborar dicha ley. Sin embargo, le preocupa que aún persistan elementos destacados de la sustitución en la adopción de decisiones y que siga habiendo numerosos casos de representación legal de adultos y de representaciones dictadas por los tribunales, que no se haya avanzado en la aplicación de la ley, sobre todo, que los länder no dispongan de servicios comunitarios de apoyo para la adopción de decisiones, y que en muchos ámbitos del Estado y de la sociedad no se tenga conocimiento de la ley.

32.Recordando su observación general núm. 1 (2014), el Comité recomienda al Estado parte que elimine de su legislación los elementos relacionados con la sustitución en la adopción de decisiones que aún persisten, que refuerce considerablemente los servicios comunitarios de apoyo para la adopción de decisiones, en particular los que sean competencia de los länder, y los aplique de forma integral, y que imparta formación al personal de todos los organismos públicos y privados que desempeñen alguna función en la aplicación de la l ey. Le recomienda asimismo que evalúe periódicamente la aplicación de la Segunda Ley de Protección de Adultos, haciendo especial hincapié en las medidas adoptadas por los länder.

Acceso a la justicia (art. 13)

33.El Comité está preocupado por:

a)La insuficiente disponibilidad de intérpretes cualificados de lengua de señas para los procedimientos administrativos y judiciales, la inaccesibilidad de algunos edificios administrativos y judiciales, la falta generalizada de decisiones administrativas y judiciales en formatos accesibles y la accesibilidad insuficiente de las audiencias administrativas y judiciales en línea;

b)La denegación de capacidad legal a toda persona sometida al régimen de sustitución en la adopción de decisiones en el ámbito de la sustitución.

34. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Se asegure de que haya intérpretes de lengua de señas cualificados disponibles en los procedimientos administrativos y judiciales, agilice la evaluación y elaboración de normas sobre la accesibilidad de los edificios administrativos y judiciales, en estrecha consulta con las organizaciones de personas con discapacidad y con su participación activa, y las aplique sin demora, publique las decisiones administrativas y judiciales en formatos accesibles y haga accesibles las audiencias administrativas y judiciales en línea;

b) Modifique la legislación para que se deje de privar de capacidad legal a las personas sometidas al régimen de sustitución en la adopción de decisiones.

Libertad y seguridad de la persona (art. 14)

35.Preocupa al Comité que las leyes de salud mental del Estado parte se basen en gran medida en un modelo médico de la discapacidad y que permitan el internamiento involuntario y el tratamiento obligatorio.

36. El Comité recuerda sus directrices sobre el derecho a la libertad y la seguridad de las personas con discapacidad y recomienda al Estado parte que derogue todas las disposiciones que autorizan la privación de libertad por razón de una deficiencia o el tratamiento obligatorio, prevea medidas de apoyo para la adopción de decisiones en los lugares de detención y celebre consultas estrechas y colabore activamente con organizaciones de personas con discapacidad, en particular de personas con discapacidad psicosocial o intelectual, para elaborar dichas medidas.

Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 15)

37.El Comité observa que las camas con red están totalmente prohibidas, pero le preocupan:

a)La permisibilidad legal y el uso continuado del aislamiento, la contención física y farmacológica y otras prácticas restrictivas que se aplican a las personas con discapacidad, en particular las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, niños incluidos, en los lugares de reclusión;

b)La insuficiencia de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, incluido el acceso a apoyo y servicios de salud mental, y la falta de personal cualificado en los lugares de reclusión.

38. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Ponga fin al uso del aislamiento y la contención física y farmacológica, entre otras prácticas restrictivas, en los lugares de reclusión;

b) Facilite medidas de apoyo suficientes, incluido el apoyo a la salud mental, y personal cualificado en los lugares de reclusión, en particular para las personas con discapacidad intelectual o psicosocial.

39.Preocupa al Comité que a los niños intersexuales se les sigan practicando operaciones de reasignación de sexo.

40. El Comité recomienda al Estado parte que prohíba por ley las intervenciones médicas de reasignación de sexo no vitales de niños intersexuales.

