Naciones Unidas

CERD/C/MAR/CO/19-21

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial

Distr. general

21 de diciembre de 2023

Español

Original: francés

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

Observaciones finales sobre los informes periódicos 19º a 21º combinados de Marruecos *

1.El Comité examinó los informes periódicos 19º a 21º combinados de Marruecos en sus sesiones 3024ª y 3026ª, celebradas los días 22 y 23 de noviembre de 2023. En sus sesiones 3043ª y 3044ª, celebradas los días 5 y 6 de diciembre de 2023, aprobó las presentes observaciones finales.

A.Introducción

2.El Comité acoge con beneplácito los informes periódicos 19º a 21º combinados del Estado parte, aunque se hayan presentado con retraso. Asimismo, celebra el diálogo constructivo mantenido con la delegación de alto nivel del Estado parte y agradece al Estado parte la información proporcionada durante y después del diálogo.

B.Aspectos positivos

3.El Comité acoge con beneplácito la adhesión del Estado parte a los siguientes instrumentos internacionales o su ratificación:

a)El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece un mecanismo de examen de las denuncias de personas particulares, el 22 de abril de 2022;

b)El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el 22 de abril de 2022;

c)El Convenio sobre los Trabajadores Migrantes (Revisado), 1949 (núm. 97), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 14 de junio de 2019;

d)El Convenio sobre la Seguridad Social (Norma Mínima), 1952 (núm. 102), de la OIT, el 14 de junio de 2019;

e)El Convenio sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2006 (núm. 187), de la OIT, el 14 de junio de 2019;

f)El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el 24 de noviembre de 2014;

g)La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el 14 de mayo de 2013.

4.El Comité acoge con beneplácito además las siguientes medidas legislativas, institucionales y en materia de políticas adoptadas por el Estado parte:

a)La Ley Orgánica núm. 26-16, de 12 de septiembre de 2019, de Fijación de las Etapas de Oficialización de la Lengua Amazig y las modalidades para su integración en la educación y las áreas prioritarias de la vida pública;

b)La aprobación del Plan de Acción Nacional sobre Democracia y Derechos Humanos para el período 2018-2021, en 2017;

c)La Ley núm. 79-14, de 21 de septiembre de 2017, de la Autoridad para la Paridad y la Lucha contra Todas las Formas de Discriminación;

d)La adopción de la Estrategia Nacional de Inmigración y Asilo, en 2013;

e)La creación del Consejo Nacional de Derechos Humanos y de la institución del Defensor del Pueblo del Reino en 2011;

f)La aprobación de una nueva Constitución en 2011.

C.Motivos de preocupación y recomendaciones

Estadísticas

5.Aunque el Comité toma nota de las explicaciones ofrecidas por el Estado parte, lamenta, una vez más, la falta de datos sobre la composición étnica de su población que estén basados en el principio de autoidentificación. El Comité también lamenta la insuficiencia de estadísticas e indicadores socioeconómicos actualizados, los cuales son necesarios para evaluar adecuadamente la situación de los diferentes grupos étnicos, los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo, puesto que su ausencia limita la capacidad del Comité para comprobar el grado de disfrute por parte de esos grupos de los derechos consagrados en la Convención, en particular para conocer su situación socioeconómica y los progresos realizados (arts. 1 y 2).

6. Recordando sus anteriores observaciones finales , el Comité recomienda al Estado parte que presente datos estadísticos, desglosados por sexo y edad, sobre la situación socioeconómica de los grupos étnicos, así como de los no ciudadanos, en particular los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, y sobre su acceso a la educación, el empleo, la asistencia médica y la vivienda, y también sobre su participación en la vida pública y política, con miras a crear una base de datos empíricos que permita evaluar la igualdad en el disfrute de los derechos consagrados en la Convención. El Comité también recomienda al Estado parte que mejore y diversifique su recopilación de datos acerca de la composición étnica de la población basándose en la autoidentificación y el anonimato. El Comité recuerda al Estado parte sus recomendaciones generales núm. 4 (1973), relativa a la presentación de informes por los Estados Partes, y núm. 24 (1999), relativa al artículo 1 de la Convención.

Aplicación de la Convención en el ordenamiento jurídico interno

7.El Comité observa que el preámbulo de la Constitución del Estado parte consagra la primacía de los convenios internacionales sobre el derecho interno. Sin embargo, lamenta que el número de casos en que las disposiciones de la Convención han sido invocadas o aplicadas directamente por los tribunales nacionales sea muy limitado (art. 2).

8. El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para impartir formación periódica, en particular a jueces, fiscales, funcionarios encargados de la aplicación de la ley y abogados, sobre las disposiciones de la Convención, a fin de que puedan invocarlas y aplicarlas en los casos pertinentes. El Comité recomienda también al Estado parte que realice campañas de sensibilización de la población en general, concretamente dirigidas a los grupos más vulnerables a la discriminación racial, sobre las disposiciones de la Convención y sobre los recursos disponibles. El Comité pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, incluya ejemplos concretos de la aplicación de la Convención por los tribunales nacionales.

