Comité contra la Tortura

50º período de sesiones

Acta resumida de la primera parte (pública)* de la 1136ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el martes 7 de mayo de 2013, a las 10.00 horas

Presidente:Sr. Grossman

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención

Quinto informe periódico del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Se declara abierta la sesión a las 10.00 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención

Quinto informe periódico del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (CAT/C/GBR/5; CAT/C/GBR/Q/5 y Add.1; HRI/CORE/GBR/2010; HRI/CORE/GBR/2011)

1. Por invitación del Presidente, la delegación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte toma asiento a la mesa del Comité.

2.El Sr. Sweeney (Reino Unido), pasando revista a los acontecimientos ocurridos desde el examen del cuarto informe periódico, dice, respecto de la devolución de presuntos terroristas, que las autoridades británicas no expulsan a ningún individuo a países donde existe un riesgo real de tortura o malos tratos, pero consideran que las seguridades diplomáticas son un medio adecuado de proteger a la población cumpliendo las obligaciones internacionales contraídas por el Reino Unido. Velan por que se adopten las medidas necesarias para verificar que se respetan esas seguridades.

3.La investigación sobre el tratamiento de los reclusos encabezada por Sir Peter Gibson, que se inició a raíz de las graves denuncias de malos tratos cometidos en el extranjero por agentes estatales y de traslados ilegales, fue interrumpida por el Gobierno cuando, en enero de 2012, se puso en marcha una investigación policial sobre las denuncias presentadas por dos antiguos reclusos libios. En junio de ese mismo año, Sir Peter Gibson presentó un informe sobre los resultados de dicha investigación. En la actualidad, el Gobierno está estudiando ese documento del que se propone publicar amplios extractos.

4.El Parlamento ha aprobado recientemente la Ley de Justicia y Seguridad (2013) para ampliar las facultades de los servicios de seguridad y de inteligencia y reforzar su independencia con respecto al poder ejecutivo. Esta Ley establece nuevos procesos civiles, a partir de la utilización de procedimientos aplicables al material reservado (closed material procedures), que permiten que los tribunales tomen decisiones con pleno conocimiento de causa en los asuntos relacionados con información confidencial, así como en aquellos en que estén implicados agentes estatales.

5.En lo que respecta a la aplicación de la Convención en las administraciones autónomas, el Sr. Sweeney señala que en Escocia está realizándose una amplia reforma del sistema de justicia penal, que se ha aprobado un marco legislativo para erradicar la violencia contra las mujeres y que el Gobierno está examinando las recomendaciones formuladas por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) tras visitar Escocia en 2012 y a las que tiene previsto dar respuesta en 2013. El Convenio Europeo de Derechos Humanos se ha incorporado en la ley escocesa, así como en la Ley del Gobierno de Gales. Se ha elaborado un proyecto de ley sobre la violencia contra la mujer y la violencia doméstica con el fin de luchar más eficazmente contra este fenómeno y contra la violencia sexual y ofrecer asistencia a las víctimas en Gales. En Irlanda del Norte, el Ministerio de Justicia lanzó varias iniciativas, entre ellas programas de reforma de la administración penitenciaria.

6.El primer aniversario del inicio de la Estrategia para la Prevención de la Tortura de la Oficina de Relaciones Exteriores y del Commonwealth para 2011-2015 se cumplió en 2012 y, para celebrarlo, se organizó un acto a fin de hacer el balance de su aplicación. El Gobierno sigue tratando de alcanzar los tres objetivos de esta Estrategia, a saber: establecer y aplicar marcos jurídicos; crear capacidad y voluntad política para erradicar la tortura y reforzar la competencia de las organizaciones locales para que puedan luchar eficazmente contra ella.

7.Por último, el Reino Unido se comprometió a asignar fondos a la secretaría del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y ha aportado contribuciones al Fondo Especial creado en virtud del Protocolo Facultativo. Sigue participando activamente en el ámbito de la prevención de la tortura en las organizaciones multilaterales y prestó su total colaboración al CPT durante la visita que hizo en 2012.

8.El Sr. Bruni (Relator para el Reino Unido) toma nota con satisfacción de las respuestas y la información que ha facilitado con detalle el Estado parte. Tras leer los párrafos 7 y 8 del informe, toma nota de que el Reino Unido mantiene su negativa a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones enviadas por particulares en aplicación del artículo 22 y destaca que el objetivo de este procedimiento es verificar que las resoluciones dictadas por los tribunales internos se ajusten a la Convención. Finalizado ese procedimiento, el Comité puede o bien concluir que la decisión se ajusta a la Convención, lo que permite disipar las dudas a este respecto, o bien constatar que ha habido conculcación, en cuyo caso su decisión permite que el Estado parte repare el daño causado. En ambos casos, la decisión del Comité tiene por objeto garantizar la aplicación adecuada de la Convención. Se invita a la delegación a aclarar la posición del Estado parte sobre la cuestión.

