Distr.LIMITADA

CCPR/CO/74/GEO/Add.114 de mayo de 2003

ESPAÑOLOriginal: INGLÉS

COMENTARIOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GEORGIA A LAS OBSERVACIONES FINALES DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

1.Tras haber examinado las observaciones formuladas por el Comité de Derechos Humanos en el documento CCPR/CO/74/GEO, de 28 de marzo de 2002, el Gobierno de Georgia desea expresar su satisfacción por la evaluación, fundamentalmente positiva, de los progresos realizados por Georgia en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como se pide en el párrafo 22 de las observaciones finales del Comité, el Gobierno de Georgia se complace en facilitar en el plazo señalado información sobre las cuestiones que plantea el Comité en los párrafos 7, 8 y 9.

2.Al mismo tiempo, el Gobierno de Georgia se ve en la necesidad de precisar al Comité de Derechos Humanos algunas cuestiones que se plantean en sus observaciones, pues no reflejan con exactitud la situación real y también desea añadir información sobre las observaciones del Comité en su conjunto. A este respecto, cabe señalar que durante el examen del informe la delegación de Georgia dio explicaciones sobre una gran variedad de cuestiones de interés para los miembros del Comité y que facilitó datos para ayudarle a comprender con más claridad la situación real. Por consiguiente, sorprende que en algunos casos las recomendaciones del Comité no tengan en absoluto en cuenta la información complementaria que facilitó la delegación durante el examen del informe, lo que da lugar a varias inexactitudes que se enumeran a continuación.

Párrafo 5

3.En el párrafo 5 de las observaciones finales se afirma que el Comité aplaude la creación del "Grupo de Reacción Rápida", cuya función consiste en visitar los lugares de detención e investigar las denuncias.

GE.03-41777 (S) 130603 230603

4.Una vez más, es necesario señalar que el "Grupo de Reacción Rápida" no es una estructura autónoma, sino que se estableció en el seno de la Oficina del Defensor del Pueblo como parte de un proyecto de seis meses de duración organizado entre diciembre de 2001 y junio de 2002 y financiado por la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Actualmente, el Defensor del Pueblo y la organización donante están estudiando la posibilidad de reanudar la financiación de este proyecto.

5.Como se indica en el informe del Defensor del Pueblo sobre el primer semestre de 2002, las actividades del "Grupo de Reacción Rápida" han permitido al Defensor del Pueblo presentar 54 recomendaciones al Fiscal General y al Ministro del Interior en relación con violaciones de los derechos humanos advertidas por éste. Como se señala en el informe, en varios casos la intercesión del Defensor del Pueblo facilitó el restablecimiento de los derechos violados.

6.En vista de todo ello, estimamos que en el párrafo 5 de las observaciones finales del Comité no debe mencionarse al "Grupo de Reacción Rápida" aisladamente, sino en el contexto de la labor del Defensor del Pueblo.

7.Deseamos hacer otros comentarios en relación con las opiniones que figuran en el párrafo 15 de las observaciones finales del Comité, sobre el estatuto y las competencias del Defensor del Pueblo como se indica a continuación.

8.En el párrafo 6 se afirma que "el Comité expresa satisfacción por la creación de un Tribunal Constitucional pero le sigue preocupando que los procedimientos actuales dificulten el acceso al mismo".

9.El 12 de febrero de 2002 se promulgó la Ley constitucional por la que se enmendaban la Ley de establecimiento del Tribunal Constitucional de Georgia y la Ley sobre causas constitucionales. La ley entró en vigor el 5 de marzo de 2002. Estas enmiendas tienen como objetivo suplir las lagunas de las leyes en vigor por las que se reglamenta la labor del Tribunal Constitucional. Estas innovaciones legislativas se refieren también a los procedimientos administrativos y a cuestiones relativas a la jurisdicción del Tribunal.

10.Los cambios e innovaciones más significativos son los siguientes:

a)Supresión del principio jurídico de la "continuidad" con arreglo al cual un miembro del Tribunal que estuviera entendiendo en una causa no podía entender en otras hasta que la primera quedara suspendida o aplazada. Este procedimiento complicaba los plazos de las vistas. Con arreglo a la enmienda, un miembro del Tribunal que entienda en una causa puede entender en otras aunque la primera no haya quedado suspendida ni aplazada.

b)Adopción de calendarios generales y distintos para las vistas. Con arreglo a esta enmienda se informará al demandante antes de que transcurran diez días desde que se inició la causa ante el Tribunal acerca de si éste se dispone a examinar el fondo del caso. También se ha establecido un plazo máximo de seis meses para que el Tribunal Constitucional dicte sentencia en recursos de inconstitucionalidad.

c)Ampliación de las competencias del Tribunal Constitucional introduciendo la institución oficial de la revisión judicial. Con arreglo a esta enmienda, el Tribunal Constitucional no sólo adquiere el derecho de verificar la constitucionalidad de una norma legislativa, sino también el de cerciorarse de que se haya observado el procedimiento constitucional al promulgarla.

d)Ampliación de la clase de personas que pueden someter causas al Tribunal Constitucional. Las personas jurídicas también tienen derecho a someter causas al Tribunal cuando se trate de cuestiones relativas al título II de la Constitución de Georgia (de los derechos humanos y libertades fundamentales).

11.Estimamos que estas enmiendas han ampliado significativamente las competencias del Tribunal Constitucional, han hecho más eficaz su labor, han facilitado el acceso al Tribunal y han fortalecido las garantías para la plena protección de los derechos humanos.

Párrafo 7

12.En el párrafo 7 se señala que el Comité expresa su preocupación porque todavía es muy elevado el número de muertes de personas detenidas en comisarías de policía y cárceles, inclusive las debidas a suicidios y a la tuberculosis. El Comité expresa también su preocupación por el gran número de casos de tuberculosis que se comunica en las cárceles.

13.El Gobierno de Georgia estima que debe facilitarse al Comité información actualizada sobre esta cuestión.

14.Según las estadísticas oficiales, en 2002 fallecieron 39 presos en penitenciarías administradas por el Ministerio de Justicia de Georgia. De ellos, 29 murieron por enfermedad, mientras que los otros 10 sufrieron muertes violentas (cuatro suicidios, cinco homicidios y un accidente). Las causas de muerte por enfermedad fueron las siguientes: nueve casos de insuficiencia cardiovascular aguda, seis casos de tuberculosis pulmonar, seis casos de infarto de miocardio agudo, dos casos de isquemia aguda, un caso de cirrosis hepática, un caso de distrofia alimentaria, un caso de inflamación cerebral aguda, un caso de arterioesclerosis, un caso de insuficiencia aguda de circulación en el cerebro y un caso de cáncer del pulmón.