Definición y prohibición de la discriminación racial

9.El Comité toma nota de que, en el preámbulo de la Constitución, el Estado parte ha reafirmado su compromiso de prohibir y combatir toda discriminación contra cualquier persona, y observa, asimismo, la existencia de diversas leyes que prohíben la discriminación. No obstante, el Comité sigue preocupado por el hecho de que el marco jurídico nacional no contiene una definición expresa de discriminación racial que se corresponda plenamente con la que figura en el artículo 1 de la Convención y que incluya explícitamente todos los motivos de discriminación prohibidos, así como la discriminación racial directa e indirecta en las esferas pública y privada (arts. 1 y 2).

10. Recordando sus anteriores observaciones finales , el Comité recomienda al Estado parte que adopte una legislación general contra la discriminación que defina la discriminación directa e indirecta en todas las esferas del derecho y de la vida pública y privada, que incluya una disposición específica que prohíba, expresa y claramente, la discriminación racial, y que comprenda todos los motivos prohibidos enumerados en el artículo 1, párrafo 1, de la Convención.

Marco institucional

11.Aunque toma nota del papel que desempeña el Consejo Nacional de Derechos Humanos, creado en 2011, en la promoción de la igualdad y los derechos humanos, el Comité lamenta que su mandato legal no incluya explícitamente la lucha contra la discriminación, incluida la discriminación racial. También le preocupa la información según la cual algunas de las comisiones regionales del Consejo no tienen capacidad ni competencias suficientes para luchar eficazmente contra la discriminación racial. Asimismo, el Comité observa que la misión principal del Defensor del Pueblo del Reino es promover los principios de igualdad y no discriminación en la gestión de los servicios y administraciones públicos hacia todas las personas, físicas o jurídicas, marroquíes o extranjeras. Sin embargo, lamenta la falta de información detallada sobre las denuncias de discriminación racial presentadas ante esa institución (art. 2).

12. El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias, incluidas medidas legislativas, para garantizar que la prevención y la lucha contra la discriminación racial se incluyan expresamente en los mandatos del Consejo Nacional de Derechos Humanos y del Defensor del Pueblo del Reino. También recomienda al Estado parte que asigne recursos humanos, financieros y técnicos adecuados a esas instituciones, incluidas sus estructuras regionales, para que puedan desempeñar su mandato con eficacia, y que intensifique la capacitación sobre la Convención y la lucha contra la discriminación racial dirigida a los funcionarios de esas instituciones. El Comité insta, además, al Estado parte a que, en su próximo informe periódico, facilite información sobre las actividades de esas instituciones en el ámbito de la discriminación racial.

Planes en materia de derechos humanos y lucha contra la discriminación en el ámbito nacional

13.Si bien toma nota de la aprobación en 2017 del Plan de Acción Nacional sobre Democracia y Derechos Humanos para el período de 2018 a 2021 y del compromiso del Estado parte de actualizarlo, el Comité lamenta que ese plan no incluya una referencia explícita a la eliminación de la discriminación racial. Asimismo, lamenta la falta de un plan de acción nacional para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia (arts. 2 y 5).

14. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Redoble los esfuerzos por aprobar un nuevo Plan de Acción Nacional sobre Democracia y Derechos Humanos, y garantice que la lucha contra la discriminación racial esté incluida en ese nuevo plan;

b) Apruebe un plan de acción nacional para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia;

c) Vele por que los grupos más expuestos a la discriminación racial participen activa y plenamente en la elaboración de los planes mencionados, en su seguimiento y en la evaluación de los progresos realizados y los resultados obtenidos;

d) Establezca mecanismos de seguimiento de la aplicación de esos planes y los dote de recursos financieros suficientes para su efectiva implementación.

Aplicación del artículo 4 de la Convención

15.El Comité toma nota de la información facilitada por el Estado parte, pero le sigue preocupando que el Código Penal no incluya en su totalidad los delitos tipificados en el artículo 4 de la Convención y no disponga específicamente que la motivación racista constituye una circunstancia agravante en los delitos penales (art. 4).

16. De conformidad con sus recomendaciones generales núm. 7 (1985) y núm. 15 (1993), relativas al artículo 4 de la Convención, y recordando sus anteriores observaciones finales , el Comité recomienda al Estado parte que modifique el Código Penal para que los actos que se describen en el artículo 4 de la Convención estén prohibidos y tipificados como delito. El Comité también recomienda al Estado parte que reconozca la motivación racista como circunstancia agravante en todos los actos tipificados como delito en el Código Penal.

Discurso de odio racista

17.El Comité toma nota de la información facilitada por el Estado parte sobre las diversas medidas adoptadas para prevenir y combatir el discurso de odio, incluidas las iniciativas emprendidas a nivel internacional. Sin embargo, le preocupan las informaciones que indican una exacerbación del discurso de odio racista y xenófobo, incluido el difundido en Internet y los medios sociales, en particular contra migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, especialmente los procedentes de países subsaharianos, así como contra ciudadanos marroquíes negros y amazig. También le preocupa la falta de datos desglosados por origen étnico, lo que impide conocer la magnitud del problema relativo al discurso de odio racista y xenófobo en su totalidad (arts. 2 y 4).