9.El Relator expresa su vivo interés por saber cuándo se publicará el informe de la comisión de investigación independiente presidida por Sir Peter Gibson, ya que el Estado parte había indicado en su informe periódico (párr. 28) que examinaría nuevamente su postura en cuanto a la revisión del artículo 134 de la Ley de Justicia Penal, que el Comité considera incompatible con el artículo 2 de la Convención, a la luz de las conclusiones de ese informe. A este respecto, la delegación tal vez desee explicar por qué la investigación de las denuncias de los dos antiguos reclusos libios aún no ha finalizado cuando ha pasado más de un año desde su inicio. Podría además precisar si las autoridades británicas siguen teniendo la intención de iniciar una nueva investigación independiente sobre el trato dispensado a las personas detenidas por las fuerzas británicas en el contexto de las operaciones realizadas en el extranjero y, de ser así, cuándo se proponen hacerlo. Hay una contradicción evidente entre el contenido del párrafo 191 del informe, según el cual el personal militar británico está sujeto a un régimen disciplinario en el que los delitos se definen por referencia al derecho penal y a la jurisdicción de los tribunales británicos, independientemente del lugar del mundo en el que se encuentre, y las disposiciones de los párrafos 4 y 5 del artículo 134 de la Ley de Justicia Penal que, en algunos casos, permiten que el autor de una infracción de la Convención invoque el hecho de que los actos en cuestión han tenido lugar en el extranjero o que estén autorizados por la legislación del Estado en que hayan sido cometidos. ¿Qué comentarios puede hacer la delegación del Reino Unido a este respecto? Consciente de que, de manera general, el Estado parte no considera que ejerza control de jure o de facto en las regiones de otro país donde sus fuerzas armadas realicen operaciones, pero que, en el caso del Afganistán, las zonas en que están presentes las fuerzas británicas tampoco están bajo el control de las autoridades afganas, el Relator pregunta a quién se atribuye la responsabilidad de aplicar la Convención en esas zonas. Pregunta también durante cuánto tiempo se mantendrá la moratoria sobre la transferencia a las autoridades afganas de unas 70 personas detenidas en bases militares británicas en el Afganistán que, según organizaciones no gubernamentales (ONG), corren el riesgo de ser torturadas. A este respecto, el Sr. Bruni desea destacar que, contrariamente a lo que manifestó la delegación en su declaración introductoria, las seguridades diplomáticas no son fiables, sobre todo cuando emanan de un Estado que no respeta las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención. La delegación tal vez desee describir el mecanismo de vigilancia que permita que miembros de las fuerzas armadas británicas visiten a personas detenidas por el Gobierno afgano. Agradecería que se facilitaran ejemplos concretos y recientes de dichas visitas, de los resultados obtenidos y de las medidas adoptadas para rectificar los problemas detectados.

10.En sus respuestas escritas (párr. 7.4), el Estado parte indica que la orientación unificada para los oficiales y agentes de los servicios de inteligencia sobre la detención y el interrogatorio de los detenidos en el extranjero establece que los casos de abuso deberán ser comunicados a las autoridades británicas, a menos que ello pueda agravar la situación. El Relator pregunta si eso significa que hay excepciones y que, en algunos casos, la tortura puede estar autorizada.

11.Tras la visita al Reino Unido en noviembre de 2008, el CPT recomendó que los sospechosos comparecieran ante el magistrado encargado de decidir si se prolongaba la detención. Sin embargo, al parecer, el Estado parte cree que basta con una videoconferencia. La delegación tal vez desee indicar si puede rechazarse la solicitud de los detenidos que deseen comparecer personalmente ante un juez. El Sr. Bruni destaca, por otra parte, que el artículo 4 de la Ley sobre Prevención del Terrorismo y las medidas de investigación aprobadas en diciembre de 2011 se aplican a la participación en los actos relacionados con el terrorismo, independientemente de si esta empezó antes o después de la promulgación de la Ley, lo que es contrario al principio de no retroactividad. La delegación tal vez desee hacer un comentario a este respecto.

