Distr.GENERAL

CCPR/CO/71/UZB/Add.117 de octubre de 2002

ESPAÑOLOriginal: INGLÉS

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

COMENTARIOS DEL GOBIERNO DE UZBEKISTÁN A LAS OBSERVACIONES FINALES DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS (CCPR/CO/71/UZB)

[Original: ruso][30 de septiembre de 2002]

Respuestas a las preguntas adicionales en relación con el informe sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Pregunta 1. En la práctica ¿ha habido casos en que un tribunal militar haya juzgado a civiles? De ser así, sírvase describirlos y explicar el motivo de esta opción.

Respuesta. Con arreglo al artículo 2 de la Ley de tribunales de 14 de diciembre de 2000, los tribunales militares protegen judicialmente los derechos y libertades del ciudadano reconocidos por la Constitución y otras leyes de la República de Uzbekistán y los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como los derechos e intereses legalmente amparados de las empresas, las instituciones y las organizaciones.

Con arreglo al artículo 41 de esa Ley, competen a los tribunales militares los delitos cometidos por el personal militar del Ministerio de Defensa, el Comité de Protección de la Frontera Estatal, el Servicio de Seguridad Nacional, el Ministerio para las situaciones de emergencia, las tropas del Ministerio del Interior y otras unidades militares previstas en la Ley, así como por los reservistas durante las maniobras en que éstos participen.

GE.02-45124 (S) 251002 251002

Con arreglo al artículo 6 del reglamento relativo a la organización de los tribunales militares, promulgado el 14 de diciembre de 2000 por la Decisión Nº 164-p del Oliy Maylis de la República de Uzbekistán, competen a los tribunales militares los casos en que haya civiles implicados si existen acusaciones contra un grupo de personas y al menos una de ellas es sujeto de derecho castrense y, con arreglo a la Ley, no puede ser juzgada aisladamente.

En la práctica de los tribunales militares de la República de Uzbekistán ha habido casos en que se ha juzgado a civiles por delitos penales ordinarios y por delitos militares cometidos conjuntamente con personal militar. Al juzgar estos casos, los tribunales militares respetan plenamente los derechos y libertades tanto de los civiles como de los militares.

Pregunta 2. ¿Juzgan los tribunales casos en los que se invocan los tratados internacionales ratificados por la República de Uzbekistán? De ser así, sírvase citar ejemplos.

Respuesta. En la República de Uzbekistán no se ha dado esta circunstancia. Sin embargo, cabe señalar que las normas internacionales se han incorporado a la legislación nacional y que, por consiguiente, cuando los tribunales juzgan un caso las tienen en cuenta.

Pregunta 3. ¿Cuál es el procedimiento actual para la inscripción de organizaciones y asociaciones religiosas? ¿Puede simplificarse?

Respuesta. La inscripción de organizaciones religiosas en Uzbekistán se basa en la Decisión Nº 263, de 20 de junio de 1998, del Consejo de Ministros ("Reglamento para la inscripción oficial de las organizaciones religiosas en la República de Uzbekistán"). Con arreglo a esta decisión, las organizaciones religiosas deben presentar la siguiente documentación para registrar sus estatutos ante el organismo competente:

-solicitudes notariadas y firmadas de al menos 100 miembros del grupo, que debe estar compuesto por ciudadanos uzbekos mayores de 18 años;

-el ejemplar original de los documentos presentados y dos copias notariales de la decisión adoptada en la junta general de la organización y de sus estatutos;

-declaración y certificado de fuentes de ingresos;

-resguardo bancario del pago de la tasa de inscripción;

-información sobre los fundadores de la organización religiosa;

-información sobre sus dirigentes;

-certificación notarial de la educación religiosa de los dirigentes de la organización;

-un aval de la administración local en el que se indique el domicilio social y postal de la organización (confirmado por la Dirección Principal de Arquitectura, la Dependencia de Salud Pública y Lucha contra las Enfermedades, la Oficina de Seguridad contra Incendios y los órganos de la administración local);

-el consentimiento del Comité de asuntos religiosos dependiente del Consejo de Ministros de la República de Uzbekistán;

-certificación notarial en la que se indique la denominación oficial de la organización religiosa.