15.Como indican estas cifras, en 2002 el número de muertes en las instituciones penitenciarias aumentó ligeramente en comparación con 2001, en que murieron 31 reclusos. Sin embargo, cabe recordar que en 2000 habían muerto un total de 52 presos. Se ha reducido significativamente el número de muertes por tuberculosis, con 6 casos en 2002 frente a 13 en 2001 y 23 en 2000. En 2002 se suicidaron 4 presos. En 2001 no hubo suicidios, pero en 2000 hubo 6.

16.Normalmente el fallecimiento de un preso se comunica al cuerpo de guardia del Departamento de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y a la fiscalía correspondiente, que toma las medidas de procedimiento necesarias previstas por la ley.

17.En 2002 el Departamento de Medicina del Ministerio de Justicia tomó diversas medidas para mejorar el tratamiento que se dispensa en las penitenciarías. Entre otras cosas, el Ministerio de Justicia ha ratificado disposiciones provisionales relativas a hospitales en las cárceles, gracias a lo cual las dependencias médicas han pasado a ser finalmente independientes del Departamento de Establecimientos Penitenciarios. También se han aprobado programas departamentales para proteger la salud de los reclusos de las instituciones que administra el Departamento de Establecimientos Penitenciarios, así como programas para prevenir la propagación del VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual en estas instituciones. El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo, Salud y Seguridad Social han establecido arreglos para transferir a partir de enero de 2003 las competencias de evaluación psiquiátrica de los hospitales de las cárceles a clínicas psiquiátricas ordinarias.

18.A la luz de las recomendaciones del Comité, cabe señalar algunas medidas de orden práctico:

-Se ha establecido en la institución para delincuentes menores una dependencia médica debidamente equipada.

-En la penitenciaría de adultos Nº 7 se ha establecido una dependencia médica debidamente equipada.

-Con asistencia y apoyo financiero del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se han renovado cuatro pabellones de la unidad de pacientes internados de la cárcel de mujeres, que van a ser inaugurados próximamente.

-Para aplicar el denominado programa de "tratamiento breve bajo observación directa (DOTS)", se han renovado diez pabellones de celdas para presos tuberculosos. Este programa ya se está aplicando en la penitenciaría de Rustavi.

19.En cuanto a las iniciativas para prevenir la propagación de la tuberculosis en las cárceles, cabe señalar al Comité que en 2002, con asistencia del CICR, se hizo una prueba de tuberculosis pulmonar en 6.142 reclusos de instituciones penitenciarias. De ellos, 473 sufrían la enfermedad, frente a 586 en 2001. Todos los enfermos fueron incluidos en el programa DOTS. En total, se trasladó a 353 presos a una dependencia especial para tuberculosos donde recibieron tratamiento, mientras que el resto siguió tratamiento en el centro en que cumplían condena.

20.Los médicos penitenciarios y los oficiales del Departamento de Medicina del Ministerio de Justicia, así como representantes del Ministerio de Trabajo, Salud y Seguridad Social organizan periódicamente en las penitenciarías análisis y consultas médicas para los reclusos enfermos. De este modo, en 2002, el Ministerio de Justicia organizó 63 visitas a cárceles por distintas comisiones de su Departamento de Medicina, en las que participaron equipos de médicos especializados. Se examinó a 2.060 presos, que recibieron el debido tratamiento. Asimismo, con asistencia del centro nacional de Georgia para la prevención del SIDA, se examinó a 2.066 reclusos que cumplían condena o permanecían en prisión preventiva (incluidos los recluidos en la dependencia para tuberculosos y en la institución para delincuentes menores) para determinar cuáles eran portadores del VIH y cuáles tenían el SIDA. Se detectó a 16 seropositivos, que quedaron registrados en consecuencia. En el momento de preparar el presente informe (enero de 2003), había 11 presos con SIDA bajo observación constante del personal del centro nacional de prevención del SIDA y los médicos penitenciarios.

21.En enero de 2003 el número total de pacientes en los hospitales penitenciarios era de 1.696. Un total de 39.415 presos había recibido tratamiento ambulatorio.

22.En 2002, especialistas del Departamento de Medicina del Ministerio de Justicia prestaron particular atención a las cuestiones relativas al saneamiento y la higiene en el sistema penitenciario. De este modo, se realizaron inspecciones en siete instituciones penitenciarias, cuatro cárceles, una dependencia hospitalaria de Tbilisi para reclusos en prisión preventiva o que cumplen condena y una dependencia especial para tuberculosos. Las inspecciones se concentraron en el saneamiento y la higiene en los establecimientos y en las instalaciones de que disponían los reclusos. Se señalaron varias irregularidades durante las inspecciones y se tomaron medidas para subsanarlas.

23.De este modo, se tomaron medidas de desinfección y desratización en dos colonias y una cárcel. Los vehículos en que se transporta a los presos se desinfectan periódicamente.

24.Cabe señalar que al disminuir el total de presos, el gasto de alimentación por preso ha aumentado de 23 a 33 lari (aproximadamente 15 dólares de los EE.UU.). Ello ha hecho posible enriquecer la ración alimenticia y aumentar su contenido calórico hasta la norma estatutaria prescrita, que es de 2.753 a 2.964 kilocalorías.

Párrafo 8

25.En el párrafo 8 de sus observaciones finales el Comité expresa preocupación por la persistencia del uso generalizado de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes que infligen a los presos los agentes del orden público y los funcionarios de las instituciones penitenciarias.

26.En consecuencia, el Comité formuló una lista de recomendaciones al Gobierno de Georgia para que se eliminara esta clase de violaciones de los derechos humanos.

27.El Gobierno de Georgia comprende las inquietudes expresadas por el Comité pero no está plenamente de acuerdo con la conclusión de que haya un "uso generalizado de la tortura" y otras formas de trato inaceptable a los presos. Aunque sea cierto que ha habido casos de esta naturaleza, sería exagerado dar a entender que son muy frecuentes.

28.En relación con esta cuestión, cabe remitirse a la información facilitada en nuestra respuesta a la pregunta 6 de la lista de cuestiones presentadas por el Comité tras su examen del segundo informe presentado por Georgia de conformidad con el Pacto. En concreto, el Decreto presidencial Nº 42, de 18 de febrero de 2002, encarga al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General de Georgia medidas que den efecto a la iniciativa presidencial para transformar a Georgia en una "zona libre de torturas". En la actualidad estas medidas ya han sido formuladas y se encuentran en fase de aplicación.