18. A la luz de su recomendación general núm. 35 (2013), relativa a la lucha contra el discurso de odio racista, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Adopte las medidas necesarias para prevenir, condenar y combatir el discurso de odio contra los grupos más expuestos a la discriminación racial, en particular en Internet y los medios sociales, y vele por que todos los casos de discurso de odio racista denunciados sean objeto de investigaciones eficaces y, cuando proceda, den lugar a enjuiciamientos y sanciones apropiadas, y que las víctimas dispongan de recursos eficaces y medios de reparación adecuados;

b) Intensifique sus esfuerzos para impedir la proliferación del discurso de odio racista en Internet y los medios sociales, en estrecha colaboración con los proveedores de servicios de acceso a Internet, las plataformas de redes sociales y las poblaciones más afectadas por el discurso de odio racista;

c) Elabore y ponga en práctica programas de formación sobre el discurso de odio dirigidos a policías, fiscales, jueces y otros agentes encargados de la aplicación de la ley, entre otras cosas sobre los métodos para detectar y registrar los casos de discurso de odio racista, investigar esos delitos y enjuiciar a los responsables;

d) Mantenga e intensifique las campañas de sensibilización pública dirigidas, por un lado, a erradicar los prejuicios y la estigmatización de los grupos más expuestos a la discriminación racial y, por otro lado, a promover el respeto de la diversidad y la eliminación de la discriminación racial, incluido el discurso de odio racista;

e) Recopile datos estadísticos desglosados y exhaustivos, basados en el origen étnico, sobre las denuncias de casos de discurso de odio racista, los enjuiciamientos, las condenas y las penas impuestas, así como la reparación concedida a las víctimas de esos delitos, e incluya esos datos en su siguiente informe periódico.

Saharauis

19.Aunque toma nota de la iniciativa marroquí de negociar un estatuto de autonomía para el Sáhara Occidental, el Comité lamenta la ausencia de una solución a la cuestión relativa al ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. También le preocupan las denuncias de que activistas, defensores de los derechos humanos, movimientos estudiantiles y organizaciones saharauis que defienden el derecho a la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental y la identidad saharaui son objeto de intimidación y vigilancia, se ven sometidos a frecuentes controles por parte de las fuerzas del orden y se enfrentan a obstáculos en materia de registro y celebración de reuniones. El Comité también observa con preocupación las denuncias que indican que las autoridades del Estado parte han impedido y reprimido concentraciones en apoyo del derecho a la libre determinación y conmemoraciones saharauis, en detrimento del ejercicio del derecho del pueblo saharaui a la libertad de expresión, asociación y reunión (art. 5).

20. El Comité se une a las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y pide al Estado parte que redoble sus esfuerzos, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, para que el pueblo del Sáhara Occidental pueda ejercer plenamente su derecho a la libre determinación, de conformidad con el derecho internacional. El Comité recomienda también al Estado parte que adopte las medidas necesarias para garantizar, en la legislación y en la práctica, el ejercicio efectivo por parte de los saharauis de sus derechos, incluidas la libertad de expresión, asociación y reunión, y que vele por que los activistas, los defensores de los derechos humanos, los movimientos estudiantiles y las organizaciones saharauis puedan actuar sin ninguna injerencia indebida del Estado parte y sin temor a represalias ni restricciones injustificadas de sus actividades. Recomienda, además, al Estado parte que adopte las medidas necesarias para que todos los casos de represión de concentraciones, entre otras cosas mediante el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, así como de vigilancia y de represalias contra activistas, defensores de los derechos humanos y manifestantes, se investiguen de forma efectiva, exhaustiva e imparcial, se castigue a los responsables y las víctimas obtengan una reparación adecuada.

Lucha contra la discriminación racial y medidas especiales

21.El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para prevenir y combatir la discriminación racial. Reconoce los esfuerzos realizados por el Estado parte para reducir la pobreza y facilitar el acceso de todas las personas a los servicios sociales básicos, como la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano, el plan Tayssir en el ámbito de la educación y los programas Awrach en lo que respecta al acceso al mercado laboral. Asimismo, el Comité observa que, según la delegación del Estado parte, dado que la sociedad marroquí ha estado integrada por muy diversos elementos desde hace siglos, es difícil afirmar que existen disputas o controversias raciales en Marruecos. No obstante, el Comité observa con preocupación que determinadas comunidades, en particular los amazig, los saharauis y los ciudadanos y no ciudadanos negros, especialmente los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados provenientes de los países subsaharianos, se enfrentan a situaciones de discriminación racial, incluida la discriminación indirecta, lo que limita el pleno disfrute de sus derechos en condiciones de igualdad y no discriminación. El Comité también está preocupado por la falta de información sobre las medidas especiales adoptadas por el Estado parte para eliminar la discriminación racial a la que se enfrentan esos grupos, en particular la indirecta (arts. 1, 2 y 5).

