Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
Informes periódicos 23º a 25º combinados que Bulgaria debía presentar en 2020 en virtud del artículo 9 de la Convención * **
[Fecha de recepción: 13 de octubre de 2020]
Índice
Página
I.Introducción (recomendaciones formuladas en los párrafos 26, 27 y 28 de las observaciones finales)3
II.Respuestas a las principales recomendaciones del Comité3
A.Información sobre la población (recomendaciones formuladas en los párrafos 8 y 18)3
B.La Convención en el derecho interno y el marco institucional y normativo para su aplicación (recomendaciones formuladas en los párrafos 6, 10, 14 y 16)4
C.Discurso de odio y delitos de odio de naturaleza racista (recomendación formulada en el párrafo 12)9
D.Discriminación contra los romaníes (recomendación formulada en el párrafo 20)12
E.Situación de los no ciudadanos, en particular los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados (recomendación formulada en el párrafo 22)20
III.Respuestas a otras recomendaciones (recomendaciones formuladas en los párrafos 23 y 24)25
IV.Información relativa a los artículos 2 a 7 de la Convención25
VI.Anexos26
I.Introducción (recomendaciones formuladas en los párrafos 26, 27 y 28 de las observaciones finales)
1.El 23 de junio de 1966, la República de Bulgaria ratificó la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (en adelante, “la Convención”), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965.
2.En enero de 2016, Bulgaria presentó sus últimos informes periódicos 20º a 22º combinados, que fueron examinados por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (en adelante, “el Comité”) en mayo de 2017.
3.El presente documento, que incluye los informes 23º a 25º combinados, abarca el período comprendido entre junio de 2017 y junio de 2020, y se preparó de conformidad con las directrices del Comité para la elaboración de los informes nacionales (CERD/C/2007/1, de 13 de junio de 2008). El objetivo del presente informe consiste en responder a las anteriores recomendaciones formuladas por el Comité exponiendo brevemente los cambios que se han producido en la legislación y la práctica nacionales, y actualizar la información ya facilitada. La información relativa a la aplicación de las recomendaciones que figuran en los párrafos 10 a) y 22 de las observaciones finales se presentó en 2018 (CERD/C/BGR/CO/20-22/Add.1, de 8 de junio de 2018), y en el presente informe solo se incluyen las novedades más recientes.
4.Todas las instituciones que participan en la aplicación de la Convención contribuyeron a la elaboración del presente informe combinado. Tras su publicación en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores para someterlo a un debate público, el informe fue aprobado por el Mecanismo Nacional de Coordinación en materia de Derechos Humanos. Al igual que en el caso de otros informes periódicos que presenta el país a los órganos de tratados de las Naciones Unidas, la Comisión para la Protección contra la Discriminación y la Defensora del Pueblo participaron activamente en el proceso de elaboración. También se invitó a las organizaciones no gubernamentales (ONG) interesadas a formular comentarios.
5.Durante el período sobre el que se informa, Bulgaria adoptó nuevas medidas para reformar su legislación y sus prácticas administrativas y judiciales con el fin de mejorar la aplicación de la Convención, así como de otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Bulgaria siguió aplicando una política uniforme encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones y promover el entendimiento entre los diferentes grupos raciales, étnicos, religiosos y lingüísticos que conforman su población. Debido al carácter multidisciplinario de la cuestión, para lograr unos resultados sostenibles se requiere la colaboración de diversas partes interesadas. Bulgaria seguirá realizando esfuerzos sistemáticos en este sentido.
II.Respuestas a las principales recomendaciones del Comité
A.Información sobre la población (recomendaciones formuladas en los párrafos 8 y 18)
Datos desglosados
6.La recopilación de información relacionada con el origen racial o étnico se lleva a cabo únicamente de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Estadísticas. Más allá de lo allí dispuesto, el Estado no recopila ningún tipo de información sobre el origen racial o étnico de las personas, ya que se trata de datos personales muy sensibles.
Participación en la vida política y ocupación de cargos públicos
7.Los derechos electorales de los ciudadanos búlgaros están garantizados por la Constitución. Las condiciones y los procedimientos detallados por los que se rige su ejercicio se establecen en el Código Electoral. Otros instrumentos relacionados con el proceso electoral son la Ley de Partidos Políticos; la Ley de Reuniones, Mítines y Manifestaciones; la Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas; y la Ley de Participación Directa de los Ciudadanos en el Gobierno Estatal y en la Administración Local. Estos instrumentos garantizan unas bases sólidas para la organización de elecciones democráticas. La Comisión Electoral Central vigila que se cumplan estrictamente las normas que regulan el ejercicio de los derechos electorales por parte de todos los ciudadanos búlgaros, independientemente de su origen étnico.
8.Las personas pertenecientes a grupos minoritarios desempeñan un papel activo en la vida política y pública del país. Algunos partidos políticos están considerados como entidades representantes de los intereses de las personas de origen turco, y uno de ellos es una entidad política con una amplia base a nivel tanto nacional como local y sus miembros han participado con éxito en las elecciones a la Asamblea Nacional y a la administración local.
9.Durante las últimas elecciones parlamentarias y locales (celebradas en 2017 y en 2019), los principales partidos políticos mostraron un mayor interés por las cuestiones que afectan a las personas pertenecientes a grupos minoritarios e incluyeron a miembros de dichos grupos en sus respectivas listas electorales.
B.La Convención en el derecho interno y el marco institucional y normativo para su aplicación (recomendaciones formuladas en los párrafos 6, 10, 14 y 16)
Visibilidad de la Convención (recomendación formulada en el párrafo 6)
10.El Instituto Nacional de Justicia imparte sistemáticamente capacitación sobre la prevención de diferentes formas de discriminación, incluida la discriminación racial. Dicha capacitación forma parte del programa de formación obligatoria del Instituto Nacional de Justicia.
11.En octubre de 2017 se organizó un curso de formación especializada dedicado a las principales formas de discriminación. El curso se centró en los instrumentos de derecho internacional más importantes, como la Convención, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, con especial hincapié en la población romaní. Participaron en la formación 36 alumnos (21 jueces, 4 fiscales, 1 instructor y 10 secretarios judiciales) y otros representantes de los grupos destinatarios del Instituto Nacional de Justicia.
12.El Fiscal General ha aprobado una instrucción escrita sobre la labor de la Fiscalía relacionada con los expedientes y la fase de instrucción en casos relacionados con la discriminación y la política migratoria. Esa instrucción se ha transmitido a todos los fiscales a modo de orientación de su labor. Además, en 2018 se publicó una guía de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre los delitos de odio dirigida a fiscales y agentes de policía (véase el párrafo 36).
13.Entre 2017 y 2019, 114 fiscales y 4 instructores participaron en 27 cursos de formación sobre temas relacionados con los delitos de odio y los delitos motivados por la discriminación. A causa de la pandemia, en el primer semestre de 2020 no se organizó ningún curso de formación sobre estos temas.
14.El Organismo Estatal de Protección de la Infancia es la institución responsable de crear conciencia entre los niños sobre los derechos que los asisten en virtud de la Convención, así como sobre los servicios sociales disponibles para los niños en el territorio del país. El sitio web del Organismo mantiene información actualizada sobre los proveedores de servicios sociales autorizados. El Consejo de la Infancia, que actúa como órgano consultivo del Organismo Estatal de Protección de la Infancia, lleva a cabo una labor de concienciación acerca de los derechos del niño a nivel local y nacional. El Consejo está integrado por un representante de los niños de cada distrito administrativo del país, incluidos niños procedentes de comunidades vulnerables y marginadas, y el mandato de sus miembros tiene una duración de dos años. Su principal objetivo es presentar el punto de vista de los niños sobre cuestiones que afectan al derecho a la protección, el desarrollo y la participación de los niños en la sociedad. El Consejo permite a los niños intercambiar conocimientos e interactuar con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel tanto nacional como regional.
Órganos de defensa de la igualdad (recomendación formulada en el párrafo 10)
15.Desde su creación en 2005, la Comisión para la Protección contra la Discriminación y la Defensoría del Pueblo han realizado una labor constante destinada a mejorar sus sistemas de protección de los derechos humanos. En este sentido, se presta especial atención a la prevención y a la intervención temprana.
16.A fin de aplicar las recomendaciones formuladas por el Subcomité de Acreditación de las Naciones Unidas, la Defensora del Pueblo, con el apoyo del Gobierno y la Asamblea Nacional, aprobó en 2018 modificaciones de la Ley del Defensor del Pueblo y del Reglamento de la Defensoría del Pueblo. Se han aplicado todas las recomendaciones, y la Defensora del Pueblo solicitó la acreditación de clase A para su institución. En 2019, la institución fue acreditada oficialmente por el Subcomité de Acreditación como institución nacional de derechos humanos de la clase más alta (“A”), de conformidad con los Principios de París.
17.En la Ley del Defensor del Pueblo se prevé la protección de las libertades fundamentales de todas las personas en el territorio de Bulgaria. El Defensor o la Defensora del Pueblo presenta a la Asamblea Nacional o al Consejo de Ministros comentarios sobre proyectos de ley relacionados con los derechos humanos y analiza la conformidad de la legislación con los instrumentos internacionales y la legislación de la Unión Europea (UE) pertinentes. Asimismo, cuenta con el apoyo de una oficina. El Defensor o la Defensora del Pueblo es designado/a con arreglo a los principios de transparencia, eficacia, pluralismo y no discriminación.
18.En los últimos años, la Defensoría del Pueblo ha registrado un leve aumento de la carga de trabajo. Por ejemplo, en 2017 se recibieron 12.635 denuncias y notificaciones, mientras que en 2019 esa cifra se elevó a 12.916, y en 2017 se realizaron 12.539 inspecciones a raíz de denuncias y notificaciones de los ciudadanos, mientras que en 2019 esa cifra se elevó a 13.762. A pesar del aumento de esas cifras, más del 90 % de los casos se examinan y se dan por concluidos en el plazo de un mes.
19.Entre los motivos que aduce la Defensoría del Pueblo para explicar el aumento de la carga de trabajo se incluyen el elevado grado de confianza de la población en el organismo, el apoyo que este presta a los ciudadanos u organizaciones y su sistemática política de transparencia. Esto último se consigue mediante la celebración de reuniones con la sociedad civil, las asociaciones profesionales y los ciudadanos, la organización de mesas redondas dedicadas a temas sociales importantes, visitas a instituciones especializadas, la ampliación de los horarios de recepción y la organización de jornadas de puertas abiertas fuera de la capital.
20.La Defensoría del Pueblo cuenta con fondos suficientes, lo que garantiza una mejora gradual de la labor de la institución. La remuneración de sus funcionarios está en consonancia con los sueldos que se pagan en los sectores público y privado. El presupuesto se aprueba y se incrementa anualmente. En 2020 ascendía a 3.363.900 levas.
21.Para facilitar el acceso de todos los ciudadanos a la Defensoría del Pueblo, esta pone a su disposición las siguientes vías de comunicación: el correo ordinario, distintos números de teléfono para cada servicio concreto, el fax, el correo electrónico, la página web oficial o la atención en persona en la sede de la Defensoría o durante las jornadas de puertas abiertas organizadas fuera de la capital. En 2019 se personaron en la sede de la Defensoría 3.731 ciudadanos y se recibieron 9.430 llamadas.
