Comité de los Derechos del Niño

Examen de los informes presentados por los Estados part es en virtud del artículo 44 de la Convención

Cuarto y quinto informes periódicos que los Estados partes debían presentar en 2011

México*

[Fecha de recepción: 19 de julio de 2012]

Índice

Párrafos Página

Abreviaturas y siglas5

Introducción1–1112

I.Medidas generales de aplicación (arts. 4, 42 y 44, párr. 6, de la Convención)12–7013

A.Medidas adoptadas para armonizar plenamente la legislación y la práctica nacionales con las disposiciones de la Convención y sus Protocolos facultativos12–2113

B.Si se han adoptado una estrategia nacional amplia en materia de infancia y el plan o los planes de acción correspondientes…22–2315

C.El organismo gubernamental que tiene la responsabilidad general de coordinar la aplicación de la Convención y sus Protocolos facultativos24–2815

D.El presupuesto asignado para la aplicación de la Convención y sus Protocolos facultativo29–3017

E.Si se proporcionan y/o se reciben asistencia internacional y ayuda para el desarrollo directamente relacionadas con la aplicación de la Convención, sus Protocolos facultativos31–4017

F.Si se ha establecido una institución nacional independiente de derechos humanos para supervisar la aplicación y si ésta recibe quejas individuales de los niños o sus representantes41–4419

G.Medidas que hayan adoptado para dar a conocer ampliamente los principios y las disposiciones de la Convención y sus Protocolos facultativos45–5820

H.Las actividades realizadas o previstas para dar amplia difusión a sus informes y a las observaciones finales entre el público en general59–6222

I.Las actividades emprendidas o previstas para dar amplia difusión a los informes y las observaciones finales entre el público en general a nivel nacional6323

J.Cooperación con las organizaciones de la sociedad civil en la planificación y el seguimiento de la aplicación de la Convención y sus Protocolos facultativos64–7023

II.Definición de niño (art. 1 de la Convención)71–7325

III.Principios generales (arts. 2, 3, 6 y 12)74–8926

A.No discriminación (art. 2)74–8026

B.Interés superior del niño (art. 3)81–8327

C.Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo (art. 6)84–8827

D.Respeto por la opinión del niño (art. 12)8928

IV.Derechos y libertades civiles (arts. 7, 8, 13 a 17, 28, párr. 2; 37 a) y 39)90–11029

A.Inscripción de los nacimientos, el nombre y la nacionalidad (art. 7)90–9229

B.Preservación de la identidad (art. 8)9330

C.Libertad de expresión y el derecho a buscar, recibir y difundirinformación (art. 13)94–9630

D.Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 14)97–9830

E.Libertad de asociación y de celebrar reuniones pacíficas (art. 15)99–10031

F.Protección de la vida privada y de la imagen (art. 16)101–10331

G.Acceso a información procedente de diversas fuentes y la protección contratodo material perjudicial para su bienestar (art. 17)104–10632

H.Derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluidos los castigos corporales(arts. 37 a) y 28, párr. 2)107–11032

I.Medidas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de los niños víctimas (art. 39)11133

V.Entorno familiar y modalidades alternativas de cuidado (arts. 5, 9 a 11, 18,párrs. 1 y 2; 19 a 21, 25, 27, párr. 4; y 39)112–16133

A.Mejora del entorno familiar y orientación de los padres de conformidad con la evolución de las facultades del niño (art. 5)112–11633

B.Obligaciones de los padres, asistencia a los padres y prestación de servicios de atención infantil (art. 18)117–12235

C.Separación del niño con respecto a los padres (art. 9)123–12436

D.Reunificación familiar (art. 10)12536

E.Pago de la pensión alimenticia (art. 27, párr. 4)12636

F.Niños privados de un entorno familiar (art. 20)127–13136

G.Examen periódico del acogimiento (art. 25)132–13437

H.Adopción nacional e internacional (art. 21)135–14738

I.Traslados y retención ilícitos de niños (art. 11)148–15640

J.Malos tratos y descuido (art. 19), entre otras cosas en la recuperaciónfísica y psicológica y en la reintegración social (art. 39)157–16142

VI.Discapacidad, salud básica y bienestar (arts. 6, 18, párr. 3; 23, 24, 26, 27, párrs. 1 a 3; y 33)162–24242

A.La supervivencia y desarrollo (art. 6, párr. 2)162–17242

B.La salud y los servicios sanitarios, en particular la atención primaria de la salud (art. 24)173–18345

C.Los esfuerzos para hacer frente a las dificultades de salud más prevalentes y promover la salud física y mental y el bienestar de los niños, y para prevenir y tratar las enfermedades transmisibles y no transmisibles184–19747

D.Los derechos de salud reproductiva de los adolescentes y las medidaspara promover un estilo de vida sano198–20650

E.Las medidas para prohibir y erradicar todo tipo de practicas tradicionales nocivas, en particular, aunque no exclusivamente, la mutilación genital femenina y los matrimonios precoces y forzados (art. 24, párr. 3)207–21153

F.Las medidas para proteger a los niños del uso indebido de sustancias sicotrópicas (art. 33) 212–22154

G.Las medidas para garantizar la protección de los niños con padres encarcelados y los niños que acompañan a su madre en prisión222–22356

H.La seguridad social y los servicios y establecimientos de guarda de niños (arts. 26 y 18, párr.3)224–22856

I.El nivel de vida y las medidas, en particular en forma de asistencia material y programas de apoyo relativos a la nutrición, el vestido y la vivienda, que se hayan adoptado para garantizar el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social del niño y reducir la pobreza y la desigualdad (art. 27, párrs. 1 a 3) 229–24257

VII.Educación, esparcimiento y actividades culturales (arts. 28, 29, 30 y 31) 243–26861

A.El derecho a la educación, incluidas la formación y la orientaciónprofesionales (art. 28) 243–24961

B.Los propósitos de la educación (art. 29), con referencia tambiéna la calidad de la educación250–25263

C.Los derechos culturales de los niños pertenecientes a grupos indígenasy minoritarios (art. 30) 253–25964

D.La educación sobre derechos humanos y la educación cívica260–26465

E.El descanso, el juego, el esparcimiento y las actividades recreativas,culturales y artísticas (art. 31)265–26866

VIII.Medidas especiales de protección (arts. 22, 30, 32 a 36, 37 b) a d), 38, 39 y 40)269–37167

A.Los niños fuera de su país de origen que traten de obtener la protección como refugiados (art. 22), los niños no acompañados solicitantes de asilo, los niños desplaza dos internos, los niños migrantes y los niños afectados por la migración269–29567

B.Los niños en los conflictos armados (art. 38), incluidas su recuperación física y psicológica y su reintegración social (art. 39)296–30773

C.Los niños sometidos a explotación, incluida su recuperación física y psicológica y su reintegración social308–35476

D.Los niños de la calle355–35886

E.Los niños en conflicto con la ley y niños víctimas o testigos359–36587

F.Los niños pertenecientes a minorías o a grupos indígenas (art. 30)366–37189

Abreviaturas y siglas

A.B.P.Asociación de Beneficencia Privada

A.C.Asociación Civil

ACNUDHAlto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

ACNURAlto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

APIAsesores Pedagógicos Itinerantes

A.R.Asociación Religiosa

ARVAntirretrovirales

ATPAsesores Técnico Pedagógicos

CADICentros Asistenciales de Desarrollo Infantil

CAICCentros de Asistencia Infantil Comunitarios

CAJSComisión Americana Jurídico Social

CAPASITSCentros Ambulatorios de Prevención y Atención en SIDA e ITS

CAUSESCatálogo Universal de Servicios de Salud

CCPICentro Comunitarios de Protección a la Infancia

CDHDFComisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

CDIComisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CECCentros de Educación Comunitaria

CECADESUCentro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable

CECMICentros de Educación Comunitaria en el Medio Indígena

CENADICCentro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones

CENAPRAConsejo Nacional para la Prevención de Accidentes

CENSIACentro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia

CENSIDACentro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA

CEONUComisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas

CGEIBCoordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe

CICADComisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

CICRComité Internacional de la Cruz Roja

CIDECentro de Investigación y Docencia Económica, A.C.

CIDIH-MéxicoComisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario

CIESSCentro Interamericano de Estudios de Seguridad Social

CINUCentro de Información de Naciones Unidas en México

CIPSTPComisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas

CISSConferencia Interamericana de Seguridad Social

CNARCentro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento

CNDHComisión Nacional de los Derechos Humanos

CNEGSRCentro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

CNINVCampaña Nacional de Información para una Nueva Vida

CNPSSComisión Nacional de Protección Social en Salud

COIAConsejo Nacional para la Infancia y la Adolescencia

COMARComisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

CONACIAConsejo Nacional de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y Adolescencia

CONACULTAConsejo Nacional para la Cultura y las Artes

CONADEComisión Nacional de Cultura Física y Deporte

CONADICComisión Nacional contra las Adicciones

CONADISConsejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

CONAFEConsejo Nacional de Fomento Educativo

CONAPOConsejo Nacional de Población

CONAPREDConsejo Nacional para Prevenir la Discriminación

CONASUPOCompañía Nacional de Subsistencias Populares

CONATRIBComisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos

CONEVALConsejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

CONAVIMComisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

CORACentro de Orientación para Adolescentes

CPAPPlan de Acción del Programa de País 2008-2012

CPEUMConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

CROCConfederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos

CPGMDDComisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos

CPTMConsejo de Promoción Turística de México

CURPClave Única de Registro de Población

C.V.Capital Variable

DDESERRed de los Derechos Sexuales y Reproductivos en México

D.F.Distrito Federal

DFTDelegación Federal del Trabajo

DGADCDirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario del SNDIF

DGCPDirección General de Culturas Populares

DGEIDirección General de Educación Indígena

DGESPEDirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación

DGPIDirección General de Protección a la Infancia del SNDIF

DGRNPIPDirección General del Registro Nacional de Población e Identificación personal

DICONSAPrograma de Abasto Rural Diconsa, S. A. de C. V.

DIFusoresDifusores Municipales y Estatales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

DOFDiario Oficial de la Federación

ECPATEnd child prostitution, child pornography and trafficking of children for sexual purposes

EIASAEstrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, operada por los SEDIF

EIBEducación Intercultural Bilingüe

EnadisEncuesta Nacional sobre Discriminación en México

ESIExplotación Sexual Infantil

ESCIExplotación Sexual Comercial Infantil

ESCNNAExplotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes

Estancias InfantilesPrograma de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras

ETSEnfermedades de Transmisión Sexual

FEVIMTRAFiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas

FONARTFondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

FONATURFondo Nacional de Fomento al Turismo

GAIAGrupo de Atención Integral para la Salud de la Adolescencia

GAPSGrupos de Adolescentes Promotores de Salud

HIMFGHospital Infantil de México Federico Gómez

I.A.P.Institución de Asistencia Privada

I.B.P.Institución de Beneficencia Privada

IDHÍndice de Desarrollo Humano

IFAIInstituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos

IFEInstituto Federal Electoral

IIDHInstituto Interamericano de Derechos Humanos

IINInstituto Interamericano de la Niña, Niño y Adolescente

ILCEInstituto Latinoamericano de Comunicación Educativa

IMJUVEInstituto Mexicano de la Juventud

IMSSInstituto Mexicano del Seguro Social

INAHInstituto Nacional de Antropología e Historia

INALIInstituto Nacional de Lenguas Indígenas

INBALInstituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

INCInstituto Nacional de Cardiología

INDEMAYAInstituto para el Desarrollo de la Cultura Maya

INDESOLInstituto Nacional de Desarrollo Social

INEAInstituto Nacional para la Educación de los Adultos

INEGIInstituto Nacional de Estadística y Geografía

INERInstituto Nacional de Enfermedades Respiratorias

INMInstituto Nacional de Migración

INMUJERESInstituto Nacional de las Mujeres

INSPInstituto Nacional de Salud Pública

IPASInternational Project Assistance Services

IPECPrograma Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil

ISSSTEInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

ITSInfecciones de Transmisión Sexual

JIFEJunta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

LEPIBLicenciatura en Educación Primaria Intercultural Bilingüe

LGAMVLVLey General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

LGIMHLey General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

LICONSAPrograma de Abasto Social de Leche, Liconsa, S.A. de C.V.

LISSSTELey del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

LSSLey del Seguro Social

MEVyTModelo Educación para la Vida y el Trabajo

MEXFAMFundación Mexicana para la Planeación Familiar

MNCPMuseo Nacional de Culturas Populares

NNANiños, Niñas y Adolescentes

NOMNorma Oficial Mexicana

NTCLNorma Técnica de Competencia Laboral

NUCAMPrograma de Núcleos Comunitarios de Aprendizaje Musical

OACNUDHOficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

ODIOficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A. C.

ODMObjetivos de Desarrollo del Milenio

OEAOrganización de los Estados Americanos

OEEÓrgano Ejecutor Estatal de los Programas Compensatorios

OITOrganización Internacional del Trabajo

OIMOrganización Internacional para las Migraciones

OMSOrganización Mundial de la Salud

ONGOrganización no gubernamental

OPIOficiales de Protección a la Infancia

OportunidadesPrograma de Desarrollo Humano Oportunidades

OPSOrganización Panamericana de la Salud

OSCOrganización de la Sociedad Civil

OSIMOrquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México

OSJCCHOrquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez

PAALPrograma de Apoyo Alimentario

PACMyCPrograma de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias

PAEIPrograma de Albergues Escolares Indígenas

PAICEPrograma de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados

PAIDProyecto para la Atención de Indígenas Desplazados

PAIDEAPrograma para la Prevención y Atención Integral del Embarazo

PAJAPrograma de Atención a Jornaleros Agrícolas

PASAPrograma Nacional de Atención a la Salud de la Adolescencia

PCSPrograma de Conversión Social

PDZPPrograma para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

PEECPrograma Estratégico de Educación Cívica

PEMEXPetróleos Mexicanos

PETPrograma de Empleo Temporal

PFCAProtocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados

PFVNProtocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía

PGRProcuraduría General de la República

PIBAIPrograma de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas

PISAPrograma Internacional de Evaluación de Estudiantes

PNAFEPrograma de Activación Física Escolar

PNDPlan Nacional de Desarrollo

PNPSTPPrograma Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas

PNTPlan Nacional de Turismo

PNUDPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PPCMJPrograma Promoción de Convenios en Materia de Justicia

PREVENIMSSPrograma de Acciones Educativas y Preventivas para la Salud del IMSS

PREVERPProgramas de Prevención de Riesgos Psicosociales

PRODICIPrograma para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas

PROEQUIDADPrograma Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres

PROFODECIPrograma de Fomento y Desarrollo a las Culturas Indígenas

Programa de AcciónUn México apropiado para la Infancia y la Adolescencia Programa de Acción 2002-2010

PRONADDISPrograma Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad

ProNalEDHPrograma Nacional de Educación en Derechos Humanos

PRONAREMIPrograma de Prevención de la Mortalidad Infantil

PRONIMPrograma de Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes

Red MIRAMujeres Indígenas que hacen Radio

PROVÍCTIMAProcuraduría Social de Atención a Víctimas de los Delitos

REDIMRed por los Derechos de la Infancia

RENARACRed Nacional de Refugios

RIOODRed Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación

SECTURSecretaría de Turismo

SCJNSuprema Corte de Justicia de la Nación

SEDENASecretaría de Defensa Nacional

SEDESOLSecretaría de Desarrollo Social

SEDIFSistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia

SEGIBSecretaría General Iberoamericana

SEGOBSecretaría de Gobernación

SEMARSecretaría de Marina-Armada de México

SEMARNATSecretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

SEMEFOServicio Médico Forense

SENSistema de Educación Nacional

SEPSecretaría de Educación Pública

SFPSecretaría de la Función Pública

SHCPSecretaría de Hacienda y Crédito Público

SICALIDADDirección General de Calidad y Educación en Salud

SINADESistema Nacional de Cultura Física y Deporte

SinDisClínicas multidisciplinarias en los servicios integrales para la prevención y atención de la discapacidad

SMDIFSistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia

SMNGSeguro Médico para una Nueva Generación

SNDIF/DIF NacionalSistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

SNFMSistema Nacional de Fomento Musical

SRCISistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas

SRESecretaría de Relaciones Exteriores

SSASecretaría de Salud

SSPSecretaría de Seguridad Pública

STPSSecretaría del Trabajo y Previsión Social

STCONAPRASecretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes

UMFUnidades de Medicina Familiar

UNAMUniversidad Nacional Autónoma de México

UNFPAFondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEFFondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNODCOficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

UPEPEUnidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas

USAIDAgencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

VIHVirus de Inmunodeficiencia Humana

VPHVirus del Papiloma Humano

Introducción

La Convención sobre los Derechos del Niño es un instrumento internacional que proclama los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la niñez; asimismo, establece las obligaciones de los Estados parte, así como de todos aquellos responsables del cuidado de la infancia, de respetar, proteger y aplicar los derechos reconocidos por la Convención, sin distinción alguna y ponderando en todo momento el interés superior del niño.

Este instrumento internacional fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. Nuestro país lo ratificó el 21 de septiembre de 1990.

De conformidad con las obligaciones establecidas en el artículo 44 de la Convención, México presenta al Comité de los Derechos del Niño, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, informes sobre las medidas que ha implementado para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención y los avances en cuanto al goce de los mismos.

México ha presentado y sustentado tres informes periódicos al Comité, sobre la aplicación de la Convención. Adicionalmente, ha presentado y sustentado los informes iniciales sobre los dos Protocolos facultativos de la Convención, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

El Cuarto y quinto informe consolidado de México sobre la aplicación de la Convención, refleja la situación de la infancia en México en el período de 2006 a 2011. De conformidad con las “Orientaciones Generales del Comité”, aprobadas durante su 55° período de sesiones (CRC/C/58/Rev.2), el Informe se encuentra integrado por el “Documento básico común”, el “Informe específico para el tratado” y el “Anexo estadístico”; asimismo, México decidió incluir un Anexo de publicaciones.

El Documento Básico Común contiene información general sobre el país en términos de sus características demográficas, económicas, sociales y culturales. Incluye información sobre su estructura constitucional, política y jurídica, con especial referencia al marco general de protección de los derechos humanos, así como la política de combate a la discriminación.

El Informe Específico para el Tratado, en sus ocho apartados, describe las acciones y programas realizados por el Estado mexicano para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Convención, así como a las recomendaciones que el Comité ha hecho a nuestro país y que garantizan a niñas, niños y adolescentes, su derecho a la salud, a la educación, a la no discriminación, a un entorno familiar y a la protección en situaciones especiales.De igual forma, señala los retos que aún se enfrentan para reforzar y mejorar la situación que vive la infancia en todo el territorio nacional.

El Anexo Estadístico integra la información cuantitativacon la que dispone el Estado mexicano, agrupada en los apartados correspondientes a los ocho numerales del Informe Específico para el Tratado.

Con el propósito de presentar información complementaria, se ha integrado también el Anexo de publicaciones, que contiene textos legislativos, judiciales, administrativos y de otra índole, mencionados en el informe específico, además de algunos ejemplares impresos y un listado con los vínculos electrónicos de las publicaciones disponibles en línea.

En la elaboración del informe participaron treinta y cinco dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que de alguna u otra manera se encuentran involucradas en la aplicación de este instrumento internacional. También participaron, los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, organismos autónomos y otros poderes del Estado. Asimismo, el informe fue sometido a la consideración del público en general, con el propósito de conocer su opinión sobre el tema.

La presentación del cuarto y quinto informe consolidado de México sobre la aplicación de la Convención es una muestra más del pleno compromiso del Gobierno de México ante los mecanismos internacionales encargados de la supervisión del cumplimiento de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

I.Medidas generales de aplicación (arts. 4, 42 y 44, párr. 6, de la Convención)

A.Medidas adoptadas para armonizar plenamente la legislación y la práctica nacionales con las disposiciones de la Convención y sus Protocolos facultativos

En la última década, el Gobierno de México ha avanzado en la armonización del marco legal interno con los compromisos adquiridos por su adhesión a instrumentos internacionales.

Atendiendo a las recomendaciones del Comité en materia de reforma y armonización de la legislación mexicana con la Convención sobre los Derechos del Niño y complementario a la reforma al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) del año 2000, con la que se elevó a rango constitucional el derecho de la niñez a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, el día 10 de junio de 2011, se promulgó una reforma que eleva a rango constitucional los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales, ampliando la esfera de su protección jurídica por ser vinculantes para el Estado mexicano. La reforma, de facto, otorga una nueva jerarquía a dichos tratados.

De igual forma, destacan las reformas a los artículos 4 y 73 constitucionales, promulgadas en octubre de 2011, por las que el Estado se obliga a hacer efectivo el interés superior de la niñez mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas; también se faculta al Congreso de la Unión a expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en materia de infancia, cumpliendo con los tratados internacionales de los que México es parte.

Además de las reformas constitucionales, en 2010 y 2011 el Gobierno de México reformó diversos ordenamientos de su marco jurídico para armonizarlo con las disposiciones de la Convención, por ejemplo, la Ley General de Educación, en materia de educación nutricional, educación indígena y fomento al desarrollo tecnológico y la innovación y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que incorporó la perspectiva de transversalidad al diseño, implementación y ejecución de los programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes. Se expidieron la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la que se promueve la estimulación temprana y la atención a la primera infancia, además de asegurar a los niños y las niñas con discapacidad la igualdad de acceso a estos servicios; la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que regula a las guarderías y estancias infantiles, establece medidas de seguridad, crea un Consejo de Consulta y un Sistema Nacional de Prestación de Servicios y sanciona posibles irregularidades en la prestación de los mismos, y finalmente la Ley que crea el Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre el Secuestro o Robo de Niñas o Niños en México.

Sumado a lo anterior, el 19 de agosto de 2010 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de la Ley General de Educación; de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal”. Algunos objetivos de dichas reformas son: 1)Crear el tipo penal de “pederastia”; 2)Obligar a que el Ministerio Público y los tribunales federales atiendan al principio del interés superior de la niña, niño y adolescente en la suplencia, ausencia o deficiencia de razonamientos y fundamentos que conduzcan a proteger sus derechos; y 3)Ampliar el número de responsables para evitar cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o explotación que puedan sufrir los infantes.

En atención a la recomendación del Comité de los Derechos del Niño (Comité) respecto a la armonización de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes (2000) con las leyes estatales, actualmente las 31 entidades federativas y el Distrito Federal (D.F.) cuentan con leyes para la protección de la infancia, en concordancia con dicha normatividad.

Por otra parte, se ha avanzado en la armonización de la legislación migratoria con los estándares internacionales, incluyendo las disposiciones de la Convención. La Ley de Migración, promulgada el 25 de mayo de 2011, garantiza el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, privilegiando la observancia del interés superior del niño y estableciendo que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) proporcionen asistencia a este grupo y trabajen junto con el Instituto Nacional de Migración (INM) en tanto se resuelve su situación migratoria.

En el combate a la trata de personas, en noviembre de 2007 se aprobó la Ley Federal en la materia, a lo cual se suman las 16 entidades federativas que han aprobado una ley similar en el ámbito local y dos entidades federativas que han aprobado su Reglamento.

El Gobierno de México continuará realizando los esfuerzos necesarios para la efectiva implementación del cuerpo legislativo señalado en los párrafos anteriores y para fortalecer la protección de los derechos de este sector poblacional.

Tal como lo anunció el Gobierno de México durante la sustentación del informe sobre la aplicación del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados en 2011, ha iniciado el procedimiento para retirar la declaración interpretativa formulada por el Estado Mexicano al artículo 4 del PFCA, en seguimiento a la recomendación que, al respecto, formuló el Comité. El retiro ha sido aprobado por las dependencias relacionadas con el tema, así como por el Ejecutivo; su aprobación final, a cargo del Senado de la República, se conocerá en el último cuatrimestre de 2012. Asimismo, y en atención a la recomendación formulada por el Comité durante la sustentación del informe sobre la aplicación del PFCA en 2011, el Gobierno de México ha estado trabajando en el marco de la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario (CIDIH-México) para elaborar un anteproyecto de iniciativa de reformas a la legislación penal nacional en materia de crímenes internacionales; en éste se propone, entre otros puntos, tipificar a nivel nacional los crímenes de guerra, incluyendo el reclutamiento o alistamiento en las fuerzas armadas o en grupos armados de una o más personas menores de 18 años o su utilización para participar en hostilidades, tomando en cuenta el umbral de 18 años que contempla el PFCA, que confiere mayor protección que la edad mínima de 15 años prevista en la Convención.

B.Si se ha adoptado una estrategia nacional amplia en materia de infancia y el plan o los planes de acción correspondientes

Considerando la recomendación del Comité, respecto del establecimiento de un sistema nacional integral para la coordinación e implementación de todos los derechos de los niños, incluyendo la aplicación de la Convención y su Protocolos, el SNDIF – organismo público encargado de instrumentar, aplicar y dar dimensión a las políticas públicas en el ámbito de asistencia social, especialmente las dirigidas a la infancia y a la familia –, promueve y difunde los derechos de las niñas, niños y adolescentes a través de dos líneas de acción: 1) Promoción y Difusión de los Derechos y 2) Seguimiento y Supervisión.

En cuanto a la Promoción y Difusión de los Derechos, se realizan las siguientes acciones:

a)Capacitaciones: El SNDIF capacita directamente al personal de los Sistemas Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, para que ellos a su vez se conviertan en replicadores. Los temas abordados son: Comités Estatales de Seguimiento y Vigilancia en la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, Enfoque de Derechos y Manual de Participación Infantil;

b)Difusión: Se difunde el contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño en medios masivos de comunicación como es prensa, radio y televisión. También se distribuye material de difusión, volantes, trípticos y carteles, entre otros;

c)Promoción: foros infantiles, campañas enfocadas al cumplimiento de los derechos de la niñez, elección de Difusores Municipales y Estatales, celebración de fechas memorables y tradicionales con enfoque de derechos, ferias, pinta de bardas y desfiles alusivos a los derechos;

d)Evaluación y Seguimiento: visitas de asesoría y seguimiento a grupos de DIFusores en los municipios; reuniones periódicas con responsables municipales y DIFusores municipales y locales; realización del Taller Anual de la Convención sobre los Derechos del Niño; Reunión Nacional de Responsables Operativos.

C.El organismo gubernamental que tiene la responsabilidad general de coordinar la aplicación de la Convención y sus Protocolos facultativos

Con el propósito de contribuir a la construcción de ciudadanía en nuestro país, así como al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, el SNDIF coordina el mecanismo de supervisión de la aplicación de la Convención, denominado Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia en la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se constituye por una Comisión Central, dos Comités Temáticos y 32 Comités Estatales de Seguimiento y Vigilancia en la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En 2009 se finalizó la total instalación de los Comités Estatales de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Los Comités fueron instalados en:

1999 – Baja California Sur, Colima, Durango, Oaxaca, Querétaro y Tamaulipas;

2000 – Campeche, Coahuila, Guerrero, Estado de México, Nayarit y Zacatecas;

2001 – Chiapas, Hidalgo y Tlaxcala;

2002 – Aguascalientes, Jalisco, Puebla y Sinaloa;

2003 – Baja California;

2004 – Guanajuato y San Luis Potosí;

2005 – Chihuahua, Quintana Roo y Sonora;

2006 – Distrito Federal, Veracruz y Yucatán;

2008 – Morelos;

2009 – Nuevo León, Tabasco y Michoacán.

En 2006 se llevó a cabo el curso-taller “Hacia la Conformación del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Convención sobre los Derechos del Niño”, dirigido a los Secretarios Técnicos de Comités Estatales, con el objeto de establecer líneas de acción para la instalación y operación de dichos Comités, en todos los estados de la República Mexicana. Para impulsar su labor, en 2010 se asignó una partida presupuestal a los estados para la operatividad de los Comités de Seguimiento y Vigilancia; así mismo, durante la Reunión Nacional de Responsables Operativos Estatales y Municipales, se realizaron mesas de trabajo para intercambio de buenas prácticas y alineación de trabajo de los Comités de Seguimiento y Vigilancia, así como Participación Infantil. Y finalmente, durante 2011 se visitaron 16 entidades federativas, a las que se capacitó en materia de Enfoque de Derechos y Operatividad e Instalación de los Comités de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Como lo establece la CPEUM, la República mexicana se integra por 31 estados y un Distrito Federal, donde reside el Gobierno Federal; cada estado de la República es libre, soberano y autónomo y cuenta con su propia Constitución; de igual forma, está dividida en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esta situación incide en la coordinación nacional de las acciones dirigidas a la protección de la infancia. En tal virtud, deberá continuarse con los esfuerzos para el mejoramiento e intensificación de dicha coordinación, a efecto de homogeneizar las acciones señaladas.

Sistema de datos

Como parte del compromiso institucional del SNDIF por procurar el bienestar de la niñez al concentrar información relevante sobre la infancia en México y convertirse en un medio que facilite el acceso a la información en la materia, elaboró el “Compendio Estadístico la infancia en México 2010”, tomando como base a la Convención sobre los Derechos del Niño. El Compendio busca servir de referencia y consulta a los distintos actores que trabajan el tema de la infancia, para la toma de decisiones sobre el desarrollo de políticas públicas en la materia.

D.El presupuesto asignado para la aplicación de la Convención y sus Protocolos facultativos

A partir de 2012 se pueden identificar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos etiquetados para la atención de niños, niñas y adolescentes: en el anexo24 “Recursos para el desarrollo de acciones destinadas a la atención de niñas, niños y adolescentes”, se observan los programas de diversas dependencias y entidades, los cuales suman un total de $569.559.380.276,00 pesos y en el anexo23 “Recursos para atención a grupos vulnerables” por un importe total de $26.255.913.868,00 pesos, se especifican también dentro de los programas de atención a la población en situación de vulnerabilidad, los recursos asignados a los programas de atención a jóvenes, educación básica para niños y niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes, estancias infantiles y protección y desarrollo integral de la infancia. Esto representa un gran avance en la identificación de los recursos para la infancia y la adolescencia que permitirá evaluar su ejercicio e impacto.

De igual forma, un aspecto a destacar en la materia, es el aumento que ha registrado el presupuesto en los últimos cinco años. En 2006, el presupuesto asignado a programas de niñez fue de 85.841 millones de pesos y en 2011 fue de 414.264 millones de pesos, es decir, tuvo un incremento de casi 5veces.