Protección contra la explotación, la violencia y el abuso (art. 16)

41.El Comité observa que la Ley de Protección contra la Violencia de 2019 amplió la protección de las víctimas de la violencia doméstica, pero le preocupan los elevados índices de violencia contra las personas con discapacidad, en particular las personas con discapacidad que aún están institucionalizadas, las mujeres y niñas con discapacidad y las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, como reveló un estudio del Ministerio Federal de Asuntos Sociales, Sanidad, Asistencia y Protección de los Consumidores publicado en 2019, así como la falta generalizada de enfoques que promuevan la libre determinación sexual, de enfoques de prevención de la violencia y de procedimientos ordinarios de denuncia con recursos efectivos, y la escasez de personal cualificado de las instituciones.

42. El Comité recuerda su observación general núm. 3 (2016) y recomienda al Estado parte que, en estrecha consulta con las organizaciones de personas con discapacidad, en particular de mujeres y niñas con discapacidad, y con su participación activa, elabore medidas para corregir la elevada tasa de violencia contra las personas con discapacidad que aún están institucionalizadas, promueva la libre determinación sexual, la prevención de la violencia y la existencia de procedimientos ordinarios de denuncia accesibles y dotados de recursos efectivos, y facilite un personal cualificado suficiente. Recordando sus directrices sobre la desinstitucionalización, incluso en situaciones de emergencia, recomienda asimismo al Estado parte que desmantele los entornos de institucionalización y proporcione a las personas con discapacidad, incluidas las mujeres y niñas con discapacidad, el apoyo adecuado para vivir en sociedad, con servicios de apoyo comunitario y reparación.

Protección de la integridad personal (art. 17)

43.Preocupan al Comité las informaciones que indican que:

a)Se ha esterilizado en el Estado parte a mujeres y niñas con discapacidad sin su consentimiento, aparentemente sin respetar los límites establecidos en los artículos 253 a 255 del Código Civil austriaco;

b)Se administran anticonceptivos a mujeres y niñas con discapacidad sin su consentimiento o incluso su conocimiento, sobre todo a las que están institucionalizadas.

44. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Haga cumplir escrupulosamente la prohibición de practicar esterilizaciones que establece el artículo 255 del Código Civil austriaco, facilite información accesible sobre la libre determinación sexual, recopile datos sobre las esterilizaciones practicadas en el Estado parte, desglosados por sexo, género, edad, procedimiento seguido y lugar de la intervención, y forme al personal médico sobre los requisitos de la ley;

b) Establezca la prohibición de utilizar medidas anticonceptivas con personas con discapacidad sin su consentimiento personal, y asegure su cumplimiento.

Libertad de desplazamiento y nacionalidad (art. 18)

45.El Comité está preocupado por:

a)La dotación insuficiente de intérpretes cualificados, interpretación en lengua de señas, información en formato de lectura fácil, alemán sencillo y braille y otras medidas para hacer que los servicios sanitarios sean accesibles para los refugiados con discapacidad, los apátridas con discapacidad y las personas con discapacidad en situación similar a la de los refugiados;

b)La falta de información accesible sobre el proceso de admisión, el contenido de las decisiones que en él se adoptan y los proveedores de servicios adecuados para los refugiados con discapacidad, los apátridas con discapacidad y las personas con discapacidad en situación similar a la de los refugiados, las deficiencias en su derivación a proveedores de servicios adecuados y el acceso insuficiente a programas esenciales de apoyo a la discapacidad;

c)Las informaciones que señalan que a los refugiados y apátridas con discapacidad y a las personas con discapacidad en situación similar a la de los refugiados, incluidos los niños con discapacidad no acompañados, con frecuencia se los interna en instalaciones que no son accesibles o no están diseñadas para esos fines, y no se les facilitan las medidas de apoyo necesarias;

d)La falta de formación específica y periódica para el personal de toda entidad que intervenga en los procesos de admisión, acerca de las normas sobre el trato y los derechos de las personas con discapacidad recogidos en la Convención.

46. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Facilite intérpretes cualificados, interpretación en lengua de señas, información en formato de lectura fácil, alemán sencillo y braille y otras medidas para hacer que los servicios sanitarios sean accesibles para los refugiados y los apátridas con discapacidad y las personas con discapacidad en situación similar a la de los refugiados;

b) Proporcione información accesible sobre el proceso de admisión, el contenido de las decisiones que en él se adopten y los proveedores de servicios para los refugiados y apátridas con discapacidad y las personas con discapacidad en situación similar a la de los refugiados, y facilite el acceso a los programas esenciales de apoyo a las personas con discapacidad en situación similar a la de los refugiados y a las personas con discapacidad bajo protección temporal;

c) Se asegure de que a los refugiados y apátridas con discapacidad y a las personas con discapacidad en situación similar a la de los refugiados, incluidos los niños con discapacidad no acompañados, se los aloje en instalaciones accesibles o diseñadas para ellos;

d) Imparta formación específica y periódica al personal de toda entidad que intervenga en los procesos de admisión acerca de las normas sobre el trato y los derechos de las personas con discapacidad que recoge la Convención, tal y como prevé el Plan de Acción Nacional sobre Discapacidad (2022-2030).

Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad(art. 19)

47.El Comité está preocupado por:

a)La falta de una estrategia integral y unificada, que abarque al Gobierno federal y a los länder, para diseñar, fomentar y coordinar el proceso de desinstitucionalización;

b)El hecho de que las personas con discapacidad no tengan la posibilidad o el derecho de elegir su lugar de residencia, en igualdad de condiciones con las demás, debido a la falta de alojamiento adecuado en la comunidad, de los servicios de apoyo necesarios, incluidas las asignaciones presupuestarias, para acceder a asistentes personales, y de un derecho jurídicamente exigible en ese sentido;

c)La falta de una normativa armonizada sobre los distintos servicios y fórmulas de asistencia personal y el hecho de que se evalúen con arreglo a un modelo médico de la discapacidad;

d)Que se invierta, en parte con financiación de los fondos estructurales de la Unión Europea, en la renovación y construcción de instituciones segregadas para personas con discapacidad.

48. El Comité, recordando su observación general núm. 5 (2017) y sus directrices sobre la desinstitucionalización, incluso en situaciones de emergencia, recomienda al Estado parte que:

a) Ponga en marcha una estrategia integral de desinstitucionalización a escala nacional, con índices de referencia, plazos y financiación, que abarque las competencias del Gobierno federal, los länder y los ayuntamientos, y vele por que se celebren consultas estrechas y se colabore activamente con las organizaciones de personas con discapacidad en todos los procesos de desinstitucionalización;

b) Apruebe leyes, a nivel federal, regional y, en su caso, municipal, que establezcan los fundamentos jurídicos necesarios para poner fin a la institucionalización de las personas con discapacidad y proporcionar una vivienda adecuada y accesible y servicios de apoyo a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente en la comunidad, y las aplique sin demora;

c) Garantice el derecho efectivo a recibir apoyo económico, técnico y personal adecuado para vivir de forma independiente en la comunidad;

d) Inste a todos los länder a participar en el proyecto piloto de armonización de las normas sobre asistencia personal;

e) Deje de invertir, incluso a través de los fondos europeos, en la renovación y construcción de centros de institucionalización de personas con discapacidad y asigne recursos financieros, técnicos y educativos suficientes para potenciar el derecho a la vida independiente de todas las personas con discapacidad.

Movilidad personal (art. 20)

49.Preocupa al Comité que:

a)El Estado parte solo conceda subvenciones para adaptar los vehículos, incluidos los automóviles de las personas con discapacidad, a trabajadores por cuenta ajena, solicitantes de empleo, aprendices y pensionistas; no exista el derecho a recibir dichas subvenciones y no haya datos suficientes sobre ellas;

b)No haya suficiente personal para impartir formación sobre las ayudas técnicas, incluidas las de movilidad, y que el elevado costo de las ayudas y equipos técnicos limite el acceso de las personas con discapacidad a ayudas técnicas adecuadas, servicios de modificación y ayudas para la movilidad de calidad.

50. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Garantice el derecho a recibir ayudas a la movilidad y lo haga extensivo a las personas con discapacidad fuera del contexto laboral;

b) Se asegure de que haya suficiente personal cualificado y formado en cuestiones de movilidad y de que las ayudas técnicas, servicios de modificación y ayudas para la movilidad necesarios, incluida la tecnología de apoyo, sean asequibles para todas las personas con discapacidad.

Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información (art. 21)

51.El Comité está preocupado por:

a)Las deficiencias en la difusión de información gubernamental en formatos accesibles, como el alemán sencillo, la lengua de señas, la lectura fácil, el braille y los medios de comunicación táctiles, aumentativos y alternativos;

b)La falta de medidas de apoyo, en particular económico, a las organizaciones de personas con discapacidad, incluidas las organizaciones de personas con discapacidad intelectual o psicosocial, de mujeres con discapacidad y de niños con discapacidad, para llevar a cabo actividades de sensibilización o de intercambio de información;

c)La falta de consultas estrechas y colaboración activa con las organizaciones de personas con discapacidad a la hora de diseñar y revisar las medidas previstas o adoptadas para hacer que la información sea accesible.

52. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Se asegure de que la información, en particular la información gubernamental, se difunda en formatos y tecnologías accesibles, aplique plenamente la Directiva 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público y haga accesibles todos los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público, de conformidad con la norma europea sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones (EN 301 549);

b) Preste apoyo, también económico, a las organizaciones de personas con discapacidad, incluidas las organizaciones de personas con discapacidad intelectual o psicosocial, de mujeres con discapacidad y de niños con discapacidad, para que puedan llevar a cabo sus actividades de sensibilización o de intercambio de información;

c) Celebre consultas estrechas y colabore activamente con las organizaciones de personas con discapacidad a la hora de diseñar y revisar las medidas previstas o adoptadas para hacer que la información sea accesible.

Respeto de la privacidad (art. 22)

53.El Comité está preocupado por:

a)Las limitaciones que encuentran las personas con discapacidad que aún están institucionalizadas para decidir sobre sus relaciones personales y entablarlas, en especial cuando se trata de relaciones entre personas del mismo sexo, debido principalmente a la falta de intimidad y a las injerencias del personal y de los representantes legales;

b)El efecto disuasorio que tienen las leyes contra la prostitución de los länder sobre los servicios financiados con fondos públicos dedicados a facilitar el acompañamiento sexual de las personas con discapacidad.

54. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Se asegure de que se respete el derecho a la vida privada, incluida la libre determinación sexual, de las personas con discapacidad que aún estén institucionalizadas, y ponga fin a las injerencias a este respecto del personal y los representantes legales;

b) Armonice las leyes federales y regionales sobre prostitución y acompañamiento sexual a fin de garantizar la prestación de servicios financiados con fondos públicos dedicados a facilitar el acompañamiento sexual de las personas con discapacidad.

Respeto del hogar y de la familia (art. 23)

55.El Comité está preocupado por:

a)La denegación del derecho a contraer matrimonio a las personas con discapacidad sujetas a la representación de adultos o dictada por un tribunal, si no cuentan con el consentimiento de su representante legal;

b)La falta de servicios de apoyo a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial y a sus hijos, y que se separe a estos últimos de sus padres.

56. El Comité recuerda la declaración conjunta que emitió con el Comité de los Derechos del Niño en relación con los derechos de los niños con discapacidad y recomienda al Estado parte que:

a) Reconozca el derecho al matrimonio de todas las personas con discapacidad sobre la base de su consentimiento personal;

b) Preste los servicios de apoyo necesarios para que las personas con discapacidad intelectual o psicosocial puedan ejercer de forma efectiva su derecho a la vida familiar con sus hijos y deje de separar a estos últimos de sus padres y de internarlos en instituciones, incluidos los internados especiales.