22.Actualmente la Defensoría del Pueblo no tiene oficinas locales o regionales. En 2019, la institución introdujo tres nuevas formas de comunicación con los ciudadanos: las jornadas de puertas abiertas organizadas en diversas partes del país, los foros para consultas temáticas y un número de teléfono móvil dedicado específicamente a las personas con discapacidad. Las visitas de la Defensora del Pueblo a lugares situados fuera de la capital constituyen otra forma de dar a conocer su labor. En el período comprendido entre 2017 y 2019 se organizaron 81 jornadas de puertas abiertas y 87 visitas.
23.La Defensoría del Pueblo reconoce que el discurso de odio y los delitos de odio de naturaleza racista son problemas graves que requieren una atención especial. En su informe anual de 2019, la Defensora del Pueblo pidió a las instituciones nacionales que, para hacer frente a este problema, adoptasen medidas concretas, como llevar a cabo una labor de sensibilización y de prevención dirigida a los miembros de la sociedad e implantar un sistema de registro y seguimiento de este tipo de casos.
24.Tras 15 años en funcionamiento, la Comisión para la Protección contra la Discriminación sigue gozando del reconocimiento de los ciudadanos en cuanto que institución para la prevención y protección contra la discriminación y la promoción de la igualdad de oportunidades. Prueba de ello es el continuo aumento del número de denuncias recibidas, de expedientes abiertos y de ciudadanos que acuden a sus oficinas regionales. En 2019 se recibieron 921 denuncias (645 en 2017 y 751 en 2018) y se abrieron 920 expedientes (300 en 2017 y 721 en 2018); y 1.450 ciudadanos acudieron a las oficinas regionales y a las sesiones de atención al público organizadas (3.821 en 2017 y 4.236 in 2018). En el primer semestre de 2020 se recibieron 234 denuncias. Sumadas a las denuncias recibidas desde finales de 2019, el número total de expedientes abiertos es de 442.
25.La legislación otorga plena independencia a la Comisión para la Protección contra la Discriminación. La Comisión ofrece de forma independiente apoyo jurídico, asesoramiento legal y asistencia a las víctimas de discriminación o intolerancia, así como orientación metodológica en forma de asesoramiento legal sobre cómo presentar denuncias escritas. La Comisión está autorizada por ley para administrar datos personales.
26.Una de las características únicas de la Comisión para la Protección contra la Discriminación es su red de 24 representaciones regionales, cuya existencia se debe a la orientación social de la Ley de Protección contra la Discriminación y de la actuación de la Comisión en cuanto que entidad independiente para la prevención y protección contra la discriminación.
27.Las representaciones regionales de la Comisión para la Protección contra la Discriminación informan a los ciudadanos sobre temas relacionados con la Ley de Protección contra la Discriminación y el Reglamento de la Comisión y sus atribuciones, y ofrecen asistencia metodológica a los ciudadanos que desean iniciar un procedimiento ante la Comisión para la Protección contra la Discriminación. Asimismo, se presta una asistencia esencial a las víctimas de la discriminación, especialmente a las que viven en zonas remotas, tienen una discapacidad o pertenecen a grupos vulnerables.
28.Al igual que la Defensoría del Pueblo, la Comisión para la Protección contra la Discriminación organiza jornadas de puertas abiertas, seminarios y otro tipo de diálogos públicos. Las jornadas de puertas abiertas se celebran en los municipios. Se está designando a un coordinador por municipio para que asista al representante regional de la Comisión. Las jornadas de puertas abiertas son fundamentales para sensibilizar a la población, proporcionar asistencia jurídica preliminar y explicar los procedimientos para la presentación de denuncias ante la Comisión.
29.Cualquier ciudadano puede iniciar de forma gratuita un procedimiento ante la Comisión para la Protección contra la Discriminación. Estos procedimientos constan de una fase de examen y una fase de investigación. La fase de examen es importante para considerar los hechos planteados en la denuncia. La fase de investigación representa el inicio del procedimiento oficial e incluye diversas diligencias para recabar información y aclaraciones sobre las circunstancias del expediente que permitan averiguar la verdad objetiva. Las partes que participan en el procedimiento pueden recurrir ante un tribunal las decisiones de la Comisión en un plazo de 14 días.
30.El Gobierno búlgaro actualiza anualmente el presupuesto de la Comisión para la Protección contra la Discriminación en función de los recursos que esta requiere para cumplir eficazmente su mandato. El presupuesto se ha ido incrementando gradualmente a lo largo de los años. Por ejemplo, en 2013 su presupuesto era de 1.880.000 levas y en los últimos seis años se ha incrementado en un tercio. Así, en 2020 se asignó a la Comisión una cuantía de 2.969.000 levas.
31.Los principios de la representación equilibrada de hombres y mujeres y la inclusión de representantes de grupos étnicos también se tienen en cuenta a la hora de proponer y elegir a los miembros de la Comisión para la Protección contra la Discriminación.
32.Con el fin de desarrollar todo el potencial de la Comisión para la Protección contra la Discriminación, se está llevando a cabo una labor continua para ampliar sus competencias, garantizar la plena inmunidad funcional de sus miembros y aumentar la eficacia de sus sanciones. En 2018 se puso en marcha un proyecto destinado específicamente a reforzar la capacidad del personal de la Comisión impartiendo a sus miembros formación especializada en los ámbitos de la justicia, la prevención y la protección contra la discriminación en relación con los grupos vulnerables.
Sistema de justicia penal (recomendación formulada en el párrafo 14)
33.La prevención y la protección contra todas las formas de discriminación racial son elementos obligatorios de la formación inicial de los magistrados noveles. Las diferentes formas de discriminación se estudian también en el curso de formación que se organiza para los candidatos a ocupar por primera vez un cargo de magistrado, fiscal o instructor.
34.Entre junio de 2017 y junio de 2020 se impartieron una serie de cursos de formación organizados por el Instituto Nacional de Justicia en el ámbito de la formación profesional de los magistrados. Durante el período sobre el que se informa, 244 representantes de los grupos destinatarios del Instituto, incluidos 166 magistrados, 36 secretarios judiciales y 42 representantes de otras instituciones (expertos del Ministerio del Interior y del Organismo Estatal para los Refugiados), recibieron formación sobre cuestiones relativas a la prevención de la discriminación por motivos de raza, origen étnico o nacionalidad y la lucha contra ese tipo de discriminación.
35.Las fuerzas del orden y las autoridades de justicia penal de Bulgaria han participado activamente en iniciativas y cursos de formación organizados en colaboración con la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y el Consejo de Europa. Su objetivo es mejorar la capacidad de registrar y recopilar datos sobre los delitos de odio. Entre las principales iniciativas cabe mencionar:
La adaptación y aplicación de la guía práctica de la OIDDH titulada Desarrollar una comprensión de los delitos de odio de naturaleza antisemita y abordar las necesidades de seguridad de las comunidades judías a petición del Gobierno búlgaro. Basándose en el informe de la Misión de Evaluación de las Necesidades de la OIDDH, se organizaron cursos modelo para los agentes del orden a fin de dar respuesta a las necesidades de seguridad y las experiencias de otras comunidades vulnerables a los delitos de odio. La guía se tradujo al búlgaro y se presentó en noviembre de 2018 en un acto conjunto que contó con la participación del Gobierno búlgaro, la organización judía de Bulgaria Shalom y el Congreso Judío Mundial.
En el primer semestre de 2018 se organizaron tres cursos piloto de capacitación para agentes de policía y fiscales en tres ciudades búlgaras en el marco del proyecto de la OIDDH titulado “Creación de un marco global de respuesta de la justicia penal a los delitos de odio”. Esa capacitación permitió a los participantes reconocer y subsanar las diferencias existentes en sus respectivas concepciones de los delitos de odio y en los enfoques que adoptaban al ocuparse de casos de delitos de odio. Teniendo en cuenta los resultados de esa labor, la OIDDH tradujo al búlgaro la publicación titulada Manual on Joint Hate Crime Training for Police and Prosecutors.
Bulgaria copatrocinó un evento paralelo en el marco de la Reunión de Aplicación sobre Cuestiones de la Dimensión Humana organizada por la OSCE en Varsovia el 20 de septiembre de 2018. El evento paralelo tenía como objetivo presentar los resultados y las buenas prácticas extraídas de la labor realizada en los cuatro países participantes en el proyecto, incluido el manual de formación conjunta sobre los delitos de odio dirigido a agentes de policía y fiscales en Bulgaria.
En una conferencia organizada por la OIDDH en Viena el 14 de noviembre de 2018 se presentó a funcionarios gubernamentales y representantes de la sociedad civil un conjunto de herramientas para ayudar a los Estados participantes en la OSCE a adoptar un enfoque integral para luchar contra los delitos de odio. El conjunto de herramientas se había elaborado en el marco del proyecto arriba mencionado y estaba dirigido a cuatro países: Bulgaria, Grecia, Italia y Polonia. Incluía un conjunto de actividades de capacitación, metodologías y directrices que podían utilizar las instituciones públicas y de la sociedad civil que se dedican a la lucha contra los delitos de odio. En el evento participaron numerosos representantes de la Fiscalía, la judicatura, la policía nacional y la Comisión para la Protección contra la Discriminación de Bulgaria.
La OIDDH de la OSCE ayudó a las ONG búlgaras a crear en 2019 una coalición de varias organizaciones que se dedican a la lucha contra las diferentes formas de intolerancia y discriminación. Entre las actividades que se realizaron se incluyeron un taller sobre la metodología y la plataforma de denuncias de la sociedad civil de la OIDDH relacionadas con los delitos de odio, celebrado en Sofía del 19 al 21 de febrero de 2019, al que asistieron 20 participantes; el intercambio de buenas prácticas internacionales; y reuniones para delimitar las funciones de cada miembro de la coalición. Estos esfuerzos culminaron con la creación de la Coalición Búlgara para el Registro de los Delitos de Odio, cuyos miembros están formados para registrar y notificar adecuadamente los delitos de odio y disponen de un formulario de registro de dichos delitos. La coalición está formada por organizaciones que representan a grupos diversos, como las comunidades judía, romaní y de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) de Bulgaria.
Uno de los proyectos de la OIDDH de la OSCE se está ejecutando en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La publicación titulada Prevención del antisemitismo mediante la educación: Directrices para los responsables de la formulación de políticas se tradujo al búlgaro y se publicó en enero de 2020. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha proporcionado ayuda al desarrollo organizando dos talleres regionales destinados a impartir formación a los encargados de formular políticas sobre cómo combatir el antisemitismo mediante la educación en los Balcanes Occidentales y Europa Oriental. Los talleres se organizan en el marco de un proyecto conjunto de la UNESCO, la OSCE y el Congreso Judío Mundial.
En junio de 2019, la FRA y la OIDDH organizaron conjuntamente un taller sobre formas de mejorar los enfoques nacionales para el registro oficial de los delitos de odio y la recopilación de datos al respecto. El taller fue organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y reunió a más de 30 representantes de la policía, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, la judicatura y varias ONG que se dedican a llevar un seguimiento de los casos de delitos de odio. El acto incluyó un discurso de apertura del Ministro del Interior, una mesa redonda de alto nivel para crear conciencia acerca de la necesidad de intensificar la respuesta de Bulgaria a los delitos de odio y un taller técnico con especialistas.
