Comunicación presentada por:

K. S. (representada por su abogado, Ireneusz C. Kaminski)

Presunta víctima:

La autora

Estado parte:

Polonia

Fecha de la comunicación:

11 de abril de 2017 (presentación inicial)

Referencias:

Transmitidas al Estado parte el 4 de abril de 2018 (no publicadas como documento)

Fecha de adopción de la decisión:

6 de julio de 2020

Asunto:

El Estado parte no actuó con la diligencia debida para proteger a la autora frente a la violencia doméstica

Cuestiones de procedimiento:

Agotamiento de los recursos internos; la cuestión no ha sido ni está siendo examinada con arreglo a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales

Artículos de la Convención:

2 a), c) a f), 3, 5 a) y 16

Artículo del Protocolo Facultativo:

4 1) y 2) a

Antecedentes

1.La autora de la comunicación es K. S., ciudadana polaca nacida en 1944. Afirma ser víctima de una infracción por Polonia de los derechos que la asisten en virtud de los artículos 2 a), c) a f), 3, 5 a) y 16 de la Convención. El Protocolo Facultativo de la Convención entró en vigor en el Estado parte el 22 de marzo de 2004. Representa a la autora su abogado, Ireneusz C. Kaminski.

Los hechos expuestos por la autora

2.1La autora contrajo matrimonio con E. S. el 27 de marzo de 1989. Ambos tenían hijos de matrimonios anteriores y compartían la vivienda, propiedad de la autora. El marido de la autora ayudaba a esta a gestionar su empresa. Con el paso del tiempo, empezó a beber en exceso y se volvió agresivo y violento con la autora y las hijas de esta.

2.2El 14 de julio de 2005, el Tribunal de Circuito de Varsovia dictó la sentencia de divorcio de la pareja, atribuyendo la culpa exclusivamente al marido de la autora, quien recurrió la sentencia, ratificada el 21 de abril de 2006, por el Tribunal de Apelación de Varsovia. El tribunal argumentó que el marido abusaba de la bebida y recordó algunos de los actos de violencia doméstica que había cometido.

Actuaciones penales contra el marido de la autora, en particular denuncias infructuosas presentadas por la autora

2.3El 26 de diciembre de 2003, estando bajo la influencia del alcohol, el marido amenazó a la autora y a sus hijas. Se vieron obligadas a encerrarse en el dormitorio de una de las hijas de la autora, y el marido se apostó al otro lado de la puerta. Aunque la autora no pudo llamar a la policía en aquel momento porque debía esperar a que su marido se calmara, dio parte del incidente a la policía al día siguiente. El 7 de enero de 2004, el marido retiró 200.000 zlotys del fondo de inversión de la autora sin el conocimiento de esta. Posteriormente, comunicó a la autora que solo le devolvería el dinero si ella retiraba la denuncia. La autora retiró su denuncia, y la Fiscalía de Distrito de Piaseczno archivó las actuaciones el 30 de enero de 2004.

2.4El 15 de marzo de 2004, la autora volvió a denunciar a su marido, alegando que las había amenazado a ella y a sus hijas y que le había robado 204.783 zlotys. Cuando la policía le preguntó, la autora explicó que había retirado su denuncia anterior porque su marido la había amenazado. El 5 de abril de 2004, la Policía de Distrito de Piaseczno se negó a iniciar actuaciones, aduciendo que la autora no había aportado pruebas suficientes de que su marido la había amenazado.

2.5Los días 4 y 13 de enero de 2005, la autora elevó otra denuncia a la Fiscalía de Distrito de Piaseczno, alegando que su marido era alcohólico y en repetidas ocasiones las había amenazado a ella y a sus hijas con matarlas y quemar la casa. También declaró que su marido la maltrataba psicológica y físicamente prohibiéndole que utilizara el agua caliente, la calefacción y el teléfono. El 7 de febrero de 2005, la autora declaró durante una entrevista que temía por su propia seguridad. También indicó a la policía que nunca solicitó un certificado médico para documentar el maltrato físico sufrido a manos de su marido porque le avergonzaba identificarse como víctima de la violencia doméstica. La Fiscalía de Distrito de Piaseczno inició actuaciones penales el 8 de febrero de 2005.

2.6Aunque las hijas de la autora corroboraron las alegaciones de su madre en una entrevista mantenida el 3 de marzo de 2005, la Policía de Distrito suspendió las diligencias el 19 de mayo de 2005 por falta de pruebas. La autora recurrió esa decisión de la Policía de Distrito y el 12 de julio de 2005 la Fiscalía de Varsovia la anuló.

2.7El 19 de agosto de 2005, la autora denunció nuevamente a su marido por amenazar con matarla y prender fuego a la casa. Durante una entrevista mantenida el 7 de septiembre de 2005, la autora corroboró los hechos expuestos en su primera denuncia. El 30 de septiembre de 2005, se acusó al marido de la autora de haberse apropiado indebidamente de 250.000 zlotys depositados en una cuenta cuya cotitular era la autora, infringiendo los artículos 284 1) y 294 1) del Código Penal, y de maltratar a la autora por medio de amenazas y abusos entre el 1 de marzo de 2003 y el 7 de septiembre de 2005, en contra de lo dispuesto en el artículo 207 1) del Código Penal. La autora solicitó que la audiencia se celebrara sin demora, pues todavía compartía la vivienda con su marido y se sentía amenazada por su comportamiento.