22. A la luz de su recomendación general núm. 32 (2009), relativa al significado y el alcance de las medidas especiales en la Convención, el Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas especiales o de acción afirmativa necesarias para eliminar tanto la discriminación racial que sufren los grupos mencionados, incluida la discriminación indirecta, como todos los obstáculos que les impiden disfrutar de sus derechos plenamente y en condiciones de igualdad, de conformidad con los artículos 1 (párr. 4), 2 (párr. 2) y 5 de la Convención. Recuerda que, de conformidad con la recomendación general antes mencionada, los Estados partes tienen la responsabilidad de velar por que esas medidas especiales se apliquen en todo su territorio y se diseñen y apliquen tras consultar previamente a las comunidades destinatarias o afectadas y con su participación activa.

Amazig

23.Si bien toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para mejorar las condiciones de vida de la población, como el Programa para Reducir las Disparidades Territoriales y Sociales en el Mundo Rural (2017-2023), el Comité está preocupado por:

a)La falta de datos estadísticos sobre la representación de los amazig, en particular de las mujeres amazig, en la vida política, especialmente en los puestos de toma de decisiones;

b)La pobreza que afecta, sobre todo, a las regiones habitadas mayoritariamente por los amazig y la persistente discriminación racial de que son objeto, en particular en el acceso al empleo, la educación y los servicios de salud, especialmente cuando no hablan árabe;

c)Las informaciones relativas a casos de demarcación y expropiación de tierras colectivas de los amazig sin consultar adecuadamente a las comunidades afectadas, en el contexto de proyectos de desarrollo o de extracción de recursos naturales, que afectan de manera desproporcionada a las mujeres amazig, en particular a las mujeres de comunidades étnicas, que habrían sido víctimas de desplazamientos forzosos y privadas de una indemnización;

d)Las denuncias de represión policial de manifestaciones organizadas por activistas y defensores de los derechos humanos amazig, en particular contra la expropiación de sus tierras (art. 5).

24. El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias para garantizar que los amazig puedan disfrutar plenamente de sus derechos en condiciones de igualdad y sin discriminación, y en particular que:

a) Adopte medidas para recopilar datos desglosados por sexo y edad relativos a la participación de miembros de grupos étnicos en la vida política y pública, e intensifique las acciones emprendidas para aumentar su participación en esos ámbitos, en particular la de las mujeres pertenecientes a esos grupos y especialmente en puestos de toma de decisiones;

b) Redoble los esfuerzos encaminados a combatir la pobreza que afecta a la población amazig y garantice a los amazig el acceso al empleo, la educación y los servicios de salud sin discriminación;

c) Proteja a los amazig, especialmente a las mujeres de comunidades étnicas, de la expropiación de sus tierras y de los desplazamientos forzosos, les devuelva las tierras confiscadas o acuerde con ellos una compensación adecuada, garantice el acceso efectivo de las víctimas a la justicia y consulte de forma genuina y constructiva a la población amazig antes de autorizar cualquier proyecto de desarrollo o explotación de recursos naturales que pueda afectar a sus tierras;

d) Investigue todos los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley contra activistas, defensores de los derechos humanos y manifestantes amazig, y garantice que los responsables sean enjuiciados y, en caso de ser declarados culpables, sean objeto de sanciones apropiadas, y que las víctimas y sus familias obtengan una reparación adecuada;

e) Emprenda acciones encaminadas a la aprobación de legislación específica sobre la promoción y protección de los defensores de los derechos humanos, incluidos los que trabajan en el ámbito de la lucha contra la discriminación racial, así como sobre los derechos de los grupos más expuestos a este tipo de discriminación.

Lengua amazig

25.Si bien toma nota del reconocimiento del idioma amazig como idioma oficial del Estado parte en la Constitución, el Comité está preocupado por la insuficiente enseñanza de esta lengua en las escuelas, el poco espacio destinado a emisiones en idioma amazig en los medios audiovisuales, las dificultades a las que se enfrentan los amazig para utilizar su lengua en los procedimientos judiciales y, en algunos casos, para inscribir en el registro los nombres amazig de sus hijos, así como por el uso todavía limitado del idioma amazig en los documentos oficiales (art. 5).

26. Recordando sus anteriores observaciones finales , el Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus iniciativas encaminadas a aplicar las disposiciones de la Constitución y de la Ley Orgánica núm. 26-16 relativas al reconocimiento oficial del idioma amazig, y en particular que:

a) Impulse la enseñanza de la lengua amazig en todos los niveles educativos, incluida la educación preescolar, y aumente el número de profesores debidamente formados para la enseñanza de esa lengua;

b) Amplíe la visibilidad del idioma y la cultura amazig en los medios audiovisuales;

c) Examine el marco jurídico, en particular la Ley núm. 38-15 de la Organización Judicial, a la luz de la Constitución y de la Ley Orgánica núm. 26-16, que reconocen al árabe y al amazig como idiomas oficiales del Estado parte, para que la lengua amazig se utilice en pie de igualdad con el árabe ante los tribunales, también en los alegatos y las sentencias;

d) Garantice que los funcionarios del registro civil respeten plenamente las disposiciones legales relativas al derecho de todo ciudadano a elegir el nombre de sus hijos y a inscribirlo en el registro, incluidos los nombres amazig;

e) Redoble los esfuerzos para garantizar el uso efectivo del idioma amazig en los documentos oficiales, tal y como está previsto en la Ley Orgánica núm. 26-16, y, en este sentido, revise la Ley núm. 04-20, relativa al documento nacional de identidad electrónico, que no contiene en sus disposiciones ninguna referencia al uso de la lengua o el alfabeto amazig, ni a la Ley Orgánica núm. 26-16.