36.El Instituto Nacional de Estadística recoge datos sobre los delitos cometidos y las personas acusadas y condenadas en aplicación de las disposiciones pertinentes del Código Penal. Los datos se recogen a través de una encuesta especializada titulada “Delitos y personas acusadas y condenadas”, que se incluye en el Programa Estadístico Nacional, el cual es aprobado con carácter anual por el Consejo de Ministros.
37.El Instituto Nacional de Estadística recoge datos sobre los delitos cometidos y las personas acusadas y condenadas por sentencia firme. Los datos se presentan desglosados por sexo y edad, con subcategorías como mayor o menor de edad, y nacionalidad. Los datos estadísticos sobre el número y la naturaleza de los delitos denunciados figuran en el anexo correspondiente del informe (véase la sección V).
38.Todos los fiscales pueden encargarse de casos relacionados con el discurso de odio y los delitos de odio en el marco de las competencias profesionales que se les exigen. No hay fiscales especiales designados para encargarse de ese tipo de casos.
Responsabilidad civil y administrativa (recomendación formulada en el párrafo 16)
39.El artículo 83a de la Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas prevé una sanción pecuniaria para la persona jurídica que se haya enriquecido o vaya a enriquecerse con determinados delitos, entre los que se encuentran los contemplados en los artículos 162, párrafos 1 y 2, 164, párrafo 1, y 419a del Código Penal, así como todos los delitos cometidos por encargo o en cumplimiento de una decisión de un grupo delictivo organizado.
40.La sanción pecuniaria puede elevarse hasta a 1.000.000 levas cuando se trate de un beneficio no pecuniario o no se pueda establecer su magnitud, y no puede ser inferior al equivalente del beneficio cuando este sea pecuniario. Esta sanción se puede imponer a una entidad jurídica que no tenga su domicilio social en el territorio de Bulgaria cuando el delito se haya cometido en el territorio del país.
41.Se considera que los delitos son cometidos por una entidad jurídica cuando los comete una persona facultada para ejecutar la voluntad de la entidad jurídica; una persona que represente a la entidad jurídica; una persona designada en el órgano de vigilancia o supervisión de la entidad jurídica, o un trabajador o empleado al que la entidad jurídica haya asignado una tarea específica cuando el delito se haya cometido en el trabajo o en relación con el desempeño de dicha tarea. La entidad jurídica deberá abonar la sanción pecuniaria incluso cuando esas personas hayan instigado o ayudado a alguien cometer el delito o cuando los actos delictivos se queden en grado de tentativa. La sanción pecuniaria se impone con independencia de la responsabilidad penal de los cómplices en la comisión del acto delictivo.
C.Discurso de odio y delitos de odio de naturaleza racista (recomendación formulada en el párrafo 12)
42.El Gobierno búlgaro ha adoptado una posición firme en su condena de cualquier manifestación de odio, intolerancia, discriminación y antisemitismo. Asimismo, ha adoptado la práctica sistemática de denunciar públicamente las manifestaciones de antisemitismo, xenofobia y discurso de odio. El Gobierno sigue estableciendo las condiciones y políticas necesarias para la existencia de un entorno libre de toda forma de discriminación, entre otras cosas mediante la colaboración con las organizaciones internacionales y regionales para hacer frente de forma conjunta a estos problemas.
43.Los delitos de odio, incluido el discurso de odio, están tipificados en un apartado específico del Código Penal de Bulgaria, a saber: el capítulo tercero, titulado “Delitos contra los derechos de los ciudadanos”. Se han añadido las motivaciones raciales y xenófobas como circunstancias agravantes en los elementos constitutivos de delito en la comisión de un homicidio y de lesiones corporales, en cuyo caso se imponen penas más severas por esos delitos. En los casos en que el racismo y la xenofobia afecten a los derechos laborales de los ciudadanos, también se prevén sanciones.
44.También están tipificados como delitos penales los actos de condonación, denegación o trivialización inconsiderada de los delitos contra la paz y la humanidad, cuando la conducta se realiza de tal manera que, probablemente, incitará a la violencia o al odio contra una persona o grupo de personas por su raza, color, ascendencia, religión u origen nacional o étnico. La incitación a este tipo de delitos también es punible.
45.En todos los demás casos, a la hora de determinar la sanción penal, el tribunal tiene en cuenta los motivos por los que se cometió el acto en cuestión, incluidos posibles motivos racistas. Si los motivos por los que se cometió un determinado delito son de naturaleza racista, se consideran circunstancia agravante y el tribunal impone una pena cercana al límite superior.
46.La prevención de los delitos de odio y la lucha contra ellos también figuran entre las prioridades de la policía y las autoridades judiciales. El Código Penal aplica las normas consagradas en la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal al tipificar como delito los actos de racismo y xenofobia, así como la incitación a la discriminación y la violencia, entre otras cosas por motivos religiosos.
47.En 2018, Bulgaria solicitó la asistencia de la OIDDH de la OSCE para revisar el Código Penal búlgaro, principalmente las disposiciones relacionadas con la lucha contra la discriminación, los delitos de odio y el discurso de odio, y su conformidad con los compromisos y normas internacionales. En su dictamen jurídico, la OIDDH formuló una serie de recomendaciones sobre la agravación de las penas haciendo una referencia explícita a la motivación basada en los prejuicios, incluida una recomendación para definir la noción de “discurso de odio” en términos de responsabilidad penal. Estas recomendaciones fueron examinadas por las autoridades nacionales, entre otras entidades por el Grupo de Contacto dependiente del Coordinador Nacional de la Lucha contra el Antisemitismo. A finales de 2019 se presentó ante el Parlamento un proyecto de modificación del Código Penal para incrementar de 3 a 5 años las penas por delitos de odio de naturaleza antisemita, xenófoba o racista. La modificación tiene por objeto eliminar la posibilidad de sancionar únicamente con una multa administrativa a los infractores sin antecedentes penales y permitir que se impongan penas de prisión efectiva.
48.En los últimos años se han organizado varios actos públicos con el fin de enviar una señal clara de tolerancia cero frente al odio y las actitudes discriminatorias. Su objetivo es reforzar la imagen de Bulgaria como un país tolerante que garantiza la participación en igualdad de condiciones de todas las comunidades, independientemente de su identidad étnica, religiosa o de otro tipo. En respuesta a las alertas y denuncias de la comunidad judía, el Coordinador Nacional de la Lucha contra el Antisemitismo se ha puesto en contacto con las autoridades nacionales y locales para dar una respuesta rápida a los incidentes antisemitas investigando y enjuiciando a los autores, retirando y confiscando artículos de recuerdo relacionados con el nazismo que estaban a la venta y desalentando e impidiendo la venta de dichos artículos (véanse los párrafos 141 y 142).
49.En 2017, la Marcha de Lukov, una procesión anual de jóvenes ultranacionalistas y neonazis en la que enarbolan antorchas y cuyo objetivo es glorificar el legado de un político pronazi e impulsor del Holocausto, fue prohibida por una orden de la Alcaldesa de Sofía, que posteriormente fue revocada por el tribunal administrativo sobre la base del derecho constitucional de reunión pacífica. En febrero de 2020, una decisión del Tribunal Supremo Administrativo que confirmó la prohibición de la Alcaldesa de Sofía dio lugar a la anulación de la Marcha de Lukov por primera vez en 17 años. El acto se limitó a una breve ceremonia en la que se depositaron flores en la casa en la que había vivido Lukov, a la que asistieron menos de 100 simpatizantes.
50.El 11 de septiembre de 2018 se lanzó una campaña pública denominada “Sofía: ciudad de tolerancia y sabiduría”, patrocinada por la Alcaldesa de la capital. El manifiesto titulado “Juntos contra el discurso de odio” fue firmado por la Alcaldesa, el Coordinador Nacional de la Lucha contra el Antisemitismo y el Presidente de la organización Shalom, y sus signatarios se comprometían a combatir la intolerancia y el discurso de odio. La campaña pública pretende ser un proyecto a largo plazo para crear una alianza de diversas instituciones y organizaciones civiles en contra del discurso de odio y la discriminación aprovechando una serie de iniciativas, eventos y actividades educativas, como la iniciativa Limpiemos de Odio las Calles de Sofía para limpiar esvásticas y otras pintadas ofensivas de los muros de la capital búlgara, en la que participaron 100 voluntarios.
51.La Presidencia búlgara del Consejo de la UE (enero a junio de 2018) incluyó la lucha contra el antisemitismo, el discurso de odio, la xenofobia y otras formas de intolerancia entre sus prioridades. Los días 22 y 23 de mayo de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto de Yad Vashem organizaron en Sofía un seminario de formación sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo y la intensificación del discurso de odio y los delitos de odio dirigido a los educadores y los encargados de formular políticas. El objetivo del seminario era debatir sobre la cooperación regional, idear estrategias prácticas y hacer frente a las dificultades que pudieran surgir en la educación sobre el Holocausto, la promoción de los derechos humanos y la lucha contra los delitos de odio de naturaleza antisemita. Entre los participantes se encontraban representantes de Estados miembros de la UE y países candidatos a entrar en ella, así como de la Alianza Internacional para la Recordación del Holocausto, la OIDDH de la OSCE, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa y la FRA.
52.El 10 de marzo de 2019, el Consejo Espiritual Central Israelí y 11 ONG se sumaron a la campaña para establecer una red de colaboración de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con una sociedad libre de intolerancia y discurso de odio, y firmaron un memorando de cooperación y colaboración en la lucha contra el discurso de odio y la discriminación en la sociedad búlgara. Diversos funcionarios del Gobierno asistieron a ambas ceremonias de firma y expresaron su firme apoyo a la iniciativa de la sociedad civil.
53.El 10 de marzo de 2019 tuvo lugar en las calles de Sofía la primera marcha por la tolerancia y la unidad bajo el lema “Juntos por Bulgaria, juntos por Europa”, en la que participaron más de 1.500 personas de toda la sociedad búlgara. La marcha se organizó en colaboración con la asociación Shalom y la alcaldía de Sofía. La segunda marcha anual por la tolerancia estaba prevista para el 15 de marzo de 2020, pero se canceló debido a las restricciones impuestas para frenar la propagación de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19).
54.El ordenamiento jurídico búlgaro en vigor protege la integridad personal. Todas las emisoras de radio y televisión tienen la obligación de no producir ni transmitir contenidos que inciten a la intolerancia nacional, política, étnica, religiosa y racial o que ensalcen la crueldad y la violencia. Los resultados del seguimiento de las transmisiones de radio y televisión ponen de manifiesto que la mayoría de los proveedores de servicios de comunicación informan de manera objetiva sobre temas relacionados con cuestiones étnicas.
55.El Ministerio de Cultura está elaborando un proyecto de modificación de la Ley de Radio y Televisión con arreglo a las disposiciones consagradas en la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, aprobada en 2018. El proyecto de ley prevé reforzar las competencias del organismo regulador de los medios de comunicación —el Consejo de Medios Electrónicos—, la introducción de medidas más estrictas contra el uso del discurso de odio y la prohibición de la incitación a la violencia, el odio o los actos terroristas en los servicios de comunicación audiovisual. Esas disposiciones se aplican también a las plataformas de intercambio de videos.