2.8El 7 de marzo de 2006, la autora solicitó de nuevo que se iniciaran actuaciones penales contra su marido por agredirla físicamente en junio de 2005, amenazarla de muerte en febrero y agosto de ese año, y maltratarla en general, impidiéndole que llevara una vida normal. Cuando la policía entrevistó a la autora, esta declaró que su marido la había amenazado con un hacha y le había dicho que les iba a cortar la cabeza a ella y a sus hijas. Además, afirmó que su marido también ocasionó daños a su vehículo intencionadamente. El 26 de abril de 2006, la Policía de Distrito suspendió la investigación por falta de testigos objetivos, pese a las declaraciones prestadas por las hijas de la autora. La decisión fue ratificada por la Fiscalía de Distrito el 28 de abril de 2006 y por el Tribunal de Distrito de Varsovia-Mokotów el 25 de octubre de ese año.

2.9El 8 de marzo de 2006, el Tribunal de Distrito de Varsovia dispuso que dos peritos psiquiatras examinaran al marido a fin de determinar si tenía capacidad procesal para comparecer en juicio. El 13 de abril de 2006, los expertos concluyeron que, para tomar una decisión informada, era necesario prolongar el período de observación clínica. El 19 de abril de 2006, el Tribunal de Distrito ordenó el internamiento del marido en un hospital psiquiátrico por un período de seis semanas.

2.10El marido de la autora no llegó a ingresar en el hospital psiquiátrico, al fallecer el 4 de mayo de 2006, el mismo día en que se incendió la vivienda que ambos compartían. La policía encontró una carta en la que el marido culpaba de su suicidio a la autora y a las hijas de esta por los “tormentos” que le habían infligido. El 30 de mayo de 2008 se suspendió la investigación del caso y la Fiscalía declaró que no existían pruebas que apuntaran a la intervención de terceros en el incendio.

2.11Según la autora, en resumen, el comportamiento violento de su marido fue reconocido por las autoridades en los siguientes casos: a) el Tribunal Regional de Varsovia, el 14 de julio de 2005, reconoce que él había cometido actos de violencia física y verbal contra ella y sus hijas durante todo el tiempo que duró su matrimonio; b) en un pliego de cargos emitido el 30 de septiembre de 2005 se acusa al marido de haber maltratado a la autora entre el 1 de marzo de 2003 y el 7 de septiembre de 2005; y c) en la decisión anunciada el 30 de mayo de 2008 por el Fiscal de Distrito de suspender la investigación del incendio se indica que las autoridades del país creen que el marido de la autora es responsable del siniestro, decisión que ratifica posteriormente el Tribunal Regional de Varsovia el 7 de mayo de 2010.

Demanda civil contra el Estado parte

2.12El 20 de junio de 2007, la autora demandó por la vía civil al Estado parte, reclamándole una indemnización por el valor de la vivienda (595.170 zlotys) y por daños morales (50.000 zlotys). La autora declaró que, pese a tener conocimiento de la situación, las autoridades no la habían protegido debidamente del comportamiento violento de su marido.

2.13El 7 de mayo de 2010, el Tribunal Regional de Varsovia desestimó la demanda de la autora por considerar que no había demostrado que el Estado parte hubiera obrado de forma ilegal. Aunque, en su opinión, la policía cometió un error al archivar las diligencias el 19 de mayo de 2005 y el 26 de abril de 2006, el tribunal afirmó que la autora no había establecido ningún vínculo causal entre la conducta ilícita de la policía y el incendio.

2.14La autora recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelación de Varsovia, que desestimó el recurso el 5 de mayo de 2011. El Tribunal de Apelación ratificó las conclusiones del Tribunal Regional, discrepando con este último solamente respecto de la autoría del incendio, por entender que el marido de la autora no pudo haberlo provocado, habida cuenta de que había fallecido antes de que se iniciara. El Tribunal de Apelación calificó de infundado el recurso de la autora y afirmó que esta no había sufrido daño moral alguno.

2.15El 26 de octubre de 2011, días antes de vencer el plazo para presentar el recurso de casación, el abogado se comunicó con la autora para informarle de que no recurriría el fallo en su nombre. En opinión del abogado, el recurso no se admitiría a trámite porque, de conformidad con el Código de Procedimiento Civil, en un recurso de casación no cabía valorar cuestiones relacionadas con la admisibilidad de las pruebas o de los hechos. La autora señala además que, según el código de ética de la abogacía vigente en Polonia en esa fecha, un letrado no podía recurrir una sentencia cuando con ello se infringieran claramente los requisitos normativos aplicables a ese tipo de recursos. La autora afirma que eso, a su vez, significa que la decisión que toma el abogado sobre la posibilidad o la conveniencia de recurrir una sentencia es definitiva, especialmente en los supuestos en que, por ley, el recurso debe presentarse con asistencia de letrado.

2.16El 26 de marzo de 2012, la autora recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el 30 de agosto de 2016 rechazó su demanda por considerarla inadmisible. El Tribunal afirmó que la solicitud se había presentado demasiado tarde y la desestimó con arreglo a los artículos 35 1) y 4) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La denuncia

3.1La autora afirma que las autoridades del Estado parte no la protegieron debidamente de su marido, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 2 a) y c) a f) de la Convención, leído conjuntamente con su artículo 3. Concretamente, no detuvieron al marido de la autora ni lo alejaron de ella, y tampoco lo juzgaron de inmediato. La autora sostiene que, como muy tarde, las autoridades supieron de las agresiones que había sufrido desde el 10 de marzo de 2004, fecha en que denunció a su marido por segunda vez. Además, la autora indica que las autoridades del país reconocieron que su marido había sido violento en varias ocasiones. Pese a tener constancia de la situación, no actuaron con la diligencia debida para impedir que se vulneraran sus derechos o investigar y castigar esos actos de violencia.

3.2La autora afirma que, al no reconocer su responsabilidad de protegerla, las autoridades habían incumplido lo dispuesto en el artículo 2 e) de la Convención, leído conjuntamente con su artículo 1. Prueba de ello es que el 7 de mayo de 2010 un tribunal decidió no indemnizar a la autora en concepto de responsabilidad civil, pese a reconocer que la policía actuó en ocasiones de manera ilegal.

