Fuente: Todas las administraciones centrales de personal y organismos públicos a nivel de ministerios, servicios y departamentos.

Cuadro 2

Número de administradores desglosados por organismo, nivel (categoría) y sexo en el ejercicio presupuestario de 1996

Organismos	Total general	Nivel 9	Nivel 10	Nivel 11
Total	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
1.	Oficina del Primer Ministro	70	13	57	4	14	9	33	0	10
2.	Ministerio de Hacienda	30	6	24	6	13	0	10	0	1
3.	Ministerio de Relaciones Exteriores	31	5	26	5	12	0	13	0	1
4.	Ministerio de Agricultura	47	2	45	1	30	1	14	0	1
5.	Ministerio de Comunicación	31	3	28	3	16	0	11	0	1
6.	Ministerio de Comercio	32	6	26	6	14	0	11	0	1
7.	Ministerio del Interior	36	0	36	3	22	3	13	0	1
8.	Ministerio de Justicia	13	0	13	0	6	0	6	0	1
9.	Ministerio de Trabajo	22	3	19	2	11	1	7	0	1
10.	Ministerio de Ciencia y Tecnología	25	7	18	5	9	2	8	0	1
11.	Ministerio de Educación	53	5	48	2	34	3	13	0	1
12.	Ministerio de Salud Pública	29	2	27	1	16	1	10	0	1
13.	Ministerio de Industria	21	3	18	2	9	1	8	0	1
14.	Servicio de Universidades	4	0	4	0	0	0	3	0	1
15.	Otros organismos autónomos	5	2	3	0	0	1	3	1	0
	Total	449	57	392	37	206	19	163	1	23

Fuente: Oficina de la Comisión de la Función Pública.

Cuadro 3

Número de administradores en centros de enseñanza superior (Servicio de Universidades) desglosados por puesto y sexo

	2000	1999
Total	Mujeres	Hombres	Mujeres (porcentaje)	Total	Mujeres	Hombres	Mujeres (porcentaje)
Cargo
‑ Rector	21	3	18	14,29	20	1	19	5,00
‑ Vicerrector	163	38	125	23,31	161	39	122	24,22
Ministerio de Educación
‑ Rector	39	6	33	15,38	38	7	31	18,42
‑ Vicerrector	224	49	175	21,88	190	40	150	21,05

(unidad: persona)

Fuente: Oficina de la Comisión de la Función Pública.

Cuadro 4

Estadística de mujeres que ocupan el cargo de jefe de subdistrito y jefe de aldea

Cargo	Total	Sexo
Varones	Mujeres
Jefe de subdistrito	7.145	6.982	163
Jefe de aldea	61.568	60.328	1.240
Funcionario Sanitario de Subdistrito	7.145	6.706	439
Auxiliar del Jefe de Subdistrito	14.290	13.900	390
Auxiliar del Jefe de Aldea en cuestiones administrativas	137.304	132.530	4.774
Auxiliar del Jefe de Aldea en mantenimientode la paz	4.368	40.339	29
Total	267.820	260.785	7.035

Fuente: Departamento de Administración Local del Ministerio del Interior.

Cuadro 5

Número de personas con derecho a votar y de votantes en las elecciones a consejos provinciales

Fecha de la elección	Personas con derecho a votar	Votantes
Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
25 de agosto de 1985	20.870.463	10.303.256	10.567.207	10.476.847	5.274.144	5 202 703
Porcentaje		49,37	50,63		50,34	49,66
20 de octubre 1991	25.434.453	12.507.638	12.926.815	13.169.959	6.528.070	6.641.889
Porcentaje		49,18	50,82		49,57	50,43
24 de diciembre de 1995	31.517.767	15.523.158	15.994.609	16.142.717	7.751.615	8.391.102
Porcentaje		49,25	50,75		48,02	51,98
5 de febrero de 2000	31.906.304	15.634.172	16.272.132	17.813.283	8.508.687	9.304.596
Porcentaje		49,00	51,00		47,77	52,23

Fuente: División de Elecciones, Departamento de Administración Local del Ministerio del Interior.

Cuadro 6

Comparación de la proporción entre candidatos y electos desglosados por sexo

Elección Nº	Fecha de la elección	Número de candidatos	Número de escaños de la Cámara de Representantes	Porcentaje
Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
13	18 de abril de 1983	1.880	1.826	54	324	311	13	17,0	24,1
14	27 de julio de 1986	3.811	3.449	362	347	335	12	9,7	3,3
15	24 de julio de 1988	3.612	3.246	366	357	347	10	10,7	2,7
16	22 de marzo de 1992	2.954	2.742	212	360	348	12	12,7	5,7
17	13 de septiembre de 1992	2.417	2.175	242	360	345	15	15,9	6,2
18	2 de julio de 1995	2.372	2.130	242	391	367	24	17,2	9,9
19	17 de noviembre de 1996	2.310	1.950	360	393	371	22	19,0	6,1

Fuente: División de Elecciones, Departamento de Administración Local del Ministerio del Interior.

Cuadro 7

Proporción de mujeres miembros de la Cámara de Representantes del Parlamento (1933-1996)

Elección Nº	Fecha de las elecciones	Número de candidatos	Número de miembros de la Cámara de Representantes
Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
1	15 de noviembre de 1933	n.d.	n.d.	n.d.	78	n.d.	n.d.
2	7 de noviembre de 1937	n.d.	n.d.	n.d.	91	n.d.	n.d.
3	12 de noviembre de 1938	n.d.	n.d.	n.d.	91	n.d.	n.d.
4	6 de enero de 1946	n.d.	n.d.	n.d.	96	n.d.	n.d.
5	29 de enero de 1948	n.d.	n.d.	n.d.	99	n.d.	n.d.
6	26 de febrero de 1952	n.d.	n.d.	n.d.	123	119	4
7	26 de febrero de 1957	966	n.d.	n.d.	160	159	1
8	15 de diciembre de 1957	813	n.d.	n.d.	160	156	4
9	10 de febrero de 1969	1.253	1.226	27	219	214	5
10	26 de enero de 1975	2.199	n.d.	n.d.	269	266	3
11	4 de abril de 1976	2.329	n.d.	n.d.	279	272	7
12	22 de abril de 1979	1.626	n.d.	n.d.	301	292	9
13	18 de abril de 1983	1.880	1.826	54	324	311	13
14	27 de julio de 1986	3.811	3.449	362	347	335	12
15	24 de julio de 1988	3.612	3.246	366	357	347	10
16	22 de marzo de 1992	2.954	2.742	212	360	348	12
17	13 de septiembre de 1992	2.417	2.175	242	360	345	15
18	2 de julio de 1995	2.372	2.130	242	391	367	24
19	17 de noviembre de 1996	2.310	1.950	360	393	371	22

Fuente: División de Elecciones, Departamento de Administración Local del Ministerio del Interior.

Nota: n.d. (no disponibles) son los años de los que no se puede recopilar datos.

Cuadro 8

Participación de las mujeres en el Senado (1985-2001)

Año	Senadores	Senadoras	Total
1985	238	5	243
1986	255	5	260
1987	255	5	260
1988	262	5	267
1989	261	6	267
1992	262	8	270
1996	239	21	260
1999	241	21	262
2000	179	21	200
2001	178	20	200

Fuente: Datos del servicio de registro y estadística de la Secretaría General del Senado.

75.Resulta evidente que en Tailandia han aumentado las medidas destinadas a garantizar que no se discrimine a la mujer. Sin embargo, cambiar los valores de la población puede requerir algún tiempo. Las estadísticas anteriores ponen de manifiesto el avance logrado para garantizar que los hombres y las mujeres puedan ejercitar los mismos derechos civiles y políticos, lo que muestra una tendencia positiva hacia la total eliminación de la discriminación contra la mujer en el futuro inmediato.

Derecho de incorporación a la administración pública

76.El principio de igualdad se aplica a todas las solicitudes de incorporación a la administración pública.

Incorporación a la función pública

77.En virtud de la Ley de la función pública (1992), los puestos de funcionario público se cubrirán mediante el nombramiento de las personas que han aprobado el concurso pertinente. Esto significa que el nombramiento se hará con arreglo a la lista de personas que han aprobado el examen, bajo la supervisión de la Comisión de la Función Pública, que se encarga de organizar y supervisar dicho examen con objeto de garantizar un trato igualitario y justo.

78.La persona que desee incorporarse a la función pública deberá de cumplir los siguientes requisitos:

a)Tener nacionalidad tailandesa;

b)No ser menor de 18 años;

c)Creer firmemente en el gobierno democrático y en el Rey como Jefe de Estado;

d)No ostentar un cargo político;

e)No tener un grado de minusvalía que le impida realizar su trabajo, no estar incapacitada o en estado de alienación ni padecer una enfermedad mental u otra afección, según lo establecido en las normas de la Comisión de la Función Pública;

f)No haber sido suspendida o dada temporalmente de baja con arreglo a la Ley de la función pública u otra legislación;

g)No ser moralmente inaceptable para la sociedad;

h)No ser miembro de la dirección ni dirigente de un partido político;

i)No estar en quiebra;

j)No haber sido objeto de una sentencia firme de prisión por la comisión de un delito, excepto en el caso de delito cometido por negligencia o delito leve;

k)No haber sido destituida, despedida o expulsada de una empresa o un organismo estatales;

l)No haber sido destituida o despedida por la comisión de una infracción disciplinaria en virtud de la Ley de la función pública o de otra legislación;

m)No haber sido expulsada por la comisión de una infracción disciplinaria en virtud de la Ley de la función pública o de otra legislación;

n)No haber usado ardides en el concurso de acceso a la función pública.

Incorporación al ministerio fiscal

79.En virtud de la Ley del ministerio fiscal (1978), el Primer Ministro o un funcionario de alto nivel designado por el Primer Ministro nombrará a los auxiliares del ministerio fiscal. Esto se hace mediante concurso. Los candidatos que deseen ocupar el puesto de auxiliar del ministerio fiscal tienen que cumplir los siguientes requisitos: ser licenciados en derecho o tener un título equivalente; haber aprobado el programa del Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados de Tailandia; haber ejercido la profesión jurídica durante un período no inferior a dos años como funcionario judicial, abogado, oficial jurídico u otra profesión jurídica estipulada por la Comisión de la Fiscalía; tener nacionalidad tailandesa de nacimiento y no ser menor de 25 años.

80.Las estadísticas al 1º de diciembre de 1999 indican que la Oficina del Fiscal General cuenta con 1.801 fiscales, de los cuales 217 son mujeres, como se muestra en el cuadro que figura a continuación. Los ascensos, la formación y los viajes de estudio se realizan de manera equitativa, con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. No obstante, en los cargos administrativos de nivel medio, como el de fiscal general provincial, las mujeres tienen normalmente menos oportunidades que los hombres, ya que suelen optar por ocuparse de las responsabilidades familiares con preferencia al adelanto profesional. Como consecuencia, las fiscales suelen desempeñar cargos de menor responsabilidad. Sin embargo, existe una tendencia positiva a ascender a las fiscales a puestos administrativos de más alto nivel.

Estadísticas sobre la composición y la clasificación de los funcionarios de la Oficina del Fiscal General al 1º de diciembre de 1999

Ministerio fiscal

Categoría	Funcionario	Hombres	Mujeres
8	1	1	-
7	4	4	-
6	200	200	-
5	293	269	24
4	651	575	76
3	453	360	93
2	43	38	5
1	156	137	19
Total	1.801	1.584	217

Estadísticas sobre la composición y la clasificación de los funcionariosde la Oficina del Fiscal General al 30 de septiembre de 2001

Ministerio fiscal

Categoría	Funcionario	Hombres	Mujeres
8	1	(-)	1	(1)	-	(-)
7	4	(4)	1	(4)	-	(-)
6	315	(220)	297	(218)	18	(2)
5	297	(301)	269	(272)	28	(29)
4	566	(690)	479	(588)	87	(102)
3	481	(372)	403	(309)	78	(63)
2	258	(141)	201	(122)	57	(19)
1	119	(261)	89	(204)	30	(57)
Fiscal Superior	107	(73)	106	(72)	1	(1)
Total	2.148	(1.801)	1.743	(1.584)	298	(217)

Personal administrativo

Categoría	Funcionario	Hombres	Mujeres
8	4	(4)	1	(1)	3	(-)
7	52	(54)	20	(19)	32	(35)
6	141	(134)	41	(34)	100	(100)
5	596	(548)	147	(118)	449	(430)
4	559	(590)	138	(52)	421	(538)
3	254	(266)	62	(84)	192	(182)
2	198	(160)	12	(6)	186	(154)
1	41	(40)	1	(2)	40	(38)
Total	1.845	(1.769)	442	(316)	1.423	(1.480)

Nota: Las cifras que figuran entre paréntesis corresponden al año 2000.

Incorporación a la carrera judicial

81.En virtud de la Ley de la carrera judicial (1978), el Ministerio de Justicia ordenará el nombramiento de jueces pasantes mediante un concurso. Los candidatos para el concurso de ingreso a la carrera judicial deberán cumplir los mismos requisitos que los candidatos al cargo de fiscal. La contratación se hará bajo la supervisión de la Comisión de la Magistratura. Las estadísticas de contratación de funcionarios judiciales al año 2000 indican que el número de jueces ascendía a 2.793, siendo 524 de ellos mujeres, como se muestra en el cuadro siguiente.

Composición y clasificación de los funcionarios judiciales

Información al 1º de octubre de 2002

Sexo	Número de funcionarios
Cargo	Hombres	Mujeres	Total
Juez	2.244	536	2.780
Juez superior	130	5	135
Juez pasante	172	82	254
Total	2.546	623	3.169

Información al 1º de marzo de 2002

Sexo	Número de funcionarios
Cargo	Hombres	Mujeres	Total
Juez	2.242	536	2.778
Juez superior	128	5	133
Juez pasante	169	82	251
Total	2.539	623	3.162

Alistamiento en el servicio militar

82.En virtud del Reglamento Nº 3 del Ministerio de Defensa, de 1963, sobre el requisito de nacionalidad de las personas designadas para el cargo de oficial, suboficial o soldado (soldados voluntarios), la persona que se alista en el servicio militar o es llamada a filas como suboficial o soldado ha de tener la nacionalidad tailandesa y sus padres han de ser tailandeses nativos. Sólo los funcionarios civiles de defensa a los que se encomiendan tareas militares estarán exentos de este último requisito, pero han de ser tailandeses nativos, de conformidad con el Reglamento Militar Nº 3/4028, de 1939, sobre Funcionarios de Defensa. Cuando el padre del oficial o el suboficial es tailandés nativo, no es necesario que la madre lo sea.

83.Lo dispuesto en el primer párrafo también se aplicará a las personas transferidas de un departamento de la administración pública, salvo cuando se trate de un funcionario sin asignación. (Un funcionario sin asignación es un funcionario que no ocupa un puesto fijo en el Ministerio de Defensa y a quien ese Ministerio ha ordenado servir como funcionario sin asignación. Por lo general este tipo de funcionario no tiene el deber de trabajar en el servicio militar.)

84.Tailandia, al igual que muchos otros países, cuenta con normas sobre la contratación de funcionarios públicos. En algunos departamentos importantes relacionados con la seguridad nacional, se analizan de manera estricta las cualificaciones de la persona y los puestos se reservarán exclusivamente a ciudadanos tailandeses. Para entrar en el ejército o en la policía, el solicitante deberá ser de nacionalidad y raza tailandesas, es decir que sus padres y abuelos deberán ser también de nacionalidad tailandesa. Este requisito se basa en razones de seguridad nacional.

85.En Tailandia existen varios otros tipos de funcionarios públicos como maestros, profesores universitarios, policías, funcionarios de la administración metropolitana y funcionarios de la administración local. Cada uno está sometido a su propia legislación, que establece que se ha de vigilar y garantizar que la contratación sea libre, equitativa y justa.

86.La revisión de la legislación ha eliminado muchos de los obstáculos a los que se enfrentaban las mujeres para incorporarse a la función pública y ocupar cargos en varios organismos estatales, como Jefe de Distrito, Gobernador o Director de Prisiones.

87.Asimismo, en enero de 1993 el Consejo de Ministros derogó una Decisión Ministerial aprobada en 1978 por la que se prohibía a las mujeres ocupar el cargo de Jefe Adjunto de Distrito. Este cargo es de hecho un medio para que las mujeres lleguen a Gobernadoras. Tras la derogación de esa prohibición por parte del Consejo de Ministros, en febrero de 1993 se nombraron por primera vez una Gobernadora, una Gobernadora Adjunta, y diez Jefas de Distrito.

88.Cada vez más mujeres ocupan cargos en el ámbito judicial. En 1995, se nombró a la primera jueza del Tribunal Supremo. Actualmente existen varias juezas. Los datos recogidos desde 1994 indican que el número de mujeres que ocupan ese cargo se eleva a 135.

Funcionarias públicas en el ámbito militar y de la seguridad

89.Las mujeres han avanzado rápidamente en el ámbito militar. En la actualidad cinco mujeres oficiales han ascendido a General de División del Ejército. Esto muestra evidentemente la supresión de las antiguas restricciones. No obstante, la mujer sigue estando limitada al nivel de General de División y se le asignan tareas en el ámbito de los servicios de información, financieros, médicos y de otro tipo que no están relacionadas con el control de las unidades de combate. En el cuadro siguiente se muestra el número de mujeres que ostentan el rango de general en el Ministerio de Defensa.

Información sobre las mujeres con rango de general en 1999-2001

Orden	Proclamación Real	Oficina del Secretario Permanente del Ministerio de Defensa	Cuartel del Mando Superior	Ejército	Marina	Fuerza aérea	Total
1	1º de abril de 1999	1	-	2	1	-	4
2	1º de octubre de 1999	1	3	-	-	1	5
3	1º de abril de 2000	2	3	1	-	-	6
4	1º de octubre de 2000	1	-	1	3	-	5
5	1º de abril de 2001	-	2	2	1	1	6
6	1º de octubre de 2001	1	2	-	-	1	4
	Total	6	10	6	5	3	30
Fuente: División de Administración de las Fuerzas Militares, Oficina de las Fuerzas Militares, Departamento de Secretaría, Oficina del Secretario Permanente del Ministerio de Defensa.

Funcionarias públicas en el servicio diplomático

90.La información al 1º de marzo de 1996 muestra que el 27% de las 132 personas que componen el nivel de administración 8 son mujeres. En el caso de las 63 personas del nivel 9 este porcentaje es del 16% y en el de las 76 personas del nivel 10, del 7%. En la actualidad varias mujeres han sido nombradas Embajadoras en diversos países.

Derecho de recibir información y expresar la opinión sobre actividades estatales importantes

91.En virtud de la Constitución de 1997, los ciudadanos tienen derecho a participar ampliamente en las actividades estatales importantes. Esto puede observarse en el artículo 59, que estipula lo siguiente:

"Toda persona tendrá derecho a recibir información, explicaciones y motivos de un organismo estatal, empresa pública u organismo del gobierno local antes de que se conceda permiso para llevar a cabo cualquier proyecto o actividad que pueda afectar a la calidad del medio ambiente, las condiciones de salud y sanitarias, la calidad de vida o cualquier otro interés material que le incumba o que incumba a la comunidad local, y tendrá derecho a expresar su opinión sobre esas cuestiones con arreglo al procedimiento de audiencia pública previsto en la legislación."

92.Además, el artículo 60 también dispone que:

"Toda persona tendrá derecho a participar en el proceso de adopción de decisiones de los funcionarios estatales en el desempeño de funciones administrativas que afecten o puedan afectar a sus derechos y libertades, con arreglo a lo dispuesto en la legislación."

93.En caso de que una persona considere que no es tratada de manera equitativa en determinados aspectos, tiene derecho a presentar una solicitud, ya que el artículo 61 dispone lo siguiente:

"Toda persona tendrá derecho a presentar una solicitud y a que se le informe del resultado del examen de la misma en un plazo adecuado, con arreglo a lo dispuesto en la legislación."

94.El Gobierno ha celebrado varias audiencias públicas sobre proyectos de ley que pueden afectar al interés material de las personas, como el proyecto de ley de educación nacional o el proyecto de promoción y protección de los derechos humanos, con el fin de dar a las personas más oportunidades para considerar y expresar libremente y con detenimiento sus opiniones, como se establece en el artículo 59, antes de que esos proyectos de ley sean examinados en la Cámara de Representantes.

Mujeres y Empleo

95.La cuestión del empleo de la mujer guarda relación con las diferencias entre hombres y mujeres, en especial en lo relativo al tipo de trabajo, los riesgos, las prestaciones sociales, como las vacaciones, la licencia de maternidad, etc. Esto ha hecho que varias organizaciones defiendan los derechos de la mujer y exijan cambios y mejoras.

96.Tailandia concede gran importancia a esta cuestión y siempre ha tratado de revisar y mejorar las medidas destinadas a proteger los derechos de la mujer. En 1997 se promulgó una legislación importante, la Ley de protección laboral (1998). Esta ley estableció medidas para proteger a la mujer en el trabajo. Un gran número de empresarios se opusieron a esta ley, considerándola injusta por estar demasiado dirigida a la protección laboral y resultar demasiado onerosa para los empleadores o empresarios.

97.El capítulo 3 de dicha ley establece la protección laboral de la mujer. Las disposiciones pertinentes son las siguientes:

Artículo 38. "El empleador no permitirá que una trabajadora realice ninguna de las siguientes tareas:

a)Actividades extractivas o trabajos de construcción que deban realizarse bajo tierra, bajo el agua, en una cueva, en un túnel o en un paso de montaña, salvo cuando las condiciones de trabajo no sean peligrosas para la salud o la integridad física de la trabajadora;

b)Trabajo sobre andamios que estén a 10 m o más del suelo;

c)Elaboración o transporte de explosivos o productos inflamables;

d)Cualquier otro trabajo previsto en el Reglamento Ministerial."

98.De cualquier modo, según una disposición del Reglamento Nº 7 del Ministerio de Trabajo los empleadores han de permitir que las trabajadoras realicen labores profesionales o técnicas relacionadas con la exploración, perforación de yacimientos y refinación, y la separación y producción de petróleo y productos petroquímicos, siempre y cuando la naturaleza o el tipo de trabajo no sea perjudicial para la salud o la integridad física de la trabajadora.

99.El artículo 39 dispone que:

"El empleador no permitirá que una trabajadora embarazada trabaje entre las 22.00 y las 6.00 horas, haga horas extraordinarias, trabaje en días feriados o realice cualquiera de las siguientes tareas:

a)Trabajar con maquinaria o motores vibratorios;

b)Conducir o viajar en vehículos;

c)Levantar, transportar, llevar sobre los hombros o la cabeza, arrastrar o empujar cargas superiores a 15 kg;

d)Trabajar en buques;

e)Realizar cualquier otra labor prevista en el Reglamento Ministerial."

100.El artículo 40 dice que "si el empleador contrata a mujeres para que trabajen entre las 24.00 y las 6.00 horas, y el inspector de trabajo considera que ese empleo puede ser perjudicial para la salud o la seguridad de la trabajadora, presentará un informe al Director General o a la persona por él designada, para que dicte una orden que exija al empleador cambiar el horario o reducir las horas de trabajo, según se considere adecuado, y le obligue a cumplir esa orden".

101.El artículo 41 establece que "la trabajadora embarazada tendrá derecho a una licencia de maternidad no superior a 90 días".

102.Los días de licencia de maternidad previstos en el párrafo 1 también incluirán los días feriados durante el período de licencia.

103.El artículo 42 establece que "si una trabajadora embarazada presenta un certificado emitido por un médico habilitado, en el que se indica que ya no está en condiciones de realizar sus tareas habituales, esa trabajadora tendrá derecho a pedir al empleador que la traslade temporalmente, ya sea antes o después del parto, y el empleador considerará su traslado a un puesto más adecuado".

104.El artículo 43 dispone que "se prohíbe al empleador despedir a una trabajadora por estar embarazada".

105.Además, el artículo 16 también dispone que "se prohíbe al empleador o al jefe de personal, el encargado o el inspector acosar sexualmente a las trabajadoras o los niños empleados".

106.Asimismo, el empleador que viole el artículo 16 será responsable penalmente.

107.El artículo 16 consagra un nuevo principio que trata de proteger los derechos de las trabajadoras. Algunas de las prohibiciones en relación con el trabajo femenino en virtud del artículo 38 se derivan del hecho de que se trata de tareas perjudiciales para la salud y la seguridad de las trabajadoras, como la producción y el transporte de explosivos y productos inflamables. Sin embargo, si la fuente de peligro se puede controlar o evitar por medios tecnológicos, se debe permitir a las mujeres trabajar en esos ámbitos.

108.Además, el Reglamento Nº 7 del Ministerio de Trabajo permite a las trabajadoras embarazadas trabajar en determinados puestos y ámbitos de trabajo, como la administración técnica, la gestión administrativa, las finanzas y los servicios de auditoría. Los empleadores pueden asignar también horas extraordinarias a las trabajadoras si éstas dan su consentimiento.

Violencia contra niños y mujeres

109.Se han producido diversos incidentes de violencia contra mujeres, tanto niñas como mujeres adultas. El Gobierno ha prestado especial atención a este problema y ha adoptado medidas para prevenir y eliminar la violencia, especialmente la violencia sexual, contra la mujer. Las estadísticas de la Oficina del Fiscal General dan muestra de los resultados.

Estadísticas de víctimas infantiles y juveniles en 1998-2000

Año	Oficina del Fiscal General	Víctimas	Delitos
Menores de 7 años	Mayores de 7 años pero menores de 14	Mayores de 14 años pero menores de 18	Total	Sexuales	Contra la vida y la integridad física	Contra la libertad y el trabajo	Total
Personas	Personas	Personas	Personas	Casos	Casos	Casos	Casos
1998	Bangkok	43	150	276	469	325	105	39	469
	Otras provincias	29	161	159	349	285	35	29	349
	Total	72	311	435	818	610	140	68	818
1999	Bangkok	31	135	138	304	199	35	27	261
	Otras provincias	50	160	110	320	258	28	13	299
	Total	81	295	248	624	457	63	40	660
2000	Bangkok	16	87	136	239	146	82	15	243
	Otras provincias	41	124	112	277	233	29	21	283
	Total	57	211	248	516	379	111	36	526
Nota: Los datos del año 2000 corresponden al período de enero a septiembre.

110.Con objeto de proteger a las mujeres contra actos de violencia, el Real Cuerpo de Policía de Tailandia aprobó en agosto de 1998 un reglamento sobre el trato de los niños y las mujeres objeto de abusos, que abarcaba siete puntos, y se ordenó a las comisarías de policía de todo el país aplicar ese reglamento para poder proteger a los niños y mujeres de manera fácil y rápida y con el debido respeto en todo momento a la dignidad humana.

111.Mediante la decisión del Consejo de Ministros de 29 de junio de 1999 se aprobaron medidas para solucionar el problema de la violencia contra la mujer y se ordenó a los organismos pertinentes que adoptaran medidas destinadas a establecer un mecanismo apropiado para ayudar a los niños y las mujeres en dificultades. La decisión designó también el mes de noviembre de cada año como el mes de campaña para acabar con la violencia contra las mujeres y los niños.

112.Además, se ha designado el 25 de noviembre de cada año como el día sobre el fin de la violencia contra la mujer. Todos los años las ONG y el Gobierno de Tailandia organizan conjuntamente actividades para aumentar la sensibilización de la sociedad sobre esta cuestión y buscar el modo de acabar con la violencia contra la mujer. Esto se consigue creando una imagen positiva de la mujer, propiciando que los hombres dejen de aprovecharse de las mujeres y de maltratarlas, y estudiando el modo en que los hombres y mujeres puedan poner fin conjuntamente a la violencia contra la mujer.

Derecho a elegir el apellido

113.El artículo 12 de la Ley sobre los nombres de las personas (1962) dispone que "la mujer utilizará el apellido de su marido". No obstante, en principio, siempre ha existido oposición a este respecto ya que esa disposición se considera una discriminación contra la mujer y una limitación de sus derechos que crean una desigualdad con respecto al hombre, si se tienen en cuenta los párrafos 2 y 3 del artículo 30 de la Constitución.

114.Por lo tanto, el Consejo de Ministros decidió el 18 de mayo de 1999 apoyar un proyecto de ley para la revisión de la Ley sobre los nombres de las personas, con objeto de establecer la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a la utilización del apellido, de manera que la mujer pueda utilizar su apellido o el de su esposo.

115.Además, el Comité Nacional de Promoción y Cooperación de la Mujer, una dependencia de la Oficina del Primer Ministro, se movilizó para modificar el tratamiento aplicado a la mujer, ya que se considera una desigualdad el hecho de que tenga que utilizar el título de "Miss" antes de casarse y deba cambiarlo por "Mrs." después del matrimonio. Por lo tanto, se propone una revisión del Decreto Real sobre el tratamiento de la mujer (1917) con miras a garantizar la igualdad.

El problema de la prostitución infantil

116.Tailandia es uno de los países que recibe críticas en relación con el problema de la prostitución infantil, que tiene una gran repercusión en la dignidad humana de la mujer. Tailandia concede gran importancia a este problema y trata de solucionarlo por medios legislativos, como la promulgación de la Ley para la prevención y supresión de la prostitución (1996), que establece medidas para que nadie incite a un niño a prostituirse, de manera voluntaria o involuntaria. La ley prevé sanciones elevadas en caso de infracción y también medidas para la rehabilitación de las niñas prostituidas, mediante la formación profesional para que puedan reinsertarse en la sociedad como ciudadanas competentes y eficientes. Además, se promulgó la Ley para la prevención y supresión del tráfico de mujeres y niños (1997) con miras a prevenir y suprimir la trata de niños.

117.El Consejo de Ministros también decidió aprobar el 27 de agosto de 1996 el plan de acción para prevenir y resolver el problema de la explotación sexual. La decisión exigía que los organismos estatales y privados conexos organizaran proyectos y actividades en ese sentido e informaran al Consejo semestralmente sobre sus resultados.

118.Por lo que se refiere a las medidas destinadas a evitar que una niña se prostituya, el Consejo de Ministros decidió aprobar el 1º de febrero de 1994 una propuesta del Comité Ministerial de Asuntos Sociales sobre directrices para solucionar el problema de la prostitución infantil y encargó a los departamentos estatales pertinentes que consideraran la aplicación de la decisión e informaran al Consejo trimestralmente.

Nacionalidad de la mujer casada con un extranjero

119.Según la Ley de nacionalidad (1992), el extranjero casado con una ciudadana tailandesa no adquirirá la nacionalidad tailandesa. Sin embargo, la mujer extranjera casada con un ciudadano tailandés tiene derecho a adquirir la nacionalidad tailandesa. Esto provoca una desigualdad entre hombres y mujeres en el goce de sus derechos.

120.Por lo tanto, el Comité de Promoción y Cooperación de la Mujer presentó una propuesta al Consejo de Ministros con objeto de revisar la citada ley y establecer la igualdad. El Consejo aprobó posteriormente la revisión de la ley y encargó a los organismos pertinentes que adoptaran nuevas medidas. Éstos estudian actualmente la cuestión. En el informe sobre el artículo 23 se incluye información detallada al respecto.

Artículo 4

121.En el pasado, Tailandia declaró en diversas ocasiones un estado de excepción temporal con objeto de garantizar la existencia del país, como en el caso de la declaración de la ley marcial en virtud de la Ley sobre la ley marcial (1914), bajo la autoridad del Ministerio de Defensa, y la declaración de un estado de excepción en virtud de la Ley de administración en situaciones de emergencia (1952), bajo la autoridad del Ministerio del Interior en tanto que organismo civil.

122.No obstante, después de que Tailandia firmara el Pacto, no se ha declarado ningún estado de excepción y, en caso de que fuera necesario hacerlo, Tailandia cumpliría rigurosamente lo dispuesto en el artículo 4.

123.Tailandia está convencida de que los derechos humanos protegidos en virtud del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (1966) son de gran importancia. Por lo tanto, en un estado de excepción que ponga en peligro la existencia del país, el Gobierno puede adoptar medidas para eludir o limitar el cumplimiento del Pacto, pero la elusión o limitación se hará en el marco de determinadas condiciones y restricciones, y no podrá realizarse libremente. El Pacto establece algunas condiciones importantes, por ejemplo, que se haya declarado oficialmente un estado de excepción, que sólo se adopten medidas cuando sea necesario y que éstas no sean discriminatorias. Tailandia respeta y cumple estas condiciones de manera muy rigurosa, como se desprende de las diversas disposiciones de la Constitución que son conformes con los principios del Pacto.

124.El artículo 29 de la Constitución de 1997 reconoce y lleva a efecto el compromiso que figura en el párrafo 1) del artículo 4 del Pacto, y establece lo siguiente:

"No se limitarán los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, salvo en virtud de las disposiciones de una ley promulgada expresamente con el propósito determinado en la presente Constitución y únicamente en la medida de lo necesario, y siempre que no afecte a la esencia de esos derechos y libertades.

La ley a la que se refiere el párrafo precedente tendrá un carácter general y no estará destinada a aplicarse a una persona o un caso particular; además, se mencionará en esa ley la disposición de la Constitución que autoriza su promulgación.

Las disposiciones del párrafo 1 y el párrafo 2 se aplicarán mutatis mutandis a las normas o reglamentos dictados en virtud de las disposiciones de la ley."

125.Según la disposición de la Constitución antes mencionada, la violación de la libertad de las personas estará estrictamente limitada a los fines del mantenimiento de la seguridad del Estado o la moral y el orden públicos.

126.Se garantizará el derecho de toda persona a no ser molestada a causa de sus opiniones, incluido el derecho a la libertad de expresión y el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones y datos en virtud del artículo 19 del Pacto, y no se violará este derecho salvo en el caso de la excepción que figura en el artículo 37 de la Constitución, que dice lo siguiente:

"Toda persona gozará de la libertad de comunicación por medios lícitos.

No se censurará, retendrá ni divulgará la comunicación entre personas, ni se realizará cualquier otro acto por el que se divulgue una declaración incluida en una comunicación entre personas, salvo en virtud de las disposiciones de una ley promulgada específicamente a los fines de la seguridad del Estado o el mantenimiento de la moral o el orden públicos."

127.Tailandia reconoce el derecho de reunión pacífica que figura en el artículo 21 del Pacto, en virtud de las disposiciones del artículo 44 de la Constitución, que estipula lo siguiente:

"Toda persona tendrá derecho a reunirse pacíficamente y sin armas.

La libertad a que se hace referencia en el párrafo 1 sólo podrá limitarse en virtud de una ley específicamente promulgada en relación con las reuniones públicas y para garantizar la utilización pública de los espacios públicos o el mantenimiento del orden público en tiempo de guerra o cuando se haya declarado el estado de excepción o la ley marcial."

128.El derecho de una persona a no ser obligada a realizar trabajos forzados, a menos que queden abarcados por las excepciones, también se garantiza claramente en el artículo 51 de la Constitución, que estipula lo siguiente:

"No se impondrán trabajos forzosos, salvo en virtud de una ley expresamente promulgada para prevenir un desastre público inminente o en virtud de la ley que establece su imposición en tiempo de guerra o conflicto armado, o en caso de declararse el estado de excepción o la ley marcial."

Artículo 5

129.Tailandia ha expresado desde un primer momento su deseo de reconocer el compromiso previsto en este artículo, ya que cuando firmó el Pacto no hizo ninguna reserva al mismo.

130.En consecuencia, el artículo 29 de la actual Constitución dispone también que el Estado no limitará los derechos y libertades de la persona que figuran en el artículo 5 del Pacto. Además, el párrafo 1 del artículo 63 establece que:

"Nadie podrá ejercer los derechos y libertades enunciados en la Constitución para derrocar el régimen democrático de gobierno, cuyo Jefe de Estado es el Rey en virtud de la presente Constitución, o para asumir el poder con el objeto de gobernar el país por cualquier medio que no se ajuste a los procedimientos establecidos en la Constitución."

131.Por lo tanto, en caso de que el Estado o cualquier persona realice actos contrarios a los artículos 29 y 63, estos actos se considerarán ilegales y el Estado ejercerá sus facultades para ponerles fin y hará responsables a las personas implicadas.

Artículo 6

132.La Constitución de 1997 y el Código Penal garantizan el derecho a la vida, que figura en el párrafo 1 del Pacto.

133.El artículo 31 de la Constitución reconoce el derecho a la vida de la siguiente manera:

"Toda persona gozará del derecho y la libertad respecto de su vida y su persona.

No se permitirá la tortura, los actos brutales ni los castigos crueles o inhumanos; sin embargo, la pena de muerte establecida por la ley no se considerará un castigo cruel o inhumano en virtud del presente párrafo.

No se someterá a ninguna persona a detención, encarcelamiento o registro ni a ningún otro acto que atente contra los derechos y libertades previstos en el párrafo 1, salvo en virtud de lo dispuesto en la ley."

Derecho a la vida

134.La ley protege el derecho a la vida de toda persona desde su nacimiento, durante la infancia y hasta su muerte (artículo 15 del Código Civil y de Comercio). Toda persona está también protegida por el Código Penal. Matar a una persona constituye un delito a tenor de los artículos 288 y 289. Causar la muerte de una persona aun cuando esa persona haya dado su consentimiento para ello, incluso en el caso de la eutanasia, constituye un delito de homicidio con arreglo al Código Penal. Ayudar a una persona a suicidarse es también un delito en virtud del artículo 293 del Código Penal.

135.No obstante, en un informe presentado en julio de 1977 al Comité para la mujer, la juventud y las personas de edad, del Senado, se propuso que Tailandia aprobara una ley sobre la eutanasia que permitiera a una persona negarse a recibir tratamiento médico. La persona puede hacerlo expresando su voluntad por escrito mientras está plenamente consciente o mediante decisión de los médicos y su familia. Aún no se ha propuesto una ley de ese tipo y en caso de que se proponga, sería preciso estudiar la cuestión a fondo y de manera detallada con el fin de analizar cualquier objeción social. Se estudiará de forma detallada y rigurosa para ver si se adapta a las condiciones sociales de Tailandia.

136.La prevención de la mortalidad infantil es una cuestión prioritaria para Tailandia. Con objeto de aliviar este problema se ha creado un programa denominado "Maternidad sin riesgo", que trata de reducir la mortalidad postnatal.

137.La práctica de abortos con el consentimiento de la mujer o si la mujer permite a otra persona practicar un aborto es un delito en virtud del artículo 301 del Código Penal. Toda mujer que aborte será castigada con una pena de prisión no superior a tres años o una multa no superior a 6.000 baht, o ambas penas conjuntamente.

138.Toda persona que practique un aborto a una mujer con su consentimiento será castigada en virtud del artículo 302. Si el aborto se practica sin el consentimiento de la mujer, la persona será castigada con arreglo al artículo 303 del Código Penal.

139.Sin embargo, el aborto practicado por razones de salud, o cuando la mujer está embarazada a resultas de un delito cometido a tenor de los artículos 276, 277, 282, 283 ó 284 y el aborto lo practica un médico, los infractores, es decir el médico y la mujer, no son considerados culpables según el artículo 305 del Código Penal.

140.De cualquier modo, el Consejo de Ministros ha decidido revisar el artículo 305 del Código Penal para ampliar el ámbito de aplicación del aborto legal practicado por médicos para abarcar los casos en que se puede probar que el feto padece una grave enfermedad contagiosa incurable, como el SIDA.

141.Tailandia ha tratado de reducir la tasa de mortalidad en diversas esferas, como la tasa de mortalidad de las mujeres tras el parto. En 1995 esa tasa era del 44 por 100.000. En 1997 la tasa de mortalidad posnatal de los 5,355 millones de niños con edad inferior a 5 años era del 34‰ (datos del Instituto Nacional de Salud Pública).

142.La cifra de suicidios de ciudadanos tailandeses en 1997 aumentó de manera espectacular, sobre todo en los meses de enero a junio. Se registraron 1.380 intentos de suicidio y 50 suicidios.

143.Tailandia se está esforzando por solucionar los problemas que provocan estas muertes.

144.Las autoridades responsables de la seguridad del país y las personas son las fuerzas armadas y la policía, dependientes del Ministerio de Defensa y del Real Cuerpo de Policía de Tailandia, respectivamente. La principal responsabilidad del Real Cuerpo de Policía de Tailandia es proteger la vida y la propiedad de las personas. Se trata de un organismo independiente, que informa directamente a la Oficina del Primer Ministro.

145.En general, el sistema de formación de la policía es similar al de las fuerzas armadas. Sus funcionarios tienen que estudiar la legislación sobre sanciones y procedimientos penales y otros procedimientos conexos para conocer los derechos y libertades de las personas.

146.En la Decisión del Consejo de Ministros de 12 de septiembre de 1992 se exigió que en los organismos estatales con personal autorizado a utilizar armas, como las fuerzas armadas y la policía, se estudiaran los principios básicos de los derechos humanos. En la parte correspondiente al artículo 2 se hace referencia a este programa de estudios.