56.Otra serie de propuestas de modificación se centran en la cuestión de la financiación de los medios de comunicación públicos. Se espera que se impugne el actual Fondo para la Radio y la Televisión, que no ha llegado a entrar en funcionamiento desde que se estableció.
57.La Ley de Radio y Televisión incluye asimismo disposiciones que exigen a los proveedores de servicios de comunicación que no permitan la producción y distribución de programas que inciten al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad. En el período sobre el que se informa se dictaron cuatro sentencias penales, posteriormente confirmadas por el tribunal, contra diversas entidades, a saber: Vision Lab Ltd (por emitir burlas sobre el Holocausto), Investor.BG (por emitir contenido que incitaba a la comisión de delitos de odio contra el colectivo LGTBI), Nova Broadcasting Group (por emitir contenido violento) y el partido político ATAKA, en su calidad de proveedor del servicio de medios audiovisuales ALFA TV (por expresiones ofensivas y discurso de odio).
58.Actualmente, hay dos procesos pendientes incoados contra la Televisión Nacional Búlgara (por emitir segmentos que exculpaban actos de crueldad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial) y la discográfica Payner Music (por distribuir un video musical con simbología nazi).
59.El Consejo de Medios Electrónicos llevó a cabo una labor de vigilancia en las campañas electorales de los candidatos a diputado del Parlamento Europeo, así como en las elecciones locales que se celebraron en 2019. No se registró ningún caso de discurso de odio o acto de discriminación en los proveedores de medios de comunicación sometidos a vigilancia.
D.Discriminación contra los romaníes (recomendación formulada en el párrafo 20)
60.Bulgaria contribuye a la iniciativa común de la UE para crear una Europa social funcional y moderna, teniendo en cuenta problemas como la pobreza y la exclusión social de los grupos vulnerables, entre ellos los romaníes. La política búlgara de integración efectiva de los romaníes siempre ha sido y seguirá siendo una de las principales prioridades de cualquier Gobierno. Con la aprobación por la Asamblea Nacional de la Estrategia Nacional de la República de Bulgaria para la Integración de los Romaníes (2012-2020), el Estado reafirmó su compromiso de alcanzar esos objetivos.
61.La vigilancia y el examen de la aplicación de la Estrategia Nacional para la Integración de los Romaníes se garantizan a través de una plataforma habilitada específicamente a tal efecto. En ella se incluye información a nivel tanto regional como nacional, con indicadores pertinentes para la recopilación de datos. Los expertos regionales en cuestiones étnicas y de integración reúnen datos sobre la ejecución de los planes de acción de los municipios y los tienen en cuenta a la hora de elaborar los informes que presentan a la secretaría del Consejo Nacional de Cooperación en Asuntos Étnicos y de Integración.
62.Está previsto que a finales 2020, una vez finalice el proceso de evaluación, se apruebe la Estrategia Nacional para la Integración de los Romaníes para el período posterior a 2020. El proceso está coordinado por la secretaría del Consejo Nacional de Cooperación en Asuntos Étnicos y de Integración y consta de dos fases:
Un análisis de la ejecución de la actual Estrategia —que abarca el período 2012‑2020—, realizado por investigadores académicos de la Academia de Ciencias de Bulgaria, universidades y otras instituciones académicas.
La aprobación del documento estratégico para el período posterior a 2020, que se organizará en colaboración con todas las partes interesadas, incluidas ONG que se dedican a temas específicos, expertos de las instituciones encargadas de la formulación, la aplicación y el seguimiento de la política de integración, representantes de los distritos y las administraciones municipales y las comunidades locales.
63.Un documento clave en relación con el ámbito de la pobreza y la exclusión social en Bulgaria es la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza y la Promoción de la Inclusión Social (2020), aprobada por el Consejo de Ministros el 6 de febrero de 2013. Esta estrategia incluye el objetivo nacional de reducir el número de personas que viven en la pobreza y, dentro de ese objetivo, formula cuatro metas relativas a los niños, los desempleados, los trabajadores pobres y las personas mayores. La ejecución de la estrategia se supervisa mediante planes de acción bienales. El plan de acción para 2019-2020 se centra en medidas relacionadas con el empleo y la educación. Otras actividades importantes son promover la inclusión activa de los grupos más vulnerables, aumentar el salario medio y el salario mínimo, asegurar el acceso a una atención sanitaria de calidad, y crear condiciones y garantías de igualdad y plena participación para las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida pública.
Vivienda
64.Para mejorar las condiciones de vivienda, el Gobierno búlgaro sigue compilando mapas y registros catastrales que sirven de base para la elaboración de planes de desarrollo urbano. Se alienta a las autoridades locales a aplicar la reglamentación urbana a las zonas residenciales en las que predomina la población romaní y a prever nuevas zonas para la construcción de viviendas. Se prevén fondos del presupuesto del Estado para elaborar mapas y registros catastrales, así como para mejorar la infraestructura técnica existente y crear nueva infraestructura en las zonas en las que viven romaníes.
65.Las condiciones para el alojamiento de grupos vulnerables en viviendas sociales están recogidas en las ordenanzas y demás instrumentos de las autoridades administrativas locales. Estas adoptan un enfoque no discriminatorio en el proceso de selección de las personas que van a ser alojadas en viviendas sociales, respetando el principio de integración de todos los ciudadanos en situación de vulnerabilidad sin discriminación por motivos de sexo, raza, etnia u otros.
66.A la hora de iniciar un procedimiento de demolición de construcciones ilegales, las autoridades administrativas competentes no están obligadas por la ley a averiguar el origen o la etnia de los infractores. Su objetivo es respetar las disposiciones legales en interés de la sociedad y del Estado.
67.Todas las órdenes judiciales de demolición de construcciones ilegales hacen referencia a la ilegalidad de las construcciones, independientemente de su ubicación y de la etnia de sus ocupantes. Aunque todavía no está firmemente establecida, la jurisprudencia nacional ha determinado que se ha de evaluar la proporcionalidad de las órdenes de expulsión y de las medidas destinadas a su ejecución tomando en consideración la situación personal y familiar de los infractores. Entre los factores que pueden tenerse en cuenta se incluye la pertenencia a un grupo vulnerable.
68.El Gobierno búlgaro ha elaborado propuestas de modificación de la legislación relativas a los desalojos forzosos y la destrucción forzosa de estructuras ilegales. Los textos se han elaborado a raíz del análisis llevado a cabo por el grupo de trabajo interministerial presidido por el Ministerio de Desarrollo Regional y Obras Públicas. Para preparar la evaluación del impacto, el Ministerio ha solicitado información a las instituciones cuyas actividades se verán afectadas, por ejemplo, los municipios (a través de la Asociación Nacional de Municipios de la República de Bulgaria), los gobernadores regionales y la Dirección Nacional de Supervisión de la Construcción. Las modificaciones incluyen la evaluación obligatoria de la proporcionalidad de la injerencia en el derecho a la intimidad y a la vida familiar y a la inviolabilidad del domicilio a la hora de dictar órdenes de embargo de bienes estatales y municipales, así como de demolición de construcciones ilegales.
69.El Gobierno búlgaro se esfuerza por proporcionar viviendas sociales a las familias romaníes a través de varios programas de vivienda especializados:
En 2018 se puso en marcha una operación combinada de integración socioeconómica de los grupos vulnerables con un presupuesto de más de 100.000.000 levas. Con ella se hicieron frente a los problemas que dificultaban la inclusión social y la integración sostenible mediante proyectos de construcción de nuevas viviendas sociales y de reconstrucción urbana.
Durante el período 2017-2020 se firmaron 15 contratos de subvenciones para proyectos de viviendas sociales con los municipios de Ruse, Stara Zagora, Pérnik, Kárdzhali, Lóvech, Smolyan, Razgrad, Silistra, Velingrad, Burgas, Shumen, Vratsa, Kazanlak, Pétrich y Svishtov con un presupuesto de 32.007.600 levas. Su ejecución permitirá rehabilitar 813 viviendas en zonas urbanas.
En el marco del Programa Operativo de la UE de Regiones en Crecimiento (2014‑2020), se prevén proyectos para proporcionar viviendas sociales modernas a todos los grupos vulnerables. La convocatoria de licitación se cerró a finales de 2019. Los proyectos están actualmente en fase de evaluación.
Hay 27 municipios incluidos en proyectos de viviendas sociales para mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables. Un aspecto importante de los proyectos es que deben recabar el apoyo de la comunidad local antes de presentar la solicitud. La comunidad local se compromete a obtener, mediante campañas de sensibilización, el grado de apoyo público y de tolerancia social necesario para los proyectos.
Acceso a la educación
70.El Gobierno búlgaro está adoptando medidas para eliminar las causas de la propagación de las desigualdades sociales en los grupos vulnerables debido al bajo nivel de estudios de los padres. El Gobierno también reconoce que, para hacer frente al elevado número de casos de abandono escolar, Bulgaria necesita una política integrada y el compromiso de todas las autoridades e instituciones estatales.
71.En 2018, el Gobierno búlgaro aprobó un mecanismo para garantizar la cobertura y la inclusión en el sistema educativo de los niños y alumnos en edad preescolar y escolar obligatoria. Se presta especial atención al impacto regional a través de los departamentos e instituciones regionales de educación en el sistema de educación preescolar y escolar. Los alcaldes y las administraciones municipales participan en el proceso.
72.La aplicación del mecanismo contribuye a reducir el porcentaje de casos de fracaso y abandono escolares (en línea con el objetivo nacional de que, a más tardar en 2020, este sea inferior al 11 %). Motiva a los niños y alumnos en sus estudios y su desarrollo personal y genera en los padres una actitud positiva hacia la educación de sus hijos.
73.El mecanismo prevé asimismo que las regiones sean responsables de las instituciones educativas. Los directores de escuelas o centros de enseñanza preescolar están implementando un proceso para promover la retención que incluye la figura de un mediador educativo, un trabajador social, un profesor auxiliar u otros expertos para reforzar el acceso a la educación y evitar el abandono escolar. Todos ellos participan en las actividades relacionadas con la labor de averiguar las razones de la ausencia del niño y adoptan las medidas pertinentes. A discreción de los directores, también pueden participar los proveedores locales de servicios sociales.
74.Desde 2018 se están adoptando medidas específicas para destinar fondos del presupuesto estatal en favor de los niños y alumnos pertenecientes a grupos vulnerables. En 2019, el presupuesto para esas medidas era de 25.307.800 levas. Se matriculó a 11.378 niños en cursos de formación complementaria de lengua búlgara, se nombraron 115 especialistas pedagógicos (psicólogos, logopedas y profesores de educación especial) y 224 mediadores educativos, asistentes pedagógicos, profesores auxiliares y trabajadores sociales y se capacitó a 1.630 profesores en el uso de una prueba de detección de las dificultades de aprendizaje en los niños.