E.Si se proporcionan y/o se reciben asistencia internacional y ayuda para el desarrollo directamente relacionadas con la aplicación de la Convención y sus Protocolos facultativos

En seguimiento de la recomendación del Comité sobre el fortalecimiento de la cooperación internacional, en 2009, el UNICEF y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) suscribieron un Convenio de Colaboración para el fortalecimiento e implementación de proyectos para el desarrollo y cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en México. Dentro de este marco, se acordó la revisión de las reglas de operación de cinco programas sociales a cargo de SEDESOL con el objetivo de generar recomendaciones para que en ellas se incorporara explícitamente la perspectiva de derechos de la infancia y la adolescencia.

Otro ejemplo de recepción de asistencia internacional lo constituye el Parlamento de las Niñas y los Niños de México, para el cual el Congreso de la Unión, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Federal Electoral (IFE), el SNDIF y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibieron apoyo del UNICEF de 2002 a 2011, para la organización de ocho ediciones del Parlamento en las cuales han participado 63.649 niñas y niños, con la finalidad de consolidar un espacio en el que dicho grupo de población ejerza su derecho a la participación y, a través de sus opiniones y propuestas, las niñas y los niños se reconozcan como sujetos de derechos y se involucren en la construcción de espacios de convivencia democrática.

La metodología de trabajo utilizada en el Parlamento está orientada a: 1)Promover la defensa y el ejercicio de los derechos de las niñas y los niños, contenidos en el marco jurídico nacional e internacional; 2)Contribuir a la formación cívica y ética de la niñez mexicana, reforzando sus competencias de opinión, de análisis y deliberación; así como su interés por participar en la solución de los problemas de su entorno; 3)Acercar a la niñez a las funciones y prácticas legislativas, y 4)Favorecer que la niñez mexicana participe en procesos de toma de decisiones, construcción de acuerdos y rendición de cuentas.

Asimismo, el 26 de agosto de 2009 se formalizó el Acuerdo Marco de Cooperación entre la CDI y UNICEF, con el objetivo de establecer las bases de colaboración entre esta Comisión y dicho organismo internacional para el desarrollo de acciones conjuntas de colaboración que contribuyan al diseño de políticas públicas que incidan en este grupo poblacional y estimulen la participación comunitaria a favor de la infancia. En 2010, la CDI formalizó un Acuerdo Específico de Cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para promover la reducción de los riesgos de desastres en zonas con población del sur y sureste de México, incluyendo la promoción de la equidad de género, la interculturalidad y los derechos de las niñas y niños indígenas.

Por su parte, el Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM), desde 2007, ha establecido vínculos con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) para el desarrollo de programas musicales. A partir de 2010 la SEGIB otorga al SNFM la titularidad de la Unidad Técnica del Programa Iberorquestas. Se trata de un Programa de Cooperación Cultural Internacional que impulsa los proyectos de las orquestas infantiles y juveniles de los países miembros de Iberoamérica con énfasis en la atención a grupos vulnerables de la sociedad, buscando la equidad y la igualdad de oportunidades para fomentar el talento infantil y juvenil. Entre las acciones más importantes se encuentra un fondo de ayudas económicas que se otorgan a los países miembros del programa, para la capacitación y fortalecimiento de las agrupaciones infantiles y difusión de la música de concierto entre los niños y sus familias.

Adicionalmente, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) firmó un Convenio de colaboración con UNICEF para fortalecer las acciones dirigidas a la población infantil afiliada al sistema de salud, a través del Programa de Desarrollo Humano Integral Oportunidades; su propósito es desarrollar y promover acciones conjuntas para que los niños, niñas y adolescentes de México puedan ejercer plenamente su derecho a la salud; de la misma forma, el UNICEF y el Seguro Popular firmaron las bases de cooperación, que comprenden la asesoría técnica para incorporar el enfoque de derechos en las políticas de atención a la primera infancia, niños, niñas y jóvenes, la evaluación de algunas políticas de atención a la niñez, asesoría técnica para la comunicación intercultural e indígena y el fomento a la participación comunitaria para el ejercicio del derecho a la salud.

Como se ha visto, México mantiene una estrecha relación con UNICEF, respaldada por el Acuerdo Básico de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el UNICEF, del cual deriva el Plan de Acción del Programa de País 2008-2012 (CPAP, por sus siglas en inglés). El CPAP involucra a diversas contrapartes en el ámbito federal, como la SRE, SEDESOL, SEP, STPS, Secretaría de Salud (SSA), de Gobernación (SEGOB), de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Seguridad Pública (SSP), CDI, INM, PGR, SNDIF, INEGI y CNDH. La SRE tiene registrado que de 2006 a 2011 se han aprobado 18 proyectos.

El Gobierno de México, a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) mantiene vínculos permanentes de colaboración con organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el UNICEF y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para el desarrollo del modelo interinstitucional de atención a niñas, niños o adolescentes migrantes no acompañados elaborado por la Mesa de Diálogo Interinstitucional en la materia.

Otro vínculo de cooperación entre el Gobierno Mexicano y un organismo internacional es el que se estableció con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), que con financiamiento del Departamento del Trabajo de EUA, puso en marcha el proyecto “Alto al Trabajo Infantil en la Agricultura”.

Otros convenios de colaboración suscritos por el Estado Mexicano son los que se derivan del Fondo Mixto de Cooperación Técnica y científica México-España, enmarcados en el Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de España, del que se desprenden los siguientes proyectos que inciden en la mejora de la calidad de vida de la infancia:

Intercambio de Jóvenes Maestros (INTERJOM). Iniciado en 2009, tiene por objeto mejorar la calidad de la educación en las Escuelas de Magisterio hispano-mexicanas. La capacitación que reciben los maestros que participan en el proyecto, se refleja en la mejora de la calidad educativa de sus alumnos;

Apoyo a la Especialización del Sistema de Atención a Víctimas de Trata de Personas y Violencia de Género Extrema de la Procuraduría General de la República (PGR). Tiene por objeto capacitar a los funcionarios encargados de la gestión de los centros de atención; la creación de un programa de capacitación laboral de las víctimas orientadas a su reinserción, y la dotación y mejora de la infraestructura de los centros de atención radicados en el Distrito Federal, Ciudad Juárez, Tapachula y Veracruz. Brinda atención principalmente a mujeres, así como a sus hijas e hijos.

F.Si se ha establecido una institución nacional independiente de derechos humanos para supervisar la aplicación y si ésta recibe quejas individuales de los niños o sus representantes

El Estado Mexicano no cuenta, a la fecha, con una institución independiente ad hoc para supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero sí con un organismo autónomo constitucional encargado de supervisar el respeto irrestricto de los derechos humanos en el país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por lo que respecta a la recomendación del Comité relativa a las enmiendas necesarias en la legislación para fortalecer la independencia de los mecanismos de vigilancia y el mandato de la CNDH y las Comisiones Estatales, se señala que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, promulgada en junio de 2011, otorga nuevas facultades a los Organismos Públicos de Derechos Humanos al dotarles de la competencia en asuntos laborales, la prohibición de empleo de menores de 14 años de edad y evitar la contratación de mano de obra infantil, sobre todo en labores insalubres y peligrosas. Igualmente, la reforma establece un procedimiento para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones al obligar a todo servidor público a responder las recomendaciones que le presenten los Organismos de Derechos Humanos del país; en caso que las autoridades o los servidores públicos no las acepten, deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa y además, la Cámara de Senadores, o en sus recesos, la Comisión Permanente o las Legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de los organismos protectores de derechos humanos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos a efecto de que expliquen el motivo de su negativa a darles cumplimiento. La reforma también señala la obligación de las entidades federativas para garantizar autonomía presupuestal, personalidad jurídica y patrimonio propios a dichos organismos.

En cuanto al seguimiento que la CNDH hace de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Comisión realiza investigaciones, emite informes especiales, recomendaciones generales, elabora propuestas de reformas legislativas y crea programas específicos de atención, a fin de fomentar en la sociedad una conciencia de respeto a los derechos de este grupo poblacional. También recibe directamente las quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, aunque no elabora un registro de la edad de quienes las presentan.

Los organismos públicos de derechos humanos deberán trabajar aún más para facilitar, mediante procedimientos ágiles y sencillos, la prestación de sus servicios a la población infantil.

G.Medidas que hayan adoptado para dar a conocer ampliamente los principios y las disposiciones de la Convención y sus Protocolos facultativos

Con el fin de dar atención a las recomendaciones del Comité respecto de la difusión, sensibilización y capacitación del contenido de la Convención y sus protocolos facultativos, el SNDIF, a través de las Redes Estatales de DIFusores de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, realiza esta labor. A diciembre de 2011, la Red Nacional de DIFusores cuenta con un total de 17.014 DIFusores en 29 entidades.

Por su parte, la Secretaría de Turismo (SECTUR) ha llevado a cabo acciones para difundir la información sobre la Convención, tanto entre los niños como entre la población en general, por medio del diseño e impresión de material enfocado a la prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), que es distribuido en puntos estratégicos dentro del sector turístico.

La PGR elaboró el Cuadernillo de Prevención contra la explotación sexual comercial infantil. Editado conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), durante 2009 se distribuyeron 40.000 ejemplares, entre personas beneficiarias del Programa de Jornaleros Agrícolas, de la SEDESOL; usuarios y usuarias de los servicios del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE); personal agremiado de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); y escuelas de educación básica en el Distrito Federal, por medio de la Administración Federal de Servicios Educativos del D. F., de la SEP, entre otros.

La misma PGR elaboró 13 materiales impresos (volantes, trípticos, carteles y folletos) para prevenir y alentar la denuncia de trata de personas. Éstos fueron enviados, para su distribución en todo el país, a los gobiernos federal y estatales, a algunos gobiernos municipales, a organizaciones de la sociedad civil (OSC) y religiosas, y a las representaciones del Gobierno de México en el extranjero. El tiraje de estos materiales alcanzó los 5,2millones de ejemplares.

Durante 2010, la PGR participó en la campaña Corazón Azul contra la trata de personas, liderada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), mediante la producción de dos spots de radio y 2.081 mensajes difundidos en programación general y en noticieros, así como con la transmisión de 49 cápsulas de televisión y 24 inserciones en diarios de todo el país.

El IMJUVE, por su parte, de 2006-2011 ha implementado la campaña ¿Qué son los Derechos Humanos?, que vincula los principios normativos de la Convención y sus dos Protocolos Facultativos, con la Declaración Universal de Derechos Humanos. En ella participa la Organización Jóvenes por los Derechos Humanos Internacional México. Para su cumplimiento se han impreso y distribuido, por conducto de las 31 instancias estatales de juventud y de organizaciones de la sociedad civil, los siguientes materiales: a)10.000 folletos intitulados “Unidos Edición Especial ¿Qué son los derechos Humanos? 30 derechos que todos tenemos a pesar de lo que sea”; b)25.000 folletos denominados “Qué son los derechos humanos”, y c)15.000 folletos “Derechos Humanos”, con el apoyo e imágenes de personajes del medio artístico mexicano.

Otro medio de difusión sobre los derechos de la infancia es el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI, que ha destacado por ser un espacio continuo que atiende, a través de programas y campañas, y en las lenguas indígenas bajo cobertura, la difusión de estos derechos y de denuncia contra el maltrato infantil, malnutrición, discriminación infantil indígena, entre otros.

En el año 2009 la CDI trabajó con la Cuarta Visitaduría General de la CNDH y el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (INDEMAYA), en la elaboración y publicación del cuadernillo en lengua maya U Páajtalil Mejen Paalal (Los derechos de los niños). Dicha publicación se ha difundido a partir de entonces entre la población infantil mayahablante de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Asimismo, en 2011 llevó a cabo junto con el SNDIF, la traducción y locución de 22 frases relativas a los derechos de niñas, niños y adolescentes, a diez lenguas nacionales, las cuales serán utilizadas para la producción de carteles y cápsulas de radio y se difunden entre la población indígena, a través de la CDI.

El CONAPRED elaboró la Colección de Cuentos Kipatla, que tiene como fundamento la Convención y sus Protocolos facultativos, dichos cuentos son una guía para profesores, profesoras, padres y madres de familia e, incluso, cualquier persona interesada en que se incorporen los temas de la igualdad y la no discriminación en la educación de niñas y niños que cursan la primaria.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) elaboró un cartel sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, en el que a partir de ilustraciones, se promueve el conocimiento de 10 de los derechos ahí enunciados. Además, de manera sistemática se trabaja desde la elaboración de materiales con un diseño en el que se observe la equidad de género y la igualdad, así como imágenes en las que se observa el trato digno y derecho a la educación.

Por lo que respecta a la recomendación del Comité de llevar a cabo la difusión del contenido del PFCA entre la población en general, la CIDIH-México organiza anualmente, desde 2010, el “Curso Anual Especializado en Derecho Internacional Humanitario a nivel Nacional”. El Curso está dirigido a funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, población en general, representantes de instituciones académicas y OSC del país, tanto a nivel federal como estatal. Ha contado con aproximadamente 200 participantes en sus ediciones 2010 y 2011. Tiene por objetivo examinar el surgimiento, desarrollo y ámbito de aplicación del derecho internacional humanitario, sus violaciones y formas de represión, así como los avances y retos que, al respecto, tiene México.

Finalmente, la Cámara de Diputados desarrolló la campaña “Conoce tus derechos y deberes”, para difundir de manera clara, sencilla y atractiva los derechos y deberes de niñas y niños, de acuerdo con la Convención. Se repartieron más de 100.000 trípticos, pósters y reglas en escuelas de la República Mexicana, en las Secretarías Estatales de Educación Pública y a los 500 diputados del Congreso de la Unión. Asimismo, la Cámara impulsó la campaña “Por una escuela libre de violencia”, a fin de proponer una cultura de paz, rechazando la violencia escolar.

Abonando a este mismo tema, la Secretaría de Educación Pública diseñó y puso en marcha desde 2008 la estrategia “Equidad de Género y Prevención de la Violencia”, con el objetivo de dotar al profesorado de educación básica, de las herramientas que le permitan establecer relaciones basadas en la igualdad, equidad, respeto y no violencia entre niñas y niños. En este proceso educativo participaron 1.912 docentes que funcionaron como multiplicadores en sus estados e implementaron un total de 258 proyectos en la materia. A la vez, se repartieron 1.162.266 libros de: Equidad de Género y Prevención de la Violencia en Preescolar (2009), Equidad de Género y Prevención de la Violencia en Primaria (2010) y Equidad de Género y Prevención de la Violencia en Secundaria (2011), dirigidos al profesorado del nivel educativo correspondiente; y 113.431 libros más en bibliotecas de escuelas públicas, así como 14.500 a estudiantes normalistas.

La misma SEP, en apoyo a la labor que realiza con el personal docente, lanzó en 2008 el proyecto “Equidad: el respeto es la ruta”, cuyo objetivo es promover la participación creativa de adolescentes y jóvenes en los temas relacionados con la equidad de género y el respeto de los derechos humanos, a través de talleres de sensibilización se coadyuva a crear conciencia sobre la importancia de vivir relaciones equitativas, no discriminatorias y libres de violencia. En este proyecto, participaron 30.812 estudiantes a través de concursos de creación de iniciativas a favor del respeto entre pares; se otorgaron 1.262 talleres; se formó a 8.091 promotores y promotoras de equidad, y se sensibilizó a 48.573 alumnos y alumnas.

H.Las actividades realizadas o previstas para dar amplia difusión a sus informes y a las observaciones finales entre el público en general

Con la finalidad de ampliar la difusión de los informes y las observaciones finales, el CONAPRED realizó un documento sobre discriminación en la infancia, que contiene recomendaciones de los informes finales emitidos por el Comité de los Derechos del Niño a México. Este brinda un panorama general de la situación que viven los niños y las niñas en México, su difusión se realizó a través de la página Web del CONAPRED, así como entre las y los participantes de los talleres de capacitación que brinda el Consejo relativo a este tema.

Bajo la nueva Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se cuenta con dos instancias a través de las cuales se prevé difundir informes y observaciones de la Convención: a)La Asamblea Consultiva de Consejo, conformada un representante de cada una de las 32 entidades federativas, cinco representantes de organizaciones nacionales de y para personas con discapacidad y cinco académicos o investigadores; y b)El Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, conformado por dependencias y entidades del Gobierno Federal, Gobiernos de las Entidades federativas y de Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como, las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad.

Por su parte, la SRE en 2011 publicó los informes iniciales de México relativos a la aplicación de los Protocolos Facultativos de la Convención en materia de venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía, así como el relativo a la participación de niños en conflictos armados; se incluyó la respuesta a las observaciones emitidas por el Comité. Las publicaciones se han difundido entre legisladores, miembros del poder judicial, gobiernos locales, académicos, representaciones de México en el exterior, Embajadas acreditadas en México y organizaciones de la sociedad civil.

El mismo año, la SRE, en coordinación con la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, A.C. (CIDE), elaboró y publicó la página electrónica “Recomendaciones internacionales a México en materia de derechos humanos”, que incluye las recomendaciones que se han hecho a México en materia de derechos de la infancia.

I.Las actividades emprendidas o previstas para dar amplia difusión a los informes y las observaciones finales entre el público en general a nivel nacional

Las actividades realizadas por el Gobierno de México para difundir los informes y observaciones finales, han sido descritas en el apartado anterior.

J.Cooperación con las organizaciones de la sociedad civil en la planificación y el seguimiento de la aplicación de la Convención y sus Protocolos facultativos

Atendiendo la recomendación del Comité sobre la participación gradual de la sociedad civil en la aplicación de políticas, leyes y programas, diversas instancias del Gobierno Federal desarrollan actividades coordinadas con organizaciones de la sociedad civil, así como en apoyo a las mismas.

Dentro de los espacios de coordinación entre dependencias de la Administración Pública Federal (AFP) y organizaciones de la sociedad civil, destaca la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, presidida por la SEGOB y creada el 11 de marzo de 2003 con el objeto de coordinar las acciones que lleven a cabo, a nivel nacional e internacional, las distintas dependencias y entidades de la APF en materia de derechos humanos, con el fin de fortalecer su promoción y defensa. Esta Comisión se conforma por dependencias del Gobierno Federal y organizaciones de la sociedad civil, consta de 12 Subcomisiones, entre las que destaca la de Derechos de la Niñez. La convocatoria para incorporarse a los trabajos de la subcomisión están abiertos permanentemente, por lo que cualquier organización interesada, una vez que cumpla con los requisitos en la normatividad aplicable, puede participar.

Por su parte, la CDI promueve la participación de OSC en acciones en beneficio de los niños atendidos en los albergues escolares indígenas. A través de esto, se ha logrado la rehabilitación y equipamiento de las instalaciones de los albergues escolares; la donación de equipo de cómputo y materiales didácticos y educativos (útiles escolares, libros y material deportivo); y la impartición de talleres dirigidos a los beneficiarios y a las personas responsables del cuidado de los niños, referentes a la promoción y respeto de los derechos de los niños.

En el 2011, el Grupo de Trabajo Interinstitucional de Salud de la Adolescencia, donde participan IMJUVE, INMUJERES, PGR, SNDIF, la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar (MEXFAM), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C., el International Project Assistance Services (IPAS) México, la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos de México (DDESER) DF, Save the Children, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la CNDH, el CONAFE, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) de la SEMARNAT, AFLUENTES S.C. y el Centro de Orientación para Adolescentes A.C.(CORA), estructuró un plan de trabajo interinstitucional que cruza con las actividades del Plan de Violencia y Maltrato contra NNA, con sus acciones de capacitación y elaboración de materiales de prevención de la violencia. Este Plan tiene el objetivo de prevenir la violencia y el maltrato contra niñas, niños y adolescentes, a través de la información y sensibilización acerca de las causas que originan el maltrato infantil adolescente y sus consecuencias; promoviendo la crianza, cuidado y educación, con afecto y libre de violencia en los principales ámbitos donde se desenvuelve este grupo poblacional como: la familia, la escuela y la comunidad.

Otro mecanismo de cooperación con OSC es el Programa de Conversión Social (PCS) operado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social, a través del cual se apoyan iniciativas que incidan en la atención de grupos de población tales como las niñas, los niños y adolescentes, entre otros, propiciando su inclusión en el desarrollo social. En el período 2006-2010, se apoyaron 637 proyectos que incidían exclusivamente en el tema de la promoción de los derechos de la infancia y adolescencia, con una aportación federal de $140.238.407,00 M.N. Con respecto a los proyectos que tuvieron incidencia dentro del tema de las políticas públicas en infancia, el PCS apoyó 70 proyectos con una aportación federal de $16.845.224,00 M.N. durante el mismo período.

De igual forma, con el objeto de dar cumplimiento a lo que establece la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como a las líneas de acción establecidas en el Plan Nacional de Turismo (PNT) 2007-2012, la SECTUR suscribió en 2007 un Convenio General de Concertación con la CROC, con el objetivo de conjuntar esfuerzos y recursos para apoyar la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos, mediante la implementación de programas de capacitación y desarrollo de competencias laborales; así como el desarrollo de programas, proyectos, acuerdos y otras acciones de interés mutuo, para contribuir a consolidar los destinos con servicios turísticos de calidad, así como para evitar y prevenir la ESCI, para beneficio de los menores de edad, los trabajadores, sus familias y del sector turístico de México. En la misma línea de acción, se estableció la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (CIPSTP) y la Subcomisión Consultiva con tres representantes de la sociedad civil que trabajaran en la prevención o asistencia a las víctimas, dichas organizaciones son: la Fundación Camino a Casa, A.C., la Alianza por la Seguridad en Internet, A.C. y a la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, A.C., para que participaran en la construcción y cumplimiento del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (PNPSTP).

Un ejemplo destacable de la labor coordinada entre el Gobierno Federal y las organizaciones de la sociedad civil se deriva de la implementación de la Estrategia “Todos Somos Juárez”, cuyo objetivo es reconstruir el tejido social y disminuir los niveles de inseguridad en Ciudad Juárez, Chihuahua. La agenda de trabajo fue resultado del diálogo establecido entre dependencias e instituciones públicas, líderes sociales y representantes de OSC y parte de los esfuerzos y recursos canalizados a la consecución de los objetivos planteados se destinaron a la infancia y adolescencia juarense. Fue el SNDIF quien encabezó esta labor y por tres años consecutivos ha apoyado iniciativas dirigidas fundamentalmente a fortalecer la labor formativa de padres y madres de familia, para, entre otras cosas, reducir los niveles de violencia intrafamiliar y favorecer el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, así como impulsar la integración social de niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad.

II.Definición de niño (art. 1 de la Convención)

Dentro de la legislación mexicana, la definición de niño se encuentra claramente establecida en la Ley para la Protección de los Derechos de NNAque en su artículo 2 establece: “Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos”.

Para el Gobierno de México la concepción de la infancia tiene las siguientes características: Son personas que no han cumplido 18 años; respecto de ellos, los adultos tienen obligaciones derivadas de su mayor poder y de la situación de dependencia de los niños; son capaces de tener y manifestar opinión que los adultos deben aprender a entender y requieren de un acompañamiento especial mientras crecen, de manera que puedan ir ejerciendo gradualmente sus derechos de manera autónoma.

Por lo que se refiere a la edad mínima para contraer matrimonio, el Código Civil Federal, título quinto “Del matrimonio”, capítulo I “De los esponsales”, señala que sólo pueden celebrar esponsales(promesa de matrimonio) el hombre que ha cumplido 16 años y la mujer que ha cumplido 14 (art.140); sin embargo, cuando los prometidos son menores de edad, los esponsales no producen efectos jurídicos si no han consentido en ellos sus representantes legales. A pesar de que dicho Código establece que, para contraer matrimonio, el hombre necesita haber cumplido 16 años y la mujer 14 (art.148), por causas graves y justificadas puede concederse una dispensa. El artículo 149 establece que los menores de 18 años no pueden contraer matrimonio sin el consentimiento de su padre o de su madre.

III.Principios generales (arts. 2, 3, 6 y 12)

A.No discriminación (art. 2)

En materia de discriminación, es importante mencionar los principios que la legislación nacional establece al respecto, por ejemplo el artículo 1 de la CPEUM prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, y señala que: “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

En 2006 se promulgó el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que incluyó la identificación de los grupos vulnerados – mujeres; personas con discapacidad; personas que viven con VIH/SIDA; personas adultas mayores; jóvenes, niños y niñas; personas migrantes, refugiadas y desplazadas; personas con preferencia sexual distinta a la heterosexual; grupos específicos (lingüísticos, religiosos y étnicos); y pueblos y comunidades indígenas, relacionándolos con cuatro ejes temáticos: acceso a la justicia, educación, salud y trabajo. Simultáneamente se suscribió el Acuerdo Nacional por la Igualdad y contra la Discriminación.

Como parte de dicho Programa, el CONAPRED realizó los estudios: “La construcción, en el imaginario social, de la auto identificación identitaria, la otredad, la intolerancia y discriminación étnica y racial: estudio y análisis de encuesta aplicada en una población de niños y niñas entre 8 y 12 años de edad”, “Niños y niñas en situación de calle y su discriminación en el acceso a la educación, la salud y la justicia”, y se presentó el Informe de actividades del Consejo relativoa la aplicación de la Convención. En 2008 se realizaron los estudios “Garantía del derecho a la no discriminación en los ordenamientos jurídicos nacionales de la población infantil” y “Régimen contractual, discriminación y situación laboral de la juventud en México”. En 2009: “El trabajo infantil como consecuencia de la discriminación: explotación o necesidad”, “La Discriminación que afecta a hijas e hijos de personas jornaleras migrantes en México”, “Análisis del acoso escolar (bullying) desde la perspectiva de la no discriminación en la educación básica”.

El CONAPRED realiza el programa de radio “Iguales pero diferentes”, que se ha transmitido semanalmente por cuatro años consecutivos. La Campaña Institucional 2008 del CONAPRED, “Por la igualdad y contra la discriminación”, incluye la subcampaña “Discriminar deja huella”, dirigida al público en general, y la subcampaña en línea denominada Amigos de Cora Cora…zón, dirigida al público infantil, incluye una página Web (www.cora-cora.org.mx) y tiene como objetivo fomentar la cultura de la igualdad y la no discriminación en niñas y niños.

Durante el 2011, a partir de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010, se actualizó la información relativa a la opinión y percepción ciudadana sobre la discriminación en México y se profundiza en el conocimiento sobre quiénes discriminan, en qué ámbitos de la vida se presenta este problema con mayor frecuencia y los factores socioculturales que se le relacionan. Se brindan elementos para conocer las percepciones de la discriminación entre la población en general y desde la perspectiva de las mujeres y distintos grupos que han vivido históricamente discriminados y en situaciones estructurales que les mantienen vulnerables a la discriminación como los niños, niñas y jóvenes. Con los primeros resultados de la Enadis, se generó un Documento informativo sobre Discriminación en la Infancia.

En materia de no discriminación hacia la niñez indígena, la CDI, opera el Proyecto “Fortalecimiento de capacidades en materia de equidad de género entre la población indígena”, que por medio de acciones de formación, capacitación, fortalecimiento de capacidades y acciones estratégicas, busca disminuir las desigualdades de género entre la población indígena del país, con pleno respeto a sus derechos. A través de este proyecto se otorgan apoyos económicos para que OSC e instituciones académicas desarrollen propuestas encaminadas al logro del mencionado objetivo, principalmente entre población adolescente.

Además, con la finalidad de proveer a los hijos de las familias que habitan en comunidades indígenas de un espacio para salvaguardar su seguridad y buen desarrollo, procurando que este servicio sea de calidad y que no existan elementos que limiten su participación, en 2011 el INALI elaboró las traducciones de material operativo de las Estancias Infantiles en 17 lenguas nacionales.

B.Interés superior del niño (art. 3)

Como se señaló al inicio del presente Informe, la reforma constitucional realizada en octubre de 2011, fortalece la observancia del Estado mexicano por el respeto del interés superior del niño. A partir de ello, se han fortalecido los programas sociales orientados a salvaguardar el interés superior del niño, como es el caso del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, que despliega acciones intersectoriales para la educación, la salud, la alimentación, así como aquellas acciones que promueven el bienestar general de las familias que viven en condiciones de pobreza o cuyos ingresos son insuficientes para desarrollar capacidades básicas en sus integrantes. Cabe señalar que a partir del año 2009 los apoyos que otorga este programa se ampliaron, principalmente con crecientes apoyos educativos, mayor atención a la alimentación, así como con talleres con los padres, a fin de aplicar el interés superior del niño.

El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), el Programa de Abasto Social de Leche, Liconsa, S.A. de C. V, el Programa de Abasto Rural Diconsa S.A. de C.V, y el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, atendiendo al interés superior del niño, otorgan apoyos alimenticios a los niños y niñas y estímulos para la asistencia y permanencia escolar respectivamente.

Por su lado, la PGR en todos los casos de las personas menores de 18 años víctimas de los delitos contemplados en el Protocolo Facultativo, tiene presente la doctrina de protección integral de los derechos de la niñez, en la aplicación de la legislación adjetiva y sustantiva y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, siempre en función del principio del interés superior del niño, niña o adolescente, cuando se toman las decisiones legales, administrativas y operativas necesarias, salvaguardando en todo momento su integridad física y emocional, en el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

C.Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo (art. 6)

Los Estados partes deberán indicar las medidas adoptadas para:

a)Garantizar que la pena capital no se imponga en los casos de delitos cometidos por menores de 18 años

En 2005, México derogó de la CPEUM la pena de muerte, reformando los artículos constitucionales14, segundo párrafo, y 22, primer párrafo.

b)Registrar las defunciones y las ejecuciones extrajudiciales de niños

La SSP, cuenta con el Registro Nacional de Cadáveres No Identificados, cuyo propósito es integrar y difundir información homologada de cadáveres no identificados, a través de expedientes electrónicos integrados por datos generales, fotografías y huellas dactilares que puedan ser consultados a través de Internet, por la población en general. Dichos expedientes serán integrados por los Servicios Médicos Forenses (SEMEFO) de las 32 entidades federativas. Este servicio facilitará la identificación de cadáveres de manera rápida y eficiente haciendo uso de las tecnologías de la información, permitiendo a la ciudadanía obtener información de los SEMEFOS de todo el país, sin necesidad de desplazarse a éstos.

c)Prevenir el suicidio y erradicar el infanticidio y otros problemas pertinentes que afecten al derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo del niño

La SSA, a través del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CENAPRA), implementa la Guía General de parques de educación vial para niños de 4 a 7  años, toda vez que los accidentes de tránsito son la primera causa de mortalidad infantil; en dicha guía se define un parque educativo como una herramienta con la que se puede contar para desarrollar aplicaciones y actuaciones en educación vial. Actuaciones con carácter y naturaleza preventiva que actúan de una forma práctica sobre contenidos, conceptos y normas que, al aplicarlos, crean hábitos y conductas de comportamiento seguro; además, se aprende de una forma divertida a eliminar modos y ejemplos de conductas de riesgo.