29.Con arreglo al plan establecido por la Fiscalía General de Georgia:

-Los órganos locales de la fiscalía supervisarán sistemáticamente la labor de los órganos de orden público para prevenir y señalar los casos de tortura u otras formas de conducta ilícita y, de ser necesario, tomarán las medidas previstas por la ley para procesar a los culpables;

-Se harán comprobaciones similares (y si procede investigaciones) tras las denuncias presentadas por los ciudadanos y sus abogados, y también en relación con las acusaciones que formulen los medios de información;

-Las dependencias de la fiscalía que supervisan la labor de los órganos de investigación y de instrucción y de las autoridades penitenciarias verificarán periódicamente el progreso de las comprobaciones o de la investigación de los casos de malos tratos físicos a los presos y personas en prisión preventiva;

-Los órganos de orden público centrales y locales deberán poner inmediatamente en conocimiento de un fiscal cualquier caso de tortura u otra forma de conducta ilícita que se descubra e informarán sobre las medidas que hayan tomado al respecto;

-Cuando se adviertan lesiones corporales en una persona en prisión preventiva, los altos funcionarios del Departamento de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia transmitirán inmediatamente su expediente a un fiscal para que éste tome las medidas oportunas;

-Se ha capacitado a los órganos de la fiscalía para que cooperen permanentemente con el Comité Parlamentario de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, el Departamento de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y otros departamentos pertinentes.

30.Con arreglo a este plan de acción, el Ministerio del Interior de Georgia está tomando las medidas necesarias para:

-Organizar la capacitación del personal y conferencias sobre la inadmisibilidad de la tortura y otras formas de conducta ilícita;

-Establecer una línea telefónica especial e informar a la opinión pública en general sobre este servicio en los medios de información;

-Realizar inspecciones intradepartamentales imprevistas en los lugares de detención preventiva para descubrir casos de tortura u otras formas de conducta ilícita;

-Realizar operaciones de prevención para descubrir casos de personas en detención preventiva más allá del plazo procesal o de detenidos con lesiones corporales, así como tomar medidas al respecto;

-Escuchar periódicamente en las reuniones del consejo ampliado del Ministerio del Interior los informes de los directores de los órganos de orden público centrales y locales y de la inspección general del Ministerio acerca de las medidas para descubrir los casos de tortura y otras formas de conducta ilícita y las medidas tomadas en tales casos;

-Establecer vínculos estrechos con las organizaciones no gubernamentales (ONG) con miras a descubrir los casos de tortura y otras formas de conducta ilícita y tomar inmediatamente medidas al respecto.

31.El Ministerio de Justicia ha tomado las medidas siguientes para aplicar su plan de acción:

-Se están redactando unas directrices políticas para una reforma fundamental del sistema penitenciario con miras a crear condiciones más humanas en los lugares de detención de conformidad con las normas internacionales pertinentes en vigor.

-Se ha puesto en marcha un sistema especial de supervisión para las personas en prisión preventiva que presenten lesiones corporales al llegar a una penitenciaría o durante su estancia en ella. En tales casos, e independientemente de cómo explique el propio detenido la causa de la lesión, se informa de ello a la fiscalía para que se tomen medidas.

-Se ha establecido el puesto de médico especialista en el Departamento de Establecimientos Penitenciarios. Sus funciones comprenden comprobar el estado de salud de cualquier preso de una penitenciaría que presente lesiones corporales.

-Se ha establecido en el Ministerio una junta independiente de supervisión pública, cuyas funciones más importantes son impedir, señalar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, la tortura y otras formas de conducta ilícita. Los miembros de la junta pueden visitar cualquier penitenciaría sin trabas y conversar con los presos. Para facilitar sus funciones de supervisión, se ha dado a la junta una lista de reclusos que seguían en lugares de detención tras vencer los plazos procesales o que presentaban lesiones corporales.

-Se ha establecido en el Ministerio un departamento para reformar y supervisar el sistema penitenciario. Una de sus funciones es formular recomendaciones sobre la defensa de los derechos de los presos, para lo cual los funcionarios del departamento consultan periódicamente la opinión de los propios presos.

-Se han establecido comisiones públicas permanentes en las penitenciarías cuya función es alentar las medidas de prevención de la tortura y otros tratos crueles e inhumanos, y asistir a las autoridades penitenciarias para que resuelvan las cuestiones relativas a las instalaciones, la alimentación, el tratamiento médico, el trabajo en prisión y la enseñanza de los presos.

-Se ha creado un programa de capacitación para funcionarios de prisiones que hace especial hincapié en el estudio de las normas internacionales vigentes de trato a las personas privadas de libertad. La capacitación comprende la asistencia a seminarios y cursos organizados en el centro de formación del Ministerio.

32.El 17 de mayo de 2002, el Presidente de Georgia promulgó el Decreto Nº 240 sobre las medidas para reforzar la protección de los derechos humanos en Georgia. La promulgación de este decreto es una consecuencia directa de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. En relación con esta cuestión, estimamos necesario señalar a la atención del Comité las siguientes instrucciones previstas en ese instrumento:

"1. Pide a la Fiscalía de Georgia... y encarga al Ministerio del Interior de Georgia:

[...]

b)Que se instruyan causas penales y se lleven a cabo las investigaciones pertinentes cuando se descubra que se han causado lesiones corporales a una persona privada de libertad;

c)Que se ordene una vigilancia especial de los lugares de detención y privación de libertad con miras a revelar y a erradicar los casos de tortura y tratos y penas degradantes, así como procesar a las personas responsables de tales actos;

[...]

e)Que se eleve el nivel de formación profesional de los funcionarios de la fiscalía, de la policía y de prisiones, con miras a prevenir la tortura y otras conductas ilícitas; que se imparta formación especial de expertos y personal médico con miras a revelar y documentar los casos de tortura;

[...]

3.El Ministerio de Justicia de Georgia:

a)Presentará propuestas sobre la compatibilidad de la tipificación de "tortura" en el Código Penal de Georgia con las disposiciones de la Convención contra la Tortura... y preparará un proyecto de ley para introducir los cambios necesarios en el Código Penal de Georgia..."

33.El Gobierno de Georgia señala que ya se han tomado varias medidas para aplicar estas directrices presidenciales.

34.El Ministerio de Justicia ha preparado un proyecto de ley para enmendar el Código Penal de Georgia, que establece, entre otras cosas, que se armonice el concepto de "tortura" previsto en la legislación georgiana con las disposiciones de la Convención contra la Tortura. Actualmente se está deliberando sobre el proyecto de ley y participan en este proceso las ONG del país y los organismos oficiales pertinentes. El proyecto de ley se someterá posteriormente al Parlamento para su ratificación. En el tercer informe periódico que Georgia debe presentar al comité correspondiente de las Naciones Unidas en noviembre de 2003 sobre la aplicación en el país de la Convención contra la Tortura se hará un examen más completo de la evolución en esta esfera.

