Naciones Unidas

CCPR/C/UKR/CO/6/Add.2

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. general

28 de agosto de 2009

Español

Original: ruso

Comité de Derechos Humanos

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto

Ucrania *

Información complementaria recibida de Ucrania en relación con las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos (CCPR/C/UKR/CO/6)

[21 de agosto de 2009]

Información

Pregunta a)

En la legislación vigente de Ucrania se prevé un conjunto de procedimientos que garantizan la creación de mecanismos independientes para la presentación de denuncias contra agentes del orden público.

En el servicio de seguridad interna del Ministerio del Interior de Ucrania funciona desde hace ya siete años una "línea telefónica confidencial". Los experimentados trabajadores de las subdivisiones de seguridad interna del Ministerio cumplen turnos rotativos las 24 horas a fin de estudiar a fondo de forma ininterrumpida y a su debido tiempo los informes (las comunicaciones) sobre violaciones de la legislación, en particular hechos de corrupción o actividades contraproducentes de funcionarios, órganos y departamentos de asuntos internos del país, así como procesar la información relacionada con la actualización operativa de los departamentos respecto de dichas cuestiones.

Los números de las líneas telefónicas confidenciales se dan a conocer en murales de los órganos y departamentos del interior, se informan en los medios de prensa y en el sitio oficial del Ministerio del Interior de Ucrania en Internet, así como en el semanario sociojurídico del Ministerio En nombre de la ley.

En cumplimiento de la decisión de la jefatura del Ministerio del Interior de 11 de marzo de 2006, en cada centro de detención temporal se establecieron "líneas telefónicas confidenciales", que todas las personas que se encuentran detenidas pueden utilizar por primera vez para comunicar violaciones de sus derechos e intereses legítimos.

En enero de 2008 en el Ministerio del Interior se creó una Dirección de Vigilancia de la Observancia de los Derechos Humanos en la actividad de los órganos encargados de hacer cumplir la ley. El objetivo de esta Dirección es implantar un sistema de control administrativo de la observancia de los derechos humanos en la labor de los órganos y subdivisiones del interior conforme a las normas internacionales de la actividad de protección del orden público.

Integran esta Dirección funcionarios del Ministro del Interior asignados a todas las provincias del país, que actúan con total independencia de la dirección de los órganos locales de seguridad interna. En 2008 fueron nombrados colaboradores del Ministro 2.677 ciudadanos, se recibieron 1.827 denuncias de arbitrariedades cometidas por agentes del orden público y se iniciaron 1.233 investigaciones ordinarias de presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de esos agentes.

Durante los primeros cinco meses de 2009 los funcionarios del Ministro del Interior encargados de los derechos humanos atendieron a 314 ciudadanos, recibieron 250 denuncias e iniciaron investigaciones ordinarias de 144 casos.

En el artículo 29 de la Constitución de Ucrania se estipula que todas las personas tienen derecho a la libertad y la inviolabilidad de su persona. Nadie puede ser detenido o mantenido preso si no es por orden judicial fundamentado de un tribunal y solamente por los motivos y de conformidad con los procedimientos establecidos por la ley. A toda persona detenida o bajo custodia se le comunicarán inmediatamente los motivos de su detención o arresto, se le explicarán sus derechos y se le dará la oportunidad desde el momento de su detención de hablar en su propia defensa o utilizar los servicios de un abogado defensor. Además, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 121 de la Constitución de Ucrania, compete a los órganos judiciales de Ucrania la supervisión de la observancia de las leyes por parte de los órganos encargados de realizar pesquisas y registros, así como de las actuaciones preliminares y la instrucción del sumario. De tal suerte, la actuación de los agentes del orden público, vale decir la actuación de los agentes contra los que se han interpuesto denuncias, no se examina en la comisaría o dependencia administrativa a la que pertenezcan sino en los órganos judiciales. Según los resultados del análisis de esas denuncias se adoptan distintas decisiones que pueden llegar incluso a la instrucción de un proceso penal.

Otro de los mecanismos que garantizan la observancia por los agentes del orden público de los derechos humanos es la posibilidad de que las personas cuyos derechos han sido violados presenten denuncias ante los tribunales. Desde el 14 de diciembre de 2006 en el Código de Procedimiento Penal de Ucrania se introdujeron enmiendas en virtud de las cuales se pueden presentar a los tribunales recursos contra la instrucción de un proceso penal. La existencia de ese mecanismo garantiza la restitución de sus derechos a toda persona a la que se le haya instruido un proceso penal indebidamente.

Actualmente, el Código de Procedimiento Penal de Ucrania prevé la posibilidad de grabar los interrogatorios en vídeo. Las grabaciones en vídeo se utilizan ampliamente para dejar constancia de los testimonios, en particular durante la investigación de delitos graves y de suma gravedad. En el párrafo 2 del artículo 85 del Código de Procedimiento Penal se establece el procedimiento para la grabación en vídeo.