De igual modo, CENAPRA elaboró el Código de Prevención de Lesiones, un instrumento de difusión en el cual se establecen medidas para la prevención de caídas de niños, la prevención de incidentes en escaleras, la prevención de casos de envenenamiento, la prevención de los peligros del fuego y la prevención de ahogamientos, enfatizando el hecho de que los niños siempre deben estar supervisados por un adulto.

Además de la prevención de accidentes y derivado de la creación de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de los Delitos (PROVÍCTIMA), la SSP acordó con dicha Procuraduría continuar, entre otros, los programas: “Ludoteca para el diagnóstico de la violencia en niñ@s y para su reinserción social” y Talleres Psicoeducativos. Por lo anterior, la SSP, para proteger los derechos de niños y niñas, implementar el modelo de atención especializado para niñas, niños y adolescentes, mismo que permite atender de manera efectiva, profesional y eficiente las necesidades específicas para cada caso, logrando así contribuir al sano desarrollo emocional del niño(a) que ha sufrido algún tipo de violencia, pérdida, trauma o maltrato. Una acción para prevenir el suicidio y erradicar otros problemas pertinentes que afecten los derechos de los niños, es la realización de intervenciones en diferentes niveles de atención: individual, grupal y comunitario, logrando un impacto en diversas esferas, que va desde el entorno familiar y de relaciones interpersonales hasta la construcción y formación de una mejor sociedad.

D.Respeto por la opinión del niño (art. 12)

El IFE organiza los Ejercicios Infantiles y Juveniles de participación, y el Parlamento de las Niñas y los Niños de México, dos claros e importantes espacios de participación infantil en los que se involucra a niñas, niños y adolescentes de todo el país. A partir de ambos se recupera información que después es difundida y puesta al alcance de diferentes instancias que tienen en su ámbito de competencia la definición de políticas públicas para la atención de los asuntos de la infancia, a fin de generar acciones que permitan la atención de las demandas o intereses expresados por las niñas y niños participantes en dichos ejercicios.

IV.Derechos y libertades civiles (arts. 7, 8, 13 a 17, 28, párr. 2; 37, apdo. a) y 39)

A.Inscripción de los nacimientos, el nombre y la nacionalidad (art. 7)

Siguiendo la recomendación del Comité relativa al aumento de esfuerzos para inscribir gratuitamente los nacimientos de todos los niños, la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB),) mediante el Programa de Modernización Integral del Registro Civil, ha realizado transferencias de recursos a los Registros Civiles de las 31 entidades del país y del DF, a fin de que estos puedan incrementar el número registro de nacimientos mediante campañas especiales de registro. Entre las acciones que se han llevado a cabo para este fin, sobresalen las siguientes:

Modificaciones que algunas entidades federativas han realizado a su legislación local con la finalidad de facilitar el registro de los menores, ya sea mediante campañas gratuitas o que impliquen un menor costo para los interesados;

Fortalecimiento en la capacitación permanente del personal que colabora en los Registros Civiles;

Implementación de acciones que faciliten el registro de menores a nivel local tales como el uso de la constancia de origen y vecindad emitida por cada Ayuntamiento; y

El despliegue de unidades móviles que atiendan comunidades remotas y con características de vulnerabilidad, mediante las cuales se llevan los servicios del Registro Civil a dichos lugares, contribuyendo a abatir el subregistro, al entregar copias certificadas de actas de nacimiento a quienes carecen de ella.

Por otro lado, la CDI y UNICEF, realizan acciones en materia de Registro Civil que han permitido acercar estos servicios a la población indígena que no cuenta con recursos económicos y se ubica en comunidades de difícil acceso, dando prioridad a niñas y niños indígenas.

Chiapas ha sido la primera entidad en la que se han enfocado estas acciones, ello en virtud de que en 2008 la Dirección del Registro Civil del Estado, con el apoyo del UNICEF, identificó a más de 25.000 niños y niñas sin acta de nacimiento, en su mayoría indígenas que habitan en comunidades de difícil acceso. En noviembre de 2011, en Los Altos de Chiapas, la CDI hizo entrega de más de 11.000 documentos de identidad que se realizaron en el marco del PPCMJ, distinguiéndose la entrega de actas de nacimiento y actualización de las mismas, así como registros y certificaciones de nacimiento. Sin embargo, estas actividades también se llevaron al estado de Oaxaca, dado que el subregistro afecta a más de 874.000habitantes de la entidad, lo que representa el 23% del total de la población oaxaqueña. De tal forma, a finales del mes de noviembre de 2011, se puso en marcha el “Programa para abatir el subregistro en los municipios de menor índice de desarrollo humano y muy alta marginación”, que busca ofrecer certeza jurídica a quienes aún no cuentan con la documentación legal que los acredite como ciudadanos; se contará con el apoyo del UNICEF, la CDI y el Consejo Estatal para los Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Oaxaca, entre otros organismos.

B.Preservación de la identidad (art. 8)

A principios de 2011, el Gobierno mexicano comenzó la integración del Registro de Menores de Edad y la expedición de la Cédula de Identidad Personal para Menores de Edad, que fungirá como el documento oficial de identificación para personas de 4 a 17 años de edad. Dicha Cédula muestra los datos que acreditan la identidad de su titular y tendrá pleno valor como medio de identificación ante todas las autoridades mexicanas en el país y en el extranjero. Cuenta con elementos biométricos que la hacen infalsificable y que, además identifica a los padres o tutores, ofreciendo seguridad y garantía de identidad legal y jurídica.

C.Libertad de expresión y el derecho a buscar, recibir y difundir información (art. 13)

Respecto a la libertad de expresión, en coordinación con las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de los SEDIF, en 2009 el SNDIF efectuó por primera vez el Concurso de Dibujo Infantil “Yo vivo sin violencia”, que se ha constituido como un espacio de expresión y de convivencia familiar con niñas, niños y adolescentes de nuestro país; en dicha edición se contó con la participación de 21.933 niños y niñas de toda la República Mexicana; para 2010 la cifra de participantes aumentó a 30.473 y en 2011, la participación fue de 26.835 personas. De esta manera, el Concurso se convierte en parte importante de una cruzada constante del SNDIF contra el maltrato infantil, a través de un ejercicio de expresión infantil.

Por lo que respecta al derecho de recibir información de manera oportuna y transparente, una de las acciones que se emprendieron a través de la SEGOB fue dar a conocer el esfuerzo del Gobierno Federal para garantizar el derecho a la identidad de los menores de edad mediante la obtención del primer documento de identificación biométrica denominado Cédula de Identidad Personal para Menores de Edad, realizando la difusión a través de 13.365 spots de radio, 8.979 spots de televisión, 784 inserciones en medios impresos, así como anuncios en medios complementarios como vallas, pantallas, mobiliario urbano, Internet y 561 transmisiones de cineminutos®.

La SEGOB cuenta con el sitio Web www.chamacos.gob.mx, cuyo propósito es que niños y niñas cuenten con elementos para experimentar los valores y las prácticas cívico‑democráticas, contribuyendo con ello al reconocimiento de sus derechos y responsabilidades.

D.Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 14)

En México la libertad de creencias y de culto está garantizada por la Constitución Política y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, vigente desde 1992. Compete a la SEGOB, por conducto de la Dirección General de Asociaciones Religiosas, conducir la relación entre el Gobierno Federal y las instituciones religiosas.

Por lo que hace a la garantía de los derechos de libertad de pensamiento, conciencia y religión de la niñez en México, la SEGOB editó durante 2010 y publicó en 2011 una obra titulada “Religión y libertad en los niños de México”, con el propósito de profundizar en el tema de la diversidad religiosa. La obra ha sido distribuida ampliamente entre las principales agrupaciones y asociaciones religiosas, así como entre funcionarios públicos de los niveles federal y estatal, legisladores y sector académico.

E.Libertad de asociación y de celebrar reuniones pacíficas (art. 15)

Las libertades de asociación y de celebración de reuniones pacíficas, también garantizadas por la Constitución y por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, son ejercidas en sus dimensiones vinculadas con las libertades de creencias y de culto, a través de los servicios que ofrece la Dirección General de Asociaciones Religiosas de SEGOB.

En particular, la libertad de asociación en esta materia se ejerce a través de la entrega de registros constitutivos a asociaciones religiosas, gracias a los cuales las comunidades reunidas en torno a una identidad religiosa adquieren todos los derechos y obligaciones que la ley les reconoce. Tan sólo en 2011 la Secretaría de Gobernación otorgó 132 registros a nuevas asociaciones religiosas, con lo que el catálogo total de asociaciones registradas ante la SEGOB alcanza actualmente la cifra de 7.679 asociaciones religiosas. Los niños y las niñas participan libremente en las reuniones y medios de formación que las asociaciones religiosas a las que pertenecen les dan acceso, y pueden formar parte de ellas libremente, aunque no pueden ser registrados como ministros de culto.

F.Protección de la vida privada y de la imagen (art. 16)

En primera instancia, el Acuerdo para la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en escenarios de Delincuencia Organizada, suscrito el 16 de febrero de 2012, pero que deriva de una labor realizada desde 2011, considera con especial énfasis la obligación de todas las instancias de seguridad del Gobierno Federal para proteger la identidad de niñas, niños y adolescentes, así como de salvaguardar sus datos personales.

Respecto a la protección de datos dentro de los expedientes médicos, en primer término, la información personal, médica, administrativa y toda aquella relacionada con la atención a las personas con discapacidad, es sujeta de protección de acuerdo con la legislación. La NOM-168-SSA1-1998 Del Expediente Clínico, señala que en todos los establecimientos para la atención médica, la información contenida en el expediente clínico será manejada con discreción y confidencialidad y sólo podrá ser dada a conocer a terceros mediante orden de la autoridad competente o a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

En este contexto, en el ISSSTE, los datos personales de niños, niñas y adolescentes registrados como familiares derechohabientes se encuentran protegidos, en términos de lo dispuesto en la Ley del ISSSTE, artículo 13 que establece que la información que se entregue al Instituto será confidencial y no puede ser revelada a terceros sin autorización expresa de las autoridades del Instituto y del derechohabiente o sin causa legal que lo justifique. Adicionalmente, todos los datos e información personal, médica, administrativa y toda aquella relacionada con la atención de niños, niñas y adolescentes, es sujeta de protección por ser considerada confidencial y privada.

G.Acceso a información procedente de diversas fuentes y la protección contra todo material perjudicial para su bienestar (art. 17)

En el presente año, la SEP a través del Programa Escuela Segura, difundió una guía para que los padres de familia de más de 24millones de alumnos de educación básica conozcan los riesgos inherentes al uso de las redes sociales, con el propósito de proteger su “privacidad, reputación y seguridad en la era digital”. Dicha guía fue redactada por coeditores de Connect Safelycon ayuda de organizaciones civiles como Alianza de la Seguridad en Internet A.C. y otros especialistas. La guía busca alertar a los padres de familia sobre delitos relacionados con la red social, como el acoso u hostigamiento e incluso prevenir el suicidio en adolescentes.

Asimismo, el CONAPRED diseñó el “Proyecto Educación a Distancia” con el propósito de diversificar y ampliar nuestra oferta educativa mediante la utilización de tecnologías de la información y la comunicación. En 2011, se inauguró la página accesible del CONAPRED, que tiene como objetivo garantizar y ampliar la accesibilidad, de las personas con discapacidad, niños y niñas y adultos mayores. Igualmente, dentro de la campaña institucional y tomando en cuenta que la formación de valores ocurre durante la niñez, se realizó una serie de programas de radio para el público infantil “Todos ponen su granito de arena” transmitido por Radio Educación entre 2006 y 2009, con temáticas en torno a sus derechos, a la discriminación y a fomentar una cultura del respeto, de la igualdad de oportunidades, de la integración y de un trato digno para niños y niñas.

CONACULTA niños –Alas y Raíces, tiene como principal medio de comunicación con niñas y niños la página de Internet www.a.gob.mx que además de ser un sitio con juegos interactivos, contiene recomendaciones de libros, exposiciones, teatro, danza, cine, conciertos, links a museos, páginas de arte multimedia y una cartelera con los mejores eventos artísticos y culturales del país.

H.Derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluidos los castigos corporales (arts. 37, apdo. a) y 28, párr. 2)

El personal naval femenino de la SEMAR que se encuentra en todas las bases de operaciones, ha sido instruido sobre el trato especial para NNA, con base en lo establecido en la Convención, adicionalmente opera una línea telefónica de atención a la población civil, para reportar posibles arbitrariedades cometidas por personal naval; las quejas se analizan, se determina la responsabilidad y, en su caso, se sanciona administrativamente al servidor público responsable, y si es necesario, se remite al Agente del Ministerio Público Militar.

Por su parte, la SSP ha implementado el Protocolo de Estambul en materia de Prevención y Diagnóstico de la Tortura, cuyo objetivo es prevenir y diagnosticar la tortura física y psicológica a través de exámenes médicos y psicológicos realizados por personal del Sistema Penitenciario Federal y de la Policía Federal, así como porespecialistas de la Dirección General de Derechos Humanos. Dicho instrumento es difundido a todo el personal de la SSP. Las actividades se han desarrollado conjuntamente con la OACNUDH, Physicians For Human Rights, CIDH, Segob, SRE, PGR, CNDH, Comisiones Locales de Derechos Humanos, Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y Tribunales Superiores de Justicia, entre otros.

Asimismo, la PGR, desde la publicación del Acuerdo N°. A/057/2003 del Procurador General de la República (agosto de 2003), en el que se establecen las directrices que deben seguir agentes del Ministerio Público de la Federación, peritos médicos legistas y/o forenses, y demás personal de la PGR, ha impartido cursos y talleres para la prevención de la tortura, especialmente, para la contextualización del Protocolo de Estambul, considerando que dicho Protocolo se aplica indistintamente en población infantil y/o adulta. De marzo de 2011 a abril de 2012, se capacitaron alrededor de 865 personas.

Otro espacio en el que se protege la integridad de NNA es dentro de los albergues escolares indígenas, para lo cual la CDI elaboró un reglamento interno de observancia general, en el cual se prohíbe cualquier tipo de castigo, tratos crueles o violencia en general, entre todos los actores que participan en la vida cotidiana del albergue, para lo cual se pide a los padres de familia estar al pendiente de que sus hijos reciban un trato respetuoso mientras permanecen en el albergue. Del mismo modo, el personal de la CDI mantiene un monitoreo constante en los albergues a través de visitas de supervisión para detectar cualquier conducta irregular y reportarla a las autoridades competentes.

I.Medidas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de los niños víctimas (art. 39)

La PGR, de conformidad con la recomendación del Comité respecto de las medidas necesarias para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven en regiones inseguras, garantiza el derecho a una vida libre de violencia mediante la atención a víctimas de delitos cometidos en el marco de relaciones de poder, mediante servicios de asistencia especializada (legal, emocional y de trabajo social; peritajes psicológicos y antropología cultural, canalizaciones y acompañamientos, entre otros), para superar el estrés postraumático, reconocerse como víctima y resolver los problemas de salud que necesiten atención inmediata; con calidez y confianza, estos servicios facilitan el proceso de denuncia. De esta manera, la víctima es parte integral y voluntaria de la averiguación previa, facilitando la captura de los agresores. Lo anterior, entre otras formas, se realiza a través de los Centros Regionales de Atención Integral, que cuentan con un Espacio Infantil que facilita la estancia de las madres y el resguardo de sus hijas e hijos menores de edad. Conforme al enfoque de derechos de la infancia, y atendiendo al principio de autonomía progresiva en sus intervenciones, con respecto a personas menores de 18 años de edad, la PGR diseña el formato y duración de las entrevistas acordes al desarrollo cognitivo de las víctimas, a fin de poder medir la autonomía con la que puede participar en la toma de decisiones que les afectan.

V.Entorno familiar y modalidades alternativas de cuidado (arts. 5, 9 a 11, 18, párrs. 1 y 2; 19 a 21, 25, 27, párr. 4; y 39)

A.Mejora del entorno familiar y orientación a los padres de conformidad con la evolución de las facultades de los infantes (art. 5)

Con el propósito de ayudar a crear entornos más sanos y libres de violencia, a partir de 2008 el SNDIF desarrolló el “Modelo RED-DIF para la solución pacífica de conflictos en la familia”. Para lograrlo, se aplican técnicas de comunicación y diálogo que se asuman como parte de la dinámica familiar. Su objetivo es fortalecer las acciones dirigidas a la familia, a través de la coordinación institucional (RED-DIF), para la formación de facilitadores que propicien el diálogo, la tolerancia y la unidad familiar, a fin de prevenir posibles conflictos graves, incidir en la disminución de la violencia en el hogar y prevenir la desintegración familiar. En enero de 2010 comenzó la implementación del Modelo y en coordinación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), se imparte el Diplomado para facilitadores en el manejo de conflictos familiares, mediante el cual se forma al personal que prestará esos servicios.

Asimismo, desde 2005, el SNDIF implementa el Modelo Nacional de Educación Familiar, que busca apoyar la función educativa de la familia y promover el desarrollo de habilidades cognitivas, afectivas y volitivas necesarias en la convivencia y relaciones familiares de padres, madres, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, a través de acciones formativas integrales. Su estrategia incluye la profesionalización de Orientadores Familiares, a nivel estatal y municipal, que interactúen con la población y facilitando el desarrollo armónico de las familias. En 2010 se llevó a cabo la fase de multiplicación en 17 estados y 3 en fase inicial: Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas y durante 2011 se inició la actualización y modificación de la Norma Técnica de Competencia Laboral (NTCL) “Prestación del Servicio de Orientación para la Integración Familiar a Nivel Preventivo” con la finalidad de enriquecer las acciones que desempeñan los orientadores familiares y, así, cubrir uno de los requisitos establecidos por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) al homologar a nivel internacional el concepto de Normas a Estándares de Competencia.

Adicional a lo anterior, entre los objetivos del Programa Oportunidades (SEDESOL), se encuentra el impulsar el compromiso y la participación activa de todos los integrantes de las familias beneficiarias mediante el cumplimiento de las corresponsabilidades asociadas a las intervenciones de este programa. Entre sus acciones se encuentran fomentar y mejorar el auto cuidado de la salud mediante la comunicación educativa en salud, priorizando la educación alimentaria nutricional, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Paralelamente se realizan talleres con las madres y los padres beneficiarios sobre nutrición y la importancia del seguimiento nutricional en niñas y niños, además de fomentar la permanencia escolar.

El CONAFE favorece la educación de los niños menores de 4 años que habitan en las comunidades rurales e indígenas con altos índices de marginación y rezago educativo del país, a través del desarrollo de competencias de madres, padres y cuidadores quienes son responsables de su crianza, y con la orientación a mujeres embarazadas, así como con acciones de promoción comunitaria que favorezcan el desarrollo infantil, la equidad de género, y la participación de los hombres en la atención y el cuidado de los infantes, mediante el Programa de Educación inicial.Los esfuerzos de este programa se orientan a atender a los infantes mediante el desarrollo de competencias para fortalecer las prácticas de crianza, mediante visitas domiciliarias, estrategias de difusión y divulgación y sesiones, donde los padres, madres, cuidadores y mujeres embarazadas comparten información, expresan ideas y experiencias, reflexionan e impulsan el enriquecimiento de sus prácticas de crianza, para favorecer el desarrollo integral de niños y niñas, desde antes del nacimiento hasta los 4 años de edad, así mismo favorecen su desarrollo humano y el de su comunidad.

Por su parte, la SSA, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) y en colaboración con la Universidad de Guanajuato, realizó en 2010, el proyecto “Prevención de la violencia familiar para padres y madres primerizos”, cuyos objetivos son: 1)Explorar los conceptos, actitudes e ideas que tienen madres y padres primerizos con relación a las pautas y prácticas de crianza con sus futuros hijos; y 2)Diseñar y aplicar una estrategia de intervención reeducativa con padres primerizos para prevenir la violencia en la crianza de los hijos. Los resultados de este proyecto se presentaron a la Comisión de Protección Social en Salud, para que se incorpore al paquete de “Habilidades para la Vida”, el cual está dirigido a la población afiliada al Seguro Popular y a los beneficiarios del Seguro Médico para una Nueva Generación en elPrimer Nivel de atención.

B.Obligaciones de los padres, asistencia a los padres y prestación de servicios de atención infantil (art. 18)

En cuanto a la asistencia a los padres y prestación de servicios de cuidado infantil, el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI), creado en 2007, apoya a los hogares en situación de pobreza patrimonial o con ingresos mensuales de hasta 1,5 salarios mínimos per cápita, a través de subsidios a los servicios de cuidado y atención infantil otorgados a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y a los padres solos con niños o niñas bajo su cuidado entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años) y entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad en caso de niños o niñas con alguna discapacidad.

Los objetivos del PEI son: a) Que las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y los padres solos cuenten con tiempo disponible para acceder o permanecer en el mercado laboral, o en su caso estudiar, por medio del uso de servicios de cuidado y atención infantil; b)Aumentar la oferta de espacios de cuidado y atención infantil, a través de una Red que atienda la demanda de las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y los padres solos; y c)Contribuir al cumplimiento progresivo del derecho de los niños y niñas a beneficiarse de la seguridad social, a través de su acceso a servicios orientados a su cuidado, atención y desarrollo.

Las responsables y asistentes de las Estancias Infantiles son capacitadas para obtener el Certificado de Competencia Laboral en “Cuidado de las Niñas y los Niños en Centros de Atención Infantil”, con lo cual demuestran sus competencias para fortalecer la salud física, psicológica y emocional de los menores a su cargo; la estrategia de capacitación, además de ser un medio con el que se fortalece el desarrollo de la primera infancia mexicana, incide en la profesionalización de la mujer.

Otro espacio de atención infantil son los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) y los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC ), cuyo Modelo Educativo Asistencial fue actualizado en 2006 por el SNDIF con apoyo de UNICEF, con base en las competencias de la nueva currícula de preescolar de la SEP, incluyendo manuales para Responsables de Grupo y para Padres de Familia, mediante los cuales se busca lograr mayor acercamiento entre el personal frente a grupo, los padres de familia y los niños; así como centrar en las niñas y los niños el impacto de las acciones, involucrando permanentemente a la familia y la comunidad.

El Manual para padres y madres de familia, tiene como propósito ofrecerles recursos para lograr una mejor convivencia en la familia, ideas para mejorar el trato con su hija o hijo y favorecer un desarrollo pleno y armónico. Asimismo, mediante la capacitación que los SEDIF y los SMDIF dan al personal operativo y técnico, les proporcionan las herramientas necesarias para su quehacer diario en la atención de las niñas y niños. De 2003 a 2011 se han dado 42 capacitaciones a diferentes SEDIF y SMDIF en los siguientes temas: Modelo Educativo Asistencial de CADI y CAIC, planeación de actividades pedagógicas basadas en competencias, escenarios educativos, y literatura infantil.

Respecto de las recomendaciones del Comité sobre la asignación de recursos que garanticen el acceso de la niñez a la enseñanza preescolar, anualmente el SNDIF apoya económicamente a los SEDIF distribuyendo recursos de conformidad con el número de CADI y CAIC que operan en los estados y a la población atendida, con la finalidad de fortalecer los servicios que se brindan a niñas y niños. Destaca que los CAIC tienen como propósito brindar atención integral, así como actividades de recreación y esparcimiento a niñas y niños de comunidades donde no hay educación preescolar por parte de laSEP.

C.Separación del niño con respecto a los padres (art. 9)

Con el propósito de fortalecer el trabajo de las PDMF, desde 2010 el SNDIF otorga recursos financieros a las Procuradurías con la finalidad de fomentar el desarrollo y la implementación de proyectos que mejoren las condiciones jurídicas, psicológicas y sociales de las familias vinculados con servicios de asesoría jurídica en materia familiar; y proyectos que permitan lograr la preservación y reunificación familiar de aquellos menores privados de una familia y que se encuentran albergados en alguna institución pública o privada.

Adicionalmente, el SNDIF busca fomentar el desarrollo e implementación de proyectos a favor de niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo el cuidado de los centros o albergues públicos o privados, mediante las siguientes acciones: Identificar los centros o albergues públicos y privados que tengan bajo su cuidado a menores en situación de vulnerabilidad; cuantificar la población de las niñas, niños y adolescentes albergados; conocer los motivos de su ingreso, y ejecutar acciones con centros o albergues públicos o privados con la finalidad de lograr su reintegración a su familia nuclear o extensa, obtención de actas de nacimiento, juicios de pérdida de patria potestad y, si es el caso, procedimiento de adopción.

D.Reunificación familiar (art. 10)

La misión del SNDIF es promover, a través de los centros de atención a población infantil, la reintegración familiar de niñas y niños, así como su reincorporación social, por lo que como resultado de su trabajo en la materia, de enero a diciembre de 2011 egresaron 136 menores (81 niñas y 55 niños) de un total en promedio anual de 315 niñas, niños y adolescentes atendidos. Adicionalmente, gracias al trabajo coordinado con las PDMF, se cuenta con información correspondiente a 29 entidades federativas, que durante 2011, reportaron haber efectuado 1.224 reintegraciones de niñas, niños y adolescentes con su familia nuclear o extensa.

E.Pago de la pensión alimenticia (art. 27, párr.4)

Toda vez que éste es un tema de atención particular de cada Entidad Federativa que conforma la República Mexicana, el Gobierno Federal continúa integrando la información correspondiente, a efecto de presentarla al Comité de manera desagregada por Entidad Federativa, e integral del Estado mexicano.

F.Niños privados de un entorno familiar (art. 20)

El SNDIF cuenta con seis centros asistenciales, cuyo objetivo es atender de manera integral a las niñas, niños, adolescentes, sujetos de asistencia social, y promover su derecho a vivir en familia, así como apoyar temporalmente a éstos, en el marco de igualdad de oportunidades; equidad de género y fomento de la consanguinidad de los hermanos a través de lazos fraternos.

En los Centros se consideran como beneficiarios a niñas, niños, adolescentes en situación de riesgo o desamparo, conforme a lo establecido en la Ley de Asistencia, así como niñas, niños y adolescentes con las siguientes circunstancias: violencia familiar, falta de recursos económicos, carencia de vivienda u orfandad parcial o total, problema legal del padre, madre o tutor, madre incapaz, tráfico de menor, extravío, víctimas de explotación sexual, víctimas de desastres naturales, abandono, a solicitud de un familiar o de la comunidad, para protección temporal, presentados por exposición voluntaria, repatriados y/o migrantes. Todos canalizados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Ministerios Públicos, Instituciones Públicas o Privadas. En el año 2011, la población atendida en promedio fue de 315 niños, niñas y adolescentes provenientes de la Procuraduría General de Justicia y de la Estancia Transitoria del Distrito Federal.

El SNDIF, conforme a la Ley de Asistencia Social, fortalece su rectoría al establecer convenios de colaboración con OSC a las que se canaliza a población que, por su perfil y características de vulnerabilidad, requiere de una atención especializada. Este apoyo está dirigido a niñas, niños y adolescentes en estado de abandono u orfandad total o parcial con alguna discapacidad física y/o mental, adultos jóvenes con discapacidad, adultos mayores en estado de abandono con problemas de salud severos que les impiden su autosuficiencia y personas de cualquier edad y sexo en estado de abandono y rechazo social, así como a personas portadores de VIH/SIDA y/o en fase terminal. A estas instituciones, el SNDIF les aporta una cantidad mensual por cada uno de los beneficiarios derivados, con el objeto de que estos reciban una atención integral con calidad y calidez.

En el caso de las niñas, niños y adolescentes albergados en 18 Instituciones de Asistencia Privada o Asociaciones Civiles con Convenio de Concertación con el SNDIF, actualmente se atienden a 191 menores de 18 años, población que por sus características de salud física o mental requieren de una atención integral especializada, incluyendo algún tipo de discapacidad. El objetivo primordial es brindarles una atención adecuada y especializada a las necesidades específicas que los menores requieran de acuerdo a su problemática, así como procurar que los hermanos, aún cuando son de diversas edades y género, puedan permanecer juntos y no se rompa el lazo fraterno.

Por último, de acuerdo a la información proporcionada por las PDFM de 29 entidades federativas: Existen alrededor de 93 albergues públicos y 452 albergues privados en el territorio nacional, en los cuales se atienden 8.495 niñas y 7.706 niños; del total de niños albergados en instituciones públicas y privadas, se han identificado las causas de ingreso de 14.895 niños: 4.417 por abandono; 3.557 por maltrato; 587 expósitos y 6.334 por otra causa, y, a través de los albergues se han efectuado 1.224 reintegraciones de niñas, niños y adolescentes con su familia nuclear o extensa; se tramitaron 3.126 actas de nacimiento, se iniciaron 401 juicios de pérdida de patria potestad, y se llevaron a cabo 202 procedimientos de adopción.

G.Examen periódico del acogimiento (art. 25)

Como ya ha sido mencionado, el SNDIF tiene a su cargo seis centros asistenciales, en los que atiende a niñas, niños y adolescentes a partir de un modelo de atención que pretende incidir en su realidad social y personal, promover en ellas y ellos el sentido de participación y responsabilidad a través del desarrollo y adquisición de competencias, en los ámbitos de capacidades, habilidades, hábitos, valores, actitudes y saberes. Para lograrlo se proporciona atención integral: social, jurídica, física y mental individualizada, incluyendo atención tanatológica, impulsando su desarrollo, brindando la mejor alternativa para su egreso, a través de las siguientes modalidades: reintegración familiar; conclusión de protección temporal a solicitud de instancia canalizadora (Procuraduría General de Justicia, o Instituto Nacional de Migración); adopción nacional o internacional; reintegración social y derivación institucional a instituciones en convenio, con previa revisión de la Junta Interdisciplinaria.

Los seguimientos por egreso se realizan de la siguiente forma: Reintegración familiar: cada 6 meses hasta la mayoría de edad; reintegración a solicitud de instancia canalizadora (PGJ, PGR): no se realiza seguimiento; egreso por adopción: cada 6 meses, durante 2 años, y derivación institucional: cada 6 meses hasta la mayoría de edad.