12.Algunas ONG han criticado la Ley de Justicia y Seguridad mencionada anteriormente por la delegación, alegando que las pruebas secretas que pueden utilizarse en virtud de esa Ley pueden haberse obtenido mediante tortura y que, como su origen no puede revelarse, la persona contra la que se utilicen no podrá impugnar su admisibilidad. Se invita a la delegación a presentar su punto de vista sobre esta cuestión.

13.En lo que respecta al hacinamiento en las cárceles, el Relator desea saber si el Estado parte ha estudiado la posibilidad de aprobar una ley que estipule penas no privativas de libertad para los autores de delitos leves. Pide explicaciones sobre la diferencia nada desdeñable entre las cárceles públicas y las cárceles privadas en lo tocante al hacinamiento. Pide a la delegación ejemplos concretos de técnicas de restricción dolorosas que puedan aplicarse a los jóvenes recluidos en centros cerrados, cuya abolición ha recomendado el CPT.

14.En su respuesta a la lista de cuestiones, el Estado parte menciona la decisión por la que el Tribunal Superior ordenó la suspensión de la devolución a Sri Lanka de los solicitantes de asilo de origen tamil cuyas solicitudes no hubieran prosperado, dado que las personas en esa situación corrían el riesgo de ser sometidas a tortura. Se pide a la delegación que indique si esta moratoria sigue en vigor y que proporcione información sobre la política general del Reino Unido en la materia.

15.En 2011, el Gobierno creó una comisión encargada de estudiar la posibilidad de adoptar una carta de derechos que sustituiría a la Ley de Derechos Humanos actualmente en vigor, en la cual se ha incorporado el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, las ONG interesadas condenan unánimemente el proyecto, al considerar que debilitaría la protección contra la tortura y los malos tratos que concede la ley y el derecho de las víctimas a un recurso efectivo. También parece que ciertos políticos de renombre han propuesto denunciar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se agradecería recibir más información al respecto.

16.El Sr. Tugushi (Correlator para el Reino Unido) dice que, en cuanto a las salvaguardias jurídicas contra la tortura, en Escocia las personas privadas de libertad tienen acceso a un médico, pero esto no está garantizado por una disposición legislativa, al respecto de lo cual convendría formular comentarios. De igual modo, se indica en las respuestas a la lista de cuestiones que en Inglaterra y Gales toda persona detenida recibirá un documento con información sobre sus derechos, en particular recibir asistencia letrada e informar de su detención a un tercero. ¿Qué ocurre con el derecho a ser atendido por un médico? Según información de que dispone el Comité, las posibilidades de las personas privadas de libertad de obtener asistencia letrada durante los fines de semana dejan bastante que desear, en particular en Escocia, donde el contacto con un abogado a veces se limita a una conversación telefónica de unos pocos minutos. ¿Está previsto adoptar medidas para subsanar estas deficiencias?

17.Un buen número de las críticas dirigidas al Reino Unido hacen referencia a las condiciones carcelarias, al grave problema del hacinamiento en los centros de detención nacionales y al elevado número de muertes, en particular por suicidio, y de casos de lesiones autoinfligidas en esos centros. Según estadísticas recientes, el 59% de los centros de detención en Inglaterra y Gales tienen problemas de hacinamiento. El Estado parte ha señalado que trata de resolverlo con la creación de nuevos centros. Sin embargo, la experiencia de muchos países ha demostrado que ese tipo de medidas no suponen en sí una solución duradera y que deben ir acompañadas de una estrategia coherente para que la reclusión sea una medida de último recurso, favoreciendo la opción que ofrecen las medidas no privativas de libertad y las que permiten acelerar la puesta en libertad. La delegación tal vez desee indicar si el Estado parte tiene previsto adoptar una estrategia de ese tipo.

18.Tras citar las condiciones de detención en las instituciones penitenciarias de Irlanda del Norte, en particular el hacinamiento, las condiciones inhumanas en que están recluidas las mujeres, la intimidación de los reclusos, el régimen de aislamiento y la utilización de medios de coacción, el Sr. Tugushi pregunta si se han fijado plazos en la reforma en curso del sistema penitenciario y si esta introducirá mejoras concretas en un futuro cercano.