La Dirección Principal de Investigaciones del Ministerio del Interior recomendó a las subdivisiones de investigación subordinadas que aplicasen las conclusiones y recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas, cuando exista la posibilidad técnica de grabar los interrogatorios.

Pregunta b)

El 22 de diciembre de 2005 el fiscal del distrito Octubre de la ciudad de Jarkov instruyó un proceso penal por negligencia contra el personal sanitario del centro de detención preventiva de la ciudad de Jarkov, a raíz del fallecimiento del acusado A. Zh. Melkonian.

Se comprobó que A. Zh. Melkonian falleció el 17 de diciembre de 2005 en una sala del centro de detención preventiva de la ciudad de Jarkov. La muerte, según las conclusiones del peritaje forense se produjo por asfixia mecánica al quedar bloqueadas las vías respiratorias por desgarraduras internas.

Según las conclusiones del peritaje médico y forense, las prácticas llevadas a cabo por el personal médico del centro de detención preventiva al prestar auxilio profesional fueron oportunas y correctas.

En vista de lo que antecede y en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 6 del Código de Procedimiento Penal de Ucrania, se declaró cerrado el caso.

El 7 de abril de 2005 la fiscalía de la provincia de Zhitomir se instruyó proceso penal contra funcionarios de la jefatura del Ministerio del Interior en la provincia de Zhitomir conforme al párrafo 1 del artículo 121 y al párrafo 3 del artículo 365 del Código Penal de Ucrania.

En las actuaciones preliminares quedó establecido que el 6 de abril de 2005 por cometer una infracción administrativa en la delegación provincial del Ministerio del Interior en Zhitomir fue llevado a comisaría el residente local Y., a quien se le instruyó sumario, y quedó detenido en una celda de detención preventiva.

El 7 de abril de 2005 agentes del orden público, extralimitándose en sus funciones, la emprendieron conscientemente a puñetazos y patadas contra órganos vitales de Y., lo que causó la muerte de la víctima.

En estos momentos el tribunal de distrito de Bogun de la ciudad de Zhitomir está examinando el caso.

En relación con el caso de Nicolás Zajadkevsky comunicamos lo siguiente: no podemos presentar información sobre su fallecimiento en abril de 2004 porque no se ha podido determinar el lugar donde presuntamente murió. Tan pronto se pueda determinar el lugar del presunto fallecimiento, se realizarán las investigaciones pertinentes.

Pregunta c)

En Ucrania constantemente se realizan inspecciones en los lugares y los centros especiales del Ministerio del Interior, donde se llevan a cabo los interrogatorios, en los centros de detención preventiva y los establecimientos penitenciarios donde se cumplen condenas de privación o restricción de libertad por un tiempo determinado o a cadena perpetua. En esas inspecciones se presta atención especial al cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación nacional por parte de las administraciones de las instituciones antes mencionadas de impedir violaciones de los derechos constitucionales en general y mantener determinadas condiciones materiales de vida, sanitarias e higiénicas de reclusión y alimentación de los reos.

Durante esas inspecciones se comprueba especialmente si se observan los derechos de los condenados y los detenidos y se previenen los casos de trato cruel o inhumano contra ellos.

En el segundo semestre de 2008, los órganos judiciales de Ucrania comprobaron si se estaban observando los derechos de los reclusos y los detenidos en la prestación de atención médica en las instituciones del Servicio Penitenciario, así como en celdas y centros especiales del Ministerio del Interior donde se aplican medidas coercitivas. Por instrucción de los órganos judiciales, el Servicio Penitenciario se cerciora de que se preste atención médica a las personas privadas de libertad en los hospitales especializados del Ministerio. Además, gracias a la intervención de la fiscalía se han elaborado medidas para contratar personal médico calificado de los centros de salud comunitarios para que presten los servicios necesarios a personas detenidas en los establecimientos atendidos por el Servicio Penitenciario de Ucrania.

Por disposición de la fiscalía, en los sanatorios antituberculosos comunitarios de todas las regiones de Ucrania se han organizado salas especiales para prestar la necesaria atención médica a personas que padecen tuberculosis y se encuentran bajo custodia mientras duren las actuaciones preliminares.

Entre 2008 y el primer semestre de 2009 los órganos judiciales supervisaron la observancia de los derechos de los reos y los detenidos, así como de las personas que se encuentran detenidas a recibir atención médica, alimentación adecuada y a recibir productos y alimentos dietéticos en las instituciones del Servicio Penitenciario, así como en lugares y centros especiales del Ministerio del Interior donde se aplican medidas coercitivas. Los funcionarios de la Fiscalía General de Ucrania efectuaron 23 visitas de inspección con el fin de detectar violaciones de los derechos constitucionales de protección de la salud de los prisioneros y los detenidos. Durante estas visitas se detectaron numerosas violaciones de los derechos a la atención médica e incumplimiento de las condiciones materiales de vida y alimentación. Para eliminar estas violaciones de la ley y restablecer los derechos violados los funcionarios de la Fiscalía General de Ucrania impartieron 20 instrucciones a los jefes de los establecimientos penitenciarios, tras cuyo examen se impusieron medidas disciplinarias a 68 empleados del Servicio Penitenciario de Ucrania. Entre las violaciones más generalizadas están la conservación en los gabinetes de los establecimientos penitenciarios de medicamentos caducados, demoras en remitir a los reclusos para que sean atendidos en centros hospitalarios especializados, etc.