Por otra parte, el SNDIF también es el encargado de coordinar, con un grupo de profesionales interdisciplinarios, la ejecución de una supervisión y seguimiento programados anualmente, con la finalidad de que, en total apego a la normatividad vigente, puedan detectar debilidades en los procedimientos de atención; posterior a ello, se generan estrategias para solventar las desviaciones a corto y mediano plazo, con la asesoría y acompañamiento de los profesionales de la salud.

H.Adopción nacional e internacional (art. 21)

Nacional

En nuestro país, el SNDIF es el encargado de procurar al menor ante una eventual adopción. Con el propósito de establecer la base para la adecuada realización de las adopciones, el SNDIF ha desarrollado diversas acciones:

En 2008 realizó cuatro Foros Regionales en Materia de Adopción, con la participación de los Tribunales Superiores de Justicia de las diversas entidades federativas del país (CONATRIB) y los Sistemas Estatales DIF de la República Mexicana. Como resultado, se identificaron las siguientes problemáticas: insuficiente capacitación y especialización en el personal responsable en los procedimientos de adopción y carencia de investigación, información y estadística en el tema. Asimismo, se observó la necesidad de unificar criterios técnicos y legislativos a nivel nacional y optimizar los procedimientos administrativos y judiciales de adopción, así como el jurisdiccional relativo a la pérdida de patria potestad de NNA, necesaria para su inserción en un entorno familiar a través de la adopción.

En 2009 y 2010 el SNDIF llevó a cabo de manera conjunta con las legislaturas locales de los estados, incluido el Distrito Federal y funcionarios de los SEDIF de distintas entidades federativas del país, 3 foros denominados “Retos y Perspectivas de la Adopción en la Legislación Nacional”. Derivado de ello, 29 entidades federativas han realizado reformas en sus legislaciones en materia de pérdida de patria potestad y adopción.

El 9 de marzo de 2009 se crearon los Lineamientos de Funcionamiento para el Consejo Técnico de Adopción del SNDIF, que otorgan transparencia y seguridad jurídica a los procedimientos administrativos de adopción nacional e internacional que se someten a su deliberación. Asimismo, en 2009 se diseñaron e implementaron dos procedimientos: uno para la capacitación y evaluación del personal de trabajo social y psicología que realizan valoraciones a solicitantes con fines de adopción, de conformidad con el artículo 923 del Código de Procedimientos Civiles para el D. F., en el que se establece la facultad del SNDIF para autorizar a profesionistas en Trabajo Social y Psicología para realizar los estudios socioeconómicos y psicológicos necesarios en los trámites de adopción nacional e internacional, y otro para la autorización de organismos internacionales acreditados para tramitar adopción.

Internacional

En materia de adopciones internacionales, la SRE participa como Autoridad Central en el marco del Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, específicamente en la recepción de solicitudes provenientes de otros Estados contratantes y su envío al SNDIF –que también el carácter de autoridad central para la aplicación de esta Convención– para así, iniciar el proceso correspondiente.

De la misma forma, la SRE es autoridad “de cierre”; es decir, es la única facultada para expedir el certificado señalado en el artículo 23 de la Convención, con el cual se hace constar que han cumplido con todos los supuestos señalados en la misma, destacando la finalidad de ubicar permanentemente al menor de edaden una familia, cuando en su país de origen no se haya encontrado una adecuada. En ese sentido, se protege el interés superior del infante, toda vez que, en la mayoría de estos casos, los infantes se integran a una familia después de que haber estado institucionalizados.

Como resultado de los acuerdos de los Talleres de Procuradores de la Defensa del Menor y la Familia y a efecto de dar cumplimiento al principio de subsidiariedad establecido en el Convenio de La Haya Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, los Sistemas Estatales DIF acordaron abstenerse de realizar trámites de adopción internacional con países que no hayan suscrito el Convenio de La Haya en la materia, ni de niñas, niños y adolescentes susceptibles de colocación mediante adopción nacional.

El SNDIF impulsó una reforma en la Ley de Migración, misma que fue aprobada en 2011 por el Poder Legislativo. Dicha reforma tiene como objetivo que los extranjeros puedan obtener una visa de visitante para realizar trámites de adopción, la cual los autoriza para internarse en nuestro país y permanecer en el mismo hasta culminar el proceso. Además establece que esta visa se expedirá únicamente respecto de ciudadanos de países con los que nuestro país haya suscrito algún convenio en materia de adopción.

Asimismo, con la finalidad de fortalecer los mecanismos de decisión, examen, vigilancia y seguimiento de las adopciones, tanto nacionales como internacionales, se han implementado las siguientes acciones:

Se ha desarrollado un Sistema Informático de Adopciones (SIAD) cuyas funciones son: Integrar toda la información de los solicitantes de adopción; dinamizar el proceso de adopción reduciendo el tiempo de espera de los solicitantes y brindar un servicio de calidad a los usuarios; así como obtener de manera sistematizada estadísticas completas que reflejen numéricamente la realidad de la adopción. Este programa se implementará en todas los Sistema DIF del país.

En 2009 y con fundamento en el Convenio de La Haya en materia de adopción, el SNDIF, a través del Consejo Técnico de Adopción, implementó el procedimiento de autorización para organismos acreditados a efecto de realizar adopciones internacionales con nuestro país. A la fecha se han autorizado siete organismos originarios de Italia, Francia, los Estados Unidos y España.

En 2010 se impartieron unas Clínicas de Adopción Internacional a las PDMF de los SEDIF e instancias homólogas responsables del procedimiento de adopción de todo el país (a excepción del estado de Veracruz), y una Clínica de Adopción Internacional a Jueces de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con la finalidad de difundir la guía de Buenas Prácticas emitida por La Haya, al amparo de la Convención sobre la Protección de Menores y Cooperación Internacional en Materia de Adopción, así como de armonizar los criterios de interpretación y aplicación del citado instrumento internacional.

En julio de 2011, se remitieron a los SEDIF los Lineamientos de operación del Consejo Técnico de Adopción, a efecto de fortalecer y unificar las funciones de dicho órgano colegiado o lograr su implementación en aquellas entidades federativas donde aún no existe.

I.Traslados y retención ilícitos de niños (art. 11)

México, en cumplimiento de las obligaciones que le impone el artículo 11 de la Convención, se adhirió y firmó el Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y ratificó la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. Para cumplir con el objeto y fin de ambas, se designó a la SRE como Autoridad Central para coordinar los esfuerzos entre las distintas autoridades judiciales y administrativas del país, así como de las distintas entidades de la República y, de esta forma, lograr la restitución de los menores sustraídos o retenidos ilícitamente en el territorio nacional.

La SRE únicamente actúa cuando la sustracción o retención ilícitas ya han ocurrido –como lo establecen los supuestos de las Convenciones referidas–, ya que no tiene facultades para evitar la salida o la entrada de menores desde y hacia el país. Por lo que, de existir el temor fundado sobre el traslado de un menor desde México al extranjero, el interesado en evitarlo deberá acudir a la autoridad judicial correspondiente para hacer valer las disposiciones legales al respecto. La dependencia encargada de controlar el ingreso y la salida de personas a y de territorio nacional, respectivamente, es la SEGOB, mediante el INM. En este sentido, es ésta la que, en su momento, podrá recibir solicitudes judiciales para evitar el abandono del territorio nacional de algún menor.

En este contexto, la SRE no expide ningún pasaporte a un menor sin la autorización expresa del padre y la madre, de la persona que deba otorgar esta autorización, o de la orden judicial correspondiente. También se abstiene de realizar el trámite del documento de recibirse una petición en ese tenor emitida por la autoridad correspondiente.

La SRE tiene la función de Autoridad Central para casos de sustracción, básicamente en dos vertientes:

Respecto de los menores sustraídos ilícitamente de México y retenidos en el extranjero. La SRE es la autoridad encargada de solicitar su restitución y ser el vínculo entre el o la solicitante y la Autoridad Central extranjera, para obtener información sobre el avance del caso y transmitir cualquier documento adicional;

La labor para restituir a un menor a su lugar de residencia en el extranjero cuando éste se encuentra en México.La Autoridad Central mexicana se involucra en todo el proceso explicando al juez competente lo que deba resolver, y a las autoridades administrativas que intervienen los alcances de las Convenciones sobre sustracción y de otros instrumentos relacionados con la protección de la infancia como la propia Convención. Además, proporciona algunos criterios de interpretación y resoluciones relevantes dictadas por tribunales nacionales y extranjeros y transmite documentos producidos por la Conferencia de La Haya, entre otras acciones.

México es reconocido internacionalmente por su labor en este tema y ha sido invitado por las autoridades de otros países a compartir las experiencias y los logros obtenidos en los asuntos de restitución internacional de menores. Además, ha colaborado intensamente en el desarrollo de las conferencias multilaterales sobre el tema.

Dentro de los desafíos identificados para el cumplimiento cabal de las obligaciones de México en esta materia, se encuentra la ampliación del conocimiento sobre este fenómeno entre las autoridades judiciales, administrativas y de las personas en general, no obstante los importantes esfuerzos de capacitación realizados en la materia.

La PGR atiende los casos de traslado y retención ilícita de infantes, a través de la estrategia de efectividad de la función sustantiva y de coordinación y colaboración interinstitucional por la cual se realizan esfuerzos para promover el acceso a la justicia, aumentar la detección de posibles casos e iniciar investigaciones en materia de trata de personas y delitos relacionados como la pornografía de personas menores de edad, con la finalidad de lograr su judicialización y alcanzar sentencias condenatorias y firmes. En el marco de su mandato legal, la PGR, asume la investigación de los delitos relacionados, realiza las acciones legales posibles y dispone de las herramientas técnico-penales para lograr ante el Poder Judicial de la Federación una judicialización exitosa.

En este sentido, desde el 2010 opera la Estrategia de efectividad de la función sustantiva y de coordinación y colaboración interinstitucional, que tiene como objetivos: establecer los vínculos formales de acceso al sistema de procuración de justicia, a través de la colaboración y la coordinación con organizaciones de la sociedad civil; gobiernos federal, estatales y municipales; organismos internacionales y representaciones consulares y diplomáticas; aumentar el número de averiguaciones previas en delitos relacionados con menores, particularmente en materia trata de personas; perfeccionar la calidad técnico-jurídica de las investigaciones; aumentar las judicializaciones exitosas de casos, preponderantemente en materia de trata de personas; activar los mecanismos de atención, asistencia y protección a víctimas; y contribuir en la Política Criminal del Estado mexicano de combate al delito de trata de personas. La estrategia se instrumenta a través de dos líneas de acción: Actuación ministerial y Estrategia de Denuncia segura.

Asimismo, como mecanismo innovador e integrador de esfuerzos institucionales, ha contribuido a contrarrestar la impunidad y facilitar el acceso a la justicia. Con ella, se ha logrado tener mayor presencia y cobertura para facilitar el acercamiento a la ciudadanía a nivel nacional en el ámbito federal, ya sea directamente o a través de organizaciones de la sociedad civil; instituciones federales, estatales y municipales; organismos internacionales; y representaciones de otros países. De igual forma, se brinda a las organizaciones de la sociedad civil: asesoría técnica, análisis focalizado de casos, derivación y recepción de casos y víctimas, seguimiento de las investigaciones e información actualizada del estatus de las investigaciones.

J.Malos tratos y descuido (art. 19), entre otras cosas en la recuperación física y psicológica y en la reintegración social (art. 39)

El maltrato infantil es considerado como un problema mundial de salud pública, y en México actualmente se acepta como una patología médico-social-legal emergente que debe ser atendida de una manera integral; por ello, consciente de la necesidad de definir estrategias que permitan una atención adecuada a esta problemática, el SNDIF contribuye, con acciones de prevención en todo el país a través del Diplomado Teórico-práctico avanzado sobre Maltrato Infantil, para capacitar al personal del SNDIF, los SEDIF y los SMDIF, sobre los aspectos médicos, sociales y legales del maltrato infantil en México, así como las estrategias para su prevención y atención, a fin de que se presten servicios de calidad en la materia.

De igual manera, el mismo SNDIF diseñó en 2009 la metodología de la estrategia preventiva denominada Promoción del Buen Trato en las Familias, la cual se enfoca en fortalecer habilidades y conductas protectoras en las familias, que les prevengan de caer en situaciones de riesgo, en el marco de una cultura de respeto a los Derechos Humanos.

Las acciones se enfocan en dos líneas de acción: Fomento de la cultura de Buen Trato a través de la Campaña “Hagamos un Buen Trato en Familia” y la realización de actividades culturales, deportivas, recreativas y educativas, así como al Desarrollo de Habilidades de Buen Trato en la Familia, mediante la aplicación de las herramientas didácticas en 12 sesiones del Taller para niñas y niños, los adolescentes y padres, tutores y cuidadores. La estrategia opera mediante la capacitación y profesionalización de personal estatal y municipal en el manejo de las herramientas metodológicas y materiales educativos.

La estrategia de Buen Trato, considera que la principal responsabilidad de la educación y el desarrollo de los hijos recae en las familias y en las personas encargadas de su cuidado y protección, por ello, las acciones deben estar encaminadas a: a)Apoyar a las madres, los padres y las personas encargadas de su cuidado, con el fin de que ejerzan las funciones educativa, nutricia y socializadora basadas en los buenos tratos y el respeto a los derechos y las necesidades de los hijos, de acuerdo con su edad; b)Reafirmar las competencias parentales que fomenten estilos de vida saludables y una mejor calidad en la relación de crianza adulto-niño; y c)Proporcionar herramientas encaminadas a las cuestiones de género, centradas en formas de disciplina no violenta, constructiva y positiva, que promuevan relaciones sanas, teniendo en cuenta la capacidad evolutiva de las niñas y los niños y la importancia de respetar sus opiniones.

Por otra parte, la normativa aplicable a las instituciones de la SSA contempla que cuando se identifica un niño maltratado se atiende de forma integral y se realiza una interconsulta a la Clínica del Maltrato Infantil, para su canalización Interinstitucional.

VI.Discapacidad, salud básica y bienestar (arts. 6, 18, párr. 3; 23, 24, 26, 27, párrs. 1 a 3; y 33)

A.La supervivencia y desarrollo (art. 6, párr. 2)

Se elaboró el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012 que contempla estrategias y acciones para promover un cambio de cultura hacia la discapacidad en la población en general, así como estrategias y acciones para promover el ingreso y la permanencia de niños con discapacidad en el sistema educativo nacional, incluyendo el nivel de educación básica y media-superior

La SEP implementó en el año 2002 el Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa (PFEEIE). El PFEEIE es de carácter nacional y la participación de las 32 entidades federativas se realiza con pleno respeto al federalismo educativo. La población objetivo son las instituciones públicas de educación inicial y escuelas públicas de educación básica de las distintas modalidades que atienden alumnos con necesidades educativas especiales, así como los servicios de educación especial.

Para el período 2007-2012, las líneas de acción del PFEEIE se orientan a fortalecer el marco normativo y jurídico del proceso de atención educativa, a través de mejoras al currículo de la educación básica, a las Normas de Control Escolar de educación básica, así como la elaboración de sugerencias legislativas. Igualmente, se enfoca a promover el fortalecimiento de las escuelas de educación básica y los servicios de educación especial, a través de la transferencia de recursos económicos a las entidades federativas. Estos recursos se distribuyen para apoyar la implementación de la planeación estratégica que elabora cada entidad federativa, con base en el número de escuelas y servicios de educación especial de cada una, el número de docentes de educación especial y la matrícula de alumnos de educación especial.

Se realizan diversas acciones incluidas las siguientes:

Vinculación entre las autoridades educativas de los distintos niveles y modalidades: educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, educación especial y las áreas correspondientes a la formación inicial de maestros (educación superior);

Dotación de recursos educativos: material didáctico y recursos tecnológicos para las instituciones públicas de educación inicial, los Centros de Atención Múltiple y los Centros de Recursos e Información para la Integración Educativa (CRIE) y las escuelas públicas de la Educación Básica que apoyan el aprendizaje y la participación de los alumnos y alumnas que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación;

Actividades de actualización del personal directivo y docente, así como de sensibilización e información a la comunidad escolar en temas relacionados con el derecho y las estrategias para atender a los alumnos y alumnas que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación.

Los servicios que en educación especial se ofrecen, son los siguientes:

Servicios de apoyo: las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y el Centro Psicopedagógico de Educación Preescolar (CAPEP) son las instancias técnico operativas que tienen como propósito impulsar y colaborar en el proceso de mejora y transformación de los contextos escolares de la Educación Inicial y Básica regular, proporcionando apoyos técnicos y metodológicos que garanticen una atención de calidad a la población, particularmente a aquellos alumnos que presentan discapacidad, necesidades educativas especiales y aptitudes sobresalientes;

Servicios escolarizados: los Centros de Atención Múltiple (CAM) ofrecen servicios de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y formación para la vida y el trabajo de calidad, a niñas, niños y jóvenes con discapacidad, discapacidad múltiple y trastornos graves del desarrollo, condiciones que dificultan su ingreso a escuelas regulares. Asimismo, ofrecen capacitación para el trabajo a los alumnos de 15 a 22 años;

Servicios de orientación: los CRIE y Unidades de Orientación al Público (UOP) ofrecen información, asesoría y capacitación al personal del Sistema Educativo Nacional, a las familias y a la comunidad sobre las opciones educativas y estrategias de atención para los alumnos con necesidades educativas especiales. También ofrecen orientación sobre el uso de materiales específicos y realizan estudios indagatorios. En el Distrito Federal no existe el CRIE, sino un Centro Digital de Recursos de Educación Especial que realiza acciones similares.

También destaca que desde 2007 el Programa de Estancias Infantiles ha incluido dentro de su población objetivo la atención de niños y niñas con alguna discapacidad. Otra de las medidas adoptadas en este período (2007-2010) ha sido capacitar a responsables de estancias infantiles que atienden a niños y niñas con discapacidad del D. F. y el Estado de México, con el objeto de ofrecerles información básica y orientación teórico-práctica sobre la atención a los niños y niñas con discapacidad intelectual y neuromotriz. Al cierre de 2010 en las Estancias Infantiles del Programa se atendían a 2.631 niñas y niños con algún tipo de discapacidad en 1.951 Estancias Infantiles, de éstos, 42,1% son niñas y 57,9% niños. La naturaleza de la discapacidad que presentan las niñas y los niños atendidos en las Estancias Infantiles afiliadas a la Red del Programa son, entre otras: niñas y niños ciegos, sordos, mudos, con alguna discapacidad mental, falta parcial o total de alguna extremidad, que necesitan ayuda de otra persona o algún aparato para caminar.

Igualmente, en los CADI y CAIC se atiende a niñas y niños con discapacidad leve; se atiende un máximo de 2 niños por CADI, quienes son supervisados por el servicio médico de los Centros Asistenciales. Los niños que con mayor frecuencia son atendidos presentan Síndrome de Down, sordera y secuela de polio o bien alguna discapacidad que no les permite valerse por sí solos.

Por su parte, el IMSS, a partir de 2004, aprobó el esquema de atención denominado Guardería Integradora, con el que se brinda servicio de guardería, tanto a niños y niñas sin discapacidad como a niños y niñas con discapacidad leve y moderada de manera especializada. Ambos grupos comparten el mismo inmueble, con lo que se promueve la integración paulatina de los niños y niñas con discapacidad, de acuerdo con las posibilidades individuales de cada uno. Actualmente existen 33 guarderías integradoras en operación a nivel nacional.

En los Centros de Rehabilitación del SNDIF, se lleva a cabo el Programa de Escuela para Familias con hijos con discapacidad. Su objetivo es: orientar a los padres y demás integrantes de la familia de las personas con discapacidad que acuden a los Centros de Rehabilitación, para que conozcan la discapacidad de su familiar la acepten y apoyen el proceso de rehabilitación, para lograr su inclusión familiar y social. Este programa se realiza a través de cursos, sesiones y talleres.

Para la atención de los menores con discapacidad y en riesgo de presentarla, así como a sus familias, el SNDIF, a través del Programa de Prevención, Rehabilitación e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad y sus Familias, ha instrumentado los siguientes programas sustantivos, dirigidos a este sector de la población:

Estimulación Múltiple Temprana. Sus objetivos son detectar y dar tratamiento oportuno a los lactantes que presenten signos de disfunción neurológica y disminuir la aparición de secuelas discapacitantes en aquellos que hayan estructurado un daño neurológico;

Inclusión Educativa de Menores con Discapacidad. Sus objetivos son promover la equidad de oportunidades de los menores con discapacidad, a través de su integración educativa, desde la etapa inicial, en escuelas regulares y/o especiales según sea el caso, favoreciendo su desarrollo infantil y su adaptación al entorno social, dentro del marco del Programa de Atención a Personas con Discapacidad;

Detección Temprana de Padecimientos Discapacitantes. Sus objetivos son: detectar oportunamente aquellas alteraciones que puedan generar discapacidad, a través de la detección extra muros, con personal médico y paramédico acorde al tema de detección.

Estos esfuerzos continuarán hasta lograr la atención a toda la población infantil con discapacidad, particularmente aquella en zonas rurales y en los sitios más alejados en la geografía nacional.

B.La salud y los servicios sanitarios, en particular la atención primaria de la salud (art. 24)

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), de manera conjunta con las entidades federativas, opera el programa Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG). Este programa otorga beneficios como la atención preventiva, la detección de enfermedades tempranas y servicios de salud para niños nacidos a partir del primero de diciembre del 2006, que no están afiliados a ninguna institución de seguridad social y cuyas familias voluntariamente solicitaron su afiliación. Actualmente, el SMNG otorga cobertura en salud para 128 intervenciones específica para niños entre 0 y 5 años de edad. Estas complementan la cobertura del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) que comprende el primer y segundo nivel de atención y la del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que comprende intervenciones de tercer nivel.

Con el propósito de contribuir a la disminución de la mortalidad infantil y cumplir con el 4º Objetivo de Desarrollo del Milenio, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) ha implementado acciones dirigidas al desarrollo de recursos humanos especializados en la atención integral de la salud en la infancia. El programa de capacitación al personal de salud incluye: Atención Integrada de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), capacitación permanente sobre enfermedades diarreicas y respiratorias, sueño seguro, fortalecimiento de la lactancia, vacunación, atención, prevención y seguimiento de defectos congénitos, diagnóstico oportuno y tratamiento de las enfermedades malignas y prevención de accidentes. Simultáneamente ha desarrollado manuales de procedimientos técnicos que son: Manual del menor de un año, manual para el diagnóstico de Enfermedades Diarreicas, manual de Enfermedades Respiratorias, manual de Nutrición, manual de Estimulación Temprana y actualización de la NOM-031-SSA2-1999, para la Atención a Salud de la Infancia y la Adolescencia.

Sin duda, deberán continuar e incrementarse los esfuerzos institucionales para asegurar el acceso a servicios de salud, particularmente en las regiones más alejadas, en las que aún se registran índices de mortalidad infantil mayores a los del promedio nacional.

El CENSIA también ha reforzado la capacitación dirigida al personal de salud del primer y segundo nivel de atención, sobre manejo efectivo en salud de la infancia con la finalidad de que obtenga los conocimientos básicos para atender adecuada e integrada al binomio madre-hijo; asimismo, proporciona los medicamentos necesarios para ello.

El IMSS cuenta con los programas integrados de salud PREVENIMSS, entre los que destacan el programa niño menor de 10 años y adolescente de 10 a 19 años; en ambos casos los derechohabientes se benefician de un paquete de acciones encaminadas a promover la salud, vigilar la nutrición, prevenir, detectar y controlar enfermedades y, en el caso de los adolescentes, promover la salud reproductiva.

El programa IMSS Oportunidades se integra a la Estrategia Nacional de Promoción y Prevención para una Mejor Salud en febrero de 2007, con ello todas las instituciones adoptan un sólo esquema de trabajo en el que sobresale la unificación de las cartillas de salud, para IMSS Oportunidades significó sustituir las cartillas PREVENIMSS por las nuevas cartillas nacionales de salud, las cuales dan continuidad al enfoque preventivo de la salud y adoptan la división de la población en 5 grupos de atención: niños menores de 10 años, adolescentes de 10 a 19 años, mujeres de 20 a 59 años, hombres de 20 a 59 años y adultos mayores de 60. En 2011 fueron entregadas 158.832 cartillas nacionales de salud a niños de 0 a 9 años de edad y 152.702 a adolescentes de 10 a 19 años para dar cobertura a los recién nacidos que se integran y a aquellos que requirieron reponerla. En dichas cartillas se registran las acciones preventivas.

Adicionalmente, el programa IMSS-Oportunidades contribuyó a la reducción de la tasa de mortalidad de 12,76 por 1.000 nacidos en 2006, a 7,4 en 2011. Lo anterior, gracias a programas como el de vacunación universal; prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedad diarreica e infección respiratoria aguda, prevención de la desnutrición; acciones especificas en salud materna y perinatal; y prevención y promoción de la salud.

Las Unidades de Medicina Familiar (UMF) operan el programa de control del niño sano en el que el médico familiar y/o la enfermera especialista en medicina de familia, de manera programada y en períodos preestablecidos acordes a la edad del niño, realizan entre otras, las siguientes actividades: Administración de hierro, vitamina A y antiparasitario; detección de enfermedades metabólicas congénitas, defectos visuales o trastornos de la agudeza visual, defectos ortopédicos y sobrepeso u obesidad; evaluación del desarrollo psicomotor; evaluación del estado de nutrición con base a peso, talla y otras medidas antropométricas; educación para la salud en alimentación, prevención de enfermedades, prevención de accidentes, prevención de violencia y estilos de vida saludables; evaluación de salud bucal y en su caso derivación al estomatólogo, y revisión del esquema de inmunizaciones y en su caso derivación para complementación del mismo.

Por su parte, las campañas de vacunación para prevenir enfermedades han alcanzado un nivel de cobertura prácticamente total de la población objetivo. Destacan, asimismo, otras inmunizaciones contra el rotavirus y el neumococo para menores de un año de edad y la vacuna contra el VPH para niñas y adolescentes.

El componente de salud del Programa Oportunidades permite focalizar transversalmente los esfuerzos en las familias más vulnerables y donde se registra un mayor número de casos de mortalidad. Dadas las características de corresponsabilidad del Programa, los integrantes de las familias beneficiarias, y en particular las mujeres embarazadas, los lactantes y los menores de 5 años de edad, deben asistir a sus consultas programadas a la unidad de salud (o recibir atención a través de las caravanas de la salud y otros equipos de salud itinerantes) y a talleres comunitarios enfocados en el auto cuidado de la salud y mejores prácticas de atención y cuidado de los menores. Estas acciones han incidido sobre la mejora en éstos y otros indicadores fundamentales para medir el desarrollo materno-infantil.

A través de ese componente se proporciona de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud, de acuerdo con la edad, sexo y evento de vida de cada persona y se promueve la mejor nutrición de la población beneficiaria, en especial para prevenir y atender la desnutrición de niños y niñas desde la etapa de gestación y de mujeres embarazadas y en lactancia, a través de la vigilancia y el monitoreo de los mismos.

C.Los esfuerzos para hacer frente a las dificultades de salud más prevalentes y promover la salud física y mental y el bienestar de los niños, y para prevenir y tratar las enfermedades transmisibles y no transmisibles

En materia de avances normativos, desde 2001, se tiene la Norma Oficial Mexicana para la Atención a la Salud del Niño, la NOM-031-SSA2-1999, la cual se encuentra encaminada a realizar acciones de prevención que permitan disminuir la incidencia y complicaciones de las enfermedades más frecuentes en la infancia.

En primera instancia, es importante mencionar las estrategias que implementa el CENSIA para modificar y mejorar los índices de desnutrición en la población infantil y adolescentes:

Diagnóstico, control y vigilancia nutricional permanente de la población infantil y adolescente para:

Prevenir, detectar y tratar oportunamente la desnutrición y la anemia ferropénica;

Prevenir y detectar el sobrepeso y la obesidad y la deficiencia por vitaminaA;

Fomentar la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida y su continuación hasta los 2 años de vida, especialmente en adolescentes embarazadas y durante el período de lactancia;

Suministro de hierro profiláctico a menores de 5 años, adolescentes embarazadas y en período de lactancia;

Suplementación de vitamina A en los recién nacidos y los menores de 5 años;

Capacitar a los responsables de nutrición de los estados de la República Mexicana en materia de prevención, detección y tratamiento oportunos de enfermedades relacionadas con la nutrición en la población infantil y adolescente;

Informar y capacitar a la población en temas relacionados con nutrición: lactancia materna, alimentación complementaria, alimentación en las enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, identificación de signos de alarma de desnutrición, sobrepeso, obesidad y anemia;

Promover la salud nutricional para la prevención de enfermedades relacionadas con la nutrición en la población menor de 10 años y adolescentes;

Elaborar y difundir material relacionado a los temas de nutrición competentes al CENSIA;

Fortalecer la participación social en la prevención, detección y tratamiento oportunos de enfermedades relacionadas con la nutrición en la población infantil y adolescente;

Vinculación con la Dirección General de Salud Reproductiva y Equidad de Género (DGEGySR), y la Dirección General de Promoción de la Salud (DGPS) para crear estrategias y fomentar de manera permanente la lactancia materna en la población, así como para prevenir y tratar enfermedades relacionadas con la nutrición;

Fortalecer los mecanismos de seguimiento y supervisión del programa en las entidades federativas;

Organizar de reuniones nacionales de nutrición;

Investigación operativa dirigida a mejorar el estado de nutrición de la población infantil en temas relativos a la suplementación con hierro, zinc y vitaminaD.

De conformidad con la recomendación del Comité para reducir las disparidades regionales en el acceso a la atención de la salud, las tasas de desnutrición entre infantes menores de 5 años de zonas rurales y entre la niñez indígena, mediante los programas de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), operados por los SEDIF, se promueve una alimentación correcta. Destacan dos programas dirigidos a la población infantil:

a)Atención a Menores de 5 años en riesgo, no escolarizados. Promueve entre este sector poblacional, alimentación correcta mediante la entrega de apoyos alimentarios adecuados a la edad del niño o niña, y brindando orientación alimentaria a sus padres.

b)Desayunos Escolares. Promueven una alimentación correcta en población escolar sujeta de asistencia social, mediante la entrega desayunos fríos, calientes, o comidas, diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia(inclusión de cereales integrales, verduras, frutas y leguminosas, así como bajo aporte de azúcar, grasa y sodio) desarrollados en 2008 por el SNDIF, acompañados de acciones de orientación alimentaria y de desarrollo comunitario.