Marco jurídico e institucional en lo que respecta al asilo

27.El Comité toma nota de la información facilitada por el Estado parte relativa a la elaboración de un proyecto de ley sobre el asilo. No obstante, sigue preocupado por la ausencia de un marco legislativo e institucional para la protección de los refugiados y solicitantes de asilo que establezca un procedimiento de asilo, lo que hace que muchos refugiados carezcan de documentación adecuada y obstaculiza el disfrute de derechos fundamentales por parte de personas necesitadas de protección internacional, incluido el derecho a la no devolución (arts. 1, 2 y 5).

28. A la luz de su recomendación general núm. 30 (2004), sobre la discriminación contra los no ciudadanos, y recordando sus anteriores observaciones finales , el Comité recomienda al Estado parte que acelere los esfuerzos por promulgar el proyecto de ley sobre el asilo, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y vele por que este se ajuste a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Asimismo, recomienda al Estado parte que garantice un acceso efectivo a los procedimientos de asilo en todos los puntos de entrada al país a fin de ofrecer una protección eficaz contra la devolución. También recomienda al Estado parte que facilite la expedición de permisos de residencia a todas las personas reconocidas como refugiadas, así como a sus cónyuges e hijos, y flexibilice los procedimientos de renovación.

Situación de los no ciudadanos, en particular los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados

29.El Comité toma nota de la nueva disposición de la Constitución que prevé la igualdad en el disfrute de las libertades fundamentales tanto para los ciudadanos como para los no ciudadanos, así como de la aprobación de la Estrategia Nacional de Inmigración y Asilo en 2013. Asimismo, observa los procesos excepcionales llevados a cabo en 2014, 2016 y 2017 para regularizar la condición de los migrantes en situación irregular, así como los planes de asistencia social y humanitaria. Si bien toma nota de la información sobre la elaboración de un proyecto de ley relativo a la entrada y residencia de extranjeros y a la inmigración, al Comité le preocupa que la ley en vigor —Ley núm. 02-03 de Entrada y Residencia de Extranjeros en el Reino de Marruecos y de Emigración e Inmigración Ilegales— tipifique como delito la migración irregular. También observa las diversas medidas operacionales de aplicación de la Estrategia Nacional de Inmigración y Asilo relativas al acceso de los no ciudadanos a los servicios de salud, a la educación y la cultura, a las actividades recreativas y deportivas y a la formación profesional, así como a su integración social y económica. No obstante, le preocupan las informaciones según las cuales muchos inmigrantes en situación irregular encuentran dificultades para acceder de forma efectiva a la vivienda, al empleo, y a los servicios de sanidad y educación, a veces por carecer de la documentación necesaria y, en otras ocasiones, por ser objeto de discriminación racial en esos ámbitos por parte de funcionarios públicos o actores privados. Además, el Comité observa con preocupación que los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, en particular los no ciudadanos negros procedentes de países subsaharianos, continúan siendo objeto de prejuicios, estereotipos y actos xenófobos y racistas (art. 5).

30. A la luz de su recomendación general núm. 30 (2004), sobre la discriminación contra los no ciudadanos, y recordando sus anteriores observaciones finales , el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Apruebe la nueva ley de entrada y residencia de extranjeros y de inmigración y garantice su conformidad con las obligaciones internacionales que le incumben, en particular derogando las disposiciones vigentes que penalizan la migración irregular;

b) Redoble los esfuerzos para eliminar los obstáculos que impiden a los no ciudadanos, en particular a los migrantes en situación irregular, disfrutar de sus derechos sin discriminación, sobre todo en lo que respecta al acceso a la vivienda, al empleo, a la salud, incluidos los servicios médicos, y a la educación, en concreto facilitando la expedición y renovación de los documentos de identidad;

c) Intensifique las iniciativas encaminadas a prevenir y combatir los prejuicios, los estereotipos, la xenofobia y la discriminación racial contra los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, en particular los no ciudadanos negros provenientes de países subsaharianos, entre otras cosas a través de campañas de sensibilización, información y educación, y mediante la enérgica condena de cualquier expresión xenófoba o racista, incluidas las procedentes de las autoridades públicas;

d) Garantice el pleno acceso de los no ciudadanos, incluidos los migrantes en situación irregular, a los mecanismos de denuncia y a los recursos apropiados en caso de vulneración de sus derechos;

e) Vele por que se investigue y enjuicie todo acto de discriminación racial o xenófoba contra no ciudadanos, y por que se castigue a los responsables y las víctimas obtengan una reparación adecuada.