En el primer semestre del año en curso, las dependencias de la fiscalía de Ucrania verificaron la observancia de los derechos constitucionales de los ciudadanos mientras se encuentran internados en establecimientos especiales de los órganos del interior.

Según los resultados de las inspecciones, para eliminar las violaciones manifiestas de la ley y restablecer los derechos de los ciudadanos se levantaron 591 actas judiciales, se impusieron medidas disciplinarias a 264 trabajadores de los órganos encargados de hacer cumplir la ley y se puso en libertad a 28 personas detenidas sin mandato judicial.

Los órganos judiciales de Ucrania prestan gran atención a la organización de la alimentación en los establecimientos penitenciarios, los centros de detención preventiva y los correccionales. El Consejo de Ministros de Ucrania establece las normas de alimentación de las personas privadas de libertad. Al establecer las normas de alimentación de los reclusos se tienen en cuenta su estado de salud, su capacidad laboral, las enfermedades que padece, etc. Los reclusos que han padecido tuberculosis reciben en la primavera y el otoño alimentación reforzada y tratamiento preventivo. Además, los delincuentes juveniles, las embarazadas y las mujeres con hijos que cumplen condena en los correccionales reciben alimentación reforzada.

Por otra parte, en la Ley de ejecución de sentencias se establece el derecho de los condenados a adquirir por su cuenta productos alimenticios con el dinero que se les paga por su trabajo en la prisión, mientras que los reclusos clasificados entre los de edad avanzada, los discapacitados de los grupos 1 y 2, los menores, las mujeres con hijos en las guarderías de los establecimientos penitenciarios, los reclusos internados en los pabellones sanitarios de las cárceles también tienen derecho a percibir ingresos que se les remiten con cargo a pensiones y por otros medios.

Pregunta d) (+ e))

Pregunta e)

En los últimos tiempos, el problema del hacinamiento en los establecimientos penitenciarios ha dejado de ser tal, ya que los tribunales están aplicando otros tipos de sanciones distintas de la privación de libertad, por ejemplo el trabajo de beneficio social y la libertad restringida. Además, prácticamente todos los años la Suprema Rada de Ucrania aplica la Ley de amnistía, que permite otorgar el indulto a personas que prácticamente han cumplido su condena de privación de libertad. Asimismo, los órganos judiciales comprueban el porcentaje de ocupación de las colonias correccionales y el cumplimiento de la norma de espacio vital de los reclusos según lo establecido en los requisitos de la legislación nacional relativa al cumplimiento de las condenas. Según informes del Servicio Penitenciario en las colonias correccionales del Servicio se encuentran cumpliendo condena unos 107.000 reos con privación o restricción de libertad. Además, para cumplir la norma de espacio vital por recluso, según lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal de Ucrania, en los establecimientos penitenciarios solo se puede mantener a un total de 122.038 personas.

Considerando la importancia de que los detenidos y reclusos ejerzan sus derechos a recibir atención médica, bienes materiales y productos para la higiene y a la alimentación, la Fiscalía General de Ucrania examinó estas cuestiones problemáticas en tres ocasiones en sus reuniones colegiadas (2006, 2007 y 2009).

La dirección de la Fiscalía General de Ucrania ha comprometido a los fiscales de provincia y a los demás fiscales que tienen la misma categoría a contratar especialistas de los órganos territoriales de atención de la salud, los servicios sanitarios y epidemiológicos y de extinción de incendios, a organizar inspecciones de la observancia de las leyes en los establecimientos especiales de la policía durante la aplicación de medidas coercitivas, con el fin de impedir la violación de los derechos de los detenidos a recibir atención médica, bienes materiales y productos para la higiene y a la alimentación.

El Ministro del Interior de Ucrania presentó propuestas para la eliminación de las violaciones de los derechos constitucionales de los ciudadanos durante su permanencia en las celdas de las comisarías y en los establecimientos penitenciarios.

Pregunta f)

De conformidad con el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, toda persona tiene derecho a expresar sus opiniones. Este derecho incluye la libertad de mantener sus propias opiniones, recibir y difundir información e ideas sin injerencia por parte del Estado y sin limitaciones.

En la Constitución de Ucrania se reconoce el conjunto de derechos y libertades y se tienen en cuenta al máximo los instrumentos jurídicos internacionales y el grado de desarrollo de nuestra sociedad y del país. La Constitución consagra y garantiza los derechos y las libertades no solo del ciudadano, sino del ser humano. Además, los derechos humanos y las libertades ocupan el primer lugar.