Los lineamientos de la EIASA establecen que en la operación de dichos programas, se deberá promover la participación e involucramiento de los padres de familia, principalmente la madre en el caso de los menores de 5 años, y de los miembros de la comunidad escolar en el caso de los Desayunos Escolares, a fin de que los apoyos que se entregan sean en sí mismos el primer instrumento para la promoción de una alimentación correcta, y que forzosamente se implementen acciones de orientación alimentaria, vinculadas a la operación, y dirigidas a los niños beneficiarios y sus padres para promover hábitos y estilos de vida saludables.

Por su parte, el IMSS proporciona información a niños mediante pláticas y talleres sobre ejercicio físico y salud. Uno de los temas que con mayor énfasis se aborda dentro de la estrategia educativa en los Centros de Atención Rural al Adolescente (CARA), es el de la prevención del sobrepeso y obesidad como problemas de salud pública que son condicionantes de la diabetes mellitus, el cual se trata a través de un taller cuyo contenido es la activación física y el ejercicio, en el que se busca estimular y fortalecer la realización de actividades físicas rutinarias en los adolescentes. Durante los cursos de deporte se les proporciona la información sobre los beneficios del ejercicio. En 2011 se realizaron 4.433 talleres con una participación de 76.433 jóvenes de 10 a 19 años de edad.

En el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez se cuenta con los programas “Sigamos Aprendiendo en el Hospital” y “Apoyo Vital”, que permite a niñas, niños y adolescentes hospitalizados, continuar con su programa académico, así como recibir apoyo moral y espiritual durante su estancia.

Programa Nacional de Activación Física Escolar

En México uno de cada cuatro niños de entre 5 y 11 años de edad tiene sobrepeso u obesidad, mientras en adolescentes lo padecen uno de cada tres (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2006).

De esta problemática, derivó la creación del Programa de Activación Física Escolar (PNAFE) cuyo objetivo es que toda la población escolar mexicana realice, mínimo 60 minutos diarios de actividades físicas durante toda la semana, dividida en 30 minutos mínimos durante la jornada escolar (en sesiones de 15minutos, al inicio de clases, y la siguiente en el recreo y/o previo a la salida y el resto (30minutos o más) en actividades extraescolares con el fin de adoptarlo como un hábito de vida e incidir en la preservación de su salud y consecuentemente elevar su calidad de vida. El PNAFE opera en las 32 entidades federativas y en él participa el Instituto Politécnico Nacional (IPN). En total participan 11,3millones de alumnos en 62.696 escuelas. Destacan los estados de Guanajuato, Morelos, Colima, Tabasco, Yucatán y Nuevo León por la firma del convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) por el que se ha logrado incorporar considerablemente a más escuelas al PNAFE.

VIH/SIDA

El Plan de Acción Específico del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (CENSIDA) 2007-2012 contempla el diagnóstico temprano, tratamiento y atención de hombres, mujeres, niños y niñas. De esta manera, la población recibe atención en centros de atención especializada, en unidades hospitalarias y 70 Centros Ambulatorios de Prevención y Atención en SIDA e ITS (CAPASITS) localizados en las 32 entidades federativas, en donde son atendidos por personal médico capacitado.

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud definió al acceso universal a medicamentos antirretrovirales (ARV), como uno de los ejes de trabajo prioritarios para dar respuesta a la epidemia. A través del Fideicomiso de Gastos Catastróficos (FGC) del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), se garantiza la disponibilidad de estos medicamentos para su distribución gratuita a todas las personas con VIH que no cuenten con seguridad social y que se encuentren en necesidad de recibir este tratamiento conforme a indicación médica, lo cual es aplicable para todas las niñas y niños del país que lo requieran. Al 31 de diciembre de 2011, 672 niñas y 725 niños menores de 16 años, sin seguridad social recibían tratamiento antirretroviral mediante el SPSS; asimismo, 29 niñas y 23 niños menores de 16 años, que aún no requieren tratamiento antirretroviral, se encuentran en control en los CAPASITS y SAI. El acceso a servicios psicológicos se tiene contemplado en el 100% de los niños y su familia o a los responsables con el objetivo de permitir la integración de la familia, a la sociedad, que mejore su adherencia al tratamiento y permita mejorar la calidad de vida de niños y niñas.

La promoción de la salud reproductiva, materna y perinatal, se ha considerado como el eje de la estrategia para la eliminación de la transmisión vertical del VIH y de la sífilis congénita. Por lo anterior, se trabaja para consolidar la oferta sistemática de las pruebas de detección del VIH y sífilis en todas las mujeres durante su atención prenatal o en el parto; y en seguimiento, la referencia de todas las mujeres embarazadas viviendo con VIH y sus bebés a los centros de atención de VIH para su seguimiento y control, a fin de lograr que sus bebés se mantengan sin infección.

Otra línea de acción busca cumplir con los compromisos de salud de la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, documento que promueve la educación sexual integral y la promoción de la salud sexual como ejes fundamentales para prevenir nuevas infecciones en las generaciones presentes y futuras. Durante 2011 fue prioridad el intensificar el trabajo con las entidades federativas para que se institucionalicen acciones relacionadas a cumplir con la Declaración. En este sentido, se colaboró con los estados de Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Chihuahua, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora, en la organización de seminarios y talleres de abogacía sobre la importancia de implementar las acciones de esta declaración con autoridades estatales del sector salud y educación; así como OSC. En agosto del 2011 se lanzó por primera vez la Convocatoria: Categoría 8 “Prevenir con Educación”, mediante la que se financiaron 23 proyectos de OSC para su ejecución. Estos proyectos buscaban beneficiar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes mediante acciones enmarcadas en la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”

Desde 2010 se constituyó el Grupo de Atención Integral para la Salud de la Adolescencia (GAIA), cuyo objetivo es unificar y fortalecer los distintos componentes de salud dirigidos a la población adolescente, a la vez de mejorar la coordinación federal y estatal en materia de atención integral a la salud de esta población. Dentro de este grupo participan el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), la Dirección General de Promoción de la Salud (DGPS), el CENSIDA, el CNEGSR, la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA).

Una de las principales actividades del GAIA durante 2010, fue su colaboración en la planeación y ejecución del plan de trabajo de la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia, la cual se celebró del 19 al 23 de septiembre del 2011, con énfasis en la prevención de accidentes en población adolescente, teniendo como principal objetivo el promover estilos saludables entre la población adolescentes (10 a 19 años de edad) a través de la oferta de servicios, información y orientación. Esa semana alcanzó a 10 millones de adolescentes a nivel nacional. Dentro de las actividades del evento, en materia de VIH/SIDA e ITS, se ofrecieron 1.529 pláticas informativas para adolescentes, se distribuyeron condones y material informativo sobre prevención de VIH e ITS.

D.Los derechos de salud reproductiva de los adolescentes y las medidas para promover un estilo de vida sano

Por medio del Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia (PASA) 2007-212 se atiende a la población de 10 a 19 años de edad, involucrando a instituciones públicas y privadas vinculadas a este grupo poblacional. Su objetivo es “Mejorar las condiciones de salud de la población adolescente mediante intervenciones universales, focalizadas y selectivas de promoción y prevención de la salud, buscando que los adolescentes participen activamente en el auto cuidado y cuidado mutuo de su salud”. Este programa se sustenta en la conjugación de cuatro enfoques: I) factores protectores de riesgo; II) los derechos de los adolescentes; III) el género; y IV) la promoción de la salud. Asimismo, articula el paquete de servicios de salud que se les brinda a los adolescentes y que están incluidos en la Cartilla Nacional de Salud, como: Promoción de la Salud, Nutrición, Esquema de Vacunación, Prevención y control de enfermedades y Salud sexual y Reproductiva.

En este sentido, la salud del adolescente es percibida de manera integral, comprendida desde lo biológico, psíquico y social por lo que no sólo se considera lo que tiene que ver con la organicidad, sino que se toma en cuenta la modificación de sus comportamientos Dentro de las principales estrategias del Programa se encuentran las siguientes:

a)Grupo de Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS): tiene como objetivo general “Formar grupos de adolescentes en las unidades de primer nivel de atención con capacidad para desarrollar todas sus potencialidades y participar activamente en el cuidado de la salud y promoción de comportamientos y hábitos protectores de la vida y la salud con otros adolescentes”. Los GAPS están conformados por adolescentes de 10 a 19 años de edad, en grupos de 10 a 25 integrantes. Actualmente están constituidos 789 GAPS en todo el país, teniendo un aproximado de 9.468 Adolescentes Promotores de la Salud;

b)Semana Nacional de Salud de la Adolescencia: cuyo propósito consiste en promover estilos de vida saludables entre la población adolescente a través de la oferta de servicios, información y orientación, está a cargo de los Responsables Estatales de Atención a la Salud de la Adolescencia, que en coordinación con otras instancias gubernamentales, organismos públicos y privados y de la sociedad civil organizada, llevan a cabo diversas actividades sociales, culturales, académicas, deportivas y recreativas, con la finalidad de lograr que los adolescentes conozcan los servicios de salud que ofertan las instituciones;

c)Plan Nacional de Prevención de la Violencia y el Maltrato: el objetivo de esta estrategia es prevenir la violencia y el maltrato a Niñas, Niños y Adolescentes a través de la información y sensibilización acerca de las causas y consecuencias que originan la violencia y el maltrato infantil y adolescente; promoviendo la crianza, cuidado y educación, con afecto y libre de violencia en los principales ámbitos donde se desenvuelve este grupo poblacional como: La familia, la escuela y la comunidad. Para el logro de este objetivo, este Plan integra cinco estrategias mencionadas a continuación: i) Capacitación y sensibilización al personal de salud, ii) Orientación a madres, padres, maestros(as), cuidadores(as), sobre las formas de crianza positiva y educación libre de violencia, iii) Información a niñas, niños y adolescentes sobre cómo se manifiesta la violencia y el maltrato; sus consecuencias, desarrollando habilidades para poder prevenirla, IV. Campaña de información y sensibilización para prevenir el maltrato, V. Evaluación y monitoreo de las acciones del Plan y registro de los casos en las unidades de salud.

Sobre la recomendación del Comité respecto del mejoramiento de la educación de los adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva, especialmente en las escuelas, para reducir los embarazos y las enfermedades de transmisión sexual, en 2006, el SNDIF aplicaba el Programa para la Prevención y Atención Integral del Embarazo (PAIDEA), cuyo objetivo era “Prevenir y atender los riesgos de exclusión social derivados del embarazo y la maternidad no planeada en la adolescencia, proporcionando en concordancia con sus características y bajo una perspectiva de género, la orientación y asistencia adecuada e integral que fomentara una actitud responsable frente a su sexualidad, propiciando su incorporación a una vida plena y productiva”.

El Programa PAIDEA consideró para su ejecución dos grandes vertientes:

La vertiente preventiva dirigida a población adolescente en situación de riesgo, de ambos sexos, de hasta 17 años 11 meses de edad. Se proporcionaba información y orientación, a través de talleres, sobre tres grandes rubros: desarrollo humano, entorno social y sexualidad. Además se impulsaron actividades artísticas, culturales, deportivas y recreativas que favorecieran el sano desarrollo y la óptima utilización del tiempo libre;

La vertiente de atención dirigida a madres y embarazadas adolescentes menores de 20 años en situación de vulnerabilidad social. Su objetivo era compensar los efectos de la exclusión social, buscando la permanencia o reinserción a los ámbitos familiar, escolar o laboral de la madre y embarazada adolescente, a través de un taller de salud sexual y reproductiva.

Asimismo, la mayoría de los SEDIF se coordinan con otras instancias, como la SSA, Hospitales Generales, INEA, STPS y SEP, con la intención de brindar apoyos compensatorios temporales y servicios integrales a las y los adolescentes incorporados al Programa, tales como: servicio médico y odontológico gratuito, asesoría jurídica y psicológica, capacitación en algunas artes y oficios (corte y confección, panadería, cultura de belleza, etc.), atención para sus hijos e hijas en Centros Asistenciales para el Desarrollo Infantil, canalización a unidades del Sector Salud para el seguimiento y atención de su embarazo, becas académicas o de capacitación.

A partir de 2008 se modificaron las reglas bajos las que operaba el Programa, por lo desde entonces se denominó Temática de Riesgos Psicosociales/Embarazo Adolescente (se continuó trabajando en las vertientes mencionadas). Durante 2010, y con la intención de actualizar las estrategias nacionales y plantearlas respondiendo a la situación que viven los adolescentes, en el SNDIF se elaboraron 2 manuales para que los Promotores Comunitarios pudieran aplicarlos con la población objetivo:

a)Taller de Prevención del Embarazo Adolescente, que tiene el propósito de conducir a las y los adolescentes a reflexionar sobre la importancia del ejercicio responsable de su sexualidad y la toma de decisiones, así como prevenir el embarazo en la adolescencia;

b)Taller Prenatal y Postnatal para Adolescentes, con el objetivo de que las adolescentes embarazadas adquieran los conocimientos básicos sobre el auto cuidado que requieren durante el embarazo, el parto y puerperio; así como los cuidados que requiere su bebé durante el primer año de vida, a fin de contribuir a mejorar su calidad de vida en los ámbitos individual, familiar y social.

Sumando a estas estrategias nacionales, los SEDIF continúan implementando algunas estrategias locales, como: Talleres de estimulación temprana, talleres sobre violencia en el noviazgo, prevención de ETS, sexualidad en la adolescencia, así como talleres productivos (corte y confección, belleza, aplicación de uñas, manualidades, repostería, serigrafía, etc.); y mantienen coordinaciones interinstitucionales para continuar ofreciendo servicios integrales o canalizar a la población objetivo al servicio que requiera. Con la intención de apoyar estas iniciativas, el SNDIF otorga cada año un recurso federal a cada estado, para que puedan llevar a cabo actividades como: Capacitaciones dirigidas al personal operativo de los Sistemas Municipales DIF; reproducción de materiales (manuales, guías, láminas, etc.) para que los Promotores Comunitarios puedan aplicar los talleres; visitas de asesoría y seguimiento al personal de los SMDIF, asistiendo a las comunidades para ver el trabajo de los grupos; talleres Productivos a fin de que las y los adolescentes aprendan algún oficio o actividad, que les permita mejorar su condición social y económica, y actividades complementarias (culturales, recreativas, deportivas) que favorezcan el desarrollo integral de los adolescentes, entre otras.

Para atender a las adolescentes indígenas, la CDI cuenta con las “Casas de la Mujer Indígena”, que son espacios coordinados y operados por organizaciones de mujeres indígenas gracias al financiamiento de la misma CDI, que atienden los temas de salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas y violencia de género. Algunas Casas de la Mujer Indígena realizan actividades con jóvenes y adolescentes, sobre todo el tema de prevención de embarazos adolescentes, algunos ejemplos son: foros, talleres y pláticas a jóvenes en escuelas secundarias y bachilleratos sobre los derechos sexuales y reproductivos, la promoción de la salud sexual (uso de métodos anticonceptivos, prevención de ETS, etc.) y la prevención de embarazos adolescentes, que es uno de los problemas más importantes entre la población indígena. Además, hay Casas de la Mujer Indígena que se dedican a la atención de partos como una estrategia de prevención a la muerte materna, algunas de las mujeres que atienden se encuentran en la edad de la adolescencia y juventud (hasta 29 años).

Por su parte, el IMJUVE desarrolla acciones permanentes en materia de promoción de salud sexual, con un carácter preventivo. Uno de éstos consiste en la promoción de información clara y científica sobre las garantías y derechos sexuales, mediante materiales impresos con contenidos educativos. La difusión de dichos materiales se acompaña de procesos de capacitación y orientación a adolescentes y jóvenes, docentes y padres de familia, a efecto de fortalecer la proyección activa de las problemáticas juveniles asociadas al tema a través de su participación directa en el diseño, configuración e implementación de políticas públicas con propuestas de soluciones factibles considerando su momento social e histórico, así como protagonistas en el desarrollo del país.

E.Las medidas para prohibir y erradicar todo tipo de prácticas tradicionales nocivas, en particular, aunque no exclusivamente, la mutilación genital femenina y los matrimonios precoces y forzados (art. 24, párr. 3)

En el año 2010, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) solicitó a un grupo de expertos en la materia, la realización de un Diagnóstico de la Legislación Penal Mexicana sobre la recepción de los compromisos asumidos por el Estado Mexicano frente a los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres, el cual fue enviado a los Gobernadores, Congresos Estatales e Institutos de las Mujeres en las entidades federativas, diversas propuestas para reformar los códigos sustantivos y adjetivos conforme a estándares internacionales y nacionales, como es el caso de: a)Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; b)Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; c)Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ­ Convención de Belém do Pará; y d)Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Con ello, se tiende a subsanar las desigualdades existentes en las normas que discriminan en función del sexo. Asimismo, instaurar leyes que no discriminen para garantizar el acceso a la justicia y el respeto de los derechos humanos de las mujeres.

Las propuestas de reforma penal construidas por encargo de esta Comisión Nacional consolidanla:

a)Obligación que el Estado mexicano tiene frente a los compromisos internacionales suscritos;

b)Deber del Estado frente a su obligación a garantizar el derecho de las mujeres para acceder a la justicia, mediante:

Derogar figuras jurídicas que vulneran o discriminan los derechos de las mujeres;

Modificar tipos penales con relación a conductas cometidas por o en contra de mujeres víctimas de violencia;

Incorporar figuras que reconozcan derechos e impulsen su cumplimiento;

Aumentar la protección en el nuevo procedimiento penal acusatorio adversarial;

Las reformas legislativas correspondientes a la procuración y administración de justicia deben encaminarse a poner fin a la impunidad;

Examen y orientación de la legislación federal, estatal y municipal que sea discriminatoria y que impidan el acceso de la mujer a la justicia;

Investigación rápida y eficaz para castigar los actos de violencia en contra de la mujer, garantizando una cooperación eficaz ente autoridades federales, estatales y municipales.

En lo que refiere a las reformas a la legislación penal, se considera pertinente modificar lo concerniente a la Reparación del daño eficaz, a fin de que se contemple la restitución de bienes, incluyendo el daño emergente y lucro cesante; la satisfacción; rehabilitación, garantías de no repetición y el pago de daños físicos, materiales, psicológicos y morales.

Por otra parte, los derechos de las víctimas deben prever mínimamente, los siguientes aspectos:

Conocer legislación vigente y aplicable a su situación;

Asistencia jurídica gratuita a través de un abogado con experiencia en víctimas;

Recibir asistencia médica y psicológica de emergencia y posterior;

Brindar medidas de protección efectivas desde la denuncia;

Ser informada del curso de la denuncia, proceso, del significado y alcances jurídicos del otorgamiento del perdón;

Reparación del daño plena y eficaz.

Finalmente, de manera puntual se proponen reformas y adiciones a la reparación del daño, la extinción de la responsabilidad penal, tipos penales protectores de la vida y salud personal, tipos penales protectores de la libertad sexual y el normal desarrollo físico y psicosexual (Atentados al Pudor, Estupro, Violación agravada, Agravantes a los tipos penales de Violación, abuso sexual, violación equiparada, abuso sexual equiparado y atentados al pudor); tipos protectores de la familia (Incesto, Incumplimiento de obligaciones alimentarias, Deber de alimentos, Fraude Familiar, Violencia familiar) y tipos penales protectores cuya responsabilidad recaen en funcionarios encargados de la Procuración y Administración de Justicia, así mismo se propone adicionar y derogar algunos artículos (esterilidad provocada, delitos contra los derechos reproductivos).

F.Las medidas para proteger a los niños del uso indebido de sustancias sicotrópicas (art. 33)

En el 2006, el SNDIF impulsó el Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales (PREVERP) con el objetivo de favorecer en las niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades el desarrollo de habilidades y actitudes que les permitieran tener mayor capacidad de respuesta autogestiva, impulsando en los SEDIF y SMDIF la operación de modelos, programas y acciones de prevención de riesgos psicosociales asociados a las adicciones, y la promoción de estilos de vida saludables. Para ello se contaba con el Modelo Preventivo de Riesgos Psicosociales para Menores, Adolescentes y sus Familias Chimalli-DIF, cuyo objetivo era “Incrementar las habilidades de protección y competencia social en la resolución de problemas con un sentido propositivo-proactivo, mediante la participación comunitaria en la creación de redes que favorezcan un clima social de protección y desarrollo dentro de una cultura de los derechos humanos”.

Los SEDIF y SMDIF estuvieron aplicando este Modelo desde 1999 hasta 2009 como una estrategia nacional; sin embargo, dada la complicada y tardada aplicación de la metodología en campo, a partir de 2008 se modificaron las reglas bajo las cuales operaba y el Programa se denominó Temática de Riesgos Psicosociales/Adicciones.

A la par de la modificación previamente mencionada, en 2008, el Gobierno Federal, a través del Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC) y en coordinación con el SNDIF, puso en marcha la Campaña Nacional de Información para una Nueva Vida, para incidir en el problema de las adicciones. La estrategia “Detección, orientación y consejería en adicciones”, se basa en la terapia cognitivo conductual y la entrevista motivacional, para realizar la detección oportuna de usuarios, experimentadores o con abuso de sustancias psicoactivas y motivarlos al cambio a través de una intervención breve (Método IDEAS); y referir a usuarios dependientes a Centros Nueva Vida o algún otro centro de tratamiento especializado. Posteriormente, se han incorporado otras estrategias a esta Campaña, como son: 1)Detección, Orientación y Consejería en Adicciones; 2)Estrategia de intervención para disminuir el impacto de factores de riesgo psicosociales en niñas y niños. (Habilidades para la Vida en Estancias); 3)Mitos y Realidades Sobre las Drogas. De joven a joven; 4)10 Recomendaciones para Prevenir que tus Hijos Utilicen Drogas; 5)Habilidades para la Vida en Niños y Jóvenes; 6)Formación de maestros para la prevención de Adicciones en escuelas de Educación Básica (Secundarias); 7)Formación de maestros para la prevención de Adicciones en escuelas de Educación Primaria; 8)Prevención de adicciones en los lugares de trabajo; 9)Prevención del consumo de drogas en mujeres; y 10)La Familia La Mejor Fortaleza.

La Campaña Nacional de Información para una Nueva Vida implica la coordinación entre el CENADIC, SEDESOL, Petróleos Mexicanos (PEMEX), ISSSTE, SSP y el SNDIF, entre otras instituciones.

Las acciones que realiza el SNDIF son preventivas, ya que existen otras instancias del sector salud que brindan servicios de atención y tratamiento como: el Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones, la Comisión Nacional contra las Adicciones Centros Nueva Vida y los Centros de Integración Juvenil.

El ISSSTE se ha sumado a esta estrategia sectorial capacitando a profesionales de la salud para la conformación de la Red Nacional de Promotores de Primer Contacto para detección temprana y derivación oportuna a centros especializados (Centros “Nueva Vida”; Centros de Integración Juvenil) y en la promoción de la salud y prevención de las adicciones para evitar que un problema de consumo de drogas progrese o incremente en su severidad.

A partir del PASA, se conformó el GAIA con un plan de trabajo en el que se retoma la Campaña Nacional de Información para una Nueva Vida, con lo que se busca capacitar a promotores de la salud, en las temáticas de la Campaña, protegiendo a los niños del uso indebido de sustancias sicotrópicas, o promoviendo su recuperación.

Junto con la creación de los 330 “Centros Nueva Vida”, la Campaña Nacional de Información para una Nueva Vida (CNINV), constituye el mayor esfuerzo de prevención de las adicciones instrumentado por el Gobierno Federal. Para su operación, se desarrolló un Modelo de Prevención de Adicciones en Escuelas de Educación Básica que integra 5 ejes preventivos (resiliencia, habilidades para la vida, promoción de estilos saludables, formación de ambientes protectores y proyecto de vida), con los contenidos curriculares de cada uno de los niveles de educación básica, de tal modo que es posible para los profesores, de cualquier asignatura, elaborar secuencias didácticas y desarrollar actividades preventivas en el salón de clases durante todo el ciclo escolar, en un continuo que, por lo pronto, comprende los 6 grados de educación primaria, y los 3 grados de educación secundaria.

Además de la labor que forma parte de Nueva Vida, el IMJUVE desarrolla materiales de información, contenidos educativos y capacitaciones presenciales a jóvenes, docentes, profesionales de áreas médicas y sociales y padres de familia, en la prevención de conductas de riesgo y sus consecuencias, especialmente las relacionadas al abuso de sustancias psicoactivas legales como serían el alcohol y el tabaco, y a las ilegales como solventes, marihuana, cocaína y drogas de diseño, principalmente.

Finalmente, la SSP instrumenta el programa Seguridad Infantil que surge como una alternativa para la prevención del delito, la violencia y el auto cuidado, a través de dinámicas lúdicas que tienen como objetivo: Promover en la niñez mexicana, en las instituciones educativas del nivel básico, en la sociedad civil y en las familias, los valores universales como factores de protección para la prevención de conductas antisociales y delictivas, generando estilos de vida que fortalezcan los vínculos familiares e institucionales (escuela-familia-comunidad) y con ello prevenir la utilización de estupefacientes o sustancias nocivas.

G.Las medidas para garantizar la protección de los niños con padres encarcelados y los niños que acompañan a su madre en prisión

En diciembre de 2011, el Gobierno de México decretó la reforma a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, la cual estipula que las hijas e hijos de internas que permanezcan con ellas dispondrán de los espacios correspondientes para asegurar su desarrollo integral, incluyendo los servicios de alimentación, salud y educación, hasta los 6 años de edad cuando así lo determine el personal capacitado, con opinión de la madre y considerando el interés superior de la infancia. Además, las mujeres quedarán recluidas en lugares separados de los destinados a los hombres y tendrán la infraestructura, información y personal capacitado para el cuidado de sus hijas e hijos que permanezcan con ellas así como para el desarrollo pleno de sus actividades; por último, la reforma en mención acuerda que los hijos de las mujeres recluidas, en caso de que permanezcan dentro de la institución, recibirán atención pediátrica, educación inicial y preescolar.

Un reto inmediato lo constituye la implementación de dicha Ley para asegurar un mejor desarrollo de niñas y niños cuyas madres se encuentran recluidas.

H.La seguridad social y los servicios y establecimientos de guarda de niños (arts. 26 y 18, párr. 3)

Como ya se ha mencionado, las Estancias Infantiles son establecimientos dedicados al cuidado y atención infantil, operados a través de una responsable capacitada por el SNDIF y la SEDESOL; cada una cuenta con asistentes de acuerdo al número de niños que atiende. Están abiertas al público en general, pero especialmente apoya a los hogares en situación de pobreza patrimonial o con ingresos mensuales de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita.

Los CADI y CAIC son otra alternativa para el cuidado infantil, brindando servicios con calidad y calidez, respondiendo eficazmente a las necesidades demandantes de la población infantil atendida y su familia, garantizando un desarrollo integral de las niñas y los niños, y una formación de valores, actitudes y hábitos, para que responda favorablemente a los retos y riesgos a los que están expuestos.

Finalmente, podemos encontrar el Servicio de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una prestación que ofrece cuidado infantil de calidad a hijas e hijos de madres trabajadoras desde los 43 días de nacidos hasta los 4 años, así como las hijas e hijos de trabajadores viudos, divorciados o titulares de la custodia por resolución judicial. El IMSS ha invertido grandes esfuerzos para el crecimiento del número de lugares disponibles en guarderías a fin de atender la demanda existente de este servicio en el menor tiempo posible.

Durante los últimos años, el IMSS estableció nuevos estándares en materia de seguridad y protección civil para las guarderías y rediseñó sus procesos a fin de incrementar la calidad del servicio para satisfacción del usuario. Como parte de esto, y para lograr el involucramiento de los padres de familia usuarios, a través de su observación sobre las condiciones de seguridad integral en las guarderías, el IMSS solicitó a la organización Transparencia Mexicana (TM) A.C., diseñar un mecanismo para facilitar, estructurar y sistematizar dicha participación, bajo los principios de aleatoriedad en su selección, participación voluntaria y homogeneidad en la información que se levante, la cual se integra a través de un sistema supervisado por TM. Con esta acción se busca la transparencia al hacer públicos los informes resultantes de cada visita que realizan.

Acciones como la reciente publicación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y la supervisión permanente de la implementación de medidas de seguridad en las guarderías, reflejan el interés del Estado Mexicano por elevar la calidad de la atención que se brinda a niñas y niños, y refrenda su compromiso por seguir cumpliendo con las medidas de atención y seguridad que ahí se establecen.

I.El nivel de vida y las medidas, en particular en forma de asistencia material y programas de apoyo relativos a la nutrición, el vestido y la vivienda, que se hayan adoptado para garantizar el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social del niño y reducir la pobreza y la desigualdad (art. 27, párrs. 1 a 3)

Los programas de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) del SNDIF impactan positivamente en el desarrollo físico y la salud de los niños a través de la formación de hábitos de alimentación saludable y la entrega de apoyos alimentarios conformados bajo Criterios de Calidad Nutricia que responden a la situación actual del país en materia de desnutrición y obesidad, principalmente entre la población infantil. Desde 2007 el SNDIF ha trabajado con los SEDIF en la modificación y mejora de los programas de la EIASA, con el propósito de generar sinergias y sumarse a las demás acciones del Gobierno Federal en este sentido.

Los Criterioshan promovido la inclusión, en los desayunos escolares, de dotaciones de fruta y verdura, cereales integrales, y la sustitución de leche entera con o sin sabor por leche semidescremada o descremada sin sabor, así como la eliminación de alimentos con un aporte importante de azúcar, grasa y sodio. También se ha impulsado el incremento en la cobertura de los desayunos escolares calientes, por los mayores beneficios nutrimentales que conllevan al incluir un alimento de origen animal, en comparación con los desayunos escolares fríos, que están compuestos de cereales integrales, leche semidescremada y frutas o verduras. Adicionalmente, el modelo de operación que típicamente se utiliza, sobretodo en el desayuno escolar caliente, obliga a la socialización entre los niños, padres y maestros durante la preparación y el consumo.

El SNDIF ha establecido acuerdos y compromisos con los 31 SEDIF y DIF D.F., para impulsar los cambios y mejoras en la EIASA. Se ha fortalecido la articulación entre los programas que integran la EIASA con la Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario, en específico el programa de Comunidad DIFerente, a través de proyectos productivos vinculados a los programas alimentarios, lo que implica la participación de la comunidad y el desarrollo regional a partir de la inclusión de insumos de producción local en los apoyos alimentarios.

En 2011, con la participación de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana, se concluyó la primera fase del estudio para la incorporación del concepto de Seguridad Alimentaria a los Lineamientos de la EIASA, para la validación de la encuesta para medir el grado de seguridad alimentaria en los hogares considerando factores socioeconómicos, de calidad de la dieta y acceso a los alimentos.