19.En su último informe, el CPT recomendó al Reino Unido que considerase menores a todos los reclusos de 17 años, los tratase como tales y les otorgase los derechos correspondientes a su condición. Sin embargo, el régimen que se aplica en esos casos sigue planteando problemas en algunas regiones del Reino Unido. La delegación tal vez desee facilitar información actualizada sobre esta cuestión. El Comité observa también que el número de casos en que se utilizan medios de coacción contra niños de 10 a 17 años retenidos en centros en Inglaterra y Gales ha aumentado un 70%. ¿Tiene el Estado parte la intención de adoptar medidas para rectificar este problema? Por otro lado, según información de que dispone el Comité, en ocasiones se retiene a los niños durante más de 12 horas, en condiciones degradantes y con adultos en el aeropuerto de Heathrow. ¿Es verdad? El Comité también ha recibido información de casos de menores —en algunos casos de apenas 11 años— que no han cometido delitos y son retenidos durante más de 72 horas porque la policía considera que padecen trastornos mentales o son revoltosos o causan problemas; ello requeriría una aclaración.

20.La mayoría de las denuncias de tortura mencionadas en la lista de cuestiones tienen que ver con actos cometidos por militares fuera del territorio del Reino Unido, principalmente en el Iraq. En muchos casos, la independencia y la eficacia de las investigaciones realizadas a este respecto se han puesto en tela de juicio. Se agradecerían comentarios de la delegación a este respecto.

21.En cuanto a la cuestión planteada en el párrafo 30 de la lista de cuestiones, si la decisión de la Cámara de los Lores en el caso A. v. Secretary of State for the Home Department ( N o . 2) (2006) en que se declaraban inadmisibles las pruebas obtenidas mediante tortura se había incorporado en la legislación o en un compromiso ante el Parlamento, el Estado parte responde que esa decisión es vinculante. El Comité desea, sin embargo, saber si el Estado parte tiene previsto incluir este principio en la legislación.

22.Según la legislación vigente en el Estado parte, los migrantes pueden ser retenidos por un período indefinido, aunque en la práctica la reclusión rara vez dura más de un mes. Se pide a la delegación que señale si está previsto revisar la legislación para fijar períodos máximos de detención. En Irlanda del Norte, los inmigrantes pueden ser recluidos durante períodos prolongados y no gozan de la protección prevista en el artículo 35 del Reglamento de centros de detención, que establece que los médicos en dichos centros deben informar a las autoridades de todos los casos de presunta tortura. El Sr. Tugushi señala a este respecto que se está estudiando un proyecto de reglamento de los centros de detención en Irlanda del Norte. La delegación tal vez desee ofrecer más información al respecto e indicar si este reglamento incluirá una disposición similar a la del artículo 35 del Reglamento antes mencionado.

23.El Comité celebra la puesta en marcha de un mecanismo nacional de prevención en el Estado parte, integrado por 18 órganos separados. Uno de los problemas más frecuentes es el de los recursos asignados, que al parecer han sido reducidos y, en ocasiones, son insuficientes. ¿Cuál es la situación concreta? La independencia de algunos de los órganos que lo conforman también se ha puesto en duda, ya que varios funcionarios de prisiones habían sido adscritos a ellos durante un tiempo para después regresar a sus puestos. ¿Sigue vigente esta práctica?

24.El Sr. Domah señala que es ciudadano de Mauricio, país que mantiene una controversia con el Reino Unido sobre Diego García y la expulsión forzada de habitantes de esa isla. Por consiguiente, no tomará parte en el examen del informe del Reino Unido, sino que asistirá como observador.

25.El Presidente dice que el Comité toma nota de la decisión del Sr. Domah.

26.El Sr. Gaye señala que el hacinamiento carcelario es un problema importante en el Reino Unido y considera que es difícil no establecer un vínculo entre él y el elevado número de muertes en los centros de detención. En este contexto, la reflexión lleva a dos soluciones: por una parte, la construcción de nuevas estructuras carcelarias o la mejora de las existentes y, por la otra, la adopción de medidas alternativas a la detención. El Estado parte no ha dado indicación alguna de tener la intención de adoptar en el futuro este tipo de medidas. El Sr. Gaye pregunta si se han investigado las violaciones de los derechos humanos cometidas presuntamente por militares británicos en el extranjero y, en caso afirmativo, sobre el resultado de las investigaciones. Por último, sería conveniente que la delegación se explayase sobre la cuestión de la aceptación por el Estado parte de la competencia del Comité para examinar las comunicaciones de particulares.

27.El Sr. Mariño Menéndez pregunta por qué el Estado parte no aprovecha la oportunidad de presentar una comunicación al Comité, en virtud del artículo 21 de la Convención, para lograr el regreso del Sr. Shaker Aamer, detenido en Guantánamo durante un período indefinido sin haber sido acusado ni procesado, lo cual contraviene claramente la Convención. El Sr. Mariño Menéndez pregunta qué posibilidades hay de solucionar este asunto.