La Constitución de Ucrania (art. 34) garantiza а cada ciudadano el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, a expresar libremente sus opiniones y convicciones: "toda persona tiene derecho a recibir, conservar, utilizar y difundir información oral, escrita y por otros medios de su elección con toda libertad".

De manera que, junto con el derecho tradicional a la libertad de pensamiento y palabra, por primera vez en la nueva Constitución se reconoce el derecho a la información.

Según los instrumentos internacionales contemporáneos, las obligaciones de los Estados en relación con la libertad de expresión de las opiniones son absolutas. Sin embargo, este derecho protegido está muy lejos de ser absoluto, puesto que se le imponen distintas limitaciones y reservas, respecto de las cuales no existe norma europea alguna claramente definida. Conforme al párrafo 2 del artículo 34 de la Constitución de Ucrania "El ejercicio de estos derechos puede ser restringido por la ley en interés de la seguridad nacional, la integridad territorial y el orden público con el fin de prevenir disturbios o actividades delictivas, proteger la salud de la población, la reputación o los derechos de otras personas, impedir la difusión de información de carácter confidencial o mantener la autoridad y la imparcialidad de la justicia".

Las disposiciones de la Constitución a este respecto se ajustan en todas sus partes a las normas del derecho internacional, en particular el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Una garantía complementaria de la protección de los derechos humanos y las libertades son también los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos a los que Ucrania se ha adherido. Un adelanto importante en este sentido es la ratificación por Ucrania del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (aprobado por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950). Al adherirse a este Convenio, Ucrania contrajo el compromiso de velar por los derechos humanos, aplicar ese instrumento en la legislación nacional y tener en cuenta sus disposiciones cuando los tribunales examinan las denuncias. Desde entonces, los ciudadanos de Ucrania tienen la posibilidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para defender sus derechos violados. Los Estados partes en el Convenio están en la obligación de facilitar el ejercicio efectivo de ese derecho y deben garantizar a todo ciudadano los derechos civiles y políticos previstos en el Convenio.

Es importante destacar que el Tribunal Europeo, como se dispone en una de sus resoluciones, protege no solo la información y las ideas que los Estados o algún sector de la población acogen favorablemente o con indiferencia, sino también las que no tienen esa acogida. Este es un requisito del pluralismo, la tolerancia y la amplitud de miras, sin lo cual no existe una sociedad democrática.

Por otra parte, hay que destacar que los tribunales generales todavía no aplican en todas sus partes las disposiciones del Convenio ni la jurisprudencia del Tribunal Europeo. En ese sentido el Tribunal Constitucional de Ucrania, que dicta sus fallos remitiéndose a los instrumentos internacionales de derechos humanos, es fundamentalmente el que más tendencia muestra a aplicarlas. El Tribunal Constitucional ejerce el control constitucional y protege los fundamentos del orden constitucional, los derechos humanos y las libertades civiles fundamentales, y garantiza la primacía del derecho y la vigencia directa de la Constitución en todo el territorio de Ucrania.

El garante de la protección de los derechos humanos y las libertades civiles es el Presidente de Ucrania.

Dentro de su esfera de competencia, el Consejo de Ministros de Ucrania, los gobiernos locales, los órganos de administración autónoma local y otras entidades se encargan de organizar la labor de garantía de los derechos humanos y las libertades del ciudadano.

El control parlamentario de la observancia de los derechos humanos y las libertades constitucionales del ciudadano corresponde al Comisionado (Defensor) de Derechos Humanos de la Suprema Rada de Ucrania. Toda persona tiene derecho a reclamar que se protejan sus derechos ante el Comisionado (Defensor) de Derechos Humanos de la Suprema Rada de Ucrania, y después que se han agotado todos los recursos internos de protección jurídica, puede apelar ante las instancias jurídicas internacionales o las organizaciones internacionales, en las que Ucrania es miembro o parte.

Guardianes de los derechos constitucionales y las libertades del ciudadano son los tribunales generales (artículo 55 de la Constitución). Toda persona tiene garantizado su derecho a apelar ante un tribunal las decisiones y acciones o inacciones de los órganos de poder estatal y de administración local y de los funcionarios o empleados de la administración pública.

La norma constitucional de la libre expresión de las opiniones está vigente gracias al sistema de instrumentos legislativos, que están en consonancia con las normas de derecho internacional.

Ucrania ocupa uno de los primeros lugares en la CEI por la cantidad de leyes relativas al funcionamiento de los medios de comunicación cuya finalidad es ampliar la transparencia y el nivel de información de la sociedad.

Las leyes nacionales de información, prensa y medios de comunicación en Ucrania, de agencias informativas, de propiedad, de publicidad, de apoyo estatal a los medios de comunicación y protección de la actividad profesional de los periodistas y otras constituyen un amplio marco jurídico, establecen los mecanismos para el ejercicio del derecho constitucional a la libertad de pensamiento y palabra, a la libre expresión de las opiniones y convicciones y a la información.