35.La Fiscalía de Georgia ha establecido una línea telefónica especial mediante la cual en cualquier momento toda persona puede denunciar a un fiscal la violación de sus derechos. La fiscalía presta especial atención a los casos en que los agentes de policía someten a los detenidos y las personas en prisión preventiva a agresiones físicas indebidas con miras a realizar las investigaciones pertinentes y procesar a los culpables.

36.La Fiscalía de Georgia ha informado de que en los nueve primeros meses de 2002 los órganos de la fiscalía instruyeron 54 causas penales por varias clases de actos ilícitos. En 17 casos se trataba de la conducta indebida de funcionarios que habían abusado de su autoridad, practicado una detención ilícita o tratado a los detenidos de manera inaceptable. Como medida preventiva, se dispuso la detención provisional de nueve agentes de policía. En tres de los casos, las investigaciones ya han concluido y se ha sometido el sumario a los tribunales.

37.El Ministerio del Interior de Georgia ha informado de que en 2002 se sometieron a la fiscalía 287 expedientes relacionados con la investigación interna de actos no autorizados y violaciones de los derechos humanos por parte de agentes de policía. Esta cifra supera en aproximadamente un 25% los datos comparables de 2001. Además de las causas penales incoadas en tres casos (como ya se ha explicado), se despidió del cuerpo a 92 policías (12 de ellos agentes superiores de diversos rangos). Se suspendió de sus funciones a 74 policías (33 de los cuales eran agentes de rango superior). En total, se impusieron medidas disciplinarias a 382 agentes (177 recibieron amonestaciones y 198 amonestaciones severas). Todas estas cifras son significativamente más altas que las correspondientes a 2001.

38.El Ministerio de Justicia de Georgia ha informado de que en el período comprendido entre enero y diciembre de 2002 se instruyeron causas penales contra ocho funcionarios de prisiones. De ellos, cuatro fueron procesados por negligencia (párrafo 1 del artículo 342 del Código Penal); dos por excederse en sus funciones (párrafo 1 del artículo 333); y dos por abuso de cargo (párrafo 1 del artículo 332). Asimismo, en el mismo período se impusieron medidas disciplinarias a otros 390 agentes. De ellos, 160 fueron relevados de sus funciones por conducta improcedente y 84 fueron expulsados del cuerpo. Al resto se le impusieron sanciones disciplinarias de distinto grado.

39.Al mismo tiempo, según los datos facilitados por el Ministerio de Justicia, en 2002 la dependencia de protección de los derechos humanos del Departamento de Establecimientos Penitenciarios no recibió de los presos o personas en prisión preventiva denuncia alguna de malos tratos por funcionarios de prisiones. Cabe señalar que la Ley sobre el cumplimiento de las penas y la Ley del Defensor del Pueblo hacen posible la presentación sin trabas de tales comunicaciones.

40.El Gobierno de Georgia estima que toda esta información demuestra claramente que se están tomando medidas cada vez más enérgicas para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos a que se refiere el párrafo 8 de las observaciones finales del Comité.

41.En relación con la recomendación del Comité de que "todas las declaraciones de detenidos obtenidas por la fuerza han de ser investigadas y nunca podrán utilizarse como prueba", debemos subrayar que en el párrafo 7 del artículo 42 de la Constitución de Georgia se establece que la prueba obtenida ilegalmente no tiene valor jurídico.

42.Las disposiciones del requisito constitucional general citado anteriormente se han incorporado también al Código de Procedimiento Penal. Concretamente, en el artículo 7 del Código se estipula que la prueba obtenida ilegalmente no tiene valor jurídico. En el artículo 10, que trata de la presunción de inocencia, se recoge plenamente este principio reconocido universalmente, que por primera vez se incorpora a las normas de derecho procesal de Georgia. Se ha introducido la supervisión judicial de cualquier medida de procedimiento adoptada por las personas que llevan a cabo investigaciones iniciales, los investigadores o los fiscales, que impliquen una limitación de los derechos y las libertades constitucionales de los ciudadanos, los sospechosos, acusados y otras partes en los procedimientos tienen derecho a recurrir a un tribunal si su demanda o solicitud es rechazada por la persona que lleva a cabo la investigación inicial, un investigador o un fiscal (art. 15).

43.En el Código de Procedimiento Penal se establece además que la confesión de los acusados, si no está respaldada por otras pruebas, no es suficiente para concluir que han cometido realmente los delitos. Ningún testimonio se puede obtener bajo coacción. Está prohibido el uso de la coacción física o psicológica para obtener testimonios, así como el chantaje; no se admitirán los testimonios obtenidos de esta manera (arts. 19 y 119). Cualquier prueba obtenida en contravención del procedimiento definido en las leyes, y, concretamente, mediante el uso de la violencia, amenazas, chantaje o acoso, se considera inadmisible y se excluirá de la causa penal. Sin embargo, las pruebas de cargo que hayan sido invalidadas, pueden ser admitidas a solicitud de la defensa (art. 111).

44.El carácter contradictorio de los procedimientos judiciales y la igualdad de las partes garantiza la detección de las pruebas y confesiones obtenidas ilegalmente, su reconocimiento como tal y su exclusión de la causa (artículo 475 del Código de Procedimiento Penal).

45.El Gobierno de Georgia considera que las salvaguardias procesales mencionadas anteriormente son suficientes y siempre ha utilizado todos los medios para garantizar que se aplican totalmente en la práctica.

46.En relación con la recomendación del Comité de "capacitar en cuestiones de derechos humanos a los agentes de policía y a los funcionarios de instituciones penitenciarias, especialmente en lo relativo a la prohibición de la tortura", al Comité le podría interesar conocer las siguientes medidas prácticas que se han adoptado al respecto.

47.Concretamente, en el segundo semestre de 2002, representantes del Ministerio del Interior participaron en una serie de ejercicios de capacitación. Entre ellos figuran los siguientes:

-Cursos adicionales de perfeccionamiento celebrados del 14 al 24 de mayo sobre afianzamiento legislativo de los derechos humanos y las libertades fundamentales organizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Embajada de los Países Bajos en Georgia, el Defensor del Pueblo y el Ministerio del Interior de Georgia.

-Un seminario sobre protección de los derechos humanos en el desempeño de la labor policial, celebrado en junio en el Ministerio del Interior, con la participación de funcionarios de la Oficina del Defensor del Pueblo, la Fiscalía de Georgia y funcionarios de organismos del Ministerio del Interior que realizan actividades en la esfera de los derechos humanos.

-Un seminario sobre la organización de la labor policial y el código deontológico de la policía, organizado en octubre con la participación de expertos del Consejo de Europa.