75.La asignación presupuestaria permite impartir formación complementaria a niños y alumnos no búlgaros o con dificultades para asimilar los contenidos escolares. Las instituciones pueden contratar a trabajadores sociales, mediadores educativos o profesores auxiliares para reforzar el acceso a la educación y prevenir el riesgo de abandono en el sistema educativo preescolar y escolar.
76.El Programa Nacional de Apoyo a los Municipios asigna fondos a los municipios para que adopten medidas, como, por ejemplo:
Realizar actividades de desegregación para mejorar el acceso de los niños y alumnos pertenecientes a grupos étnicos a una educación de calidad.
Garantizar la gratuidad del transporte para los niños matriculados en centros de enseñanza preescolar obligatoria, así como para los que asisten a centros educativos segregados.
Llevar a cabo una labor educativa, de formación y de socialización en centros educativos de acogida no segregados.
Proporcionar recursos y material didáctico gratuitos a los niños matriculados en centros de enseñanza preescolar obligatoria y a los alumnos implicados en el proceso de desegregación educativa, así como institucionalizar la labor de los mediadores educativos.
77.El Ministerio de Educación y Ciencia y la Nueva Universidad Búlgara han desarrollado y aprobado una herramienta para la evaluación integrada de las necesidades de los niños en situación de riesgo. La herramienta ofrece un enfoque integral y moviliza los recursos de los sistemas social, educativo y sanitario para realizar una intervención oportuna y coordinada que permita detectar lo antes posible las distintas dificultades que pueda tener el niño y los riesgos que pueda correr. El Ministerio de Educación y Ciencia sigue prestando apoyo metodológico a los equipos encargados de la cobertura del sistema educativo.
78.En 2017, el Ministerio de Educación y Ciencia ultimó con éxito la preparación de las asignaturas de turco, hebreo, armenio y romaní como lengua materna, la celebración de consultas al respecto y su incorporación en los planes de estudio. Se ha aprobado una orden sobre educación inclusiva. También se está incrementando el número de módulos de enseñanza en búlgaro en los grupos de preescolar para los niños de 5 y 6 años que no tienen el búlgaro como lengua materna, a fin de equiparar sus oportunidades de partida con las de los demás niños.
Información sobre el estudio de idiomas distintos del búlgaro como lengua materna en el sistema educativo búlgaro
Año escolar |
Turco |
Armenio |
Hebreo |
Total |
2017/18 |
5 335 |
117 |
184 |
5 636 |
2018/19 |
4 464 |
106 |
167 |
4 737 |
2019/20 |
3 723 |
98 |
63 |
3 883 |
79.Hay actividades específicas para los padres destinadas a reducir el riesgo de abandono escolar. Se organizan con el apoyo de mediadores educativos, trabajadores sociales, líderes romaníes, representantes de ONG y otras partes interesadas en el proceso educativo.
80.El Ministerio de Educación y Ciencia y el Organismo de Asistencia Social intercambian información con carácter mensual sobre los niños matriculados en el sistema educativo preescolar y escolar que han estado ausentes sin motivo y sobre la suspensión de las ayudas a las familias. La Dirección Regional de Asistencia Social se ocupa de las medidas basadas en la derivación de los niños y alumnos hacia los servicios sociales comunitarios pertinentes o en el asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la asistencia y los servicios sociales.
81.En 2018 se estableció, por decreto del Gobierno, un nuevo mecanismo de coordinación de la labor de las instituciones para incluir a los niños y alumnos en edad preescolar y escolar obligatoria en el sistema educativo. Alrededor de 1.280 equipos integrados por expertos de diferentes instituciones trabajan sobre el terreno, lo que convierte al mecanismo en un instrumento clave para la prevención del abandono escolar. En los dos años que siguieron a su creación se realizaron 17.294 visitas y se logró reintroducir a 6.500 niños y alumnos en el sistema educativo. El análisis revela que, de todos los niños y alumnos que habían regresado a la escuela, solo 745 la abandonaron y, posteriormente, 278 volvieron a ella.
82.El Ministerio de Educación y Ciencia ha elaborado un proyecto en el marco de los Fondos Estructurales de la UE destinado a identificar de forma precoz a los alumnos en riesgo de abandono y a prestar un apoyo pedagógico adicional. Durante el curso escolar 2018/19, 56.880 alumnos formaban parte de grupos de estudio de asignaturas incluidas en los planes de estudio de la enseñanza primaria y secundaria. Durante el curso escolar 2019/20, esa cifra ascendió a 67.500.
83.Durante el curso escolar 2019/20, a raíz de las medidas adoptadas por el Gobierno búlgaro, de 1.110 escuelas con un elevado porcentaje de alumnos pertenecientes a grupos vulnerables, 1.107 abrieron grupos de estudio adicionales. Las medidas se centraron principalmente tanto en la necesidad de aplicar políticas de educación inclusiva como en la de ofrecer las instalaciones y los recursos necesarios para trabajar con alumnos pertenecientes a grupos vulnerables.
Servicios de salud
84.La igualdad en el acceso de los pacientes a atención médica está consagrada en la Constitución del país. Todos los servicios de salud se prestan a todos los ciudadanos búlgaros, independientemente de su sexo, edad y origen étnico o social. El Estado proporciona acceso a la asistencia sanitaria tanto a las personas que tienen seguro médico como a las que no lo tienen.
85.Bulgaria aplica una política sanitaria sostenible. Numerosas medidas han contribuido a lograr avances significativos en los siguientes ámbitos: la salud maternoinfantil, la política de inmunización, el acceso de las personas en situación de riesgo y desfavorecidas y los grupos pertenecientes a minorías étnicas a los servicios de salud, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y el tratamiento gratuito de todas las personas con VIH y tuberculosis, independientemente de su situación en materia de seguro médico.
86.Según lo dispuesto en la legislación búlgara, es obligatorio tener seguro médico en Bulgaria. Todas las personas que disponen de un seguro médico tienen derecho a la asistencia médica del tipo, la cuantía y el alcance previstos con cargo al presupuesto del Fondo Nacional del Seguro de Salud. Fuera del ámbito del seguro médico, el Ministerio de Salud proporciona financiación con cargo al presupuesto del Estado para prestaciones médicas como la atención médica de urgencia, las vacunas para menores de 18 años o los programas de detección temprana de enfermedades congénitas en recién nacidos a fin de iniciar el tratamiento en forma oportuna. También se destinan fondos para el diagnóstico y tratamiento en hospitales de personas que carecen de ingresos y/o patrimonio.
87.Cada año, el Ministerio de Salud habilita 21 gabinetes médicos móviles para organizar y realizar reconocimientos médicos en los asentamientos con un elevado porcentaje de población romaní. Estos gabinetes incluyen 4 unidades de reconocimientos preventivos generales, 2 unidades fotofluorográficas, 2 unidades mamográficas, 3 unidades de imágenes médicas, 3 unidades de laboratorio clínico, 3 unidades de reconocimientos pediátricos y 4 unidades de reconocimientos obstétricos. Se están asignando recursos anuales para la realización de reconocimientos y estudios preventivos en los barrios en los que predomina la población de origen romaní.
88.En 2019 se llevaron a cabo 1.962 reconocimientos fluorográficos, 2.261 reconocimientos ginecológicos, 1.541 reconocimientos pediátricos, 1.008 mamografías, 1.772 ecografías y 1.853 pruebas de laboratorio. Los datos correspondientes a 2020 estarán disponibles a finales de año.
89.La prestación de servicios preventivos de salud maternoinfantil para todos los ciudadanos búlgaros es una de las prioridades de la política sanitaria. Las mujeres embarazadas con seguro médico tienen derecho a que se les practiquen pruebas y reconocimientos periódicos durante el embarazo, así como reconocimientos adicionales cuando se trate de un embarazo de riesgo, y el parto en las condiciones previstas por el Fondo Nacional del Seguro de Salud. Las mujeres embarazadas sin seguro médico tienen derecho a un reconocimiento gratuito durante el embarazo y el parto. Se realizan visitas a domicilio, se efectúan reconocimientos médicos gratuitos y se ofrece asesoramiento a las mujeres embarazadas y los niños menores de 3 años, centrándose en los grupos de riesgo, especialmente en la población romaní.
90.En el Programa Nacional para la Mejora de la Salud de la Madre y el Niño (2014‑2020) se ofrecen servicios sanitarios relacionados con el diagnóstico precoz y el tratamiento integral de determinadas enfermedades que no están incluidos en la cobertura del seguro médico. Estos servicios incluyen consultas médicas y visitas a domicilio de especialistas que trabajan en centros de salud maternoinfantil para mujeres embarazadas, mujeres con patologías relacionadas con el embarazo, niños con discapacidad o enfermedades crónicas y bebés prematuros. También se ofrecen servicios adicionales cuando se padece alguna enfermedad durante el embarazo, entre los cuales se incluyen un reconocimiento adicional por parte de un especialista en obstetricia y ginecología, pruebas analíticas y consultas en el marco del cribado bioquímico de mujeres embarazadas para detectar las anomalías cromosómicas más comunes. Además, los servicios obstétricos se ofrecen también a las mujeres sin seguro médico.
91.La atención médica se presta respetando los derechos del paciente. La calidad de dicha atención está garantizada en la normativa sanitaria (legislación secundaria), aprobada de conformidad con la Ley de Centros Médicos, las Normas de Buena Praxis Médica y la Ley de Asociaciones Profesionales de Médicos y Dentistas. La legislación regula el procedimiento para la vigilancia del funcionamiento de los centros médicos por parte de las autoridades competentes y el procedimiento para permitir el acceso a la información que figura en el expediente en caso de que se hayan vulnerado los derechos de un paciente, y prevé sanciones cuando se determine que se ha cometido una vulneración. En 2019 se creó el Organismo Ejecutivo de Supervisión Médica para vigilar la calidad y la eficacia de la atención médica y la seguridad de los pacientes.
92.La Estrategia para la Salud de los Miembros Desfavorecidos de Minorías Étnicas (2005-2015), aprobada por el Consejo de Ministros, introdujo por primera vez la figura del mediador sanitario. Este cargo figura en la Clasificación Nacional de Ocupaciones y Puestos, que garantiza la aplicación de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08), aprobada como norma europea por el Reglamento (CE) núm. 1022/2009 y la Recomendación 2009/824/CE, de 29 de octubre de 2009, relativa al uso de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones en los Estados miembros de la Unión Europea.
93.La descripción oficial del puesto de mediador sanitario ha sido aprobada por el Estado. Los mediadores sanitarios prestan apoyo tanto a la población de barrios con un elevado porcentaje de personas romaníes como a los especialistas médicos que atienden a esta población. Los mediadores desempeñan su labor en el marco de programas y proyectos sanitarios centrados en grupos vulnerables de origen romaní. Facilitan el trabajo de las Inspecciones Regionales de la Salud, los médicos de cabecera y los municipios. Los mediadores tienen como objetivo impartir educación sobre la salud a la población y están formados para trabajar con niños y transmitirles mensajes tanto a ellos como a sus familias adoptando un enfoque integral.
94.La red de mediadores sanitarios crece cada año. La financiación de la red de mediadores sanitarios está garantizada anualmente con cargo al presupuesto del Estado. El número de mediadores en el país está aumentando constantemente, y esta figura goza de reconocimiento en la sociedad. Mientras que en 2013 la red estaba formada por 130 mediadores sanitarios en 71 municipios, en 2019 había 247 mediadores en 28 provincias. Se espera que en 2020 su número ascienda a 260 en 137 municipios de las 28 provincias.