Utilización de armas por parte de los oficiales militares y de policía

147.Si un oficial militar o de policía o el funcionario de un organismo administrativo mata a una persona será acusado de homicidio en virtud del artículo 288 ó 289 del Código Penal y será penalizado en consecuencia al igual que cualquier ciudadano.

148.Sin embargo, en el ejercicio de sus funciones, un oficial militar o de policía puede verse obligado a causar la muerte de una persona de forma extrajudicial. En caso de que un policía cometa un homicidio en defensa propia o de otras personas, y se considere que ese acto es razonable, ese oficial no será acusado, pero será objeto de un procedimiento de investigación distinto al de los casos de homicidio ordinarios. De esta forma se protege a las personas de homicidios injustificados o desproporcionados por parte de funcionarios estatales.

149.Los artículos 148 a 156 del Código de Procedimiento Penal establecen medidas que garantizan el derecho de las víctimas en caso de muertes extrajudiciales, como la autopsia y la investigación de la causa de la muerte, en virtud del artículo 150. Se encargará de realizar esta tarea un funcionario de investigación del distrito en el que se encuentre el cadáver y el oficial de salud provincial o un médico de un centro de salud o un hospital. Una vez realizada la autopsia, los funcionarios de investigación enviarán los resultados al fiscal, quien presentará una solicitud al Tribunal de Primera Instancia para que se lleve a cabo una investigación y se establezca la causa y las circunstancias de la muerte.

150.En una audiencia, el tribunal anunciará la fecha prevista para el examen como mínimo con 15 días de antelación. Antes del examen o durante el mismo, el esposo, la esposa, los ascendientes o descendientes, el representante legal o el tutor de la persona fallecida tendrán derecho a pedir al tribunal que se los autorice a repreguntar a los testigos de la fiscalía y también pueden presentar pruebas o testigos adicionales. Además, los solicitantes pueden designar a un abogado para que se ocupe de estas cuestiones en representación suya. El tribunal puede pedir que se vuelva a interrogar a los testigos o que se presenten más pruebas o testigos. Cuando el tribunal da a conocer sus resoluciones, éstas son definitivas. Sin embargo, esto no menoscaba el derecho de cualquier persona a presentar el mismo caso al tribunal para su examen.

151.Cuando el tribunal ha anunciado su resolución, se envía el expediente a la fiscalía y a los oficiales de investigación para que adopten nuevas medidas.

152.El Fiscal General es la autoridad encargada de decidir si un caso de muerte extrajudicial ha de presentarse o no ante los tribunales con arreglo al último párrafo del artículo 143 del Código de Procedimiento Penal. A continuación figuran las estadísticas sobre el modo en que el Fiscal General o el funcionario competente han tramitado los casos de ejecuciones extrajudiciales:

Estadísticas de ejecuciones extrajudiciales, Oficina del Fiscal General

Resultado del examen	2000	Enero a octubre de 2001
1. Desistimiento	56	34
2. Enjuiciamiento	2	1
3. Pendiente	5	23
4. Devolución de expediente	22	11
5. Nueva tramitación	1	-
Total	46	69

153.En virtud del artículo 22 de la Ley de represión del comunismo (1952), en caso de muertes extrajudiciales el fiscal militar tramitará la autopsia y el Auditor General del Ejército se pronunciará sobre el resultado de la autopsia y decidirá si se presenta el caso ante los tribunales.

154.El Instituto Médico Forense es el organismo estatal que realiza las autopsias. Depende del Real Cuerpo de Policía de Tailandia. Las personas que practican las autopsias son médicos del Hospital de la Policía. Son oficiales de policía ordinarios con rango y puesto y se encuentran bajo el mismo sistema de mando, ascensos y disciplina que los demás oficiales de policía. Se ha criticado ampliamente este hecho, ya que puede afectar al resultado de la autopsia al carecer de los frenos y contrapesos de otros organismos. La razón es que el Instituto Médico Forense se encuentra bajo el mando de la unidad responsable de las muertes extrajudiciales y al mismo tiempo encargada de su investigación, es decir el Real Cuerpo de Policía de Tailandia. Además, la legislación sobre las autopsias tiene aún muchas lagunas. Se ha tratado de revisar esa ley para establecer un proceso que garantice realmente el derecho de todos los afectados. El Ministerio de Justicia revisó la ley de autopsias y propuso al Consejo de Ministros el 16 de febrero de 1998 un proyecto de ley para revisar el Código de Procedimiento Penal y exigir que un médico forense y un fiscal participen en la investigación. En caso de que no esté presente un médico forense, un médico de un hospital o el oficial de salud provincial sustituirán al médico forense en la investigación. El objetivo es establecer un sistema de frenos y contrapesos que garantice la credibilidad de las pruebas forenses. Este proyecto de ley también faculta al tribunal para solicitar la opinión profesional de un experto respetando las garantías legales del tribunal. La ley prohíbe cualquier alteración del cadáver o de su entorno hasta que finalice la autopsia.

155.Además, como resultado de la reestructuración del Ministerio de Justicia en virtud de la Constitución de 1997 el Instituto Médico Forense dejó de depender del Real Cuerpo de Policía de Tailandia y quedó sometido a la supervisión del Ministerio de Justicia, lo que le confiere una mayor independencia.

156.En 1997, se produjo un caso de muerte extrajudicial en el que un oficial de policía mató a seis sospechosos durante una detención por narcotráfico (anfetaminas) en el distrito de Dan Chang de la provincia de Supanburi. Los oficiales de policía alegaron que, al oponerse los sospechosos a la detención, se vieron obligados a disparar en defensa propia. Los oficiales de investigación del distrito llevaron a cabo la investigación y la autopsia de los fallecidos. Posteriormente se envió el expediente de la investigación al fiscal provincial de Supanburi para que éste pidiera al Tribunal de Distrito que realizara una investigación en virtud del artículo 150 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, el fiscal pidió que se siguieran investigando varias cuestiones para proporcionar una idea más clara de la situación y permitir que se obtuviesen más testimonios y otras pruebas para el examen del tribunal. Contraviniendo la orden del fiscal, el oficial encargado de la investigación se opuso a realizar una investigación adicional, indicando que el fiscal no tenía autoridad para ordenar a los oficiales que realizaran una nueva investigación. El Ministerio del Interior decidió presentar este asunto a la Oficina del Consejo de Estado para su interpretación, la cual opinó que el fiscal estaba facultado para dar una orden de ese tipo. Esto evidencia el propósito de proteger los derechos de los sospechosos muertos a manos de oficiales de policía en servicio y representa un sistema de frenos y contrapesos entre el fiscal y la policía.

157.El caso está pendiente de audiencia ante el Tribunal de Distrito de Supanburi. Por otro lado, el comité especial de la Cámara de Representantes también llevó a cabo una investigación sobre este caso. Sin embargo, no pudo realizar la investigación detallada al no haber más testigos que los cuatro oficiales de policía que causaron las muertes extrajudiciales. Éstos se negaron a facilitar datos y explicaciones al comité, alegando que estaban a la espera de testificar ante el tribunal. El comité formuló una observación sobre los defectos de la ley y la práctica de la investigaciones en los casos de muertes extrajudiciales. Las observaciones consistían en nueve cuestiones que el Ministerio de Justicia ya ha incluido en su revisión de la ley.

Pena capital

158.La pena capital existe en la legislación de Tailandia desde hace mucho tiempo y se aplica a los delitos más graves, como los relativos a la seguridad nacional, el homicidio y los delitos con resultado de muerte, como el incendio o la violación. También se aplica a los delitos de narcotráfico.

159.La pena capital únicamente puede aplicarse cuando así lo establece la ley relativa a un delito, y únicamente el tribunal puede dictar ese tipo de pena. El tribunal ha de tramitar el caso con la presunción legal de que el acusado es inocente hasta que no se demuestre de forma indubitable que ha cometido realmente el delito (artículo 227 del Código de Procedimiento Penal). Además, la ley garantiza también el derecho del acusado a disponer de los servicios de un abogado en los casos pasibles de pena capital (artículos 172 y 173 del Código de Procedimiento Penal y artículo 242 de la Constitución).

160.En cuanto al método utilizado para hacer efectiva la pena capital, el artículo 19 del Código Penal dispone que se aplicará al acusado una inyección letal. El procedimiento y el método de la pena capital se rigen por la Ley de instituciones penitenciarias (1936). Los condenados a muerte tienen derecho a presentar al Rey una solicitud de indulto.

161.La pena capital únicamente puede ser dictada por los tribunales de justicia. Las decisiones de los tribunales de primera instancia deberán remitirse inmediatamente al Tribunal de Apelación para un nuevo examen. El Tribunal de Apelación examinará los aspectos fácticos y jurídicos del caso para determinar si el acusado ha cometido realmente el delito y considerará la conveniencia de aplicar la pena capital en relación con el delito (artículo 245 del Código de Procedimiento Penal).

162.En los tribunales militares, los jueces militares están facultados para conocer de una causa y dictar la pena capital de igual modo que los jueces civiles. El tribunal militar estará integrado por dos oficiales y un juez militar licenciado en derecho por una universidad tailandesa. El acusado puede apelar ante el Tribunal Militar Central y el Tribunal Militar Supremo por un procedimiento similar al de un tribunal civil.

163.En 1999, el número de personas condenadas a muerte ascendía a 46.

Genocidio

164.Tailandia es parte en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de genocidio y nunca se han producido casos de genocidio en el país. Sin embargo, en caso de que se produjeran, el autor sería castigado severamente en virtud de los artículos 288 y 289 del Código Penal, cuyo máximo castigo es la pena capital.

Indulto

165.El Rey es la autoridad facultada para conceder un indulto. Con arreglo a los artículos 259 a 267 del Código Penal, existen dos tipos de indultos: el indulto total sin condiciones y la conmutación de la pena. Estas medidas pueden ser solicitadas por el condenado o por las personas afectadas, como los padres, cónyuges o parientes.

166.El Código de Procedimiento Penal establece, en relación con la presentación de una solicitud de indulto o de conmutación de la pena, que, en caso de que el acusado haya sido condenado a muerte, la sentencia no se ejecutará hasta que se cumplan las disposiciones del Código por el que se rigen los indultos (art. 247). Si la persona condenada a muerte pierde la razón, se suspenderá la ejecución hasta que se recupere. Si la persona alienada se recupera transcurrido un año a partir de la fecha de la sentencia definitiva, la pena capital será conmutada por cadena perpetua (art. 248).

167.Cuando la sentencia es definitiva, puede presentarse una solicitud al Rey por conducto del Ministerio del Interior.

168.El indulto real se concede mediante la aprobación de un Decreto Real en virtud del artículo 261 bis. Sin embargo, este tipo de indulto no se aplicará a la pena capital en caso de delitos relacionados con la producción y venta de estupefacientes. No obstante, la persona condenada por delitos relacionados con las drogas sigue teniendo el derecho individual de solicitar el indulto. Por ejemplo, una joven inglesa fue condenada a una pena de prisión severa por venta de estupefacientes. Posteriormente solicitó un indulto y le fue concedido un indulto real. Fue puesta en libertad y regresó a Inglaterra.

169.El Ministro del Interior ha de presentar al Rey la solicitud junto con las recomendaciones sobre la conveniencia del indulto en cada caso. Si no se ha presentado ninguna solicitud, el propio Ministro del Interior puede presentar al Rey una recomendación para que conceda un indulto real a algunos condenados (art. 261).

170.Una vez rechazada la solicitud de indulto de una pena distinta a la pena capital, no se puede volver a solicitar un indulto hasta transcurridos dos años desde la fecha en que fue denegada la primera solicitud (art. 264).

Amnistía

171.La amnistía se proclama mediante la aprobación de una ley de amnistía en cada caso. La amnistía tiene como consecuencia la extinción del delito, considerándose que la persona nunca cometió ese delito.

172.En la práctica, la amnistía se concede a las personas que han cometido actos de rebeldía o han dado un golpe de estado.

Reducción de la pena

173.La reducción de la pena se rige por el artículo 267 del Código de Procedimiento Penal, que prevé que las disposiciones en materia de indulto se aplicarán mutatis mutandis a la solicitud de conmutación o reducción de la pena.

174.No obstante, en ocasiones especiales, como la celebración del cumpleaños del Rey, se suele reducir la pena capital a cadena perpetua.

Pena de muerte en el caso de menores de 18 años o mujeres embarazadas

175.El Código Penal establece los siguientes principios sobre el castigo a los menores delincuentes.

176.Un niño menor de 7 años o mayor de 7 años pero menor de 14 que cometa lo que la ley considera un delito no será castigado (arts. 73 y 74).

177.Cuando una persona mayor de 14 años pero menor de 17 cometa cualquier acto considerado delito en virtud de la ley y el tribunal considere que puede dictarse una sentencia que imponga una pena, se reducirá a la mitad la escala penal prevista para ese delito (art. 75). Si una persona mayor de 14 años pero menor de 17 comete un delito cuyo castigo es la pena capital, el tribunal reducirá la escala penal a cadena perpetua o a una pena de prisión de entre 25 y 50 años. Por lo tanto, no se aplicará la pena de muerte a una persona mayor de 14 años pero menor de 17.

178.El artículo 76 del Código Penal dispone que cuando una persona mayor de 17 años pero menor de 21 comete un acto considerado delito en virtud de la ley, el tribunal puede reducir la escala penal prevista para ese delito en un tercio o la mitad. No obstante, en ese caso, incluso si la ley prevé que el tribunal dicte la pena capital, en la práctica, el tribunal nunca ha dictado una sentencia de ese tipo en el caso de personas de estas edades. Si el tribunal decide reducir la escala penal en un tercio, la pena será cadena perpetua. Si se reduce la pena a la mitad, la pena capital pasará a ser de cadena perpetua o pena de prisión de entre 25 y 50 años. Por lo tanto, una persona mayor de 17 años pero menor de 21 nunca ha sido condenada a muerte.

179.Además, la Oficina del Fiscal General está revisando el artículo 76 del Código Penal para armonizarlo con el párrafo 5 del artículo 6 del Pacto.

180.En virtud de la Ley sobre el establecimiento de tribunales y procedimientos de menores y de familia (1991), un menor de 18 años que resida en un distrito en el que sea competente un tribunal de menores y de familia, no será nunca condenado a la pena capital, ya que la ley establece que un tribunal de ese tipo no dictará la pena de muerte.

181.En el caso de las mujeres embarazadas condenadas a la pena capital, la ley exige que la ejecución de la sentencia se suspenda hasta que la mujer dé a luz, ya que la pena capital no puede aplicarse a una mujer embarazada (artículo 247 del Código de Procedimiento Penal).

182.Los siguientes delitos pueden ser castigados con la pena capital:

Delitos relativos a la seguridad del Reino

Delitos contra el Rey, la Reina, el Heredero o el Regente

Artículo 107 - Asesinato o tentativa de asesinato del Rey.

Artículo 108 - Comisión o tentativa de comisión de un acto de violencia contra la persona o la libertad del Rey.

Artículo 109 - Asesinato o tentativa de asesinato de la Reina, el Heredero o el Regente.

Artículo 110 - Comisión de un acto de violencia contra la persona o la libertad de la Reina, el Heredero o el Regente, que pueda poner en peligro la vida de la Reina, el Heredero o el Regente.

Artículo 111 - La complicidad en la comisión de cualquier delito tipificado en los artículos 107 a 110 será sancionada con la misma pena que la del autor principal de ese delito.

Delitos contra la seguridad interna del Reino

Artículo 113 - Insurrección.

Artículo 119 - Comisión de un acto con la intención de someter al Estado o a cualquier parte del mismo a soberanía de un Estado extranjero o de menoscabar la independencia del Estado.

Artículo 121 - Nacionales de Tailandia que luchan en un conflicto armado contra el Estado o participan en el mismo como enemigos del Estado.

Artículo 124 - Comisión de un acto a resultas del cual se proporciona a otras personas información o documentos secretos, poniendo en peligro la seguridad del Estado; comisión de un delito, en beneficio de un país extranjero, mientras el país participa en un conflicto o una guerra.

Artículo 127 - Comisión de un acto en el que factores externos intentan poner en peligro al Estado.

Delitos contra las relaciones con Estados extranjeros

Artículo 132 - Asesinato o intento de asesinato de un soberano, la reina o el consorte, el heredero o el jefe de un Estado extranjero o un representante extranjero acreditado ante Tailandia.

Delitos relacionados con la seguridad pública

Artículo 218 - Incendio intencionado.

Artículo 224 - Incendio intencionado o colocación de explosivos que provoquen la muerte de personas.

Delitos relacionados con el sexo

Artículo 227 bis, ter - Mantenimiento de relaciones sexuales con una mujer distinta de la propia y asesinato de la víctima.

Artículo 280 - Comisión de un acto indecente que cause la muerte de la víctima.

Delitos contra la vida

Artículos 288 y 289 - Homicidio.

Delitos contra la libertad

Artículo 313 - Secuestro extorsivo que cause daños físicos graves al secuestrado, detenido o recluido; o actos de tortura o crueldad que causen daños físicos o mentales a la víctima.

Delitos contra la propiedad

Artículos 339 y 339 bis - Robo con violencia que cause la muerte de una persona.

Artículos 340 y 340 bis - Robo realizado por tres o más personas que cause la muerte de una persona.

183.Los delitos sancionados con la pena capital en virtud de la Ley de estupefacientes (1979) son la venta de estupefacientes, o la posesión de estupefacientes para la venta, cuando los estupefaciente son del tipo 1 (heroína).

Artículo 7

Tailandia garantiza la protección contra las penas crueles o inhumanas o la tortura. En el párrafo 2 del artículo 31 de la Constitución del Reino de Tailandia se establece lo siguiente:

"No se permitirá la tortura, los actos brutales ni los castigos crueles o inhumanos; sin embargo, la pena de muerte establecida por la ley no se considerará un castigo cruel o inhumano en virtud del presente párrafo."

185.Las penas previstas en el artículo 18 del Código Penal son las penas de muerte, prisión, confinamiento, pago de una multa y confiscación de bienes. Las penas en Tailandia no incluyen la flagelación ni el trabajo forzoso.

186.Además, el Código Penal prevé penas más severas para los delitos cometidos con crueldad, como el asesinato precedido de actos de tortura o crueldad (párrafo 5 del artículo 289 del Código Penal).

187.La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un mecanismo establecido en virtud de los artículos 199 y 200 de la Constitución de 1997 para vigilar los asuntos relativos a los derechos humanos de conformidad con este artículo del Pacto. La Comisión cumple sus funciones con arreglo a la Ley sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 1999 y su función primordial es examinar y denunciar los actos violatorios de los derechos humanos.

188.La Comisión Nacional de Derechos Humanos está integrada por un Presidente y otros diez miembros nombrados por el Rey con el asesoramiento del Senado. Los miembros son seleccionados entre personas con profundos conocimientos y reconocida experiencia en materia de protección de los derechos y libertades de la persona, y teniendo en cuenta la participación de representantes de organizaciones privadas de derechos humanos. El mandato de los miembros de la Comisión está limitado a un solo período de seis años (artículo 199 de la Constitución).

189.La Comisión tiene facultades para ordenar a cualquier persona que proporcione documentos o pruebas pertinentes o para ordenar la comparecencia de cualquier persona a fin de que preste declaración de conformidad con la ley. En caso de que determinara una violación de los derechos humanos, la Comisión propondrá medidas adecuadas para que la persona u órgano que haya cometido tal violación ponga fin a esos actos. Si no se adopta ninguna de las medidas propuestas, la Comisión informará al Parlamento con miras a la adopción de medidas ulteriores (artículo 200 de la Constitución).

190.Además, el Comité parlamentario sobre justicia y derechos humanos tiene facultades para examinar cualquier acción violatoria de los derechos humanos y para citar a funcionarios del Gobierno o a cualquier otra persona para que presten declaración ante el Comité.

191.El artículo 7 bis del Código de Procedimiento Penal garantiza la protección del detenido acusado contra la tortura y los tratos inhumanos, otorgándole el derecho a reunirse con su abogado cara a cara, el derecho a recibir un número razonable de visitas y el derecho a recibir prontamente atención médica en caso de enfermedad. Ello supone que los agentes de policía o funcionarios administrativos que hayan arrestado a un sospechoso y que lo mantengan detenido en una comisaría u otro centro de detención deberán informarle de sus derechos.

192.La instrucción de causas penales por un fiscal se rige por el reglamento correspondiente del Departamento de la Fiscalía, que requiere que el fiscal tenga siempre en cuenta los aspectos relativos a los derechos humanos cuando se ocupe de un caso penal.

193.La Ley de instituciones penitenciarias (1936) establece que el Departamento de Instituciones Penitenciarias debe abstenerse de usar grilletes cuando traslada a reclusos fuera de la prisión por orden judicial. Para sujetar a los reclusos se utilizará tan sólo un par de esposas. No se deberán usar cadenas ni grilletes, a menos que el recluso haya cometido un delito grave. Tampoco deberán usarse para sujetar a ancianos o mujeres, a menos que se les considere crueles o mentalmente perturbados.

194.Los celadores no debe usar armas contra los reclusos, salvo en algunos casos, por ejemplo, cuando un grupo de tres o más reclusos intenta darse a la fuga o usa la violencia. Sin embargo, antes de recurrir a las armas, los celadores deberán cumplir las condiciones previstas en la ley. Los reclusos que trabajan bajo las órdenes de los celadores deben tener derecho a recibir recompensas, tales como la oportunidad de fabricar artículos o productos para la venta, realizar un trabajo social fuera de la prisión, etc. Los reclusos que violan las reglas de disciplina recibirán castigos tales como el confinamiento en celda solitaria o en mazmorras, o los azotes. Estos métodos de castigo deberán aplicarse con arreglo a las condiciones establecidas.

195.Los reclusos deberán gozar de los siguientes derechos o facilidades:

a)Educación o capacitación.

b)Se proporcionará atención médica en un centro de salud a efectos de la revisión médica de los reclusos y de dar atención médica a reclusos enfermos o reclusas embarazadas. Los reclusos adictos a las drogas, las reclusas embarazadas o las reclusas que acaban de dar a luz deberán ser tratados como pacientes.

c)Los reclusos que ya han cumplido la mayor parte de su condena tendrán derecho a obtener una licencia para salir de la prisión. También tendrán derecho a la libertad vigilada, la reducción de la pena, la conmutación de una pena severa por una pena más leve y a solicitar el indulto.

d)Los reclusos tendrán derecho a recibir visitas o a comunicarse con personas que se encuentran fuera de la prisión o con un abogado.

e)Los reclusos deberán ser internados separadamente teniendo en cuenta su sexo, edad y el tipo de delito que han cometido.

f)Se deberá autorizar a cónyuges, hijos o padres para permanecer con reclusos especiales en una institución de formación. Se les deberá proporcionar ropa y otros artículos de primera necesidad. También se les deberá proporcionar con carácter provisional un terreno de cultivo, así como equipo y utensilios.

g)Se les proporcionarán alimentos que no estén rancios.

h)Se proporcionará ropa blanca a los reclusos que ya hayan cumplido la mayor parte de su condena y a los detenidos durante los procesos de apelación.

i)Se permitirá a los reclusos hacer ejercicio y caminar fuera de la celda.

196.En el Reglamento del Departamento de Instituciones Penitenciarias emitido con arreglo al artículo 58 de la Ley de instituciones penitenciarias se señala que, en caso de presunta tortura o tratamiento indigno de los reclusos por parte de los celadores, se establecerá una comisión independiente para que investigue el asunto. Dicha comisión tendrá facultades para multar, degradar o destituir al funcionario penitenciario que haya cometido la infracción.

197.Si un menor es torturado o es víctima de cualquier acto de crueldad en un centro de observación y protección, con arreglo a la Ley sobre el establecimiento y los procedimientos de los tribunales de menores y de familia (1991), se creará un comité para que investigue el asunto e imponga las sanciones correspondientes. Sin embargo, la ley permite que en un centro de observación y protección se castigue a un menor con azotes, siguiendo estrictamente los procedimientos y principios previstos en la ley a fin de evitar un castigo demasiado severo que pueda causar lesiones físicas al menor e infligirle daño.

198.En el caso de que un acusado o detenido sea sometido a tortura, en el párrafo 2 del artículo 243 se establece que:

"Cualquier declaración que se obtenga mediante la coacción, promesas, amenazas, engaños, tortura, fuerza física o cualquier otro medio ilícito será inadmisible como prueba."

199.Además, en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal se dispone que:

"Cualquier prueba material, documental o verbal que pudiera demostrar la culpabilidad o la inocencia del acusado será admisible, siempre que no se haya obtenido mediante coacción, promesas, amenazas, engaños u otros medios ilícitos..."

El Tribunal Supremo ha fallado en numerosos casos en reconocimiento de este principio.

200.Una persona torturada por un funcionario del Gobierno pertenece a la categoría de víctima en un caso penal y tiene derecho a recibir protección, tratamiento apropiado y una indemnización adecuada del Estado conforme a lo que prevé la ley (artículo 245 de la Constitución).

201.Si el acusado muestra síntomas de trastorno mental o alega enajenación mental, el diagnóstico del estado mental del acusado deberá ser efectuado por un médico de un hospital que esté bajo la supervisión del Ministerio de Salud Pública, y no por un médico del hospital de la policía, a fin de impedir así cualquier vinculación con la investigación en el proceso penal. Esta medida está destinada a garantizar un juicio imparcial.

Experimentos médicos o científicos en seres humanos

202.En el capítulo 6 del Reglamento Deontológico de la Profesión Médica (1985) publicado con arreglo a la Ley de la profesión médica (1982), figura una disposición sobre el reconocimiento del derecho de una persona que es objeto de un experimento médico, que prevé que el médico que realiza un experimento en un ser humano debe obtener el consentimiento de la persona antes de someterla al experimento. El médico debe estar preparado para prevenir cualquier daño que la persona pueda sufrir a causa del experimento. Si se produce algún daño o peligro como resultado del experimento y la persona que es objeto del experimento no está informada de ello, el médico será declarado responsable.

203.Además, en 1998 el Consejo de Médicos, el Consejo de Enfermeras, el Consejo de Farmacéuticos, el Consejo de Odontólogos y la Comisión para el Control de la Práctica Médica emitieron una declaración conjunta sobre los derechos de los pacientes, en cuya cláusula 8 se señala que:

"Un paciente tiene derecho a recibir información completa para decidir si participará o no en un experimento como parte de un estudio o una investigación que realiza un profesional de la salud."

204.Los experimentos que se realizan con el consentimiento de la persona que participa como objeto de un estudio también se han de regir por el Código Civil y de Comercio y por el Código Penal, en los que se establece que la persona objeto de un estudio debe estar plenamente informada de tal experimento y sus consecuencias. En caso contrario, su consentimiento se considerará ilegal. Además, el experimento no deberá ser contrario al orden ni a la moral públicos. Si el experimento se realiza de manera negligente y ocasiona la muerte de una persona, el profesional que realiza el experimento será declarado culpable del delito de ocasionar la muerte de una persona por negligencia previsto en el artículo 291 del Código Penal.

205.En la actualidad un movimiento en Tailandia está patrocinando un proyecto de ley sobre la experimentación en seres humanos, que establecerá una organización para supervisar los experimentos con seres humanos con fines médicos y científicos. Los experimentos deberán ser autorizados por escrito por la autoridad facultada para ello, que también especificará el delito penal que cometería el profesional que realiza el experimento si lo hiciera en contravención de la ley. Sin embargo, el proyecto de ley aún no se ha presentado oficialmente.

206.Tailandia protestó en un caso en que el Departamento de Salud de los Estados Unidos de América realizó un ensayo con píldoras de azidotimidina en mujeres tailandesas embarazadas, que contrajeron el VIH y lo transmitieron a 391 fetos. La razón de la protesta fue que tal experimento médico era contrario a la ética y a la dignidad humana.

207.Los experimentos médicos o científicos en acusados, reos y reclusos o en personas detenidas en algún centro que depende de un organismo gubernamental, cuando se realicen sin haber obtenido el libre consentimiento de la persona que será objeto de ellos, se considerarán ilegales. Se ha informado al respecto al personal médico y científico que por ley tiene la autoridad y el deber de supervisar a su personal en todo momento.

208.La deportación de una persona condenada a la pena capital no es una práctica habitual, y suele efectuarse con arreglo a un tratado de extradición. Un ejemplo sería el caso del Comandante Buslul o Baslol Hooda, un antiguo comisionado de Bangladesh que asesinó al Primer Ministro de Bangladesh en 1975. El tribunal en Bangladesh lo declaró culpable y lo condenó a la pena capital. En consecuencia, el Tribunal Supremo de Tailandia decidió en noviembre de 1998 enviarlo de regreso a Bangladesh de conformidad con un tratado de extradición entre Tailandia y Bangladesh.

Prohibición de la esclavitud

209.Tailandia abolió la esclavitud al promulgar una ley que prohíbe la esclavitud en 1905. El artículo 4 de la Constitución de 1997 dispone lo siguiente:

"Se protegerán la dignidad humana, los derechos y la libertad de las personas."

210.El artículo 312 del Código Penal castiga el acto de esclavizar a una persona o de someterla a servidumbre, así como de traerla al Reino de Tailandia o enviarla fuera de él, venderla o comprarla, con una pena de hasta siete años de prisión, además de una multa. Asimismo, la cláusula 20 del comunicado Nº 294 del Partido Revolucionario prohíbe la compra, la venta o el intercambio de un niño por bienes.

211.La trata de esclavos que consiste en obligar a mujeres y niños a someterse a otras personas para servir los intereses de estas últimas mediante la prostitución forzada o el tráfico de drogas, está prohibida en virtud de leyes tales como la cláusula 20 del comunicado Nº 294 del Partido Revolucionario, que prohíbe también utilizar a niños para mendigar.

212.Además, la Ley sobre medidas para prevenir y reprimir la trata de mujeres y niños (1997), establece medidas para prevenir y reprimir los delitos de comprar, vender, distribuir y suministrar personas o alentarlas por cualquier medio para fines de gratificación sexual propia o ajena, o para otros fines o intereses indecentes, ya sea mediante la venta de un niño, obligando a un niño a mendigar o a trabajar en condiciones en que su trabajo se explote de forma cruel. La Ley Nº 14 por la que se revisa el Código Penal (1997) también tipifica esos actos como delitos.

213.El 30 de junio de 1999 los siguientes organismos competentes firmaron un memorando de entendimiento sobre directrices y medidas para abordar las cuestiones de la trata de mujeres y de niños: la Oficina del Primer Ministro, el Real Cuerpo de Policía de Tailandia, el Departamento de Bienestar Social, el Comité de Coordinación de asuntos relativos a niños extranjeros, y la Red de Prevención y Represión de la Trata de Mujeres y Niños.

214.La Ley contra la Mendicidad (1941) establece que los mendigos deben recibir asistencia social y capacitación. También faculta a los funcionarios administrativos y agentes de policía para prevenir o reprimir a los mendigos que han rechazado los servicios de bienestar y asistencia social.

215.El Departamento de Bienestar Social del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social ha llegado a la conclusión de que existen mecanismos destinados a introducir a niños y mujeres en el comercio sexual. Esos mecanismos también afectan a mujeres y niños de los países limítrofes, que son forzados a prestar servicios sexuales. La política del Gobierno consiste en eliminar la instigación, el forzamiento y el uso de amenazas y tratos crueles en los servicios sexuales. Se castigará a todas las personas que hayan participado en introducir a niños en el comercio sexual, inclusive a los funcionarios que no hayan aplicado las políticas del Gobierno y no hayan hecho cumplir la ley.

216.A fin de hacer frente a los problemas de la prostitución y la prostitución infantil, el Departamento de Bienestar Social ha adoptado medidas de protección, tales como el establecimiento de siete centros de asistencia y capacitación para mujeres. Cada año se imparte capacitación a un total de 5.150 mujeres. En esos centros se imparte capacitación profesional a los grupos en riesgo. El Departamento también adopta medidas de promoción a fin de lograr que las jóvenes y sus familias adopten valores adecuados respecto de sus medios de vida y de sus perspectivas para el futuro. El Departamento también adopta medidas para prevenir que las mujeres, y especialmente las jóvenes, migren para ganarse la vida. Además, el Departamento ha lanzado una campaña de lucha contra la prostitución impartiendo capacitación a unas 50.000 mujeres de diversas aldeas por año; y ha establecido 42 centros para recibir denuncias relativas al trabajo infantil y a la prostitución infantil.

217.La Ley de prevención y represión de la prostitución (1996) se promulgó con el fin de reprimir la prostitución y establece que los clientes de prostitutas menores de 18 años incurrirán en sanción penal. La ley también aumenta las penas de prisión y las multas que se imponen a las personas que hayan introducido a menores en la prostitución.

218.Se impondrán penas más severas en el caso de prostitución forzada de un niño o un joven menor de 18 años. La ley también establece penas de privación de libertad y multas para los padres y tutores, inclusive la privación de la patria potestad y de la tutela. De conformidad con la ley, se han establecido comités para proteger a las mujeres y crear empleos en la capital y en las provincias. También se apoya la labor de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se ocupan de problemas relativos a la prostitución asegurando que cada comité incluya por lo menos a siete miembros de organizaciones privadas. Además, con el fin de prevenir y combatir los problemas relacionados con la prostitución, se aprobarán las solicitudes de autorización de fundaciones, asociaciones y otras instituciones privadas para establecer centros de recepción o instituciones a fin de brindar protección y capacitación a mujeres y menores.

219.El Gobierno ha asignado a determinados oficiales las funciones de autoridad provincial de bienestar público a fin de que supervisen y dispongan lo necesario para recibir a las mujeres y los niños que sean puestos en detención provisional porque se encuentran bajo investigación o durante un procedimiento judicial. Una vez que termina el proceso, éstos serán transferidos a centros de capacitación profesional. Existen 24 centros de recepción provisional, de los cuales cuatro son también instituciones primarias de recepción, que brindan protección y capacitación, y pueden atender a unas 1.250 personas.

220.Las instituciones primarias de recepción deben proporcionar atención y tratamiento médico a las mujeres y los niños transferidos por un período de hasta seis meses y rehabilitarlos de acuerdo con sus necesidades sociales y psicológicas. Las instituciones de protección y capacitación profesional deben velar por ellos por un período de hasta dos años y proporcionarles educación básica y obligatoria, en particular capacitación profesional y colocación en un empleo adecuado. La institución deberá velar luego por que regresen a sus lugares de procedencia.

Trabajo infantil forzoso

221.En lo que respecta a los problemas relativos al trabajo infantil forzoso, con arreglo a la Ley de Tailandia sobre la protección del trabajo (1997), el término "trabajo infantil" se refiere a las personas en edad de trabajar que tienen por lo menos 13 pero no más de 15 años de edad.

Número de niños que trabajan

222.De conformidad con los datos de la Oficina Nacional de Estadística, en 1996 había 506.600 niños que trabajaban en el sector de la agricultura y 674.400 niños que trabajaban en otros sectores.

223.Los datos del Departamento de Protección del Trabajo y Bienestar Social indican que al 8 de febrero de 1997 había 115.110 niños que trabajaban en fábricas.

224.Los datos del Ministerio de Educación correspondientes a 1999 indican que el número de niños que han finalizado la enseñanza obligatoria (hasta el sexto grado) pero que no tienen la oportunidad de continuar su educación, por lo que se ven obligados a trabajar para ganarse el sustento, asciende a 102.873.

Medidas para prevenir el trabajo infantil

225.Tailandia ha aplicado numerosas medidas para prevenir el empleo de mano de obra infantil.

226.El Ministerio de Educación ha aumentado las oportunidades para recibir educación al prolongar la enseñanza obligatoria de seis a nueve años. También proporciona asistencia social y otra asistencia necesaria a escolares desfavorecidos a fin de evitar que entren en el mercado de trabajo, ya sea en el sector agrícola o en otros sectores, antes de que tengan la edad adecuada.

227.En el artículo 43 de la Constitución de 1997 se establece que el Estado debe proporcionar por lo menos 12 años de enseñanza básica gratuita. Esta medida, que entró en vigor en 2002 y que ofrece mayores oportunidades a los niños para recibir educación en niveles superiores, será más eficaz para prevenir el empleo de mano de obra infantil.

228.Además, Tailandia ha promulgado la Ley nacional de educación (1999), que también reconoce el derecho a recibir educación en virtud del artículo 43 de la Constitución. Dicha ley entró en vigor el 20 de agosto de 1999.

229.El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social también ha adoptado varias medidas para prevenir el empleo de mano de obra infantil.

230.En el ejercicio presupuestario 1995‑1996, el Ministerio estableció centros operacionales a fin de prestar asistencia a las mujeres y los niños que trabajan en todo el país. Esta medida estaba destinada a impedir que las mujeres y los niños entraran en el mercado de trabajo. A estos efectos se organizaron y se llevaron a cabo varias actividades de capacitación para voluntarios de las aldeas sobre cuestiones laborales. En las actividades de capacitación se impartieron conocimientos a los dirigentes de las comunidades sobre el empleo del trabajo de la mujer. También se impartieron conocimientos a los niños que trabajaban preparándolos para realizar su trabajo y para ganarse la vida. Asimismo, en las actividades de capacitación se impartieron conocimientos a los administradores de escuelas sobre cómo utilizar los medios de información en campañas de relaciones públicas.

231.Se ha establecido un programa para hacer frente al problema del trabajo infantil con el objeto de que los niños que entran en el mercado de trabajo en las provincias tengan claras directrices, conozcan y entiendan sus derechos y deberes en virtud de las leyes laborales. En el ejercicio presupuestario 1995‑1996, se organizaron actividades de capacitación para padres y dirigentes comunitarios sobre los derechos de los niños que trabajan.

232.Se ha puesto en marcha un programa para prevenir y hacer frente a los problemas del trabajo infantil mediante actividades de divulgación sobre cuestiones laborales, en particular la proyección de vídeos, exposiciones y sesiones de preguntas y respuestas.

Medidas para proteger a los niños que trabajan

233.El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social ha aplicado numerosas medidas para proteger a los niños que trabajan, por ejemplo:

a)Ha realizado inspecciones más rigurosas en fábricas en que se hace uso intensivo del trabajo infantil, así como en las empresas pequeñas.

b)Ha procurado la cooperación de las comisarías de policía para reprimir y enjuiciar a quienes emplean mano de obra de niños menores de 13 años, tratan a los niños que trabajan con crueldad, detienen o mantienen sujetos a niños que trabajan, o permiten que los niños realicen trabajos peligrosos. Los responsables de abuso del trabajo infantil generalmente reciben castigos severos de los tribunales, como en el caso de un propietario de una fábrica de conos de papel que obligaba a 28 niños de entre 9 y 20 años a trabajar de 5 de la mañana a 11 de la noche sin descanso. El tribunal lo declaró culpable y lo condenó a 10 años de privación de libertad.

c)Ha establecido centros de asistencia de emergencia para recibir información sobre casos de empleo ilegal de mano de obra infantil.

d)Ha realizado visitas a niños que trabajan por cuenta de los padres.

e)Ha revisado la ley de protección laboral a fin de elevar la edad de empleo de 13 a 15 años de edad, así como para aumentar las penas por infracciones de dicha ley.

f)Ha creado un comité para la protección de los niños que trabajan, en cumplimiento de la decisión de un Consejo de Ministros, a fin de que se ocupe de establecer directrices y medidas claras para la protección y el desarrollo de los niños que trabajan.

g)Ha instalado un buzón de quejas sobre asuntos relativos al trabajo infantil.

Prohibición del trabajo forzoso o del trabajo obligatorio

234.En lo que respecta a los trabajos forzosos, en el artículo 51 de la Constitución se dispone que:

"No se impondrán trabajos forzados salvo en virtud de una ley expresamente promulgada para prevenir un desastre público inminente o en virtud de la ley que establece su imposición en tiempo de guerra o conflicto armado, o cuando se declare el estado de excepción o la ley marcial."

235.Además, una persona que obliga a otra a trabajar ilegalmente también incurrirá en delitos contra la libertad, de conformidad con los artículos 309 y 310 del Código Penal.

236.Las leyes relativas al trabajo forzoso son:

a)Ley sobre la ley marcial (1904);

b)Ley sobre la administración local (1904);

c)Ley sobre los deberes de los tailandeses en tiempo de guerra (1941);

d)Ley sobre el reclutamiento para el servicio militar (1987);

e)Ley de defensa civil (1979).

237.El uso del trabajo de los reclusos está regulado por la Ley de instituciones penitenciarias (1936), que establece que los oficiales penitenciarios pueden asignar a los prisioneros diversas labores de conformidad con el reglamento oficial.