-Un seminario que se celebró en noviembre organizado por la Oficina del Defensor del Pueblo con la asistencia del Consejo de Europa dedicado a las formas y medios de impedir el tratamiento ilegal de los detenidos por funcionarios policiales.

-Un seminario sobre la situación de los derechos humanos en Georgia y las normas europeas de derechos humanos, que se celebró en noviembre en la Academia del Ministerio del Interior.

-En noviembre se puso en marcha un proyecto titulado "Seminarios en las comisarías de policía y supervisión de las instalaciones de detención provisional", organizado conjuntamente por el departamento del Consejo de Seguridad Nacional que se encarga de la protección de los derechos humanos y de cuestiones intelectuales y humanitarias y la ONG Ex Presos Políticos en favor de los Derechos Humanos. El proyecto incluye cursos de capacitación en derechos humanos para funcionarios de policía de 23 comisarías de todo el país. Está previsto que a finales de junio de 2003 -fecha de finalización del proyecto- se impartan cursos de capacitación similares en otras 22 comisarías de policía del país.

Párrafo 9

48.En el párrafo 9 de sus observaciones finales, el Comité mostró preocupación por el largo tiempo (hasta 72 horas) durante el que la policía puede mantener detenida a una persona antes de informarla de las acusaciones que pesan contra ella. También le preocupa el hecho de que los acusados no puedan formular ante un juez, antes de que empiece el juicio, ninguna denuncia por abusos o malos tratos durante el período de detención provisional.

49.A ese respecto, el Gobierno de Georgia desea hacer la siguiente declaración: la afirmación de que durante un período de hasta 72 horas no se informa a los detenidos de las acusaciones que pesan contra ellos no es cierta. En el artículo 73 del Código de Procedimiento Penal se estipula que se debe entregar a los detenidos en un plazo no superior a 12 horas desde el momento de la detención una copia de la decisión de incoar actuaciones penales contra ellos. En esa decisión se debe indicar el delito que se sospecha que han cometido. Por lo que se refiere al período de 72 horas mencionado en las observaciones del Comité, debe hacerse referencia al párrafo 161 del informe periódico, en el que se establece que, de conformidad con el artículo 18 de la Constitución, "los detenidos o las personas cuya libertad haya sido restringida de algún otro modo deben ser llevados ante un tribunal competente en un plazo de 48 horas como máximo. Si en el trascurso de las 24 horas siguientes el tribunal no decide que la persona debe permanecer en prisión preventiva o recluida, se la pondrá en libertad sin demora (párr. 3). Los sospechosos de haber cometido un delito no pueden permanecer detenidos más de 72 horas".

50.Además, quisiéramos citar más ampliamente los párrafos 164 y 165 del informe: "La comparecencia de un detenido en una comisaría de policía o ante el funcionario competente del órgano encargado de la investigación inicial debe dar lugar de inmediato al levantamiento de un acta oficial de la detención, de la que darán fe, rubricando con su firma, quien levante el acta, la persona que haya practicado la detención y el propio detenido. La legitimidad y justificación de una detención deben verificarse antes de transcurridas 12 horas del momento de la detención, tras lo cual el funcionario competente del órgano encargado de la investigación inicial deberá dictar una orden motivada a favor del procesamiento penal, la acusación y el ingreso en prisión del sospechoso, o bien el desistimiento de la causa y la puesta en libertad del detenido. El fiscal debe ser informado inmediatamente de lo dispuesto en la orden. Cuando se ordene el procesamiento e ingreso en prisión de un sospechoso, deberán notificársele sus derechos por escrito. Las personas detenidas en calidad de sospechosos deben ser interrogadas oficialmente dentro de las 24 horas siguientes a su detención... Nadie puede permanecer detenido más de 48 horas sin haber sido acusado. Si en el trascurso de las 24 horas siguientes no se toma decisión alguna sobre el ingreso en prisión o la imposición de cualquier otra medida de carácter preventivo, el detenido debe ser puesto inmediatamente en libertad".

51.El 29 de enero de 2003, el Tribunal Constitucional examinó y aceptó en parte el recurso constitucional presentado por el Defensor del Pueblo y varias ONG para que se declarasen inconstitucionales algunas de las disposiciones del Código de Procedimiento Penal mencionadas anteriormente. Concretamente, se trataba de las normas que reglamentan la detención y el ejercicio del derecho a la defensa del detenido. Se reproducen a continuación las decisiones más importantes del tribunal en relación con la cuestión que se examina.

52.El Tribunal Constitucional hizo mucho hincapié en la definición del momento preciso de la detención y señaló que se considera que una persona ha sido detenida desde el momento en que sus derechos garantizados constitucionalmente son restringidos, en los casos y por los motivos establecidos por la ley, por una persona especialmente facultada para llevar a cabo la detención.

53.El Tribunal declaró inconstitucionales y revocó los siguientes motivos de detención que existían en las anteriores normas de derecho procesal:

-La necesidad de presentar a una persona ante la policía;

-No tener domicilio fijo;

-No poder establecer la identidad de una persona;

-La existencia de "otros indicios".

54.El Tribunal señaló también que únicamente se podía detener a quienes se reconociese oficialmente como sospechosos.

55.En su decisión, el Tribunal Constitucional subrayó que inmediatamente después de la detención se debe explicar al detenido sus derechos y dar a éste la oportunidad de que ejerza los siguientes derechos:

-Derecho a permanecer en silencio;

-Derecho a no inculparse;

-Derecho a ser asistido por un abogado.

56.Por lo que se refiere a este último derecho, el Tribunal consideró necesario explicar que los sospechosos detenidos pueden solicitar la asistencia de un abogado, no sólo antes de su (primer) interrogatorio sino desde el mismo momento de la detención, a fin de salvaguardar sus intereses legítimos y recibir asistencia jurídica competente.

57.El Comité debe conocer también varias modificaciones incorporadas a la legislación de Georgia como resultado del dictamen del Tribunal Constitucional. Así pues, el Tribunal señaló que el límite definido por la ley para la duración de las reuniones sin vigilancia del detenido con su abogado (a saber, una hora diaria) es inconstitucional porque la duración de la reunión debe variar en función de la complejidad del caso. Además, esta restricción no debe utilizarse para la obstrucción deliberada de cualquiera de las partes, que disfrutan de derechos iguales, en los procedimientos. Por último, el Tribunal dictaminó que un órgano que administre un caso debe aplazar una investigación o una audiencia judicial si el abogado no puede asistir por motivos justificados.