Por otro lado, aunque no es su objetivo, estos programas tienen un impacto directo en el acceso y disponibilidad de alimentos de una dieta con calidad para la población beneficiaria, a través de la distribución de alimentos que cumplen los criterios establecidos por la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario (DGADC) del SNDIF, y también por la promoción de proyectos productivos vinculados a los programas, como son los huertos escolares y huertos comunitarios.

Por su parte, la SEDESOL, desarrolla 20 programas que inciden en la reducción de la pobreza y la desigualdad de la población que presenta los mayores niveles de rezago, incluyendo a niñas, niños y adolescentes. En este sentido, el Programa Tu Casa tiene como objetivo contribuir a que los hogares mexicanos en situación de pobreza patrimonial mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda; considera entre sus criterios de selección, para el otorgamiento de los subsidios para mejorar las condiciones habitacionales a aquellas personas con un alto grado de pobreza, los solicitantes con discapacidad o que uno de sus dependientes económicos tenga alguna discapacidad; madres solteras; hogares con niños o niñas de hasta 14 años de edad.

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades otorga apoyos monetarios directos mensuales a las familias beneficiarias, para contribuir a que mejoren la cantidad, calidad y diversidad de su alimentación, buscando por esta vía elevar su estado de nutrición, además, se realiza una entrega mensual o bimestral de suplementos alimenticios busca reforzar la alimentación infantil y de las mujeres embarazadas y en período de lactancia. Asimismo, se transfieren recursos monetarios a las familias beneficiarias para la compra de alimentos saludables y, a partir de 2008, en el contexto de la crisis económica, se inició la entrega del apoyo alimentario “Vivir Mejor” con objeto de proteger el poder adquisitivo de los hogares más pobres y garantizarles el acceso a una alimentación adecuada.

Respecto a la desnutrición, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) lleva a cabo el Programa de Estimulación temprana en Oportunidades sobre la nutrición, salud y desarrollo de niños menores de 4 años de edad así como la Línea de Investigación de Desnutrición del INSP que busca generar y difundir conocimientos acerca de la magnitud y distribución de la desnutrición, diseñar y probar intervenciones a pequeña escala dirigidas a disminuir y controlar la prevalencia de desnutrición, que puedan ser escalables a nivel público; evaluar los programas de nutrición pública en esta área de competencia.

Investigadores del INSP fueron consultados por quienes diseñaron el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades e influyeron para que se incluyera un componente de nutrición entre sus beneficios. Fue así que se incluyó la papilla Nutrisano, cuyo diseño fue propuesto y evaluado con base en evidencia científica por un grupo de los INSALUD y coordinados por el INSP. Existe evidencia científica que sugiere que Oportunidades tiene un efecto directo en el mejoramiento de la talla de niño pequeño gracias al consumo de la papilla.

Como parte del programa, se distribuye actualmente el alimento fortificado para mujeres embarazadas (Nutrivida) y en período de lactancia y niños de 6 a 23 meses de edad, el INSP desarrolló una intervención para emitir recomendaciones a dicho programa sobre el costo y la eficacia de distintos tipos de suplemento (polvo, jarabe y pastillas) para la población de zonas urbanas. Los resultados de este estudio formaron base para el diseño de una estrategia de nutrición dentro del Programa (EsIAN).

Otras alternativas que impulsa la SEDEDOL en la búsqueda por favorecer el desarrollo de las familias mexicanas, son:

El Programa de Apoyo Alimentario (PAL), que atiende a la población en pobreza que habita en localidades marginadas no atendidas por el Programa Oportunidades. Busca mejorar los niveles de alimentación y nutrición de los niños y niñas menores de 5 años de edad y mujeres embarazadas o en período de lactancia. Otorgando a las familias un apoyo en efectivo y/o especie por un monto equivalente a 530 pesos bimestrales y un apoyo monetario “Vivir Mejor” por un monto de 240 pesos bimestrales, además de pláticas y asesorías sobre temas de salud y bienestar. Asimismo, los niños y niños menores de 5 años de edad y/o mujeres embarazadas o en período de lactancia reciben dotaciones bimestrales de complementos alimenticios y seguimiento nutricional;

El Programa de Abasto Social de Leche, operado por LICONSA, cuyo objeto es mejorar los niveles de nutrición de las familias en condiciones de pobreza patrimonial, especialmente de los niños y niñas de hasta 12 años de edad, distribuyendo leche de alta calidad a un precio de 4 pesos por litro; la dotación de leche por hogar beneficiario es de un mínimo de 4 litros, y un máximo de hasta 24 a la semana. Al igual que en el caso del Programa Oportunidades, el programa de distribución de leche LICONSA fue una estrategia utilizada para atender otro problema de desnutrición de alta prevalencia en México: la anemia. Se tomó uno de los programas más antiguos del país como instrumento para atender el problema de deficiencia de micronutrimentos, y a través del enriquecimiento de la leche LICONSA con una fórmula de hierro de probada eficacia y de varios micronutrimentos, se ha logrado aliviar y prevenir la anemia en cientos de miles de niños de edades tempranas e influir positivamente en su desarrollo psicomotor;

El Programa de Abasto Rural (DICONSA) persigue contribuir al desarrollo de capacidades básicas mejorando la alimentación y nutrición de la población que habita en localidades rurales, mediante el abasto de productos de consumo básico y complementario a tiendas comunitarias en localidades rurales;

El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) tiene como objetivo contribuir a la reducción de las desigualdades regionales a través del fortalecimiento del capital físico y del desarrollo de acciones que permitan la integración de las regiones marginadas, rezagadas o en pobreza a los procesos de desarrollo. Uno de los principios fundamentales para garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes es que cuenten con condiciones de vivienda dignas;

El Programa de Empleo Temporal (PET) tiene como objetivo contribuir a la protección social, opera a nivel nacional otorgando apoyos temporales en efectivo a personas de 16 años o más que enfrentan una disminución en sus ingresos como resultado de una baja demanda de mano de obra o por los efectos de una emergencia, a cambio de que participen en proyectos de beneficio familiar o comunitario como pueden ser para: mejoramiento de la salud, preservación del patrimonio histórico, mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental, comunicación educativa ciudadana, entre otros;

El Programa de Opciones Productivas tiene como objetivo contribuir al desarrollo de capacidades para acceder a fuentes de ingreso sostenible de la población que vive en condiciones de pobreza, a través del apoyo económico a iniciativas productivas y el acompañamiento técnico y organizacional;

El Programa de Vivienda Rural tiene por objetivo contribuir a que los hogares que se encuentran en localidades rurales e indígenas en situación de pobreza patrimonial mejoren su calidad de vida a través de soluciones de vivienda. Realiza esto con subsidios a los hogares que se encuentran en situación de pobreza patrimonial y que viven en localidades rurales de alta y muy alta marginación, para construir, ampliar o mejorar sus viviendas.

La CDI, mediante el PAEI coordina acciones con las instancias del sector salud, federales y estatales, que permitan el acceso de los niños indígenas a los servicios que brindan, pues dentro de sus objetivos específicos se encuentra: Proporcionar una alimentación adecuada a los beneficiarios del Programa; Gestionar con los tres órdenes de gobierno, acciones que fortalezcan la atención a la salud de los beneficiarios.

Así, como estrategia para contribuir al logro de los citados objetivos, el PAEI brinda a las y los beneficiarios de los Albergues y Comedores Escolares, una alimentación acorde a sus requerimientos nutrimentales para contribuir a su sano crecimiento y desarrollo. Con este fin, el Programa ha establecido estrecha coordinación con LICONSA y DICONSA para el surtimiento de leche subsidiada y alimentos no perecederos a los albergues. Asimismo, se lleva a cabo la implementación del Sistema de Adquisición y Manejo de Alimentos frescos. De esta manera, se proporcionan tres raciones alimenticias calientes diarias a los más de 60.000 beneficiarios durante el ciclo escolar (200 días hábiles). Además, con la finalidad de asegurar un servicio de calidad y en cantidad adecuada, se llevan a cabo diversas acciones de orientación alimentaria a las ecónomas – responsables de la preparación de alimentos y manejo del servicio de alimentación en los Albergues Escolares –, sobre aspectos relacionados con sus funciones, a saber: plato del bien comer; elaboración de menús; alimentación del escolar y adolescente; higiene personal, de los alimentos, del servicio de alimentación, durante la preparación de alimentos, del equipo y utensilios; almacenamiento de alimentos y elaboración de recetas entre otros.

También se implementa el Proyecto Atención de Tercer Nivel por parte de la CDI, que surge como una respuesta a las necesidades de atención médica especializada que presenta la población indígena de nuestro país, especialmente los niños, gestionando y apoyando a los pacientes indígenas en su canalización a las diferentes Unidades de Atención Médica Hospitalaria, para lograr su atención en servicios de Tercer Nivel. Con objeto de poder ofrecer a los pacientes y familiares indígenas una atención integral con calidad y calidez que favorezca su recuperación, a partir de 1993 se puso en operación la estrategia de atención en la unidad operativa denominada el Albergue Indígena “La Casa de los Mil Colores”, ubicado en el Distrito Federal, donde se ofrece a pacientes y acompañantes de las diferentes regiones indígenas del país, servicios de alimentación, hospedaje, enfermería, apoyo psicológico, transportación a las Unidades Médicas Hospitalarias y a sus lugares de origen, espacios para actividades manuales y recreativas y en caso necesario, se cubren gastos funerarios.

VII.Educación, esparcimiento y actividades culturales (arts. 28, 29, 30 y 31)

A.El derecho a la educación, incluidas la formación y la orientación profesionales (art. 28)

El 14 de febrero de 2011, el Gobierno mexicano firmó el Decreto de Adición al Artículo 176 del Impuesto Sobre la Renta para que las personas físicas deduzcan el pago de la educación desde pre primaria hasta bachillerato, en su declaración fiscal, lo cual se espera que beneficiará a 3.500.000 niños y jóvenes.

A través del componente educativo del Programa Oportunidades se otorga a las familias beneficiarias apoyos para la inscripción, permanencia y asistencia regular a la escuela primaria, secundaria y media superior de los hijos. Además, este Programa puede otorgar becas educativas a cada uno de los niños, niñas y jóvenes menores de 18años, inscritos en grados escolares comprendidos entre tercero de primaria y tercero de secundaria en escuelas de modalidad escolarizada, y a jóvenes de hasta 21años con necesidades educativas especiales inscritos en escuelas de educación especial. Los becarios de educación básica reciben un apoyo monetario para la adquisición de útiles escolares o un paquete de éstos, junto con las becas del primer bimestre del ciclo escolar. Posteriormente, a los becarios de primaria, junto con las becas del segundo bimestre del ciclo se les otorga un apoyo monetario adicional para la reposición de útiles escolares.

Por otra parte, mediante el PAJA se otorgan apoyos económicos a los hogares jornaleros con niños y niñas que asistan regularmente a la escuela (se permiten máximo 3 faltas injustificadas al mes). La entrega de los estímulos económicos podrá ser de manera directa en las unidades de trabajo activas o a través de medios electrónicos. Cabe apuntar que estos estímulos en el nivel de secundaria, destinan un monto mayor a las mujeres con respecto a los hombres, respondiendo a necesidades particulares de la población femenina.

A través del impulso a esfuerzos interinstitucionales se busca promover la atención educativa intercultural de nivel preescolar y primaria para niñas y niños de familias jornaleras agrícolas, migrantes y asentadas en edad de educación básica (3‑15años), tanto en sus comunidades de origen como en los lugares de tránsito (en las que permanecen entre uno y dos meses) y destino (en las que permanecen entre tres y once meses). Para ello se implementa un modelo educativo adecuado a las condiciones de vida de la población jornalera agrícola, migrante y asentada. Este proceso inició en el mes de junio de 2011 con la instalación de un Comité Técnico integrado por investigadores especialistas en educación intercultural y plurilingüe, así como instituciones gubernamentales en materia de educación indígena. En el instrumento de consulta, el cual está en proceso de diseño, se contempla la participación de niñas, niños y adolescentes indígenas como parte de los Comités Estatales de Educación.

El IMJUVE, mediante los Espacios Poder Joven (EPJ) incide indirectamente en la búsqueda de soluciones al problema de deserción escolar. Cada EPJ mediante acciones de asesoría psicológica y orientación vocacional, a través del Área de Orientación y Prevención, busca que los jóvenes beneficiarios reciban la atención adecuada para evitar que abandonen la escuela. Asimismo, el IMJUVE cuenta con el servicio de becas académicas, que promueven la educación entre las y los jóvenes de 12 a 29años a fin de impulsarlos para que inicien o concluyan estudios de todos los niveles educativos, con el propósito de fomentar la superación académica e impedir la deserción escolar, que los lleve a mejorar sus condiciones económicas y sociales, mediante el ofrecimiento de descuentos en instituciones educativas privadas. Asimismo, se considera que hay jóvenes que cuentan con hijos menores a esta edad, quienes adicionalmente se favorecen con los descuentos para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, al recibir el beneficio de beca parcial para sus hijos con descuentos del 20 al50%.

Es importante informar que el INEA a partir del año 2000 inició la operación del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), cuyo propósito fundamental es ofrecer a las personas jóvenes y adultas, de 15años o más, opciones educativas vinculadas con sus necesidades e intereses, orientadas a desarrollar sus competencias para desenvolverse en mejores condiciones en su vida personal, familiar, laboral y social. A las niñas y niños de entre 10 y 14años de edad que no pudieron o pueden incorporarse a la escuela, se les ofrece a través del MEVyT conocimientos y competencias en una diversidad de módulos.

El INEA, ofrece el MEVyT Indígena Bilingüe (MIB) que abarca desde la alfabetización hasta la secundaria, se dirige a las poblaciones hablantes de diferentes lenguas indígenas de varios estados del país, toma en cuenta las características lingüísticas de las personas y en él se aplican tratamientos educativos diferenciados, sobre todo para su alfabetización o nivel inicial. Por ello, la atención educativa debe ser realizada por asesores bilingües, durante toda la educación básica. El MEVyT, tiene una vertiente para la atención educativa de la población indígena denominada MEVyT Indígena Bilingüe (MIB), que está orientada a brindar tanto la alfabetización como la educación básica con base en las lenguas maternas de las personas y tomando en cuenta tanto su grado de monolingüismo o bilingüismo como los referentes culturales propios. Los materiales se integran por etnia/lengua, con la finalidad de tener un mayor alcance regional. La vertiente del MIB maneja como ruta de aprendizaje el MEVyT Indígena Bilingüe con Español como Segunda Lengua (MIBES).

B.Los propósitos de la educación (art. 29), con referencia también a la calidad de la educación

El 15 de mayo de 2009, la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, emprendieron una nueva etapa de trabajo corresponsable al establecer la “Alianza por la Calidad de la Educación”, con lo cual se avanza en la construcción de una agenda de compromisos que en conjunto articulan una estrategia clara e incluyente para hacer de la educación una política de Estado efectiva, capaz de transformar y modernizar el sistema educativo.

El objetivo central de la “Alianza” es propiciar e inducir una amplia movilización en torno a la educación, a efecto de que la sociedad vigile y haga suyos los compromisos que reclama la transformación del sistema educativo nacional. La “Alianza” concibe al federalismo educativo como el espacio en que los diferentes actores habrán de participar en la transformación educativa y de asumir compromisos explícitos, claros y precisos. Al tiempo de emprender un proceso de trabajo corresponsable para dar respuesta a las necesidades y demandas que se articulan en torno a cada plantel escolar.

Basada en el artículo 3° constitucional, la “Alianza” se desarrolla mediante acciones que se dividen en 5 ejes:

1)Modernización de los centros escolares. Garantizar que los centros escolares sean lugares dignos, libres de riesgos, que sirvan a su comunidad, que cuenten con la infraestructura y el equipamiento necesarios y la tecnología de vanguardia, apropiados para enseñar y aprender;

2)Profesionalización de los maestros y las autoridades educativas. Garantizar que quienes dirigen el sistema educativo, los centros escolares y los profesores sean seleccionados adecuadamente, estén debidamente formados y reciban los estímulos e incentivos que merezcan en función del logro educativo de niñas, niños y jóvenes;

3)Bienestar y desarrollo integral de los alumnos. La transformación de nuestro sistema educativo descansa en el mejoramiento del bienestar y desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, condición esencial para el logro educativo;

4)Formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo. La escuela debe asegurar una formación basada en valores y una educación de calidad, que propicie la construcción de ciudadanía, el impulso a la productividad y la promoción de la competitividad para que las personas puedan desarrollar todo su potencial;

5)Evaluar para mejorar. La evaluación debe servir de estímulo para elevar la calidad educativa, favorecer la transparencia y la rendición de cuentas, y servir de base para el diseño adecuado de políticas educativas.

C.Los derechos culturales de los niños pertenecientes a grupos indígenas y minoritarios (art. 30)

El Gobierno Mexicano asume la responsabilidad de promover y operar el Programa de Educación Inicial y Básica para Población Rural e Indígena, con una orientación que permita atender diferenciadamente el rezago educativo en las poblaciones, y con ello igualar las oportunidades educativas y garantizar su derecho a la educación. Este programa refuerza el cumplimiento del segundo objetivo del Programa Sectorial de Educación 2007 2012: “Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad”, estrategia 2.7: “Atender a los niños y jóvenes de las localidades y municipios con mayor rezago social, prioritariamente a los de menor índice de desarrollo humano, a la población indígena y a los hijos de jornaleros agrícolas inmigrantes y emigrantes, con base en la construcción de agendas estatales para la equidad en la educación inicial y básica, elaboradas conjuntamente por las entidades federativas y el CONAFE”.

Al respecto, se llevaron a cabo acciones para la formación inicial de docentes centradas en el diseño curricular de la Licenciatura en Educación Primaria Intercultural Bilingüe (LEPIB), que se imparte desde 2004, con el objetivo de dar respuesta a la necesidad de formar maestros que brinden atención educativa a la diversidad del país. Esta formación tiene el propósito de impulsar que los futuros profesionales de la educación cuenten con las herramientas teóricas y metodológicas para la atención de la diversidad, desde el enfoque intercultural, así como lograr que la lengua indígena se vea como medio de comunicación, de instrucción y como objeto de estudio. Actualmente, la LEPIB se imparte en 18 escuelas normales del país. Estas se localizan en entidades con fuerte presencia indígena, como son: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Campeche, Hidalgo, Tabasco, Veracruz, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Yucatán.

A través de la Educación Comunitaria, el CONAFE proporciona servicios de educación preescolar, primaria y secundaria con cobertura en los 31 estados de la República Mexicana, principalmente en las localidades de alto y muy alto rezago social o marginación, a travésde:

Modalidad de Atención Educativa a Población Indígena (que opera desde 1995): Estrategia de intervención de apoyo a la educación intercultural y bilingüe que trabaja en comunidades educativas con población hablante de lenguas Indígenas;

Modalidad Educativa Intercultural para Población Infantil Migrante (desde 1998): Estrategia educativa que atiende los niveles preescolar y primaria, y responde a las necesidades, características e intereses de la población infantil de familias de jornaleros agrícolas migrantes, pero respetando el currículo nacional.

En el nivel medio superior, el Bachillerato Intercultural impulsado por la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) y operado bajo la administración del Colegio de Bachilleres, mantiene seis planteles en los estados de Chiapas y Tabasco, con un total de 792 alumnos. El Colegio Superior de Educación Integral Intercultural de Oaxaca mantiene 30 planteles con un total de 3.466 alumnos.

Por lo que se refiere a los derechos culturales, el INALI ha realizado las siguientes acciones:

En 2006, participó en la organización de VII Concurso Nacional de las Narraciones de Niños y Niñas Indígenas, conjuntamente con la DGEI y la SEP, con el propósito de impulsar la literatura y escritura de la niñez indígena de México;

En 2007 brindó asesoría al IFE a fin de que se incluyera el tema de la lengua indígena en el 6º Parlamento de las niñas y los niños de México, llevado a cabo en 2008. Así, a partir de la sexta edición de dicho ejercicio se hicieron ajustes a los documentos normativos del Parlamento, así como a diferentes materiales de apoyo, para que en su instrumentación se garanticen condiciones de igualdad a niñas y niños indígenas interesados en participar, entre dichos ajustes destaca la posibilidad de realizar la exposición de su tema en su lengua y contar con una persona que realice la traducción simultánea a las otras niñas y niños participantes en el proceso;

Elaboró materiales didácticos del Programa Enciclomedia para promover el conocimiento, respeto y valoración de las lenguas indígenas entre los niños de primaria, así como la inclusión de grabaciones en las lenguas zapoteca y náhuatl, para su incorporación en los materiales de dicho Programa;

A partir de 2009 ha desarrollado estrategias de colaboración con medios públicos, a fin de ampliar los espacios de difusión de las lenguas indígenas. Actualmente, el INALI tiene presencia en la página electrónica de la Red Escolar, el cual es uno de los portales educativos más importantes a nivel Latinoamérica, así como a través de los canales 13, 15 y 16 de la Red Edusat, que administra el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE). Estos mismos mensajes están siendo transmitidos a través del canal 22 de televisión abierta.

Asimismo, se han generado vínculos interinstitucionales que han posibilitado que niñas, niños y jóvenes tengan mayor acceso a colecciones literarias conformadas con lo mejor de la literatura infantil contemporánea a través de bibliotecas públicas y salas de lectura. A fin de dar a conocer su oferta cultural, CONACULTA niños – Alas y Raíces genera una rica campaña de difusión estratégica y especializada (dirigida a distintos públicos: niñas, niños, jóvenes, padres de familia, maestros y la sociedad civil en general) en los diferentes medios de comunicación nacional: impresos, radio, televisión, así como en medios alternos.

CONACULTA da a conocer a los niños indígenas los derechos de los niños y fomenta el respeto entre ellos. Cabe señalar que en diversas entidades federativas, a la par de talleres, las radios comunitarias difunden diversos temas que involucran los derechos de los niños y necesidades de éstos en las comunidades indígenas. También se prevé elaborar material de difusión legible para los niños indígenas sobre sus derechos y con el apoyo de diversas instancias municipales, de la sociedad civil y empresarial, realizar su difusión.

D.La educación sobre derechos humanos y la educación cívica

Con el propósito de organizar las tareas y compromisos derivados del marco estratégico del Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010 (PEEC), que enmarca la política educativa institucional en la materia, en noviembre de 2006 se aprobó la Estrategia de formación de niñas, niños y jóvenes para el ejercicio de su ciudadanía. Dicha estrategia estaba relacionada directamente con el Objetivo I del PEEC: “Socializar los límites y alcances de la democracia” en su primera línea de acción programática: “Preparar a niños y jóvenes para el ejercicio de su ciudadanía”, en la cual se define el espacio escolar como un “ámbito ideal para la socialización y formación de una cultura democrática”.

Esta estrategia se propuso trabajar en el desarrollo de tres competencias cívicas integradoras: 1)Identidad colectiva, el individuo se asume como sujeto político, interesado y participante en la vida colectiva, capaz de influir en el entorno social y político que le rodea; 2)Resolución pacífica de conflictos, el individuo maneja conflictos de manera pacífica, tratando de considerar y favorecer los intereses de las partes involucradas; y 3)Participación democrática, el sujeto ejerce activamente su derecho a la participación, organizándose, opinando y tomando decisiones en aquellos asuntos que le interesan o afectan. Para ello planteó un esquema de trabajo en dos líneas: i)Sensibilización y promoción; ii)Desarrollo de competencias cívicas en el espacio escolar.

Respecto a las acciones que se han llevado a cabo para que los niños, niñas y adolescentes adquieran elementos que les permitan conocer sus derechos humanos y obtener una educación cívica acorde a su dinámica social y cultural, se puede informar que la CDI, a través del PAEI, coordina acciones con la Dirección General de Educación Indígena de la SEP para la operación de los Albergues Escolares y la atención de los beneficiarios. Asimismo, el PAEI coordina con las Comisiones de Derechos Humanos Estatales, capacitaciones en derechos de los niños; y organiza la impartición de talleres al personal de los albergues escolares con apoyo de OSC.

La Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, a través de la SEGOB; constituye una instancia de diálogo y comunicación entre el Gobierno Federal y la sociedad civil. Una de las acciones prioritarias de este grupo de trabajo fue elaborar un Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos que diera respuesta a los compromisos internacionales del Gobierno mexicano en materia de educación y de manera específica a la proclamación del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en la esfera de los Derechos Humanos (1995-2009); y la resolución 49/184 de la Asamblea General que comprende la elaboración de Planes Nacionales y/o Programas de Educación en Derechos Humanos.

Dicho programa considera los compromisos del Gobierno mexicano en materia de educación y en particular de la educación en Derechos Humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 26), la Convenciónsobre los Derechos del Niño (art. 26), Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 29), Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (art. 7), y otros instrumentos internacionales firmados y ratificados por México. Con tal marco de referencia, este programa busca fortalecer el derecho a la educación y articularlo al derecho a la educación en derechos humanos, considerando los siguientes ámbitos prioritarios y vinculantes a niños y adolescentes: educación en derechos humanos en educación básica y educación en derechos humanos y educación no formal e informal.

E.El descanso, el juego, el esparcimiento y las actividades recreativas, culturales y artísticas (art. 31)

Dentro de las políticas establecidas por la Secretaría de Educación Pública, para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, se estableció la creación de los Centros Deportivos Escolares y Municipales, entendidos como el espacio físico ubicado en un plantel educativo o instalación deportiva pública que se encuentre en condiciones para la práctica del deporte, en los cuales se involucran los alumnos que cursen la educación primaria, media superior (Escolares) o población en general, (Municipales), que muestren interés por la práctica de alguna disciplina deportiva; también se busca favorecer la detección de prospectos con posibilidades a ser considerados futuros talentos deportivos, conjuntando los esfuerzos, recursos y procedimientos para impulsar, fomentar y desarrollar la cultura física y el deporte en la sociedad mexicana.

Dentro del Programa de Centros del Deporte Escolar y Municipal, a partir del mes de marzo de 2011 se incorpora la Estrategia “Mi Escuela Siempre Abierta”, misma que opera en el D.F., en 227 escuelas de nivel primaria localizadas en las 16 Delegaciones; cabe mencionar que las escuelas incorporadas al programa cuentan con una infraestructura adecuada, (cancha deportiva, patio de usos múltiples, y aula), esto con el propósito de utilizar las instalaciones en el turno vespertino, a fin de que los niños de nivel primaria realicen la práctica deportiva y promuevan opciones de aprendizaje, desarrollo y mejoramiento de sus capacidades, habilidades, destrezas, el fortalecimiento de los valores y hábitos de salud. Al mes de diciembre, esta estrategia atendió una población escolar de 76.378 alumnos aproximadamente, a través de la orientación de 650 profesores de Educación Física.

Otra iniciativa es el trabajo conjunto con el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación Física y el Deporte en la Educación Básica (CONDEBA), el cual pretende fortalecer los aspectos deportivos en la educación básica, teniendo en cuenta que se constituye por responsables de la Educación Física de todas las entidades del país, que tienen como propósito, planear, dirigir y evaluar acciones en materia de educación física, deporte escolar y recreación en educación básica que contribuya a desarrollar sus capacidades.

Por otro lado, en materia de actividades culturales y artísticas, a través del INAH se llevan a cabo cursos en los que niños y niñas aprenden sobre historia nacional y prehispánica, participando en talleres de modelado de barro, serigrafía, danza, títeres y musicales, ferias de libro, lectura de cuentos. Se implementan programas de Guías infantiles en los que se promueve que niños de las localidades sean los encargados de guiar a los visitantes en el museo o zona arqueológica y funjan como una herramienta para trabajar con los grupos de educación primaria.

VIII.Medidas especiales de protección (arts. 22, 30, 32 a 36, 37, apdos. b) a d), 38, 39 y 40)

A.Los niños fuera de su país de origen que traten de obtener la protección como refugiados (art. 22), los niños no acompañados solicitantes de asilo, los niños desplazados internos, los niños migrantes y los niños afectados por la migración

El marco jurídico en materia migratoria se vio recientemente fortalecido, en primer lugar, a partir de la promulgación de la Ley de Migración, publicada en el DOF el 25 de mayo de 2011, que garantiza el respeto de los derechos de NNA migrantes no acompañados, privilegiando la observancia del interés superior del niño. La ley establece que el SNDIF, los SEDIF y el DIF del D.F. proporcionarán asistencia a este grupo y coadyuvarán con el INM mientras se resuelve su situación migratoria. Misma situación que es apoyada por la emisión de una circular publicada en el DOF el 7 de junio de 2011 en donde se menciona que en caso de NNA víctimas del delito, preferentemente serán canalizados de forma inmediata a algún albergue o refugio especializado en donde recibirán atención en tanto se resuelve su situación migratoria.

En segundo lugar, también fue publicada en el DOF el 27 de enero de 2011 la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, estableciendo en su fracciónIII del artículo 5, que en la aplicación de la misma se deberán considerar en todo momento el interés superior del niño. En ese mismo sentido, el artículo 9 del mencionado ordenamiento, prevé que “en el reconocimiento de la condición de refugiado deberá protegerse la organización y desarrollo de la familia, así como el interés superior del niño”. En lo referente al otorgamiento de asistencia institucional a solicitantes de la condición de refugiados en condiciones vulnerables, el artículo 20 de la ya mencionada ley, establece que para NNA no acompañados, se deberá realizar una determinación del interés superior del niño. En virtud de ésta se cuenta con un procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y un modelo de atención a niñas, niños y adolescentes no acompañados solicitantes de la condición de refugiados, apegados a los instrumentos de derecho internacional.

Como parte de los esfuerzos para garantizar la protección y salvaguarda de los derechos de NNA migrantes en nuestro país, el 30 de marzo de 2007 se instaló la Mesa de Diálogo Interinstitucional sobre NNA No Acompañados y Mujeres Migrantes, con el objetivo de fomentar la coordinación interinstitucional y acordar las medidas y mecanismos que permitan garantizar los derechos y la protección de la niñez no acompañada y mujeres migrantes. La Mesa se integra por instituciones y organizaciones que cuentan con reconocido prestigio e interés por aportar a la solución de los problemas de la niñez y la mujer migrante.