Perfilado racial y uso excesivo de la fuerza

31.El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para reforzar la capacidad de las autoridades encargadas de la aplicación de la ley en el ámbito de los derechos humanos y de las normas sobre el uso de la fuerza. Sin embargo, lamenta no disponer de información sobre la existencia en el Estado parte de leyes que prohíban expresamente la elaboración de perfiles raciales por parte de la policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. También le preocupan las denuncias de perfilado racial y de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía marroquí y otros funcionarios encargados de la aplicación de la ley contra migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, así como las detenciones y encarcelamientos arbitrarios y el traslado forzoso de migrantes del norte al sur del país, acciones que afectan de manera desproporcionada a los migrantes negros procedentes de países subsaharianos (arts. 2, 4, 5 y 6).

32. De conformidad con sus recomendaciones generales núm. 13 (1993), relativa a la formación de los funcionarios encargados de la aplicación de la ley en cuanto a la protección de los derechos humanos; núm. 31 (2005), sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal, y núm. 36 (2020), relativa a la prevención y la lucha contra la elaboración de perfiles raciales por los agentes del orden, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Incluya en su legislación una prohibición absoluta de la elaboración de perfiles raciales y vele por que la policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dispongan de directrices claras destinadas a evitar esta práctica en los controles policiales, las verificaciones de identidad y otras actividades administrativas;

b) Adopte medidas adecuadas para poner fin a las prácticas de perfilado racial, detención y reclusión arbitrarias, traslado forzoso y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en particular con respecto a migrantes, solicitantes de asilo y refugiados provenientes de países subsaharianos;

c) Establezca un mecanismo eficaz para recopilar y supervisar periódicamente datos desglosados sobre las prácticas y quejas relacionadas con el perfilado racial, particularmente en el contexto de los controles de verificación de la identidad, los registros y los interrogatorios, así como sobre el uso excesivo de la fuerza;

d) Investigue de manera eficaz y oportuna todos los actos de perfilado racial, malos tratos y abuso de autoridad por parte de las fuerzas del orden y vele por que los responsables sean enjuiciados y, en caso de ser declarados culpables, se les impongan las debidas sanciones;

e) Garantice que los miembros de grupos afectados por el racismo y la discriminación racial que sean víctimas de perfilado racial o del uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden tengan acceso a recursos efectivos y a medios de reparación adecuados, y no sufran represalias por denunciar tales actos;

f) Redoble los esfuerzos para prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden, mediante una adecuada concienciación contra el racismo y en materia de derechos humanos, en consulta con los grupos afectados por el racismo y la discriminación racial, así como sobre las técnicas de distensión y las normas internacionales pertinentes, a saber, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, las Orientaciones de las Naciones Unidas en Materia de Derechos Humanos sobre el Empleo de Armas Menos Letales en el Mantenimiento del Orden, y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

33.El Comité toma nota de la información facilitada por el Estado parte según la cual se ha iniciado una investigación exhaustiva sobre la tragedia ocurrida en el puesto fronterizo entre Nador y Melilla el 24 de junio de 2022, en la que perdieron la vida 23 migrantes. Sin embargo, el Comité sigue preocupado por las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la guardia de fronteras y de trato violento y degradante contra migrantes y solicitantes de asilo durante el transcurso de esos hechos. Lamenta que hoy en día, más de un año después de la tragedia, no se hayan depurado las responsabilidades relativas a ese caso (arts. 5 y 6).

34. Recordando su declaración de 11 de agosto de 2022 en el marco de sus procedimientos de alerta temprana y acción urgente y las observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares sobre el segundo informe periódico de Marruecos , el Comité recomienda al Estado parte que garantice que las investigaciones iniciadas sobre esos trágicos sucesos se lleven a cabo con prontitud, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia para establecer las circunstancias de las muertes y lesiones, así como para determinar las posibles responsabilidades y proporcionar una reparación completa a las víctimas y a sus familias.

Derecho a la nacionalidad

35.Aunque toma nota de las iniciativas legislativas encaminadas a modificar el artículo 10 del Código de la Nacionalidad, el Comité sigue preocupado por que ese artículo no permita a las mujeres marroquíes transmitir su nacionalidad a sus cónyuges de origen extranjero en las mismas condiciones que los hombres marroquíes (arts. 2 y 5).

36. Recordando sus anteriores observaciones finales , el Comité recomienda nuevamente al Estado parte que modifique el Código de la Nacionalidad para permitir que las mujeres marroquíes transmitan su nacionalidad a sus cónyuges de origen extranjero, en pie de igualdad con los hombres de nacionalidad marroquí y, a este respecto, agilice la aprobación del proyecto de ley de 2017 por el que se modifica el artículo 10 del Código.

Apátridas

37.Aunque toma nota de los esfuerzos del Estado parte para prevenir la apatridia, al Comité le preocupan las dificultades para que se inscriban los nacimientos y se conceda la nacionalidad marroquí a los niños nacidos en territorio marroquí de padres apátridas. También le preocupan las informaciones según las cuales muchos refugiados y solicitantes de asilo, especialmente las madres solteras provenientes de países subsaharianos, no pueden inscribir a sus hijos recién nacidos, ya que algunos hospitales retienen los documentos de notificación de nacimiento a la espera del pago de los honorarios del parto, lo que dificulta la inscripción en el registro civil y ante las autoridades consulares, y aumenta el riesgo de apatridia (arts. 2 y 5).