58.Al mismo tiempo, debe señalarse que, en la práctica, se producen violaciones del período de detención de 72 horas definido en la Constitución y la ley. Consecuentemente, la Inspección General del Ministerio del Interior ha adoptado algunas medidas prácticas, por ejemplo controles programados y sin aviso previo de unidades de guardia y calabozos de comisarías de policía.  En 2002 se realizaron 65 controles de este tipo, tras lo cual se impusieron sanciones disciplinarias contra quienes habían cometido los delitos mencionados anteriormente; 26 funcionarios fueron relevados de sus funciones. Según los datos estadísticos proporcionados por el Departamento de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, en 2001 ingresaron en prisión en contravención de los plazos legales un total de 238 presos preventivos; esta situación mejoró en los diez primeros meses de 2002, ya que se incluyó en esta categoría a 136 presos.

59.Desafortunadamente, desde el examen del informe periódico no se han producido reformas de la legislación existente relativa al derecho de los acusados a formular denuncias ante los jueces por malos tratos durante la investigación previa al juicio. En el párrafo 4 del artículo 416 del Código de Procedimiento Penal se establece que no se puede presentar directamente ante el tribunal ninguna solicitud o demanda hasta que el caso haya sido remitido para juicio.

Párrafo 10

60.En el párrafo 10 de sus observaciones finales, el Comité expresó preocupación por el hecho de que se pueda detener y encarcelar a una persona, o impedirle abandonar su residencia, por no haber cumplido obligaciones contractuales.

61.Debe señalarse que la Ley de procedimientos en caso de quiebra, que se examinó en el informe periódico, se reformó en abril de 2001. Concretamente, se han suprimido las disposiciones relativas a la aplicación a deudores insolventes de medidas como el arresto y el encarcelamiento o la detención para obtener un poder escrito.

62.Al mismo tiempo, en dicha ley figura una disposición que establece que se puede arrestar y llevar ante los tribunales a los deudores insolventes para que proporcionen la información que están obligados a facilitar de conformidad con esta ley (párrafo 1 a) del artículo 14).

63.Por lo tanto, ya se han realizado algunas modificaciones (aunque no suficientes) de la ley para adecuarla a las disposiciones del Pacto.

Párrafo 12

64.En el párrafo 12 de sus observaciones finales, el Comité expresó su preocupación por la existencia de factores que tienen consecuencias negativas sobre la independencia del poder judicial, como las demoras en el pago de los sueldos y la falta de seguridad adecuada en el cargo de los jueces.

65.Además, el Comité recomendó que el Estado debe garantizar que las denuncias documentadas de corrupción judicial sean investigadas por un organismo independiente y que se adopten las medidas disciplinarias o penales que corresponda.

66.Según la información proporcionada por el Consejo Judicial, en 2002 la asignación efectiva del presupuesto para los tribunales ordinarios ascendió a más del 97% de la cantidad prevista para partidas expresamente asignadas y al 79% para otras partidas. En 2002 se solucionaron las demoras en el pago de los sueldos de los jueces. En la actualidad, los jueces reciben puntualmente su salario.

67.Por lo que se refiere a la cuestión de garantizar la seguridad de los jueces, conviene señalar al Comité que los tribunales de distrito están protegidos por la policía cuando el tribunal celebra una sesión, aunque este arreglo no es permanente. Los tribunales de distrito de Tbilisi y Kutaisi subcontratan sus propios medios de seguridad, y el Tribunal Supremo de Georgia tiene un servicio especial de protección. Se ha creado la institución de funcionarios judiciales, entre cuyas atribuciones se incluye el mantenimiento del orden durante los juicios.

68.En relación también con la seguridad de los procedimientos judiciales, debe señalarse que se hace frente inmediatamente a las amenazas de cualquier tipo. El siguiente caso puede servir de ejemplo. El juicio que se celebraba en el tribunal de distrito de Tbilisi a finales de enero de 2003, en el que se juzgaba a tres chechenos detenidos en agosto de 2002 por traspasar ilegalmente la frontera, fue interrumpido cuando se recibió una llamada telefónica que avisaba de la colocación de una bomba en el juzgado. Se evacuó inmediatamente el edificio. Funcionarios del Ministerio de Seguridad del Estado ‑especialistas en explosivos y un equipo de perros rastreadores‑ llegaron al juzgado en pocos minutos. Afortunadamente, el aviso era falso y no se encontró ningún explosivo en el edificio.

69.En 2002 no se registró ningún caso de ataques o agresiones criminales contra jueces. Desafortunadamente, este año se ha producido un incidente de ese tipo, ya que un juez del Tribunal de Distrito de Kutaisi fue agredido y debió ser hospitalizado como consecuencia de las lesiones. Se ha incoado una causa penal en relación con este incidente y se está llevando a cabo la investigación preliminar.

70.Se deben señalar los siguientes puntos en relación con el problema de la corrupción judicial. En el artículo 87 de la Constitución se establece que se necesita el consentimiento del Presidente del Tribunal Supremo para procesar a un juez por un delito penal (incluida la corrupción) y que el caso debe remitirse al Presidente del Tribunal por conducto del funcionario competente. Según el Consejo Judicial, no se produjeron casos de este tipo en 2002. El Consejo Judicial se encarga de administrar los procedimientos de imposición de medidas disciplinarias a jueces, que pueden realizarse contra jueces de tribunales de distrito o municipales. En esos casos se pueden incluir delitos menos graves que no implican responsabilidad penal, por ejemplo el abuso de autoridad de un juez para obtener un beneficio material o de otro tipo prohibido por la ley. En 2002 se impusieron sanciones disciplinarias a dos jueces por este tipo de corrupción.

71.Al Comité podría interesarle también saber que, a finales de 2002, por iniciativa de la Asociación Americana de Juristas, la Iniciativa Legislativa Centroeuropea y Euroasiática y la Asociación de Jueces de Georgia, se inauguró una serie de cursos de formación dirigidos a la judicatura que se centró en cuestiones de ética judicial. Ochenta y cinco jueces de Georgia han realizado la fase inicial de formación. Los cursos de formación, a los que asistirán todos los jueces de Georgia, son impartidos por expertos americanos. Consideramos que esta iniciativa y otros proyectos similares ayudarán a garantizar que las funciones del poder judicial se realicen más eficazmente.

Párrafo 15

72.En el párrafo 15 de sus observaciones finales el Comité expresó preocupación por los casos de trata de mujeres e instó al Estado Parte a tomar medidas para prevenir y combatir esta práctica.

73.Atendiendo a esta recomendación, el Gobierno de Georgia desea señalar al Comité que el 17 de enero de 2003 el Presidente firmó el Decreto Nº 15, por el que se ratifica el plan de acción para combatir la trata de mujeres en el período 2003-2005. [Se adjunta a estos comentarios una traducción no oficial al inglés del decreto.] El estudio detallado del texto del decreto permitirá al Comité juzgar hasta qué punto las medidas previstas en el plan de acción se ajustan a sus recomendaciones.