En la garantía de los derechos del ciudadano a la libertad de pensamiento y palabra y a la información, los medios de comunicación y los periodistas que trabajan en ellos desempeñan una importante función.

Por otra parte, en los últimos años la actividad periodística en nuestro país se ha convertido en un oficio peligroso. Actualmente han cobrado resonancia social hechos delictivos por parte de los órganos represivos, a saber los agentes del orden público, el Servicio de Seguridad y los órganos de recaudación fiscal, que han perseguido a periodistas y han ejercido presiones sobre distintas editoriales por publicar materiales en los que se formulan críticas.

La Fiscalía de Ucrania ha cumplido debidamente su función cada vez que se pone trabas a la actividad legítima de los periodistas.

Además, se presta atención especial a las denuncias y quejas de violaciones de los derechos de los periodistas y de los medios de información.

Por ejemplo, la fiscalía de la provincia de Cherkasy instruyó un proceso penal el 27 de febrero de 2009 según lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 15 y el párrafo 2 del artículo 115 del Código Penal de Ucrania por intento de asesinato del redactor jefe del periódico Antena, V. L. Vorotnik, cuyo automóvil saltó en pedazos a causa de una explosión. Se están llevando a cabo investigaciones.

Debido al ejercicio de la fuerza contra el equipo de filmación de la empresa de teleradiodifusión Grad y a la confiscación de un vídeo filmado a las personas que se manifestaron ante la Alcaldía de la ciudad de Odessa, el 11 de febrero de 2009 la fiscalía de la provincia de Odessa instruyó un proceso penal en virtud del párrafo 1 del artículo 171 del Código Penal de Ucrania. En estos momentos, la cuestión de si procedía la instrucción de ese proceso penal se está examinando en el Tribunal Supremo de Ucrania, en relación con la denuncia de la Alcaldía de Odessa por haberse instruido ese proceso.

La fiscalía de la provincia de Lvov, en cumplimiento del artículo 97 del Código de Procedimiento Penal de Ucrania examina la denuncia del redactor del telediario "Zona de conflicto" contra la actuación de algunos miembros de las fuerzas de orden público del distrito de Zolochiv, quienes obstaculizaron la filmación de una noticia sobre algunos ocupas que se encontraban en un albergue y trataron de quitarles el vídeo con el material filmado.

La jefatura de policía del distrito de Pechersk investiga una causa penal instruida en relación con el párrafo 2 del artículo 296 del Código Penal de Ucrania por actividades realizadas por gamberros el 2 de octubre de 2008 contra el fotógrafo corresponsal de la editorial Negociante de Ucrania.

Los órganos judiciales desempeñan una importante función en la protección de los derechos humanos, puesto que precisamente el fiscal se ocupa de supervisar el cumplimiento de la ley por los órganos encargados de realizar pesquisas, interrogatorios, actuaciones preliminares, vigilancia del cumplimiento de las condenas, así como de la vigilancia del cumplimiento y la aplicación de las leyes. Toda persona, para proteger sus derechos, puede presentar sus denuncias ante cualquier instancia de la fiscalía. El fiscal que conozca de esa denuncia está en la obligación de examinarla, dentro de los límites de su competencia, en cuanto a su contenido y de pronunciarse al respecto conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.

Pregunta g)

La cuestión de los derechos y las libertades en Ucrania está claramente definida en un conjunto de leyes e instrumentos jurídicos normativos vigentes, que reglamentan esta esfera en interés de la persona, la sociedad y el Estado.

Se trata ante todo de los correspondientes artículos de la Constitución de Ucrania, la Ley de libertad de conciencia y asociaciones religiosas y de los acuerdos y convenios internacionales ratificados por el Estado.

A juicio de los expertos, Ucrania es un Estado estable desde el punto de vista de las relaciones interétnicas e interconfesionales, donde no se ha producido ni un solo conflicto grave por motivo de origen étnico, religión o nacionalidad. Por otra parte, expertos internacionales y nacionales, personalidades religiosas, medios de información de masas señalan a la atención de los órganos de gobierno todo hecho que constituya una manifestación xenofóbica, antisemítica y racista.

La vigilancia que ejerce el sistema en relación con esta problemática reafirma que son cada vez menos los incidentes de esta índole que tienen como motivación cuestiones étnicas o religiosas. Si en 2007-2008 ocurrieron 7 incidentes de alteración del orden, en 2009 solo se han registrado 2 incidentes de esa índole. No se ha registrado un solo caso de impugnación pública de manifestaciones xenofóbicas y racistas por parte de los representantes de las organizaciones sociales y religiosas.

Los órganos judiciales de Ucrania supervisan sistemáticamente la observancia de las leyes destinadas a prevenir el racismo, la discriminación racista, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.