Dado que se ha simplificado al máximo la inscripción de las organizaciones religiosas, no hay necesidad de revisar estos requisitos.

Pregunta 4. Como prevé el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿se está estudiando la posibilidad de transferir la supervisión de las instituciones y órganos de ejecución de penas de los órganos encargados del orden público (Ministerio del Interior) al Ministerio de Justicia?

Respuesta. Actualmente se está estudiando esta posibilidad. En general, se está prestando cada vez mayor atención a la responsabilidad de los órganos por la ejecución de las penas. La cuestión se está debatiendo ampliamente en los círculos científicos y se está estudiando la experiencia de países extranjeros.

Pregunta 5. ¿El procedimiento vigente de inscripción de los partidos políticos no restringe los derechos de los partidos políticos y las asociaciones públicas reconocidos en los artículos 19, 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos?

Respuesta. La inscripción oficial de los partidos políticos y las asociaciones públicas compete a los órganos judiciales de la República de Uzbekistán en virtud de la Ley sobre los partidos políticos de 26 de diciembre de 1996 y la Ley sobre las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro de 14 de abril de 1999.

Los partidos políticos se constituyen y existen para velar por los derechos y libertades de los ciudadanos basándose en la libre expresión de su voluntad, la adhesión o baja voluntarias, la igualdad de derechos entre los afiliados, la autonomía, la legalidad y la transparencia.

Las leyes mencionadas no admiten restricción alguna de los derechos de los partidos políticos y asociaciones públicas inscritos.

El artículo 5 de la Ley sobre los partidos políticos establece que el Estado garantizará la protección de los derechos e intereses legítimos de los partidos políticos y les asegurará las mismas condiciones jurídicas para el logro de los propósitos y objetivos enunciados en sus estatutos.

Pregunta 6. ¿Está estudiando Uzbekistán su adhesión a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados?

Respuesta. Debido a la difícil situación geopolítica en la región, es imperativo mejorar la condición económica, social, civil y cultural de las personas que se han visto obligadas a abandonar su patria histórica. Por consiguiente, se está estudiando ampliamente esta cuestión y también la posible adhesión a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. El Instituto para la Vigilancia del Cumplimiento de la Legislación Vigente de la República de Uzbekistán, junto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha redactado y presentado un proyecto de ley sobre los refugiados, que se espera contribuya notablemente a mejorar la situación de los refugiados especialmente necesitados.

Pregunta 7. ¿Se ha pensado en ampliar la competencia del ombudsman en lo que respecta a su presencia ante los tribunales y a la revisión de las decisiones judiciales?

Respuesta. Desde 1999, como parte de la aplicación de la Directriz Política sobre el Comisionado para los Derechos Humanos (Ombudsman) del Parlamento relativa a la cooperación con los tribunales y los órganos de orden público, los representantes del ombudsman han participado en las actuaciones judiciales como de observadores cuando los ciudadanos lo han solicitado. El derecho a presentar peticiones y quejas ante los tribunales está garantizado por un acuerdo entre el Consejo de la Federación de Sindicatos de Uzbekistán y la Fiscalía General de la República de Uzbekistán.

Tras la presentación de propuestas legislativas para la reforma del Oliy Maylis de la República de Uzbekistán, la Oficina del Comisionado para los Derechos Humanos (Ombudsman) del Parlamento preparará propuestas para mejorar la Ley sobre el ombudsman, que comprenderán disposiciones sobre la cooperación con los órganos judiciales.

Pregunta 8. ¿Cómo se garantiza la independencia de los magistrados? ¿Es posible enmendar la legislación nacional pertinente y la Constitución para garantizar la plena independencia del poder judicial?

Respuesta. Con arreglo al párrafo 2 del artículo 4 de la Ley de tribunales de 14 de diciembre de 2000, que concuerda plenamente con el artículo 106 de la Constitución de Uzbekistán, el poder judicial actúa independientemente del poder legislativo, del poder ejecutivo, de los partidos políticos y de otras asociaciones públicas.