28.En cuanto al principio de la aplicación extraterritorial de la Convención, el Estado parte indica en el párrafo 4.5 de sus respuestas que el ámbito de aplicación de cada artículo de la Convención debe determinarse en función del objeto del artículo en cuestión. La delegación tal vez desee explicar si el Estado parte entiende por ello que cada artículo de la Convención tiene un campo propio de aplicación y que la Convención no debe interpretarse como un todo.

29.El Estado parte recurre a los servicios de empresas privadas en las operaciones militares en el extranjero. Se ha denunciado que, en algunos casos, miembros del personal de esas empresas han vulnerado derechos humanos, respecto de lo cual el Estado parte declina toda responsabilidad. El Comité pregunta en qué casos el Estado parte considera que una empresa privada que actúa por su cuenta en una operación militar puede considerarse uno de sus agentes. Por último, parece que el número de miembros de las fuerzas del orden del Estado parte equipados con pistolas eléctricas de inmovilización (Taser) aumentará considerablemente en el futuro. Se pide a la delegación que precise si el uso de esas armas, que el Comité ha considerado siempre peligrosas, será restringido y estará sujeto a condiciones.

30.La Sra. Gaer pide más información sobre los mecanismos existentes para comprobar que las personas expulsadas no son víctimas de tortura en los países a los que son devueltas, en particular en los casos en que el Estado parte haya confiado en seguridades diplomáticas al llevar a cabo la expulsión. Pregunta además en cuántos procedimientos de asilo se han considerado fiables las denuncias sobre actos de tortura cometidos en Sri Lanka tras la finalización del conflicto, cuántas de ellas se refieren a los tamiles y en qué medida el Gobierno tiene en cuenta los hechos revelados por estos casos para cambiar su política respecto de los solicitantes de asilo tamiles. Pide que se explique el número elevado de personas, mayoritariamente mujeres, encarceladas por el no pago de multas en Irlanda del Norte.

31.La Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte ha señalado que en los hogares de ancianos se hace uso excesivo de medidas coercitivas. La Sra. Gaer pregunta qué formación se imparte al personal de esas instituciones y si ya ha habido casos de condenas por malos tratos. También pregunta por qué se ha decidido no iniciar una investigación sobre la muerte de Patrick Finucane y por qué esta decisión es favorable al proceso de justicia de transición en Irlanda del Norte. Por último, desea saber qué medidas se han adoptado para garantizar el derecho a la reparación de las mujeres víctimas de malos tratos en las Lavanderías de la Magdalena (Magdalene Laundries).

32.La Sra. Belmir dice que la prerrogativa que permite al Director del Ministerio Público de Irlanda del Norte decidir que un asunto sea juzgado sin jurado constituye una grave violación del derecho a un juicio imparcial. Pregunta si pueden interponerse recursos contra las decisiones de este tipo. El Estado parte aduce en su informe que la utilización de pistolas eléctricas de inmovilización no ha producido lesiones graves ni muertes en su territorio. Sin embargo, los peligros inherentes a su empleo se han demostrado en varias ocasiones en incidentes trágicos en otros países, lo cual lleva a instar al Estado parte a la prudencia.

33.La Sra. Sveaass dice que mantener en la legislación la noción de “castigo razonable” debilita la protección contra los castigos corporales, que deberían estar prohibidos en todas sus formas. Invita al Estado parte a revisar su legislación en este sentido y tomar más iniciativas de educación de los padres para que estén mejor informados al respecto. El número de mujeres encarceladas en Escocia se ha duplicado en diez años, provocando un grave problema de hacinamiento carcelario. Sería interesante conocer las causas de este fenómeno y saber qué medidas están previstas para descongestionar las instituciones penitenciarias afectadas. En vista de las denuncias de malos tratos en los hospitales psiquiátricos y los centros sociales, la Sra. Sveaass pregunta qué mecanismos existen para la supervisión eficaz e independiente de estas instituciones, si existen mecanismos de denuncia y si se vela por que las víctimas de malos tratos obtengan una reparación.