3.3La autora declara que, al no tomar medidas eficaces para eliminar los estereotipos de género que influyen negativamente en la protección de las mujeres víctimas de violencia doméstica, el Estado parte incumplió el artículo 2 d) y e) de la Convención, leído conjuntamente con sus artículos 2 f), 5 a) y 16. La autora afirma que este problema es sistémico y explica la actitud discriminatoria de las autoridades hacia su persona y su incapacidad para protegerla efectivamente de su marido.

Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad

4.1El 4 de junio de 2018, el Estado parte declaró que la comunicación era inadmisible porque no se habían agotado los recursos internos disponibles.

4.2El Estado parte empieza afirmando que la autora no recurrió en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal de Apelación. Tampoco demandó a la compañía de seguros por la destrucción de su vivienda. La autora había contratado un seguro de accidentes que cubría la vivienda también en caso de incendio. La aseguradora indemnizó a la autora con 106.634 zlotys, que equivalían al 50 % del valor estimado de la vivienda. La autora recibiría el resto de la indemnización una vez se efectuara la división de bienes conforme a la sentencia de divorcio. El Estado parte advierte que, si la autora está disconforme con la indemnización recibida, puede interponer una demanda civil contra la aseguradora con arreglo a los artículos 23 y 24 del Código Civil. El Estado parte también afirma que, durante las actuaciones practicadas en el país, la autora no alegó en ningún momento que hubiera sido discriminada por razón de su sexo. Si la autora consideraba que había sido discriminada, podría haberlo denunciado ante los tribunales nacionales, tal como dispone el Código Civil. Sin embargo, no hizo uso de este recurso.

Comentarios de la autora respecto de las observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad

5.1La autora presentó sus comentarios a las observaciones del Estado parte el 20 de julio de 2018. Recuerda que, según el Estado parte, la autora no agotó los recursos internos, pues no había recurrido en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal de Apelación. Explica que, durante las actuaciones judiciales, contó con la asistencia de un abogado de oficio que ella misma eligió. El 26 de agosto de 2011 se notificó la sentencia del Tribunal de Apelación a su abogado. El 5 de octubre de 2011, la autora pidió a su abogado que presentara un recurso de casación. El 26 de octubre de 2011, el abogado respondió que no había motivos para recurrir la sentencia en casación. Esa respuesta se recibió el último día del plazo de dos meses establecido para interponer el recurso. La autora argumenta que el Estado parte no ha explicado cómo hubiera podido recurrir la sentencia en casación una vez vencido el plazo para ello. Por otra parte, la autora indica que, en sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo de la demanda que interpuso la interesada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fechadas el 17 de junio de 2015 y presentadas en el marco de las actuaciones, al referirse a la posibilidad de interponer un recurso de casación, el Estado parte adoptó la postura contraria a la expresada en sus observaciones al Comité, a saber, que la solicitante “se habría visto obligada a recurrir en casación una sentencia definitiva y ejecutiva, motivo por el cual constituía un recurso extraordinario. No procede recurrir al Tribunal Supremo como si se tratara de un órgano de tercera instancia, y el recurso de casación es una excepción a la norma. De conformidad con la legislación polaca, este recurso se contempla solo en casos excepcionales y tiene un carácter meramente suplementario a las actuaciones en primera y segunda instancia”. En vista de lo cual, el Gobierno concluyó que “la solicitante no tenía obligación de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El caso de la solicitante fue examinado por tribunales de primera y segunda instancia”. La autora cree que los solicitantes no están obligados a recurrir una sentencia en casación cuando el abogado de oficio haya comunicado a su cliente que el recurso no tiene visos de prosperar en el Tribunal Supremo.

5.2La autora también señala que, según el Estado parte, debería haber demandado a la aseguradora por los daños ocasionados por el incendio de su vivienda que provocó su exmarido. Afirma que una demanda de esas características iría dirigida directamente contra una persona jurídica privada, y por tanto no aludiría a las omisiones y deficiencias atribuibles a los organismos competentes del Estado.

5.3La autora indica asimismo que, según el Estado parte, debería haber presentado una demanda por discriminación. Indica que demandó al Estado amparándose en el artículo 417 del Código Civil. En el transcurso de estas actuaciones, los tribunales observaron ciertas deficiencias e irregularidades en los actos y omisiones de las autoridades estatales; sin embargo, concluyeron que no existía ningún vínculo causal entre dichos actos y omisiones y el hecho de que el marido de la solicitante prendiera fuego a la vivienda. Por consiguiente, su demanda fue desestimada. La autora sostiene que este recurso es ineficaz o redundante, visto el resultado de las actuaciones. Por otra parte, observa que la discriminación es un aspecto esencial de la violencia de género. Por consiguiente, exigir a las víctimas de la violencia de género que aludan explícitamente a la discriminación en sus alegaciones ante los tribunales es un requisito redundante o, en términos jurídicos, excesivamente formalista. Tanto en la demanda por responsabilidad extracontractual que interpuso contra el Estado en calidad de víctima de violencia doméstica y de género, como en las alegaciones que presentó al tribunal, la autora afirma que dio a entender que el hecho de no protegerla constituía en sí mismo un acto discriminatorio y que, por consiguiente, ha agotado todos los recursos internos disponibles.

Observaciones del Estado parte sobre el fondo

6.1El 24 de noviembre de 2018, el Estado parte presentó sus observaciones sobre el fondo, repitiendo lo que ya afirmara en observaciones anteriores al referirse a la inadmisibilidad de la comunicación.