74.Algunas de las instrucciones establecidas en este decreto ya se están aplicando. Así pues, a finales de enero de 2003 se creó en el Ministerio del Interior un departamento especial para combatir la trata de mujeres.

75.El Gobierno de Georgia desea asegurar al Comité que es plenamente consciente del peligro del delito transnacional de la trata de mujeres. El Gobierno está preparado para combatir este fenómeno por todos los medios a su alcance -obviamente, en el marco de la ley- y tiene intención de informar al Comité del progreso realizado a este respecto cuando presente su tercer informe periódico de conformidad con el Pacto.

Párrafo 16

76.En el párrafo 16 de sus observaciones finales, el Comité tomó nota con preocupación de que las funciones del Defensor del Pueblo no estaban claramente definidas y sus facultades para aplicar recomendaciones eran limitadas.

77.El Gobierno de Georgia no comparte la opinión del Comité por las razones que se exponen a continuación.

78.El Defensor del Pueblo es una institución constitucional. En primer lugar, el hecho de que así sea proporciona una base sólida para que el Defensor del Pueblo lleve a cabo sus funciones y, en segundo lugar, garantiza la independencia del titular del cargo.

79.La Ley del Defensor del Pueblo, de mayo de 1996, define de la siguiente manera las funciones del Defensor del Pueblo:

1.El Defensor del Pueblo vela por que se respeten los derechos humanos y las libertades en el territorio de Georgia, identifica las violaciones de esos derechos y contribuye a la restauración de los derechos violados. El Defensor del Pueblo vigila la labor de los órganos oficiales, la administración local, las entidades oficiales y jurídicas, formula recomendaciones y hace propuestas (art. 3).

2.En el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pueblo actúa independientemente y sólo está subordinado a la Constitución y a la ley. Está prohibido y penado por la ley ejercer cualquier tipo de presión sobre el Defensor del Pueblo o interferir en su labor (art. 4).

3.El Defensor del Pueblo verificará de oficio la situación en relación con el respeto de los derechos humanos y las libertades y la violación de éstos y examinará las solicitudes y quejas que le presenten los ciudadanos de Georgia, los extranjeros o los apátridas que se encuentren en Georgia, las ONG... (arts. 12 y 13).

4.Para llevar a cabo los controles, el Defensor del Pueblo tiene derecho a:

-Entrar sin impedimentos en cualquier órgano gubernamental, empresa, organización o institución, incluidas las dependencias militares, los lugares de detención, los centros de reclusión preventiva y otros establecimientos penitenciarios;

-Pedir y obtener de los órganos gubernamentales, empresas, organizaciones, instituciones y entidades oficiales y jurídicas cualquier información, documentación u otro material que precise para llevar a cabo un control;

-Pedir explicaciones a funcionarios de cualquier rango sobre cualquier cuestión que esté investigando;

-Tener conocimiento de las causas penales, civiles y administrativas en que se hayan pronunciado fallos judiciales con fuerza ejecutoria (art. 18).

80.El Gobierno de Georgia considera que las disposiciones citadas resumen las funciones del Defensor del Pueblo con suficiente claridad y transparencia y excluyen toda ambigüedad y las restricciones injustificadas.

81.En relación con la aplicación de las recomendaciones del Defensor del Pueblo se debe señalar que en Georgia, como en otros países, el Defensor del Pueblo no tiene competencia para emitir directrices. Esta es una característica típica y bien conocida de esta institución casi judicial en todo el mundo, teniendo en cuenta el hecho generalmente reconocido de que el instrumento central para la protección de los derechos humanos y la adopción de decisiones vinculantes es un tribunal independiente, justo e imparcial, en relación con el cual el Defensor del Pueblo desempeña una función meramente secundaria. No obstante, la Ley del Defensor del Pueblo confiere al titular del cargo una serie de facultades bastante amplias para aplicar sus recomendaciones. De esta manera, el Defensor del Pueblo tiene competencia para:

-Presentar propuestas al Parlamento sobre el mejoramiento de la legislación para defender los derechos humanos y las libertades;

-Formular recomendaciones sobre la restauración de derechos violados al órgano gubernamental o la entidad oficial o jurídica cuyas acciones hayan ocasionado la violación;

-En los casos en que haya indicios de que se ha cometido un delito, transmitir el caso pertinente a los órganos competentes con la recomendación de que se incoen actuaciones penales;

-Escribir al Presidente de Georgia o al Parlamento en casos de violaciones flagrantes o masivas de los derechos humanos si los medios de que dispone el Defensor del Pueblo para abordar el problema son insuficientes;

-Presentar demandas ante el Tribunal Constitucional;

-En casos especiales de violaciones de los derechos humanos, pedir al Parlamento que cree una comisión de investigación parlamentaria provisional (art. 21).

82.Además, en los artículos 22 a 25 de la ley se exige que los órganos y los funcionarios pertinentes cumplan apropiada y puntualmente las recomendaciones del Defensor del Pueblo y se prevén sanciones contra quienes pongan obstáculos o impidan el cumplimiento de los requerimientos legítimos del Defensor del Pueblo.

83.En la ley se estipula que el Defensor del Pueblo informe dos veces al año al Parlamento sobre la situación de los derechos humanos en Georgia. Tras examinar los informes más recientes, el Presidente ha dictado un decreto y una orden en los que da instrucciones a los órganos pertinentes del poder ejecutivo para adoptar medidas para resolver las cuestiones planteadas por el Defensor del Pueblo. Consideramos que estos actos normativos presidenciales han contribuido considerablemente a aumentar la autoridad del Defensor del Pueblo y a poner en práctica muchas de sus recomendaciones más importantes.

84.En el momento de redactar los presentes comentarios, el principal problema con que tropieza el Defensor del Pueblo es la insuficiente provisión de fondos. Lamentamos que los logros de la Oficina del Defensor del Pueblo dependan en gran medida de la ayuda de donantes extranjeros (como sucedió con el "Grupo de Reacción Rápida" al que se ha hecho referencia anteriormente).

Párrafo 18

85.En el párrafo 18 de sus observaciones finales el Comité expresó preocupación por la discriminación que padecen los objetores de conciencia debido a que el servicio alternativo no militar dura 36 meses, en comparación con los 18 meses del servicio militar. El Comité lamentó también la falta de información sobre las normas existentes que rigen la admisión de las solicitudes de exención del servicio militar por motivos de objeción de conciencia.