34.Además del Protocolo de Estambul, hay muchos instrumentos sobre los métodos para detectar indicios de tortura, varios de los cuales han sido elaborados por expertos del Reino Unido. Sería interesante saber si se utilizan instrumentos de esa índole en los centros de detención para identificar a las posibles víctimas de tortura entre los solicitantes de asilo. Sería también interesante conocer detalles sobre los arreglos extrajudiciales a que se llegó a raíz de denuncias de tortura o malos tratos que menciona el Estado parte en sus respuestas escritas (párr. 29.3), así como información sobre los servicios de asistencia psicológica y de rehabilitación disponibles para las víctimas de tortura y sobre las medidas adoptadas para que las víctimas, en particular los refugiados, puedan utilizar estos servicios. Según una ONG, el Estado parte ha concedido el estatuto de refugiado a 15 tamiles cuyas solicitudes había rechazado inicialmente y a los que había deportado a Sri Lanka, donde habían sido torturados. La delegación tal vez desee indicar si el Estado parte ha concedido reparación a los interesados y, en la afirmativa, en qué forma.

35.El Sr. Wang Xuexian señala, a propósito de la muerte de Baha Mousa, que el cabo que ha sido declarado culpable de los malos tratos que causaron la muerte de la víctima ha sido condenado solo a un año de prisión. Desea saber si el Estado parte considera que esta pena es acorde a la gravedad del delito cometido. El Ministerio de Defensa aceptó pagar 2,83 millones de libras esterlinas en concepto de daños y perjuicios a los reclusos sometidos a malos tratos por miembros de las fuerzas armadas británicas en el Iraq. Convendría recibir detalles sobre los detenidos en cuestión.

36.El Presidente pregunta en qué consisten las propuestas encaminadas a modificar la Ley de Derechos Humanos y si su objetivo es reforzar la protección de los derechos humanos. Pregunta además cuándo finalizará el proceso de ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En vista del número considerable de menores de 11 años que han sido sometidos a detención preventiva en 2012, convendría saber si el Estado parte está estudiando la posibilidad de aumentar la edad de responsabilidad penal, actualmente fijada en diez años. Dado que la Federación de Policía piensa elevar a 36.000 el número de agentes provistos de pistolas eléctricas de inmovilización, el Presidente pregunta si se han previsto recursos adicionales para entrenarlos. La devolución por el Estado parte de los solicitantes de asilo tamiles a Sri Lanka, donde fueron torturados, demuestra que la evaluación del riesgo de tortura en el marco del procedimiento de determinación del estatuto de refugiado es deficiente y hay que mejorarla. Pregunta si se han modificado en la forma correspondiente los criterios que se aplican.

37.El Presidente pregunta si es cierto que, en virtud del proyecto de ley de justicia y seguridad, el Gobierno puede invocar la protección de la seguridad nacional para impedir que se hagan públicas pruebas de su responsabilidad en actos de tortura cometidos en el extranjero. Pregunta asimismo si las fuerzas armadas han recibido formación acerca de las normas de 2009 sobre los métodos de interrogatorio aplicables en las investigaciones del MI5 y el MI6, que prohíben expresamente la tortura. Por último, pide explicaciones acerca del peso que el Estado parte asigna a las seguridades diplomáticas, incluso en casos en que se haya demostrado la existencia de riesgo de tortura en el país de devolución.

38.El Sr. Bruni (Relator para el Reino Unido) dice que la legislación del Estado parte es ambivalente ya que prohíbe la tortura pero, al mismo tiempo, tiene disposiciones que permiten hacer excepción a esta prohibición. La delegación tal vez desee formular observaciones, por ejemplo, sobre la disposición de la Ley de Servicios de Inteligencia, de 1994 que establece que no se exigirá la responsabilidad civil o penal de agentes estatales por actos realizados en el extranjero bajo la autoridad del Secretario de Estado. Se desprende de determinadas directivas administrativas que las autoridades están obligadas a evaluar el grado de probabilidad del riesgo de tortura para determinar si las medidas de protección son necesarias, lo cual se opone a la posición del Comité de que toda persona expuesta a un riesgo de tortura merece protección, independientemente de si el riesgo es alto o bajo. Convendría saber cuál es la opinión de la delegación al respecto.

39.El Sr. Tugushi (Correlator para el Reino Unido) pregunta si el Gobierno se propone aplicar normas estrictas a la utilización de las pistolas eléctricas de inmovilización para impedir que sean utilizadas contra menores o contra personas vulnerables, como ha sucedido en el pasado.

40.El Presidente da las gracias a la delegación y a los miembros del Comité y los invita a reanudar el diálogo en una sesión posterior.

Se levanta la primera parte (pública) de la sesión a las 12.00 horas.