95.Una vez al año se imparte formación básica a los mediadores sanitarios recién nombrados, gracias a lo cual adquieren unos conocimientos sólidos sobre el sistema jurídico de los servicios sanitarios en Bulgaria, así como sobre los derechos y obligaciones de los pacientes, y aprenden información sobre las enfermedades básicas. Cuando terminan con éxito la formación, se les otorga un certificado y adquieren la cualificación profesional de mediador sanitario.
96.Para reforzar la cultura sanitaria de los romaníes, las Inspecciones Regionales de la Salud dan conferencias, organizan campañas de sensibilización y difunden videos y mensajes de audio, cuyo contenido está relacionado con la importancia de los reconocimientos preventivos, la inmunización de la población con las vacunas obligatorias con arreglo al calendario nacional de vacunación, la importancia del seguro médico para la población romaní y sus obligaciones como pacientes. En 2018, el número total de campañas de sensibilización sobre los beneficios de la inmunización fue de 175, y con ellas se llegó a más de 25.500 personas. En 2019, el número total de campañas de sensibilización sobre los beneficios de la inmunización fue de 230, y con ellas se llegó a más de 45.500 personas.
97.En julio de 2020 entró en vigor la recién aprobada Ley de Servicios Sociales. Esta ley tiene por objeto mejorar los mecanismos de planificación, financiación y supervisión de los servicios y aumentar su calidad, eficacia y sostenibilidad. La ley prevé que todas las personas tengan acceso a los servicios sociales que están disponibles para la población en general. Se prevén servicios especializados en caso de que una persona sufra un riesgo particular para la vida, la salud o el desarrollo, o para satisfacer las necesidades de un grupo determinado.
98.El Organismo Estatal de Protección de la Infancia está tratando de reducir el abandono de niños entre la comunidad romaní y evitar su institucionalización. Está adoptando medidas para adoptar un enfoque integral respecto de la prevención de los casos de convivencia prematura y nacimientos prematuros a través de una labor comunitaria, campañas de información para la promoción de la salud y la cultura sexual y una labor social en comunidades de riesgo con la que se pretende, entre otras cosas, estimular e implicar a las propias comunidades en la labor de prevención.
99.El Organismo Estatal de Protección de la Infancia vigila y controla que se respeten los derechos del niño en las instituciones educativas, los centros médicos, las instituciones especializadas para niños y los servicios sociales, con el fin de evitar la discriminación y garantizar los derechos del niño. La información recogida en el marco de las inspecciones que se realizan permite subsanar las vulneraciones detectadas y garantizan la no discriminación y la observancia de los derechos del niño.
Medidas relacionadas con el empleo
100.El Gobierno búlgaro, guiándose por los principios de la no discriminación, el respeto de la dignidad humana, la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato de todos los ciudadanos búlgaros, independientemente del grupo étnico al que pertenezcan, aplica una política sistemática de protección social, inclusión social y promoción del empleo. Las personas en situación de desempleo de larga duración sin cualificación y con un bajo nivel de estudios forman parte de los grupos destinatarios de las políticas activas del mercado de trabajo.
101.La integración socioeconómica de las comunidades marginadas, como los romaníes, requiere la adopción de un enfoque que aúne los servicios de empleo y asistencia social. Estos servicios se prestan en 73 departamentos locales de la Agencia Nacional de Empleo y el Organismo de Asistencia Social. En 2019, 12.502 personas desempleadas pertenecientes a grupos desfavorecidos encontraron un empleo, 19.110 se beneficiaron de servicios como ferias y talleres de empleo, apoyo psicológico o consultas con coordinadores de casos de personas desempleadas y 1.839 personas en situación de desempleo de larga duración fueron redirigidas a los servicios de otras instituciones.
102.En el Programa Operativo de la UE de Desarrollo de los Recursos Humanos (2014‑2020) se establece una prioridad específica en materia de inversión denominada “Integración socioeconómica de las comunidades marginadas, como los romaníes”. Su principal objetivo consiste en crear mecanismos de coordinación sostenibles y efectivos para la integración de los romaníes, intercambiar experiencias, resolver problemas locales de larga data e implicar al mayor número posible de partes interesadas, incluidos representantes de la comunidad romaní. La prioridad incluye tres componentes.
103.El primer componente, denominado “Integración socioeconómica de los grupos vulnerables. Medidas integradas para mejorar el acceso a la educación”, se empezó a ejecutar el 25 de febrero de 2019 con un plazo que finaliza en 2020. Utiliza fuentes del Programa Operativo de la UE de Desarrollo de los Recursos Humanos y del Programa Operativo de la UE de Ciencia y Educación para un Crecimiento Inteligente. Se trata del primer plan integrado que, aprovechando la capacidad de dos programas operativos, pretende crear un modelo de cooperación sostenible en el que participen todas las partes interesadas. El presupuesto total es de 70.000.000 levas.
104.La ejecución de dicho componente contribuye a la mejora de la calidad de vida, la inclusión social y la mitigación de la pobreza, así como a la integración duradera de las comunidades marginadas, mediante la adopción de medidas globales y de un enfoque integrado. Las actividades abarcan el territorio de 47 municipios con planes municipales actualizados para la integración de los romaníes en cumplimiento de la Estrategia Nacional para la Integración de los Romaníes (2012-2020).
105.Durante el período de ejecución de la Estrategia Nacional para la Integración de los Romaníes (2012-2020), en el marco de las diversas actividades para aumentar la empleabilidad de los romaníes, se han ofrecido servicios de intermediación a 240.578 personas desempleadas que se identificaron como romaníes, de las cuales 117.043 encontraron un empleo.
106.El segundo componente se propondrá en 39 grandes municipios, cuyos Planes Integrados de Recuperación y Desarrollo Urbano incluyen medidas relacionadas con la construcción de viviendas sociales. En el marco de este componente, las actividades se centrarán en cuatro ámbitos principales: el mercado laboral, los servicios educativos, sociales y sanitarios, el desarrollo de las comunidades locales y la eliminación de los estereotipos negativos. La convocatoria para presentar propuestas está abierta hasta el 16 de diciembre de 2020. El presupuesto total de este componente asciende a 33 millones de levas.
107.El tercer componente tiene como objetivo facilitar el acceso a los servicios sanitarios para las personas pertenecientes a grupos vulnerables. Habida cuenta de las circunstancias más recientes, los propósitos del componente se han adaptado para responder a los retos relacionados con la prestación de atención sanitaria a las personas con alto riesgo de desarrollar una COVID-19 grave. El presupuesto asciende a 36.161.805 levas, y el número de posibles beneficiarios se estima en 28.000.
108.Las personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo tienen todos los derechos y obligaciones previstos en la Ley de Fomento del Empleo. Según lo dispuesto en el artículo 2 de dicha ley, no está permitido discriminar a nadie directa o indirectamente, ni concederle privilegios o imponerle algún tipo de restricción por diversos motivos, entre ellos el origen étnico.
109.De conformidad con la Ley de Fomento del Empleo, para cada persona desempleada inscrita en las oficinas de empleo se prepara un plan de acción individual en el que se describen las propuestas de actuación en función del perfil y la empleabilidad de la persona. En función de las necesidades de cada uno, los desempleados se inscriben en cursos de formación y empleos reales, organizados en el marco de diversos programas y medidas, así como en puestos de trabajo no subvencionados en la economía real.
110.La Ley de Fomento del Empleo establece medidas e incentivos para que los empresarios contraten a personas desempleadas desfavorecidas, como los jóvenes desempleados, las personas desempleadas con una discapacidad permanente, las personas desempleadas que son padres o madres solos (tanto biológicos como adoptivos) con hijos a cargo menores de 6 años, las personas desempleadas de más de 50 años y las personas desempleadas con nivel de estudios primarios o inferior y sin cualificación profesional, entre otras. Las personas desempleadas dadas de alta en las oficinas de empleo son incluidas en los cursos de formación y los programas del mercado laboral.
111.Para facilitar el acceso de los romaníes a la información sobre puestos vacantes y proporcionar un contacto directo, se organizan ferias de empleo especializadas. En un período de seis años se celebraron 365 ferias de empleo y se contrató a 75.783 personas. De esas ferias de empleo, 21 estaban dirigidas específicamente a la comunidad romaní, a la que pertenecían 1.443 de las personas contratadas.
Participación en actividades para aumentar el acceso de las personas que se identifican como romaníes al mercado laboral (según datos de la Agencia de Empleo procedentes de los informes para el seguimiento administrativo de la ejecución de la Estrategia Nacional para la Integración de los Romaníes (2012-2020))
2017 |
2018 |
2019 |
|
Número total de beneficiarios de las distintas actividades (1+2+3), entre ellas: |
46 293 |
43 844 |
42 658 |
Actividad 1. Aumentar la empleabilidad y la cualificación de las personas romaníes desempleadas |
27 031 |
24 508 |
23 948 |
Actividad 2. Proporcionar empleo a los solicitantes de empleo romaníes |
19 144 |
19 251 |
18 625 |
Actividad 3. Fomentar el emprendimiento y la creación y gestión de negocios personales |
118 |
85 |
85 |
Actividad 4. Promover el diálogo social y civil para fomentar el empleo de las personas romaníes |
389 |
260 |
265 |
E.Situación de los no ciudadanos, en particular los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados (recomendación formulada en el párrafo 22)
Gobernanza de las fronteras
112.Los agentes de la policía de fronteras aplican el derecho internacional y los acuerdos bilaterales y multilaterales en los que Bulgaria es parte y tienen compromisos y obligaciones para con todos los extranjeros que llegan a la frontera. Los procedimientos que se llevan a cabo en este ámbito están en plena conformidad con la legislación nacional.
113.Los agentes de la policía de fronteras tienen derecho a detener a los extranjeros que hayan cruzado la frontera ilegalmente. En ese caso, se les expide una orden escrita por un período que no excede las 24 horas. En función de si han solicitado o no protección internacional, las personas son remitidas a las autoridades competentes.
114.A fin de facilitar a los extranjeros información sobre las posibilidades de permanecer legalmente en el país, la policía de fronteras distribuye folletos en idiomas extranjeros. Los folletos son facilitados, entre otras entidades, por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Organismo Estatal para los Refugiados, la Cruz Roja Búlgara y diversas ONG. Están disponibles en los pasos fronterizos y las instalaciones de detención de los puestos de la policía de fronteras. También se dispone de material informativo en formato audiovisual sobre los derechos y obligaciones de las personas, así como de información sobre la prevención de la trata de personas.
Información sobre los extranjeros en situación irregular alojados en centros de la Dirección de Migración
2017 (junio a diciembre) |
1 653 |
2018 |
2 718 |
2019 |
2 256 |
2020 (enero a junio) |
454 |
Total: 7 081 |
115.En el marco del desempeño de su labor, las instituciones búlgaras tienen la obligación de proporcionar información a todas las personas que han iniciado un procedimiento de solicitud de protección internacional. A los solicitantes de asilo se les facilitan, en un idioma que comprendan, instrucciones sobre sus derechos y obligaciones durante dicho procedimiento. Todas las medidas administrativas dictadas contra personas detenidas se ejecutan en presencia de intérpretes jurados.