238Un tribunal puede suspender la aplicación de una sentencia mediante la imposición de una pena de prisión de hasta dos años, imponiendo en su lugar la libertad vigilada y asignando trabajos comunitarios o servicios públicos. En ese caso, el recluso tiene que dar su consentimiento, ya que se considera un tipo de trabajo forzado destinado a rehabilitar al delincuente permitiéndole convertirse en un buen ciudadano.

Estadísticas de los acusados sentenciados a libertad vigilada (1998)

239.Número de acusados cuyas penas fueron suspendidas y fueron puestos en libertad vigilada:

De 1979 a 1998:471.015

El presente año (1998):126.168

240.Número de acusados que fueron sentenciados a prestar servicios sociales:

Acusados que fueron condenados a prestar servicios sociales:137.048

Condenados que están prestando servicios sociales:50.865

241.Tipos de servicios sociales asignados por el Departamento de Libertad Vigilada durante el período de libertad vigilada:

a)Limpieza de lugares públicos;

b)Actividades relacionadas con el medio ambiente, como labores de jardinería, plantación, mantenimiento y poda de árboles, reforestación y cuidado de los bosques;

c)Actividades de ayuda o entretenimiento, como empujar sillas de ruedas, doblar vendajes y dar de comer a huérfanos discapacitados, ancianos y enfermos en instituciones sociales y casas de salud;

d)Servicios de educación, como trabajar en bibliotecas y enseñar a niños en centros de educación preescolar;

e)Servicios comunitarios generales, como servicios sociales en ocasiones especiales, como el Día del Niño;

f)Otras actividades, como pintar letreros de tránsito.

Artículo 9

242.En el artículo 29 y en el párrafo 3 del artículo 31 de la Constitución de 1997 se prevé la protección de la libertad y la seguridad de la persona:

"No se limitarán los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, salvo en virtud de las disposiciones de una ley promulgada expresamente con el propósito determinado en la presente Constitución y únicamente en la medida de lo necesario, y siempre que no afecta a la esencia de esos derechos y libertades.

No se someterá a ninguna persona a detención, encarcelamiento o registro ni a ningún otro acto que atente contra los derechos y libertades previstos en el párrafo 1, salvo en virtud de lo dispuesto en la ley."

Detención

243.No se puede detener a una persona hasta que no se disponga de pruebas suficientes de que la persona ha cometido un delito. En el artículo 237 de la Constitución se prevé lo siguiente:

"En un caso penal, sólo se podrá detener o privar de libertad a una persona en cumplimiento de una orden o un mandamiento judicial, o cuando esa persona haya cometido un delito flagrante, o cuando haya otra necesidad de detener a la persona sin un mandamiento judicial, según lo previsto en la ley. La persona detenida debe ser informada sin demora de las acusaciones que se le imputan y de los detalles de la detención y se le dará la oportunidad de informar a la mayor brevedad de su detención a un familiar o a una persona de su confianza. La persona detenida por la policía será remitida al tribunal dentro de un plazo de 48 horas contadas a partir del momento de su llegada a la oficina del funcionario encargado de la investigación a fin de que el tribunal examine si hay motivos razonables para su detención con arreglo a la ley, salvo en caso de fuerza mayor o de cualquier otra necesidad ineludible prevista en la ley."

244.Se podrá emitir una orden de detención o de privación de libertad en los siguientes casos:

a)Cuando haya pruebas razonables de que esa persona puede haber cometido un delito grave punible con arreglo a la ley; o

b)Cuando haya pruebas razonables de que esa persona puede haber cometido un delito y también existe una causa razonable para creer que es probable que esa persona se fugue, altere las pruebas o cometa cualquier otro acto peligroso."

Derecho a ser informado de las razones de la detención

245.Además del artículo 237 de la Constitución, en que se establece el requisito de informar prontamente a la persona detenida de los cargos que se le imputan y de los detalles de la detención, el Código de Procedimiento Penal también protege ese derecho al disponer en su artículo 83 que los funcionarios o personas que efectúan la detención notificarán la detención a la persona que ha de ser detenida y, en su artículo 84, que la persona detenida será conducida a la oficina de los funcionarios administrativos o a la comisaría de la policía inmediatamente y que al llegar allí se le informará de las acusaciones que se le imputan.

246.La persona detenida o encarcelada tendrá los siguientes derechos:

a)Consultar a un abogado en privado;

b)Recibir visitas con una frecuencia razonable;

c)Recibir tratamiento médico con prontitud cuando lo necesite.

247.La ley establece que los funcionarios administrativos o de policía que reciben a la persona detenida o acusada también tendrán el deber de informar a dicha persona de esos derechos (sección 7 bis del Código de Procedimiento Penal).

248.La Constitución establece que el tribunal cumple la función de órgano de vigilancia en la protección de los derechos civiles de las personas detenidas, como se señala en el párrafo 1 del artículo 237:

"La persona detenida por la policía será remitida al tribunal dentro de un plazo de 48 horas contadas a partir del momento de su llegada a la oficina del funcionario encargado de la investigación a fin de que el tribunal examine si hay motivos razonables para su detención con arreglo a la ley, salvo en caso de fuerza mayor o de cualquier otra necesidad ineludible prevista en la ley."

249.El período en que se puede mantener al acusado detenido durante la investigación realizada por el funcionario encargado de la investigación está previsto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Penal, en que se establece que está prohibido mantener a una persona detenida por la policía durante más de 48 horas contadas a partir del momento de su llegada a la oficina del funcionario encargado de la investigación o la comisaría de policía. Sin embargo, de ser necesario, ese período se puede prolongar, pero no podrá exceder de tres días.

250.Si el período debe prolongarse más allá de ese límite, se requerirá autorización del tribunal. El tribunal deberá emitir una orden de detención por el período que dure la investigación. Este período variará de acuerdo con la escala de la pena de privación de libertad, según se indica a continuación:

251.Cuando se trate de un delito punible con una pena máxima inferior a seis meses de prisión o con una multa de hasta 500 baht, el tribunal podrá emitir una sola orden de detención de hasta siete días.

252.Cuando se trate de un delito punible con una pena máxima superior a 6 meses pero inferior a 10 años de privación de libertad o con una multa que exceda de 500 baht, o a ambas penas conjuntamente, el tribunal podrá emitir una orden de detención de hasta 12 días por vez, y el período total de detención no deberá exceder de 48 días.

253.Cuando se trate de un delito punible con una pena máxima superior a 10 años de privación de libertad, con o sin una multa, el tribunal podrá emitir una orden de detención de hasta 12 días por vez y no deberá exceder de 84 días en total.

254.Al dar la autorización para detener a un acusado durante una investigación, el tribunal deberá preguntar al acusado si formulará alguna objeción. El tribunal también puede ordenar la comparecencia del funcionario encargado de la investigación o del fiscal para que proporcione detalles sobre la necesidad de la detención y también puede requerir otras pruebas como parte de su examen. Si el tribunal ordena mantener al acusado en detención más allá de los 48 días, el acusado puede solicitar al abogado que interponga un recurso o que interrogue a los testigos. En consecuencia, el tribunal autorizará la detención del acusado durante la investigación únicamente cuando sea necesario.

255.En lo que respecta a los casos de privación ilegal de libertad, en el artículo 240 de la Constitución y en el artículo 90 del Código de Procedimiento Penal se establecen los recursos para resolver esos casos. El detenido, el fiscal u otras personas que actúan en nombre o a favor de los intereses del detenido tendrán derecho a interponer una demanda ante el tribunal local con jurisdicción penal por detención ilegal. El tribunal deberá realizar de inmediato una investigación ex parte. Si el tribunal considera que la demanda tiene fundamento, el tribunal estará facultado para instruir a los funcionarios para que remitan de inmediato al detenido al tribunal, y si los funcionarios no pueden dar explicaciones satisfactorias sobre la legalidad de la detención, el tribunal deberá poner de inmediato en libertad al detenido.

Derecho a ser enjuiciado con prontitud en un plazo razonable

256.Este derecho se reconoce en el artículo 241 de la Constitución, en que se establece que:

"En un caso penal, el sospechoso o el acusado tiene derecho a una investigación o un juicio rápido, continuo e imparcial.

En la etapa de la investigación, el sospechoso tiene derecho a que un abogado o una persona de su confianza esté presente durante los interrogatorios."

257.En un juicio ante un tribunal de primera instancia que no sea un tribunal de distrito entenderán dos magistrados que actuarán en forma conjunta. Sin embargo, actualmente hay una grave escasez de magistrados y asignar dos magistrados a un caso tal como exige la ley ocasionaría una demora en el proceso. Por lo tanto, por el momento, únicamente un magistrado entiende en cada caso. Esto ayuda en cierta medida a evitar las demoras. No obstante, cuando se emita la decisión, dos jueces siempre estarán presentes en la audiencia y firmarán también la decisión.

258.En el artículo 236 de la Constitución de 1997 se dispone que para las actuaciones de un tribunal deberá haber quórum. Los magistrados que no han participado en el juicio no podrán dictar un fallo o decisión a menos que haya un motivo de fuerza mayor o una necesidad ineludible conforme a lo que prevé la ley. El Ministerio de Justicia deberá por lo tanto examinar con carácter urgente la posibilidad de aumentar el número de magistrados para evitar las demoras en la vista de los casos, lo que afecta a la administración de justicia.

259.El calendario de las vistas de un tribunal se fija sobre la base de intervalos, y no de un programa fijo. Esto se debe a que tanto el demandante como el acusado no pueden llevar a cabo una audiencia continua. A veces, los testigos de ambas partes no están preparados para comparecer ante el tribunal. A menudo los funcionarios de la policía no pueden traer a tiempo a los testigos para que presten declaración. Anteriormente no había ninguna ley que protegiera a los testigos del Gobierno, por lo que éstos se mostraban reticentes a comparecer ante los tribunales para prestar declaración en favor del Estado. Por lo tanto, con frecuencia el juez se ve obligado a aplazar la vista del caso a fin de reunir la mayor cantidad posible de pruebas.

260.De cualquier manera, en el artículo 244 de la Constitución se establece que:

"En un caso penal, los testigos tienen derecho a recibir protección, trato adecuado y la remuneración necesaria y suficiente del Estado de acuerdo con lo que establece la ley."

261.Esa protección de los testigos debe tener como resultado una vista de los casos más expeditiva. Por lo tanto, el Ministerio de Justicia ha presentado al Consejo de Ministros, para su examen, la Ley sobre la protección de los testigos en casos penales.

Libertad provisional y bajo fianza

262.En el artículo 239 de la Constitución de 1997 se establecen los siguientes principios sobre la libertad provisional de un sospechoso o acusado:

"Las solicitudes de libertad bajo fianza de los sospechosos o acusados en casos penales deberán aceptarse para su examen sin demora y no se deberá exigir una fianza excesiva. La denegación de la libertad bajo fianza deberá estar basada en motivos establecidos específicamente por la ley y los sospechosos o acusados deberán ser informados de tales motivos sin demora.

El derecho a apelar contra la decisión de denegar la libertad bajo fianza está protegido por la ley."

263.En lo que respecta a los principios para decidir si un acusado o reo debe ser liberado bajo fianza o no, en el artículo 108 del Código de Procedimiento Penal se establece que los funcionarios encargados de la investigación, el fiscal o los magistrados tendrán facultades discrecionales. Ellos deben seguir los principios de la ley teniendo en cuenta lo siguiente:

a)La gravedad de las acusaciones;

b)Las pruebas presentadas en el caso;

c)Las circunstancias del caso;

d)La fiabilidad del solicitante o las fianzas ofrecidas;

e)Las posibilidades de que el sospechoso o acusado se dé a la fuga;

f)El peligro o daño que puede ocasionar la concesión de la libertad provisional;

g)El tribunal tendrá en cuenta las objeciones que formulen el funcionario encargado de la investigación, el fiscal y el demandante.

264.Además, el Reglamento del Ministerio de Justicia establece los principios para la concesión de la libertad por los tribunales. Los casos en que no se concede la libertad son en su mayoría casos previstos en la Ley de extradición. En circunstancias normales, el tribunal concede la libertad al solicitante teniendo en cuenta los hechos mencionados, y de acuerdo con la recomendación del Presidente del Tribunal Supremo. Si el tribunal deniega la libertad provisional, el solicitante tiene derecho a apelar ante un tribunal superior. Además, la ley no impide que el solicitante presente una nueva petición de libertad provisional.

265.Existe la tendencia a fijar una cantidad principal de la fianza, que permita conceder con más facilidad la libertad provisional. Por ejemplo, para conceder la libertad sin fianza (artículo 111 del Código de Procedimiento Penal) se puede autorizar a una persona confiable para que garantice la libertad provisional sin que se tengan que aportar otras garantías. También se está tratando de ampliar los tipos de garantías necesarios para conceder la libertad bajo fianza. Anteriormente, únicamente se podía aportar como garantía dinero en efectivo o una parcela de terreno. Además, se ha procurado revisar la ley a fin de permitir la utilización de las mismas garantías a nivel de la policía, el fiscal y los tribunales, de modo que se facilite al sospechoso o acusado la solicitud de libertad provisional.

266.Anteriormente, una vez que el tribunal absolvía al acusado, éste sólo podía presentar una demanda contra funcionarios del Gobierno u organismos gubernamentales y solicitar una indemnización de conformidad con el Código Civil y de Comercio Sin embargo, el número de tales demandas es muy reducido, ya que en un caso civil el demandante por daños y perjuicios tiene que demostrar de qué manera lo ha perjudicado la infracción. Llevar el caso ante los tribunales también entraña muchos gastos y exige mucho tiempo. Sin embargo, en el artículo 246 de la Constitución se establece que:

"Toda persona que haya sido acusada en un asunto penal y haya estado detenida durante el juicio, si en la sentencia definitiva se establece que el acusado no ha cometido el delito o que el acto del acusado no constituye delito, tendrá derecho a una indemnización adecuada, al reembolso de las costas y a la recuperación de todo derecho perdido a causa de ese incidente, en las condiciones y en la forma previstas en la ley."

267En el artículo 246 de la Constitución se dispone que el demandante sólo tiene que demostrar que fue ilegalmente detenido. Esta disposición garantiza una mejor protección del derecho de las personas.

268.Además, el Ministerio de Justicia ha preparado un proyecto de ley sobre el Fondo de Indemnización para las víctimas de la delincuencia y las víctimas de procesos penales, que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y que se ha sometido a la Asamblea Nacional para su aprobación. Una vez que se promulgue esta ley, los derechos de los acusados en un proceso penal estarán protegidos de forma más eficiente.

Artículo 10

269.Tailandia asigna gran importancia al tratamiento humano de las personas privadas de derechos y de libertad durante la detención, el encarcelamiento y la investigación. El encarcelamiento se refiere tanto al ordenado por mandamiento judicial como al impuesto por una sentencia definitiva.

Respeto de la dignidad humana

270.En el artículo 26 de la Constitución del Reino de Tailandia (1997) se dispone que:

"En el ejercicio de sus facultades, todas las autoridades públicas deberán respetar la dignidad humana y los derechos y libertades de la persona de conformidad con lo dispuesto en la Constitución."

271.En consecuencia, en el artículo 26 de la Constitución se prevé el trato que se debe dar a una persona privada de sus derechos y libertades con arreglo al artículo 10 del Pacto, independientemente de si el caso de dicha persona se encuentra en manos de la policía, el fiscal o un tribunal o el sistema del Departamento de Instituciones Penitenciarias. La persona deberá ser tratada humanamente y se deberá respetar su dignidad humana en todo momento.

Detención mediante un mandamiento judicial

272.Debido a las limitaciones presupuestarias, cuando no exista un centro de detención para alojar al presunto delincuente detenido por mandamiento judicial durante la investigación a cargo del funcionario pertinente, debido a que no se le ha concedido la libertad provisional o porque ya está siendo procesado como acusado y no se le ha concedido la libertad provisional durante el juicio, el presunto delincuente será trasladado a un establecimiento del Departamento de Instituciones Penitenciarias, a menos que el tribunal haya ordenado otra cosa (por ejemplo, que permanezca detenido en una comisaría de policía durante la investigación). El tratamiento que deberá recibir un detenido de parte del Departamento de Instituciones Penitenciarias mientras se realizan las pesquisas o el proceso judicial se establecerá en el artículo 3 junto con el tratamiento que deberá recibir un detenido que está cumpliendo una pena de prisión en un establecimiento penitenciario con arreglo a una sentencia definitiva.

Reclusión con arreglo a una sentencia definitiva de privación de libertad

273.Cuando se dicta una sentencia definitiva de privación de libertad, el acusado deberá cumplir la condena de conformidad con el Código de Procedimiento Penal y la Ley de instituciones penitenciarias (1936).

274.En cuanto al trato dispensado con arreglo a los artículos 2 y 3 a los reclusos que están bajo la responsabilidad del Departamento de Instituciones Penitenciaras, Tailandia ha procurado tratar a los reclusos observando las normas de las Naciones Unidas en la medida posible. Sin embargo, de conformidad con las normas de las Naciones Unidas, todos los establecimientos penitenciarios del país sólo tienen capacidad para 64.514 reclusos, aunque en 1998 los establecimientos penitenciarios tuvieron que albergar a 179.514 reclusos. En particular, la campaña para aumentar las detenciones por toxicomanía elevó el número de condenados por adicción a los estimulantes anfetamínicos a un 48% del total de reclusos del país. Por ejemplo, en 1999, en la Prisión Central de Mujeres de Ladyao, Bangkok, 3.234 reclusas de las 4.615, o sea casi el 70%, estaban cumpliendo condenas por toxicomanía. Esta situación ha agravado el problema del hacinamiento, que tiene efectos adversos en los reclusos, como problemas de salud, escasez de alimentos, enfermedades infecciosas y un grave estrés que da lugar a que se inflijan daños físicos o la muerte a los celadores y aumenta los incidentes de fuga. En consecuencia, se dificulta la tarea de cuidar y vigilar a los reclusos.

275.Además, el número excesivo de reclusos ha generado problemas de personal en los establecimientos penitenciarios. Hay una escasez de personal para cuidar y rehabilitar a los reclusos a fin de que se conviertan en buenos ciudadanos.

276.De conformidad con las normas de la Comisión de Administración Pública, el Departamento de Instituciones Penitenciarias debe contar con 1 funcionario por cada 10 reclusos, como máximo. Sin embargo, actualmente la relación entre funcionarios y reclusos en cada sección es de 1 por cada 15. Además, si sólo se tiene en cuenta la relación entre celadores y reclusos, ésta es de 1 por cada 34 durante el día y de 1 por cada 500 durante la noche.

277.Esta situación impone una pesada carga sobre los celadores, que deben trabajar cerca de 103 horas por semana, muchas más que los empleados públicos, que trabajan entre 40 y 50 horas por semana. Prolongar el horario de trabajo causa un cansancio y un estrés excesivos. Los bajos ingresos mensuales de los funcionarios públicos subalternos también contribuyen a bajar la moral y a disminuir la voluntad de trabajar del personal. Esto a su vez afecta a la rehabilitación de los reclusos, que está destinada a ayudarlos a convertirse en buenos ciudadanos. El Departamento de Instituciones Penitenciaras está tratando de reducir la carga de los funcionarios penitenciarios utilizando diversas tecnologías para asistirlos en su labor. En esta tarea se debe procurar la participación del sector privado cuando sea posible. De este modo los funcionarios penitenciarios podrán cuidar a los reclusos de manera más eficiente.

278.Por otra parte, el Ministerio del Interior ha elaborado un proyecto para construir más establecimientos penitenciarios en el país. Una vez que éstos se construyan, se aliviará el problema del hacinamiento en las prisiones.

279.Otras medidas que han de aplicarse en forma paralela son la amnistía, la reducción de los períodos de prisión, la libertad bajo palabra, el intercambio de prisioneros que deseen cumplir su pena en su propio país. Estas medidas están destinadas a elevar la moral de los reclusos y contribuir a su rehabilitación antes de que sean puestos en libertad, además de aliviar en gran medida el problema del hacinamiento en las prisiones.

Centros de detención

Presuntos delincuentes menores de edad

280.Durante la investigación, si no hay un tribunal de menores y de familia en el distrito, los presuntos delincuentes menores de edad deberán ser detenidos en una comisaría de la policía. Así se prevé en el reglamento oficial, que dispone que los presuntos delincuentes menores de edad detenidos estarán separados de los adultos.

281.No obstante, si existe un tribunal de menores y de familia, todo caso relacionado con un presunto delincuente juvenil deberá ser remitido a dicho tribunal.

Detención en una prisión o establecimiento penitenciario

282.En todas las prisiones o establecimientos penitenciarios se deberá clasificar a los reclusos. Se deberán separar a los varones de las mujeres y los niños. Además, en todas las prisiones o establecimientos penitenciarios habrá una sección de recepción para los nuevos reclusos. Si hay espacio disponible, los nuevos reclusos deberán dormir en un dormitorio o una habitación separados de los prisioneros antiguos. De este modo los nuevos reclusos podrán adaptarse y entender y familiarizarse con las normas y reglas de la prisión. En la prisión, los detenidos en juicio o bajo investigación, estarán separados de los reclusos condenados y se observará el requisito absoluto de separar a los menores detenidos de los reclusos adultos.

283.Se encargarán de clasificar a los detenidos los funcionarios designados que hayan recibido capacitación en el programa de clasificación de detenidos. Todo detenido deberá estar clasificado desde el día en que entre en la prisión hasta el día en que salga. Se entrevistará a cada detenido para establecer y registrar un expediente personal.

284.Los reclusos están separados en prisiones de las tres categorías siguientes:

a)Prisión central;

b)Prisión provincial;

c)Prisión provisional.

285.La mayoría de las prisiones fueron construidas hace mucho tiempo y las condiciones en ellas son inadecuadas, ya que el número de reclusos ha venido aumentado año a año. Una celda normal mide 5 m de ancho por 15 m de largo y debe alojar entre 40 y 50 reclusos, lo que dificulta la separación de los reclusos condenados de los detenidos procesados o bajo investigación. Todas las prisiones carecen de equipos modernos, como productos químicos para verificar la presencia de narcóticos. En cada prisión hay una sala destinada a la formación profesional.

286.La Prisión Central cuenta con una sala en la que los funcionarios diplomáticos pueden visitar a los reclusos de sus respectivas nacionalidades. Esta sala se denomina Sala de Embajadores. Los diplomáticos tienen derecho a visitar a los reclusos de sus respectivas nacionalidades cada semana para velar por su bienestar.

287.Las prisiones proporcionan tres comidas al día a los reclusos. Si un recluso está enfermo tiene derecho a recibir alimentos especiales. Los recursos tienen derecho a recibir alimentos de sus familiares aproximadamente una vez por semana. Sin embargo, este derecho varía según la categoría del recluso.

288.En el caso del Tribunal Militar, la detención de presuntos delincuentes que están bajo su jurisdicción debe regirse por el artículo 46 de la Ley sobre la organización del tribunal militar (1956). Con arreglo a dicho artículo, el mando militar deberá aplicar mutatis mutandis la sanción establecida en una ley de disciplina militar. Sin embargo, la sanción no deberá exceder de 90 días, el presunto delincuente podrá ser detenido durante un máximo de 12 días cada vez pero no más de 90 días en total, dependiendo del caso y de la situación del presunto delincuente.

289.De conformidad con la Ley de disciplina militar, toda persona que haya cometido una infracción disciplinaria deberá recibir una de las cinco sanciones siguientes: amonestación, libertad vigilada, confinamiento, detención y prisión. Se prohíbe imponer otras sanciones, así como establecer nuevas formas de castigo.

290.Las sanciones disciplinarias deben imponerse con arreglo a la Ley de prisiones militares de 1936. El mando de la prisión militar puede ordenar la reclusión en celda solitaria por un máximo de 15 días o de 1 mes, de acuerdo con la categoría de la prisión. No se deberán utilizar grilletes a menos que sea necesario. Las prisiones militares sólo aceptarán a detenidos sentenciados como máximo a tres años de prisión. Si la pena impuesta es mayor de tres años, se deberá enviar al detenido a una prisión civil.

291.Los reclusos en prisiones militares deberán trabajar los días de trabajo desde las 8.00 a las 16.00 horas y descansar entre las 12.00 y las 13.00 horas. Los días feriados deberán realizar trabajos sanitarios por la mañana de 6.00 a 12.00 horas y descansar por la tarde.

292.La Ley sobre el establecimiento de tribunales y procedimientos de menores y de familia (1991) dispone que los menores detenidos deberán ser enviados a centros de observación y protección a fin de mantenerlos separados de los adultos. Existen 28 centros de observación y protección en todo el país.

293.Anteriormente los reclusos toxicómanos compartían las celdas con reclusos que habían cometido otro tipo de delitos, lo que impedía su rehabilitación. Posteriormente, Tailandia promulgó la Ley sobre la rehabilitación de los toxicómanos (1991), en que se establece que los toxicómanos deben ser tratados como pacientes y no como delincuentes. Éstos están bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia. No obstante, debido a numerosos obstáculos de carácter jurídico, la ley todavía no se ha puesto en práctica.

294.De conformidad con las normas de salud pública, se debe proporcionar a los reclusos un uniforme y ropa interior, que deben ser lavados todos los días. Además, los prisioneros deben bañarse y se deben asear sus retretes.

295.El Departamento de Instituciones Penitenciarias vela por que equipos de médicos, incluidos psiquiatras, visiten a los reclusos. Sin embargo, actualmente el personal médico del Departamento es insuficiente.

296.El Departamento de Instituciones Penitenciarias imparte enseñanza técnica y educación en las prisiones. Al entrar en la prisión, los detenidos deben pasar una prueba para determinar si están alfabetizados. Si no han terminado la enseñanza obligatoria, se les alienta primero a terminar la enseñanza obligatoria y luego a continuar sus estudios en niveles más altos. Varios organismos gubernamentales y organizaciones privadas se encargan de esta tarea. La enseñanza obligatoria está a cargo del Departamento de Educación No Escolar.

297.La Universidad Sukhothaithammathirat, una universidad abierta, es responsable de la educación superior. En la actualidad hay numerosos reclusos que han obtenido el grado de bachiller. La enseñanza técnica es responsabilidad del Departamento de Educación No Escolar, el Departamento de Desarrollo de Aptitudes y el Departamento de Trabajo.

298.También hay actividades especiales destinadas a promover la disciplina, que están administradas por la División de Voluntarios de la Cruz Roja y el Consejo de la Cruz Roja. En las prisiones, hay periódicos, televisión y un programa de desarrollo espiritual. Este programa se lleva a cabo invitando a sacerdotes a predicar e impartir enseñanza a los reclusos en días festivos de la religión budista. Los reclusos pueden celebrar ceremonias religiosas.

299.En las prisiones, los reclusos trabajan en talleres. Los trabajos que realizan en los talleres incluyen la talla de madera, reparación de maquinaria, trabajos en metal, soldadura y carpintería. Los reclusos trabajarán de acuerdo con sus capacidades y habilidades y recibirán una remuneración equivalente al 50% de las utilidades procedentes de su trabajo.

300.Los familiares pueden visitar a los reclusos una vez por semana bajo la vigilancia del Departamento de Instituciones Penitenciarias. También se permite a los reclusos recibir correspondencia.

301.En caso de malos tratos, el recluso puede depositar una queja en el buzón de quejas instalado en la prisión. Todas las quejas serán examinadas. Se establecerá un comité encargado de examinar las quejas. Un funcionario penitenciario que comete una infracción será sometido a un proceso disciplinario por otro comité integrado por funcionarios del Departamento de Instituciones Penitenciarias. Si el funcionario ha cometido un delito grave al infligir daños a un recluso, se incoará un proceso penal contra dicho funcionario.

302.En 1992 el Departamento de Instituciones Penitenciarias publicó un reglamento sobre los inspectores del sistema de prisiones, en el que se establecía que las inspecciones debían ajustarse a las normas mínimas de las Naciones Unidas. En el artículo 44 de la Ley sobre las instituciones penitenciarias (1936) se otorgan facultades al Ministro del Interior para designar un comité de inspección de prisiones integrado por funcionarios de diversos departamentos. Sin embargo, en la práctica, este comité no ha sido tan eficaz como debería serlo. Se procurará aumentar su eficacia en el futuro próximo.

303.Los castigos que se impondrán a los menores que están bajo la supervisión del Centro de Observación y Protección o de la Oficina del Comité de Observación y Protección de Menores, de conformidad con la Ley sobre el establecimiento de tribunales y procedimientos de menores y de familia (1991), son los siguientes:

a)Azotes, no más de 12;

b)Confinamiento en celda solitaria, por una semana como máximo;

c)Trabajos forzados;

d)Restricción de las actividades recreativas y de algunas instalaciones.

304.Sin embargo, actualmente se ha suprimido el castigo de confinamiento en celda solitaria y únicamente se mantienen los castigos de trabajos forzados y azotes.

305.El castigo de azotes se aplica en dos casos. Cuando se aplica por la comisión de un delito penal, deberá ser ordenado por un tribunal. Por ejemplo, el pago de una multa puede permutarse por la aplicación de azotes. El número de azotes que puede aplicarse queda a la discreción del tribunal. En el caso de que un menor viole el reglamento del Centro de Observación y Protección, el director del Centro, a su discreción, podrá ordenar la aplicación de azotes.

306.El número máximo de azotes será de 12 en cualquier caso y los azotes se aplicarán bajo supervisión médica y de conformidad con el dictamen de un médico. Después de su aplicación, el castigo se registrará en el expediente del menor. El Centro de Observación y Protección es de la opinión de que los azotes constituyen un castigo que sólo puede ser impuesto por un maestro a su alumno.

307.Los trabajos forzados no se impondrán como castigo a un menor que ha cometido un delito. Sin embargo, sí se impondrá por violar el reglamento del Centro de Observación y Protección. Los tipos de trabajo forzado son: trabajar en obras públicas, cortar el césped, cavar, limpiar los sistemas de desagüe. Sin embargo los menores no recibirán remuneración porque su trabajo se considera un castigo.

308.Los menores que se encuentran bajo la supervisión del Centro de Observación y Protección y de la Oficina del Comité de Observación y Protección de Menores deben ser separados por género.

309.El Director del Centro de Observación y Protección, el jefe de la institución de capacitación y el jefe de la escuela que hayan acogido a los menores y jóvenes tendrán la responsabilidad de vigilarlos e informar de su comportamiento, su salud física y mental, sus hábitos y otros aspectos al tribunal como mínimo una vez al mes.

310.En el caso de que el tribunal haya impuesto como sanción una multa y el menor o joven no haya pagado la multa, éste será remitido al Centro de Observación y Protección, a una escuela o una institución de capacitación por un período no mayor de un año.

311.Los menores deberán recibir capacitación en una institución de capacitación que tenga un programa de estudio de la enseñanza obligatoria y que dependa del Departamento de Educación No Escolar. Además, se ofrecerán programas de enseñanza técnica que varían de acuerdo con cada provincia. Se impartirán varios tipos de enseñanza técnica, como carpintería, mecánica, sastrería y talla de madera. El menor puede elegir cualquier curso, según sus propios intereses.

312.El joven que haya terminado los estudios de enseñanza técnica recibirá un certificado del Departamento de Educación No Escolar.

313.Un recluso con trastornos mentales o un presunto delincuente que alegue que cometió el delito que se le imputa cuando sufría un trastorno mental deberá ser enviado al Hospital de Psiquiatría Forense (Instituto Galya Rajanagarindra) porque el Departamento Correccional no cuenta con instalaciones adecuadas para pacientes psiquiátricos.

314.En el Hospital se separarán a los pacientes varones de las pacientes mujeres. El tratamiento incluye los tres métodos siguientes:

a)Prescripción de píldoras e inyecciones;

b)Choques eléctricos; y

c)Terapia de grupo.

El método que se aplique dependerá de los síntomas que acuse el paciente.

315.Los pacientes en el Hospital de Psiquiatría Forense (Instituto Galya Rajanagarindra) viven en condiciones de hacinamiento, ya que el hospital recibe a pacientes psiquiátricos en general, que han sido abandonados por sus familiares. Este tipo de pacientes representan una carga para el Estado, que debe cuidar de ellos por largo tiempo.

316. De conformidad con el artículo 10 antes mencionado, Tailandia tiene la firme voluntad de tratar a las personas cuyos derechos están limitados de manera humana y de conformidad con las normas establecidas por las Naciones Unidas.

Artículo 11

317.En Tailandia no hay ninguna ley que prevea la detención de una persona por incumplimiento de sus obligaciones contractuales. En consecuencia, los casos previstos en el artículo 11 nunca se han presentado en Tailandia.

318.Sin embargo, en un proceso civil en que el demandado o quien incumple una resolución judicial intenta obstruir el proceso judicial no adoptando determinada medida, el Código de Procedimiento Civil autoriza al tribunal para ordenar a esa persona el cumplimiento de dicha resolución. Se puede recurrir a esta medida en dos casos, a saber:

a)El tribunal puede ordenar la detención del demandado cuando el tribunal considere que el demandado ha incumplido una orden de comparecencia o un mandamiento judicial, o que durante el juicio ha retirado u ocultado documentos que pueden servir como prueba contra él, o que ha trasladado algunos o todos sus bienes fuera de la jurisdicción del tribunal, o que ha eludido o intentará eludir la jurisdicción del tribunal, con el fin de hacer más lento u obstruir el proceso o el cumplimiento del fallo contra él (art. 254).

b)Cuando el demandado no acate deliberadamente un mandamiento de ejecución, por ejemplo, el mandamiento que le exija abandonar un terreno o edificio, retirar estructuras o rellenar o nivelar las tierras que son objeto de la controversia. En ese caso el tribunal examinará las pruebas para asegurarse de que el deudor pueda cumplir el fallo y de que no haya ningún otro medio por el que el acreedor pueda ejercer presión sobre el deudor (art. 297).

319.Sin embargo, la detención antes mencionada se diferencia de la privación de libertad en que no se trata de una sanción penal sino de una sanción civil destinada a ejercer presión sobre aquellos que hayan obstruido un proceso civil. Esta medida se impone únicamente con el fin de que se cumpla efectivamente el fallo o mandamiento y para proteger el derecho de la parte en la acción civil. Además, en este caso el detenido no deberá ser recluido en una prisión sino que se le confinará en una zona de detención o en su propia vivienda o en la de otras personas que hayan consentido en alojarlo, de conformidad con el artículo 24 del Código Penal.

Artículo 12

320.Los derechos previstos en el artículo 12 del Pacto son compatibles con el artículo 36 de la Constitución del Reino de Tailandia, en que se establece que:

"Todas las personas gozarán de libertad para viajar y libertad para elegir su lugar de residencia dentro del Reino. No se permitirá limitar las libertades previstas en el presente párrafo salvo en virtud de una ley específicamente promulgada para mantener la seguridad del Estado, el orden público, el bienestar público, la planificación urbana y nacional o el bienestar de la juventud.

Ninguna persona de nacionalidad tailandesa será deportada ni se le prohibirá entrar en el Reino."

Libertad para viajar, elegir el lugar de residencia y viajar al extranjero

321.En virtud del artículo 36 de la Constitución del Reino de Tailandia, todas las personas gozan de libertad para viajar, para elegir su lugar de residencia y para viajar al extranjero según sus deseos. No obstante, por razones de seguridad nacional, existen ciertas restricciones para viajar dentro del país, circular y elegir el lugar de residencia en Tailandia. Estas restricciones se aplican a determinados grupos de personas que no son de nacionalidad tailandesa, concretamente a grupos de personas que han inmigrado a Tailandia, como personas de nacionalidad vietnamita y china, personas que han permanecido en Tailandia por un largo período de tiempo pero no han recibido la nacionalidad tailandesa, personas que han entrado a Tailandia en forma ilegal, por ejemplo de la República Democrática Popular Lao, Camboya y Viet Nam. Tailandia ha cooperado con las Naciones Unidas en la construcción de viviendas para estas personas. En consecuencia, en espera de su reubicación en terceros países, estas personas deben estar sujetas a restricciones de la libertad para viajar tanto dentro como fuera del país. Para viajar deberán obtener primero una autorización de las autoridades locales. Esta restricción tiene la finalidad de garantizar el orden y la seguridad del país.

322.Además, determinados tipos de personas también pueden estar sujetas a restricciones, en particular, las personas condenadas a prisión por un tribunal tailandés o por un tribunal extranjero, las personas que están bajo una orden de detención dictada por un organismo estatal, o las personas en libertad vigilada de conformidad con la Ley sobre libertad vigilada, o las personas en libertad provisional bajo condiciones establecidas por el tribunal o que presuntamente han cometido un delito previsto en la Ley de la Bolsa y Valores (1992). En consecuencia, la libertad de estas personas para viajar fuera de Tailandia estará limitada.

323.el párrafo 1 del artículo 12 de la Ley de inmigración (1979) prohíbe la entrada en Tailandia a los extranjeros que no tienen un pasaporte o un documento de identidad que pueda usarse legítimamente como pasaporte válido o que no han obtenido de la Embajada o del Consulado de Tailandia en un país extranjero o del Ministerio de Relaciones Exteriores el visto bueno y sello en su pasaporte o en el documento usado en lugar del pasaporte.

324.Una persona que se considere peligrosa para la sociedad o que atente contra la paz o la seguridad de las personas o la seguridad del Reino de Tailandia, o una persona contra la cual las autoridades de países extranjeros hayan emitido una orden de detención, no recibirá autorización para entrar en el Reino de Tailandia. Esta medida se prevé en la limitación que establece la Ley de inmigración (párrafo 7 del artículo 12).

325.Una persona de la que se crea que ha entrado en el Reino de Tailandia o que ha viajado al extranjero para practicar la prostitución, traficar con mujeres o niños o con drogas peligrosas, evadir el control de aduanas o para realizar otras actividades que atenten contra el orden público o la moral pública no recibirá autorización de un funcionario del Estado para viajar al extranjero o para entrar en el Reino de Tailandia. En caso de que una mujer sola desee viajar al extranjero, deberá recibir una garantía del Gobierno o se le entrevistará para comprobar que no viajará al extranjero para practicar la prostitución o para realizar otras actividades ilícitas en el extranjero (párrafo 8 del artículo 12).

326.El Ministerio del Interior, por conducto del Comisionado General del Real Cuerpo de Policía de Tailandia, tiene autoridad para identificar a las personas que no están autorizadas para entrar en el país y para establecer medidas de control de la inmigración. No obstante, está facultado para controlar la circulación de los inmigrantes legales, salvo en casos de inmigración por motivos laborales y para el registro de extranjeros. La Ley de inmigración no permite que los extranjeros entren al país para trabajar como obreros o trabajadores no calificados sin la experiencia o los conocimientos técnicos necesarios (art. 12).

327.En 1997, cuando la economía del país estaba en crecimiento, el Consejo de Ministros aprobó una resolución que autorizaba a los extranjeros para trabajar como trabajadores no calificados, previa inscripción. Los funcionarios tienen facultades para examinar los casos de extranjeros y para autorizarlos a permanecer en un lugar que consideren conveniente durante el proceso de verificación. Los extranjeros deberán comprometerse a acudir a ver al funcionario. En algunos casos se exige además una garantía (art. 19).

La inmigración para obtener la residencia en el Reino de Tailandia

328.De conformidad con la Ley de inmigración (1979), un extranjero tendrá derecho a solicitar un permiso de residencia en el Reino de Tailandia con arreglo a lo siguiente:

a)Mediante la presentación de una solicitud antes de viajar al Reino de Tailandia siguiendo los procedimientos previstos en el artículo 41 de la Ley de inmigración; o

b)Mediante la presentación de una solicitud después de obtener un permiso de residencia temporal en el Reino y siguiendo los procedimientos establecidos en el artículo 45 de la Ley de inmigración;

c)Los funcionarios autorizados examinarán la solicitud para determinar si el extranjero puede obtener la residencia en el Reino de Tailandia.

329.En el artículo 41 de la Ley de inmigración (1979) se establece que se deberá obtener la autorización del comité encargado de examinar los casos de inmigrantes. El comité está integrado por el Secretario Permanente del Ministerio del Interior como presidente y por el Secretario Permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Secretario General de la Policía, el Director General del Departamento de Trabajo, el Procurador General, el Secretario General de la Junta de Inversiones, el Secretario General del Consejo de Seguridad Nacional, el Director de la Autoridad de Turismo de Tailandia y el Jefe de la Oficina de Inmigración.

330.La autorización que dé el comité con la aprobación del Ministro del Interior estará supeditada a que el número de permisos no sea superior al número de permisos anunciado por el Ministro del Interior de conformidad con el artículo 90 y a que el extranjero en cuestión ya haya recibido un certificado de residencia.

331.El número de extranjeros que pueden obtener el permiso de residencia en el Reino de Tailandia se determina con arreglo al artículo 40, en el que se establece que el Ministro del Interior, con la aprobación del Consejo de Ministros, tiene autoridad para determinar el número anual de extranjeros que obtendrán la residencia. El número anual de extranjeros que puedan obtener el permiso de residencia no deberá exceder de 100 por cada nacionalidad, y los apátridas de los 50. Sin embargo, determinados tipos de personas, como se prevé en los artículos 42 y 43, no figurarán en el anuncio del Ministro.