El 14 de diciembre de 2001, el Parlamento de Uzbekistán promulgó una nueva versión de la Ley de tribunales en la que se reglamenta el estatuto de la judicatura en plena conformidad con normas internacionales como los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura (1985) y las Directrices sobre la función de los fiscales (1990).

Con arreglo a la nueva versión de la Ley de tribunales, el sistema judicial se basa en el principio de la especialización. Actualmente existen tribunales civiles y tribunales penales. Esta innovación ha hecho posible aumentar el profesionalismo de los jueces y la eficacia de la administración de justicia.

La independencia de los jueces es un importante principio constitucional en Uzbekistán e implica que los jueces dictan sentencia basándose en la ley en condiciones que excluyen toda clase de influencia externa. El artículo 112 de la Constitución establece que los jueces son independientes y sólo están subordinados a la ley. Toda injerencia en la labor que realizan en materia de administración de justicia está prohibida y castigada en la ley. Más concretamente, el artículo 236 del Código Penal estipula que la injerencia en el procedimiento judicial constituye un delito y está castigado con una pena de privación de libertad de tres a cinco años.

La irrevocabilidad de los jueces es un importante principio del sistema judicial en la mayoría de los países democráticos. La esencia de este principio es que, una vez nombrados, los jueces desempeñan su cargo a título vitalicio o hasta alcanzar una edad determinada. En Uzbekistán, tras la adopción de la Constitución de 1992, se dio otra interpretación a este principio, a saber, que los jueces son nombrados por el Presidente por un período de cinco años.

Como demuestra la experiencia de los Estados democráticos, el principio de la irrevocabilidad no impide que se separe a los jueces de su cargo, con arreglo a un procedimiento especial, si se los declara culpables de un delito o un acto incompatible con sus funciones.

Las cuestiones relativas a la reforma jurídica son una preocupación fundamental en Uzbekistán. En relación con la próxima reforma constitucional, decidida por referéndum el 27 de enero de 2002, volverá a debatirse la interacción entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

Pregunta 9. Cooperación con las organizaciones no gubernamentales sin fines lucrativos (ONG) y su funcionamiento.

Respuesta. El artículo 4 de la Ley sobre las organizaciones no gubernamentales sin fines lucrativos, de 14 de abril de 1999 define la obligación del Estado de garantizar la protección de los derechos e intereses de estas organizaciones y otorgarles iguales oportunidades jurídicas de participar en los asuntos públicos. Queda prohibida la injerencia del Estado en sus actividades. Se está debatiendo la posibilidad de que el Estado brinde asistencia a los programas de utilidad social administrados por estas organizaciones.

Se están dedicando considerables esfuerzos a la cooperación con las ONG nacionales sin fines lucrativos. Por ejemplo, cuando se redactan proyectos de ley y se promulgan nuevas leyes se invita a participar en mesas redondas a las organizaciones interesadas en la cuestión sobre la que versan los proyectos de ley y que sus opiniones y críticas se tienen en cuenta obligatoriamente. Las ONG tienen derecho a expresar su opinión, tanto si es favorable como si no, y sus comentarios se incorporan luego en el proyecto de ley. Por consiguiente, el Estado mantiene un diálogo constante con las ONG sin fines lucrativos.

Se están llevando a cabo varios proyectos en colaboración con estas organizaciones.

Actualmente se está estudiando un proyecto de ley sobre las fundaciones sociales en el que, entre muchas otras cuestiones, se definen la regulación jurídica aplicable, incluso en materia de inscripción y funcionamiento.

Tras el referéndum del 27 de enero de 2002, se está redactando un nuevo proyecto de ley sobre los resultados del referéndum y los principios básicos de la organización del poder estatal. Con arreglo a la nueva legislación propuesta, podrán presentar candidaturas a la Cámara Baja del Parlamento no sólo los partidos políticos, sino también los grupos de diputados independientes, incluidos los representantes de las ONG sin fines lucrativos.

También se está redactando una nueva ley sobre la protección jurídica de las actividades de las ONG sin fines lucrativos que, entre otras cuestiones, ofrecerá garantías jurídicas más amplias a estas organizaciones.

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