6.2La Convención se vulneró presuntamente entre 2004 y 2006. Desde entonces, el Estado parte ha adoptado un amplio marco jurídico que ofrece la máxima protección posible a las mujeres frente a la violencia doméstica. Se introdujeron varias modificaciones en el derecho penal y de familia y en las políticas sociales. No obstante, el Estado parte es consciente de que, hasta que la Ley de Lucha contra la Violencia Doméstica entró en vigor en 2005, no existían actos de esta categoría en su régimen jurídico para combatir la violencia doméstica.

6.3El Estado parte sostiene que, en el momento de los hechos, las intervenciones a domicilio con arreglo al sistema de las “Tarjetas Azules” en los casos de violencia doméstica se regían por la Orden núm. 21 del Comandante en Jefe de la Policía, de 31 de diciembre de 2002. No obstante, si no se realizaba una intervención a domicilio y una víctima de violencia doméstica presentaba una denuncia personándose en la comisaría de policía, no era preciso cumplimentar el formulario de la “Tarjeta A”. La obligación de cooperar con los organismos estatales, los órganos de la administración local y las organizaciones de la sociedad civil recaía exclusivamente en el agente de policía de barrio que se asignaba al caso. En los últimos 15 años, se ha modificado el procedimiento de las Tarjetas Azules para incluir cualquier medida que adopten y apliquen los representantes de las dependencias de asistencia social, los comités municipales que trabajan con los problemas del alcoholismo, la policía y el personal docente y sanitario en caso de existir motivos razonables para sospechar de la existencia de violencia en el hogar.

6.4La Ley de Lucha contra la Violencia Doméstica, que entró en vigor el 21 de noviembre de 2005 y se modificó en 2010, es el primer y principal instrumento jurídico en regular a fondo las cuestiones referidas a la prevención de la violencia doméstica. El Estado parte describe en detalle el alcance de la Ley, qué se entiende por violencia doméstica y a quiénes se define como miembros de la familia, cómo se regula el sistema de prevención, cuáles son las responsabilidades y cometidos de los órganos del Gobierno central y las dependencias del gobierno local, y qué ayuda reciben las personas afectadas por la violencia doméstica. A partir del 1 de agosto de 2010, gracias a la entrada en vigor de la enmienda a la Ley, una víctima de la violencia doméstica puede exigir al tribunal que ordene a su agresor abandonar la vivienda que comparte con ella. Por otra parte, el nuevo artículo 275 a) del Código de Procedimiento Penal prevé una serie de medidas preventivas, consistentes en ordenar a las personas acusadas de cometer delitos violentos contra un miembro de su familia que abandonen la vivienda que compartan con la parte perjudicada.

6.5El Estado parte menciona además la enmienda a la Ley de Policía de 6 de abril de 1990, por la que se añade el artículo 15 a), con arreglo al cual un agente de policía podrá detener al agresor que amenace directamente la vida y la salud de la víctima.

6.6El Reglamento del Consejo de Ministros, de 13 de septiembre de 2011, relativo al procedimiento y los formularios de las Tarjetas Azules, que entró en vigor el 18 de octubre de ese año, define el ámbito de actuación de las cinco entidades que intervienen en el procedimiento. El Estado parte explica detalladamente las medidas e intervenciones que realizan los agentes de policía en el marco de este procedimiento.

6.7Los programas nacionales para prevenir la violencia doméstica correspondientes al período 2006-2016 y 2014-2020 contemplaban la puesta en marcha de las actividades previstas en la Ley de Lucha contra la Violencia Doméstica.

6.8En el momento de los hechos, ya se habían introducido varias disposiciones generales para proteger a las víctimas de la violencia doméstica, en particular las que figuran en el capítulo XXVI del Código Penal, relativo a los delitos contra la familia y la tutela. Por otra parte, en virtud del artículo 58 2) del Código de la Familia y la Tutela vigente en el momento de los hechos, en casos excepcionales, cuando la conducta manifiestamente censurable de uno de los cónyuges haga la convivencia imposible, un tribunal podrá ordenar su desalojo de la vivienda durante el procedimiento de divorcio a petición del otro cónyuge. El Estado parte insiste en que, a juzgar por el expediente de divorcio, la autora no solicitó que se desalojara a su marido de la vivienda que compartía con él. En la sentencia de divorcio dictada el 21 de abril de 2006, el tribunal no se pronunció sobre ninguna petición de estas características. Si la autora hubiera formulado una petición semejante, el tribunal se habría visto obligado a pronunciarse al respecto. El Estado parte indica que la autora estuvo representada por un abogado profesional durante el procedimiento de divorcio.

6.9El Estado parte afirma que la legislación vigente ofrece un marco normativo eficaz para proteger a las víctimas de la violencia doméstica y que, incluso en el momento de los hechos, existía un régimen jurídico general que protegía a esas personas. Por lo tanto, el Estado parte afirma que no ha infringido el artículo 2 a) a c) y e) de la Convención, leído conjuntamente con su artículo 1.

6.10En cuanto a la presunta vulneración de los derechos que confieren a la autora el artículo 2 a), c), e) y f) y el artículo 3 de la Convención, leídos conjuntamente con su artículo 1, el Estado parte sostiene que las autoridades han actuado conforme a derecho. Aunque la policía no cumplió íntegramente lo dispuesto en la Orden núm. 21 del Comandante en Jefe de la Policía, de 31 de diciembre de 2002, esta omisión no ocasionó daños materiales (el robo del dinero, el incendio de la vivienda) ni daño moral alguno a la autora. A este respecto, el Estado parte coincide con la opinión del Tribunal Regional y el Tribunal de Apelación de Varsovia en cuanto al fundamento de las sentencias que dictaron el 7 de mayo de 2010 y el 5 de mayo de 2011. Durante el procedimiento civil, la autora demandó al Tesoro Público, reclamándole una indemnización de 595.170 zlotys por daños y otra de 50.000 zlotys en concepto de reparación por los actos ilícitos cometidos por los organismos estatales.