332.Actualmente se está preparando un proyecto de ley destinado a dar facilidades a los extranjeros para llevar a cabo más actividades empresariales en Tailandia. Se trata del proyecto de ley sobre actividades empresariales de los extranjeros. Esta ley deroga el anuncio Nº 281 del Partido Revolucionario (1972), que limitaba estrictamente el derecho de los extranjeros a realizar actividades empresariales en Tailandia. El proyecto de ley es compatible con la política de la OMC, que tiene el objetivo de lograr que sus países miembros abran sus países al libre comercio y al trato NMF. Pero el proyecto de ley ha tenido muchos defensores y detractores.

Derecho a entrar en el propio país

333.De conformidad con el artículo 36 de la Constitución del Reino de Tailandia y la Ley de inmigración (1979), ninguna persona de nacionalidad tailandesa será deportada y no se le prohibirá la entrada en el Reino.

Deportación de un extranjero por una decisión adoptada en virtud de la ley

334.Los extranjeros que entren legalmente en el país gozarán de derechos y estarán protegidos por la ley. Los extranjeros podrán ser deportados a sus países de conformidad con las siguientes leyes:

a)Ley de inmigración (1979);

b)Ley de la fijación de precios de las mercancías y contra el monopolio (1979);

c)Ley de deportación (1956);

d)Ley de deportación Nº 3 (1978).

335.De conformidad con la Ley de inmigración (1979), un extranjero será deportado si ha entrado en el país sin permiso, si ha entrado con permiso pero dicho permiso ha expirado y ha permanecido en el país más allá del plazo, o si ha entrado en el país con permiso pero se le ha retirado dicho permiso.

336.Los migrantes de los países vecinos son considerados inmigrantes ilegales de conformidad con el artículo 12 de la Ley de inmigración (1979). Un extranjero que entra ilegalmente en el Reino de Tailandia debe ser castigado como inmigrante ilegal. Sin embargo, anteriormente Tailandia no aplicaba estrictamente dicha ley a los migrantes o las personas que entraban ilegalmente en el país debido a que, de conformidad con la política declarada por el Gobierno a la Asamblea Nacional en 1980, se aplicaría un importante principio de carácter humanitario para proporcionar asistencia a los inmigrantes, que iría a la par del principio de soberanía y seguridad nacionales. Sin embargo, el principal objetivo es permitir únicamente la permanencia temporal de los migrantes y ayudarlos luego a regresar a sus países de origen o a reubicarse en terceros países lo antes posible.

337.Tailandia ha resuelto los problemas de los refugiados procedentes de Indochina (Camboya, Viet Nam y la República Democrática Popular Lao) de la siguiente manera:

Los inmigrantes y refugiados que huyeron de los conflictos armados en Camboya se dividen en tres grupos. El primer grupo, integrado por 15.173 personas, huyó del régimen comunista hacia territorio tailandés desde 1975. El segundo grupo, integrado por unas 100.000 personas, huyó de la invasión vietnamita de Phnom Pehn el 7 de enero de 1979. Estos dos grupos han recibido asistencia del ACNUR para reasentarse en terceros países de conformidad con acuerdos entre los países interesados y el ACNUR. El tercer grupo, integrado por unos 370.000 camboyanos, huyó hacia la frontera con Tailandia cuando las fuerzas militares vietnamitas realizaron una incursión de gran escala contra grupos de la resistencia a fines de 1984. El ACNUR envió a todos los integrantes del tercer grupo de regreso a su país de origen el 7 de mayo de 1993. Esta medida se adoptó de conformidad con el memorando de entendimiento entre el Gobierno de Tailandia, el Consejo Nacional de Camboya y el ACNUR.

338.Después del golpe de Estado ocurrido en Camboya en julio de 1998, las personas que huían del conflicto armado volvieron a entrar en Tailandia. Posteriormente se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas militares de Camboya y las fuerzas del Príncipe Ranaridh en Osmed. En consecuencia, miles de camboyanos entraron en territorio tailandés por el distrito de Kabcheung, provincia de Surin. Después, varios miles de camboyanos que se encontraban en una zona controlada por el Khmer Rouge escaparon de la ciudad de Allongweng, que fue posteriormente tomada por las fuerzas del Gobierno. En total 64.000 camboyanos huyeron hacia el distrito de Phusing, situado en la provincia de Srisaket.

339.El Gobierno de Tailandia organizó dos reuniones tripartitas entre Tailandia, Camboya y el ACNUR para abordar estos problemas, el 27 de abril de 1998 y el 15 de febrero de 1999, respectivamente. En la primera reunión, que se celebró en Bangkok, se convino en enviar a 64.000 personas que habían huido a Tailandia de regreso a su país de origen, de conformidad con el principio de retorno voluntario del Acuerdo de Paz de París. No obstante, en ese momento Camboya se estaba preparando para las elecciones y el Khmer Rouge aún tenía influencia en la zona fronteriza entre Tailandia y Camboya. En consecuencia, no fue posible enviar a esas personas de regreso a Camboya. Como resultado, se permitió que esas personas permanecieran en dos zonas del territorio tailandés: 1) en las zonas de Phunoi y Baan Na Tambon, distrito de Phusing, provincia de Srisaket y 2) en la zona de Chong Khao Ploo, distrito de Muang, provincia de Trad. En espera de la celebración de la segunda reunión tripartita entre Tailandia, Camboya y el ACNUR, varias personas de este grupo regresaron voluntariamente a su país de origen.

340.En la segunda reunión tripartita entre Tailandia, Camboya y el ACNUR, celebrada el 15 de febrero de 1999 en Phnom Penh, se examinó el asunto relativo al regreso de los 18.000 refugiados restantes a Camboya antes de la temporada de lluvias. Se hizo hincapié en el retorno voluntario en condiciones de seguridad, así como en la asistencia de la comunidad mundial y del ACNUR en el proceso de repatriación y reinserción en la sociedad sobre la base del principio de fronteras internacionales compartidas. Además, se examinó la manera de resolver los problemas restantes, en particular el problema de las minas terrestres colocadas en las fronteras entre Tailandia y Camboya, y de reparar tres refugios provisionales en Tailandia. En la reunión se convino en que se mantendría la cooperación tripartita como un foro de consulta y vigilancia de los problemas relativos a la asistencia para la reintegración. Posteriormente, el Gobierno de Tailandia cooperó con el ACNUR y Camboya en el retorno de los camboyanos a su país de origen.

Migrantes vietnamitas

341.Después de los cambios políticos que se produjeron en 1975 en Viet Nam, 160.239 migrantes vietnamitas entraron en Tailandia. Tailandia adoptó un plan de acción amplio para resolver los problemas de los migrantes indochinos. El plan fue aprobado en la reunión internacional sobre los problemas de los migrantes indochinos, que se celebró los días 13 y 14 de junio de 1989. El plan establecía los siguientes compromisos para cada una de las partes interesadas: 1) los países de origen debían impedir que sus nacionales salieran ilegalmente de sus respectivos países y debían recibir a las personas que no eran migrantes legítimos de regreso en sus respectivos países; 2) los países de primera recepción debían ofrecerles asilo provisional, de conformidad con los principios humanitarios, y debían organizar entrevistas con los inmigrantes a efectos de su clasificación, y 3) los terceros países debían acoger a los vietnamitas que hubiesen pasado el proceso de entrevistas y clasificación y recibir a los migrantes legítimos para que se asentaran en sus países.

342.En septiembre de 1995, Tailandia y el ACNUR habían logrado enviar a 145.777 vietnamitas para su reasentamiento en terceros países y 11.923 vietnamitas habían regresado voluntariamente a Viet Nam. Quedaban unos 5.199 inmigrantes vietnamitas en Tailandia. Todas las partes interesadas convinieron en enviarlos de regreso a Viet Nam con arreglo al Programa de Retorno Ordenado, que era otra de las opciones, además del retorno voluntario.

343.Tailandia cooperó con Viet Nam y el ACNUR en la elaboración de un memorando de entendimiento tripartito entre Tailandia, Viet Nam y el ACNUR el 26 de diciembre de 1995. Todos los inmigrantes vietnamitas fueron repatriados a su país de origen entre el 29 de junio de 1993 y febrero de 1997.

Migrantes lao

344.A raíz de los cambios políticos que se produjeron en 1975 en Laos, 259.930 migrantes lao entraron en Tailandia. Tailandia no tenía la política de permitir que los migrantes se asentaran en forma permanente. Sin embargo, les permitió permanecer provisionalmente por razones humanitarias, en espera de su reasentamiento en un tercer país o de su regreso a su país de origen. Tailandia, en cooperación con el ACNUR, trasladó a 320.836 migrantes lao para su reasentamiento en terceros países y envió a 128.201 migrantes lao de regreso a su país de origen. Quedaron 1.350 migrantes lao en Tailandia.

345.En el primer período, la solución del problema de los migrantes lao se centró en su envío a terceros países. Sin embargo, en un período posterior, había pocos países interesados en recibir a los migrantes lao. En consecuencia, la solución se centró en el retorno voluntario de los migrantes lao restantes. Esta medida se llevó a cabo mediante la cooperación tripartita entre Tailandia, Laos y el ACNUR, que organizaron una serie de ocho reuniones tripartitas para establecer principios y métodos para el retorno voluntario de los migrantes lao a su país de origen.

346.No obstante, el plan de retorno de los migrantes lao no tuvo éxito. No se alcanzó la meta fijada debido a diversos problemas. Se difundieron rumores de que se obligaba a los migrantes a regresar y los migrantes temían que el regreso no fuera conveniente y que varios países y organizaciones internacionales todavía no pudiesen brindar la asistencia necesaria para atender a las necesidades de los repatriados en Laos. El fracaso se debió principalmente a que se difundió la noticia de que los Estados Unidos de América volverían a recibir a personas de la tribu de la montaña Mong en los Estados Unidos. En consecuencia, la mayoría de los migrantes continuaron viviendo en el centro para migrantes.

347.Por esta razón, el Gobierno de Tailandia permitió que los Estados Unidos llevaran a cabo una vez más el proceso de recepción de los lao que se encontraban en el centro de Ban Na Po para que se reasentaran en los Estados Unidos entre abril y septiembre de 1996. Esta fue la última operación. Después de la finalización del proceso, los Estados Unidos recibieron a 2.762 lao. En consecuencia, quedaron 1.350 lao en el centro de Ban Na Po. Las tres partes (Tailandia, Laos y el ACNUR) convinieron en verificar el estatuto de estas personas. Si después de la verificación, el migrante recibía el estatuto de migrante legítimo, el ACNUR buscaría un tercer país que aceptara recibir a los migrantes de esa categoría. Si después de dicha verificación, quedaban migrantes rechazados, Laos había convenido en aceptarlos en el programa de repatriación voluntaria y el programa de retorno ordenado.

348.El Ministerio del Interior estableció un comité de apelaciones para que verificara el estatuto de los 1.350 lao que quedaban en Tailandia. Como resultado, 182 migrantes lao fueron aceptados y 1.164 fueron rechazados.

349.Posteriormente, se celebró una reunión técnica tripartita entre Tailandia, Laos y el ACNUR en Bangkok el 6 de noviembre de 1998 para resolver el problema en forma permanente dentro del marco tripartito para aplicar el plan de acción amplio por el cual el ACNUR continuaría prestando asistencia para el retorno de los lao a su país de origen y para su reinserción en la sociedad. Sin embargo, Laos insistió en que aceptaría únicamente a los migrantes que regresaran en forma voluntaria. El proceso de solución progresó muy lentamente. Posteriormente se celebró otra reunión tripartita entre Tailandia, Laos y el ACNUR en Vientiane, en la que los Ministros de Relaciones Exteriores de Tailandia y Laos encabezaron sus respectivas delegaciones. En la reunión se examinaron las directrices para la repatriación de los migrantes que habían sido rechazados en el centro de Ban Na Po en el marco del Plan de Acción Amplio y se determinó que el hecho de que no se hubiera protestado contra el retorno serviría como un criterio adicional al regreso voluntario. Se emitió una declaración conjunta para acelerar el proceso de retorno con miras a que todos fueran repatriados antes de fines de noviembre de 1999. A esos efectos, se estableció un comité técnico tripartito para que examinara el plan de acción.

350.En la reunión técnica tripartita celebrada en Bangkok el 4 de agosto de 1999, las tres partes elaboraron un plan de acción y posteriormente el primer grupo, integrado por 282 lao, regresó a Laos el 28 de septiembre de 1999.

351.La revocación del permiso que se otorga a los extranjeros para permanecer en el Reino de Tailandia puede ser de dos tipos:

a)Revocación del permiso que se concede a los extranjeros para permanecer temporalmente en el Reino de Tailandia: en caso de que un extranjero observe un comportamiento contrario a la ley y que las circunstancias exijan la revocación de su permiso, el Comisionado General de la Policía o el comité encargado de examinar los casos de los inmigrantes estarán autorizados para revocar el permiso. En caso de que la revocación fuese efectuada por el Comisionado General de la Policía, el extranjero tendrá derecho a apelar ante el comité encargado de examinar los casos de los inmigrantes dentro del plazo de 48 horas contadas desde el momento en que tomó conocimiento de la orden. La orden del comité encargado de examinar los casos de los inmigrantes será definitiva; por lo tanto, el extranjero no tendrá derecho a apelar contra la orden emitida por dicho comité.

b)La revocación de un permiso de residencia otorgado a un extranjero: en caso de que un extranjero observe un comportamiento contrario a la ley o no cumpla las normas establecidas por el comité encargado de examinar los casos de los inmigrantes, el Comisionado General de la Policía tendrá facultades para remitir el caso a ese comité. Cuando el comité opine que debe revocarse el permiso de residencia, recomendará su revocación. El Ministerio del Interior revocará el permiso y su decisión se considerará definitiva (Ley de inmigración, art. 53).

352.El referido caso de revocación de un permiso de residencia otorgado en virtud del artículo 53 muestra que existen tres niveles de investigación y examen. En consecuencia, incluso si el extranjero no tiene la oportunidad de apelar para que se revise el caso de revocación, el caso es examinado en suficientes instancias.

353.De conformidad con el párrafo 2 del artículo 59 de la Ley de inmigración, si los funcionarios deciden que el extranjero debe ser enviado fuera de Tailandia, y si a esos efectos se requiere una investigación, se aplicarán mutatis mutandislos artículos 19 y 20. Esto supone que los funcionarios pueden detener a un extranjero mientras se realice la investigación o ponerlo en libertad exigiendo una garantía. En este caso el extranjero deberá presentarse ante el funcionario en la fecha y a la hora indicadas. La detención no excederá de 48 horas. Si es necesario extender el período de detención, éste no deberá exceder de 7 días. Si la extensión debe exceder de los 7 días, será necesario obtener una autorización del tribunal para cada detención menor de 12 días.

354.En caso de que se emita la orden de enviar al extranjero de regreso a su país de origen, en espera de que se efectúe el regreso, en el párrafo 3 del artículo 54 se dispone que el funcionario tendrá facultades para autorizar a la persona a permanecer en cualquier lugar, pero el extranjero deberá presentarse ante el funcionario en el lugar, la fecha y la hora indicados. Al mismo tiempo, se solicitará una garantía o una garantía y una fianza. El funcionario podrá mantener al extranjero en detención por el tiempo que considere necesario.

Deportación

355.En el artículo 5 de la Ley de deportación (1956) se prevé la deportación de un extranjero cuando es necesario o para mantener el orden público o la moral. El Ministro del Interior tendrá derecho a ordenar la deportación de un extranjero cuando lo considere conveniente. No obstante, si las circunstancias cambian, podrá revocar la orden de deportación. El extranjero que ha de ser deportado no debe ser tailandés de nacimiento.

356.En el artículo 6 de la Ley de deportación Nº 3 (1978) se establece, en relación con el proceso de retorno, que una vez que se emite una orden para deportar a una persona, el Ministro del Interior o los funcionarios asignados por el Ministro dictarán una orden de detención de esa persona hasta que se efectúe la deportación de conformidad con la orden de deportación.

357.En espera de que el Ministro emita la orden de deportación, el funcionario superior de administración o la policía podrá detener o encarcelar anticipadamente a la persona. En ese caso, las disposiciones del Código de Procedimiento Penal sobre el encarcelamiento y la detención se aplicarán mutatis mutandis.

358.En el artículo 7 de la Ley de deportación se establece que no se permitirá deportar a una persona hasta que se hayan cumplido 15 días contados a partir del día en que se le notificó la orden de deportación y, en caso de apelación, quedará en suspenso la deportación hasta que el Primer Ministro dicte una orden.

359.En el último párrafo del artículo 6 de la Ley de deportación Nº 3 también se establece que cuando se detiene a un extranjero en espera de la orden de deportación, el extranjero puede pedir al Ministro que lo envíe a cualquier lugar en que se pueda alojar en lugar de un centro de detención. El Ministro emitirá una orden a ese respecto si lo considera conveniente y podrá exigir una garantía o una fianza o dictar una orden de libertad bajo palabra y de comparecencia en un lugar designado y en una fecha fijada dentro de un plazo máximo de seis meses.

360.La persona deportada tiene derecho a apelar ante el Primer Ministro, pedir la revocación de la orden de deportación y solicitar que la envíen al extranjero, pero tiene que hacerlo en el plazo de siete días contados a partir del día en que tomó conocimiento de la orden de deportación. El Primer Ministro tiene facultades para revocar la orden de deportación, ordenar una prórroga u ordenar al deportado que se aloje en determinado lugar en vez de la deportación. También puede disponer que se le conceda la libertad vigilada mediante una orden escrita.

361.No hay ninguna ley que prohíba a un extranjero presentar pruebas a las autoridades competentes. También tendrá derecho a recurrir a asesores o a otra persona para que tramiten el caso en su nombre.

362.Además, la Ley de fijación de precios de las mercancías y contra el monopolio (1979) establece que si un tribunal resuelve que un extranjero ha cometido un delito previsto en dicha ley, como fijar un precio menor por una mercancía, acaparar productos controlados, establecer un monopolio o limitar de manera desleal la competencia en el comercio, también tendrá facultades para deportar a esa persona (artículo 45 de la Ley de fijación de precios de las mercancías y contra el monopolio).

363.Un extranjero que entra legalmente en Tailandia puede ser expulsado únicamente sobre la base de una resolución legítima y el extranjero tendrá derecho a pedir una revisión de su caso y apelar contra ese dictamen. Estas medidas son plenamente compatibles con el artículo 13 del Pacto.

Artículo 14

364.La igualdad de las personas se consagra en el artículo 30 de la Constitución del Reino de Tailandia, en el que se dispone:

"Todas las personas son iguales ante la ley y gozarán de igual protección legal.

Los hombres y las mujeres gozarán de iguales derechos.

Queda prohibida toda discriminación injusta contra una persona por motivos de origen, raza, idioma, sexo, edad, condición física o de salud, condición personal, situación económica o social, creencia religiosa, educación u opiniones políticas.

No se considerará que constituyen una discriminación injusta en virtud del párrafo tercero las medidas arbitradas por el Estado con el objeto de eliminar obstáculos o fomentar la capacidad de algunas personas para que ejerzan sus derechos y libertades al igual que las demás personas."

365.El artículo 233 de la Constitución establece asimismo:

"Los juicios y el dictado de sentencias están a cargo de los tribunales, que deben actuar de conformidad con la Constitución y la ley y en nombre del Rey."

Y el artículo 236 dispone:

"Para la celebración de una audiencia judicial se requiere el quórum completo de los magistrados. Si un juez no está presente en la audiencia de un caso, no emitirá su opinión o decisión sobre ese caso, excepto cuando exista fuerza mayor u otra situación de necesidad inevitable prevista en la ley."

366.Anteriormente, sólo había en Tailandia tribunales judiciales y militares. La Constitución actual ha previsto otros dos tipos de tribunales: el Tribunal Constitución y el Tribunal Administrativo. También ha creado una cámara especial en el Tribunal Supremo: la Sala Penal para personas que ocupan cargos políticos.

El Tribunal Constitucional

367.El Tribunal Constitucional decide si una ley contradice la Constitución y se pronuncia con respecto a las atribuciones de diversos órganos previstos en la Constitución. Las audiencias del Tribunal Constitucional serán públicas y las partes interesadas tendrán derecho a expresar sus opiniones antes de que se dicte resolución sobre el caso. Las partes también tienen derecho a solicitar la consulta de documentos relacionados con la parte que solicita esa consulta. El Tribunal también puede autorizar a una parte a que formule una queja con respecto a uno o más magistrados del Tribunal Constitucional. Las decisiones o resoluciones del Tribunal Constitucional serán fundadas (artículo 269 de la Constitución).

El Tribunal Administrativo

368.El Tribunal Administrativo celebrará audiencias y dictará resolución en los casos planteados entre el Gobierno o un organismo gubernamental y personas privadas, o en controversias planteadas entre organismos gubernamentales, resultantes de acciones u omisiones previstas en la legislación.

El Tribunal Constitucional

369.El Tribunal Constitucional ha comenzado a funcionar y ha resuelto varios asuntos constitucionales. En cambio, el Tribunal Administrativo aún no se ha constituido en la fecha de redacción del presente informe.

370.La independencia del Tribunal se garantiza en los párrafos 1 y 2 del artículo 249 de la Constitución, en los que se establece:

"Los magistrados son independientes en la celebración de juicios y el dictado de sentencias, de conformidad con la Constitución y la legislación.

La celebración de juicios y el dictado de sentencias a cargo de los jueces no serán objeto de supervisión jerárquica."

El Tribunal Judicial

371.En la actualidad los tribunales judiciales no dependen del Ministerio de Justicia. Gozan de independencia en la celebración de juicios y el dictado de sentencias. El Ministerio de Justicia sólo realiza funciones de secretaría, y presta apoyo a la labor de los tribunales, tanto en materia de gestión financiera como de gestión del personal de servicios generales.

372.Los jueces deben aprobar el examen selectivo organizado por el Ministerio de Justicia. Después de aprobar este examen, deben recibir capacitación como jueces auxiliares durante al menos un año antes de que puedan desempeñar funciones como jueces.

373.Los jueces gozan de independencia en el cumplimiento de sus deberes. En la tramitación de los asuntos, los jueces serán responsables de los expedientes que se les asignen y de la celebración de las audiencias. Al resolver los asuntos, procurarán la asistencia de otros jueces para la formación de quórum. En los tribunales de primera instancia, el quórum estará constituido por un solo juez. En los tribunales de apelación y el Tribunal Supremo, el quórum estará constituido por tres magistrados.

374.La tramitación de los asuntos y la gestión de los expedientes estarán a cargo del Presidente del Tribunal, quien distribuirá los asuntos que serán tramitados por cada uno de los jueces. El Presidente del Tribunal no tiene facultades para dar instrucciones a un juez para que actúe con arreglo a la voluntad del Presidente del Tribunal. No obstante, puede expresar una opinión en disidencia. La Constitución (1997) ha establecido un nuevo sistema judicial para garantizar su independencia y neutralidad con respecto al poder ejecutivo. Así, en el artículo 273 se establece que la designación y la remoción de los jueces deberá ser aprobada por la Comisión Judicial y posteriormente se informará de ello al Rey (quien emitirá una proclamación en consecuencia).

375.Los ascensos, aumentos de sueldo y las sanciones dictadas contra los jueces deberán ser aprobadas por la Comisión Judicial. Al desempeñar estas funciones, la Comisión Judicial ha establecido subcomités para cada nivel de tribunal, los que formulan opiniones para su consideración ulterior.

376.La Comisión Judicial está integrada por el Presidente del Tribunal Supremo, que desempeña la presidencia, y jueces cualificados pertenecientes a cada uno de los tribunales, que suman en total 12 miembros; los jueces pertenecen a cada uno de los niveles de tribunales y son votados por los jueces de todos los niveles; forman parte de la Comisión Judicial otros dos miembros cualificados, que no son ni nunca han sido funcionarios judiciales, y son designados por el Senado.

377.Por otra parte, los tribunales judiciales serán separados del Ministerio de Justicia en el futuro próximo. Habrá una oficina de secretaría de los tribunales judiciales, que será una unidad independiente y dependerá directamente del Presidente del Tribunal Supremo; la Oficina del Poder Judicial tendrá independencia en lo relativo a la gestión del personal y asuntos presupuestarios y de otra índole. Así lo establecen los artículos 274 y 275 de la Constitución. En la actualidad se está redactando la ley destinada a aplicar las disposiciones citadas de la Constitución.

378.El Instituto de Formación de Funcionarios Judiciales tiene a su cargo la capacitación de los jueces, a fin de que adquieran conocimientos jurídicos actualizados, incluido el derecho internacional. Se ha impartido capacitación sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los jueces deben tener amplios conocimientos en materia de derechos humanos. En varios casos, los derechos invocados han sido confirmados con arreglo a los principios de derechos humanos.

Procedimiento judicial público

379.En virtud del Código de Procedimiento Penal, el enjuiciamiento y la presentación de pruebas en asuntos penales se llevarán a cabo en sesiones públicas y en presencia del acusado, salvo que la ley disponga lo contrario (art. 172).

380.No obstante, el Tribunal podrá, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, ordenar que el juicio se lleve a cabo a puerta cerrada, siempre que esto se fundamente en razones de orden público o de moralidad, o con la finalidad de evitar la divulgación pública de secretos relativos a la seguridad del Estado (art. 177). En todo caso, el demandado y el acusado, incluidos sus abogados, y las personas autorizadas por el Tribunal, tendrán derecho a estar presentes en la sala de la audiencia.

381.La lectura de la sentencia se realizará en sesión pública, el día que haya finalizado el juicio o dentro de los tres días siguientes, a menos que haya motivos suficientes para aplazar la lectura (art. 182).

382.Después de que la sentencia se haya hecho pública, las partes o las personas interesadas tienen derecho a fotocopiar o a hacer copias de la sentencia, y los medios de comunicación tienen derecho a solicitar al Tribunal autorización para hacer una copia de la sentencia a los fines de su publicación. Los medios de comunicación tienen derecho a estar presentes en todo juicio que no se realice a puerta cerrada, pero no pueden televisar ni tomar fotografías en la sala de audiencias.

383.El enjuiciamiento de casos relacionados con niños o menores se celebrará siempre a puerta cerrada, a fin de proteger los intereses de los niños o los menores de que se trate. (Ley de establecimiento de tribunales y procedimientos de menores y de familia (1991), arts. 73 y 79.)

El derecho de los presuntos delincuentes o de los acusados a la presunción de inocencia

384.El artículo 33 de la Constitución establece:

"Se presumirá la inocencia de los presuntos delincuentes o de los acusados en asuntos penales.

Antes de que se dicte una sentencia definitiva por la que se condene a una persona por haber cometido un delito, dicha persona no será tratada como condenada."

385.En el último párrafo del artículo 165 del Código de Procedimiento Penal se establece que "antes de que sea admitida la acusación, el acusado no será tratado como tal" y que, en la prueba de la culpabilidad del acusado, el fiscal tendrá en todos los casos la obligación de probar que ha existido un delito y de que el acusado es su autor (art. 174). Si hay una duda razonable respecto de que el acusado haya cometido o no el delito, se le concederá el beneficio de la duda (art. 227).

386.Estos son los principios jurídicos aplicados por los tribunales desde hace mucho tiempo.

El derecho a una protección mínima

387.En el artículo 134 del Código de Procedimiento Penal se establece lo siguiente con respecto a la investigación de que es objeto el presunto delincuente:

"Cuando el presunto delincuente es citado o llevado ante el funcionario encargado de la investigación o se presenta voluntariamente ante el mismo o cuando una persona que comparece ante este funcionario resulta ser el presunto delincuente, dicho funcionario le preguntará su nombre, apellido, nacionalidad, protección jurídica, parentesco, edad, profesión, lugar de residencia y lugar de nacimiento, y le comunicará el delito del que se lo acusa, y le hará saber que todo lo que diga podrá utilizarse como prueba en su contra durante el juicio. Se dejará constancia de toda declaración formulada voluntariamente por dicha persona. Si el presunto delincuente no desea formular ninguna declaración, se dejará constancia de ello."

388.Con respecto a los presuntos delincuentes extranjeros, la ley establece que se les proporcionará un intérprete cuando no entiendan el idioma tailandés. El artículo 13 dispone lo siguiente sobre el procedimiento ante el tribunal:

"La investigación, la instrucción preliminar y el juicio se llevarán a cabo en el idioma tailandés; si resulta necesario traducir el tailandés a un idioma extranjero o un idioma extranjero al tailandés, se solicitará la asistencia de un intérprete."

389.El intérprete encargado de interpretar una declaración, un testimonio u otro asunto, deberá desempeñar sus funciones correctamente. El intérprete deberá prestar juramento o afirmar que desempeñará sus funciones concienzudamente sin añadir ni suprimir nada.

390.El intérprete estampará su firma en la traducción.

391.Cuando la víctima, el presunto delincuente, el acusado o el testigo no puedan hablar o entender el idioma tailandés y no tengan intérprete, el funcionario encargado de la investigación, el fiscal o el tribunal pondrán a su disposición un intérprete sin demora.

392.El funcionario encargado de la investigación, el ministerio fiscal o el tribunal pagará los honorarios del intérprete de conformidad con el Reglamento del Ministerio del Interior, la Oficina del Procurador General o el Ministerio de Justicia, según corresponda, con la aprobación del Ministerio de Hacienda.

393.En la actualidad, el Ministerio de Justicia ha solicitado la cooperación de ONG y de institutos de educación con el objeto de proporcionar intérpretes voluntarios a los presuntos delincuentes extranjeros. Esas personas son remuneradas con arreglo a la reglamentación del Ministerio de Justicia.

Derecho a preparar la defensa

394.El derecho a preparar la defensa del acusado está previsto actualmente en el párrafo 3 del artículo 239, en el que se establece que las personas que se encuentran bajo custodia, detenidas o encarceladas, tienen derecho a consultar a su abogado en privado y a recibir visitas cuando proceda. Además, en la reglamentación relativa a la tramitación de un caso ante el Departamento de Policía se ha establecido que el funcionario policial o el funcionario encargado de la investigación facilitará razonablemente una reunión en privado entre el presunto delincuente y su abogado.

395.Además, el interrogatorio del presunto delincuente en la etapa de investigación se rige por lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 241 de la Constitución, en el que se establece que el presunto delincuente o el sospechoso tiene derecho a que un abogado o una persona de su confianza asista al interrogatorio. El objeto de esto es evitar todo engaño o presión por los que se apremie a la persona sospechosa o al presunto delincuente para que responda de forma ajena a su voluntad. El acusado en un asunto penal tiene derecho a examinar su declaración o a hacer una copia de la misma cuando el ministerio fiscal ya ha presentado el caso ante el tribunal. Además, el acusado y las personas interesadas tienen derecho a conocer un resumen de las pruebas en esta etapa de investigación, así como el dictamen del ministerio público en la presentación del caso (párrafos 3 y 4 del artículo 241 de la Constitución).

396.Con respecto al derecho del acusado a contar con asistencia letrada, el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal dispone que el acusado tendrá derecho a designar un abogado durante la instrucción preliminar, a hablar en privado con su abogado o futuro abogado, a consultar el expediente de la instrucción preliminar o del juicio y hacer copias del mismo, y a consultar las pruebas y hacer copias o fotocopias de las mismas.

397.En cuanto a la asistencia letrada del presunto delincuente o del acusado, el artículo 242 de la Constitución establece:

"En un asunto penal, la persona sospechosa o acusada tiene derecho a que el Estado le preste asistencia, poniendo a su disposición un abogado, según lo establecido por la ley. Cuando una persona que se encuentra bajo custodia o detenida no pueda encontrar un abogado, el Estado pondrá a su disposición un abogado sin demora."

398.En el artículo 173 del Código de Procedimiento Penal se establece:

"En el caso de delitos castigados con la pena capital, el tribunal, antes de comenzar el juicio, preguntará al acusado si tiene o no abogado; si no lo tiene, el tribunal le designará uno.

En el caso de delitos castigados con penas de prisión o cuando el acusado no tenga más de 18 años de edad en el día en que quede sometido al tribunal, éste, antes de comenzar el juicio, preguntará al acusado si tiene o no abogado; si no lo tiene y solicita un abogado, el tribunal le designará uno.

El tribunal pagará la remuneración y los gastos del abogado designado con arreglo al presente artículo, de conformidad con el Reglamento del Ministerio de Justicia."

399.En el artículo 55 de la Ley de organización del Tribunal Militar (1956) se establece que el Tribunal Militar proporcionará a los acusados asistencia jurídica en las actuaciones tramitadas ante dicho Tribunal; existe un departamento que tiene a su cargo la designación de un abogado cuando así lo ordena el Tribunal Militar.

Derecho a examinar a los testigos de cargo

400.Con arreglo al Código de Procedimiento Penal, el acusado tiene derecho a consultar el expediente y las pruebas presentadas por el fiscal (art. 8). Con respecto a las pruebas que forman parte de la investigación y que el acusado no tiene derecho a examinar en el trámite ante el tribunal, éste las considerará sólo como pruebas corroborativas y no se basará exclusivamente en ellas para condenar al acusado.

401.Además, en el artículo 15 del Código de Procedimiento Penal se dispone que el Código de Procedimiento Civil se aplicará a los asuntos penales mutatis mutandis. Esto significa que, si un testigo presta declaración contra la parte que lo ha propuesto, esa parte puede solicitar autorización al tribunal para examinar a dicho testigo como si fuera un testigo propuesto por la otra parte.

Derecho a la celebración del juicio sin demoras innecesarias

402.En el párrafo 1 del artículo 241 de la Constitución se establece:

"En los asuntos penales, la persona sospechosa o acusada tendrá derecho a una instrucción y un juicio rápidos, justos y sin interrupciones.

Durante la instrucción del sumario, la persona sospechosa tendrá derecho a que un abogado o una persona de su confianza asista a los interrogatorios.

En los asuntos penales, la víctima y el acusado tendrán derecho a consultar su declaración formulada durante la instrucción o a solicitar una copia de la misma, o a consultar los documentos pertinentes, cuando el ministerio fiscal haya promovido el enjuiciamiento de conformidad con la ley.

En los asuntos penales en los cuales el ministerio público desiste definitivamente de la acusación, la víctima, la persona sospechosa o la persona interesada tiene derecho a conocer un resumen de las pruebas, así como el dictamen del funcionario encargado de la investigación y del ministerio público con respecto a la resolución dictada en el asunto, según lo previsto en la ley."

403.En la actualidad, se ha de reconocer que existen demoras en los procedimientos penales, tanto en las investigaciones, las acusaciones o los juicios ante los tribunales. Tailandia reconoce estos problemas y está tratando de revisarlos y corregirlos.

Prohibición de declarar contra sí mismo

404.En el artículo 243 de la Constitución se establece:

"Toda persona tiene derecho a no formular contra sí misma una declaración que pueda dar lugar a un enjuiciamiento penal en su contra.

Toda declaración de una persona obtenida mediante un incentivo, promesa, amenaza, engaño, tortura, coacción física o cualquier otro acto ilícito no será admitida como prueba."

405.Además, en el Código de Procedimiento Penal se establece la protección de los testigos, que no están obligados a responder a preguntas que puedan, directa o indirectamente, incriminarlos; cuando se plantee una cuestión de este tipo, el tribunal deberá prevenir al testigo.

Derechos de los niños y los menores en asuntos penales

406.Cuando el acusado es un niño o un menor, la Ley de establecimiento de tribunales y procedimientos de menores y de familia (1991) establece en sus artículos 72 y 78 que el enjuiciamiento penal cuando los acusados sean niños o menores se llevará a cabo en una sala que no sea una sala de audiencias ordinaria y se efectuará a puerta cerrada. Sólo las personas relacionadas con el caso tendrán derecho a asistir al juicio.

407.Durante el juicio, el tribunal dejará constancia de la edad, los antecedentes, la conducta, la capacidad intelectual, la educación y formación, la salud, la condición mental, los hábitos, la ocupación y la situación jurídica del acusado; también se tendrán en cuenta todas las circunstancias del acusado y las de sus padres, tutores y personas con las que el acusado ha vivido o que le han impartido educación o le han dado trabajo.

408.En la actualidad se ha promulgado una enmienda del Código de Procedimiento Penal (Nº 20) (1999). En lo esencial, esta ley revisa el método de investigación de los niños que son víctimas o que prestan declaración como testigos ante los tribunales y tienen menos de 18 años de edad. En esa ley se establece también que deben estar presentes en el interrogatorio del niño un psiquiatra, un asistente social y la persona que indique el niño o el ministerio público.

409.En el enjuiciamiento de un niño o un menor, la ley requiere que el tribunal tenga en cuenta el bienestar y el futuro del niño o el menor, lo que se debe centrar en la reforma y no en el castigo. Además, en el enjuiciamiento y la condena de un niño o un menor el tribunal deberá tener en cuenta el carácter, la salud y la condición mental del niño o el menor y deberá dictar una pena o modificarla, o bien aplicar el método que se ajuste al niño o al menor y a su conducta en cada caso particular, incluso si el niño o el menor han cometido el delito junto con otras personas (art. 82).

Derecho a apelar ante tribunales superiores

410.En las condiciones fijadas en las leyes respectivas, las personas condenadas en asuntos penales, tanto ante tribunales judiciales como militares, tienen derecho a apelar ante el Tribunal Supremo o el Tribunal Militar Superior.

Derecho a que se reabra el caso

411.En el artículo 247 de la Constitución se establece:

"Cuando se haya sancionado penalmente a una persona mediante una sentencia definitiva, esa persona, una persona interesada o el ministerio público pueden solicitar la revisión del caso. Si, a juicio del tribunal que revise el caso, dicha persona no ha cometido el delito, la misma o sus herederos tendrán derecho a una indemnización adecuada, al reembolso de las costas y a recuperar todo derecho perdido en virtud del juicio, en las condiciones y la forma previstas en la ley."

412.En la actualidad, la reapertura de un caso se debe llevar a cabo de conformidad con la Ley sobre la reapertura de procesos penales (1983). En el artículo 14 de dicha ley se prevé la devolución de bienes o de dinero, o una indemnización calculada sobre una base diaria más los intereses; si se ha dictado una condena a la pena capital y ésta se ha ejecutado, se concederá una indemnización no superior a 200.000 baht. Si la persona a la que se impone la pena es un menor, el tribunal aplicará una pena razonable.

413.La reapertura de un proceso penal se puede llevar a cabo ante los tribunales civiles y también ante los tribunales militares.

Derecho del acusado a quien se declara inocente

414.En el artículo 246 de la Constitución se establece:

"Toda persona que haya sido acusada en un asunto penal y haya estado detenida durante el juicio, si en la sentencia definitiva se establece que el acusado no ha cometido el delito o que el acto del acusado no constituye delito, tendrá derecho a una indemnización adecuada, al reembolso de las costas y a la recuperación de todo derecho perdido a causa de ese incidente, en las condiciones y en la forma previstas en la ley."

415.A la fecha de redacción del presente informe aún no se ha promulgado ninguna ley tailandesa sobre esta materia. No obstante, la promulgación de esa ley se acelerará a fin de dar cumplimiento a la Constitución. Esto se ajusta a lo indicado en el párrafo 130 del informe.

Derecho de las víctimas de delitos

416.En el artículo 245 de la Constitución se prevé el reconocimiento del derecho de las víctimas de un delito a ser protegidas y a recibir del Estado un trato apropiado y una indemnización necesaria y razonable, según lo establecido en la ley.

417.Este principio sobre los derechos de las víctimas de delitos es nuevo en Tailandia y tiene por objeto proteger de igual forma los derechos de los presuntos delincuentes, los acusados, los condenados y las víctimas de delitos, según lo establecido en el artículo 30 de la Constitución.

418.En la actualidad, el Ministerio de Justicia ha propuesto al Gobierno un proyecto de ley sobre indemnizaciones a las víctimas e indemnizaciones y pago de las costas a los acusados en asuntos penales. Un principio básico de este proyecto de ley es el establecimiento de un fondo de indemnizaciones para las víctimas y los acusados en asuntos penales. En la actualidad, las personas que han sido víctimas de delitos están en una situación difícil, ya que carecen de toda ayuda para reclamar daños y perjuicios a los autores del delito. En algunas ocasiones, los funcionarios no han podido detener a los delincuentes o bien éstos carecen de medios para indemnizar a las víctimas de delitos. Además, la detención del presunto delincuente o del acusado puede ser errónea. Cuando el juicio llega a su fin, es posible que el presunto culpable o el acusado sean declarados inocentes, pero sin embargo han estado detenidos o han sufrido otros perjuicios durante el proceso. En el pasado, estos perjuicios debían ser soportados únicamente por las personas afectadas. Por consiguiente, el Gobierno debe hacerse cargo en parte de los daños y perjuicios ocasionados. Esto se ajusta a lo dispuesto en el artículo 246 de la Constitución.