Educación (art. 24)

57.El Comité está sumamente preocupado por:

a)El retroceso en la educación inclusiva, debido en parte a la desaparición de las políticas de escolarización inclusiva, la priorización de las escuelas segregadas sobre las inclusivas que establece la Ley de Reforma de la Enseñanza (2017), la grave escasez de personal y plazas en las escuelas inclusivas de preescolar y primaria y la falta de financiación y transferencia de recursos desde el sistema escolar segregado a la educación inclusiva, que ha provocado un aumento de la matriculación de alumnos con discapacidad en escuelas segregadas, incluso en la enseñanza preescolar;

b)La falta de personal formado en educación inclusiva, debido a los recortes aplicados en la enseñanza primaria y secundaria y a la insuficiente formación y contratación de docentes especializados en discapacidad;

c)La falta de ajustes razonables en la educación, tales como la asistencia personal o los servicios de apoyo para alumnos con discapacidad, especialmente en la enseñanza secundaria y superior, y la exclusión de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual de ese tipo de apoyos;

d)Los procedimientos administrativos extremadamente complejos y extensos que hay que seguir para acceder a la educación inclusiva;

e)Que no se admita a niños con discapacidad en los servicios extraescolares de supervisión pedagógica, como los centros de atención complementaria, y que dichos servicios sean inaccesibles;

f)La falta de un derecho reconocido y efectivo para que los niños con discapacidad de 14 o más años puedan asistir a escuelas inclusivas de enseñanza secundaria;

g)La ausencia de la lengua de señas austriaca en los programas escolares como lengua de enseñanza en clase y como asignatura;

h)La falta de información exhaustiva sobre la educación de los niños con discapacidad, desglosada por sexo, edad, nivel de educación, región y tipo de deficiencia, así como la falta de información exhaustiva sobre las medidas económicas, organizativas, educativas y políticas adoptadas para hacer realidad el objetivo de asegurar la educación inclusiva previsto en la Convención.

58. El Comité, recordando su observación general núm. 4 (2016), recomienda al Estado parte que:

a) Acabe lo antes posible con la expansión del sistema escolar segregado y lo elimine gradualmente; proporcione recursos, también económicos, para pasar de la educación segregada a la educación inclusiva; elabore una estrategia nacional de educación inclusiva que abarque todos los sistemas educativos en todos los niveles de la enseñanza, incluidos los regionales y los municipales; formule políticas y directrices de educación inclusiva, también a nivel regional y municipal; diseñe planes de estudios armonizados de educación inclusiva, en estrecha consulta con las organizaciones de personas con discapacidad y con su participación activa, y aplique la estrategia sin dilación;

b) Rediseñe y amplíe la formación docente para la educación inclusiva;

c) Realice ajustes razonables, incluida la asistencia personal, para los estudiantes con discapacidad en todos los niveles de educación;

d) Haga que los procedimientos administrativos para acceder a la educación inclusiva sean totalmente accesibles, sencillos y rápidos;

e) Adopte medidas en todos los niveles federales, incluido el municipal, para que todos los niños con discapacidad tengan acceso a los servicios extraescolares de supervisión pedagógica, como los centros de atención complementaria;

f) Apruebe leyes que establezcan el derecho efectivo de todos los niños con discapacidad a asistir a centros de educación inclusiva, en particular en la enseñanza secundaria y superior;

g) Reconozca la lengua de señas austriaca en la educación y la aplique de forma efectiva como lengua de enseñanza en las escuelas y como asignatura;

h) Recopile información exhaustiva sobre la educación, inclusiva y no inclusiva, de todos los niños con discapacidad, desglosada por sexo, edad, nivel de educación, región y tipo de deficiencia, así como sobre las medidas económicas, organizativas, educativas y políticas adoptadas para hacer realidad la educación inclusiva prevista en la Convención.

Salud (art. 25)

59.El Comité está preocupado por:

a)Las consecuencias negativas de las deficiencias aparentemente estructurales de los servicios de salud mental para niños y adolescentes sobre los niños y adolescentes con discapacidad, que fueron especialmente pronunciadas tras la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), y la falta de información y datos fidedignos sobre dichas consecuencias;

b)El limitado acceso de las mujeres y niñas con discapacidad, en particular las que aún están institucionalizadas, a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los métodos anticonceptivos, y a la educación sexual;

c)La falta de servicios cualificados de interpretación en lengua de señas en los servicios sanitarios que se prestan a las personas con discapacidad, incluidos los refugiados y apátridas con discapacidad y las personas con discapacidad en situación similar a la de los refugiados;

d)La falta de accesibilidad, también física, de muchos establecimientos y servicios de salud.

60. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Mejore considerablemente el acceso de las personas con discapacidad, en particular los niños con discapacidad, a los servicios comunitarios de salud mental y recopile datos sobre la prestación de dichos servicios y sus resultados, desglosados por edad, sexo, región y tipo de deficiencia;

b) Garantice el acceso de las mujeres y niñas con discapacidad, en particular las que aún están institucionalizadas, a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los métodos anticonceptivos, y a la educación sexual;

c) Facilite servicios de interpretación de calidad en lengua de signos en los servicios sanitarios a las personas con discapacidad, incluidos los refugiados y apátridas con discapacidad y las personas con discapacidad en situación similar a la de los refugiados;

d) Asegure de forma efectiva la accesibilidad, también física, de los establecimientos y servicios de salud.

Habilitación y rehabilitación (art. 26)

61.Preocupa al Comité el acceso desigual y a menudo limitado de las personas con discapacidad a los servicios de habilitación y rehabilitación, que varía en función de su situación laboral.

62. El Comité recomienda al Estado parte que se asegure de que todas las personas con discapacidad, independientemente de su situación laboral actual o anterior, tengan acceso efectivo y en igualdad de condiciones a servicios de habilitación y rehabilitación de calidad.

Trabajo y empleo (art. 27)

63.El Comité está preocupado por:

a)La tasa comparativamente baja de personas con discapacidad en la población activa, la baja tasa de empleo de las personas con discapacidad en el mercado laboral abierto y la tasa cada vez más alta de desempleo de larga duración entre las personas con discapacidad;

b)Los efectos segregadores derivados de la evaluación de la aptitud para el trabajo, realizada por el Instituto del Seguro de Pensiones y encargada por el Servicio Público de Empleo austriaco sobre la base de los principios jurídicos para la evaluación de la “capacidad de rendimiento”, y la consiguiente clasificación como “no aptas para el trabajo” de las personas con discapacidad (con la consiguiente pérdida del seguro médico y de pensiones, del acceso a servicios de asesoramiento y asistencia, de la posibilidad de percibir una pensión de jubilación, etc.), su fundamentación en un modelo médico de la discapacidad, su aplicación incluso a los niños, la irreversibilidad de la evaluación y la falta de un recurso efectivo contra ella;

c)La contratación segregada de personas con discapacidad en talleres protegidos y talleres de ergoterapia, que da lugar, entre otras cosas, a la denegación de la condición de trabajador por cuenta ajena o propia y al pago de dinero de bolsillo en lugar de un salario digno;

d)La incompatibilidad entre la percepción de prestaciones de discapacidad y de pagos procedentes del trabajo remunerado de las personas con discapacidad;

e)El hecho de que los requisitos previos para recibir asistencia personal en el lugar de trabajo se basen en un modelo médico de la discapacidad;

f)La falta de orientación y formación profesionales inclusivas para las personas con discapacidad, en particular los jóvenes con discapacidad.

64. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Siga elaborando y aplicando los proyectos del Plan de Acción Nacional sobre Discapacidad (2022-2030), en estrecha consulta con las personas con discapacidad, incluidas las mujeres con discapacidad, y con su participación activa, e incorpore medidas concretas al Plan, dotadas de recursos, plazos y mecanismos de seguimiento, a fin de garantizar la transición de todas las personas con discapacidad del empleo segregado al mercado de trabajo abierto;

b) Haga que la evaluación de la aptitud para el trabajo respete el modelo de la discapacidad basado en los derechos humanos, no se aplique a los niños, revise las evaluaciones periódicamente, facilite un recurso efectivo contra las evaluaciones, se asegure de que las personas con discapacidad conserven su afiliación a la seguridad social, incluidos el seguro médico y de jubilación, independientemente del resultado de la evaluación, y reconozca la afiliación con carácter retroactivo a las personas con discapacidad a las que se haya calificado como “ no aptas para el trabajo ” ;