En el marco de la Mesa se instauró un Modelo para la Protección de Derechos de los NNA Migrantes y Repatriados No Acompañados, en el que se contempló la creación de los “Oficiales de Protección a la Infancia (OPI)”. Los OPI son Agentes Federales de Migración dedicados a garantizar el respeto a los derechos de los NNA migrantes, en especial a los no acompañados. El 12 de febrero de 2010 se publicó en el DOF la Circular N° 001/2010, por la que se instruye el procedimiento para la atención de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y en la cual se oficializa la figura del OPI.

Actualmente, el INM cuenta con 341 Agentes Federales de Migración, que se desempeñan como OPI en las 32 Delegaciones Regionales del INM. Los OPI son seleccionados de conformidad con un perfil elaborado por el SNDIF. Sus funciones son: salvaguardar la integridad física y mental de los NNA; brindar de manera inmediata los servicios básicos de salud, alimento, vestido y descanso; facilitar al NNA el contacto con sus familiares a través de llamadas telefónicas gratuitas; mantener informado al NNA sobre su situación migratoria utilizando un lenguaje amable y de acuerdo a su edad; y acompañar a los NNA migrantes durante su proceso de repatriación. Del 23 al 27 de mayo de 2011 se realizó la capacitación de la cuarta generación de OPI (64 elementos) de las Delegaciones Regionales del INM en Coahuila, Tabasco, Sonora y Nuevo León.

Los OPI reciben capacitación continua y especializada. El programa de capacitación fue consensuado con el SNDIF y se contó con la participación de la OIM, la COMAR, el UNICEF, el ACNUR, los Centros de Integración Juvenil (CIJ), el CONAPRED y la OSC Proteja. La capacitación fue en materia de derechos humanos, alfabetización emocional; tips para comunicarte de manera efectiva con niños, niñas y adolescentes migrantes; atención en crisis; derechos de los niños, niñas y adolescentes; protección internacional (asilo y refugio); la comunicación con los niños, niñas y adolescentes migrantes y sus retos; violencia, maltrato y abuso; trata y tráfico de personas; modelo de atención a NNA no acompañado; no discriminación y equidad de género.

Adicionalmente, la Mesa de Diálogo elaboró en 2009 el Manual de Referencia del Modelo para la Protección de Derechos de los NNA Migrantes y Repatriados No Acompañados, que tiene el propósito de servir como una herramienta sencilla y práctica para los funcionarios encargados de proporcionar atención a dicha población en su trabajo cotidiano. Asimismo el Manual sirve como una guía rápida para mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de garantizar los derechos de los NNA migrantes. Con el objeto de profesionalizar la labor de los OPI, la Mesa también elaboró en el mismo año la Guía de Apoyo para OPI. Cabe mencionar que el propósito de esta guía es orientar a los Oficiales para brindar una protección integral y eficiente a los niños, niñas y adolescentes migrantes que viajan solos, garantizando la observancia de sus derechos.

Asimismo, en 2007 se suscribieron los Lineamientos Regionales para la Protección Especial en Casos de Repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Trata de Personas, impulsados por los Gobiernos de México, Panamá y Belice. Además, como parte de los acuerdos de la Conferencia Regional de Migración (CRM), y del compromiso de México por ampliar la protección de los NNA migrantes en la región, se firmaron en julio de 2009 los Lineamientos Regionales para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes No Acompañados en Casos de Repatriación que tienen como objetivo fomentar la colaboración en la protección y repatriación entre los países miembros de la CRM, y fungir como guía, desde el momento de su detección hasta el de su repatriación. Dichos lineamientos fueron impulsados por México.

Con miras a replicar el modelo de los OPI en la región, el INM, con apoyo de la OIM, el UNICEF y el ACNUR, ha llevado a cabo capacitaciones en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. Asimismo, en Panamá se llevó a cabo un taller para los puntos focales de la CRM. A la fecha se han capacitado a 419 funcionarios en dichos países.

El modelo de los OPI también se ha promovido en el marco de la Plataforma de Alianzas del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. A la fecha, Chile y Senegal han demostrado interés en recibir capacitación por parte del Gobierno mexicano.

El 11 de junio de 2007 se firmó el Convenio General de Colaboración entre el INM y el SNDIF, a fin de establecer las bases de colaboración entre ambas instituciones, para llevar a cabo acciones conjuntas en beneficio de los NNA migrantes y repatriados, mexicanos y extranjeros. En el marco de dicha colaboración interinstitucional, el SNDIF inició la instalación de los módulos de atención para NNA migrantes y repatriados, como un espacio para el resguardo de la integridad física de los NNA migrantes no acompañados. Las acciones que se realizan en los módulos son las siguientes: a)valoración social y psicológica; b)se proporciona alimento y vestido; c)Revisión de su situación jurídica; y d)localización de su familia (si no se localiza a los familiares en ese mismo día, se canaliza a la Red de Albergues). Actualmente, se encuentran en operación los siguientes módulos en la frontera norte: Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Agua Prieta, Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Acuña y Reynosa. Esta cooperación se da en el marco del Convenio General de Colaboración.

Asimismo, se han suscrito Convenios Específicos de Colaboración entre el INM y los SEDIF, para la instalación de módulos de atención para los NNA migrantes extranjeros no acompañados en la frontera sur, en espacios compartidos en las estaciones migratorias en: Tapachula, Chiapas; Tenosique, Tabasco; Acayucan, Veracruz y La Ventosa, Oaxaca. Todos los módulos son operados por el DIF. A todos los NNA extranjeros a disposición del INM, al ingresar a las estaciones migratorias o albergues, se les aplica un cuestionario-entrevista para detectar alguna situación de vulnerabilidad que requiera de atención diferenciada. Lo anterior, ha permitido la detección de víctimas del delito (trata de personas) y el número de solicitantes de refugio se ha incrementado sustancialmente.

El INM, la CGCOMAR, la OIM y la PGR, a través de la FEVIMTRA, han desarrollado un procedimiento conjunto para la adecuada atención de solicitantes de la condición de refugiado víctimas de trata, incluyendo niñez no acompañada, mismo que prevé una protección integral mediante la canalización a albergues especializados y la consideración de su vulnerabilidad en el desarrollo de las entrevistas para analizar su solicitud de refugio. Otro aspecto importante, es que se garantiza el derecho de niñas, niños o adolescentes no acompañados, a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, por si mismos, aun cuando no vengan en compañía de un adulto. Vinculado a lo anterior, se mantiene informado en todo momento al niño, niña o adolescente del estado que guarda su solicitud y el avance en su procedimiento de elegibilidad.

Por otro lado, la CGCOMAR gestiona ante el INM la regularización migratoria de NNA no acompañados, como residentes permanentes con calidad de inmigrados, autorizados para vivir bajo los cuidados y atenciones de la institución que los acoge previa canalización de la CGCOMAR. De esta forma, se garantiza la protección de la niñez refugiada, evitando que caigan en condiciones de vida en calle.

En el rubro de acceso a la educación, la CGCOMAR ha firmado una Base de colaboración con la Administración Federal de Servicios Educativos para el D. F., órgano desconcentrado de la SEP Federal, para garantizar el acceso a escuelas de educación básica (primaria y secundaria), así como revalidación de estudios de esos niveles. Uno de los principales beneficios es la consideración de las condiciones de salida de los refugiados de sus países de origen, y sus dificultades para presentar la totalidad de los requisitos documentales de antecedentes escolares, así como documentos de identificación como actas de nacimiento, legalizadas o apostilladas. Finalmente, en el rubro de acceso al derecho a la salud, la Secretaría de Gobernación firmó un Convenio de Colaboración con la CNPSS, para la afiliación al seguro popular, que es una forma de seguridad social en salud, para las familias de refugiados que no son derechohabientes de ninguna otra forma de seguridad social.

Respecto de la recomendación del Comité sobre la atención especial que deben tener los infantes que buscan asilo o que tienen un estatuto de migración ilegal, para asegurar su reinserción social, el SNDIF, como organismo público federal encargado de la atención a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, en coordinación con otras instancias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y de las OSC, les brinda atención mediante la Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Repatriados No Acompañados (en adelante la Estrategia), conocida anteriormente como Programa Interinstitucional de Menores Fronterizos.

La Estrategia se opera en tres ámbitos geográficos: frontera norte, frontera sur y lugares de origen, con tres niveles de intervención: prevención, atención y fortalecimiento institucional. En el período de reporte, y particularmente en los últimos tres años, la Estrategia se ha fortalecido en diversas líneas de acción en estos tres rubros.

En la Frontera Norte se cuenta con una infraestructura de 10 Módulos y 23 albergues, de los cuales 10 son operados por OSC que colaboran con el SNDIF. En los módulos se recibe a niñas, niños y adolescentes mexicanos que han sido repatriados por autoridades estadounidenses y entregados al INM, quien inmediatamente los entrega al módulo de SNDIF para continuar con el sistema de protección, que inicia – entre otros – con la valoración de la pertinencia de la reunificación familiar y la localización de sus familiares. En los casos en que la reunificación familiar requiere de mayor tiempo o investigación, considerando el interés superior de la infancia, las niñas, los niños y adolescentes son canalizados a los albergues, en donde se les brinda una protección integral que comprende la atención de sus necesidades básicas (alimentación, vestido y resguardo) en instalaciones adecuadas para una estancia segura y digna. Además de estos servicios, las niñas, los niños y adolescentes reciben atención psicológica, médica y jurídica.

En la Frontera Sur, dentro de los cuatro módulos de atención antes mencionados, se atiende principalmente a niñas, niños y adolescentes extranjeros que han sido asegurados por el INM, para su repatriación o regularización en el país, mientras se determina cualquiera de estas dos situaciones. El proceso consiste en atenderlos en los Módulos DIF ubicados dentro de las estaciones migratorias. En aquellos casos de mayor vulnerabilidad, los niños, niñas y adolescentes son canalizados al albergue de Tapachula. El SNDIF, además de brindar los servicios descritos anteriormente, colabora con las niñas, los niños y adolescentes que son posibles candidatos de refugio, brindándoles la protección y apoyo para garantizar que se atienda su interés superior y se canalicen a las instituciones correspondientes para la atención de su caso.

Si bien la atención a las NNA migrantes no acompañados de forma emergente en las fronteras ha sido materia de ocupación del Gobierno mexicano, la prevención se ha convertido en un factor fundamental para enfrentar el fenómeno de la migración infantil y adolescente no acompañada. Es por eso que el SNDIF, a través de la Estrategia, ha emprendido diversas acciones en lugares de origen. En este sentido se atienden no solamente a las niñas, los niños y adolescentes que han sido repatriados de Estados Unidos, sino también a toda aquella población infantil y adolescente que se encuentra en riesgo de migrar.

Una de las principales acciones implementadas en los lugares de origen es la creación de los Centros Comunitarios de Protección a la Infancia (CCPI), que a la fecha suman 52 en los principales estados de origen del país. Los CCPI son espacios de convivencia, información y atención para niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo de migrar o que ya han experimentado un proceso migratorio y han sido retornados a sus lugares de origen.

Como parte del proceso de reintegración familiar y de vinculación comunitaria; el personal operativo de la Estrategia está dedicado a establecer y ejecutar planes de arraigo familiar y comunitario para cada una/o de las niñas, niños y adolescentes retornados a su lugar de origen. Estos planes individuales abordan –desde diversos ámbitos de intervención: educativo, alimentario, productivo, familiar, psicológico, cultural, etc. – las causas que impulsaron la migración, con la finalidad de ofrecer servicios y apoyos de asistencia social que impacten efectivamente en el reintegro de la infancia y adolescencia que ha regresado a sus lugares de procedencia.

Dentro de los CCPI se ha desarrollado un modelo de prevención denominado Líderes Comunitarios que integra grupos de niños y jóvenes para que promuevan el arraigo comunitario en sus lugares de origen, mediante la implementación de proyectos artísticos, culturales, deportivos, entre otros, definidos por los mismos jóvenes, así como a través de la convivencia y el liderazgo de estos en sus comunidades. Destaca el reciente inicio del proyecto Verano Seguro en Casa, cuyo objetivo es facilitar una oferta socioeducativa que permita el fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios de la infancia y adolescencia que vive riesgos asociados a la migración infantil no acompañada; especialmente durante la temporada vacacional pues – ante la ausencia del espacio de contención brindado por la escuela –puede detonarse el fenómeno migratorio entre algunas niñas, niños y adolescentes.

Además de su participación activa en la Mesa de Diálogo Interinstitucional sobre NNA migrantes no acompañados – cuyo Secretariado corre a cargo del INM –, el SNDIF ha realizado alianzas estratégicas con el sector privado y OSC para el fortalecimiento de la Estrategia.

Por su parte, conscientes de la dimensión regional de esta problemática, la experiencia de México sobre la atención a NNA migrantes y repatriados no acompañados ha sido reconocida por otros países latinoamericanos. Actualmente se lleva a cabo un proyecto de cooperación bilateral con Guatemala, coordinado por el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) de la OEA. El Proyecto ha facilitado el análisis e intercambio de experiencias y propuestas hacia la elaboración de procedimientos comunes de atención de niños, niñas y adolescentes entre el SNDIF y la Secretaría de Bienestar Social de ese país.

En cuanto a capacitación, se han llevado a cabo procesos de profesionalización del personal operativo de la Estrategia a través de diplomados, congresos, foros, seminarios, talleres, reuniones regionales y/o nacionales. En este sentido destaca el Diplomado en Atención Psicológica a Migrantes (tanto mexicanos como extranjeros) que se imparte al personal de la Red de Módulos y Albergues de Tránsito en las fronteras norte y sur del país, quienes atienden directamente a niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados.

En cuanto a la formación del personal en lugares de origen, actualmente se capacita a funcionarios de los SEDIF y SMDIF para trabajar una metodología de diálogo con grupos de niños considerados en riesgo de migrar de forma no acompañada o que ya han tenido alguna experiencia migratoria. Se busca que en estos espacios ellos mismos puedan explorar sus opiniones sobre diversos temas con el objetivo de que a través de las experiencias de sus iguales, logren enriquecer su visión acerca de la migración infantil no acompañada.

B.Los niños en los conflictos armados (art. 38), incluidas su recuperación física y psicológica y su reintegración social (art. 39)

Si bien México no se encuentra en una situación de conflicto armado, el Gobierno de México realiza diversas acciones para dar cumplimiento puntual a las obligaciones preventivas contenidas en el artículo 38 de la Convención y en el PFCA. Como se mencionó, el Gobierno de México ha iniciado el procedimiento para retirar la declaración interpretativa formulada al artículo 4 del PFCA.

El Gobierno mexicano desea informar al Comité que, el Estado ha adoptado medidas específicas para proteger los derechos humanos de su población, incluidas la niñez y la adolescencia, en el contexto de los distintos actos de violencia que se suscitan en el país, particularmente aquellos que tienen su origen en el crimen organizado. En ese sentido, el Gobierno de México reitera que el ejercicio pleno del derecho a la seguridad es una precondición básica para la protección de los derechos humanos de cada uno de los mexicanos.

A su vez, y como ya también quedó establecido en el presente Informe, la CIDIH-México ha trabajado en la elaboración de un anteproyecto de reformas a la legislación penal federal en materia de crímenes que propondría entre otros, tipificar a nivel nacional los crímenes de guerra, incluyendo el reclutamiento o alistamiento en las fuerzas armadas o en grupos armados de una o más personas menores de 18 años o su utilización para participar en hostilidades. La CIDIH-México se encuentra en proceso de recabar los requisitos establecidos en los “Lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de Iniciativas de Leyes y Decretos del Ejecutivo Federal”, con el fin de posibilitar la remisión de dicho anteproyecto a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para su posterior presentación al Congreso de la Unión.

Asimismo, a través de la CIDIH-México, el Gobierno de México lleva a cabo la difusión del contenido del PFCA entre la población en general como parte del Curso Anual Especializado en Derecho Internacional Humanitario a nivel Nacional referido en secciones previas de este informe.

En otro orden de ideas, sobre el servicio militar, éste es una obligación ciudadana que cumplen todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, párrafo cuarto y 31 fracciónII, de la CPEUM; para tal efecto, deberán inscribirse en las juntas municipales o delegacionales de reclutamiento. Los mexicanos por nacimiento, así como los mexicanos por naturalización y los mexicanos por nacimiento que hayan adquirido otra nacionalidad, deberán tener 18años cumplidos y no ser mayores de 40años, al inscribirse en las juntas municipales o delegacionales de reclutamiento.

Conforme a lo previsto en el artículo 31 fracciónII de CPEUM y en relación con el artículo 25 de la Ley del Servicio Militar, sólo podrán cumplir de manera anticipada con el servicio militar obligatorio, aquellos ciudadanos mexicanos que desean salir del país en la época en que reglamentariamente les corresponde recibir dicha instrucción cívica y militar; así como quienes por razón de sus estudios les sea menester hacerlo y siempre que estos sean mayores de 16años cumplidos al momento en que solicitan su incorporación anticipada. En estos casos, los menores de 18años y mayores de 16, que soliciten hacerlo, requieren, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento de la Ley del Servicio Militar, contar con la autorización de quien ejerza la patria potestad.

El sistema educativo militar es de ingreso voluntario y tiene como propósito fundamental, capacitar a los futuros cuadros de mando del Instituto Armado, bajo la premisa de ser útiles a la patria, a fin de disponer de un Ejército y Fuerza Aérea profesionales, instruidos y aptos para cumplir eficientemente sus misiones constitucionales y participar en el desarrollo nacional. Este sistema es dirigido y accionado por la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, lo constituyen colegios, escuelas, centros de estudio y diversos cursos de aplicación, capacitación y perfeccionamiento; su estructura administrativa y académica está orientada a cubrir las necesidades que tiene el Ejército y Fuerza Aérea para desarrollar conocimientos humanísticos, militares, científicos y técnicos de nivel superior, de capacitación, actualización, aplicación y de perfeccionamiento.

En ningún caso, se permite la utilización de los menores que se inscriben a los planteles educativos militares para participar en hostilidades. A este respecto, el artículo 17 del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, dispone que el aspirante a causar alta en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos deberá tener 18años cumplidos.

Con el propósito de dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité respecto de la intensificación de la capacitación en derechos humanos de los miembros de las fuerzas armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), desde la creación de la Dirección General de Derechos Humanos en el año 2008, como parte del Programa de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, imparte conferencias y pláticas que abordan los siguientes temas: Formas de evitar que los niños, niñas y adolescentes sean víctimas de prostitución, pornografía y explotación sexual; y derechos de la mujer, niños y grupos vulnerables. Para la integración de la temática de conferencias y pláticas en el Programa 2011, además de los temas antes descritos, se incluyó el relacionado con el Protocolo facultativo de la Convenciónsobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados.

En el sistema educativo militar se imparte la materia de derechos humanos, a fin de que los discentes cuenten con elementos de juicio para que actúen con estricto apego al principio de legalidad, además se realizan conferencias vinculadas con derechos humanos tales como: “Los derechos humanos y las Fuerzas Armadas”; “Los principios básicos del empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”; “Equidad de Género”; “Derecho Internacional Humanitario”; y “Operaciones de Paz”.

Cabe señalar que en el marco de la capacitación impartida en el tema de Derecho Internacional Humanitario, en el que se abordan aspectos relacionados con el PFCA, de 2008 a 2011, la SEDENA ha capacitado a 243.084 elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Por su parte, la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), durante los últimos seis años, imparte diariamente al personal adscrito en los diversos Mandos Navales, academias (pláticas) en Derechos Humanos, habiéndolas recibido hasta la fecha 142.915 elementos. Asimismo se han coordinado actividades con la SEDENA y con el CICR, instituciones que han realizado diversas actividades especializadas en derechos humanos y derecho internacional humanitario y a las que personal naval asiste de manera continua.

C.Los niños sometidos a explotación, incluida su recuperación física y psicológica y su reintegración social

i)La explotación económica de los niños, incluido el trabajo infantil (art. 32), con referencia específica a la edad mínima aplicable

La CPEUM protege los derechos humanos de las y los niños al declarar en el párrafo sexto de su artículo 4° que: “Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos”. A partir de este precepto, la misma Constitución prohíbe de manera explícita la utilización de mano de obra infantil: “Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas”.

Específicamente en lo que concierne al trabajo infantil en la agricultura se ha considerado que la migración por motivos laborales involucra no sólo a los trabajadores, sino que moviliza a familias enteras, incluidas niñas y niños, hijos de familias jornaleras que, en diversos momentos, pueden ser incorporados a las labores del campo. La precariedad de las familias de trabajadores migrantes y la demandante actividad de las temporadas agrícolas son elementos que pueden generar en ciertos contextos un círculo perverso para el empleo de la mano de obra infantil.

El Gobierno Federal está comprometido con esta causa, por lo que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 prevé: “Fomentar la equidad e inclusión laboral y consolidar la previsión social, a través de la creación de condiciones para el trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, seguridad y salud”. Se enfatiza la “atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad a partir de políticas focalizadas, particularmente en materia del trabajo temporal en el campo de grupos migratorios”. Aunado a lo anterior, establece que: “La igualdad de oportunidades debe permitir tanto la superación como el desarrollo del nivel de vida de las personas y grupos más vulnerables. Estas oportunidades deben incluir el acceso a servicios de salud, educación y trabajo acorde con sus necesidades. La situación de estos grupos demanda acciones integrales que les permitan llevar una vida digna y con mejores posibilidades de bienestar”.

La STPS instrumenta una Política para la prevención del trabajo infantil y la protección de menores trabajadores en edad permisible, que cuenta con cuatro ejes fundamentales: Eje1. Generar información estadística en forma periódica; Eje2. Impulsar mecanismos de coordinación interinstitucional; Eje3. Prevenir y erradicar el trabajo infantil en el sector agrícola; y Eje4. Promover los derechos laborales y el fortalecimiento del marco legal.

Dentro de las acciones realizadas en el marco del Eje1, destaca el levantamiento del Módulo de trabajo infantil, anexo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que se realiza de manera bianual desde 2007.

Por cuanto hace al Eje2, se colabora con los sectores público, social y privado para promover acciones coordinadas en materia de combate al trabajo infantil y protección de los menores trabajadores en edad permisible, a través de la firma de cartas compromiso estatales e intersectoriales, retomando los resultados de los respectivos Módulos de Trabajo Infantil 2007 y 2009, como insumo para la instrumentación de acciones más eficientes.

Algunos de los Compromisos Intersectoriales para la prevención y erradicación del trabajo infantil, así como la protección de menores trabajadores en edad permisible, que se han firmado en los estados, son:

Instrumentar estrategias de intervención en los sectores económicos de mayor incidencia de ocupación laboral de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17años;

Fomentar, entre otras medidas, el desarrollo de programas de transferencias condicionadas, con el fin de mejorar el acceso, la permanencia y la reintegración de las niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo;

Adecuar las leyes estatales a las obligaciones contraídas con la ratificación del Convenio 182, relativas a la eliminación inmediata de las peores formas de trabajo infantil;

Elaborar listas de trabajos peligrosos por sector e identificar dónde se practican las peores formas del trabajo infantil, con el fin de abordar el problema con carácter urgente y proceder, entre otras medidas, al rescate y rehabilitación de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en esas situaciones;

Fomentar el establecimiento de cláusulas específicas en los Contratos Colectivos de Trabajo y/o en las Condiciones Generales de Trabajo o similares, para evitar la contratación del trabajo de menores de 14años y se respete la legislación en materia de menores trabajadores de 14 a 17años;

Instrumentar programas de reincorporación a la familia, a la escuela y a la sociedad, de aquellas niñas, niños y adolescentes retirados del trabajo infantil y sus peores formas.

Sobre el Eje3, en 2010, la STPS lanzó el Distintivo “Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil”, con el objetivo de reconocer a las empresas agrícolas en el país que han adoptado una Política para el cuidado y protección infantil, a través de la cual se instrumentan acciones para el pleno desarrollo de los hijos de familias jornaleras, rechazando la utilización de mano de obra infantil y promoviendo la protección de los trabajadores menores de edad. Durante 2010 se realizó la promoción y difusión del Distintivo en más de 60 empresas agrícolas del país. Certificando a 21 empresas ubicadas en: Baja California (3), Jalisco (1), Sinaloa (14) y Sonora (3). En 2011, se entregó el distintivo a 17 empresas de Baja California (5), Jalisco (1), Nayarit (2), Sinaloa (8) y Yucatán(1).

En el mismo rubro de trabajo, es la Inspección Federal del Trabajo, de acuerdo con el artículo 173 de la Ley Federal del Trabajo, quien tiene encomendada la vigilancia y protección de los menores trabajadores, es por ello que durante el desarrollo de las visitas de inspección, revisa en todos los centros de trabajo de jurisdicción federal, si existen menores trabajadores. En las inspecciones realizadas, en el período de diciembre de 2006 a enero de 2012, se han detectado un total de 4.323 menores en un total de 217.851 inspecciones practicadas.

Para fortalecer esta labor de vigilancia y estar en posibilidad de atender a los grupos vulnerables, entre los que se encuentra el trabajo infantil en campos agrícolas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, se autorizó la creación de 400 plazas de inspector federal del trabajo, las que sumadas a las 376 con las que actualmente cuenta la Inspección Federal del Trabajo, nos da un total de 776 plazas.

Por otra parte, y con la finalidad de atender los compromisos establecidos al ratificar el Convenio número 182 sobre la Prohibición y la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la STPS conformó un Grupo Tripartito de Expertos integrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud, la Confederación de Trabajadores de México, la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, Save the Children México, el SNDIF y la OIT; para la definición de un listado de trabajos peligrosos e insalubres en menores trabajadores. Este listado se ha canalizado a la Subcomisión de Prevención de Riesgos de Trabajo para que lo someta a la consideración de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y se incorpore al Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.

ii)Trabajo infantil urbano marginal

En favor de la protección de los derechos y del trabajo de los menores de edad, la STPS realizó un análisis de las 332 iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo, presentadas en los últimos doce años en el Congreso de la Unión, donde se busca tipificar como delito la contratación de menores de 14 años. De esta manera, cuando la Inspección del Trabajo detecte trabajando a un menor de edad, fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cesen sus labores. Al patrón que incurra en esta conducta se sancionará con prisión de 1 a 4 años y multa de 250 a 5.000 salarios mínimos (de 13.700 a 274.000 pesos mexicanos). Adicionalmente, en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se estableció como uno de los compromisos de la STPS y los sectores productivos, combatir las peores formas de explotación y trabajo infantil, así como promover su denuncia.

Abonando a la labor que realiza la STPS en materia de prevención y protección de niñas, niños y adolescentes trabajadores, el SNDIF, consciente de que uno de los grupos más vulnerables y en riesgo de explotación laboral y sexual es la población infantil que se involucra en actividades económicas en las grandes urbes y espacios marginales del país, promueve acciones para la Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación de una de las manifestaciones de este fenómeno como es el Trabajo Infantil Urbano Marginal a travésde:

Intervención Comunitaria, por medio del Modelo de Educación no Formal para Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores, con el que se detectan las fortalezas de la comunidad y la familia como ejes clave de reinserción social, mediante el desarrollo de capacidades mínimas para una vida productiva;

Becas Académicas y de Capacitación, que contribuyen al desarrollo académico y a la capacitación para el trabajo de niñas, niños y adolescentes trabajadores del sector informal de la economía;

Paquete Básico de Bienestar Social, que consiste en acciones públicas y privadas de carácter social y asistencial (salud, educación, alimentación, asesoría jurídica y psicológica, capacitación para el trabajo, proyectos productivos, recreación y la cultura;

Diagnósticos sobre Trabajo Infantil Urbano Marginal, cuyo propósito es generar conocimiento sobre el comportamiento de este fenómeno, así como dar seguimiento y evaluar los impactos y acciones de las políticas y programas puestos en marcha para atenderlo.

El combate al trabajo infantil debe consolidarse como una prioridad institucional permanente, por lo que deberán continuarse los esfuerzos para evitar que la población infantil desarrolle actividades laborales.

Entre 2006 y 2011, en materia de Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano Marginal, se trabajó en las 31 entidades federativas, particularmente en 688 municipios y se atendieron a 491.465 niñas y niños trabajadores, así como a 735.333 niñas y niños en riesgo de incorporarse a actividades laborales y a 661, 648 familias.

iii)La explotación y el abuso sexuales (art. 34)

El SNDIF, a través del Programa para la Protección y Desarrollo Integral de la Infancia, en particular, mediante la temática de Prevención y Atención de la Explotación Sexual Infantil (ESI), promueve acciones sistémicas alineadas a un Plan de Acción Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la ESI, cuyos objetivos son: 1)Coordinar las acciones que los organismos gubernamentales y de la sociedad civil instrumenten para la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de ESI; 2)Fomentar el diseño, difusión e implementación de herramientas para la prevención de la ESI; promover el desarrollo de estrategias de atención integral para NNA víctimas de ésta; 3)Impulsar la protección jurídica y legal necesarias, así como la defensa y aplicación de los derechos de la infancia y adolescencia; y 4)Fomentar el estudio, investigación y diagnóstico de este problema.

Para implementar el Plan de Acción Nacional se desarrollan dos estrategias:

1.Coordinación Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar de la Explotación Sexual Comercial Infantil (ESI)

Instalada el 23 de octubre de 2001 e integrada por 32 instituciones públicas, privadas, académicas,OSC y organismos internacionales, bajo la coordinación del SNDIF. Es un mecanismo ejecutor del Plan de Acción Nacional en contra de este fenómeno. Opera a través de cinco subcomisiones: Articulación de Esfuerzos, Prevención, Atención, Protección Jurídica y Defensa de los Derechos de la Niñez, e Investigación.

A partir de 2010, la Coordinación inició un proceso dinámico para la integración y actualización permanente de una Agenda Nacional para la infancia y adolescencia en materia de ESI, a fin de atender los compromisos adquiridos por el Gobierno de México en los tres Congresos Mundiales contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, las recomendaciones realizadas por el Comité de Derechos del Niño, el Informe del Experto Independiente sobre el Estudio de la Violencia contra los Niños y el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las disposiciones ratificadas por México en el Convenio 182 sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil; así como, recoger las conclusiones de las Mesas Regionales en Materia de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes celebradas en 2009.

Como parte de la reorientación del Plan de Acción Nacional, las Subcomisiones están desarrollando las siguientes acciones:

Subcomisión de Atención. Desarrollo del Sistema Nacional contra la Trata de Personas y elaboración del Glosario de Términos en Materia de ESI;

Subcomisión de Investigación. Identificación de Municipios de origen, tránsito y destino de la explotación sexual infantil y elaboración de Criterios Homologados para el Desarrollo de Diagnósticos;

Subcomisión de Protección Jurídica y Defensa de los Derechos de la Niñez. Realización de un análisis de la legislación federal y estatal vigente en materia de explotación sexual infantil y Trata de Personas, con el objetivo de identificar aquellos ordenamientos y entidades en las que es necesario promover reformas en la materia.