86.Al Gobierno de Georgia le complace señalar que, de acuerdo con la recomendación del Comité, la Ley sobre el servicio no militar alternativo se reformó en mayo de 2002 para equiparar la duración del servicio alternativo a la del servicio militar normal (de 18 meses para los soldados a 24 meses para los oficiales de reserva).

87.De acuerdo con los deseos del Comité, se proporciona a continuación información adicional sobre los procedimientos para realizar el servicio no militar alternativo.

88.La Comisión estatal para el servicio no militar alternativo, a cuya creación se hacía referencia en la respuesta a la cuestión 17 de la lista de cuestiones que debían abordarse al examinar el segundo informe periódico de Georgia de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, comenzó su labor durante los llamamientos a filas de la primavera y el otoño de 2002.

89.Según las cifras del Departamento del servicio no militar alternativo del Ministerio de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales, aproximadamente 140 personas, en su mayoría testigos de Jehová, han expresado el deseo de realizar el servicio no militar alternativo. Durante el llamamiento a filas de la primavera, se aprobaron 29 solicitudes de realización del servicio alternativo, y otras 47 se aprobaron en el otoño (76 en total). En dos casos, los objetores de conciencia invocaron las disposiciones de la Ley del servicio militar obligatorio (pago por aplazamiento) y, tras pagar la tasa prevista en la ley, aplazaron durante un año el cumplimiento del servicio militar. Posteriormente, mediante el pago de esta tasa, esas personas (o cualquier otro joven que deba cumplir el servicio militar) pueden obtener aplazamientos adicionales o evitar totalmente el servicio militar.

90.Las personas que realizaron el servicio no militar alternativo trabajaron en un hospital psiquiátrico de la capital, Tbilisi, y en servicios de saneamiento. Según datos recientes, sólo en Tbilisi existen aproximadamente 100 puestos de trabajo para personas incluidas en esta categoría.

Párrafo 19

91.En el párrafo 19 de sus observaciones finales el Comité expresó preocupación respecto de los obstáculos con que tropiezan las minorías para disfrutar de sus derechos culturales, religiosos o políticos. El Comité instó al Estado Parte a garantizar que todos los miembros de las minorías gocen de una protección efectiva contra la discriminación y puedan gozar de su propia cultura y utilizar su propio idioma.

92.El Gobierno de Georgia desea dejar constancia de que no comparte totalmente la preocupación del Comité acerca de la situación de las minorías en Georgia.

93.El Gobierno es plenamente consciente de los problemas que deben afrontarse a la hora de combatir las manifestaciones de intolerancia religiosa, a las que el Comité ha hecho correctamente referencia (párrafo 17 de las observaciones finales). Al Gobierno le preocupa la representación insuficiente de las minorías en los órganos de decisión de los poderes legislativo y ejecutivo.

94.Al mismo tiempo, la afirmación de que las minorías encuentran obstáculos para utilizar su idioma y mantener su cultura, o la de que sufren discriminación, no es cierta. Ni la Constitución ni las leyes, ni, de hecho, la situación en el país, proporcionan ningún fundamento real a afirmaciones como las que ha hecho el Comité.

95.A nuestro entender, sería más exacto subrayar el elevado grado de integración social que existe en Georgia y la adopción de medidas positivas concebidas para lograr una verdadera igualdad entre todos los sectores de la población de Georgia. Consecuentemente, deseamos señalar a la atención del Comité el Decreto presidencial Nº 68, de 4 de marzo de 2003, por el que se ratifica el plan de acción para aumentar la protección de los derechos y las libertades de todos los sectores de la población de Georgia en el período 2003 a 2005. [Se adjunta a estos comentarios una traducción no oficial al inglés de este decreto.] El Gobierno de Georgia considera que la serie de medidas previstas en el decreto ayudarán a que las minorías de Georgia ejerzan sus derechos más eficazmente.

96.El Comité de Integración Civil del Parlamento de Georgia está terminando en la actualidad un esbozo de plan para la integración de las minorías étnicas de Georgia que servirá de base para el desarrollo y la consolidación de los procesos de integración en la sociedad multiétnica de Georgia. Cuando finalice este trabajo, está previsto que el esbozo de plan se presente al Parlamento para su aprobación.

97.En su tercer informe periódico, el Gobierno proporcionará al Comité información detallada sobre medidas posteriores adoptadas en el plano nacional para proteger y promover más eficazmente los derechos de las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas.

Párrafo 20

98.En el párrafo 20 de sus observaciones finales el Comité expresó preocupación por el acoso de miembros de ONG en Georgia e instó al Estado Parte a garantizar que esas organizaciones puedan realizar libremente sus funciones democráticas.

99.El Gobierno de Georgia comparte la preocupación expresada por el Comité, pero considera que no es del todo exacto afirmar que las ONG que defienden los derechos humanos no puedan desempeñar con seguridad sus funciones. Por el contrario, en Georgia se concede un respeto generalizado al derecho de asociación en su conjunto, que se considera que es la piedra angular del funcionamiento de la sociedad civil.

100.Desafortunadamente, ha habido incidentes aislados que han motivado los comentarios del Comité a ese respecto. Pero en esos casos el Gobierno ha tomado siempre las medidas prescritas por la ley. Por ejemplo, en un incidente que se produjo en julio de 2002, algunos miembros de la conocida organización georgiana de defensa de los derechos humanos llamada Instituto Libertad fueron agredidos. Casi inmediatamente después, el Presidente emitió una orden especial en la que daba instrucciones al Ministerio del Interior y a la fiscalía para tomar las medidas necesarias para identificar y castigar a los autores. El Presidente dio también instrucciones a esos departamentos para mantener debidamente informada a la opinión pública del progreso de su trabajo. La investigación de este caso dio resultados: uno de los agresores fue rápidamente identificado y detenido. Se sigue buscando a sus cómplices.

101.Para finalizar, el Gobierno de Georgia quiere informar al Comité de Derechos Humanos de que sus observaciones finales se han traducido al georgiano y se han publicado en el boletín oficial Sakartvelos respublika (República de Georgia). Las observaciones del Comité se han debatido en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que es un órgano consultivo que depende del Presidente. Tras ese debate, el jefe del Estado emitió el citado Decreto Nº 240 sobre medidas para aumentar la protección de los derechos humanos en Georgia. Por lo tanto, el Gobierno de Georgia está cumpliendo puntualmente con lo solicitado por el Comité en el párrafo 22 de sus observaciones finales.

102.De conformidad con el párrafo 5 del artículo 40 del Pacto y con el párrafo 2 del artículo 71 del reglamento del Comité de Derechos Humanos, el Gobierno de Georgia solicita que estos comentarios se incluyan en el informe del Comité al Consejo Económico y Social y a la Tercera Comisión de la Asamblea General.

-----