Derecho a no ser castigado dos veces por el mismo delito

419.Ninguna persona debe ser juzgada o castigada nuevamente por un delito respecto del cual ya ha sido juzgada. Este principio jurídico está consagrado en el Código de Procedimiento Penal, que establece en el párrafo 4 de su artículo 39:

"El derecho a incoar un enjuiciamiento penal se extingue... 4) por una sentencia definitiva relativa al delito por el cual se ha incoado el proceso."

420.Por aplicación de este principio, las personas contra las que ya se ha dictado una pena fuera del país en ciertos tipos de delitos no podrán ser penadas nuevamente (artículos 10 y 11 del Código Penal).

421.Cuando una persona ha cometido un delito en Tailandia o ha cometido un delito que el Código Penal considera como cometido en el Reino y ha sido acusada en un país extranjero a solicitud del Gobierno de Tailandia, el Código Penal prohíbe que se castigue a esa persona nuevamente en el Reino si se ha dictado una sentencia absolutoria definitiva ante el tribunal del país extranjero, o bien el tribunal del país extranjero la ha condenado y la persona ha cumplido la pena.

Artículo 15

422.Con respecto a la responsabilidad penal, en algunas disposiciones de la Constitución y del Código Penal se concede protección en virtud del principio jurídico general de que las leyes penales no deben tener efectos retroactivos respecto de hechos o acontecimientos ocurridos antes de la fecha de entrada en vigor de la ley. Aparte de esto, la legislación contiene disposiciones que exigen la aplicación a hechos pasados de disposiciones legislativas que beneficien al acusado. Esto significa que si la ley vigente en el momento de comisión del delito es diferente de la ley aplicada posteriormente, se aplicará al acusado la ley que más lo beneficia. En este sentido, en el artículo 32 de la Constitución se establece:

"No se aplicará a ninguna persona una sanción penal si dicha persona no ha cometido un acto respecto del cual la ley vigente en el momento de su comisión establece que se trata de un delito e impone una pena; la pena que se imponga a esa persona no será superior a la establecida en la ley que esté en vigor en el momento de la comisión del delito."

423.En el párrafo 1 del artículo 2 del Código Penal se establece:

"Una persona podrá ser castigada penalmente sólo cuando el acto que ha realizado constituya un delito y la pena correspondiente esté definida en la legislación en vigor en el momento de la comisión del delito; la pena aplicada al autor del delito será la prevista en la ley."

424.El Tribunal Supremo o Tribunal Dika, que es el tribunal judicial superior, ha decidido en dos ocasiones que una ley que establece penas era inconstitucional porque tenía efecto retroactivo. Se trata de las Decisiones Dika Nº 1/2489 (1946) y Dika Nº 921/2536 (1993).

425.Por otra parte, en el artículo 3 del Código Penal se establece:

"Si la ley que está en vigor en la fecha en que se comete el delito es diferente de la ley vigente con posterioridad a la comisión del delito, se aplicará la ley que sea de cualquier modo más favorable al autor del delito, salvo que se haya dictado una condena definitiva. Sin embargo, en este último caso:

a)Si el autor del delito aún no ha cumplido la pena o si la está cumpliendo, y la pena impuesta en el juicio es más severa que la prevista en la ley posterior, cuando el Tribunal así lo constate en el expediente del caso, o cuando el autor del delito, su representante legal o la persona encargada de su custodia, o el ministerio público, así lo soliciten, el Tribunal volverá a fijar la pena con arreglo a la ley posterior. Cuando el Tribunal fija una nueva pena, si el autor del delito ha cumplido una parte de la pena establecida, el Tribunal, teniendo en cuenta la pena establecida en la ley posterior podrá, si lo considera procedente, fijar una pena inferior a la pena mínima prevista en la ley posterior, o bien, si considera que la pena ya cumplida por el autor del delito es suficiente, podrá dejarlo en libertad.

b)Si el Tribunal ha dictado la pena capital contra el autor del delito pero, con arreglo a la ley posterior, la pena correspondiente es inferior, la ejecución del autor del delito se suspenderá, y se considerará que la pena capital ha sido reemplazada por la pena máxima establecida con arreglo a la ley posterior."

426.El Tribunal Supremo de Tailandia confirmó este principio en la Decisión Dika Nº 470/2525 (1983) y resolvió que el acusado había cometido el delito de posesión de estupefacientes con el objeto de venderlos y distribuirlos antes de la entrada en vigor de la Ley de estupefacientes (1979). El Tribunal Supremo decidió que la pena aplicable era la prevista en la ley anterior y que este aspecto era inherente al caso planteado. El Tribunal Supremo tiene facultades para adoptar una decisión con respecto al otro autor del delito que no había apelado ante dicho Tribunal.

Artículo 16

427.En virtud de un principio de derecho general de Tailandia, toda persona tiene derecho a ser reconocida como persona de conformidad con la ley, obteniendo protección de los derechos y libertades previstos en la misma, y puede ejercer sus derechos y libertades con arreglo a las condiciones y principios establecidos en la ley. Cuando se produce una violación de los derechos y libertades, toda persona será protegida mediante un proceso judicial del Estado y otras medidas necesarias para reparar el daño que se le ha ocasionado, según lo previsto en la ley.

428.El artículo 29 de la Constitución establece:

"No se limitarán los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, salvo en virtud de las disposiciones de una ley promulgada expresamente con el propósito determinado en la presente Constitución y únicamente en la medida de lo necesario, y siempre que no afecte a la esencia de esos derechos y libertades.

La ley a la que se refiere el párrafo precedente tendrá un carácter general y no estará destinada a aplicarse a una persona o a un caso particular; además, se mencionará en esa ley la disposición de la Constitución que autoriza su promulgación..."

Artículo 17

429.La Constitución establece la protección de la libertad personal de las personas o el derecho a la intimidad en su artículo 34, que establece:

"Se protegerán los derechos de familia, la dignidad, la reputación y el derecho a la intimidad de toda persona.

No se dará a conocer por ningún medio al público ni se distribuirá ninguna declaración o fotografía que viole o afecte los derechos de familia, la dignidad, la reputación o el derecho a la intimidad de toda persona, excepto cuando ello beneficie al interés público."

430.En el artículo 35 se establece:

"Toda persona gozará del derecho a la privacidad de su vivienda.

Toda persona estará protegida con respecto a la habitación pacífica y la posesión de su vivienda. La entrada en una vivienda sin el consentimiento de su titular o la inspección de la misma están prohibidas, salvo que así lo disponga la ley."

431.El artículo 37 establece:

"Toda persona gozará de la libertad de comunicación por medios lícitos.

No se censurará, retendrá ni divulgará la comunicación entre personas, ni se realizará cualquier otro acto por el que se divulgue una declaración contenida en una comunicación entre personas, salvo en virtud de las disposiciones de una ley promulgada específicamente a los fines de la seguridad del Estado o el mantenimiento de la moral o el orden públicos."

432.La intervención o la intromisión en la intimidad de una persona en Tailandia puede ser ocasionada por la acción de una persona privada, un magistrado o el Estado.

433.La intromisión llevada a cabo por una persona privada o un magistrado puede consistir en la obtención furtiva de fotografías, las escuchas telefónicas, el seguimiento mediante un detective privado o un medio de comunicación, la recogida de datos privados contenidos en una computadora o un banco de datos, etc.

434.La intromisión realizada por el Estado puede consistir, por ejemplo, en el registro, la investigación con el objeto de hacer cumplir diversas leyes, el reconocimiento y registro de cartas o documentos remitidos a un presunto delincuente o una persona acusada penalmente durante una investigación o una audiencia judicial llevada a cabo con arreglo al artículo 105 del Código de Procedimiento Penal (1934), incluida la censura de cartas y bienes pertenecientes a una persona detenida, en virtud de la Ley de instituciones penitenciarias (1936). No obstante, la intervención del Estado se puede llevar a cabo cuando una disposición legal así lo autoriza.

435.En la actualidad, Tailandia no dispone de una ley que proteja específicamente el derecho a la intimidad. La protección está a cargo de un principio general del derecho, por ejemplo:

En virtud del artículo 420 del Código Civil y de Comercio, la violación de la intimidad puede ser considerada como la violación de uno de los derechos previstos en el artículo 420, y el artículo 421 establece que el ejercicio de derechos que meramente causen perjuicio a otras personas constituye un abuso de derecho y se considera ilícito, por ejemplo, acecho, la toma furtiva de fotografías o la grabación vocal que cause perjuicio a la persona cuyos derechos se infringen.

436.Por consiguiente, toda persona que se vea perjudicada por la violación de su intimidad puede ejercer su derecho, en virtud de la ley mencionada, de reclamar daños y perjuicios ante un tribunal fundándose en la violación de su derecho a la intimidad, como en los demás casos de daños y perjuicios. El Tribunal podrá ordenar que el demandado deje de violar el derecho a la intimidad y pague una indemnización, siempre que el demandante pueda probar ante el tribunal que ha existido una violación de su derecho, así como la existencia del perjuicio.

437.La violación del derecho a la intimidad causa por lo general un perjuicio moral, pero en los fallos dictados por el Tribunal Supremo de Tailandia no se ha reconocido el resarcimiento del daño moral si no va unido a un daño material. El Tribunal sólo concede la reparación del daño moral cuando existe además un daño material.

Leyes que establecen penas

438.La Ley de telégrafos y teléfonos (1934) establece en su artículo 24 que las escuchas telefónicas constituyen un delito.

439.En el artículo 105 del Código de Procedimiento Penal se requiere un mandamiento judicial para ordenar la retención de cartas, postales y publicaciones y otros documentos enviados por el correo o el telégrafo cuando ese material pertenece al presunto delincuente o al presunto acusado. Sin embargo, en el artículo 105 no se hace referencia a las escuchas telefónicas. Por consiguiente, las escuchas telefónicas constituyen delito, incluso si son realizadas por funcionarios gubernamentales. En el pasado ha habido intentos, por parte del Gobierno, de proponer un proyecto de ley destinado a autorizar a los funcionarios gubernamentales para realizar escuchas telefónicas de comunicaciones privadas por razones de seguridad del Estado o para mantener la ley y el orden o la moral pública; en esos proyectos de ley se requería la autorización de funcionarios administrativos superiores para realizar las escuchas. Este proyecto de ley provocó protestas en todos los sectores porque violaría la libertad de las personas y, por lo tanto, el proyecto de ley finalmente se dejó de lado.

440.La censura del correo de los reclusos para mantener el orden y prevenir la creación de problemas se ajusta a lo dispuesto en la Ley de instituciones penitenciarias (1936) y al Reglamento Ministerial del Ministerio del Interior dictado en virtud del artículo 58 de la Ley de instituciones penitenciarias.

441.Los datos personales consistentes en hechos o cifras destinados a las estadísticas nacionales, deben permanecer secretos. Toda persona que las dé a conocer o las publique sin la debida autorización comete una infracción con arreglo a los artículos 21 y 24 de la Ley de estadística nacional.

442.Las personas que ejercen determinadas profesiones tienen la obligación de mantener el carácter confidencial de la información correspondiente a otras personas. Por ejemplo, un médico no debe divulgar la información confidencial de los pacientes, incluso después de la muerte de los mismos. Esto se establece en el Reglamento del Consejo Médico sobre Deontología de la Profesión Médica, Nº 9, cap. 3. Estas reglas fueron establecidas por el Consejo Médico.

443.En el Reglamento Ministerial del Ministerio de Salud Pública sobre el Código de Conducta de las Profesiones Médicas, que reglamenta la Ley de la práctica del arte de curar (1936) se establece una disposición similar:

"Las personas que ejercen la profesión médica no divulgarán los secretos del paciente que conocen por la práctica de esa profesión, excepto con el consentimiento del paciente o cuando dicha persona actúa con arreglo a la ley o en cumplimiento de su deber."

444.Los abogados también deben guardar los secretos de sus clientes. Así lo establece la Ley de la abogacía (1985). Los abogados tienen que cumplir las normas reglamentarias sobre el ejercicio de su profesión. Si un abogado infringe las normas deontológicas puede ser sancionado con tres tipos de penas: el ejercicio de la profesión de forma vigilada; la prohibición de actuar como abogado durante un período fijo no superior a tres años y la supresión de la lista de abogados.

445.Además, en el artículo 323 del Código Penal se tipifica el delito de revelación de secretos ajenos que pueden cometer determinados tipos de personas:

"Cuando una persona conoce o se entera de un secreto de otra persona en razón de sus funciones como funcionario competente o su profesión de médico, farmacéutico, partera, enfermero, sacerdote, abogado o auditor, o por haberse desempeñado como asistente de esas profesiones, y posteriormente divulga ese secreto de un modo que puede causar daño a otra persona, será castigado con pena de prisión no superior a seis meses o de multa no superior a 1.000 baht, o a ambas penas conjuntamente.

Toda persona que reciba capacitación e instrucción en alguna de las profesiones mencionadas en el párrafo precedente y haya conocido o se haya enterado del secreto de otra persona durante dicha capacitación e instrucción, y divulga ese secreto de una manera que pueda causar daño a otra persona, será castigado con las mismas penas."

446.Las personas cuyo derecho a la intimidad haya sido violado pueden ejercer sus derechos o invocarlos ante los tribunales. Así lo dispone el párrafo 2 del artículo 28 de la Constitución:

"Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos por esta Constitución sean violados podrá invocar las disposiciones de esta Constitución para incoar una demanda o para ejercer su defensa ante los tribunales."

447.En Tailandia se ha observado también un mayor interés en proteger el derecho a la intimidad. Esto se ha manifestado en la promulgación de la Ley de información oficial (1977), que concede a los particulares el derecho a conocer la información oficial, a menos que se trate de datos sobre asuntos privados de terceros.

Artículo 18

448.En el artículo 38 de la Constitución se establece:

"Toda persona gozará de plena libertad para profesar una religión o una secta o creencia religiosa y para observar preceptos religiosos o ejercer una forma de culto de conformidad con sus creencias, siempre que ello no sea contrario a sus deberes cívicos, al orden público o a la moral.

En el ejercicio de la libertad mencionada en el párrafo 1, toda persona gozará de protección contra cualquier acto del Estado que menoscabe sus derechos o los beneficios que le corresponden, por el hecho de profesar una religión, una secta o creencia religiosa, u observar preceptos religiosos o ejercer una forma de culto de conformidad con sus creencias, diferentes de los de otras personas."

449.Las libertades mencionadas se relacionan directamente con la libertad de las creencias y convicciones personales, incluida la libertad de expresión de las mismas. Esto forma parte de la libertad de expresión de las opiniones consagrada en el párrafo 1 del artículo 39 de la Constitución, que establece:

"Toda persona gozará de libertad para expresar sus opiniones, hablar en público, escribir, publicar y expresarse por otros medios."

450.La libertad de adoptar una religión o expresar una creencia religiosa en Tailandia se puede ejercer aisladamente o conjuntamente con otras personas en comunidad, y la expresión de las creencias religiosas se puede realizar de forma pública o privada.

451.La libertad de expresar las creencias religiosas o las convicciones incluye el derecho a rendir homenaje a ídolos, lugares o símbolos conforme a las enseñanzas de las propias creencias, la práctica de ceremonias religiosas, el vestirse de conformidad con los usos y costumbres religiosos y la utilización del lenguaje específico del grupo de personas que profesan la misma religión, la libertad para escoger los dirigentes religiosos, sacerdotes y profesores de religión, la libertad de establecer escuelas religiosas para enseñar religión y la libertad de publicar y distribuir enseñanzas religiosas. Tailandia hasta ahora ha concedido la libertad de expresarse en cuestiones religiosas y la libertad de vestirse con arreglo a los usos y costumbres religiosas. En la Ley de tráfico por carretera (1979), artículo 122, se estipula que todo conductor de una motocicleta y su pasajero tienen que llevar un casco de seguridad, pero están exceptuados de esta obligación los sacerdotes y los novicios de la religión budista y los que profesan cualquier otra religión o doctrina y utilizan telas para confeccionar turbantes con arreglo a la costumbre. Estas personas no están obligadas a llevar casco.

452.Tailandia reconoce el derecho de sus ciudadanos y de los extranjeros a profesar y difundir su religión desde hace 1.000 años o incluso más. Esto se puede observar en los antecedentes históricos del budismo, el hinduismo, el brahmanismo y el cristianismo durante la era Sukhothai, el período Sriayuthaya y hasta la actualidad.

453.Aunque aproximadamente el 80% de la población de Tailandia es budista, la Constitución de Tailandia no ha instituido el budismo como religión nacional. El propósito de esto es evitar la separación y la discriminación. Además, en el párrafo 3 del artículo 30 de la Constitución se prohíbe toda discriminación injusta por motivo de diferencias en las creencias religiosas, como se mencionó en el informe sobre el artículo 2.

454.En la actualidad, las religiones que cuentan con el patrocinio del Gobierno son el budismo, el islamismo, el cristianismo, el brahmanismo, el hinduismo y la religión sikh. Esto se establece en el Reglamento de organizaciones religiosas del Departamento de Asuntos Religiosos del Ministerio de Educación, B.E. 2512 (1969), revisado (Nº 2), B.E. 2525 (1982). En virtud del Reglamento, el Gobierno da facilidades a quienes llevan a cabo sus ceremonias religiosas y ayuda a superar obstáculos en el funcionamiento de todas las organizaciones religiosas. También presta asistencia a la estancia en Tailandia de una autoridad religiosa mediante una orden del Departamento de Religión sobre la emisión de una carta de certificación para la prórroga del visado de personalidades religiosas extranjeras, B.E. 2523 (1980).

455.Ahora bien, el artículo 38 de la Constitución no protege la libertad de profesar una religión ni la expresión de la misma que sean contrarias a los deberes cívicos o al orden público o la moral. Por lo tanto, si en una religión hay algún elemento que pueda causar divisiones entre organizaciones religiosas, sea que pertenezcan o no al mismo grupo de religiones, o cuando la propagación de sus enseñanzas sea contraria a los deberes cívicos y las buenas costumbres de la población tailandesa, Tailandia no reconocerá ni patrocinará a ese grupo religioso.

456.La libertad de profesar una religión y la expresión religiosa también están protegidas por el Código Penal, en el que se tipifican delitos contra la religión con el objeto de proteger la libertad religiosa, en los artículos 206 a 208, que se citan a continuación:

a)Artículo 206: "Toda persona que, por cualquier medio, actúa contra un objeto o lugar de culto religioso de cualquier grupo de personas de manera que pueda representar un insulto para esa religión, será castigada con pena de prisión de uno a siete años o multa de 2.000 a 14.000 baht, o a ambas penas conjuntamente."

b)Artículo 207: "Toda persona que perturbe la celebración de una asamblea de seguidores de una religión celebrada lícitamente, durante la celebración de una reunión de culto religioso o la realización de ceremonias religiosas, será castigada con pena de prisión no superior a un año o multa no superior a 2.000 baht, o a ambas penas conjuntamente."

c)Artículo 208: "Toda persona que se vista equívocamente o utilice un símbolo que indique que es un sacerdote o novicio budista o un sacerdote o clérigo de cualquier religión con el objeto de inducir a error a otras personas será castigada con pena de prisión no superior a un año o multa no superior a 2.000 baht, o a ambas penas conjuntamente."

457.La administración de la religión budista o la Sangkha en Tailandia se rige por la Ley de la cofradía budista (1962). Toda persona que desee ser ordenada como monje budista debe respetar dicha ley. Una decisión del Tribunal Supremo del 15 de junio de 1998 condenó a un acusado a una pena de prisión por haber violado el artículo 208 del Código Penal.

458.Por consiguiente, los monjes deben respetar estrictamente la Ley de la cofradía budista (1962) y el Código Penal. Algunos actos, como el establecimiento de una nueva sección budista en Tailandia de manera ilegal o el hecho de ser ordenado en violación de las condiciones legales se consideran como un ejercicio de la libertad religiosa contrario a lo dispuesto en el artículo 38 y constituyen delitos susceptibles de pena en virtud de la Ley de la cofradía budista (1962) o el Código Penal.

459.En lo tocante a la difusión de la educación religiosa y moral a los niños en Tailandia, hay escuelas dominicales budistas en las que se enseñan todas las ramas de los conocimientos budistas e idiomas extranjeros. Estas escuelas han registrado progresos.

460.Las escuelas dominicales budistas que imparten sus enseñanzas en los templos budistas tienen el patrocinio del Departamento de Religión. En Bangkok existen aproximadamente 44 escuelas y en las provincias hay aproximadamente otras 800 escuelas.

461.A las escuelas establecidas por otras religiones, como el cristianismo, el islamismo y el hinduismo, con fines de educación general, también pueden asistir estudiantes de otras religiones, y en ninguna de estas escuelas se puede obligar a los estudiantes de otras religiones a asistir a las ceremonias religiosas o a cambiar de religión y profesar la religión de las escuelas.

462.Con respecto a los estudiantes que profesan el islamismo y estudian en escuelas privadas en las que se enseña esta religión o en institutos de educación general a los que asisten estudiantes islámicos y que deseen vestirse de acuerdo con su creencia religiosa, el Ministerio de Educación ha dictado el Reglamento sobre el uniforme de los estudiantes del Ministerio de Educación (Nº 2), 1967, en el que se concede el derecho de vestirse con arreglo a las creencias religiosas de esos estudiantes.

463.Puede decirse que Tailandia ha concedido una amplia gama de derechos religiosos a todas las personas durante un tiempo muy prolongado, sin que se produjeran conflictos ni divisiones entre esas diversas religiones. Por otra parte, en Tailandia no existe la discriminación por motivo de religión.

Artículo 19

464.Toda persona tiene derecho a opinar y a expresarse libremente, lo que incluye la libertad para buscar y recibir información. No obstante, la ley establece algunas restricciones por motivos de seguridad o de orden o moral públicos.

465.En el artículo 39 de la Constitución se establece que:

"Toda persona gozará de libertad para expresar sus opiniones, hablar en público, escribir, publicar y expresarse por otros medios.

No se impondrá ninguna restricción a la libertad enunciada en el párrafo anterior, excepto en virtud de las disposiciones de una ley promulgada específicamente con el propósito de mantener la seguridad del Estado, salvaguardar los derechos, las libertades, la dignidad, la reputación, la familia o el derecho a la intimidad de otra persona, mantener el orden o la moral públicos o impedir el deterioro espiritual o de la salud de los ciudadanos.

No se podrá clausurar un periódico ni una emisora de radio o televisión para privar a una persona de la libertad enunciada en este artículo.

Un funcionario competente podrá censurar noticias o artículos antes de su publicación en un periódico o un medio impreso o de su difusión en la radio o la televisión únicamente en caso de que el país se encuentre en estado de guerra o en situación de conflicto armado; esa censura deberá estar ordenada por una ley promulgada de conformidad con las disposiciones del párrafo 2."

466.En los sistemas democráticos de gobierno la soberanía reside en el pueblo. Los ciudadanos tienen derecho a ejercer control y opinar libremente sobre la administración del Gobierno, sus organismos y funcionarios. Los ciudadanos deben recibir del Gobierno la información necesaria para controlar eficazmente su actuación; especialmente si muchas de las políticas del Gobierno afectan directamente a los derechos, libertades o intereses de los ciudadanos. Así pues, los ciudadanos deben tener acceso a la información y a las diversas noticias que les afecten directamente. Por lo tanto, el artículo 58 de la Constitución prevé que:

"Toda persona tendrá derecho a acceder a la información pública que se halle en posesión de un organismo público, una empresa pública o una organización del Gobierno local, a menos que la divulgación de esa información afecte a la seguridad del Estado, la seguridad pública o los intereses de otras personas protegidos de acuerdo con la ley."

467.La Ley de información oficial (1997) fue promulgada de conformidad con el artículo 58 de la Constitución del Reino de Tailandia para que los ciudadanos tuvieran derecho a acceder a la información oficial, a cuyo fin se prevén dos métodos principales:

a)El artículo 7 de la ley establece que el Gobierno presentará para su publicación en la Gaceta Real la información y las noticias siguientes:

i)La estructura y organización para la ejecución de las tareas.

ii)Un resumen de la misión y el mandato principales y del método de ejecución de las tareas.

iii)Lugares de acceso a la información o asesoramiento para ponerse en contacto con los organismos gubernamentales.

iv)Las normas, decisiones del Consejo de Ministros, reglamentaciones, órdenes, circulares, planes y normas de interpretación, sobre todo las que estén concebidas como normas de aplicación para el sector privado de que se trate.

v)Otra información especificada por el comité.

Se considerará que cumple la disposición citada en el párrafo 1 toda información que se haya publicado y distribuido ampliamente cuando la Gaceta Real cita esa publicación. Los organismos gubernamentales recopilarán y organizarán la información de conformidad con el párrafo 1 del artículo 7, que se divulgará mediante la venta o la distribución en los locales de los organismos gubernamentales de que se trate, según corresponda. No se podrá obligar a una persona a cumplir en su perjuicio la normativa a la que se hace referencia en el párrafo 4 del artículo 7 que no haya sido publicada en la Gaceta Real, a menos que esa persona hubiera conocido anteriormente esa normativa durante un período de tiempo considerable (art. 8).

b)La obligación del Gobierno de proporcionar a los ciudadanos la siguiente información mínima, de conformidad con los principios y métodos establecidos por el Comité de Información Oficial:

i)Las decisiones que afecten directamente a partes no estatales, incluidas las opiniones discrepantes y las órdenes relacionadas con esas decisiones.

ii)Las políticas o la interpretación que no se incluyan en las categorías que requieren publicación en la Gaceta Real de conformidad con el párrafo 1 del artículo 7.

iii)El plan de trabajo, proyecto y presupuesto anual del año en curso.

iv)Los manuales y órdenes que estén relacionados con la forma en que los funcionarios públicos realizan la labor que afecta al derecho de la parte privada.

v)Las publicaciones mencionadas en el párrafo 2 del artículo 7.

vi)Los contratos de concesión, contratos que tengan características de monopolio o empresas conjuntas en los que la parte privada participa en la prestación de servicios públicos.

vii)La decisión adoptada por el Consejo de Ministros o por un comité nombrado por ley o por el Consejo de Ministros. En este caso, se incluirá también el título de los informes académicos y de la exposición de hechos sobre la información utilizada en la consideración.

viii)Otra información que pueda recomendar el comité.

468.En caso de que en la información accesible al público de conformidad con el párrafo 1 haya alguna parte cuya publicación esté prohibida de acuerdo con los artículos 14 ó 15, esa parte de la información se borrará, suprimirá o tratará de otra manera con el fin de no darla a conocer.

469.Toda persona, tanto si su interés se ve afectado como si no, tiene derecho a ver la copia o a pedir una copia certificada de dicha información. Cuando corresponda, los organismos gubernamentales, con aprobación del Comité, pueden fijar los criterios para el cobro de tasas por la prestación de ese servicio.

470.Cuando se promulgó la Ley sobre el acceso a la información, muchas personas solicitaron información y algunas cuestiones se presentaron al comité para que decidiera si podían ser reveladas o no. Por ejemplo, en 1998 los padres de un niño que no aprobó el examen de ingreso a una escuela pública y que pensaban que su hijo podía haber recibido un trato injusto en la evaluación realizada por la escuela solicitaron al comité que diese instrucciones a la escuela para que publicase las evaluaciones de todos los niños que se presentaron al examen. El comité ordenó a la escuela que diera a conocer a los padres la evaluación de todos los niños que se presentaron al examen. La instrucción del comité sienta un precedente para otros organismos gubernamentales.

471.En la actualidad hay varias leyes en Tailandia que afectan indirectamente al ejercicio de la libertad de expresión, como por ejemplo la Ley sobre la ley marcial (1914), cuyo artículo 12 establece que "cuando sea necesario mantener el orden sin que exista ningún peligro proveniente del exterior o del interior del Reino, se dictará una Proclamación Real para que se aplique la ley marcial en su conjunto o algunos artículos de esa ley o determinadas partes de un artículo o artículos, en particular las condiciones para aplicar esa disposición en una parte del Reino o en todo el Reino. Una vez que se proclame la aplicación de la ley durante un período determinado o en un lugar concreto, dejarán de tener efecto las disposiciones de cualquier ley o legislación que sea contraria a la ley marcial que se está aplicando y las disposiciones de la ley marcial se aplicarán en su lugar".

472.El artículo 6 prevé que "en la región en la que se haya proclamado la aplicación de la ley marcial, los militares tendrán autoridad sobre los funcionarios civiles en cuestiones relacionadas con el combate y el mantenimiento del orden y los funcionarios civiles deberán seguir las instrucciones de los militares".

473.El artículo 9 prevé que los funcionarios podrán:

a)Censurar noticias, cartas, telegramas, paquetes u otros objetos que provengan de la región en la que se está aplicando la ley marcial o se envíen a ella;

b)Censurar libros, publicaciones, periódicos, carteles o poemas.

474.El artículo 11 de la Ley sobre la ley marcial dispone que los funcionarios tendrán autoridad para:

a)Prohibir la publicación, venta o distribución de periódicos, publicaciones, fotografías, revistas, poemas;

b)Prohibir la publicidad, la representación de espectáculos, la recepción o transmisión de comunicaciones por radio y las emisiones de radio o televisión.

475.En el artículo 3 de la Ley sobre la administración pública en situaciones de emergencia (1952) se establece que "en esta ley, "situación de emergencia" significa una situación que pueda ser peligrosa para la seguridad o la protección del Reino o que pueda provocar en el país una situación de crisis, de combate o de guerra, circunstancias que se darán a conocer".

476.En el artículo 4 se enuncia que "las disposiciones de esta ley únicamente se aplicarán cuando se haya anunciado esa situación crítica. Ese anuncio se dará a conocer en todo el país o sólo en un distrito determinado, según requieran las circunstancias".

477.El artículo 9 prevé que "el Ministro tendrá competencia para dar a conocer ese anuncio a fin de prohibir que se divulgue o haga público cualquier documento cuyo texto publicado o que se vaya a publicar afecte a la seguridad o la protección del Reino o altere el orden público".

478.El artículo 11 prevé que "en caso de que el comportamiento de una persona haga pensar que ha actuado en connivencia con extranjeros para realizar un acto perjudicial para el país, el Ministro podrá ordenar que se censure la correspondencia u otros documentos de esa persona".

479.El artículo 3 de la Ley del Servicio Nacional de Inteligencia (1985) concede al Ministro competencia para combatir toda forma de terrorismo que afecte a la seguridad de la nación, ya que dispone que:

"El servicio de inteligencia en relación con las comunicaciones implica la utilización de técnicas y métodos de comunicación para interceptar señales de radio a fin de obtener información relacionada con las actividades de otro país o de una organización terrorista que puedan afectar a la seguridad nacional..."

480.Además de muchas leyes citadas anteriormente, existen todavía varias reglamentaciones y normas gubernamentales que tienen consecuencias indirectas en la restricción del ejercicio de la libertad de cátedra. Especialmente en lo que respecta a la búsqueda de información oficial, como el Reglamento de Seguridad Nacional (1974), que especifica diversas prácticas, y el reglamento de algunos organismos gubernamentales para mantener la seguridad nacional.

481.Desde 1979 el Gobierno dispuso de medidas para censurar la difusión de imágenes y sonido en cadenas de la televisión pública. Esa función corresponde al comité o a la Administración de Radio y Televisión, establecidos por el Consejo de Ministros. Posteriormente se abolió la censura a cargo del comité.

482.Mediante las mencionadas disposiciones del artículo 39 de la Constitución y de la Ley de información oficial (1997), se protege el ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos de Tailandia según lo enunciado en el artículo 19 del Pacto.

483.El Ministerio del Interior ha iniciado un estudio de todas las leyes que puedan ser contrarias a la libertad de expresión de conformidad con el artículo 39 de la Constitución, a fin de buscar la forma de derogarlas o revisarlas y garantizar su compatibilidad con la Constitución, por ejemplo la Ley de prensa (1941).

484.El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley sobre el registro de la prensa que, cuando entre en vigor, sustituirá a la anterior Ley de prensa (1941).

Artículo 20

485.Tailandia ha mantenido siempre una política constructiva hacia los países vecinos y otros países. Esto se pone de manifiesto en el artículo 74 de la Constitución que establece que:

"El Estado promoverá relaciones de amistad con otros países y adoptará el principio de no discriminación".

486.Por lo tanto, en Tailandia es ilegal cualquier propaganda en favor de la guerra, excepto si en caso de agresión de otro país se necesita movilizar a los ciudadanos para ayudar y cooperar en la defensa nacional, que es un acto legítimo de conformidad con el derecho internacional. Tailandia hizo una declaración a este respecto ante las Naciones Unidas cuando solicitó la adhesión al Pacto.

487.El párrafo 3 del artículo 30 de la Constitución prohíbe la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Este tema se ha tratado ya en relación con el artículo 2. La persona cuyos derechos hayan sido violados por un acto contrario a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 30 de la Constitución tendrá siempre derecho a invocar el párrafo 2 del artículo 28 de la Constitución para ejercer sus derechos o plantear su defensa ante un tribunal.

Artículo 21

488.Tailandia ha reconocido desde hace mucho el principio de protección de la libertad de reunión pacífica. En un sistema democrático de gobierno, la reunión pacífica es fundamental para ejercer el derecho a reunirse a fin de intercambiar opiniones y expresar la voluntad en algunas cuestiones relacionadas con los intereses de la población para señalarlos a la atención del Estado. Esa libertad está también en concordancia con otros derechos recogidos en la Constitución, por ejemplo la libertad de expresión, la libertad de palabra, la libertad de circulación, el derecho a escribir, publicar y distribuir documentos, el derecho de petición y otros. El Estado debe abstenerse de interferir en las reuniones pacíficas y deberá facilitar esas reuniones. Esto se pone de manifiesto en el párrafo 1 del artículo 44 de la Constitución que prevé que "toda persona tendrá derecho a reunirse pacíficamente y sin armas".

489.No obstante, la reunión pacífica de ciudadanos reconocida en el párrafo 1 del artículo 44 puede estar sujeta a ciertas restricciones previstas por la ley en aras del interés público; por lo tanto, el párrafo 2 del artículo 44 dispone:

"La libertad a que se hace referencia en el párrafo 1 sólo podrá limitarse en virtud de una ley específicamente promulgada en relación con las reuniones públicas y para garantizar la utilización pública de los espacios públicos o el mantenimiento del orden público en tiempo de guerra o cuando se haya declarado el estado de excepción o la ley marcial."

490.En la actualidad existen varias leyes en las que se limita el derecho de reunión pacífica de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 44, por ejemplo:

a)Facilitación de la utilización del espacio público por los ciudadanos. La Ley de tráfico (1979) protege el derecho de los ciudadanos a circular por las calles, prohíbe que una manifestación obstruya el tráfico así como cualquier acto en las aceras o las calzadas que impida a los demás circular sin razón justificada; para que una manifestación pueda usar legalmente las calles se debe obtener el permiso de las autoridades de tráfico competentes.

b)Prevención de los ruidos molestos. La Ley de control de la publicidad por amplificador (1950) se puede aplicar en caso de que la utilización de un amplificador en una reunión pueda causar molestias al público. En el permiso de las autoridades para utilizar un amplificador se especifica el tiempo y el lugar para utilizarlo, y en caso de que el ruido cause demasiadas molestias las autoridades competentes pueden ordenar que se baje el volumen.

c)Prevención y mitigación de desastres públicos. La Ley de defensa civil (1979) autoriza a la población civil a prevenir y prestar ayuda en casos de desastres públicos y actos de terrorismo que amenacen con destruir la propiedad de los ciudadanos o del Estado mediante la organización de un comité nacional de defensa civil presidido por el Ministro del Interior, encargado de formular un plan de prevención de desastres. Por lo tanto, en caso de que una manifestación o una reunión de ciudadanos ponga en riesgo la seguridad pública, el Estado puede aplicar determinadas medidas preventivas. No obstante, en la práctica nunca se ha invocado esta ley en casos de manifestaciones o reuniones.

d)Proclamación del estado de excepción:

i)Ley sobre la administración pública en situaciones de emergencia (1956). Esta ley autoriza a las autoridades civiles, en concreto al Primer Ministro y al Ministro del Interior, a proclamar el estado de excepción; una vez proclamado, el Ministro del Interior tiene competencia para designar funcionarios encargados de mantener la paz y el orden, así como competencia para prohibir reuniones públicas en cualquier lugar del país, imponer el toque de queda y prohibir la publicación o impresión de cualquier documento que afecte a la seguridad o a la protección del país.

ii)Ley sobre la ley marcial (1914). En caso de que sea necesario para mantener la paz y el orden en el país y para impedir una agresión de origen interno o externo en circunstancias especiales, se puede proclamar la ley marcial en su conjunto o únicamente de algunos artículos de la ley en todo el país o en algunas regiones concretas. Una vez proclamada la ley marcial, y en caso de que se produzca una situación de guerra o de desobediencia civil, el ejército tiene autoridad para imponer restricciones a la libertad de reunión mediante la prohibición de toda reunión de cinco o más personas y para ordenar el toque de queda.

e)Otros casos. El Código Penal, que tiene vigencia en todo el país, tipifica los delitos relacionados con las reuniones ilegales y penaliza esos actos, por ejemplo los delitos de quebrantamiento de la paz interna (art. 116), de instigación a la huelga (art. 117), de reunión de diez o más personas para alterar la paz del país (arts. 215 y 216) y de obstrucción del tráfico en la vía pública (art. 385).

491.Los textos de las citadas leyes demuestran que Tailandia ha reconocido en la Constitución la libertad de los ciudadanos para reunirse pacíficamente y que las restricciones a dicha libertad deberán atenerse estrictamente a las disposiciones de una ley, tal como se prevé en la Constitución.

492.Sin embargo, en Tailandia ha habido muchos incidentes violentos entre agentes del orden y personas que ejercen su libertad de reunión. Por lo tanto, Tailandia ha dado importancia a la abolición o revisión de algunas leyes cuyo efecto es limitar la libertad de reunión. El 12 de septiembre de 1992 el Consejo de Ministros decidió que los miembros de los organismos gubernamentales que tuvieran autoridad para utilizar armas recibieran formación en materia de derechos humanos fundamentales, incluidos los conocimientos sobre la libertad de reunión pacífica. Además, exhortó a que se hiciera lo necesario para que los ciudadanos tuvieran un entendimiento correcto de la libertad de reunión pacífica.

Artículo 22

493.En varias leyes de Tailandia se reconoce la libertad de asociación, por ejemplo en la Constitución del Reino de Tailandia, en la parte 2 sobre asociación del capítulo 2 del libro 1 del Código Civil y de Comercio, en la Ley de relaciones laborales (1975), en la Ley sobre relaciones de funcionarios de empresas públicas (1991) y en la Ley de partidos políticos (1991).

494.En el informe sobre este artículo, la cuestión se considera en relación con cuatro esferas principales, a saber:

A.Libertad de asociación;

B.Asociación con objetivos especiales;

C.Libertad para crear un partido político;

D.Libertad para afiliarse a un sindicato.

Libertad de asociación

Asociación general

495.La libertad para crear una asociación general está reconocida por el artículo 45 de la Constitución, que establece que:

"Toda persona podrá unirse a otras y constituir una asociación, unión, liga, cooperativa, asociación de agricultores, organización privada o cualquier otro grupo.

La libertad enunciada en el párrafo 1 sólo podrá restringirse en virtud de una ley específicamente promulgada para proteger el interés común de los ciudadanos, mantener el orden o la moral públicos o impedir el monopolio económico."

496.La reglamentación de una asociación, según se prevé en el párrafo 2 del artículo 45, se puede dividir en dos etapas, a saber, la fase de constitución de la asociación y la fase de funcionamiento de la misma.

Constitución de la asociación

497.La libertad para constituir una asociación general se rige por el Código Civil y de Comercio, que da a los ciudadanos el derecho a crear una asociación para realizar actividades de manera continuada y sin fines de lucro. Se requiere un mínimo de tres miembros de la asociación, que deben presentar una solicitud por escrito al registrador local del lugar donde se encuentre la sede de la asociación, junto con los estatutos de la asociación y la lista de los directores, su domicilio y ocupación. El registrador comprobará los estatutos y los fines de la asociación para determinar que no sean contrarios a la ley o a la moral pública ni perjudiciales para la paz de los ciudadanos o la seguridad del Estado, y verificará también que los directores tienen las condiciones y el comportamiento adecuados para realizar los fines de la asociación.

498.Una vez cumplidos esos criterios, el registrador inscribirá la asociación y expedirá un certificado de registro. En caso de que el registrador rechace la inscripción de la asociación, los solicitantes tienen derecho a presentar un recurso ante el Ministro del Interior.