2.Implementación de Planes de Acción para la Prevención, Atención y Erradicación de la Explotación Sexual Infantil en las Entidades federativas

El SNDIF promueve – a través de los SEDIF – el diseño e implementación de Planes de Acción a nivel local, mismos que alineados con el Plan de Acción Nacional contemplan la ejecución de acciones en materia de articulación, prevención, atención, protección jurídica y defensa de los derechos de la niñez, que son implementadas a través de comités o coordinaciones locales.

Cabe destacar, que el SNDIF tiene una función normativa, por lo que no brinda atención directa a población víctima o en riesgo de la Explotación Sexual, mientras que los SEDIF son normativos y en algunos aspectos operativos, autónomos y dependen del Ejecutivo de cada una de las entidades federativas, por lo que no están obligados a reportar o informar sobre aquellas actividades que realicen con recursos estatales.

En este contexto, con la finalidad de promover acciones preventivas y de atención a problemáticas específicas, entre las que se encuentra la ESI, el SNDIF, celebra anualmente convenios de colaboración con los SEDIF, 22 de los cuales realizan acciones en materia de ESI. Este mecanismo ha permitido, la implementación de acciones en 256 ciudades dentro de los estados considerados con mayor vulnerabilidad ante este fenómeno.

Como parte de las acciones preventivas se han realizado foros, encuentros, talleres, pláticas y actividades lúdicas que cuentan con materiales didácticos de apoyo, dirigidas a niñas, niños y adolescentes desde preescolar hasta 17 años 11 meses, en las que se abordan riesgos vinculados a la explotación sexual, información sobre las diferentes modalidades de ESI (prostitución y pornografía, entre otras), identificación de situaciones de riesgo (por ejemplo, mecanismos de enganchamiento, tanto presencial como en Internet) y auto protección, entre otros temas. Las actividades están dirigidas a población de comunidades con alto riesgo.

Una muestra de los materiales educativos e informativos encaminados a brindar herramientas a niñas, niños adolescentes para prevenir la ESI es el Maratón para la prevención de la ESI diseñado por el SEDIF Colima, que ya ha sido replicado por otros SEDIF, el Rally para la prevención de la ESI, implementado por el SEDIF Baja California Sur en coordinación con la SSP y que ahora se está implementando por otros SEDIF y centros educativos como parte de la Campaña Corazón Azul y las obras de teatro guiñol lúdicas realizadas por el SEDIF Chihuahua y las puestas en escena llevadas a cabo por Coahuila, Oaxaca y Tlaxcala.

Con la finalidad de sumar a todos los actores vinculados con la prevención de esta problemática, se han realizado congresos, foros, encuentros, talleres y cursos en los que han participado padres de familia, maestros, funcionarios del sector público, privado y de la sociedad civil vinculados con la protección a la infancia, prestadores de servicios, entre otros.

Campañas como “Voces sin Fronteras”, en el estado de Quintana Roo, muestran la suma de esfuerzos entre gobierno, sociedad civil y organizaciones internacionales. Esta campaña tiene como objetivo promover y difundir la cultura de respeto a la condición y dignidad de las niñas, niños y adolescentes, erradicando cualquier forma de maltrato o abuso sexual; así como propiciar la igualdad de oportunidades, brindándoles protección y alentando el ejercicio de sus derechos como una práctica cotidiana en las familias. Tiene como base – entre otros – los acuerdos tomados en Panamá en la Aplicación del Código de Conducta en el Sector de viajes y turismo.

Cabe señalar que también se han generado redes de atención, en las que colaboran instancias públicas y organizaciones de la sociedad civil, para brindar atención a niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo de la ESI; por ejemplo, el SEDIF Baja California opera la Red de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en alto Riesgo y Víctimas de Explotación Sexual Infantil, la cual está integrada por organismos de la sociedad civil, dependencias gubernamentales (estatales y municipales), que tiene como objetivo brindar atención a niñas, niños y adolescentes, en alto riesgo o a víctimas.

En atención a la recomendación del Comité de Derechos del Niño de tomar las acciones preventivas y de sensibilización necesarias para combatir el fenómeno del turismo sexual, así como investigar, perseguir y castigar todos los casos, la SECTUR realiza acciones de sensibilización en diferentes entidades federativas con propensión a la presencia y desarrollo de la problemática. Un ejemplo de ello es el Programa para Prevenir la Trata de Personas y la ESCNNA en el sector de viajes y turismo, dirigido a prestadores de servicios turísticos y sus familias, que busca sensibilizar, capacitar y formar facilitadores, que conozcan las características de la Trata de personas, principalmente en su modalidad de Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes, así como los mecanismos de acción en materia de prevención de este delito, con el fin de crear una red nacional de capacitadores y promotores en materia de prevención, en los principales destinos turísticos de México.

Con el presupuesto asignado por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, la SECTUR realizó las siguientes acciones durante 2010:

Foros de sensibilización sobre la trata de personas y la explotación sexual comercial de NNA, dirigido a prestadores de servicios turísticos. Se contó con la participación de 1.971 prestadores de servicios (1.221 hombres y 750 mujeres). Así como 572 participantes en los Seminarios de Formación de Facilitadores (359 hombres y 213 mujeres);

Asesoría para identificar los factores que permiten la trata de personas en cuatro destinos turísticos de México, e instrumentación de mecanismos de acción para los diferentes sectores: académico, empresarial, laboral e institucional; para el combate a la problemática desde la óptica de la prevención; así como determinar los aspectos jurídicos-sociales para la prevención de la explotación sexual comercial infantil y sus repercusiones en el sector turismo. Ésta comprende el diagnóstico de la situación en 4 destinos turísticos (Acapulco Gro., Cancún y Riviera Maya, Quintana Roo., Puerto Vallarta, Jal.);

Diseño e impresión de material sobre prevención a la explotación sexual comercial de NNA en México, con el apoyo de Ediac México.

En 2011 inició Segunda Etapa del Programa Integral de Sensibilización, Capacitación y Formación, sobre Prevención de la Trata de Personas en el Sector de los Viajes y Turismo y el desarrollo de un Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes; dirigidos a prestadores de servicios turísticos. La expedición del Código de Conducta Nacional busca atender la recomendación del Comité de los Derechos del Niño para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes contra el turismo sexual. Este Acuerdo fue suscrito por Cámaras y Asociaciones de Agencias de Viajes, Hoteles y Moteles, Industria Restaurantera, Autotransporte de pasaje y turismo, Asociación femenil de ejecutivos de empresas turísticas, Expomayoristas, Convivencia Femenina, CROC y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). Durante ese o año, se firmaron 164 Códigos de Conducta Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo con empresarios del sector.

iv)La venta, la trata y el secuestro (art. 35)

Atendiendo la recomendación del Comité sobre la realización de un estudio para determinar causas y magnitud de los fenómenos de explotación sexual, secuestro y trata, en 2010, la CONAVIM realizó el “Estudio sobre la revalorización de las mujeres indígenas de los Altos de Chiapas. Hombres y mujeres construyendo relaciones de género igualitarias desde su cosmovisión y derechos humanos”. Dicho estudio contempla la investigación etnográfica que da cuenta de las pautas culturales de construcción de la feminidad y la masculinidad en comunidades indígenas, así como la descripción de usos y costumbres, como el pago de la novia, que han sido utilizados por agentes externos a la comunidad para dar paso a la trata de niñas y mujeres.

Este estudio fue realizado por la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, organización especialista y líder en el tema de tráfico y trata de mujeres. Además de la información cualitativa, la investigación se complementó con la elaboración de un Modelo de intervención comunitaria, que tiene como objetivo promover la revalorización de niñas y mujeres en las comunidades a partir del reconocimiento y promoción del respeto de sus derechos humanos.

En el mismo año, la CONAVIM realizó el estudio “Diagnóstico sobre la prevención, atención y sanción del delito de trata de personas como forma de violencia contra las mujeres y niñas en México” cuyo objetivo y productos finales fueron la elaboración de un diagnóstico en el que se sistematizó el marco jurídico nacional vigente en materia de trata de personas, comparado con los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano, particularmente con el Protocolo de Palermo, para saber el nivel de cumplimiento de los estándares de investigación, sanción y combate a este delito, que afecta principalmente, a menores de edad y mujeres.

En cuanto a la atención, orientación y canalización que la CONAVIM ofrece ante solicitudes que realizan mujeres y niñas víctimas de violencia, durante el período comprendido de octubre de 2010 a julio de 2011, se gestionaron servicios de atención y orientación a 47 mujeres e infantes víctimas de violencia: 2 casos por trata de personas, 4 casos por feminicidio, 3 casos relativos a delitos sexuales, 2 casos por violencia en el noviazgo y 25 casos de violencia familiar, entre otros. Cabe mencionar que de los 43 casos atendidos, en 4 de éstos las víctimas fueron niñas y niños, mismos que fueron canalizados a las instituciones competentes, a fin de proporcionarles orientación jurídica, medidas de protección, atención médica y apoyo psicológico.

Adicionalmente, para incrementar el número de espacios de atención a mujeres y niñas víctimas de alguna forma de violencia, la CONAVIM financia y promueve en las entidades federativas la creación de Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), en los que se concentran instancias tanto gubernamentales como de la sociedad civil que ofrecen servicios médicos, psicológicos y legales, de manera coordinada, integral y con perspectiva de género.

Por su parte, la PGR desarrolló el “Protocolo de Intervención para el seguimiento de posibles casos de trata de personas y la atención de sus víctimas”, cuya finalidad es facilitar, en apego a las facultades y al ámbito de competencia de la PGR, acciones coordinadas entre sus distintas áreas para garantizar la seguridad y la protección de las víctimas de trata; evitar su re victimización; facilitar su acceso, tanto a una plataforma de servicios orientados a favorecer su recuperación física y emocional, como a la justicia; y asegurar el respeto de los derechos humanos protegidos por las normas mexicanas y los instrumentos internacionales ratificados por México.

De igual manera, la PGR cuenta con el Directorio Nacional de Centros de Atención a Víctimas de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (DINCEAVIT), que permite saber cuáles son las instituciones que ofrecen servicios a las víctimas de trata de personas y violencia de género en las diferentes entidades federativas; cuenta con 2.114 registros de instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

La PGR desarrolla mecanismos para alertar a la población indígena sobre el delito de trata de personas, con el fin de prevenir este delito y alentar su denuncia, mediante la difusión de materiales de divulgación que respondan a diversas cosmovisiones indígenas, en medios de comunicación que tengan mayor impacto en dichas comunidades. En 2009 y 2010 se diseñaron los guiones de siete spots y dos cápsulas radiofónicas sobre las formas en que las personas pueden ser explotadas y cómo pueden caer en manos de tratantes, y sobre la conveniencia de que la trata de personas se denuncie. El diseño se realizó en colaboración con mujeres líderes de comunidades indígenas, quienes aportaron datos y propuestas sobre el lenguaje a utilizar, el formato más idóneo y los medios apropiados de difusión entre la población indígena y se co-produjeron con la CDI. En enero de 2011 se inició su transmisión mediante el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas (SRCI) de la CDI, a un público potencial de casi 6 millones de indígenas en 1. 695 municipios de 15 entidades.

Complementariamente, la PGR cuenta con un modelo integral de atención a víctimas de trata de personas y violencia extrema que se caracteriza por brindar apoyo integral (médico y psicológico), acompañamiento y asesoría de acuerdo al problema específico de la víctima, en el marco de sus derechos y con la protección jurídica y social que el caso exija; favorece el re-establecimiento de los vínculos familiares durante el proceso de reintegración y rehabilitación, además, da seguimiento a las víctimas después de su salida, a fin de disminuir la posibilidad de que la persona sea nuevamente víctima del delito. Las actividades que se imparten se realizan a través de las áreas: legal, emocional, médica, de trabajo social, antropología, atención infantil. Los refugios cuentan con un programa de actividades formativas y recreativas que tiene por objeto favorecer e impulsar el proceso de empoderamiento de cada una de las víctimas a lo largo de su estancia en el refugio. Finalmente, a partir de la elaboración de un plan de vida realizado en el área de antropología cultural, se establecen con cada usuaria diferentes estrategias que les permitan continuar con su estilo de vida fuera del refugio.

De manera adicional, la PGR ha establecido vinculación con instancias como la Organización Internacional para las Migraciones con quienes a través de su programa de trata de personas y género, se ha apoyado el retorno asistido de víctimas a sus países de origen y la reincorporación de las usuarias con sus hijos/as, en caso de tenerlos. De igual forma, se mantiene una colaboración estrecha con el INM para la emisión de Visas Humanitarias y con las Embajadas de Honduras y Guatemala para los trámites de pasaportes y demás papeles necesarios tanto para la estancia en México como para el retorno de las víctimas a sus países de origen.

La PGR, a través de la FEVIMTRA ha puesto en práctica, la Estrategia de Denuncia Segura en materia de violencia contra las mujeres y trata de personas, como una propuesta innovadora de trabajo y mejora en la calidad de los servicios de acceso a la justicia, basada en la colaboración y cooperación intra e interinstitucional, que ha fortalecido los vínculos formales entre las OSC y las instituciones de los gobiernos federal, estatales y municipales, garantizando una respuesta en el ámbito de competencia de la Fiscalía, con el fin de buscar nuevos caminos que permitan enfrentar los desafíos que constantemente impone la persecución de esos delitos.

De mayo de 2010 a diciembre de 2011, esta Procuraduría ha llevado a cabo más de 120 acciones de difusión para dar a conocer esta Estrategia en las entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Tabasco, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Campeche, Chiapas, Oaxaca, D.F., Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Yucatán y Zacatecas; asimismo, se presentó en foros llevados a cabo en Las Cruces, Nuevo México y en San Diego, California, Estados Unidos de América y se puso a disposición de los Institutos Estatales y Municipales de las Mujeres y de las Procuradurías del Menor y la Familia del SNDIF de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal.

Con estas acciones se ha logrado consolidar una red de colaboración con 45 Organizaciones de la Sociedad Civil, y se han recibido, desde 2010 y hasta el 2011, un total de 118 casos.

Otra de las estrategias que inciden en la prevención de la trata de niñas, niños y adolescentes, es la que coordina la SSP, a partir de 2009, mediante el programa de prevención contra la trata de personas denominado “Diálogos con la Comunidad”, en el marco de la “Campaña Corazón Azul” de la UNODC, que tiene como objetivo brindar herramientas lúdicas y didácticas a los servidores públicos, representantes de organizaciones sociales y maestros de educación básica, como multiplicadores para evitar que niñas, niños y adolescentes sean enganchados en la trata de personas. A efecto de garantizar que la Campaña tenga un verdadero impacto a nivel nacional, se invitó a los gobiernos de las entidades federativas a sumarse al esfuerzo y a replicar actividades análogas. A la fecha: Baja California, Baja California Sur, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Chiapas, han formalizado su “adhesión” a la Campaña y varios otros han expresado interés en sumarse más adelante.

Como parte de dicha Campaña, se diseñan materiales educativos e informativos encaminados a brindar herramientas a niñas, niños adolescentes para prevenir la explotación sexual, dentro de los que destaca el Rally Corazón Azul contra la trata de personas, que informa a la población vulnerable sobre este delito y sus mecanismos de enganche y persuasión, propiciando con ello una cultura de legalidad; dicho Rally comenzó siendo implementado por el SEDIF Baja California Sur en coordinación con la SSP y que ahora se está utilizando por otros SEDIF y centros educativos como parte de la Campaña Corazón Azul.

Otra de las tareas que realiza la SSP es la distribución, entre los servidores públicos que la integran, y principalmente entre aquellos que realizan funciones operativas, materiales que les brinden herramientas para que, en el caso de que tengan contacto con menores puedan proteger mejor sus derechos. Algunos de estos materiales son: “Manual de Prevención y Atención de la Violencia Infantil”, “Armonización Legislativa en Materia de Género de los Derechos Fundamentales”, “Prevención y Diagnóstico de la Tortura”, “Promotoras(es) Comunitarias(os) de la No Violencia de Género”, “Cartilla Informativa para conocer los Derechos Humanos de las Mujeres” y “Métodos Alternos de Solución Pacífica de Conflictos”.

Finalmente es necesario añadir que el 6 de enero de 2011, fue publicado en el DOF, el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 2010-2012 (PNPSTP), elaborado bajo la coordinación de la FEVIMTRA y la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la SEGOB, en un grupo conformado por 25 instituciones que tienen atribuciones en materia de trata de personas, por lo que atiende a la visión interdisciplinaria e interinstitucional que se requiere para combatir este delito. El Programa cuenta con 56 acciones a realizarse por el Gobierno Federal, con aplicación en las 31 entidades y el D.F., los objetivos específicos son conocer el contexto actual en México en materia de trata de personas, sus causas y consecuencias, así como, prevenir el delito transformando los patrones culturales de la tolerancia a la trata de personas, coadyuvar en el mejoramiento de la procuración de justicia y proporcionar atención integral y de calidad a las víctimas y sus familiares, así como a crear mecanismos de coordinación de los sectores público, social y privado.

Entre las principales acciones a resaltar encontramos la implementación de estrategias de divulgación dirigidas a alertar a las personas pertenecientes a los grupos vulnerables frente a este delito, que consideren las necesidades específicas de cada grupo, las diferencias regionales, sectoriales, culturales y de otras índoles, así como la visualización de las diferentes formas de enganche; estrategias que desalienten el consumo y otras más dirigidas a empresarios y empresas, sobre las formas como pudieran estar participando, sin saberlo, en la trata de personas y sobre la necesidad de que adopten un código de conducta en la materia y, finalmente, estrategias enfocadas a los medios de comunicación, mediante las cuales se comprometan a no difundir anuncios que fomenten la Trata.

Otra de las acciones del Programa Nacional se refieren a la Elaboración de un Diagnóstico Nacional del delito de trata de Personas, así como un estudio del perfil delincuencial, motivo por el cual la Secretaría de Gobernación firmó un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la elaboración del mismo. El Diagnóstico Nacional tiene como objetivos: 1)Reflejar de manera integral los aspectos relacionados con este delito tanto en el ámbito federal como estatal; 2)Recopilar información sobre el escenario legislativo de la trata de personas en cada entidad federativa del territorio mexicano, incluyendo las competencias de las instituciones gubernamentales en los niveles federal, estatal y municipal; 3)Conocer las rutas, el papel de la delincuencia organizada transnacional y el perfil de aquellos involucrados en la comisión del delito; 4)Identificar las posibles causas que generan la trata de personas en México, con énfasis en las poblaciones más vulnerables; 5)Analizar las políticas de género derivadas de la legislación vigente en México y de los compromisos internacionales del país y su implementación en el diseño de políticas públicas para prevenir y combatir la trata de personas, así como la asistencia a las víctimas de este delito; 6)Realizar un acercamiento al mercado de la trata de personas en México y conocer tendencias respecto de la demanda de productos y servicios derivados del delito; 7)Conocer las implicaciones de la trata de personas internacional en territorio mexicano, en especial en las principales ciudades fronterizas; 8)Generar la información necesaria para la posterior elaboración de un mapeo georreferencial sobre el delito de trata de personas en México; 9)Dar cumplimiento a uno de los compromisos asumidos en el Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la trata de personas; y 10) Identificar fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y necesidades, de las diferentes instituciones competentes, a fin de determinar las acciones necesarias para la formulación e implementación de políticas públicas y acciones previstas en el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 2010‑2012.

v)Otras formas de explotación (art. 36)

Para sensibilizar a la población en materia de violencia contra las mujeres, que puede estar relacionada con la pornografía infantil, y alentar la denuncia, de 2008 a 2010 se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Durante 2008 se distribuyeron 60, 000 cartelesque buscaban: sensibilizar a la población acerca de la violencia contra las mujeres y apoyar la búsqueda y localización de mujeres desaparecidas;

En 2009 y 2010 se distribuyeron materiales impresos sobre violencia contra las mujeres, que pueden estar relacionada con la pornografía infantil, y la trata de personas, y con la venta y explotación en la prostitución y el trabajo forzoso de niñas. Parte de los materiales se enviaron, para su distribución a gobiernos municipales en zonas turísticas internacionales, zonas fronterizas y zonas con alto tránsito migratorio; a las representaciones del Gobierno Mexicano en el extranjero, en coordinación con la SRE; a los mecanismos estatales para el adelanto de las mujeres; a algunos SEDIF; a las secretarías de educación y salud, y las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas; a organizaciones de la sociedad civil como la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, Servicios a la Juventud, Red de Mujeres Justicia y Paz, Infancia Común, Fundación Diarq, Centro Lindavista, Organización Misión para la Superación de la Mujer, Origen Fundación Pro Ayuda a Mujer; y a instancias como la Iglesia Católica, por medio de las diócesis y arquidiócesis, entre otros.

D.Los niños de la calle

En atención a la recomendación del Comité sobre la asistencia que el Estado debe proporcionar a niños en situación de calle, en particular servicios de atención a la salud, el SNDIF lleva a cabo la Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle, operada en las principales zonas metropolitanas del país. La Estrategia tiene como marco de referencia la protección integral de la infancia y el interés superior del niño. A la fecha, opera en ocho entidades federativas: Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Distrito Federal, Guanajuato y Estado de México. A través de ella, se impulsa el enlace y la coordinación entre los sectores públicos y privados para la prevención y atención del fenómeno de la niñez en situación de calle, mediante la asesoría técnica especializada, la investigación y el desarrollo de modelos de intervención, dando la misma importancia a la sensibilización y difusión en los medios, como a las capacitaciones para el personal que trabaja en los SEDIF, SMDIF y OSC incorporadas a este esquema de atención.

Enfoca la atención en las niñas, niños y adolescentes vulnerables que se enfrentan a diversas circunstancias que ponen en riesgo su integridad física y/o mental; que han hecho de la calle su espacio de vida o que se encuentran en riesgo aún estando con sus familias, ya que por diversas circunstancias de exclusión, violencia, inequidad para el acceso a oportunidades de desarrollo, viven riesgos de salud física, psicológica y social.

Mediante la Estrategia se brindan los siguientes servicios: Financiamiento de investigaciones para mayor conocimiento del fenómeno y características específicas y necesidades de la niñez en situación de calle y sus familias; financiamiento de proyectos de atención especializada y esquemas de becas alimentarias y escolares, con el fin de desarrollar habilidades de aprendizaje responsable y significativo, fortalecer la salud emocional, restablecer vínculos familiares y reducir el retorno a calle, de la reincidencia delictiva y el uso de drogas; financiamiento de proyectos de fortalecimiento institucional para la formación profesional del personal que coordina e implementa proyectos de intervención dirigidos a la infancia y adolescencia que vive situaciones de vulnerabilidad y violencia asociadas a la callejerización.

De 2006 a 2010 participaron en promedio 65 SMDIF y 64 OSC, que atienden a niñas, niños y adolescentes en situación de calle y a sus familias.

E.Los niños en conflicto con la ley y niños víctimas o testigos

Las actividades de formación organizadas para todos los profesionales que tengan que ver con el sistema de justicia juvenil, incluidos los jueces y magistrados, fiscales, abogados, agentes del orden público, funcionarios de inmigración y trabajadores sociales, sobre las disposiciones de la Convención, los Protocolos facultativos si procede, y otros instrumentos internacionales pertinentes en la esfera de la justicia juvenil, como las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos (que figuran en el anexo de la resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social, de 22 de julio de 2005)

Con el fin de dotar a las autoridades judiciales nacionales de una herramienta que pueda auxiliarlos en su función, en febrero de 2012 la SCJN publicó el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes”. Dicho protocolo enlista y explica principios y prácticas generales que deben aplicarse con todo niño, niña o adolescente ante un proceso de justicia, de manera que se respeten sus derechos humanos, ya sea que tenga el carácter de víctima, testigo o presunto responsable de un hecho delictivo.

Delincuencia Organizada

Como parte de las estrategias del Gobierno Mexicano para atender a la población afectada por la delincuencia organizada, se constituyó la Mesa Interinstitucional para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de Delincuencia Organizada, cuyo objetivo general es “Establecer y fortalecer la coordinación interinstitucional necesaria para salvaguardar la integridad física y psicológica, así como la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes víctimas de hechos violentos vinculados con la delincuencia organizada.”

La Mesa Interinstitucional, a través de su Grupo Técnico, tiene como finalidad generar un protocolo para crear un sistema de protección integral a favor de niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos en escenarios de delincuencia organizada, considerando las siguientes etapas:

Primer contacto: Es la protección que se realiza durante el desarrollo de un operativo a cargo de las fuerzas del orden público, cuyo objetivo principal es brindar atención y protección a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en una escena del crimen, en estricto cumplimiento a su interés superior.

Contacto con el proceso de justicia: Se refiere a la atención y apoyo a las niñas, niños y adolescentes que deban rendir una declaración en el proceso penal, para que ésta se lleve a cabo sin temor, ya sea en su calidad de víctima, testigo o inculpado. Las autoridades que intervienen en el proceso penal deberán cumplir con las técnicas y lineamientos que desarrolle el Grupo Técnico, evitando la revictimización de niñas, niños y adolescentes, valorando y considerando su edad y grado de desarrollo en todo momento. Asimismo, se llevarán a cabo las acciones necesarias para la localización de los familiares.

Seguimiento y articulación para la restitución de derechos: Proporcionar seguridad jurídica y física, así como atención psicológica a niñas, niños o adolescentes, estableciendo un plan de restitución de derechos a través de la coordinación interinstitucional, iniciando con la elaboración de un diagnóstico que permita identificar las necesidades específicas a atender y los recursos con los que se cuentan.

La Mesa Interinstitucional inició sus trabajos el 18 de febrero de 2011, con la participación de diversas dependencias federales, OSC y organismos internacionales.

A la fecha se logró concluir con la elaboración del Protocolo para la atención de niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada en el Primer Contacto, y del Curso-taller de Capacitación dirigido a las fuerzas del orden público (SEDENA, SEMAR, SSP, y P GR), para dotarlas de las herramientas necesarias que les permitan brindar atención y protección especial durante un operativo o hecho violento, con estricto apego a la protección de los derechos humanos de la infancia.

De mayo a junio de 2011 se llevó a cabo la primera etapa de capacitación a los grupos de control y a instructores integrantes de las fuerzas del orden público, para analizar los contenidos y la metodología de la capacitación a manera de pilotaje. Una vez realizados los ajustes que se consideraron pertinentes, se llevó a cabo la segunda etapa de capacitación dirigida principalmente a los instructores que replicarán la capacitación a sus corporaciones.

De igual manera, en el marco de las medidas de Protección a Víctimas, la PGR, emite a través de las facultades del Ministerio Público de la federación a cargo de la investigación, las medidas de protección correspondientes que asisten los derechos de las víctimas o posibles víctimas contemplados en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.Proporciona un servicio itinerante de atención integral, la itinerancia es una estrategia de los Servicios de Atención Integral que permite realizar traslados físicos de equipos de atención a los lugares donde se solicite, bajo demanda expresa y específica de las personas afectadas, o bajo solicitud de una entidad, grupo o institución donde se hayan presentado casos de violencia.

F.Los niños pertenecientes a minorías o a grupos indígenas (art. 30)

Las acciones del PAEI, se enmarcan en los postulados de la Convención, ya que los rezagos en educación, alimentación y salud constituyen la preocupación central del Programa. El PAEI brinda a niños y jóvenes indígenas hospedaje y alimentación; asimismo, promueve la atención a la salud, el fortalecimiento de la identidad cultural y fomenta actividades de recreación y esparcimiento. Los beneficios que obtienen los niños y niñas en los albergues escolares indígenas resultan de gran importancia para las familias indígenas que carecen de condiciones mínimas para apoyar su educación. Los albergues cuentan con reconocimiento entre las comunidades y se puede afirmar que forman parte del capital social de éstas.

Por otra parte, la CDI cuenta con el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI), el cual se orienta a disminuir los rezagos de infraestructura básica (carreteras y caminos, electrificación, agua potable y saneamiento), atendiendo a la población que habita localidades con: i)40% y más de población indígena ii)50 a 15.000 habitantes; y iii)de alta y muy alta marginación.

A partir del 15 de junio de 2006, la CDI ha venido desarrollando el Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados (PAID), cuyo propósito es apoyar a la población indígena desplazada violentamente o por cualquier tipo de conflicto, para que recupere parte de las pérdidas materiales y con ello facilitar su reinserción a la vida comunitaria y económica, con pleno respeto a su diversidad cultural. Durante el período comprendido de junio de 2006 a diciembre de 2010, el PAID apoyó a 3.702 familias de indígenas desplazados, en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca, otorgándoles apoyos para la adquisición de tierras de cultivo, solares urbanos, materiales para la construcción de vivienda e insumos para impulsar sus actividades productivas.

En 2011, con la finalidad de ofrecer a la población hablante de lenguas indígenas servicios de salud de calidad, con pertinencia lingüística y cultural, se creó el Estándar de Competencia para la Promoción de la Salud en la población Hablante de Lengua Indígena; mismo que está en proceso de revisión del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, para su publicación en el DOF. Con esto será posible formar formadores de intérpretes de lenguas indígenas profesionalizados en el ámbito de la salud, mejorando así la confianza entre los usuarios indígenas y la inclusión de este nicho de la población mexicana.

Se tradujo la campaña “Medidas preventivas por bajas temperaturas” a 10 variantes lingüísticas: tepehuano, mayo, mazahua del Estado de México, náhuatl de la Huasteca Hidalguense, náhuatl de Puebla, náhuatl de Tlaxcala, purépecha, tarahumara, huasteco, y mixteco. También se tradujo la campaña “Prevención de riesgos de inundaciones, lluvias y ciclones”, a 8 variantes lingüísticas: maya, totonaco de Puebla, chontal de Tabasco, tsotsil de Chiapas, mixteco de Oaxaca, náhuatl de Guerrero, huichol de Nayarit y náhuatl de Veracruz. También se tradujo a 41 variantes lingüísticas las medidas preventivas contra la Influenza AH1N1.

IMSS-Oportunidades tiene presencia en un amplio número de localidades indígenas, por lo que sus acciones son extensivas a esta población, cuenta con 7.693 voluntarios de salud y 91.694 voluntarios indígenas quienes trabajan para el beneficio de sus propias comunidades e imparten orientación a las familias en sus propios idiomas y realizan comunicaciones sobre salud con fines educativos.