En las actuaciones judiciales llevadas a cabo se llegó a la conclusión de que los órganos de poder a nivel nacional y regional aplican determinadas medidas prácticas y de organización, encaminadas a la prevención de conflictos de carácter interétnico e interconfesional, luchan contra las manifestaciones de xenofobia y racismo, la violación de la igualdad de derechos de los ciudadanos por motivos de convicciones políticas, creencias religiosas y de otra índole, sexo y origen étnico.

De conformidad con el párrafo 8 del artículo 25 de la Ley sobre gobiernos locales, los órganos de poder local están en la obligación de garantizar el cumplimiento de la legislación sobre las minorías nacionales, la migración y la libertad de culto. Además, en algunas regiones de Ucrania se han detectado en su actividad violaciones de los requisitos establecidos por ley sobre la aplicación de la política oficial en las relaciones entre nacionalidades.

El Comité Republicano de la República Autónoma de Crimea encargado en particular de las relaciones entre nacionalidades y de los ciudadanos deportados no se ocupa de coordinar las actividades de los gobiernos locales en relación con la ejecución del Plan General de actividades de desarrollo de las tradiciones y las culturas nacionales y perfeccionamiento de las relaciones entre nacionalidades, aprobado por el Consejo de Ministros de la República Autónoma el 22 de enero de 2008. Las secciones encargadas de las relaciones entre nacionalidades que realizan sus actividades en los órganos de gobierno local de hecho se ocupan solo de la asignación de los recursos presupuestarios destinados a auxiliar a los ciudadanos deportados, pero no prestan atención a cuestiones relacionadas con la tolerancia ni a minimizar el grado de conflictividad existente en las relaciones entre nacionalidades y confesiones.

Los fiscales también han detectado violaciones de las leyes de los gobiernos locales y de las minorías nacionales de Ucrania en las provincias de Vinintz, Dnepropetrovsk, Kyiv, Kirovograd y Poltava.

En 2007 el Ministerio del Interior de Ucrania elaboró un Plan de lucha contra el racismo para el período hasta 2009. El cometido fundamental y prioritario de la labor de los órganos encargados de hacer cumplir la ley en ese sentido es la detección de movimientos de las agrupaciones y organizaciones de jóvenes radicales, la realización de tareas aclaratorias y de prevención, la garantía del orden en los centros donde permanecen ciudadanos extranjeros y la lucha contra toda manifestación de xenofobia y racismo.

El Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania, las juntas de educación, las escuelas de enseñanza general, los institutos de formación técnica y profesional y los institutos de enseñanza superior de todos los tipos y grados de titulación adoptan medidas para vigilar que no se produzcan en el sistema violaciones de la igualdad de derechos de los ciudadanos por motivo de raza, origen nacional o actitud ante la religión.

El Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania, conjuntamente con el Instituto nacional de investigaciones científicas del Ministerio del Interior de Ucrania y el Instituto nacional de desarrollo de la familia y la juventud del Ministerio de Asuntos de la Familia y la Juventud de Ucrania, prepararon y recomendaron la aplicación de recomendaciones metodológicas sobre la labor de prevención del auge de las manifestaciones de xenofobia y racismo entre los niños, los escolares y los jóvenes estudiantes.

Se ha intensificado la actividad de los colectivos pedagógicos junto con los comités de padres para inculcar en los niños y los jóvenes la espiritualidad, una cultura moral, una actitud tolerante y conocimientos para vivir en una sociedad multinacional.

Sin embargo, en las inspecciones llevadas a cabo por la fiscalía se llegó a la conclusión de que los órganos del sistema estatal encargados de la prevención de violaciones de la ley, no aplicaban en todos sus aspectos las medidas de prevención de la delincuencia juvenil por motivo de intolerancia racial y nacional. En 2008 en particular los órganos encargados de hacer cumplir la ley de Ucrania revelaron que existían 4 organizaciones delictivas de carácter étnico, mientras que en 2007 había 12 agrupaciones de esa índole.

Por violación de los requisitos establecidos en los artículos 10 y 11 de la Ley de la policía y del artículo 5 de la Ley sobre los órganos y servicios que se ocupan de la infancia y sobre las instituciones especiales para la infancia, los trabajadores de las subdivisiones de milicia penal que se ocupan de la infancia no siempre aplican las medidas para la detección a tiempo de las causas y condiciones que contribuyen a que los menores cometan delitos, de las agrupaciones de adolescentes con tendencias antisociales y de los adultos que inducen a menores a realizar actividades delictivas.

Por ejemplo, durante una investigación judicial realizada en la ciudad de Kirovograd se detectó una agrupación estudiantil de jóvenes antisemitas y racistas que se había fundado hacía ya dos años en esa ciudad.

Durante las investigaciones judiciales se llegó también a la conclusión de que los órganos de administración de justicia encargados de legalizar las organizaciones de ciudadanos, cuya obligación es velar por que estas organizaciones cumplan las disposiciones reglamentarias, no siempre cumplen lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de asociaciones públicas. En particular, en la Dirección General de Justicia de la ciudad de Kyiv se han inscrito 222 organizaciones de la juventud. Además, en 2008 esta Dirección no llevó a cabo ninguna verificación de esas organizaciones en cuanto al cumplimiento de las disposiciones reglamentarias. Una situación parecida se detectó en la organización de los trabajos de la dirección provincial de justicia de las provincias de Vinintz y Nicolaev.