499.Una vez registrada la asociación, tendrá la condición de persona jurídica, con los derechos y obligaciones que establecen las disposiciones del Código Civil y de Comercio y otras leyes pertinentes, con arreglo a los fines y los estatutos de la asociación y las disposiciones legislativas. Esto incluye el derecho de presentar demandas civiles, penales y administrativas ante los tribunales.

Funcionamiento de la asociación

500.Además de la limitación general prevista en el artículo 63 de la Constitución, que prohíbe que los derechos y libertades recogidos en la Constitución se utilicen para derrocar a un gobierno democrático en el que el Rey es el Jefe de Estado, según establece la Constitución, o para asumir el poder con el objeto de gobernar el país por cualquier medio que no se ajuste a los procedimientos establecidos en la Constitución, el Código Civil y de Comercio ha otorgado al registrador competencia para regular el funcionamiento de las asociaciones en los casos que figuran a continuación.

501.En caso de nombramiento de una nueva junta directiva o de cambio de un director de la asociación, si el registrador considera que las condiciones o el comportamiento de algunos directores no es adecuado para realizar los fines de la asociación, puede rechazar el registro de ese director y deberá informar a la asociación del motivo de ese rechazo en un plazo de 60 días a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de registro. En ese supuesto, la asociación tiene derecho a presentar un recurso ante el Ministro del Interior.

502.El registrador tiene derecho a anular el registro de una asociación en los siguientes casos:

a)Cuando, después del registro, se considere que los fines de la asociación son contrarios a la ley o a la moral pública o que pueden ser perjudiciales para la paz o la seguridad del Estado, y cuando el registrador haya ordenado la revisión de esos fines y la asociación no lo haya hecho en el plazo fijado por el registrador;

b)Cuando el funcionamiento de la asociación sea contrario a la ley o a la moral pública o perjudicial para el mantenimiento del orden público o la seguridad del Estado;

c)Cuando una asociación cese en su actividad durante dos años o más;

d)Cuando una asociación permita o deje que una persona que no sea el director de la asociación realice las actividades de la asociación;

e)Cuando la asociación tenga menos de diez miembros durante un período continuado de más de dos años.

503.En los casos citados anteriormente el registrador informará sin demora a la asociación de la orden de disolución, así como de los motivos y de su anuncio en la Gaceta Real. Un director o al menos tres miembros de la asociación tienen derecho a recurrir la orden del registrador ante el Ministro del Interior.

Asociación con fines especiales

504.El Estado mantiene una política de promoción y ayuda a la labor de organizaciones o asociaciones privadas cuyo fin sea realizar una labor de utilidad pública. Por lo tanto, algunas leyes reconocen y protegen especialmente a algunas organizaciones privadas, por ejemplo la Ley de mejoramiento y conservación de la calidad del medio ambiente (1992), la Ley de protección del consumidor (1979), la Ley de relaciones laborales (1975) y la Ley de relaciones de los funcionarios de empresas públicas (1991).

505.En los artículos 199 y 200 de la Constitución se estipula la creación de una comisión de derechos humanos y la promulgación de una ley orgánica sobre el funcionamiento de esa comisión. Posteriormente se promulgó la Ley de la Comisión de Derechos Humanos (1999), que contiene una disposición en la que se reconoce a los ciudadanos el derecho a crear una entidad con personalidad jurídica para realizar actividades relacionadas con los derechos humanos, y se establece que el Estado prestará asistencia para su funcionamiento.

506.Existen al menos siete ONG creadas como asociaciones que trabajan concretamente en la esfera de los derechos humanos. Esas asociaciones se centran en el desarrollo relacionado con los derechos humanos y desempeñan una función activa en la protección y promoción de los derechos humanos. Esto queda de manifiesto en la función desempeñada por esas asociaciones para promover la creación, por primera vez, en la actual Constitución, de una comisión de derechos humanos.

Libertad para crear un partido político

507.Por lo que respecta a los partidos políticos, el artículo 7 de la Constitución reconoce el derecho de las personas a crear un partido político. Los partidos políticos son instrumentos para plasmar la voluntad política de los ciudadanos, con el Estado como garante. El Estado debe asegurarse de que la constitución y el funcionamiento de los partidos políticos sean compatibles con los principios fundamentales del régimen democrático de gobierno, en el que el Rey es el Jefe de Estado, de la manera siguiente:

"Toda persona podrá unirse a otras y constituir un partido político a fin de hacer efectiva la voluntad política de los ciudadanos y realizar actividades políticas en cumplimiento de dicha voluntad, en el marco del régimen democrático de gobierno en el que el Rey es el Jefe de Estado, de conformidad con lo preceptuado en la presente Constitución.

La organización interna, la gestión y los estatutos de un partido político deberán ser compatibles con los principios fundamentales del régimen democrático de gobierno, en el que el Rey es el Jefe de Estado.

En caso de que se decida que la resolución o la reglamentación de un partido político sobre cualquier asunto son contrarias a la situación jurídica o el desempeño de las obligaciones de un miembro del Parlamento de acuerdo con esta Constitución, o contrarias o incompatibles con los principios fundamentales del régimen democrático de gobierno, en el que el Rey es el Jefe de Estado, los miembros del Parlamento que sean miembros de un partido político, los miembros del Comité Ejecutivo de un partido político o los miembros de un partido político cuyo número no sea inferior al prescrito por la ley orgánica relativa a los partidos políticos tendrán derecho a recurrir esa decisión ante el Tribunal Constitucional.

En caso de que el Tribunal Constitucional decida que la resolución o la reglamentación son contrarias o incompatibles con los principios fundamentales del régimen democrático de gobierno, en el que el Rey es el Jefe de Estado, se anulará esa resolución o reglamentación."

508.Por lo tanto, se puede observar que la actual Constitución ha concedido importancia a los partidos políticos, cuestión a la que dedica una sección independiente, y recoge el derecho a crear partidos políticos sin establecer ninguna limitación al respecto. De esta manera se facilita la formación de partidos políticos. No obstante, la constitución y el funcionamiento de los partidos políticos estarán sujetos a limitaciones generales, como el ejercicio de otros derechos recogidos en la Constitución. Es decir, no se considerará que se ejerce un derecho si se pretende derrocar el régimen democrático de gobierno en el que el Rey es el Jefe del Estado o usurpar el poder para gobernar el país; en ese caso, se puede ordenar el cese del funcionamiento o la disolución de ese partido político.

509.La Ley de partidos políticos (1981), revisada por la Ley de partidos políticos (Nº 2) (1993) prevé la constitución, registro, funcionamiento, disolución y fusión de partidos políticos. La ley especifica que el Ministro del Interior vela por el cumplimiento de la ley y tiene competencia para dictar normas ministeriales a fin de reglamentar dicha ley.

510.Además, la ley prevé la existencia de una oficina de registro de partidos políticos dependiente del Ministerio del Interior, cuya función es recibir la solicitud de registro y controlar y verificar el funcionamiento de los partidos políticos, y que actúa de conformidad con esta ley. Sin embargo, las atribuciones del registrador de conformidad con esta ley son diferentes del control de las asociaciones generales, ya que los partidos políticos son asociaciones que pueden tener efectos directos sobre la política. Por lo tanto, habrá medidas especiales respecto de determinados actos.

Libertad para afiliarse a un sindicato

511.El párrafo 1 del artículo 45 de la Constitución reconoce la libertad de afiliarse y formar una asociación, una unión o una liga para proteger los propios intereses. Tailandia promulgó la Ley de relaciones laborales (1975), que establece el derecho a constituir asociaciones de empleadores, federaciones de asociaciones de empleadores y un consejo de organizaciones de empleadores, y da a los trabajadores el derecho a crear sindicatos, federaciones de sindicatos y un consejo de organizaciones de trabajadores. Por otro lado, la Ley sobre relaciones de los funcionarios de empresas públicas (1991) concede a esos funcionarios el derecho a crear una asociación. Hay varias empresas públicas que tienen a su cargo la prestación de servicios públicos. La ley se ocupa de las relaciones entre los funcionarios de empresas públicas y el Estado y protege los derechos e intereses de los funcionarios de manera diferente a la de la relación entre empleadores y trabajadores en las empresas privadas.

512.Tailandia es miembro de la Organización Internacional del Trabajo, aunque no ha ratificado el Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación (1948), ya que considera que las actuales condiciones económicas y sociales no permiten cumplir plenamente los compromisos a que obliga el Convenio. Cuando las condiciones lo permitan, Tailandia ratificará el Convenio.

513.Por lo que respecta a los funcionarios públicos, el ejercicio de sus derechos y libertades deberá ser acorde con el artículo 64 de la Constitución del Reino de Tailandia.

Artículo 23

514.La sociedad tailandesa otorga gran importancia a la familia, a la que considera como la mejor fuente de desarrollo de los recursos humanos. Las personas que cuentan con el cariño de una familia, en la que el padre y la madre se aman y están unidos, en la que se alienta la educación y se cuida la salud física y mental, tenderán a ser personas de calidad con buenas posibilidades de contribuir a la felicidad, la prosperidad y el progreso de la sociedad.

El fomento de la institución familiar

515.El octavo Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (1997-2001) otorga especial importancia al desarrollo de las potencialidades del pueblo tailandés, especificando en su parte segunda (Desarrollo de las potencialidades del pueblo tailandés) lo siguiente:

"En el pasado el desarrollo de Tailandia hacía hincapié en el progreso económico recurriendo al ser humano como herramienta o factor de producción para atender la necesidad de desarrollo y lograr el crecimiento económico, sin tener en cuenta la valía del ser humano ni el desarrollo de sus conocimientos, capacidades, experiencia laboral y capacidad de adaptarse a la vida en una sociedad en rápida evolución. Por consiguiente, aunque Tailandia haya logrado el objetivo de crecimiento económico de manera bastante satisfactoria, el resultado de este desarrollo ha causado varios problemas importantes, en especial en materia de distribución de los ingresos, deterioro del medio ambiente y los recursos naturales y seguridad de personas y los bienes, que repercuten en la calidad de vida del pueblo tailandés y el desarrollo a largo plazo del país.

El desarrollo de las mejores posibilidades del ser humano se logrará llevando a todos a alcanzar el máximo de sus posibilidades físicas y mentales y a aprovechar su capacidad y su experiencia para que se conviertan en personas de bien y honradas, con buena salud y que participen eficazmente en la evolución social y económica. Deben ser también conscientes y contribuir a la protección de los recursos naturales, el medio ambiente y la cultura, tanto a nivel nacional como en el propio hogar. Ello contribuirá a un desarrollo equilibrado y sostenible del país basado en el patrimonio cultural tailandés."

516.En dicho plan se concretan los objetivos y estrategias de desarrollo del pueblo tailandés de la manera siguiente:

" 1. Propósito

1.1.Desarrollar las posibilidades de los ciudadanos ayudándoles a ser buenas personas, íntegras y con conciencia social.

1.2.Ayudar a la evolución de las personas para que puedan realizar análisis racionales, aprender durante toda su vida, tener una amplia visión que los haga más eficientes y productivos y poder mantenerse a la par con los rápidos cambios sociales y económicos.

1.3.Fomentar la salud para todos, la cultura y los conocimientos, y la capacidad de cuidar eficazmente de la salud y evitar las enfermedades de cada uno y de sus familias.

2. Objetivos

2.1.Las familias tailandesas deben tener un tamaño adecuado, y la distribución demográfica deberá estar en consonancia con las posibilidades y oportunidades de desarrollo de la región, etc."

517.Evidentemente, la capacidad de desarrollo y de progreso de la población deberá ir acompañada del desarrollo de las posibilidades de la población tailandesa y el logro del objetivo de desarrollo especificado en el octavo Plan Nacional de Desarrollo (1997-2001) ya mencionado. La institución familiar tiene una función importante y directa en la aplicación satisfactoria del Plan.

518.Por consiguiente, Tailandia ha estimado importante formular diversas medidas necesarias, tanto en la esfera legislativa como en la ejecutiva, para establecer una institución familiar que responda al desarrollo futuro de la nación.

519.El 26 de agosto de 1999 el Consejo de Ministros aprobó las políticas y programas de desarrollo de la institución familiar, por las que diversos organismos se encargan de dirigir actividades para el fortalecimiento de esta institución con miras a alcanzar la seguridad y para que el pueblo comprenda la importancia de esta institución.

Protección de la familia conforme al párrafo 1 del artículo 23

520.Los derechos previstos en este artículo del Pacto se reconocen y protegen en las disposiciones de la Constitución y del Código Civil y de Comercio de Tailandia. El párrafo 1 del artículo 34 y el párrafo 1 del artículo 80 de la Constitución del Reino de Tailandia establecen que: "se protegerán los derechos de familia, la dignidad, la reputación y el derecho a la intimidad..." y que "el Estado protegerá y favorecerá a la infancia y la juventud, fomentará la igualdad entre hombres y mujeres y creará, reforzará y desarrollará la integridad de la familia y la fortaleza de las comunidades...".

Constitución de la familia legítima

521.En el derecho tailandés, el concepto de "familia" tiene un significado específico que incluye no sólo al hombre y a la mujer casados y a sus hijos. El Código Civil y de Comercio divide sus disposiciones relativas a la familia en tres títulos. El primero es el relativo al matrimonio, que se refiere al compromiso, las condiciones para contraer matrimonio, las relaciones entre cónyuges y la disolución del matrimonio. El segundo se refiere a las relaciones entre los padres o tutores y los hijos. El tercero se ocupa de la manutención, y es indicativo de la extensión que tiene la familia con arreglo al derecho tailandés.

Matrimonio legítimo

522.Con arreglo al artículo 1457 del Código Civil y de Comercio, sólo se reconoce el matrimonio si éste ha quedado registrado. Los matrimonios celebrados en el extranjero entre ciudadanos tailandeses o entre un tailandés y un cónyuge extranjero se celebrarán como prescribe la legislación tailandesa o la de ese país. Si el registro se realiza con arreglo a la legislación tailandesa, inscribirá el matrimonio un cónsul o un funcionario diplomático tailandés.

523.Los matrimonios no registrados anteriores al 1º de octubre de 1935, fecha en que entró en vigor el libro quinto del Código Civil y de Comercio relativo a la familia, se reconocen como matrimonios legítimos.

Matrimonios de hecho

524.Aunque los matrimonios pueden registrarse, la legislación no prohíbe los matrimonios de hecho religiosos o ceremoniales pero estos matrimonios sólo tendrán efecto como matrimonios legítimos cuando hayan sido registrados.

525.Los matrimonios de hecho posteriores al 1º de octubre de 1935, fecha en que entró en vigor el libro quinto del Código Civil y de Comercio relativo al matrimonio, no se reconocen como matrimonios legítimos. Por consiguiente, los matrimonios de hecho no establecen una relación entre cónyuges, personal ni patrimonial.

526.Sin embargo, por razones de equidad, si el Tribunal Supremo establece que los bienes adquiridos conjuntamente por un hombre y una mujer que viven juntos son propiedad común de ambos, éstos serán propietarios de los bienes por partes iguales en régimen de sociedad. Cuando se trate de bienes que uno de ellos ha adquirido por separado éstos pertenecerán únicamente a esa persona, sin que la otra sea dueña de una parte de ellos.

Hijos nacidos fuera del matrimonio

527.Con arreglo al artículo 1546, los hijos de mujeres que no estén casadas sólo se considerarán hijos legítimos de la mujer. El mero hecho de haber permanecido en el mismo hogar que la mujer y de haber engendrado con ella un hijo no basta para reconocer a un hombre como padre legítimo.

528.Sin embargo, los hijos de parejas no registradas se considerarán hijos legítimos del padre si la pareja se inscribe como tal posteriormente o si el padre inscribe al hijo reconociéndolo como tal o bien si un tribunal resuelve que se trata del hijo legítimo de esa persona. Estas disposiciones no se aplican de manera retroactiva. La legitimación del niño será efectiva:

1.A partir de la fecha del matrimonio, si el padre y la madre se inscriben en el registro con posterioridad;

2.A partir de la fecha en que el padre legitima al hijo en el registro;

3.A partir de la fecha en que un tribunal resuelve en firme que el niño es hijo legítimo de ese hombre.

529.La ley establece que los hijos ilegítimos reconocidos por el padre gozarán de los mismos derechos de sucesión que los hijos legítimos.

530.Cuando el padre fallezca mientras el niño aún está en gestación el niño tendrá derechos sucesorios si nace vivo y si durante el embarazo el padre se comportaba como marido y padre. En tal caso, se considerará al niño como su hijo legítimo.

531.Sin embargo, si un hijo ilegítimo puede perder estos y otros derechos, por ejemplo el derecho a una parte de las prestaciones que percibía el padre fallecido, que pasará directamente a sus descendientes, ya que la suma global percibida como pensión por fallecimiento no forma parte de la herencia. La Ley de pensiones de los funcionarios Nº 14 de 1983 ampara también a los hijos ilegítimos que hayan sido reconocidos como hijos legítimos del padre fallecido por un tribunal, pues da otra definición del término "heredero legítimo" en el artículo 4, en el que este concepto designa también al menor que el tribunal haya declarado hijo legítimo del fallecido. En ese caso el niño debe solicitar al tribunal su legitimación antes de transcurrido un año desde la muerte del padre o a partir de la fecha en que conoció o debió haber conocido la muerte del padre. Se trata de una protección más eficaz de los derechos del niño.

532.Dada la importancia de la institución familiar, desde 1954 hay en Tailandia tribunales con jurisdicción en los asuntos de familia. Otro ejemplo es la actual Ley sobre el establecimiento de tribunales y procedimientos de menores y de familia, de 1991.

533.El artículo 11 de esa ley establece que los tribunales de menores y de familia estarán facultados para conocer y decidir en los asuntos civiles que se les sometan o en cualquier acto relacionado con menores o la familia con arreglo al Código Civil y de Comercio. Los tribunales resolverán en los casos relativos a niños o menores con arreglo a las leyes por las que se concede jurisdicción en la materia a los tribunales de menores y de familia. Para proteger a los niños y los menores, estos tribunales se atienen a un procedimiento distintos del aplicable a los asuntos civiles en general.

534.Es evidente, pues, que el Estado protege considerablemente la institución familiar, lo que está en consonancia con este artículo del Pacto.

Estadísticas de matrimonios y divorcios del Tribunal Central de Menores y de Familia

Año	Matrimonios	Divorcios	Legitimaciones	Adopciones	Anulaciones de adopciones
2542 (1999)	61	527	262	79	5
2543 (2000)	69	479	226	89	6
2544 (2001)	72	659	251	94	6

Planificación de la familia

535.El octavo Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (1997-2001) adopta la política de salud reproductiva como principal prioridad de desarrollo humano. El Ministerio de Salud Pública ha establecido las siguientes directrices de planificación de la familia:

1.Alentar a los esposos a que tengan el número de hijos que deseen según las posibilidades de la familia, de manera que se mantenga un clima de afecto y salud en el seno familiar;

2.El funcionamiento de la planificación de la familia en todo el país deberá ser compatible con la situación en cada provincia;

3.Fomentar y agilizar la planificación de la familia en las zonas que aún tengan altas tasas de reproducción, como las comunidades de las zonas montañosas meridionales;

4.Sólo se eximirá del pago de la tasa de planificación de la familia a las zonas de aceleración de la planificación de la familia, o quienes dispongan de pocos ingresos o cuando se considere oportuno, según las circunstancias;

5.Ampliar la cooperación con el sector privado;

6.Planificación de relaciones públicas sobre la planificación de la familia de manera periódica y continua;

7.Estudiar e investigar nuevos métodos adecuados de planificación de la familia;

8.Estudiar la forma de que los hombres participen más en la planificación de la familia.

Situación de la planificación de la familia en comparación con los objetivos del octavo Plan Nacional de Desarrollo (1997-2001)

Índice	Total para el país	Norte	Centro	Nordeste	Sur	Total
Tasa de planificación de la familia	77,0	83,8	80,5	78,5	73,0	79,2
Tasa de planificación de la familia permanente	34,0	18,8	25,5	29,0	15,0	23,8
Tasa de fecundidad de las mujeres menores de 20 años	10,0	8,7	9,4	9,2	8,1	9,0
Tasa de mujeres que no tienen más de dos hijos vivos	75,0	86,8	75,7	77,0	66,2	77,2

Fuente:Evaluación de resultados del fomento de la salud con arreglo al octavo Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.

536.Tailandia ha aplicado una política de control de la natalidad que ha logrado muy buenos resultados en materia de planificación de la familia y ha sido elogiado por la comunidad internacional. Se trata de una política bastante equitativa y consensual. Al no ser obligatoria, los matrimonios pueden optar por tener hijos o no según lo permitan las posibilidades de la familia.

Prevención y tratamiento del VIH/SIDA

537.Uno de los mayores problemas que afectan a la institución familiar es la propagación de VIH/SIDA, que provoca divorcios y el fallecimiento de quienes sustentan la familia, lo que repercute directamente en la crianza de los hijos a largo plazo. Las madres infectadas por el VIH/SIDA durante su embarazo pueden transmitir el virus al feto, lo que crea nuevos problemas sociales. Según las estadísticas del Ministerio de Salud Pública, en 1998 el número de personas seropositivas, con síntomas o no de enfermedad, era de entre 700.000 y 900.000. El Instituto de Investigación Demográfica y Social de la Universidad Mahidol ha llevado a cabo una investigación según la cual en 1999 habrá en Tailandia 354.345 menores de 12 años nacidos de madres seropositivas. Se calcula que para el año 2000 la cifra será idéntica.

538.Tailandia ha emprendido una rigurosa campaña de prevención y tratamiento del VIH/SIDA, que afecta seriamente a la institución familiar. Así se desprende del octavo Plan de Desarrollo Económico y Social (1997-2001), que especifica las directrices para el desarrollo, algunas de la cuales establecen lo siguiente:

"2.3.Desarrollo y reforma del sistema de prevención y tratamiento del VIH.

1)Dar más posibilidades a la población en general y a grupos concretos mediante medidas apropiadas de sensibilización y de modificación de los comportamientos de riesgo que dan como resultado la propagación del VIH.

2)Establecer un entorno económico y social propicio a la prevención y el tratamiento del VIH creando empleos en las provincias, fomentando actividades de ocio adecuadas y organizando campañas contra los medios de información o los espectáculos que exciten.

3)Fomentar la salud y dar atención y tratamiento a las personas seropositivas de manera amplia y adecuada, haciendo hincapié en la formación del personal médico de todos los niveles. Ello comprende la creación de capacidad en la comunidad y en la familia para que puedan ocuparse de las personas seropositivas.

4)Reducir la repercusión social y económica del contacto y el contagio con el VIH, por ejemplo, impartiendo capacitación en ocupaciones adecuadas a las condiciones de las personas seropositivas y prestando servicios de bienestar social a las personas seropositivas sin medios de subsistencia y a sus familias."

539.Además, el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del VIH/SIDA para el año fiscal 1998-2001 previsto en el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del VIH para 1997‑2001 del Comité Nacional de Prevención y Tratamiento del VIH (publicado en septiembre de 1998) reconoce a las familias y las comunidades como grupos beneficiarios especiales en el plan de trabajo pertinente. Para ello se ha formulado un proyecto de creación de capacidad para la prevención y el tratamiento del VIH al que se ha asignado un 7,6% del total de gastos previstos en el presupuesto.

El derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia conforme al párrafo 2 del artículo 23

540.El derecho de hombres y mujeres a contraer matrimonio y fundar una familia se rige por el artículo 1448 del Código Civil y de Comercio, que establece que sólo las personas que hayan cumplido los 17 años pueden contraer matrimonio, salvo en casos razonables como cuando un tribunal permite que una mujer embarazada se case antes de esa edad. Para la celebración de un matrimonio legítimo, el artículo 20 del Código Civil y de Comercio establece que los contrayentes deberán ser mayores de edad, de manera que tengan la capacidad para ganarse su sustento legalmente y responsabilizarse de su familia.

541.Normalmente, cuando un menor contrae matrimonio debe obtener el consentimiento previo de sus padres. La razón de ello es la protección del menor. Sin embargo, la ley establece también que si no hay nadie que pueda dar su consentimiento o bien si esa persona lo deniega o no está en condiciones de darlo o si hay circunstancias que impiden pedir tal consentimiento, el menor podrá solicitar a un tribunal que autorice el matrimonio.

542.Tailandia ha procurado fomentar y facilitar los matrimonios legítimos incluso entre aquellos tailandeses que viven en zonas alejadas. Por ejemplo, en 1996 se celebró un matrimonio colectivo de 1.560 parejas pertenecientes a las tribus minoritarias montañesas del distrito Mae Sai de la provincia Chiang Rai y otro de 8.010 parejas en el distrito Mae Ramat de la provincia Tak y del distrito Hott de la provincia Chiang Mai.

543.El derecho a contraer matrimonio puede restringirse si lo contraen un funcionario público y un refugiado o una persona desplazada. La decisión del Consejo de Ministros por la que se prohíben tales matrimonios, por recomendación del Consejo de Seguridad Nacional, tiene rango de política gubernamental, como se establece en la Comunicación SOR Ror 0202/Wor 79 de fecha 24 de mayo de 1977. Ello se debe a que el Gobierno estima que las personas desplazadas o refugiadas llegaron a Tailandia ilegalmente y residen en el país a título provisional a la espera de su repatriación. Se trata de evitar la separación de la familia cuando se traslade a un funcionario o cuando la persona desplazada o el refugiado parta hacia su patria u otro país. Por otra parte, se insta a los funcionarios a que sean cautelosos en sus contactos o relaciones con tales personas. Posteriormente, el Departamento de Administración Local publicó la Comunicación Mor Thor 0313/Wor1092 de fecha 17 de marzo de 1981 por la que se impone el estricto cumplimiento de esa decisión y se establece que su incumplimiento equivale a una grave falta disciplinaria. La razón es el problema que representa el gran número de desplazados que llegan a Tailandia.

544.Sin embargo, esta prohibición impuesta a los funcionarios no se aplica en términos absolutos. Si un funcionario insiste en registrar su matrimonio, el encargado del registro tiene la obligación legal de atender la solicitud. La prohibición sólo puede hacerse cumplir mediante medidas disciplinarias, por más que se trate de una prohibición que el Estado está legalmente capacitado para imponer, como prevé el artículo 64 de la Constitución, que se refiere a la restricción de los derechos y libertades de los funcionarios públicos.

Protección del derecho a contraer matrimonio conforme al párrafo 3 del artículo 23

545.El Código Civil y de Comercio prevé numerosas condiciones para el matrimonio, como el consentimiento de los cónyuges expresado mediante la petición al funcionario del registro para que haga constar tal consentimiento. Por otra parte, el artículo 1438 del Código Civil y de Comercio establece claramente que, aunque exista un compromiso antes del matrimonio, éste no basta para que un tribunal obligue a una persona a contraer matrimonio y que si se hubiera acordado una penalización por la rescisión del compromiso, tal acuerdo sería nulo. Con ello se confirma el principio de que sólo se puede contraer matrimonio cuando un hombre y una mujer consienten en ello.

546.Además de la condición del consentimiento, tampoco podrá celebrarse el matrimonio si uno de los cónyuges no estuviera en posesión de sus facultades mentales, si hubiera sido declarado incapaz por un tribunal, si fuera familiar en línea directa del otro contrayente o si los contrayentes fueran hermanos o medio hermanos o bien si uno de los futuros esposos hubiera adoptado al otro o estuviera casado.

547.Además, los matrimonios deben celebrarse entre hombres y mujeres que lo sean desde su nacimiento. En el caso de un hombre que se había sometido a una operación de cambio de sexo y afirmaba que se sentía física y psíquicamente absolutamente como una mujer y presentó una petición para que se revisara su expediente censal para ser inscrito como mujer, así como que se inscribiera su matrimonio con un hombre con arreglo al derecho tailandés, la Oficina Central de Registro del Departamento de Administración Local del Ministerio del Interior dictaminó que no procedía el registro del matrimonio, de conformidad con el fallo del Tribunal Supremo Dika Nº 157/2524 (1981) y la comunicación del Ministerio del Interior Mor Thor 0313/14802 de 23 de noviembre de 1972.

548.Si se cumplen las condiciones para un matrimonio legítimo, el encargado del registro estará obligado a inscribir el matrimonio y no podrá invocar disposiciones del Gobierno ni otras causas no previstas en la ley para denegar la inscripción. Así lo dictaminó el Tribunal Supremo en su fallo Dika Nº 580/2527 (1984), que sienta claramente el precedente de que los encargados del registro están obligados a dar curso a las solicitudes de inscripción. Con arreglo al artículo 10 de la Ley sobre el registro familiar (1935), sólo se puede denegar la inscripción cuando el matrimonio no cumpla las condiciones previstas en el Código Civil y de Comercio. La orden del Ministerio del Interior por la que se añade la prohibición de inscribir los matrimonios entre ciudadanos tailandeses y mujeres extranjeras que aún no dispongan de una tarjeta de identidad para extranjeros no se aplica a toda la población, ya que no tiene rango de ley al no haber una legislación que autorice tales órdenes o instrucciones. Por consiguiente, en esos casos, debe procederse al registro solicitado por la pareja. Como puede verse, la legislación tailandesa da plena libertad para el matrimonio salvo cuando se trate de las excepciones previstas por la ley.

549.Además del derecho a contraer matrimonio legalmente, las personas tienen derecho a fundar una familia. La legislación tailandesa reconoce este derecho al exigir explícitamente que los cónyuges vivirán juntos como pareja salvo en aquellos casos en que la convivencia fuera perjudicial para la salud física o mental del hijo o para la felicidad de la pareja. Si se dan tales circunstancias, el cónyuge que se considere perjudicado puede solicitar que el tribunal declare el divorcio no vincular.

550.Además, los cónyuges se brindarán apoyo mutuo en la medida de su capacidad y condición. Si se declara a uno de los cónyuges incapaz o semiincapaz, el otro cónyuge será con arreglo a la ley su tutor o curador. El derecho a tener una familia incluye la libertad de tener el número de hijos que se desee. No existe ley ni norma oficial alguna que restrinja la libertad de tener hijos.

Protección del matrimonio y de la familia conforme al párrafo 4 del artículo 23

551.La igualdad de derechos y de responsabilidades de los cónyuges abarca tres etapas: antes del matrimonio, durante el matrimonio y tras la disolución del matrimonio.

La igualdad de derechos y de responsabilidades antes del matrimonio

552.Como principio, el matrimonio no da origen a una igualdad de derechos y de responsabilidades entre los cónyuges. Sin embargo, cabe hacer ciertas observaciones:

Adquisición de la nacionalidad

553.Por sí mismo, el matrimonio no influye en la nacionalidad de los cónyuges, por lo que al casarse una persona no pierde ni adquiere automáticamente la nacionalidad del cónyuge. Sin embargo, la Ley de nacionalidad de 1992 reconoce el derecho de la mujer tailandesa casada con un extranjero a adquirir la nacionalidad de su marido según la legislación de ese país en materia de nacionalidad. Si opta por renunciar a su nacionalidad tailandesa deberá manifestarlo a las autoridades según la forma y el método previstos en el Reglamento Ministerial. Es la mujer quien debe decidir si desea o no renunciar a su nacionalidad tailandesa. La Ley reconoce también el derecho de la mujer tailandesa que hubiera renunciado a su nacionalidad con arreglo al artículo 13 al casarse con un extranjero a recuperar su nacionalidad si el matrimonio se disuelve por cualquier motivo.

554.En el caso de las extranjeras casadas con tailandeses, si la esposa desea adquirir la nacionalidad tailandesa puede solicitarlo a las autoridades competentes según la forma y los métodos previstos en el Reglamento Ministerial, tras lo cual se examinará su caso. Se trata de un derecho específico otorgado a las extranjeras, que algunos consideran contrario al principio de igualdad y discriminatorio. Por consiguiente, en 1996 el Consejo de Ministros resolvió otorgar el mismo derecho a los extranjeros casados con tailandesas y encargó a los organismos del Gobierno que examinaran las ventajas e inconvenientes de revisar esa ley. Hasta el momento la decisión sigue pendiente y no se ha enmendado la ley para otorgar tal derecho a los hombres extranjeros.

Uso del apellido

555.Con arreglo a los artículos 12 a 14 de la Ley sobre el apellido de 1962, las mujeres casadas adoptarán el apellido de los maridos. Se trata de una costumbre que data de 1913, cuando se promulgó la Ley sobre el apellido. La mujer divorciada recuperará su apellido de soltera y las viudas conservarán el apellido del marido. En 1987 se revisó esa ley, de manera que las viudas pueden optar entre recuperar su apellido de soltera o conservar el apellido del marido. Esta medida es objeto de crítica, ya que se considera que es causa de desigualdad. Sin embargo, el Consejo de Ministros ha dispuesto revisar la Ley sobre el apellido de 1962 para que las mujeres puedan elegir su apellido del mismo modo que los hombres.

Propiedad del suelo

556.Con arreglo al Código del suelo, los extranjeros no pueden ser titulares de terrenos salvo en el caso de los condominios. Sin embargo, ha sucedido a menudo que un extranjero se ha valido de los derechos de un tailandés y ha adquirido un terreno. Por consiguiente, en la actualidad se prohíbe la adquisición de tierras a los tailandeses casados con un extranjero. La prohibición se aplica a ambos sexos, por lo que es compatible con el principio de igualdad. Sin embargo, en la práctica se ha criticado esta prohibición porque afecta a las mujeres más que a los hombres, ya que en el caso de las mujeres es fácil advertir su condición de casadas por el tratamiento que precede al apellido e indica que está casada, mientras que en el caso de los hombres no hay cambio alguno.

557.Por consiguiente, el Consejo de Ministros ha decidido revisar varias leyes como, el Código del suelo y la Ley de condominios, para permitir que los extranjeros sean propietarios de bienes inmuebles.

558.En la actualidad existe una Ley de revisión del Código del suelo Nº 8 de 1999, que reconoce el derecho a poseer tierras a los extranjeros que inviertan en Tailandia.

Patria potestad

559.Las personas que tengan hijos seguirán ejerciendo la patria potestad aun cuando contraigan matrimonio. El matrimonio no comporta cambios en la patria potestad.

Igualdad de derechos y de responsabilidades durante el matrimonio

560.La igualdad de derechos y de responsabilidades durante el matrimonio puede considerarse desde varios puntos de vista:

a)La elección de domicilio o residencia. Con arreglo al libro quinto del Código Civil y de Comercio relativo a la familia, anteriormente se consideraba cabeza de familia al esposo, a quien correspondía la elección de residencia, mientras que la mujer debía adoptar el domicilio del marido. Posteriormente, se organizó una campaña de igualdad de derechos entre hombres y mujeres tras la cual se revisó la ley y se derogó esa disposición. Actualmente los cónyuges deben consultarse mutuamente antes de elegir domicilio o residencia y deben dar ambos su consentimiento teniendo en cuenta los intereses de la familia.

b)Administración del hogar y atención de las necesidades familiares. El artículo 1482 del Código Civil y de Comercio establece que cualquiera de los cónyuges puede ocuparse del hogar y de las necesidades de la familia según su condición y establece que el matrimonio sufragará los gastos que conlleve tal cuidado con los bienes comunes y personales de ambos cónyuges aún en el caso en que sea sólo el marido o la esposa quien administre los bienes comunes del matrimonio. Sin embargo, si el cónyuge que se ocupa del hogar o de las necesidades familiares ocasionara una pérdida cuantiosa, el otro cónyuge podrá solicitar del tribunal la revocación o restricción de sus facultades.

c)Educación de los hijos. Con arreglo al libro quinto del Código Civil y de Comercio relativo a la familia, mientras los hijos sean menores de edad, sus padres deberán criarlos y darles una educación adecuada. Los padres están obligados a mantener a sus hijos cuando éstos no puedan valerse por sí mismos ni ganarse la vida. Si uno de los cónyuges incurre en obligaciones por esas actividades, ambos esposos se responsabilizarán solidariamente de esas obligaciones.

d)Propiedad y gestión de bienes. Con arreglo al libro quinto del Código Civil y de Comercio relativo a la familia, los bienes del marido y de la esposa pueden ser de dos clases, a saber, bienes propios, que cada cónyuge administra por su cuenta y bienes gananciales, que pertenecen a ambos y que cada uno puede administrar sin el consentimiento del otro, salvo cuando se trate de determinadas gestiones de importancia o de la disposición de derechos sobre tales bienes, para lo cual será necesario el consentimiento del otro cónyuge o bien proceder a su administración conjunta. Ello refleja la igualdad de hombres y mujeres en la administración de los bienes gananciales.

e)Ejercicio de la patria potestad. Con arreglo a la ley, los cónyuges tienen los mismos derechos de ejercer la patria potestad.

Igualdad de derechos y responsabilidades tras la disolución del matrimonio

561.La legislación tailandesa reconoce la igualdad de los cónyuges tras la disolución del matrimonio de la manera siguiente:

a)Bienes y responsabilidad en materia de obligaciones. Con arreglo al libro quinto del Código Civil y de Comercio relativo a la familia, el matrimonio puede quedar disuelto por varias razones, a saber, la muerte de uno de los cónyuges, la nulidad del matrimonio y el divorcio. La ley establece que al disolverse el matrimonio deben dividirse los bienes y las obligaciones comunes en partes iguales. Por consiguiente, al disolverse el matrimonio el hombre y la mujer tienen los mismos derechos, deberes y responsabilidades.

b)Protección de los hijos. Al disolverse el matrimonio, la ley establece el ejercicio de la patria potestad y la manutención de los niños para velar por su protección de la manera siguiente:

i)En caso de nulidad del matrimonio. Si se declara nulo el matrimonio, los cónyuges deberán acordar por escrito quién ejercerá la patria potestad de cada hijo. Si no se llega a un acuerdo será el tribunal quien decida. En ese caso el tribunal podrá retirar la patria potestad a un cónyuge con arreglo al artículo 1582 del Código Civil y de Comercio y encargar su tutela a un tercero. Al tomar tal decisión el tribunal tendrá en cuenta el bienestar y los intereses del niño.

ii)En caso de divorcio. Si se trata de un divorcio por mutuo consentimiento la ley establece que los cónyuges concertarán un acuerdo por escrito para especificar quién ejercerá la patria potestad de cada hijo. Si no se alcanza tal acuerdo, la decisión competerá al tribunal y los cónyuges consignarán en el acuerdo de divorcio la pensión alimentaria correspondiente a los hijos y si ejercerá la tutela de los hijos uno de los cónyuges o ambos. En caso de divorcio por sentencia judicial, el tribunal competente en el caso decidirá quién ejerce la patria potestad de cada hijo. El tribunal tomará en consideración toda razón por la que pueda retirarse la patria potestad a un cónyuge con arreglo al artículo 1582. En ese caso, el tribunal retirará la patria potestad al cónyuge y nombrará a otra persona como tutor. Para ello el tribunal tendrá en cuenta el bienestar y los intereses del niño. En caso de divorcio por sentencia judicial, si en el acuerdo de divorcio no se especifican detalles sobre la educación de los hijos la ley faculta al tribunal para establecer la cuantía de la pensión.

iii)En caso de revocación del matrimonio. La ley establece que las disposiciones de divorcio por sentencia judicial se aplicarán también a aquellos casos en que un tribunal revoque el matrimonio. Ello se aplica también a la patria potestad y la educación de los hijos.

iv)En caso de muerte de uno de los cónyuges. Si falleciera uno de los cónyuges, el cónyuge superviviente ejercerá la patria potestad de los hijos.

562.Asimismo, la ley establece que los asuntos de familia competerán al Tribunal de Menores y de Familia, que presta especial atención a la protección del niño y de la familia.

563.Como ya se ha señalado, Tailandia atribuye gran importancia a la institución familiar y protege el derecho de toda persona a fundar una familia. Tailandia fomenta también la igualdad entre los hombres y mujeres que contraen matrimonio, tanto durante el matrimonio como tras su disolución, lo que es compatible con el artículo 23.

564.Sin embargo, como la Constitución del Reino de Tailandia reconoce la libertad de sus ciudadanos para profesar cualquier religión, si los contrayentes son musulmanes, en todo lo relativo a la familia y la herencia será de aplicación la Ley sobre la vigencia del derecho islámico en las provincias de Pattani, Narathiwas, Yala y Satul, de 1946.

Artículo 24

La protección de los derechos del niño conforme al párrafo 1 del artículo 24

565.En virtud del artículo 30 de la Constitución, todos los niños tienen derecho a ser protegidos mediante diversas y necesarias medidas, como exige su condición de menores, sin ninguna discriminación fundada en la etnia, el color de la piel, el sexo, el idioma, la religión, la raza, los bienes de la comunidad o el nacimiento.