116.Con respecto al principio de no devolución, no se considera un delito que una persona que haya entrado en el país para ejercer su derecho de asilo cruce la frontera nacional sin el permiso de las autoridades competentes o por un lugar distinto de los designados para ello.
117.Según lo dispuesto en el artículo 279, párrafo 5, del Código Penal, no se puede castigar a nadie por entrar en el país para ejercer el derecho de asilo previsto en la Constitución. La persona tiene derecho a un intérprete para presentar su solicitud.
118.Entre junio de 2017 y junio de 2020 no se registró ninguna denuncia de uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden en la frontera o en los centros de detención ni se realizaron controles relacionados con el uso excesivo de la fuerza contra los migrantes.
119.En el período sobre el que se informa se recibieron un total de 6.799 solicitudes de protección internacional. Las solicitudes se desglosan por año de la siguiente manera:
Del 1 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2018: 2.328 solicitudes, en su mayoría presentadas por personas procedentes del Iraq (834), la República Árabe Siria (745), el Afganistán (475), el Pakistán (74) y la República Islámica del Irán (55).
Del 1 de junio de 2018 al 31 de mayo de 2019: 2.719 solicitudes, en su mayoría presentadas por personas procedentes del Afganistán (1.371), el Iraq (626), la República Árabe Siria (391), el Pakistán (167) y la República Islámica del Irán (54).
Del 1 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2020: 1.725 solicitudes, en su mayoría presentadas por personas procedentes del Afganistán (660), la República Árabe Siria (469), el Iraq (266), la República Islámica del Irán (91) y el Pakistán (75).
120.Durante el período anteriormente mencionado se adoptaron 940 decisiones por las que se reconoció la condición de refugiado, 1.244 decisiones por las que se concedió un permiso por motivos humanitarios y 3.858 decisiones por las que se denegó la solicitud.
Información sobre la decisión adoptada respecto de las solicitudes de protección internacional
Decisiones por las que se reconoció la condición de refugiado desglosadas por país de nacionalidad |
|||||
1 de junio de 2017 a 31 de mayo de 2018 |
1 de junio de 2018 a 31 de mayo de 2019 |
1 de junio de 2019 a 31 de mayo de 2020 |
|||
Afganistán |
25 |
República Árabe Siria |
211 |
República Árabe Siria |
140 |
Apátridas |
12 |
Afganistán |
13 |
Iraq |
7 |
Egipto |
5 |
Pakistán |
9 |
Apátridas |
6 |
Eritrea |
10 |
Iraq |
8 |
Afganistán |
4 |
Iraq |
30 |
Apátridas |
2 |
Pakistán |
3 |
Decisiones por las que se concedió un permiso por motivos humanitarios desglosadas por país de nacionalidad |
|||||
República Árabe Siria |
522 |
República Árabe Siria |
208 |
República Árabe Siria |
280 |
Iraq |
54 |
Afganistán |
28 |
Iraq |
32 |
Apátridas |
17 |
Iraq |
16 |
Apátridas |
15 |
Afganistán |
12 |
República Islámica del Irán |
10 |
República Islámica del Irán |
13 |
República Islámica del Irán |
6 |
Apátridas |
6 |
Afganistán |
12 |
Decisiones de denegación de protección internacional desglosadas por país de nacionalidad |
|||||
Iraq |
701 |
Iraq |
364 |
Afganistán |
401 |
Afganistán |
549 |
Afganistán |
857 |
Iraq |
128 |
República Islámica del Irán |
89 |
Pakistán |
123 |
Pakistán |
55 |
Pakistán |
81 |
República Islámica del Irán |
41 |
República Islámica del Irán |
54 |
Turquía |
19 |
Turquía |
13 |
Argelia |
30 |
Registro e integración
121.Los migrantes en situación irregular que no han solicitado protección en Bulgaria son alojados en Centros Especiales de Acogida Temporal de Extranjeros con el fin de velar por que se sigan los procedimientos para su devolución. A la hora de alojarlos en los centros de detención se tienen en cuenta el sexo, la raza, la edad, el estado civil, el tipo de vulnerabilidad, etc. Cada persona alojada tiene acceso a una representación legal competente y a asistencia jurídica.
122.La Dirección de Migración del Ministerio del Interior colabora con ONG para garantizar la prestación de asistencia jurídica con carácter semanal. La Defensora del Pueblo también vigila que se adopten las medidas administrativas obligatorias, y sus representantes se reúnen con los extranjeros alojados en todos los centros de detención.
123.Entre junio de 2017 y junio de 2020, 1.634 nacionales de terceros países fueron detenidos por haber cruzado la frontera estatal o los puestos de control fronterizos de Bulgaria.
124.La Ley de Extranjería de Bulgaria prohíbe explícitamente el internamiento de niños migrantes no acompañados en los centros de la Dirección de Migración. Por cada menor no acompañado se envía una notificación a la Dirección Regional de Asistencia Social, que toma medidas para proteger a los menores en virtud de la Ley de Protección de la Infancia. Si ha solicitado protección internacional, el menor es transferido al Organismo Estatal para los Refugiados. Si un menor no acompañado no ha presentado una solicitud de protección internacional, la Dirección designa a un trabajador social para que lo represente durante el proceso de identificación y le proporcione asistencia, apoyo y asesoramiento. Si es necesario, el trabajador social puede tomar medidas para la protección y el internamiento del menor en el marco de los servicios sociales pertinentes para la infancia. La evaluación para determinar qué medidas procede adoptar se basa en la necesidad de ofrecerle protección y de encontrar una solución sostenible y a largo plazo. En ella se garantiza que el niño no acompañado o separado de sus familiares pueda llegar a la edad adulta en un entorno que satisfaga sus necesidades y respete sus derechos.
125.En 2019 se introdujeron modificaciones en la Ley de Extranjería para regular el procedimiento por el que se expide a los niños migrantes que no han solicitado protección en Bulgaria un permiso de residencia de larga duración cuyo período de validez se extiende hasta que cumplen los 18 años. Estos permisos se conceden tanto a los niños migrantes no acompañados como a los extranjeros menores de 18 años que hayan entrado en el país acompañados pero que posteriormente hayan sido abandonados por su acompañante.
126.Bulgaria ha adoptado las siguientes medidas para mejorar las condiciones de vida de los migrantes en situación irregular detenidos en los centros:
Acceso a la educación: Debido a las particularidades de los centros de detención, que se caracterizan por una restricción del derecho a la libre circulación, los migrantes en situación irregular que están actualmente detenidos no tienen libre acceso al sistema nacional de educación, esto es, a las instituciones educativas. Las actividades educativas son organizadas en los propios centros por ONG asociadas e incluyen cursos de inglés y búlgaro para adultos y niños, actividades deportivas, clases de orientación cultural y social y de arte y actividades recreativas para niños. En 2019, 1.239 extranjeros participaron en actividades organizadas por una ONG en los dos centros.
Acceso a la asistencia sanitaria: Los centros ofrecen atención médica de manera ininterrumpida las 24 horas del día en la Dependencia de Servicios Médicos, la cual es prestada, entre otras personas, por especialistas del Instituto Médico del Ministerio del Interior. La atención médica incluye servicios tanto primarios como de carácter preventivo, rehabilitador e higiénico-epidemiológico con el fin de mantener y fortalecer la salud física y mental, y existe la posibilidad de derivar al paciente a un hospital para que reciba atención médica especializada o un tratamiento específico. Los extranjeros se someten a reconocimientos médicos obligatorios tanto al entrar en los centros como al salir de ellos. Cuando el tratamiento que requieren no está disponible en el centro, los extranjeros son trasladados a otros establecimientos médicos. Todos los fondos para la atención médica provienen del presupuesto del Ministerio del Interior.
Asistencia psicológica: Esta asistencia la prestan psicólogos del Instituto de Psicología del Ministerio del Interior. En 2018 se aprobó una metodología específica para el trabajo social en relación con los extranjeros detenidos, que fue empleada por los inspectores de policía encargados de los interrogatorios. Para las reuniones diarias se aplica un enfoque de trabajo en equipo en el que participan el interrogador principal, un psicólogo, un funcionario médico y un funcionario de la dirección del centro.
Acceso a la justicia: De conformidad con la legislación nacional, todos los migrantes tienen acceso a asistencia letrada, incluida la asistencia jurídica gratuita proporcionada por el Estado. Los migrantes tienen acceso a la justicia y pueden recurrir por la vía administrativa y judicial todas las decisiones que afecten a sus derechos e intereses.
127.El Gobierno búlgaro está constantemente elaborando medidas para mejorar el sistema de asilo y la acogida de los solicitantes de asilo en respuesta a los retos migratorios a que se enfrenta la UE. El marco legislativo nacional aplica los instrumentos pertinentes de la UE en materia de migración, integración y asilo.
128.El Ministerio de Salud coordina las políticas del sector sanitario y aplica medidas destinadas a beneficiarios específicos para mejorar el acceso a la sanidad y a las medidas para promover la salud maternoinfantil. El acceso de las personas a las que se les ha otorgado protección en el territorio de Bulgaria a los servicios sanitarios está regulado por la Ley de Salud y la Ley del Seguro de Salud.
129.Según lo dispuesto en el artículo 29, párrafo 1, de la Ley de Solicitantes de Asilo y Refugiados, durante el procedimiento de concesión del permiso correspondiente, el extranjero tiene derecho a un seguro de enfermedad, a una asistencia médica accesible y al disfrute gratuito de atención médica en las condiciones y los procedimientos previstos para los ciudadanos búlgaros. De conformidad con el artículo 34, párrafo 1, de la Ley del Seguro de Salud, la obligación de asegurar a la persona nace a partir de la fecha de inicio del procedimiento de solicitud de protección. Los extranjeros a los que se les ha otorgado protección gozan de todos los derechos que asisten a los beneficiarios del seguro obligatorio de salud.
130.Fuera del ámbito de aplicación de la Ley del Seguro de Salud y en cumplimiento del artículo 82 de la Ley de Salud, se prestan los siguientes servicios médicos: atención médica de urgencia, reconocimientos preventivos y reconocimientos y servicios de atención obstétrica para todas las mujeres sin seguro médico, independientemente de que el parto sea natural o por cesárea, atención psiquiátrica en régimen de internado, transfusiones de sangre y productos sanguíneos, tratamiento obligatorio y/o aislamiento obligatorio, transporte médico, inoculación de las vacunas obligatorias, vacunas para casos especiales y en circunstancias excepcionales relacionadas con la prevención de enfermedades infecciosas, todo el conjunto de actividades de lucha contra las epidemias y acceso a las actividades sanitarias incluidas en los programas de salud nacionales, regionales y municipales.
131.En 2019, el Organismo Estatal para los Refugiados organizó periódicamente debates y sesiones para los solicitantes de asilo, bien por sí solo, o bien en colaboración con ONG, en los que se les explicaba el derecho de acceso al mercado laboral. Según la Ley de Fomento del Empleo, toda persona puede inscribirse en una oficina de empleo y tiene derecho a utilizar los servicios disponibles para los solicitantes de empleo.