38. A la luz de su recomendación general núm. 30 (2004), sobre la discriminación contra los no ciudadanos, el Comité recomienda al Estado parte que modifique el Código de la Nacionalidad para ajustarlo a las normas internacionales en materia de prevención y reducción de la apatridia, en particular mediante la adopción de disposiciones que permitan conceder la nacionalidad marroquí a un niño nacido en Marruecos que, de otro modo, sería apátrida. También recomienda al Estado parte que se asegure de que la expedición de documentos de notificación de nacimiento no esté supeditada al pago de los honorarios del parto.

Denuncias de discriminación racial y falta de acceso a la justicia

39.Si bien toma nota de los datos facilitados por el Estado parte, el Comité lamenta la falta de información suficiente y detallada sobre las denuncias de discriminación racial, discursos racistas de odio y delitos conexos ante instancias judiciales u otras instituciones nacionales, así como sobre el resultado de las investigaciones realizadas, las acciones judiciales entabladas, las penas impuestas y las indemnizaciones concedidas a las víctimas. Preocupan también al Comité las informaciones sobre las dificultades a las que se enfrentan las víctimas de discriminación racial para acceder a la justicia, en particular aquellas que se encuentran en situación migratoria irregular, como son la reticencia a presentar denuncias por temor a represalias o repercusiones negativas, la dificultad para aportar pruebas, la insuficiencia de servicios de interpretación para las personas que no hablan árabe así como de asistencia jurídica gratuita, y el elevado costo de los procedimientos. El Comité lamenta, asimismo, que el Estado parte no aplique el principio de inversión de la carga de la prueba en asuntos de discriminación racial (arts. 5 y 6).

40. A la luz de su recomendación general núm. 31 (2005), sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal, el Comité recuerda al Estado parte que la ausencia de denuncias no implica necesariamente la ausencia de discriminación racial, sino que podría ser un indicio de la inexistencia de una legislación específica en esta materia, de un escaso conocimiento de los recursos jurídicos disponibles, de una insuficiente voluntad de las autoridades para enjuiciar a los autores de esos actos, de una falta de confianza en el sistema de justicia penal o del temor a las represalias contra las víctimas. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Facilite la denuncia de casos de discriminación racial y garantice que todas las víctimas de estos delitos tengan acceso a recursos judiciales efectivos y a reparaciones adecuadas;

b) Intensifique las campañas de información sobre los derechos consagrados en la Convención y sobre la legislación nacional en virtud de la cual pueden invocarse esos derechos, así como sobre los recursos judiciales y extrajudiciales disponibles, centrándose en particular en los grupos más vulnerables a la discriminación racial, incluidos los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo;

c) Adopte medidas para eliminar los obstáculos que dificultan el acceso de las víctimas de discriminación racial a la justicia;

d) Redoble los esfuerzos para garantizar que las víctimas de discriminación racial, incluidas las que se encuentran en situación migratoria irregular, tengan acceso efectivo a los servicios de interpretación y a la asistencia jurídica gratuita, y asigne suficientes recursos humanos y financieros a tal fin;

e) Refuerce la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para que puedan tratar eficazmente los casos de discriminación racial;

f) Adopte las medidas necesarias, incluso legislativas, para aplicar el principio de inversión de la carga de la prueba a favor de las víctimas de discriminación racial;

g) Establezca un mecanismo para la recopilación de estadísticas sobre las denuncias de discriminación racial y los delitos por motivos raciales, desglosados por edad, género y origen étnico o nacional, e incluya esos datos en su próximo informe periódico.

Educación en materia de derechos humanos para combatir los prejuicios y la intolerancia

41.El Comité toma nota de las diversas medidas adoptadas por el Estado parte para impartir formación en materia de derechos humanos y promover la tolerancia, la igualdad y la no discriminación, como la actualización de los manuales escolares para promover la educación en la diversidad y la convivencia, o la ejecución del proyecto “Apoyo a la promoción de la tolerancia, el civismo y la ciudadanía en la escuela, y prevención de conductas de riesgo”. Sin embargo, el Comité lamenta la falta de información detallada relativa a la capacitación sobre la Convención y la lucha contra la discriminación racial, el racismo y la xenofobia en los planes de estudios escolares y en los programas de formación profesional. Sigue preocupado por la persistencia de estereotipos y discursos racistas y xenófobos contra miembros de determinadas comunidades, en concreto los amazig, saharauis, ciudadanos y no ciudadanos negros, especialmente los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados provenientes de países subsaharianos, en particular en Internet y los medios sociales, pero también en el deporte, sobre todo en el fútbol. También lamenta la falta de información suficiente sobre la inclusión de la historia y la cultura de los grupos mencionados en los libros de texto y los planes de estudios a todos los niveles, así como sobre la educación o la investigación de la historia del comercio transahariano de esclavos y sus consecuencias (art. 7).