En total en 2008 y a los efectos de eliminar las violaciones detectadas en el cumplimiento de la legislación contra la xenofobia, la discriminación racial y por motivo de nacionalidad, los órganos judiciales instruyeron 144 procesos penales y levantaron más de 2.700 actas judiciales, tras cuyo examen se impusieron sanciones disciplinarias a cerca de 2.500 empleados de la administración pública.

La legislación vigente en Ucrania prevé la responsabilidad penal por la violación premeditada de la igualdad de derechos de los ciudadanos por motivo de raza, nacionalidad o actitud ante la religión (artículo 161 del Código Penal de Ucrania). Además, al dictar sentencia se considera circunstancia agravante, según lo dispuesto en el artículo 67 de dicho Código, el hecho de que el delito se haya cometido por motivos de raza, nacionalidad o actitud ante la religión o por discordia. Los órganos judiciales tienen la responsabilidad de llevar a cabo las actuaciones preliminares respecto de los delitos previstos en el artículo 161 del Código Penal de Ucrania.

En distintos números anteriores del periódico Selsky vesti, en revistas y en el boletín de la Academia Interregional de Administración del Personal, se publicaron artículos sobre la llamada "cuestión judía", en las que se "tergiversaba" el papel de los judíos en la historia de Ucrania.

En esas publicaciones vieron la luz sistemáticamente artículos con temas antisemíticos. Se publicaron artículos contra los Estados Unidos e Israel. Esto tuvo resonancia social y provocó la indignación de las organizaciones sociales judías, incluso algunas internacionales, y dio lugar a litigios ante los tribunales.

Por su parte, la Fiscalía General de Ucrania encargó a las instituciones científicas de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania el estudio de algunas de esas publicaciones. De resultas de ese estudio, el Instituto I. F. Kuras de investigaciones políticas, étnicas y de las nacionalidades, el Instituto О. О. Potebni de enseñanza de idiomas y el Instituto V. М. Koretzky de Estudios sobre el Estado y el Derecho prepararon un dictamen pericial.

En ese dictamen se señalaba que el contenido de las publicaciones tenía como finalidad incitar en los lectores una actitud desfavorable y hostil hacia los judíos. Por otra parte, se señalaba que estas publicaciones no pueden incitar a la realización de actividades que contravengan la ley ni contienen expresiones que puedan considerarse propaganda contra el reconocimiento de los derechos cívicos de un determinado grupo nacional. Tampoco se exalta el genocidio, la deportación ni la represión, ni se exige la limitación de los derechos constitucionales y las libertades civiles. En resumen, en el dictamen se señalaba que estas publicaciones solo pueden ser una demostración de menosprecio del honor y la dignidad nacionales y de agravio a los sentimientos de ciudadanos por motivo de origen étnico.

Estas conclusiones no daban posibilidad ni pretexto para calificar de violación de la ley las acciones de los autores de esas publicaciones. Por eso, teniendo en cuenta esas conclusiones, el 24 de julio de 2006 la fiscalía de la ciudad de Kyiv decidió no instruir proceso penal debido a que en las acciones de los trabajadores del periódico Personal Plus de la Academia Interregional de Administración del Personal no figuraban elementos constitutivos del delito previsto en el artículo 161 del Código Penal de Ucrania.

Por otra parte, entre 2002 y 2007 como resultado de las actuaciones judiciales practicadas respecto de esa cuestión, la fiscalía del distrito Goloseev de la ciudad de Kyiv en varias ocasiones decidió no instruir proceso penal contra funcionarios de la Academia Interregional de Administración del Personal y sus publicaciones periódicas conforme a lo establecido en los párrafos 1 y 2 del artículo 6 del Código de Procedimiento Penal de Ucrania.

La Fiscal General de Ucrania estuvo de acuerdo con las decisiones adoptadas.

La fiscalía de la ciudad de Kyiv, tras investigar una denuncia presentada por el rabino principal de Ucrania Moshe Reuben Asman, protestó contra la decisión de la Alcaldía de la ciudad de Kyiv de incluir al edificio de la calle Chota Rustaveli 19 en la ciudad de Kyiv, que forma parte de todo el complejo inmobiliario donde se encuentra la sala del Cinepanorama, en la lista de obras que se van a privatizar.

La fiscalía lucha contra la discriminación racial dentro de los límites de su competencia adoptando las medidas previstas en las leyes vigentes.

En 2007-2008, los órganos fiscales instruyeron cinco procesos penales contra delitos de la siguiente categoría: profanación de cementerios judíos (ciudades de Odessa y Chernigov), instigación al odio y a la hostilidad entre nacionalidades (provincia de Kirovograd), causar graves lesiones corporales e intento de asesinato (ciudad de Kyiv).