c) Vele por que a todas las personas con discapacidad se les pague una remuneración igual por un trabajo de igual valor, en igualdad de condiciones con las demás, adopte medidas para acabar con la brecha de género en el empleo, en particular la salarial, y vele por que a todas las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, se les hagan contratos de trabajo o se les reconozca el estatuto jurídico de trabajadores por cuenta ajena, así como el de trabajadores por cuenta propia;

d) Haga compatible la percepción de prestaciones de discapacidad y de pagos procedentes del trabajo remunerado, a fin de evitar que el hecho de aceptar un empleo repercuta negativamente en las prestaciones de discapacidad;

e) Fundamente los requisitos previos para realizar ajustes razonables en el lugar de trabajo, incluida la asistencia personal, en el modelo de la discapacidad basado en los derechos humanos, consagrado en la Convención;

f) Proporcione orientación y formación profesionales inclusivas a las personas con discapacidad, en particular los jóvenes con discapacidad.

Nivel de vida adecuado y protección social (art. 28)

65.El Comité está preocupado por:

a)La incidencia desproporcionadamente elevada de la pobreza entre las personas con discapacidad;

b)La falta de acceso a programas de apoyo a la discapacidad de los refugiados con discapacidad y las personas con discapacidad en situación similar a la de los refugiados, incluidas las personas con discapacidad bajo protección temporal.

66. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Adopte medidas eficaces, como la plena cobertura del régimen de seguridad social, para acabar con la pobreza entre las personas con discapacidad;

b) Facilite el acceso a programas de apoyo a la discapacidad a los refugiados con discapacidad y a las personas con discapacidad en situación similar a la de los refugiados, incluidas las personas con discapacidad bajo protección temporal, para evitar que caigan en la pobreza.

Participación en la vida política y pública (art. 29)

67.El Comité observa con preocupación que:

a)Los procedimientos de votación y elección (derecho de voto activo) no sean totalmente accesibles;

b)La participación de los niños y jóvenes con discapacidad en la vida política y pública se vea enormemente limitada.

68. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Se asegure de que los procedimientos de votación y elección sean totalmente accesibles para las personas con discapacidad, entre otras cosas formando a los oficiales electorales, representantes de partidos y miembros de organizaciones de la sociedad civil, y proporcionando los materiales correspondientes en formatos accesibles como la lectura fácil, el alemán sencillo o el braille ;

b) Fomente y apoye a las organizaciones de niños con discapacidad para que tengan una mayor participación en la vida política y pública, de conformidad con la observación general núm. 7 (2018).

Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte (art. 30)

69.Preocupa al Comité que las instalaciones y actividades culturales, recreativas, turísticas y deportivas ordinarias no sean inclusivas ni accesibles para las personas con discapacidad, incluidas las mujeres con discapacidad y los niños con discapacidad.

70. El Comité recomienda al Estado parte que haga que las instalaciones y actividades culturales, recreativas, turísticas y deportivas ordinarias sean accesibles e inclusivas para las personas con discapacidad, incluidas las mujeres con discapacidad y los niños con discapacidad, entre otras cosas, formando al personal correspondiente, adaptando las infraestructuras, facilitando información en formatos accesibles y asignándoles un presupuesto suficiente.

C.Obligaciones específicas (arts. 31 a 33)

Recopilación de datos y estadísticas (art. 31)

71.El Comité observa con preocupación:

a)Las graves deficiencias en la recopilación y publicación de datos sobre la situación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, incluidos la sanidad, la educación, el empleo y el sistema judicial;

b)La falta de datos desglosados, entre otros aspectos sobre la situación de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales con discapacidad, los refugiados y apátridas con discapacidad, las personas con discapacidad en situación similar a la de los refugiados, las personas con discapacidad bajo protección temporal, los niños con discapacidad (en particular en lo relativo a la educación), las mujeres y niñas con discapacidad y las personas con discapacidad que están institucionalizadas.