6.11Los tribunales nacionales, tras examinar detenidamente las circunstancias, determinaron que no existía un vínculo causal suficiente entre la dejación de funciones de la policía, la Fiscalía y el Tribunal de Distrito y las pérdidas sufridas por la autora. La autora no demostró que las actuaciones practicadas por el Tribunal de Distrito fueran ilegales. La primera audiencia se celebró el 8 de marzo de 2006, acatando la norma de actuar sin demora injustificada. Atendiendo al dictamen pericial de dos psiquiatras y de conformidad con el artículo 203 del Código de Procedimiento Penal, el 19 de abril de 2006 se ordenó al marido de la autora que se sometiera a observación psiquiátrica a fin de determinar su capacidad de responder penalmente de los actos que realizó. Esta decisión era susceptible de recurso y el Tribunal de Distrito no podía ejecutarla mientras no se hubiera dictado sentencia firme. El marido de la autora no puso trabas a las actuaciones, compareció en ambas audiencias y se sometió a la valoración psiquiátrica. El Tribunal de Distrito afirmó que, cuando se practicaron las actuaciones penales, no había motivos para creer que el marido hubiera cumplido sus amenazas.

6.12No obstante, los tribunales concluyeron que los actos de la policía en comisaría y del Fiscal de Distrito de Piaseczno estaban en parte justificados. La autora y sus hijas retiraron la demanda y la Fiscalía de Distrito archivó las actuaciones, sin que la autora recurriera esta decisión. Por otra parte, los tribunales observaron que, en la denuncia presentada el 15 de marzo de 2004, la autora no solicitó que se iniciaran actuaciones contra su marido por un delito de amenazas, sino por el robo de fondos. Por consiguiente, ateniéndose a lo dispuesto en el artículo 190 1) del Código Penal, ni la policía ni el fiscal tenían motivos para iniciar actuaciones por los actos cometidos por el marido. En cuanto a la aseveración de la autora de que la policía no siguió el procedimiento de las Tarjetas Azules, el Estado parte insiste en que los tribunales interpretaron la Orden núm. 21 en un sentido más amplio, es decir, que la obligación de los agentes de policía iba más allá de la definición literal recogida en la Orden, y que esta, dadas las circunstancias de la autora y en ausencia de intervención policial en el domicilio, debería haberse aplicado para garantizar la seguridad de la autora como víctima de violencia doméstica.

6.13La decisión de suspender la investigación, adoptada el 19 de mayo de 2005 y ratificada por la Fiscalía de Distrito el 23 de mayo, no perjudicó de forma permanente a la autora, puesto que la Fiscalía de Distrito de Varsovia la anuló el 12 de julio de ese año, y su marido fue acusado de varios delitos. Los tribunales determinaron que el incendio no podía considerarse un efecto habitual de las omisiones cometidas por fuerzas del orden. El incidente fue excepcional y era imposible de prever en el curso normal de los acontecimientos. A pesar de que, en un principio, se suspendieron las actuaciones iniciadas contra el marido de la autora por maltrato y apropiación indebida, se demostró que el recurso interpuesto por la autora estaba justificado y sirvió para que se anulara, por considerarla equivocada, la decisión de suspender las actuaciones.

6.14Para proteger los derechos procesales del acusado, y a partir de las pruebas aportadas por los psiquiatras forenses, se decidió internar al marido de la autora para someterlo a observación psiquiátrica. Según el acta de la audiencia celebrada en el juzgado el 8 de marzo de 2005, esa fue la única ocasión en que la autora reveló que su marido padecía de esquizofrenia paranoide. Tal como confirmó el Tribunal Regional de Varsovia, durante el procedimiento celebrado en el tribunal de primera instancia no había motivos que justificaran la adopción de medidas preventivas para proteger a la autora de su marido, como la detención provisional de este, puesto que el interesado cumplió sus obligaciones procesales y no puso impedimento alguno a las actuaciones penales. El Tribunal no pudo determinar con plena certeza que el marido de la autora hubiera prendido fuego a la vivienda, dado que, según los resultados de su autopsia, ya había fallecido al iniciarse el incendio. Por lo tanto, el Estado parte sostiene que en ningún caso se violaron los derechos que confieren a la autora los artículos citados de la Convención.

6.15Respecto de las alegaciones de la autora de que el Estado parte ha vulnerado los derechos que le confieren los artículos 2 d), e) y f), 5 a) y 16 de la Convención al no tomar medidas eficaces para eliminar los estereotipos de género que influyen negativamente en la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia doméstica, el Estado parte, consciente de la enorme importancia de acabar con los estereotipos negativos de grupos protegidos por ley, apoya y financia los proyectos que llevan a cabo las organizaciones no gubernamentales en este ámbito. El Estado parte enumera además los instrumentos jurídicos internacionales que ha ratificado, entre ellos el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul).

6.16La policía ofrece a sus miembros una exhaustiva preparación profesional para prevenir la violencia doméstica. La formación profesional básica obligatoria que reciben todos los agentes de policía abarca los derechos humanos. En noviembre de 2013 se introdujo el tema de la violencia doméstica en los planes de formación básica y ejecutiva de la policía. El Programa Nacional para la Igualdad de Trato de 2013‑2016 incluía varios objetivos y prioridades relacionados con la lucha contra la violencia doméstica y la protección de las víctimas. En diciembre de 2013, una vez concluido un programa de formación impartido a la policía en todo el país (al que asistieron 35.000 agentes), se procedió a elaborar y adoptar un manual para los agentes que intervienen en los casos de violencia doméstica, así como instrumentos para valorar el riesgo y varios procedimientos. En 2013 y 2014, el organismo estatal responsable de prevenir los problemas derivados del alcohol organizó varias sesiones de capacitación sobre la violencia doméstica y sexual asociada al consumo de alcohol. En el período 2013-2015, el Plenipotenciario del Gobierno para la Igualdad de Trato llevó a cabo un proyecto relacionado con los derechos de las víctimas de delitos sexuales. En 2014-2015, el Estado parte puso en marcha además varias iniciativas a través del Ministerio de Familia, Trabajo y Política Social.