132.En lo que respecta al derecho al trabajo, la aprobación de la Ley de Migración y Movilidad Laborales tenía como objetivo hacer efectivo el derecho de los migrantes al empleo. En marzo de 2018 se modificó dicha ley para incluir disposiciones relativas a las condiciones de entrada y residencia de los nacionales de terceros países para fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y trabajo como au pair.
133.Los migrantes desempleados que estén inscritos como solicitantes de empleo pueden participar sin restricciones en las prácticas laborales y en todos los programas y medidas de formación y empleo que se organicen en el marco de la Ley de Fomento del Empleo, siempre que cumplan los requisitos de acceso, y no se permite ninguna discriminación directa o indirecta en este sentido. En las oficinas de empleo reciben servicios de apoyo psicológico y asesoramiento individual, así como ayuda por parte del coordinador que lleve su caso, para recopilar y reclamar los derechos que tienen con respecto a otras instituciones.
134.Existe un programa de empleo y formación para refugiados que contribuye a la integración en el mercado laboral de los desempleados a los que se les ha reconocido la condición de refugiado o se les ha concedido un permiso por motivos humanitarios matriculándolos en cursos de búlgaro y formación profesional y proporcionándoles empleo. El programa contribuye también a reforzar la capacidad de las administraciones regionales y municipales, los centros de tránsito y los centros de registro y acogida en su labor relacionada con los refugiados.
Durante el período sobre el que se informa, se inscribieron en las oficinas de empleo las siguientes personas:
Enero a junio de 2020 |
2019 |
2018 |
Julio a diciembre de 2017 |
|
Refugiados y personas con permiso por motivos humanitarios |
32 |
22 |
29 |
13 |
Nacionales de terceros países |
1 267 |
1 097 |
1 053 |
607 |
Ciudadanos de la UE |
267 |
333 |
272 |
144 |
Durante el período sobre el que se informa, las oficinas de empleo encontraron trabajo a:
Enero a junio de 2020 |
2019 |
2018 |
Julio a d iciembre de 2017 |
|
Refugiados y personas con permiso por motivos humanitarios |
9 |
8 |
23 |
8 |
Entre ellos, en puestos de trabajo subvencionados |
0 |
1 |
11 |
3 |
Nacionales de terceros países |
500 |
576 |
688 |
338 |
Entre ellos, en puestos de trabajo subvencionados |
18 |
56 |
63 |
33 |
Ciudadanos de la UE |
117 |
146 |
176 |
106 |
Entre ellos, en puestos de trabajo subvencionados |
3 |
11 |
6 |
3 |
135.Desde 2017, el Instituto de Administración Pública organiza un curso de formación especializada dirigido a expertos de la administración central y territorial que trabajan directamente con ciudadanos de terceros países. La formación incluye los aspectos conductuales del trabajo con migrantes y ciudadanos de terceros países. Se elaboró en consonancia con la situación real de Bulgaria, con la Estrategia Nacional en materia de Migración, Asilo e Integración (2011-2020) y con la política común europea de inmigración.
136.El Plan de Acción Nacional para el Empleo (2020) incluye una medida relacionada específicamente con el empleo y la formación de los refugiados. A fecha de junio de 2020, 20 personas a las que se les había reconocido la condición de refugiado o se les había concedido un permiso por motivos humanitarios estaban matriculadas en un programa de capacitación lingüística en búlgaro y dadas de alta en las oficinas de empleo.
137.En el artículo 44, párrafos 5 y 6, de la Ley de Extranjería se regulan las medidas cautelares especiales que se aplican a los extranjeros contra los que se han dictado medidas administrativas coercitivas con el fin de garantizar, en el mayor grado posible, la ejecución de las medidas dictadas y su expulsión del país.
138.De acuerdo con las normas y prácticas internacionales, en diciembre de 2017 se modificó la Ley de Extranjería para introducir medidas adicionales a fin de garantizar la devolución de nacionales de terceros países. Estas modificaciones están en consonancia con la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.
139.Según lo dispuesto en dicha directiva, el recurso al internamiento a efectos de expulsión se debe limitar y supeditar al principio de proporcionalidad, y solo se justifica el internamiento para preparar el retorno si la aplicación de medidas menos coercitivas no es suficiente. Además de la medida que se podía aplicar hasta el momento —las comparecencias mensuales en las instalaciones regionales del Ministerio del Interior correspondientes al lugar de residencia de la persona—, se han introducido dos nuevas alternativas al internamiento, a saber:
El pago de una fianza en efectivo en el momento y la cuantía que determine el Reglamento de Aplicación de la Ley de Extranjería.
La retirada temporal de un pasaporte válido u otro documento para viajar al extranjero, que se devuelve al nacional extranjero cuando se lleva a cabo la devolución o expulsión.
140.Con la modificación del Reglamento de Aplicación de la Ley de Extranjería que se aprobó en 2018 se detallaron las condiciones y el procedimiento por los que se rige la aplicación de las medidas adicionales introducidas por la Ley de Extranjería para garantizar la devolución de nacionales de terceros países como alternativa al internamiento en centros de régimen cerrado.
III.Respuestas a otras recomendaciones (recomendaciones formuladas en los párrafos 23 y 24)
141.El Gobierno búlgaro adopta medidas sistémicas para luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia. Las recomendaciones que figuran en la Declaración y el Programa de Acción de Durban se han incluido en diversas estrategias nacionales en la materia.
142.El Gobierno búlgaro no tiene actualmente previsto ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares. Los derechos humanos fundamentales están consagrados en los Pactos y se reconocen directamente a todos los migrantes en Bulgaria. La legislación nacional ya garantiza la mayoría de los derechos reconocidos en la Convención y está en consonancia con sus objetivos. Los derechos de los trabajadores migrantes están asimismo protegidos por la legislación de la UE, que también se transpone en la legislación del país.
IV.Información relativa a los artículos 2 a 7 de la Convención
143.En 2017, el Gobierno búlgaro tomó la decisión de adoptar y aplicar la “definición práctica de antisemitismo” de la Alianza Internacional para la Recordación del Holocausto (AIRH). Bulgaria se convirtió en el quinto Estado miembro de la UE en adoptar esa definición. Con esa decisión se encomendó a los ministros y directores de organismos la tarea de adoptar las medidas necesarias para plasmar de forma concreta la definición práctica en el marco de sus competencias. El Gobierno propuso asimismo a la Asamblea Nacional aplicar la definición en sus futuros trabajos. La decisión representa un primer paso para llevar a cabo una evaluación exhaustiva del problema y estudiar diversas políticas y medidas para hacerle frente. En esta fase, la mayoría de los ministerios y organismos siguen estudiando cómo aplicar la definición en la práctica.
144.En el marco de esa misma decisión, el Gobierno nombró Coordinador Nacional de la Lucha contra el Antisemitismo a uno de los Viceministros de Relaciones Exteriores. Las responsabilidades del Coordinador Nacional incluyen la facilitación de encuestas sobre las actitudes de la población, la investigación y la evaluación de riesgos, el seguimiento, la recopilación de datos y la denuncia de casos de discurso de odio y delitos de odio de naturaleza antisemita. También interactúa con los medios de comunicación y participa en la coordinación de proyectos nacionales e internacionales de lucha contra el antisemitismo. Esto incluye la colaboración con el Coordinador de la Comisión Europea de la Lucha contra el Antisemitismo y sus homólogos en otros Estados miembros de la UE y otros países asociados, así como con las autoridades competentes de las Naciones Unidas, la OIDDH de la OSCE, el Consejo de Europa, la UNESCO y la FRA.
145.En enero de 2018, el Coordinador Nacional estableció un grupo de contacto integrado por altos funcionarios del Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Educación y Deporte, el asesor de seguridad nacional del Primer Ministro, la Presidenta de la Comisión para la Protección contra la Discriminación, el Teniente de Alcalde de Sofía, el jefe de la delegación búlgara ante la AIRH, el Secretario del Consejo Nacional de Cooperación en Asuntos Étnicos y de Integración y el presidente de la organización Shalom. El grupo tiene por objeto coordinar las políticas y acciones destinadas a prevenir y combatir el antisemitismo.
146.En noviembre de 2018, Bulgaria se convirtió en miembro de pleno derecho de la AIRH, con lo que reafirmó su compromiso y capacidad para avanzar en la educación, la recordación y la investigación en relación con el Holocausto y el genocidio de los romaníes y para contrarrestar la influencia de la distorsión histórica, el antisemitismo, el discurso de odio y todas las formas de racismo y discriminación, a través de la implementación de políticas e iniciativas nacionales y la cooperación internacional.
147.También en noviembre de 2018 se firmó un memorando de cooperación entre el Gobierno búlgaro, la organización Shalom y el Congreso Judío Mundial, el cual prevé la adopción de un enfoque holístico en la lucha contra todas las formas de antisemitismo y delitos de odio organizando actividades educativas y culturales, impartiendo formación a las fuerzas del orden, llevando a cabo reformas legislativas, difundiendo información y datos sobre los delitos de odio, mejorando la labor de recopilación y registro de datos sobre el discurso de odio en Internet y luchando contra este fenómeno.
148.En el período comprendido entre enero de 2017 y junio de 2018, con cargo al presupuesto del Estado se subvencionaron las actividades de construcción y reconstrucción de más de 100 mezquitas y se destinaron más de 200.000 euros a la reconstrucción de lugares de culto y edificios administrativos de las religiones católica, judía, armenia y protestante, entre otras. La Dirección de Confesiones Religiosas, un departamento especializado que depende del Consejo de Ministros, prestó además asistencia financiera para la publicación de más de 20 libros de temas religiosos y estudios científicos y sociológicos sobre diversas creencias.
149.De conformidad con la Declaración del Consejo de la UE sobre la Lucha contra el Antisemitismo y en colaboración con el Mecanismo Financiero Noruego, Bulgaria empezará a elaborar un plan de acción de lucha contra el antisemitismo.
150.En enero de 2020, en una reunión ordinaria del Mecanismo Nacional de Coordinación en materia de Derechos Humanos, se decidió establecer un mecanismo para vigilar la aplicación de las recomendaciones recibidas en el marco del diálogo con los órganos de tratados de las Naciones Unidas y para mejorar la coordinación y la comunicación entre los diferentes departamentos que tienen competencias en el ámbito de los derechos humanos.
V.Anexos
Anexo 1 : Datos estadísticos sobre las personas condenadas en aplicación de determinados artículos y párrafos del Código Penal, desglosados por sexo y edad, correspondientes al período comprendido entre 2017 y 2019
Anexo 2 : Datos estadísticos sobre la comisión de delitos tipificados en determinados artículos del Código Penal y resultados de los procesos incoados, correspondientes al período comprendido entre 2017 y 2019
Anexo 3 : Datos estadísticos sobre los procesos penales iniciados y las sentencias dictadas en relación con los delitos tipificados en los artículos 162 a 164 del Código Penal y las reclamaciones presentadas en virtud de la Ley de Protección contra la Discriminación
Anexo 4 : Datos estadísticos sobre las víctimas en procedimientos de instrucción recién iniciados contra personas investigadas por delitos de odio