566.En las leyes de Tailandia se emplea la palabra "niño" en diversas disposiciones con distintos significados, según la finalidad de cada ley. Por ejemplo, en el Código Penal se emplea la palabra "niño" para denotar a la persona que no ha cumplido los 14 años (arts. 73 y 74); mientras que en la Ley de establecimiento de tribunales y procedimientos de menores y de familia (1991) se le da el significado de persona mayor de 7 años pero no mayor de 14 y se entiende por "menor" la persona mayor de 14 años pero que aún no ha cumplido los 18.

567.Además, en el Código Civil y de Comercio se habla del menor como de la persona que no ha cumplido los 20 años y todavía no ha contraído matrimonio legítimo (arts. 19 y 20) y por tanto todavía no es plenamente capaz según la ley.

568.Además, el 12 de febrero de 1992 Tailandia firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, conforme a la cual se dispone que el niño es aquel que no ha cumplido aún los 18 años.

569.Por consiguiente, a fin de dar amplitud al significado de la palabra "niño" de forma que comprenda a aquellas personas a las que las leyes de Tailandia brindan protección, se entenderá por "niño" la persona menor de 20 años, como lo dispone la ley de Tailandia, salvo en el caso en que las leyes den una definición específica distinta o especifiquen el significado de alguna otra forma.

570.La población infantil en el año 1998 era como sigue:

Varones (de 0 a 14 años) 6.603.084, mujeres 6.683.454, total 13.241.583.

Varones (de 14 a 25 años) 5.473.135, mujeres 5.323.546, total 10.798.591.

571.La tasa media de mortalidad de los niños menores de 1 año es de 2,1% (1995). El porcentaje de fallecimientos de los niños de 1 a 14 años es del 2% (1995). El porcentaje de fallecimiento de los menores de 15 a 24 años es del 3,3% (1995).

572.Tailandia ha formulado tres reservas a la Convención sobre los Derechos del Niño. Se trata del artículo 7 sobre la nacionalidad, del artículo 22 sobre el estatuto de los refugiados y del artículo 29 sobre la educación. La Convención entró en vigor para Tailandia el 26 de abril de 1992, y como resultado de ello Tailandia reconoce y protege los derechos del niño en diversos aspectos, como se establece en la Convención. La tarea de protección está a cargo de la Junta de Promoción y Coordinación de Asuntos de Menores y de la Oficina Nacional de la Juventud. A ambos corresponde la aplicación de las políticas y la planificación, coordinación, vigilancia y evaluación de los programas de desarrollo de los niños y jóvenes del país. Hay organismos encargados de aplicar la Convención. A este respecto, la Oficina Nacional de la Juventud ha creado un centro de información infantil y juvenil encargado de las bases de datos y de la investigación sobre niños y menores, que han de servir para hacer los planes de desarrollo de la infancia y la juventud a gran y pequeña escala.

573.Más adelante Tailandia retiró la reserva al artículo 29, con efecto al 11 de abril de 1997. Se trata de otro paso más en el desarrollo de la protección de los derechos del niño en Tailandia. Además, ha aceptado la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y también ha elaborado un plan de acción correspondiente a dicha Declaración por el período de cinco años 1990-1995.

Problemas de los niños de familias pobres

574.En la actualidad hay organismos públicos y privados que prestan asistencia a los niños y a las familias, a saber:

-El Ministerio de Educación, por conducto de la Oficina de la Comisión Nacional de Enseñanza Primaria inició un proyecto para proporcionar almuerzo a los alumnos pobres en diversas escuelas de todo el país;

-El Ministerio de Salud Pública creó la tarjeta de asistencia y la tarjeta sanitaria para ayudar en cuestiones de salud.

575.Los organismos privados prestaron asistencia a los niños de muchas maneras, por ejemplo, asistencia económica o en especie y proporcionando materiales, alojamiento y enseñanza.

Los problemas de los niños desplazados y de los hijos de personas desplazadas desde los países vecinos de Tailandia

576.Tailandia tiene problemas que afectan a los niños de los países vecinos, a saber, Camboya, Laos, Viet Nam y Myanmar. Estos problemas se remontan a hace bastante tiempo, entre los años 1950 a 1980, cuando los refugiados y desplazados de Viet Nam, Laos y Camboya afluyeron en gran número a Tailandia. Algunos de ellos ya se han repatriado, como es el caso de los camboyanos, a raíz del acuerdo tripartito concertado entre Tailandia, Camboya y el ACNUR en 1991. Sin embargo, sigue habiendo menores de 15 años refugiados y desplazados. De ellos, 2.203 son lao y 1.367 vietnamitas (1995).

577.Alrededor de 1990, hubo refugiados y desplazados de Myanmar que entraron en Tailandia en gran número. Entre ellos había 39.000 niños menores de 15 años. Además, hay unos 160 refugiados y desplazados procedentes del Afganistán, el Irán y Sri Lanka, y entre ellos hay niños.

578.Aun cuando Tailandia no ha firmado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1966, ha brindado protección y asistencia a los refugiados y a los niños desplazados en observancia de los principios humanitarios. Se les ha atendido en las necesidades básicas, como alimentos, medicinas, atención de salud, la enseñanza preescolar y primaria y formación profesional.

El desarrollo del niño y del adolescente

579.Hay numerosos organismos gubernamentales encargados del desarrollo del niño y de los adolescentes incluida la lucha contra los delitos cometidos por niños y adolescentes. En la Oficina del Primer Ministro hay 24 divisiones en 6 oficinas y 1 departamento. También hay organismos, con diversos nombres, en los Ministerios de Defensa, Interior, Justicia, Trabajo y Bienestar Social, Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente, Educación, Salud Pública e Industria, en la Oficina de Universidades y en la Fiscalía General. Aparte de eso, hay 113 organismos del sector privado que se ocupan del desarrollo del niño y del adolescente.

Problemas que plantea la protección del niño

580.El Departamento de Bienestar Social del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social se ha encargado de dos cuestiones importante, a saber:

1.La protección del bienestar de los niños que se comportan de manera indebida, por ejemplo los niños de la calle, los mendigos que se reúnen y ocasionan molestias en los lugares públicos y también los menores de mal comportamiento que los padres son incapaces de controlar;

2.La protección de los niños que han tenido una crianza problemática, por ejemplo los niños maltratados o los que han sido objeto de venta o los forzados a mendigar o a traficar con drogas, a prostituirse o a trabajar en condiciones indebidas.

581.Hay tres formas de asistencia a la infancia, a saber:

a) Las medidas de protección

-El envío de unidades móviles para asesorar en problemas de la infancia y familiares, incluso para impartir conocimientos sobre la crianza de los hijos;

-El asesoramiento sobre los problemas de la infancia y la familia;

-Las campañas de protección de la infancia, mediante la elaboración de material educativo destinado a prevenir y resolver los problemas infantiles, para su publicación en periódicos y su difusión por las emisoras nacionales de radio;

-La organización de campañas para mejorar la vida de las personas y aumentar la experiencia de los niños desfavorecidos en colaboración con las organizaciones empresariales.

b) Medidas correctivas

-Realización de encuestas y prestación de ayuda a los niños de la calle, los niños mendigos y los que se comportan de manera inapropiada;

-Acogida de los niños en hogares de primera acogida y en los centros de protección de la infancia;

-Seguimiento del comportamiento de los niños que abandonan el hogar de primera acogida;

-Verificación de los pasaportes de los menores desde el nacimiento hasta los 14 años, conforme a la decisión del Consejo de Ministros de 18 de mayo de 1997 sobre las medidas para prevenir la venta de niños;

-Ampliación a las provincias del Servicio de Protección de la Infancia en el marco del programa de bienestar infantil y del programa de hogares de emergencia para los niños y las familias;

-Coordinación con el sector público y el privado para organizar una red de instituciones de ayuda a la infancia.

Niños abandonados

582.Tailandia también se enfrenta al problema de los niños abandonados. La cifra de niños ingresados en hogares de asistencia correspondientes al Departamento de Bienestar Social son las siguientes:

Categoría	Años fiscales
1999	2000	2001
Número de niños abandonados	750	625	614

583.El Departamento de Bienestar Social ha organizado actividades en este sentido en sus dos vertientes:

a) Prevención de problemas

i)Asistencia a los niños dentro de la familia mediante el asesoramiento, los fondos para el establecimiento de un negocio, las becas o el pago de gastos médicos. En el año fiscal 2001 recibieron asistencia 99.842 familias. El número total de niños asistidos fue de 187.432.

ii)Prestación de servicios básicos a quienes necesitan asistencia, contratando a asistentes sociales para prestar asesoramiento y apoyo psicológico.

iii)Promoción y creación de guarderías con objeto de ayudar a los niños de 0 a 6 años. El Departamento de Bienestar Social presta ayuda tanto en las cuestiones escolares como en la organización de las guarderías y las instituciones de asistencia privadas, en particular para niños desfavorecidos en las comunidades muy congestionadas, los centros de negocios y las zonas de construcción de las áreas urbanas.

iv)El Departamento de Bienestar Social fomenta y apoya la participación de todas las partes interesadas en la mejora del sector público para organizar centros de asistencia mutua a nivel de las aldeas.

b) Solución de los problemas

i)Familias de acogida. El Departamento de Bienestar Social selecciona familias que desean hacerse cargo provisionalmente del cuidado de niños y organiza a los asistentes sociales para el seguimiento y la visita periódica a esas familias. El Departamento presta asistencia económica y de otra índole. En el año fiscal 1991 había 1.151 niños acogidos en esos hogares y 119 de ellos habían sido niños abandonados.

ii)Adopción de niños. El Departamento de Bienestar Social ha establecido un comité especial que examina las solicitudes de adopción. También se ha creado un centro de adopciones que hace las veces de secretaría de la dependencia central para recibir y estudiar las solicitudes de tailandeses y extranjeros que desean adoptar niños. Además, hay otras cuatro organizaciones privadas de asistencia a la infancia que tienen licencia para examinar solicitudes de adopción. En el año fiscal 1995 se aprobaron 3.649 solicitudes de adopción;

iii)Acogida de los niños en instituciones de asistencia. En la actualidad el Departamento de Bienestar Social ha atendido 8.128 niños al año en diversas instituciones de asistencia. El Departamento se hace cargo de ellos por diversos motivos, por ejemplo la falta de padres, los hogares desquiciados, la pobreza, las migraciones, las familias de mendigos, el desplazamiento, los problemas de conducta, la situación de los niños que buscaban trabajo y cambiaron de idea y los niños abandonados.

584.A este respecto, el Departamento de Bienestar Social destaca la coordinación con el sector privado en el desarrollo de los niños y adolescentes. Puede decirse que el Departamento ha contado con muy buena cooperación de los sectores público y privado, en particular del UNICEF. El Departamento es el organismo principal que recaba la asistencia del UNICEF, lo que se hace a través de un comité constituido por varios organismos de los sectores público y privado.

El problema de los niños maltratados y violados

585.En la actualidad hay 7 organizaciones principales, públicas y privadas, y otras 35, asimismo públicas y privadas, que trabajan en red para ayudar a los niños que son objeto de actos de crueldad o de malos tratos. La ayuda prestada ha dado buenos resultados.

Los niños de la calle

586.El Departamento de Bienestar Social coordina con los sectores público y privado el establecimiento de una red destinada a ayudar a los niños de la calle, subsanar los problemas que surjan sobre la marcha y elaborar directrices sobre los problemas infantiles. La red está formada por 15 organizaciones públicas y privadas. Véanse a continuación las actividades y los resultados de la red de ayuda a los niños de la calle:

a)El desarrollo de los niños de la calle. Las actividades en este terreno incluyen las acampadas, los deportes, la unidad de erradicación del pequeño delito, los viajes de estudio y el foro de los derechos del niño.

b)La labor preventiva sobre los problemas del niño. El Departamento ha llevado a cabo muchas actividades, tales como campañas en los medios de comunicación, estudios sobre la situación de los niños con problemas en diversos lugares, en colaboración con la Oficina de la Comisión Nacional de Enseñanza, a fin de establecer un subcomité que formule políticas y planes de enseñanza para los niños de la calle. Además, el Departamento ha organizado seminarios, viajes de estudio en el país y el extranjero, cursos de capacitación académica para el personal dedicado a los niños de la calle y actividades de acampada para asistentes sociales y niños de la calle.

c)El reforzamiento de los organismos miembros. Esto se hace mediante la distribución del boletín de la red, la coordinación de la asistencia económica y los viajes sobre el terreno para reunirse con los organismos participantes.

Los problemas de la educación

587.La Constitución del Reino de Tailandia (1997) brinda protección al derecho de la educación de la forma siguiente:

Artículo 43. "Todos tendrán igual derecho a recibir la enseñanza básica de calidad y gratuita durante un período no inferior a 12 años, que proveerá enteramente el Estado.

El Estado, al proveer la enseñanza, tendrá en cuenta la participación de los organismos de la administración local y el sector privado, según lo dispuesto en la ley.

La enseñanza a cargo de organizaciones profesionales y del sector privado, bajo la supervisión del Estado, quedará protegida según lo dispuesto en la ley."

588.En los artículos 10 y 17 de la Ley nacional de educación (1999) se disponen medidas de protección de los derechos y oportunidades de los niños de recibir enseñanza conforme a la Constitución de la forma siguiente:

Artículo 10. "En la gestión de la enseñanza, se dará a cada uno iguales derechos y oportunidades de recibir una educación básica suficiente y de buena calidad durante un período no inferior a 12 años y por cuenta del Estado.

Quienes padezcan deficiencia física, mental, de conocimiento, emocional, social, de comunicación o de aprendizaje; los discapacitados e impedidos o quienes no puedan valerse por sí mismos; quienes no tengan tutor o los desfavorecidos tendrán derecho y se les dará oportunidad de recibir la enseñanza básica atendiendo a sus condiciones especiales.

La educación de los discapacitados, de conformidad con el párrafo 2, se impartirá gratuitamente desde el nacimiento o desde la fecha de comienzo de la discapacidad. Dichas personas tendrán derecho a las instalaciones necesarias y a los materiales, servicios de sanidad y servicios de otro tipo necesarios y a cualquier otra asistencia en la enseñanza, de conformidad con las normas y criterios previstos en el Reglamento Ministerial.

Se facilitará la organización de la enseñanza para las personas superdotadas con los métodos apropiados, teniendo en cuenta la capacidad de los interesados."

Artículo 17. "La enseñanza será obligatoria durante un período de nueve años. El niño que se acerque a los 7 años de edad comenzará la enseñanza básica en el centro correspondiente hasta la edad de 16 años, a menos que haya superado el examen de noveno grado de la enseñanza obligatoria."

589.La clasificación de los alumnos según el nivel de enseñanza en el año escolar de 1998 es como sigue:

Enseñanza primaria 97,71%;

Primer ciclo de enseñanza media 79,93%;

Segundo ciclo de enseñanza media 49,53%;

Enseñanza superior 33,37%;

Índice de educación posterior al nivel secundario:

Primer ciclo 91,02%;

Segundo ciclo 89,90%.

590.El Ministerio de Educación ha eliminado todos los obstáculos que pudieran afectar al derecho a la educación de los niños apátridas, los que carecen de domicilio y los hijos de personas desplazados que no pueden aportar documentación para ingresar en las diversas instituciones de enseñanza. El Ministerio ha dictado el Reglamento sobre la documentación de la fecha del nacimiento de los alumnos que ingresan en instituciones de enseñanza (1992), que entró en vigor el 11 de febrero de 1992. De esta forma se permite recurrir a otras pruebas, por ejemplo, una carta por la que se certifique el nacimiento del niño; un registro de inmigración ilegal ante las autoridades de distrito o provinciales cuando se trate de miembros de tribus de montaña o de inmigrantes ilegales, o un memorando sobre el historial del niño, según lo previsto por el Ministerio de Educación, en sustitución del certificado de nacimiento. Este reglamento es de aplicación a los niños de la calle, los niños que acompañan a sus padres a trabajar en otros lugares y los niños abandonados que están en los hogares de asistencia.

591.Además, el Ministerio del Interior ha ejecutado un proyecto para brindar a los alumnos de las tribus de montaña enseñanza universitaria. El Departamento de Bienestar Social ha establecido 97 guarderías y 8 escuelas provisionales y coopera con los organismos del Ministerio de Educación para llevar la enseñanza a quienes pertenecen a las comunidades tribales de montaña, que podrán ingresar en el sistema educativo ordinario con conocimiento del idioma tailandés. La evaluación del resultado de la labor y la cooperación con otras dependencias que ha llevado a cabo la División de Planificación Económica de la Oficina de la Junta Nacional de Desarrollo Económico y Social ha permitido averiguar que los niños de las tribus de montaña terminaban la enseñanza secundaria en un 17,32% y la primaria en un 51,19% y que tenían estudios inferiores a los primarios en una proporción del 27,82% (en el año 2002 había 376.000 niños de tribus de montaña).

El problema de los menores delincuentes

592.En el año 1993 las cifras de los niños delincuentes o que no se comportaban debidamente fueron las siguientes:

-Mal comportamiento, 3.413;

-Niños problemáticos enviados a los hogares de asistencia, 155;

-Niños delincuentes y encausados ante los tribunales de justicia y de familia, 2.678;

-Niños condenados, 2.539.

593.El Código Penal dispone la responsabilidad penal de los niños en función de su edad. Si el niño no tiene más de 7 años, no será castigado; los niños que tienen entre 7 y 14 años no serán castigados, pero el tribunal podrá amonestarlos o entregarlos a los padres para que se ocupen de ellos, imponiendo determinadas restricciones. En el caso de los niños mayores de 14 y menores de 17 años, el tribunal decidirá si procede castigarlos o no. Si el tribunal considera oportuno castigarlos, reducirá la escala penal a la mitad.

594.Por lo que se refiere a los juicios penales en los que el acusado es un menor, en virtud de la Ley de establecimiento de tribunales y procedimientos de menores y de familia de 1997, se han creado tribunales especiales, a saber, los tribunales de menores y de familia.

595.En la actualidad hay 29 de esos tribunales que tienen jurisdicción en las causas penales en las que se ven inculpados menores de 18 años. Conforme a esa ley, debe haber un quórum de dos magistrados y dos conjueces, y uno de ellos debe ser una mujer.

596.Por lo que se refiere al procedimiento durante el juicio, en la actualidad se ha revisado el Código de Procedimiento Penal, estableciéndose procedimientos especiales para los menores, estén o no detenidos o confinados antes del juicio. Se han establecido centros de observación y protección para ocuparse de los menores que son objeto de investigación o de procesos. En ellos se imparte enseñanza y capacitación a los menores detenidos y también se les ayuda en la rehabilitación durante la detención y una vez puestos en libertad. La labor corre a cargo del director del centro de observación y protección, con la asistencia de médicos, psiquiatras, psicólogos, agentes de libertad vigilada, asistentes sociales, maestros y otros funcionarios.

597.El Departamento de Bienestar Social ha adoptado las medidas siguientes para ayudar a los niños que son forzados a trabajar o explotados:

1.Recibir información de los ciudadanos, organismos y organizaciones públicas y privadas de que un niño es tratado injustamente en una relación laboral o de que está confinado, detenido o tratado con crueldad;

2.Coordinar e investigar los hechos, a cuyo fin se forma una misión tripartita en la que participa el Departamento de Asistencia y Protección Laboral, el Real Cuerpo de Policía de Tailandia y el Departamento de Bienestar Social, que visitan la fábrica en que se hubiera producido el incidente;

3.Desempeñar la tarea encomendada a cada dependencia cuando se haya determinado que se ha abierto una fábrica ilegalmente, se ha explotado el trabajo infantil, se han violado las normas laborales sobre la remuneración o se ha producido un incidente que pueda afectar al bienestar de los empleados.

598.Además, el Departamento de Bienestar Social, por conducto de su División de Protección del Bienestar Infantil, presta asistencia a los niños, especialmente mediante una labor preventiva, lo que se lleva a cabo mediante el asesoramiento sobre los problemas infantiles y familiares a los padres o tutores, los niños y los funcionarios interesados, como los asistentes sociales y los funcionarios encargados del bienestar de la infancia. Esos funcionarios organizan actividades para modificar la conducta de los menores y mejorar su calidad de vida. También lanzan campañas para prevenir los problemas de la infancia preparando actividades de relaciones públicas a través de los medios de comunicación, de forma que pueda apartarse rápidamente a los niños de las situaciones perjudiciales. Entonces se les enviará a instituciones de asistencia, donde serán rehabilitados. También recibirán enseñanza, formación profesional y protección, dándoseles mejores oportunidades de obtener un juicio justo en los procesos contra autores de delitos cometidos contra niños o en las reclamaciones de salarios contra los empleadores. Se establecerá contacto con los padres del niño para recuperarlo y seguir cuidándolo. Se informará a la familia sobre cómo deben cuidarlo y de las necesidades de cada niño. Cada familia también recibirá la asistencia necesaria, con fondos para iniciar una ocupación, incluido el asesoramiento sobre la educación de los hijos. Esta labor tiene por objeto proporcionar seguridad económica a la familia y capacitarla para cuidar de sus miembros.

Cifras de la asistencia prestada a los niños explotados en la esfera laboral

Año fiscal	Veces	Número de niños	Varones	Mujeres	Número de establecimientos
1992	10	110	66	44	10
1993	4	65	36	29	5
1994	7	33	14	9	7
1995	4	29	12	17	4
1996	3	3	1	1	3

599.Se consideran infracciones los siguientes casos de malos tratos:

1.El trabajo en condiciones injustas;

2.El confinamiento, la detención o la opresión de los trabajadores;

3.La apertura de fábricas sin permiso;

4.La falta de medidas sanitarias y de seguridad en el lugar de trabajo según lo dispuesto por la ley;

5.La explotación del trabajo infantil.

600.El Ministerio de Salud Pública y otros organismos han prestado atención de salud gratuita a los niños y adolescentes de las maneras siguientes:

a)Servicios de salud a los enfermos. Desde el nacimiento hasta los 12 años de edad se prestará a los niños atención de salud en centros de salud u hospitales del Estado.

b)Servicio de salud escolar. Los niños que asisten a escuelas primarias y secundarias recibirán la necesaria protección de salud y servicios de promoción sanitaria. Esos servicios incluyen el diagnóstico de enfermedades y anomalías, la vacunación, las gafas de lectura, las prótesis auditivas, la prevención y la cura de enfermedades potencialmente graves como la talasemia, la observación del desarrollo y la corrección de los síntomas de falta de peso y la difusión de los conocimientos sanitarios.

c)Abastecimiento de leche como suplemento dietético, a los alumnos de enseñanza primaria, a diario y durante todo el año.

d)Servicios de salud y abastecimiento de leche a los alumnos de las zonas remotas, que estarán a cargo de la policía de patrulla fronteriza.

601.Para los niños y adolescentes de las zonas remotas, el Ministerio de Salud Pública ha designado una segunda fase (1997-2001) del Plan de desarrollo para los niños y adolescentes en las zonas remotas, iniciado por su Alteza Real la Princesa Sirindhorn. El Plan tiene por objeto mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes en esas zonas. Además, el Ministerio del Interior ha elaborado un plan de desarrollo para los trabajos en materia de salud escolar. Por ejemplo, en 1996 se prestaron los siguientes servicios a los alumnos:

a)Suministros médicos a 305.000 alumnos de 484 escuelas, con un presupuesto de 1.222.000 baht;

b)Prestación de servicios de salud a 177.300 alumnos en 484 escuelas primarias y secundarias, con un presupuesto de 5.319.000 baht.

Reducción de la tasa de mortalidad infantil

602.Se están aplicando en Tailandia medidas o proyectos denominados "Maternidad segura" en 75 provincias. Esos proyectos comprenden las siguientes actividades:

1.Reducción de la falta de oxígeno en el parto;

2.Atención en el parto;

3.Atención anterior al parto (reducción del riesgo durante el embarazo).

603.Se darán suplementos de nutrición a las mujeres embarazadas y a los lactantes según la edad y el desarrollo de cada uno. El Departamento de Salud Pública dará cartillas de suplementos nutritivos a las mujeres embarazadas que tengan escasez de nutrientes.

Medidas para prevenir la venta de niños

604.En la decisión del Consejo de Ministros sobre las medidas para prevenir la venta de niños se dieron instrucciones a los organismos interesados para que llevaran a cabo las actividades que se indican a continuación.

605.El Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Oficina Universitaria y la Administración Metropolitana de Bangkok informarán a los hospitales y a los centros de salud maternoinfantiles que dependan de ellos y a las clínicas privadas autorizadas por el Ministerio de Salud Pública que tengan niños a su cuidado, que no deberán entregar dichos niños a familias de acogida o a quienes hayan solicitado la adopción. Deberán enviar esos niños a la Oficina de la Infancia, la Juventud, los Grupos Vulnerables, los Discapacitados y los Ancianos, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana, en el plazo de seis meses, de forma que el Departamento pueda ocuparse de ellos debidamente y prestarles la asistencia que necesiten.

606.El Ministerio de Relaciones Exteriores informará al Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana cuando se presente una solicitud de pasaporte de un recién nacido o de un niño de hasta 14 años de edad que vayan a viajar sin que los acompañe ningún progenitor con objeto de ser adoptados por un extranjero, y cuando se sospeche que se envía al niño con ese propósito. La Oficina de la Infancia, la Juventud, los Grupos Vulnerables, los Discapacitados y los Ancianos investigará los hechos detalladamente y enviará su dictamen al Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana. Si este Ministerio opina que no debe expedirse el pasaporte a un niño determinado, el Ministerio de Relaciones Exteriores paralizará la tramitación del pasaporte hasta que se cuente con hechos y pruebas que satisfagan al Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana. El Ministerio de Relaciones Exteriores informará al Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana de cualquier cambio de opinión.

607.En el caso de las solicitudes de pasaporte de recién nacidos y de niños de hasta 14 años de edad adoptados en Tailandia, el Ministerio de Relaciones Exteriores informará al Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana y le enviará los documentos correspondientes, de forma que el Departamento de Bienestar Social pueda comprobar su autenticidad con la Administración Metropolitana de Bangkok o el Departamento de Administración Local. El Ministerio del Interior informará entonces al Ministerio de Relaciones Exteriores. Si todos o una parte de los documentos de adopción hubieran sido falsificados, el Ministerio de Relaciones Exteriores prohibirá la emisión del pasaporte.

El papel de las organizaciones no gubernamentales en la protección de los derechos del niño conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño

608.Las ONG dedicadas a la infancia se dividen en cinco categorías:

1.Las organizaciones nacionales legalmente registradas, con personalidad jurídica, en forma de fundación o de asociación, como la Fundación de la Infancia, la Fundación para el Desarrollo del Niño, la Organización del Consejo para el Desarrollo de los Niños y Adolescentes y la Asociación del Bienestar de la Infancia de Tailandia.

2.Las organizaciones nacionales no registradas, creadas para desempeñar determinadas actividades o como parte de otras organizaciones. Persiguen la movilidad en el desarrollo de su labor y reciben distintos nombres, según la misión que llevan a cabo, por ejemplo, un grupo de proyecto o un grupo de trabajo comunitario, como los Trabajadores para la Infancia o el Grupo para la Infancia.

3.Las organizaciones extranjeras que tienen oficinas en Tailandia, que están legalmente registradas conforme al derecho del país, por ejemplo la Fundación Fondo Cristiano para la Infancia de Tailandia y la Fundación Visión Mundial de Tailandia.

4.Las organizaciones extranjeras que no están registradas conforme al derecho tailandés y que son ramas de organizaciones extranjeras que no tienen personalidad jurídica. No obstante, han firmado determinados contratos o acuerdos para la realización de su trabajo con algunas organizaciones gubernamentales, como la Organización para la Asistencia a los Niños de Tailandia y la Organización Pearl S. Buck de Tailandia.

5.Las organizaciones privadas creadas por organismos gubernamentales para facilitar su trabajo con el Estado. Esas organizaciones tienen una elevada capacidad de movilización de recursos, ya que cuentan con el apoyo del Estado.

609.Las ONG que trabajan en el ámbito de la infancia y la adolescencia pueden dividirse en distintas categorías según los objetivos que persigan, a saber:

1.Salud, salud mental y nutrición32 organizaciones

2.Desarrollo familiar, social y comunitario39 organizaciones

3.Enseñanza y formación profesional46 organizaciones

4.Ética, virtudes, religión y cultura24 organizaciones

5.Leyes, derechos, protección6 organizaciones

Total 147 organizaciones

610.El papel de las ONG en la protección de los derechos del niño:

1.Vigilar y realizar investigaciones sobre la situación de los derechos del niño.

2.Investigar e informar sobre la gravedad de las situaciones en que se violen los derechos del niño.

3.Estar al tanto de la situación de los niños maltratados y prestarles asistencia jurídica integral en caso de juicio. Todavía no se ha dado ningún estatuto jurídico a este tipo de labor.

4.Difundir conocimientos sobre los derechos del niño y las actividades de las organizaciones internacionales.

5.Movilizar a los grupos de presión interesados en los derechos del niño e impulsar la adopción de medidas a nivel del Estado y de las organizaciones internacionales.

6.Hacer sugerencias a los organismos interesados en apoyo a los niños para que consigan sus derechos básicos y cooperar con aquéllos.

7.Cooperar con los mecanismos de planificación nacional y participar en la planificación de la protección y el desarrollo de la infancia, por ejemplo, la participación de las ONG en la primera asamblea nacional sobre el desarrollo del niño, el curso práctico sobre el Plan de acción principal para la Declaración de la infancia y la planificación de los asuntos de la infancia y de la adolescencia, de manera compatible con los planes de desarrollo social y económico sexto y séptimo.

611.De la información anterior se desprende que el derecho de Tailandia dispensa a la infancia una protección amplia y genuina. La Comisión Nacional de Promoción y Coordinación de los Asuntos de la Infancia ha redactado un proyecto de ley que permitirá proteger más eficazmente los derechos del niño.

La protección de los derechos del niño de conformidad con el párrafo 2 del artículo 24

612.La Ley de registro de los habitantes (1991) dispone que el cabeza de familia o uno de los progenitores estará obligado a informar de los nacimientos al registro civil del distrito en que se haya producido en los 15 días siguientes a la fecha de dicho nacimiento. Al hacerlo, la persona que asistió en el parto o quien dispensara la atención médica expedirá asimismo un certificado de nacimiento a la persona que informe al distrito correspondiente.

613.Además, cuando una persona encuentre abandonado a un recién nacido o a un lactante, la ley exige que esa persona lleve la criatura inmediatamente ante un funcionario de la administración, a la policía o a un asistente social. Una vez que el funcionario administrativo o la policía hayan recibido a la criatura, el funcionario lo hará constar y llevará al niño ante un funcionario de asistencia pública. Este último informará al Registro Civil, que expedirá un certificado de nacimiento al informante. En ese certificado el encargado del registro dejará constancia de todos los datos que se conozcan.

614.En el caso de los nacimientos ocurridos fuera del país, el Cónsul de Tailandia o el funcionario de embajada que designe el Ministerio de Relaciones Exteriores se encargará del registro y el informante dará cuenta al consulado o la embajada en el país de que se trate. Si no hay embajada o consulado en ese país, el informante se servirá del acta de nacimiento expedida por el Estado en que haya ocurrido, traducida y certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, como prueba fehaciente del nacimiento. La ley dispone también que el encargado del registro civil de distrito y el encargado del registro civil local tendrán el deber de expedir el certificado de nacimiento.

615.Conforme a la ley, todos los niños tendrán derecho a tener nombre y apellido.

616.El artículo 1561 del Código Civil y de Comercio dispone que los niños tendrán derecho a utilizar el apellido del padre. Si el padre es desconocido, tendrán derecho a emplear el apellido de la madre. En el caso de los nacidos fuera de matrimonio, la ley considera que son hijos legítimos de la madre y, por tanto, tendrán derecho a usar el apellido de ésta.

La protección de los derechos del niño conforme al párrafo 3 del artículo 24

617.Antiguamente la concesión de la nacionalidad tailandesa estaba regulada por la Ley de nacionalidad (1992). El niño adquiría la nacionalidad con arreglo al jus sanguinis, si su padre era tailandés, o con arreglo al jus soli si había nacido en Tailandia, conforme al artículo 7 de dicha ley. Para obtener la nacionalidad tailandesa las personas debían satisfacer alguna de las siguientes condiciones:

1.Haber nacido de padre tailandés dentro o fuera del Reino;

2.Haber nacido fuera del Reino de Tailandia de madre tailandesa, aunque no tuviera padre legítimo conocido o éste fuera apátrida;

3.Haber nacido en el Reino de Tailandia.

618.El anuncio Nº 337 del Partido Revolucionario (1972) revocó la nacionalidad tailandesa de las personas nacidas en el Reino de Tailandia de padre o madre extranjeros, cuyo padre legítimo fuera desconocido o cuyo padre o madre:

1.Tuviera indulgencia para residir provisionalmente en el Reino de Tailandia como caso especial;

2.Tuviera autorización para permanecer provisionalmente en el Reino de Tailandia;

3.Entrara y residiera en el Reino de Tailandia sin permiso conforme a la Ley de inmigración de Tailandia;

a menos que el Ministro del Interior resolviera otra cosa.

619.En 1992, en la versión revisada de la Ley de nacionalidad, se dio a los descendientes de padre o madre tailandesa el derecho de adquirir la nacionalidad con arreglo al jus sanguinis ya hubieran nacido dentro o fuera del Reino de Tailandia. Los hijos de dichas personas adquirirán la nacionalidad tailandesa, salvo aquellos a los que alude el párrafo 1 del artículo 7 bis, que se refiere a quienes han nacido fuera de Tailandia de padres extranjeros cuando en el momento del nacimiento su padre, legítimo o no, no estuviera casado con su madre, o cuya madre:

1.Tenga indulgencia para residir provisionalmente en el Reino de Tailandia;

2.Tenga autorización para permanecer provisionalmente en el Reino de Tailandia;

3.Haya entrado y resida en el Reino de Tailandia sin permiso conforme a la Ley de inmigración,

al menos que el Ministro del Interior les conceda la nacionalidad tailandesa con carácter especial y conforme a los principios establecidos por el Consejo de Ministros.

620.La revisión de la ley ha sido útil para reducir los problemas derivados de la apatridia de los niños nacidos en Tailandia de padres extranjeros, conforme al artículo 7 bis mencionado, y que no adquirían la nacionalidad de los padres o los padres eran apátridas.

621.Conforme a los principios aplicados por el Ministerio del Interior, por grupo minoritario se entiende a aquellas personas que no tienen la nacionalidad tailandesa pero residen provisionalmente en Tailandia por diversos motivos, como la migración ilegal.

622.Los hijos de esas personas adquirirán la nacionalidad tailandesa si el padre o la madre son tailandeses. En ese caso el niño adquirirá la nacionalidad del padre o de la madre, según se indicó anteriormente.

623.No obstante, Tailandia trata de resolver el problema de los niños apátridas a fin de ajustarse más al artículo 24 del Pacto.

Artículo 25

El derecho de voto

624.El sistema político tailandés llegó a otro punto decisivo al proponerse una reforma política, ya que la mayoría de la población opinaba que las políticas y los distintos gobiernos anteriores no habían favorecido el desarrollo del país. Por último se enmendó la Constitución de 1991 para permitir el nombramiento de los miembros del Parlamento Constituyente encargado de redactar una nueva Constitución, que entró en vigor el 11 de octubre de 1997.

625.Conforme a dicha Constitución, rige en Tailandia un régimen democrático cuyo Jefe de Estado es el Rey. La Asamblea Nacional consiste en la Cámara de Representantes y el Senado. Tienen derecho de voto las personas no menores de 18 años de edad al 1º de enero del año de las elecciones. La Cámara de Representantes está integrada por 500 miembros, de los cuales 100 son elegidos sobre la base de las listas de los partidos y 400 sobre la base de los distritos electorales. El período de la Cámara de Representantes es de cuatro años contados a partir del día de las elecciones. El Senado, por su parte, consiste en 200 miembros elegidos por el pueblo por un período de seis años.

626.Los principios que figuran en la Constitución de 1997 indican que se han introducido diversas modificaciones y revisiones, haciéndose hincapié en los derechos y deberes del ciudadano.

Derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos

627.El derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por intermedio de sus representantes libremente elegidos, ha incrementado aún más la participación popular en materia de política y gobierno, como sigue:

a)50.000 personas con derecho de voto podrán presentar una moción para proponer leyes sobre los derechos, libertades y principios básicos en la formulación de políticas estatales;

b)50.000 personas con derecho de voto podrán presentar una moción para destituir al Primer Ministro, a los Ministros, a los miembros de la Cámara de Representantes, a los senadores, al Presidente del Tribunal o al Fiscal General, de existir pruebas sustanciales de corrupción en su contra;

c)Votar en un referéndum cuando el Consejo de Ministros consulta la opinión popular;

d)Incrementar la participación de la población en la administración local y conceder autonomía a la población sin afectar a los intereses y la unidad del país en general, con sujeción a las condiciones siguientes:

i)Los miembros de la asamblea local serán elegidos; sin embargo los jefes de subdistritos y los jefes de aldeas podrán conservar sus cargos en la organización de administración de los subdistritos hasta que se elija a los miembros del Consejo de esa organización;

ii)Los administradores locales podrán ser elegidos directamente o aprobados por las asambleas legislativas locales;

iii)Las provincias que así lo deseen tendrán administraciones locales según lo consideren apropiado el Gobierno y la Asamblea Nacional;

iv)Los mecanismos locales serán independientes respecto de las autoridades, la economía, la tributación, e incluso en materia de dotación y administración de personal;

v)Las personas residentes en las jurisdicciones de las distintas administraciones locales tendrán derecho a destituir a los administradores y miembros de las asambleas locales;

vi)Podrán proponerse leyes locales con la firma de la mitad de la población;

vii)Las organizaciones de la administración local estarán obligadas a mantener y preservar las artes, la cultura, las costumbres, los conocimientos locales, la educación y los recursos naturales, así como el medio ambiente.

Derecho a controlar el ejercicio del poder del Estado

628.En el artículo 214 de la Constitución se estipula además el derecho de las personas a participar en los asuntos del Estado directamente o por conducto de la Cámara de Representantes, cuyos miembros son libremente elegidos. También se otorga a las personas el derecho a controlar el funcionamiento de los asuntos del Estado. Cuando el Gabinete opina que determinada cuestión podría afectar a los intereses nacionales o públicos, el Primer Ministro, con aprobación del Consejo de Ministros, podrá consultar con el Presidente de la Cámara de Representantes y el Presidente del Senado, la organización de un referéndum y su publicación en la Gaceta Real. Un número de electores no menor de 50.000 podrá presentar una petición al Presidente del Senado para solicitar al Senado que se someta a votación la destitución del Primer Ministro o de los Ministros. Además, un número de electores no menor de 50.000 podrá presentar una petición al Presidente de la Asamblea Nacional pidiendo que ésta considere leyes a la luz de lo prescrito en el capítulo 3 de la Constitución sobre los derechos y deberes de los tailandeses y el capítulo 5 sobre los Principios rectores de las políticas fundamentales del Estado.

629.En relación con la administración local, si por lo menos las tres cuartas partes del total de las personas con derecho de voto presentes en la elección de cualquier organización de la administración local estiman que determinado funcionario de esa organización de la administración local no es apto para permanecer en el cargo, ese miembro o funcionario deberá abandonar el cargo, conforme a lo establecido por la ley.

630.Con respecto al funcionamiento de los asuntos del Estado, mediante la Ley sobre la organización administrativa del Estado (1991) (arts. 4, 7, 10, 11, 20, 21, 51 y 70) se ha dividido la administración del país en tres categorías, a saber:

1.1.Administración central;

1.2.Administración provincial;

1.3.Administración local.

631.La administración central consiste en la Oficina del Primer Ministro, los ministerios, las oficinas y departamentos dependientes del Primer Ministro, los ministros y los directores generales. Las calificaciones de Primer Ministro y de los ministros se estipulan en la Constitución.

632.La administración provincial consiste en las provincias y distritos que dependen de los gobernadores y los jefes de distrito. Estos cargos pertenecen al ámbito de la administración publica, y los nombramientos dependen del Ministro del Interior, que es parte de la administración central.

633.La administración local consiste en las organizaciones de la administración provincial, las municipalidades, la administración sanitaria y otras administraciones locales conforme a lo establecido por la ley, como las organizaciones de administración de los subdistritos. Actualmente el poder está más descentralizado y, en consecuencia, se están estableciendo cada vez más organizaciones de administración subdistritales mediante elecciones directas en las distintas localidades.

Participación de la población en la administración central

634.En relación con el nombramiento y las calificaciones del Primer Ministro y de los ministros, la Constitución del Reino de Tailandia establece lo siguiente: el Rey nombra al Primer Ministro y hasta 35 ministros, que constituirán el Consejo de Ministros, encargado de la administración de los asuntos del Estado. El Primer Ministro deberá ser seleccionado entre los miembros de la Cámara de Representantes o personas que hayan integrado la Cámara de Representantes pero cuyo nombramiento haya concluido durante el período de la misma Cámara.