6.17Según el Estado parte, la indemnización que reclama la autora por la destrucción de su vivienda carece de fundamento, puesto que los daños sufridos no pueden atribuirse a las presuntas infracciones de la Convención ni a los actos u omisiones de las autoridades estatales. Además, habida cuenta de que la autora no es propietaria exclusiva de la vivienda, no se justifica que reciba una indemnización por el valor total del inmueble. La autora y su marido eran propietarios de la vivienda a partes iguales. En virtud de la legislación del Estado parte que regula la disolución de la comunidad de bienes, los copropietarios proindiviso pasan a ser copropietarios de la parte que se les adjudica al dividir la cosa común, en cuyo caso corresponde aplicar las disposiciones referidas a las adquisiciones por vía sucesoria. En los casos de divorcio, los copropietarios pueden aportar la sentencia definitiva para inscribirse en el registro de bienes inmuebles e hipotecas. De haberse dividido la cosa común, la autora solo habría recibido la mitad de su valor, o se habría visto obligada a pagar a su marido una suma equivalente a su porcentaje de participación.

6.18Aun cuando la vivienda hubiera resistido al incendio, no hay motivos para considerar que la autora tendría derechos exclusivos sobre el inmueble, porque no habría sido su única propietaria. Por ley, al morir su marido (E. S.), los hijos de este se convertían en sus herederos forzosos. A juzgar por la documentación en el expediente, no parece que el marido redactara testamento, en cuyo caso correspondería aplicar lo dispuesto en el derecho de sucesión. Los hijos y el cónyuge del difunto heredan a partes iguales, correspondiendo a este último no menos de una cuarta parte del haber hereditario. El 21 de abril de 2006 se dictó la sentencia definitiva de divorcio entre la autora y E. S.; E. S. falleció el 4 de mayo de 2006. Por ley, una vez disuelto el vínculo matrimonial entre ambos, la autora ya no podía considerarse su heredera. Sus herederos más probables eran los dos hijos del difunto. Por consiguiente, a la autora no le corresponde recibir una indemnización por el valor total de la vivienda.

6.19Asimismo, el Estado parte indica que la indemnización reclamada por la autora es desproporcionada, habida cuenta del valor por el que la aseguradora tasó el inmueble siniestrado. La autora cuestiona el valor de la tasación y reclama al Estado parte que le indemnice la cantidad restante. En este sentido, el Estado parte afirma que la autora no demandó a la compañía de seguros por los daños que ocasionó la destrucción de la vivienda. La vivienda estaba asegurada también en caso de incendio por una suma de 507.000 zlotys. La compañía pagó a la autora una indemnización de 106.634,45 zlotys, que representa el 50 % del valor estimado del inmueble, aplazando la cantidad restante hasta que se efectuara la división de bienes. La autora no reclamó ninguna otra indemnización en este sentido, aunque tenía el derecho de demandar a la aseguradora por la vía civil. El Estado parte sostiene que la autora solicita del Comité la indemnización que debería haber reclamado ante los tribunales nacionales. Tampoco demostró el importe de los daños sufridos y, para adquirir el derecho sobre la propiedad común en su totalidad, debería haber aportado una resolución judicial sobre la división de la cosa común, el reparto de la herencia y la anulación de la copropiedad acordados con los herederos de E. S. El Estado parte afirma que la autora no hizo nada de esto.

6.20El Estado parte insiste nuevamente en que, en virtud del artículo 4, párrafo 1, del Protocolo Facultativo, la comunicación debe considerarse inadmisible por el motivo de que no se han agotado los recursos internos disponibles, y ha de declararse inadmisible por ser manifiestamente infundada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, párrafo 2 c), del Protocolo Facultativo.

Comentarios de la autora a las observaciones del Estado parte sobre el fondo

7.1El 7 de abril de 2019, la autora presentó sus comentarios a las observaciones del Estado parte sobre el fondo de la comunicación.

7.2 Según la autora, aunque se ha avanzado considerablemente en este ámbito, el Estado parte no ha tomado medidas eficaces para eliminar los estereotipos de género, que repercuten negativamente en los derechos de las mujeres víctimas de violencia doméstica.

7.3El Estado parte vulneró los derechos que confiere a la autora el artículo 2 a) a c) y e) de la Convención, leído conjuntamente con su artículo 1, al no facilitarle recursos legales eficaces para protegerla de la violencia doméstica. La autora informó en varias ocasiones a la policía de la violencia que había sufrido en el hogar. El 27 de diciembre de 2003, puso en conocimiento de la policía que su marido la había agredido y amenazado. El 15 de marzo de 2004, dio parte a la policía de que su marido le había robado dinero a ella y las había amenazado a ella y a sus hijas. El 18 de agosto de 2005, denunció a su marido por amenazar con matarla y quemar la casa que compartían. En esas ocasiones, la respuesta de la policía fue negarse a investigar el caso o suspender la investigación aduciendo tecnicismos legales. Su pasividad ilustra a la perfección la percepción estereotipada que se tiene de la igualdad, que coloca al marido de la autora en un plano superior pese a su comportamiento abusivo. Las autoridades policiales restaron importancia a la experiencia de la autora como víctima de actos de violencia doméstica, colocándola en una situación de vulnerabilidad.