En 2009 la fiscalía de la ciudad de Kyiv instruyó proceso penal por causar daños corporales a un ciudadano de Azerbaiyán, que en estos momentos examinan los tribunales.

Durante el período, se dictó sentencia en 6 causas penales contra 15 personas por delitos previstos en el artículo 161 del Código Penal de Ucrania. De ellos 12 fueron hallados culpables, a uno se le aplicaron medidas educativas y 2 fueron puestos en libertad mediante el indulto.

Pregunta h)

Al 1º de junio de 2009, la comunidad musulmana de Ucrania estaba integrada por 536 organizaciones religiosas que contaban con 311 lugares de culto.

Los musulmanes no cuentan con una estructura de dirección única a nivel del país. Hasta el momento funcionan cinco centros espirituales musulmanes, que se han inscrito y dejado constancia de su acta de constitución, a saber: la Dirección Espiritual de los Musulmanes de Crimea cuenta con 352 organizaciones religiosas y 281 lugares de culto; la Dirección Espiritual de los Musulmanes de Ucrania cuenta con 72 organizaciones religiosas y 41 lugares de culto; el Centro espiritual independiente de los musulmanes de Ucrania cuenta con 21 organizaciones religiosas y 15 lugares de culto; la Dirección Religiosa de las sociedades musulmanas independientes de Ucrania Muftis de Kyiv que cuenta con 16 organizaciones religiosas se inscribió en 2006; la Dirección Espiritual de los musulmanes de Ucrania UMMA que tiene 11 organizaciones religiosas y 1 lugar de culto se inscribió en 2008. Actualmente hay 64 organizaciones religiosas independientes, que realizan actividades aunque no tienen centros espirituales.

La mayoría de las organizaciones musulmanas radican en la República Autónoma de Crimea.

Las agrupaciones religiosas musulmanas de la República Autónoma cuentan con 281 lugares de culto, de las cuales 47 mezquitas fueron devueltas por resolución del Consejo de Ministros de la República Autónoma de Crimea y de los órganos de gobierno local, y se construyeron 80 mezquitas. Los dirigentes de empresas, instituciones y organizaciones han entregado en propiedad o en usufructo a las comunidades musulmanas más de 100 edificios y locales adaptados para la celebración de cultos.

Según documentos presentados por la Dirección Espiritual de los Musulmanes de Crimea, quedan por devolver a las organizaciones religiosas musulmanas cuatro edificios que antes les pertenecieron. La disponibilidad de lugares de culto es del 76%, o sea solo un 2% menos del índice estadístico medio de lugares de culto de que disponen las organizaciones religiosas del país (78%).

Desde 1993 se han asignado a la reparación y restauración de lugares de culto musulmanes que son curiosidades de la historia y la arquitectura, más de 2.000 millones de cupones de cambio y 3.567.000 jrivnias con cargo al presupuesto estatal. A modo de comparación, en la restauración de las iglesias ortodoxas se gastaron a la sazón con cargo al presupuesto de Crimea 150 millones de cupones de cambio y 350.000 jrivnias con cargo al presupuesto estatal.

Cabe señalar que, en abril de 2009 se celebró una reunión ordinaria del recién creado Consejo de representantes de las direcciones espirituales y los centros musulmanes de Ucrania con el Comité Estatal de Asuntos de las Nacionalidades y las Religiones. El Consejo está encargado de cumplir la tarea de coordinar la interacción y el diálogo de los centros espirituales musulmanes con los órganos de poder estatal, en particular en lo relativo al establecimiento de un mecanismo eficaz para la devolución de bienes y edificios, que pertenecían a las comunidades musulmanas.

El aspecto práctico de la devolución de bienes de importancia religiosa se lleva a cabo actualmente gracias a la actividad de la Comisión encargada de asegurar el ejercicio de los derechos de las organizaciones religiosas ante el Consejo de Ministros de Ucrania, cuya tarea es formular recomendaciones en relación con la devolución a las organizaciones religiosas de los lugares de culto y otros bienes que les pertenecían; analizar las propuestas de los órganos de gobierno local en relación con la desocupación de los edificios que han de ser devueltos a las organizaciones religiosas y el traslado de las instituciones y organizaciones que se encuentran instaladas en ellos.

Los líderes de los centros espirituales musulmanes en Ucrania actualmente no plantean al Gobierno graves problemas relacionados con la devolución de los lugares de culto, y el propio proceso de restitución tiene lugar en el marco de consultas y de la adopción de decisiones uniformes convenidas.

El Comité Estatal de Asuntos de las Nacionalidades y las Religiones de Ucrania preparó un proyecto de ley nacional "sobre la devolución de los lugares de culto a las organizaciones religiosas". Su tarea fundamental es determinar jurídicamente el procedimiento de devolución a las organizaciones religiosas de sus lugares de culto antes de pasar a ser propiedad del Estado. Tal era la situación al 1º de julio de 2009.