635.Conforme a lo dispuesto en la Constitución, el Gabinete estará integrado por el Primer Ministro y los ministros. En la Constitución se estipula que la Cámara de Representantes considerará y aprobará a la persona propuesta para el cargo de Primer Ministro. La resolución de la Cámara que apruebe el nombramiento deberá contar con más de la mitad de los votos. La resolución se aprobará por votación pública.

636.El Primer Ministro y los ministros no podrán ser simultáneamente miembros de la Cámara de Representantes y miembros del Senado.

637.Todo miembro de la Cámara de Representantes que haya sido nombrado Primer Ministro o ministro dejará el cargo el día siguiente a la fecha en que hayan transcurrido 30 días desde la expedición de la Orden Real de nombramiento.

638.Puesto que en la Constitución se establece que el Consejo de Ministros administrará el país, en concordancia con lo dispuesto en el apartado a) de artículo 25 del Pacto, el Primer Ministro presidirá el Consejo de Ministros y deberá tener calificaciones similares a las de los candidatos a miembros de la Cámara de Representantes:

1)Poseer la nacionalidad tailandesa de nacimiento;

2)Tener no menos de 25 años de edad el día de las elecciones;

3)Haberse graduado con un título no inferior al de bachiller o equivalente, salvo que anteriormente haya sido miembro de la Cámara de Representantes o senador;

4)Haber sido miembro de un solo partido político, cualquiera que fuere, durante un período consecutivo no menor de 90 días inmediatamente antes de la fecha de la presentación de su candidatura para las elecciones;

Etc.

639.Todo ministro deberá cumplir con los requisitos siguientes:

1)Tener la nacionalidad tailandesa de nacimiento;

2)Tener no menos de 35 años de edad;

3)Haberse graduado con un título no inferior al de bachiller o equivalente;

Etc.

640.Además, no podrá ser ministro un funcionario público que ejerza un cargo permanente o que reciba un salario, salvo que se trate de un oficial político.

641.El Consejo de Ministros que asuma la administración de los asuntos del Estado deberá exponer sus políticas a la Asamblea Nacional en el plazo de los 15 días siguientes a la fecha en que asuma sus funciones, siempre que no se le haya otorgado un voto de confianza. Los ministros ejercerán la administración de los asuntos del Estado de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, las leyes y políticas, y serán responsables a título individual ante la Cámara de Representantes respecto del cumplimiento de sus funciones, y a título colectivo ante la Asamblea Nacional respecto de las políticas generales del Consejo de Ministros.

Participación política de la mujer

642.Tailandia es Parte en la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Sin embargo, la participación de la mujer en la administración del Estado, en especial en niveles superiores como el de ministro, es comparativamente ínfima. Ello puede atribuirse al hecho de que la asignación de los puestos administrativos depende del partido político o de los partidos políticos que componen el Gobierno. Son pocas las mujeres que ocupan puestos administrativos en los partidos políticos, lo que les impide adoptar decisiones y formular políticas.

643.El papel limitado de la mujer no significa que se le esté excluyendo. Pero es resultado de una menor participación femenina en comparación con la participación masculina en el medio político. Las estadísticas de las elecciones generales celebradas el 17 de noviembre de 1996 revelan que de un total de 2.310 candidatos hubo solamente 360 candidatas y que de un total de 393 candidatos elegidos sólo 22 eran mujeres. En el Gobierno actual del Teniente Coronel de Policía Thaksin Shinawatra, que asumió el cargo de Primer Ministro el 9 de febrero del año 2544 de la era budista (2001), sólo 3 mujeres ocupan cargos en el Gabinete.

644.Cabe señalar que la tendencia que se observa es una evolución lenta del papel de la mujer tailandesa en materia de política en comparación con su papel en el sector de la economía. Esto podría atribuirse a la postura, arraigada en la sociedad tailandesa, de que los titulares de los cargos principales deben ser hombres. Dicha postura es un obstáculo importante para una mayor participación de la mujer en política, por lo que muy pocas mujeres asumen cargos políticos. Otro factor es que la política no es considerada una carrera atractiva. Se la considera más o menos una carrera para revolucionarios. Por lo tanto, no resulta tan atractiva para la mujer como debiera serlo.

Participación en la administración local

645.En la Constitución se estipula que el Estado concederá autonomía a cada localidad sobre la base del principio de la autonomía política, conforme a la voluntad popular. Toda localidad favorable a la autonomía tendrá derecho a constituirse en una organización de administración local conforme a lo establecido por la ley.

646.Todas las organizaciones de administración local serán autónomas en cuanto a sus políticas de gobierno, su administración, su personal, sus finanzas y asuntos fiscales, y tendrán sus propias autoridades.

647.Las organizaciones de administración local tendrán una asamblea local y un comité administrativo local o administradores locales. Los miembros de las asambleas locales serán elegidos. Por su parte, los comités administrativos locales y los administradores locales podrán ser elegidos directamente por el pueblo o mediante aprobación de la asamblea local. Los miembros de una asamblea local, de un comité administrativo local o los administradores locales ejercerán sus cargos durante un período de cuatro años.

648.Se han producido siempre cambios sustanciales en las administraciones locales cada cierto tiempo. Estos cambios han incrementado el poder político de los tailandeses, en especial el de la población de las zonas rurales. En virtud de la Ley sobre la organización de la administración de los subdistritos (1994), existe un proceso de descentralización del poder en favor de las distintas localidades, en sustitución del nombramiento de los funcionarios por el Gobierno central.

649.Las estadísticas de fines de 1995 revelan que son menos de 1.000 los subdistritos, de un total de 6.000, que están satisfechos con los requisitos de las elecciones. En 1996 hubo elecciones en 2.143 subdistritos en 71 provincias. Se espera que dentro de algunos años cada subdistrito organizará sus propias elecciones. Hubo 88.378 candidatos varones y 9.665 (9,9%) candidatas en las elecciones locales de 1996, en las cuales resultaron elegidas 3.389 mujeres (8%) de un total de 42.730 candidatos elegidos.

650.Un obstáculo importante que impide que las mujeres asuman cargos en la administración local es la actitud negativa o el prejuicio contra el papel de la mujer en la política. Otro obstáculo es que las mujeres de las zonas rurales suelen recibir menos formación que los hombres, por tener que dedicarse a tareas domésticas. Esto reduce inevitablemente las posibilidades de que las mujeres asuman los cargos de jefe de aldea o jefe de subdistrito.

Artículo 26

651.El contenido del artículo 26 es similar al del artículo 30 de la Constitución del Reino de Tailandia, aplicable a todos. Ningún funcionario público, así como ningún organismo público actuará de manera discriminatoria, y, en caso de detectarse alguna medida discriminatoria, contraria en consecuencia al artículo 30 de la Constitución y al artículo 26 del Pacto, se establece en el párrafo 2 del artículo 28 del Pacto que "El Comité estará compuesto de nacionales de los Estados Partes en el presente Pacto, que deberán ser personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos. Se tomará en consideración la utilidad de la participación de algunas personas que tengan experiencia jurídica".

652.Tailandia ha comenzado a redactar disposiciones legislativas que prohíben la discriminación, en consonancia con el artículo 26 del Pacto. Se creó un subcomité del Comité para la conmemoración del cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos para revisar las leyes tailandesas con miras a una mejor aplicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros convenios internacionales de derechos humanos. Se está sometiendo al Consejo de Ministros para su examen un proyecto de ley sobre la discriminación injusta contra las personas.

653.Ya se han mencionado con pormenores algunas medidas de lucha contra la discriminación en la parte del informe correspondiente al artículo 2.

Artículo 27

La situación del problema

654.Por minorías se entienden los grupos de personas que comparten una etnia, un idioma, una religión, costumbres y creencias diferentes de las de la mayoría de la población del país. El problema de las minorías se presenta en muchos países y no se limita a Tailandia. En realidad, el problema se presentó con el nacimiento del país. En la actualidad, la mayoría de los países son resultado de la anexión de los territorios de antiguos Estados más pequeños. Se trata de una anexión de grupos étnicos que poseen etnias, idiomas, religiones, costumbres y creencias diferentes. Asimismo, los diferentes grupos étnicos no han dejado de migrar desde la antigüedad. Este factor explica que el país esté integrado por diferentes grupos étnicos, que difieren de la mayoría del país. Así pues, se transforman en minorías.

Las minorías de Tailandia

655.Existen varios grupos minoritarios que se han instalado en Tailandia por períodos prolongados, y Tailandia ha establecido reglamentaciones para controlarlos en sus zonas de residencia y para el empadronamiento de las familias. Los principales grupos minoritarios son:

a)Los inmigrantes vietnamitas. Son los vietnamitas que huyeron tras la caída del Gobierno francés en 1945-1946, ingresando ilegalmente en Tailandia en 13 provincias, a saber, Nakhorn Phanom, Mukdaharn, Udornthani, Nong Khai, Ubon Rajthani, Yasothorn, Prachin Buri, Sakol Nakorn, Pattalung, Nongbua Lamphu, Sa Kaew y Amnat Charoen.

b)Los ex combatientes del Kuomintang y los chinos musulmanes o "Chin Hor". Los ex combatientes del Kuomintang son los antiguos soldados del 93º batallón de infantería de Taiwán que huyeron de la represión de China comunista atravesando Birmania para asentarse en Tailandia entre 1950 y 1956 en Chiang Mai, Chiang Rai y Mae Hong Son. Los chinos musulmanes civiles son los chinos familiares de los chinos de la generación anterior que se trasladaron a Tailandia entre 1954 y 1962 y que residen en Chiang Mai, Chiang Rai, y Mae Hong Son.

c)Los chinos musulmanes libres. Son los chinos que afirman ser parientes de los antiguos combatientes chinos del Kuomintang y de los chinos musulmanes civiles que emigraron ilegalmente a Tailandia entre 1962 y 1989. Residen en Chiang Mai, Chiang Rai y Mae Hong Son.

d)Los ex guerrilleros comunistas chinos de Malaya. Se tolera su presencia en la zona de Yala, Songkhla y Narathiwat.

e)Los thai lue. Son un grupo étnico que emigró a Tailandia procedente de Sib-Song Pan-Na o Sib-Song Chu-Thai en Yun Nan (China). Residen principalmente en las provincias de Chiang Rai y Pha Yao en Tailandia.

f)El grupo de etnia tai de la isla de Kong. Llegaron procedentes de Camboya y residen en la provincia de Trat.

g)Los internamente desplazados de nacionalidad birmana de etnia tai. Se tolera su presencia en las provincias de Tak, Prachuap Khirikhan, Chumphon, y Ranong.

h)Los montañeses. Este grupo incluye a las tribus montañesas y otros grupos que viven con esas tribus en las regiones montañosas. Hay nueve (sic) tribus principales, a saber, los karen, mong, muser, yao, akha, lisu, lua y khamu. Residen en 20 provincias, a saber, Mae Hong Son, Chiang Rai, Chiang Mai, Lampang, Lamphun, Phrae, Nan, Phayao, Tak, Sukhothai, Kamphengphet, Phitsanulok, Phetchabun, Loei, Uthaithani, Kanchanaburi, Suphanburi, Ratchaburi, Phetchaburi y Prachaup Kiri Khan.

i)Los birmanos desplazados. Son varios grupos raciales que emigraron de Birmania para vivir en Tailandia antes de marzo de 1976. Residen en nueve provincias, a saber, Chiang Rai, Chiang Mai, Tak, Mae Hong Son, Ratchaburi, Prachaup Khiri Khan, Chumphon, Kanchanaburi y Ranong.

j)Los inmigrantes ilegales de Birmania (con residencia permanente). Se trata de personas que residían en Birmania y que emigraron ilegalmente a Tailandia después del 9 de marzo de 1976 y tienen residencia permanente en Tailandia en diez (sic) provincias, como los birmanos desplazados.

k)Las víctimas de conflictos armados. Son los inmigrantes ilegales que fueron llegando a Tailandia a partir de 1984, principalmente a raíz de que el Gobierno de Birmania recurrió a la fuerza para suprimir a grupos minoritarios como los khaya, shan, karen, y mon. El Gobierno de Tailandia ha dispuesto lo necesario para su asilo en las fronteras, les ha brindado asistencia básica conforme a los principios humanitarios, y los considera como inmigrantes ilegales.

l)Inmigrantes nepaleses. Se trata de nepaleses que vivían en Birmania y que se trasladaron a Thong Pha Phum en la provincia de Kanchana Buri durante la segunda guerra mundial.

El arraigo cultural y religioso de los grupos minoritarios

656.El artículo 14 de la Constitución del Reino de Tailandia contiene también una disposición sobre el reconocimiento de la dignidad humana, cuyo tenor es el siguiente: "Se protegerá la dignidad humana, los derechos y la libertad de las personas". En relación con el derecho de las comunidades indígenas a conservar y restaurar sus costumbres, su sabiduría local, sus artes y cultura, se estipula en el artículo 46 de la Constitución que "las personas que se reúnan para formar una comunidad local tendrán derecho a conservar y restaurar sus costumbres, su sabiduría local, sus artes y cultura". Esto confirma la protección del derecho de los grupos minoritarios a conservar y restaurar sus costumbres, su sabiduría local, sus artes y cultura en Tailandia.

657.En relación con el derecho a profesar la religión y practicar ceremonias religiosas, se estipula en el artículo 38 de la Constitución del Reino de Tailandia lo siguiente:

"Toda persona gozará de plena libertad para profesar una religión o una secta o creencia religiosa y para observar preceptos religiosos o ejercer una forma de culto de conformidad con sus creencias; siempre que ello no sea contrario a sus deberes cívicos, al orden público o a la moral.

En el ejercicio de la libertad mencionada en el párrafo 1, toda persona gozará de protección contra cualquier acto del Estado que menoscabe sus derechos o los beneficios que le corresponden, por el hecho de profesar una religión, una secta o creencia, u observar preceptos religiosos o ejercer una forma de culto de conformidad con sus creencias, diferentes de los de otras personas."

658.En la práctica, el Gobierno de Tailandia ha otorgado derechos y libertades a los grupos minoritarios, en especial el derecho a profesar sus religiones. Actualmente, muchos de los habitantes de las tribus montañesas profesan el budismo y envían cada vez más a sus hijos a ordenarse como novicios y monjes en diversos templos, y algunos montañeses han abrazado el cristianismo. El Gobierno de Tailandia ha brindado a misioneros de diversos países la oportunidad de realizar su labor misionera entre los grupos minoritarios de Tailandia conforme a la nota Nº 0502/4208 del Consejo de Seguridad Nacional, de fecha 23 de diciembre de 1997.

Concesión de la nacionalidad a los migrantes

659.El Gobierno de Tailandia tiene la política bien definida de reconocer como extranjeros a la primera generación de inmigrantes legales pertenecientes a cuatro grupos, a saber, los inmigrantes vietnamitas, los antiguos combatientes del Kuomingtang y los chinos musulmanes civiles, los antiguos guerrilleros comunistas chinos malayos y el grupo étnico tai lue. La política del Gobierno consiste en conceder la nacionalidad tailandesa a sus descendientes nacidos en Tailandia.

660.El Gobierno también tiene la política de naturalizar a otros dos grupos, a saber, los inmigrantes de etnia tai procedentes de la isla de Kong (Camboya) y los birmanos desplazados de etnia tai.

661.El Gobierno todavía tiene que definir su política en relación con los otros tres grupos, es decir, los musulmanes chinos libres, los birmanos desplazados y los inmigrantes nepaleses.

Inmigrantes vietnamitas

662.El 17 de marzo de 1992 el Gabinete aprobó la política de seguridad nacional relativa a los inmigrantes vietnamitas (1992-1994) propuesta por la Oficina del Consejo de Seguridad Nacional. La aplicación de la política entraña los siguientes criterios:

1)Asimilar a los inmigrantes vietnamitas a la sociedad tailandesa y permitir que los inmigrantes vietnamitas vivan en Tailandia de manera ordenada, sin causar daños, respetando las principales instituciones de la nación;

2)Acelerar la concesión de la nacionalidad tailandesa a los inmigrantes vietnamitas de la segunda y la tercera generación;

3)Otorgar la condición de inmigrantes legales a la primera generación de inmigrantes vietnamitas que ingresaron ilegalmente en el país en 1945 y 1946.

663.Para solucionar el problema de los inmigrantes vietnamitas el Gobierno les concede la nacionalidad con arreglo a la Ley de nacionalidad (Nº 2) (1992) y los principios establecidos por el Consejo de Ministros. A raíz de la reforma del registro de inmigrantes, se ha determinado que los inmigrantes vietnamitas ascienden a 35.095. De ese total 28.696 son de la segunda y la tercera generación. Los de la primera generación suman 6.399.

664.Diversos organismos, como el Ministerio del Interior, los 114 centros de operaciones conjuntas dependientes del Centro de Operaciones de la Seguridad Interna, el Departamento de administración local y las provincias cooperan en el examen de las calificaciones y la información probatoria de los inmigrantes vietnamitas de la segunda y la tercera generación que han solicitado la nacionalidad tailandesa en las 13 provincias. Hasta la fecha se ha concedido la nacionalidad tailandesa a 25.304 personas. Éstas se desglosan como sigue:

1)La segunda generación de inmigrantes vietnamitas que son mitad tailandeses; 3.470 de ellos obtuvieron la nacionalidad tailandesa automáticamente en 1992 en virtud de los párrafos 1 y 2 del artículo 7 de la Ley de nacionalidad (Nº 2) (1992);

2)Los inmigrantes vietnamitas de la segunda y la tercera generación; entre 1993 y 1999 recibieron la nacionalidad tailandesa 21.894 de ellos, conforme a los principios y métodos especificados por el Ministerio del Interior y el artículo 7 bis de la Ley de nacionalidad (Nº 2) (1992).

665.Actualmente hay todavía 3.558 inmigrantes vietnamitas de la segunda y la tercera generación que no han recibido la nacionalidad tailandesa, cuyos casos está estudiando el comité pertinente del Ministerio del Interior.

666.De los inmigrantes vietnamitas de la primera generación, sólo 1.273 han sido reconocidos como inmigrantes legales. Todavía esperan recibir el documento de identidad 5.123 personas.

667.El problema de los inmigrantes vietnamitas podría solucionarse a más tardar el año 2000. Podría lograrse con la cooperación de los organismos pertinentes, conforme a lo dispuesto en la política de seguridad nacional en relación con los inmigrantes vietnamitas (1998-2000), y se espera asimilar a los inmigrantes vietnamitas para que puedan permanecer y vivir en la sociedad tailandesa con tranquilidad y lealtad a las instituciones nacionales.

Tribus montañesas

668.Las tribus montañesas o minorías que residen en las montañas boscosas del norte. Las tribus son nueve (karen, mong, yao, muser, lisu, akha, thin, lua, y khamu). La población de las tribus montañesas asciende a unos 800.000 habitantes. Hay grupos que han vivido siempre en Tailandia y otros que proceden del extranjero. Algunos de ellos no han recibido la nacionalidad tailandesa. Anteriormente la política del Gobierno consistía en establecer un sistema de gobierno y determinar la condición jurídica de cada persona conforme a la ley y las reglamentaciones o condiciones del Gobierno, mediante la aplicación de las medidas siguientes:

a)Determinación de la concesión de la nacionalidad tailandesa a los habitantes de las tribus montañesas. Se trata de la aplicación de las reglamentaciones del Ministerio del Interior para determinar en el registro por hogares de las tribus montañesas si los interesados cumplen los requisitos de la nacionalidad tailandesa. Dichas reglamentaciones han sido revisadas y reformadas, en especial para facilitar la compatibilidad, y la reforma ha redundado en una certificación facilitada. Actualmente se está realizando con arreglo a la reglamentación del registro central y se está considerando la posibilidad de registrar como de nacionalidad tailandesa a los tai montañeses que llegaron entre 1992 y 1996. Se trata de brindar la oportunidad de obtener la nacionalidad tailandesa a los montañeses nacidos en Tailandia pero que aún no poseen esa nacionalidad por no figurar en los censos. Pueden presentar una solicitud de concesión de la nacionalidad tailandesa en la forma de un registro familiar siempre que cumplan con las condiciones exigidas por el Gobierno como, por ejemplo, ganarse la vida honradamente, no cultivar plantas narcógenas y poder comunicarse en tailandés. Los datos hasta 1992 indican que hay 210.000 montañeses registrados como ciudadanos tailandeses, o sea un 26% del total de 774.316 montañeses censados por el Gobierno de Tailandia (en el anexo figuran detalles de la reglamentación). La determinación de la nacionalidad tailandesa de los habitantes de las tribus montañesas ha sido más bien lenta por estar sujeta a ciertas limitaciones, a saber, en primer lugar, el hecho de que, por ser la nacionalidad un asunto importante, entraña derechos y obligaciones del interesado, y, en consecuencia, debe estudiarse con cuidado, teniéndose debidamente en cuenta la ley y las reglamentaciones; en segundo lugar, la mayoría de las regiones son regiones fronterizas de difícil acceso, por las que circulan normalmente personas de toda índole, por lo que suele ser difícil comprobar su identidad mediante las debidas pruebas.

b)Reconocimiento de la condición de extranjeros a los habitantes de las tribus montañesas que llegaron procedentes de países extranjeros. Algunos de los habitantes de las tribus montañesas son inmigrantes ilegales, residentes en Tailandia desde hace relativamente mucho tiempo (desde 1990-1991 el Departamento de administración local viene censado y preparando un registro y documentos de identidad de esos montañeses, que ascienden a 247.775 personas). El Gobierno ha estimado conveniente concederles la condición de inmigrantes legales en la categoría de apátridas y, en consecuencia, el Departamento de administración local ha puesto en marcha un programa de reconocimiento de la condición de extranjeros de los inmigrantes montañeses procedentes de países extranjeros. La intención es que los montañeses que han inmigrado y residido en el país durante mucho tiempo puedan ejercer una ocupación permanente, se sientan identificados con el país y cumplan las leyes. El proyecto también tiene por objeto averiguar y conocer la identidad de la personas. Se está ejecutando en 20 provincias y se ha aplicado a 98.549 personas en un período de siete años. Se inició en 1997 en Chiang Rai, primera de las 20 provincias (los pormenores del proyecto y los requisitos que deben reunir los interesados para ser reconocidos como extranjeros figuran en los anexos). Los hijos de los montañeses nacidos después de que sus padres fueran reconocidos como inmigrantes legales obtendrían la nacionalidad tailandesa automáticamente.

Los antiguos combatientes del Kuomintang y los inmigrantes chinos musulmanes

Carácter del problema

669.Los antiguos combatientes del Kuomintang (KMT) atravesaron Birmania con destino a Tailandia en 1949 a raíz de la victoria y ocupación de China por el Partido Comunista chino. Los combatientes del KMT y sus familias en Tailandia suman 6.320 personas.

670.Varios inmigrantes chinos musulmanes, familiares de combatientes del KMT y otros habitantes de Yunnan contrarios al régimen comunista emigraron huyendo del peligro. Emigraron acompañando a los combatientes del KMT a Tailandia septentrional en el período de 1953 a 1961. El Gobierno autorizó la residencia de los inmigrantes chinos musulmanes en determinados distritos de las provincias de Chiang Mai, Chiang Rai y Mae Hong Son. La cifra asciende a 7.899 personas.

671.Además de los combatientes del KMT y de los inmigrantes chinos musulmanes, existe otro grupo de chinos musulmanes que no figura en el registro de hogares. Puede tratarse de inmigrantes ilegales recientes que han venido a quedarse con sus parientes en las aldeas de los antiguos combatientes del KMT y de los inmigrantes chinos musulmanes, o bien algunos pueden no estar empadronados debido a deficiencias de los censos. El censo del Ministerio del Interior arrojó un total de aproximadamente 16.500 personas en este grupo de inmigrantes chinos musulmanes que viven en regiones de Chiang Mai, Chiang Rai, Payao, Mae Hong Son, Mae Sod, y del distrito de Pob Phra de la provincia de Tak.

672.El problema surgió a raíz de que el Gobierno de Tailandia tenía problemas de acceso a las zonas mencionadas y de control sobre los antiguos combatientes del KMT y los inmigrantes chinos musulmanes que llegaron en el período de 1961 a 1969. Se han creado muchos problemas como, por ejemplo, el problema del control, el problema de la reducción de los bosques, el problema de las minorías y el problema de los estupefacientes.

Soluciones oficiales del problema

673.El Consejo de Seguridad Nacional, en su resolución de 24 de junio de 1970, instruyó a las unidades de primera línea del Cuartel General Supremo que cooperaran con otros organismos conexos en el examen del problema y que determinaran diversas medidas para desarmar a los antiguos combatientes del KMT y transformar a los antiguos combatientes que quedaran en esta región septentrional de Tailandia en residentes civiles, y establecieran aldeas para que esas personas pudiesen permanecer en las zonas asignadas.

674.En su decisión de 6 de octubre de 1970 el Consejo de Ministros autorizó a los antiguos combatientes del KMT a permanecer en Tailandia en calidad de inmigrantes. Estas personas han contribuido en la lucha contra los comunistas en las aldeas de Doi Yao, Doi Pha Moan y Doi Laung de la provincia de Chiang Rai. Por dicha razón el Gobierno adoptó la política de considerar la posibilidad de reconocer la condición de inmigrantes legales o de conceder la nacionalidad tailandesa a los antiguos combatientes del KMT que hubieran realizado actos útiles al Gobierno, caso por caso, conforme a la decisión del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 1978. Hasta ahora se ha nacionalizado a unos 3.000.

675.El 12 de junio de 1984 el Consejo de Ministros decidió que el Ministerio del Interior debía efectuar un censo de los inmigrantes chinos que no pudieran regresar a China, y preparar un registro que incluyera a sus hijos, y que se reconociera la condición de extranjeros a esas personas, igual que a los antiguos combatientes del KMT y a sus familiares, y que se reconociera la posibilidad de devolver la nacionalidad tailandesa a los hijos de los inmigrantes chinos musulmanes y antiguos combatientes del KMT cuya nacionalidad les fuera retirada con arreglo al anuncio Nº 337 del Partido Revolucionario. Se está procediendo a ello conforme a las reglamentaciones y métodos especificados por el Ministerio del Interior.

676.Los antiguos combatientes del KMT y los inmigrantes chinos musulmanes pueden ejercer 27 tipos de ocupaciones conforme al anuncio del Ministerio del Interior, basado en el artículo 12 de la Ley sobre el trabajo de extranjeros de 1978, en la que se especifican las ocupaciones que pueden ejercer legalmente los extranjeros.

677.En su decisión de 17 de diciembre de 1988 el Consejo de Ministros aprobó la propuesta del Consejo de Seguridad Nacional de aplicar las reglamentaciones sobre el registro y el control de los antiguos combatientes del KMT y de los inmigrantes chinos musulmanes a los inmigrantes chinos musulmanes libres que permanecían en las aldeas de los antiguos combatientes del KMT y en las zonas designadas por el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior los empadronará y les expedirá documentos de identidad.

678.El Gobierno ha naturalizado a los antiguos combatientes del KMT que todavía no han sido naturalizados y ha renovado la nacionalidad de los hijos de los inmigrantes chinos musulmanes y de los antiguos combatientes del KMT. Esto se ha realizado conforme a las reglamentaciones y métodos decididos por el comité de concesión de la nacionalidad. Actualmente suman 6.853 y el Ministro del Interior ha reconocido a 3.000 de ellos la condición de inmigrantes legales.

679.En resumen, las medidas adoptadas por el Gobierno en relación con los antiguos combatientes del KMT desde 1970 han sido más bien favorables a ellos. En ese entonces, les concedía la nacionalidad tailandesa en casos especiales tras determinar que algunos de ellos habían asistido al Gobierno en la lucha contra las guerrillas comunistas. Pero después de 1984 se ha reconocido que aún quedaban inmigrantes chinos musulmanes y antiguos combatientes del KMT que no habían colaborado con el Gobierno en la represión de las guerrillas comunistas. En consecuencia, el Consejo de Ministros decidió reconocerles la condición de extranjeros solamente conforme a lo dispuesto por la ley. Sus hijos nacidos en Tailandia pueden adquirir la nacionalidad tailandesa conforme a la ley, las reglamentaciones y los métodos establecidos por el Gobierno.

680.El Gobierno concede la nacionalidad tailandesa o reconoce la condición de extranjeros a los antiguos combatientes del KMT y a los inmigrantes chinos musulmanes porque ha estimado y decidido que, en la práctica, no se puede devolver a esas personas a China, por cuanto huyeron de ese país hace mucho tiempo por temor al régimen comunista imperante.

681.En comparación con los inmigrantes vietnamitas, algunos son comunistas, a los que se les permite permanecer en la sociedad tailandesa, y se ha otorgado la nacionalidad tailandesa a algunos de sus descendientes; en cambio, a los antiguos combatientes del KMT y a los inmigrantes chinos musulmanes no se les reconoce estatuto alguno. No tenían ninguna solución. Por lo tanto, el Gobierno ha considerado y decidido que si desean obtener la nacionalidad tailandesa o ser reconocidos como extranjeros deberán cumplir ciertas condiciones como, por ejemplo, tener conocimientos del idioma tailandés y ser fieles al país y a sus instituciones, para poder permanecer en la sociedad tailandesa sin problemas. Esto resulta más útil que aislarlos del resto de la sociedad. Una vez que esta solución esté disponible, si esas personas desean obtener la nacionalidad tailandesa, deberán cumplir los procedimientos y las medidas pertinentes. Los que no cumplan las medidas pertinentes no recibirán la nacionalidad tailandesa ni se les reconocerá la condición de extranjeros.

Inmigrantes birmanos ilegales

Carácter del problema

682.Debido al problema interno planteado por los conflictos políticos y la recesión económica de Birmania, muchos birmanos han ingresado ilegalmente en Tailandia. Actualmente son más de 600.000. Se les puede clasificar como sigue:

1)Para los birmanos desplazados, que ingresaron después del 9 de marzo de 1976, el Gobierno preparará una lista, un registro de antecedentes y documentos de identidad, especificando zonas de control en 10 provincias fronterizas con Birmania, y 27 ocupaciones según lo establecido por la ley. Existe un total de 47.735 personas en esta categoría.

2)A los birmanos que llegaron ilegalmente después del 9 de marzo de 1976 se les considera inmigrantes ilegales y se les devolverá a su país cuando la situación lo permita. Pero por el momento no se les puede devolver y se han asentado en Tailandia. El Gobierno ha preparado un registro de sus antecedentes y les ha expedido cédulas de identidad. Suman un total de 101.845 personas.

3)Desde 1984 se ha observado una afluencia de birmanos desplazados que huyen del conflicto en Birmania. El Gobierno de Birmania ha reprimido severamente a diversos grupos minoritarios, provocando desplazamientos de personas que han huido al extranjero. Suman un total de 97.000 personas. El Gobierno de Tailandia les ha brindado cobijo temporal a lo largo de sus fronteras, así como asistencia básica conforme a los principios humanitarios. Se les considera inmigrantes ilegales.

4)Migrantes económicos. También se les considera inmigrantes ilegales, pero el Gobierno les aplica una política de tolerancia para que puedan trabajar en ciertos sectores y en ciertas ocupaciones. Suman 400.000 personas.

5)Estudiantes birmanos. Después de varias protestas contra la junta militar y la agitación política de 1988, unos 2.500 estudiantes birmanos huyeron de su país para instalarse en Tailandia, donde se les considera inmigrantes ilegales. De ellos, 553 han permanecido en la aldea de Maneeloy, en el distrito de Pak Thor, provincia de Ratchaburi. Hubo 1.261 estudiantes birmanos que viajaron a terceros países. Se dirigieron a los Estados Unidos de América, Francia, el Canadá y Australia.

683.Las causas de su huida a Tailandia son las siguientes:

a)Factores principales: dificultades económicas, condiciones de vida difíciles, ingresos insuficientes, un gobierno antidemocrático y represión de las minorías;

b)Otros factores: el parentesco con familiares que ingresaron anteriormente en Tailandia, la necesidad de trabajar en Tailandia, la libre circulación al no existir control alguno en Birmania y un control más bien negligente por parte de los funcionarios tailandeses.

684.Tailandia resulta afectada como sigue:

1)La violación de su soberanía en las fronteras.

2)El problema del tráfico de drogas. Existe un tráfico de drogas entre las fuentes de producción y Tailandia, favorecido por los birmanos desplazados y los inmigrantes birmanos ilegales.

3)Las relaciones con Birmania. Los inmigrantes birmanos ilegales residen en la zona fronteriza con Birmania, y están comunicados con las fuerzas de las minorías para recibir diversas formas de asistencia. Esto hace sospechar al Gobierno de Birmania que Tailandia apoya a estos grupos minoritarios.

Las soluciones adoptadas por el Gobierno

685.En la decisión del Consejo de Ministros de 11 de marzo de 2521 de la era budista (1978) se estipula que los funcionarios de la zona impedirán cualesquiera operaciones de grupos minoritarios birmanos en Tailandia. En caso de detectar dichas operaciones, las impedirán y expulsarán a sus autores del Reino de inmediato, aplicando los métodos necesarios y adecuados. Con respecto a los civiles desplazados repartidos en la zona fronteriza, el Gobierno será tolerante con ellos para que puedan vivir en el territorio tailandés, provisionalmente, en las zonas especificadas de la frontera con Birmania.

686.En la decisión del Consejo de Ministros de 17 de marzo de 2535 de la era budista (1992) se establecieron medidas contra los inmigrantes birmanos ilegales. A esos trabajadores birmanos se les permite trabajar inicialmente en cuatro provincias, a saber, Ranong, Kanchanaburi, Tak y Chiang Rai, pues hace falta mano de obra en ciertas ocupaciones, y existen controles y medidas de represión contra los infractores.

687.En la resolución del Consejo de Seguridad Nacional de fecha 23 de febrero de 2535 de la era budista (1992), se ofrecían soluciones de corto y de largo plazo al problema de los inmigrantes ilegales. Las soluciones a corto plazo entrañan una aplicación acelerada de las políticas y medidas actuales de manera rigurosa y continua, como la prevención del ingreso ilegal, pero con la tolerancia necesaria para emplear la mano de obra que haga falta conforme a la resolución del Consejo de Ministros de fecha 17 de marzo de 2535 de la era budista (1992); el establecimiento de comunicaciones para la vigilancia de las fronteras, y actividades de relaciones públicas para fomentar la comprensión entre los empleados y el pueblo. Las medidas de largo plazo consisten en el empleo de mano de obra, la formación de la mano de obra tailandesa y la promoción de la inversión en los países vecinos.

688.El Gobierno aplica las directrices siguientes en relación con las ONG:

a)Las organizaciones serán de tamaño pequeño y trabajarán en armonía con las políticas del Gobierno;

b)Las organizaciones prestarán asistencia al Gobierno según sea necesario;

c)No se hará publicidad de la asistencia;

d)Sólo se asistirá a los civiles que huyan para refugiarse en el país, como en el caso de la asistencia del ACNUR a los mon en la aldea de Hlockny en Birmania.

689.El Consejo de Seguridad Nacional aprobó el 16 de marzo de 2536 de la era budista (1993) una resolución que incluye las siguientes directrices relativas a Birmania y las minorías birmanas:

a)Mantener la comunicación con los birmanos a nivel gubernamental y local a fin de contar con canales de negociación para fomentar el entendimiento y la cooperación en diversos niveles en casos como el de los karen residentes en el extranjero y que usan a Tailandia como corredor para viajar a terceros países, provocando sospechas y temores en el Gobierno de Birmania, que ha optado por abrir un puesto de vigilancia fronterizo.

b)Fomentar la comprensión en la comunidad internacional respecto de la posición de Tailandia en relación con la prestación de asistencia humanitaria a las personas desplazadas por conflictos, como es el caso de los karen del extranjero, los mon y los karen que se han refugiado en Tailandia, huyendo del conflicto. El Gobierno de Tailandia les ha brindado asistencia humanitaria y una vez que la situación en la región se normalice, les facilitará el regreso a sus hogares con la ayuda de organizaciones filantrópicas. Organizaciones internacionales como el ACNUR han solicitado asistencia a la Oficina del Secretario General del Primer Ministro y éste ha impartido instrucciones para que se organice una visita de funcionarios de diversas embajadas a la zona fronteriza para observar la situación directamente.

c)Asistir a las personas desplazadas por el conflicto sobre una base humanitaria y brindar facilidades a las ONG para que puedan acudir a prestar la asistencia necesaria y, cuando la situación sea lo suficientemente segura, facilitar su regreso inmediato.

d)Autorizar al Ministerio del Interior a organizar un asilo provisional en las provincias de Tak y Mae Hong Son; prohibir los movimientos políticos o el uso del territorio tailandés como base de operaciones, e impedir que las personas huyan de las zonas controladas para emplearse.

e)Reforzar las medidas de seguridad en las zonas de asilo provisional para impedir que las fuerzas armadas de Birmania ingresen en Tailandia, lo que supondría una violación de la soberanía tailandesa.

f)Elaborar un proyecto de creación de aldeas para incrementar la seguridad en la zona fronteriza en los distritos de Umphang, PopPhra, Mae Sod, Mae Ramat y Tha Song Yang para fomentar la seguridad fronteriza a largo plazo con arreglo a una estrategia amplia.

g)Autorizar a las unidades de inteligencia a seguir el movimiento de las personas desplazadas por conflictos, en particular a los estudiantes birmanos, para impedir que realicen actividades que pudieran afectar al orden público y las relaciones con Birmania.

690.El Gobierno ha adoptado las directrices siguientes relativas a las personas desplazadas por el conflicto:

a)A principios de mayo de 1995 las fuerzas del Ejército Budista Democrático Karen (DKBA) de Birmania invadieron la zona de acogida del distrito de Tha Song Yang de la provincia de Tak en la aldea de Mae Ta Woh (Huay Ma Noke) y Ka Moh Loe Koh, y provocaron varios incendios, con la intención de obligar a los karen residentes en las zonas de acogida a regresar a Birmania. Esta maniobra del DKBA constituye una violación flagrante de la soberanía de Tailandia. La victoria del DKBA hizo que el número de personas desplazadas por el conflicto aumentara a más de 90.000.

b)El Consejo de Seguridad Nacional organizó una reunión de organismos afines el 5 de julio de 1995 y llegó a las conclusiones siguientes (conforme a la resolución del Consejo de Seguridad Nacional de fecha 22 de julio de 2538 de la era budista (1995)):

-Reducir las zonas de asilo en:

1)La provincia de Tak, distrito de Tha Song Yang, a dos asilos en las aldeas de Mae Lah y So Gro, respectivamente, en tanto que en los distritos de Mae Ra Mat, Mae Sod y Pobphra seguirá habiendo un asilo por distrito.

2)La provincia de Mae Hong Son a dos asilos en las aldeas de Baan Mae La Ma Luang del distrito de Sob Moei y Baan Khun Mae Gong Kha del distrito de Mae Sarieng, respectivamente.

-Enviar a las personas desplazadas por el conflicto de regreso a sus hogares, proponiendo que el Gobierno de Birmania las acoja, e inducir a éste a invitar a las organizaciones internacionales a ir a Birmania para prestar asistencia a esas personas en Birmania.

-Vigilar y mantener la seguridad mediante un registro y control de esas personas en las zonas especificadas y velar por que se respeten rigurosamente las disposiciones de seguridad.

-Autorizar el ingreso de ONG y organizaciones internacionales.

691.Actualmente son cada vez más los inmigrantes ilegales procedentes de la República Popular China, la India, el Pakistán y Sri Lanka, que vienen a buscar trabajo o permanecen un tiempo en el país para luego trasladarse ilegalmente a terceros países, lo que acarrea grandes problemas para Tailandia, por la perpetración de delitos como, por ejemplo, el tráfico de drogas, las extorsiones, los secuestros extorsivos, la trata de inmigrantes ilegales, la falsificación de documentos, la prostitución, etc., en la forma de delincuencia organizada o delincuencia internacional. Todo ello causa la supresión o pérdida de empleos para los tailandeses. Por lo tanto, Tailandia ha establecido las medidas siguientes:

a)La rigurosa aplicación de la Ley de inmigración contra los nuevos inmigrantes ilegales chinos;

b)Un control más riguroso de las solicitudes de visado de los ciudadanos de la India, el Pakistán y Sri Lanka en los puestos de control de ingreso.

692.Puede inferirse de lo expuesto, en relación con los grupos minoritarios, que Tailandia soporta una carga muy pesada para apoyar y proteger a las minorías en la coyuntura actual de lentificación de la economía. Por otra parte, Tailandia no ha escatimado esfuerzos para tratar favorablemente a cada minoría sobre la base de los principios humanitarios y en armonía con el Pacto.

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