7.4El marido de la autora acabó siendo imputado después de una serie de incidentes ocurridos en 2004. Sin embargo, la policía suspendió inicialmente la investigación por falta de pruebas. El marido de la autora recurrió esa decisión. En diciembre de 2005, hubo de rogar al tribunal que fijara una fecha para celebrar la audiencia en el procedimiento penal seguido contra el que era todavía su marido. Esta audiencia tuvo lugar el 8 de marzo de 2006, y poco después se ordenó al marido de la autora que se sometiera a una valoración psiquiátrica.

7.5La autora insiste en que, en el momento de los hechos, el régimen vigente en el Estado parte no ofrecía la debida protección jurídica a las víctimas de violencia doméstica. La Ley de Lucha contra la Violencia Doméstica, que entró en vigor el 21 de noviembre de 2005, definía por primera vez la violencia doméstica en términos jurídicos.

7.6Ningún instrumento legal obligaba a la policía a iniciar una investigación de Tarjetas Azules cuando, sin haber intervenido en el domicilio, tenía conocimiento de un caso de violencia doméstica. Cuando una víctima denunciaba un caso de violencia doméstica una vez ocurridos los hechos, no se ponía en marcha el procedimiento de las Tarjetas Azules.

7.7El Estado parte no tomó las medidas preventivas adecuadas para proteger a la autora frente a la violencia doméstica. El comportamiento violento de su marido alcanzó su punto álgido cuando incendió la vivienda que compartía la pareja el 4 de mayo de 2006. En Polonia, el Protocolo Facultativo entró en vigor el 22 de marzo de 2004. Por consiguiente, el Comité es competente para examinar la presente comunicación casi en su totalidad. Aunque algunas cuestiones de hecho se remontan a fechas anteriores a la entrada en vigor del Protocolo Facultativo, el Comité puede examinar esos hechos en la medida en que le permiten poner en contexto los acontecimientos ocurridos desde el 22 de marzo de 2004.

7.8La autora rebate el argumento esgrimido por el Estado parte de que debería haber solicitado el desalojo de su marido amparándose en el artículo 58 2) del Código de la Familia y la Tutela. La autora afirma que este mecanismo es ineficaz. El artículo habilita al tribunal para ordenar, en circunstancias excepcionales, el desalojo de uno de los cónyuges de la vivienda que comparten ambos. La autora indica que esta orden de desalojo forma parte del procedimiento de divorcio. No es una orden que pueda decretarse al margen de ese procedimiento y aplicarse con carácter inmediato, pues solo entra en vigor una vez la sentencia de divorcio sea definitiva. Además, el desalojo previsto en el artículo 58 2) tiene una duración limitada. El tribunal decide en otro procedimiento cómo se dividirán los bienes entre las dos partes.

7.9Con la modificación de la Ley de Lucha contra la Violencia Doméstica que entró en vigor el 1 de agosto de 2010, se introdujeron nuevas medidas de desalojo para proteger a las víctimas de la violencia doméstica. Esta disposición faculta a fiscales y tribunales para ordenar el desalojo del agresor de la vivienda que comparte con la víctima. La enmienda contenía otra disposición que prevé el desalojo del agresor al margen de las actuaciones penales. En el momento de los hechos, la autora no tenía a su disposición ninguno de los mecanismos previstos en el derecho penal y civil.

7.10La autora sostiene que, al no protegerla debidamente de su marido, el Estado parte vulneró los derechos que le conferían el artículo 2 a), c) a f) y el artículo 3 de la Convención, leído conjuntamente con su artículo 1. En el momento de los hechos, la legislación no contemplaba ninguna medida para que el Estado parte cumpliera efectivamente las obligaciones que le incumbían con arreglo a la Convención. Las disposiciones jurídicas que regulan el desalojo de los agresores en el ámbito familiar no entraron en vigor hasta el 1 de agosto de 2010.

7.11La autora afirma que el Estado parte vulneró los derechos que le confiere el artículo 2 d) y e) de la Convención, en combinación con el artículo 2 f), el artículo 5 a) y el artículo 16, leído conjuntamente con el artículo 1. El Estado parte violó sus derechos al no tomar medidas preventivas eficaces para eliminar los estereotipos de género que repercuten negativamente en los derechos de las mujeres víctimas de violencia doméstica. La autora destaca que el acceso de esas mujeres a una protección eficaz sigue siendo muy limitado.

7.12La violencia doméstica es un fenómeno prevalente en el Estado parte. Los estudios realizados revelan que más del 19 % de las mujeres en Polonia son o han sido víctimas de abusos físicos o sexuales a manos de su pareja o de otras personas. Además, el 37 % de las mujeres ha sufrido o sufre maltrato psicológico a manos de su pareja.

7.13Se está debatiendo la adopción y ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) por el Estado parte. En 2016, el Ministerio de Justicia redactó una solicitud preliminar para retirarse del Convenio de Estambul, ratificado apenas un año antes, en 2015. El Parlamento trató de adoptar una ley que ampliara la protección para las víctimas de la violencia doméstica; sin embargo, la legislación no fue aprobada. Por otra parte, la ciudad de Zakopane lleva años negándose a poner en marcha un programa de prevención de la violencia doméstica y a formar un equipo de tareas interdisciplinario, requisitos previstos en la Ley de Lucha contra la Violencia Doméstica. La ciudad ha llegado incluso a cuestionar la constitucionalidad de la Ley, aunque todavía no se ha fijado fecha para la audiencia.