72. El Comité recomienda al Estado parte que elabore un marco nacional integral de datos sobre discapacidad para garantizar la adopción de medidas apropiadas y coherentes a nivel nacional encaminadas a la recopilación, interpretación y comunicación pública de datos desglosados sobre todas las obligaciones que figuran en la Convención, especialmente con respecto a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales con discapacidad, los refugiados y apátridas con discapacidad, las personas con discapacidad en situación similar a la de los refugiados, las personas con discapacidad bajo protección temporal, los niños con discapacidad, las mujeres y niñas con discapacidad y las personas con discapacidad que están institucionalizadas.

Cooperación internacional (art. 32)

73.El Comité está preocupado por:

a)La falta de una estrategia sistemática y coordinada para implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en las actividades de cooperación internacional del Estado parte, con la plena participación de las personas con discapacidad, en particular con respecto al Plan de Acción Nacional sobre Discapacidad (2022-2030), y la falta de colaboración y consulta sistemáticas de la Agencia Austriaca de Desarrollo con las organizaciones de personas con discapacidad;

b)La falta de indicadores para evaluar los avances registrados en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los Objetivos 4 (garantizar una educación inclusiva) y 11 (lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles).

74. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Apruebe y aplique un marco jurídico y administrativo para asegurar que se celebren consultas estrechas con las organizaciones de personas con discapacidad y se colabore activamente con ellas en el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de cooperación internacional, incluidos los de la Agencia Austriaca de Desarrollo;

b) Elabore y aplique, en estrecha consulta con las organizaciones de personas con discapacidad y con su participación activa, indicadores para evaluar los avances registrados en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los Objetivos 4 (garantizar una educación inclusiva) y 11 (lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles).

Aplicación y seguimiento nacionales (art. 33)

75.El Comité observa que la Junta de Defensores del Pueblo de Austria ha vuelto a ser acreditada con la categoría A por la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. No obstante, destaca la valoración del Subcomité de Acreditación de que el proceso de selección y nombramiento previsto en la Ley Constitucional Federal no es suficientemente amplio y transparente, y señala que el Subcomité formuló varias recomendaciones.

76. El Comité recomienda al Estado parte que atienda las recomendaciones formuladas por el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y refuerce para ello la Junta de Defensores del Pueblo de Austria.

D.Seguimiento

Difusión de información

77. El Comité subraya la importancia de todas las recomendaciones que figuran en las presentes observaciones finales. En relación con las medidas que deben adoptarse con carácter urgente, desea señalar a la atención del Estado parte las recomendaciones formuladas en los párrafos 46, sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, y 56, sobre la educación.

78. El Comité solicita al Estado parte que aplique las recomendaciones formuladas en las presentes observaciones finales. Le recomienda que transmita dichas observaciones, para su examen y para la adopción de medidas al respecto, a los miembros del Gobierno y del Parlamento, los funcionarios de los ministerios competentes, las autoridades locales y los miembros de los grupos profesionales pertinentes, como los profesionales de la educación, de la medicina y del derecho, así como a los medios de comunicación, utilizando para ello estrategias de comunicación social modernas.

79. El Comité alienta encarecidamente al Estado parte a que haga partícipes a las organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones de personas con discapacidad, en la preparación de su informe periódico.

80. El Comité solicita al Estado parte que difunda ampliamente las presentes observaciones finales, en particular entre las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de personas con discapacidad, así como entre las propias personas con discapacidad y sus familiares, en los idiomas nacionales y minoritarios, incluida la lengua de señas, y en formatos accesibles, en particular en lectura fácil, y que las publique en el sitio web del Gobierno dedicado a los derechos humanos.

Próximo informe periódico

81. El Estado parte ha optado por presentar sus informes según el procedimiento simplificado de presentación de informes. El Comité preparará una lista de cuestiones previa a la presentación de los informes y pedirá al Estado parte que presente sus respuestas en el plazo de un año a partir de la recepción de dicha lista. Las respuestas del Estado parte, previstas para el 26 de octubre de 2030, constituirán sus informes periódicos cuarto a sexto combinados.