42. Recordando sus anteriores observaciones finales , el Comité recomienda nuevamente al Estado parte que prosiga sus iniciativas de sensibilización y educación del público en la diversidad multicultural, la convivencia y la tolerancia. Asimismo, recomienda al Estado parte que intensifique sus iniciativas de educación sobre los derechos humanos y se asegure de que la lucha contra la discriminación racial, el racismo y la xenofobia, así como la historia y la cultura de los grupos citados anteriormente, se incluyan en los planes de estudios de todos los niveles escolares, y que todo el personal docente reciba capacitación al respecto. Recomienda además al Estado parte que incluya en sus planes de estudios la historia del comercio transahariano de esclavos y sus consecuencias, promueva la investigación sobre este tema e incluya información sobre las medidas adoptadas al respecto en su próximo informe periódico.

D.Otras recomendaciones

Ratificación de otros tratados

43. Teniendo presente la indivisibilidad de todos los derechos humanos, el Comité alienta al Estado parte a que considere la posibilidad de ratificar los tratados internacionales de derechos humanos que todavía no haya ratificado, en particular aquellos cuyas disposiciones guarden una relación directa con las comunidades que puedan ser objeto de discriminación racial, como el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, y el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (núm. 189) de la OIT. El Comité alienta al Estado parte a que se adhiera a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961.

Seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción de Durban

44. A la luz de su recomendación general núm. 33 (2009), relativa al seguimiento de la Conferencia de Examen de Durban, el Comité recomienda al Estado parte que, cuando aplique la Convención en su ordenamiento jurídico interno, haga efectivos la Declaración y el Programa de Acción de Durban, aprobados en septiembre de 2001 por la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, teniendo en cuenta el documento final de la Conferencia de Examen de Durban, celebrada en Ginebra en abril de 2009. El Comité solicita al Estado parte que en su próximo informe periódico incluya información específica sobre los planes de acción y demás medidas adoptadas para aplicar la Declaración y el Programa de Acción de Durban en el plano nacional.

Decenio Internacional de los Afrodescendientes

45. A la luz de la resolución 68/237 de la Asamblea General, en la que la Asamblea proclamó 2015-2024 Decenio Internacional de los Afrodescendientes, y la resolución 69/16 de la Asamblea sobre el programa de actividades del Decenio, el Comité recomienda al Estado parte que prepare y aplique un programa adecuado de medidas y políticas en colaboración con las organizaciones y los pueblos afrodescendientes. El Comité solicita al Estado parte que incluya en su próximo informe información precisa sobre las medidas concretas adoptadas en ese marco, teniendo en cuenta su recomendación general núm. 34 (2011), relativa a la discriminación racial contra afrodescendientes.

Consultas con la sociedad civil

46. El Comité recomienda al Estado parte que siga celebrando consultas y ampliando su diálogo con las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la protección de los derechos humanos, en particular las que se dedican a la lucha contra la discriminación racial, en relación con la preparación del próximo informe periódico y el seguimiento de las presentes observaciones finales.

Difusión de información

47. El Comité recomienda que los informes del Estado parte se pongan a disposición y al alcance del público en el momento de su presentación y que las observaciones finales del Comité con respecto a esos informes se pongan a disposición también de todos los órganos del Estado encargados de la aplicación de la Convención, incluidas las regiones, las prefecturas, las provincias y los municipios, y se publiquen en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, así como en otros sitios web accesibles al público, en los idiomas oficiales y otros idiomas de uso común, según proceda.

Seguimiento de las presentes observaciones finales

48. De conformidad con el artículo 9, párrafo 1, de la Convención y el artículo 65 de su reglamento, el Comité solicita al Estado parte que facilite, dentro del plazo de un año a partir de la aprobación de las presentes observaciones finales, información sobre su aplicación de las recomendaciones que figuran en los párrafos 14 a) y b) (planes en materia de derechos humanos y lucha contra la discriminación en el ámbito nacional) y 26 a) y b) (lengua amazig) anteriores.

Párrafos de particular importancia

49. El Comité desea señalar a la atención del Estado parte la particular importancia de las recomendaciones que figuran en los párrafos 18 (discurso de odio racista), 20 (saharauis) y 30 (situación de los no ciudadanos, en particular los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados) y le solicita que en su próximo informe periódico facilite información detallada sobre las medidas concretas que haya adoptado para aplicarlas.

Preparación del próximo informe periódico

50. El Comité recomienda al Estado parte que presente sus informes periódicos 22º a 26º combinados, en un solo documento, a más tardar el 17 de enero de 2027, teniendo en cuenta las directrices relativas a la presentación de informes aprobadas por el Comité en su 71 er período de sesiones , y que en dicho documento se aborden todas las cuestiones planteadas en las presentes observaciones finales. A la luz de la resolución 68/268 de la Asamblea General, el Comité insta al Estado parte a que respete el límite de 21.200 palabras establecido para los informes periódicos y de 42.400 palabras para el documento básico común.