7.14En la legislación nacional, la violencia doméstica no está tipificada como delito. La definición de abuso constitutivo de delito que figura en el artículo 207 del Código Penal no recoge todos los elementos propios de la violencia doméstica, ni incluye otro tipo de delitos que pueden derivar en ella. En la literatura jurídica, la definición de abuso constitutivo de delito que ofrece el artículo 207 no permite prevenir efectivamente la violencia doméstica, porque su alcance es excesivamente limitado. No todos los actos de violencia doméstica se ajustan a la definición de abuso constitutivo de delito.

7.15La autora pide que se la repare de la siguiente manera: a) que se la indemnice por daños materiales dependiendo del resultado de los procedimientos iniciados ante los tribunales nacionales y por el daño moral causado, proporcional a la vulneración de sus derechos; b) que el Estado parte se abstenga de retirarse del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul); c) que el Estado parte aplique en su integridad la legislación para prevenir la violencia doméstica en todo el territorio nacional; d) que el Estado parte tome las medidas adecuadas para impedir que vuelvan a cometerse violaciones parecidas en lo sucesivo; e) que el Estado parte examine y modifique la legislación nacional en la materia (incluido el Código Penal, tipificando la violencia doméstica como delito) y el régimen relativo a las medidas preventivas (el artículo 275 a) del Código de Procedimiento Penal y el artículo 11 a) de la Ley de Lucha contra la Violencia Doméstica); f) que el Estado parte refuerce la aplicación del marco jurídico vigente para que las autoridades competentes ejerzan la diligencia debida y respondan adecuadamente y sin demora a los incidentes de violencia doméstica; g) que el Estado parte participe en campañas para concienciar sobre el problema y adopte una política de tolerancia cero con la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica; h) que el Estado parte juzgue a los agresores para demostrar que la sociedad en su conjunto condena la violencia doméstica y garantice el uso de los recursos contemplados en el derecho penal y civil cuando el agresor represente una amenaza grave para la víctima; i) que el Estado parte vele por la seguridad de las mujeres, poniendo especial cuidado en evitar que los derechos del agresor prevalezcan sobre el derecho de la mujer a la vida y a la integridad física y mental; y j) que el Estado parte luche contra los estereotipos de género y las ideas que favorecen la discriminación interseccional contra las mujeres.

Deliberaciones del Comité

8.1De conformidad con el artículo 64 de su reglamento, el Comité debe decidir si la comunicación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención. De conformidad con el artículo 66 de su reglamento, el Comité podrá decidir examinar la cuestión de la admisibilidad y el fondo de una comunicación por separado. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 72, párrafo 4, lo hará antes de examinar el fondo de la comunicación.

8.2El Comité observa que la autora presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, la demanda se declaró inadmisible por haberse presentado demasiado tarde, motivo por el cual el Tribunal no llegó a examinar su fondo. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 4, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que la cuestión no ha sido ni está siendo examinada con arreglo a ningún otro procedimiento de investigación o solución internacional y considera que nada le impide examinarla.

8.3El Comité recuerda que, con arreglo al artículo 4, párrafo 1, del Protocolo Facultativo, no examinará una comunicación a menos que se haya cerciorado de que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna o que la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable que brinde por resultado un remedio efectivo. Recuerda asimismo su jurisprudencia, con arreglo a la cual los autores deben agotar todos los recursos disponibles de la jurisdicción interna y deben haber planteado a nivel nacional el fondo de la cuestión que deseen someter al Comité, a fin de que las autoridades y/o tribunales nacionales tengan la oportunidad de examinar la reclamación.

8.4En este sentido, el Comité observa que, según el Estado parte, la autora no ha agotado todos los recursos internos disponibles porque: a) no recurrió en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal de Apelación; b) no demandó a la compañía de seguros; y c) no alegó en ningún momento haber sido discriminada por razón de su sexo durante las actuaciones practicadas en el país. El Comité toma nota de los argumentos de la autora, a saber, que en 2007 reclamó al Estado parte una indemnización por el valor de su vivienda y por el daño moral causado, alegando que no la protegió debidamente de la violencia de su marido, y que los tribunales nacionales desestimaron la demanda en cuestión; y constata que la autora contó con asistencia letrada y no recurrió la sentencia en casación, al decidir su abogado que el recurso no prosperaría, dado que, en virtud del código de ética de la abogacía, un letrado no podrá recurrir cuando no se cumplan los requisitos normativos aplicables en estos casos. Respecto al segundo recurso previsto en la ley, el Comité toma nota de que, en opinión de la autora, este no permite resolver el asunto que ahora denuncia ante el Comité. No obstante, el Comité recuerda también el argumento del Estado parte de que, si la autora estaba disconforme con la indemnización recibida, podría haber demandado por daños a la compañía aseguradora, como dispone el Código Civil.

8.5El Comité también toma nota de la afirmación del Estado parte de que, en las actuaciones practicadas en el país, la autora nunca denunció haber sido discriminada por razón de su sexo y de los estereotipos de género existentes, ni que eso la hubiera perjudicado, y de que, si la autora creía que había sido discriminada, podría haber presentado una demanda ante los tribunales nacionales, tal como dispone el Código Civil, cosa que sin embargo no hizo. El Comité observa que la autora, amparándose en la Convención, plantea cuestiones que no ha reclamado en su país, de modo que los tribunales nacionales no tuvieron la oportunidad de pronunciarse al respecto y, de haberlo hecho en su favor, repararla como corresponde. A falta de otra información o explicación relevante en el expediente, el Comité considera que la autora no agotó todos los recursos internos disponibles y que la comunicación es inadmisible en virtud del artículo 4, párrafo 1, del Protocolo Facultativo.

9.Por consiguiente el Comité decide:

a)Que la comunicación es inadmisible en virtud del artículo 4, párrafo 1, del Protocolo Facultativo;

b)Que esta decisión se comunique al Estado parte y a la autora.