Comité de Derechos Humanos

Octavo informe periódico que Ucrania debía presentar en 2018 en virtud del artículo 40 del Pacto *

[Fecha de recepción: 25 de julio de 2018]

Abreviaturas

CCPR/C/UKR/CO/7Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el séptimo informe periódico de Ucrania

CCPR/C/121/4Informe sobre el seguimiento de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos relativas a los resultados del examen del informe provisional de Ucrania sobre la aplicación de las recomendaciones que figuran en los párrafos 6, 10, 15 y 17

CEPEComisión Económica para Europa

CICRComité Internacional de la Cruz Roja

CIJCorte Internacional de Justicia

Comisión de VeneciaComisión Europea para la Democracia por el Derecho

OSCE Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa

Personas LGBTIPersonas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales

UEUnión Europea

UNICEFFondo de las Naciones Unidas para la Infancia

I.Metodología y elaboración del informe

1.El presente informe se ha preparado de conformidad con las prescripciones de la Compilación de directrices relativas a la forma y el contenido de los informes que deben presentar los Estados partes en los tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN/2/Rev.6, de 31 de junio de 2009) y teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas relativas al séptimo informe periódico de Ucrania, así como los resultados del examen del informe provisional de Ucrania sobre la aplicación de las recomendaciones que figuran en los párrafos 6, 10, 15 y 17.

2.El informe fue elaborado por el Ministerio de Justicia de Ucrania con la participación de todas las autoridades públicas competentes de Ucrania. De conformidad con la recomendación 22, se celebraron consultas amplias con organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales. En la elaboración de la versión final del informe se tuvieron en cuenta las recomendaciones formuladas.

ІІ.Cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los artículos del Pacto

Artículo 1

3.De conformidad con la Constitución de Ucrania, el pueblo es el titular de la soberanía y la única fuente de poder del país. El Estado promoverá la consolidación y el desarrollo de la nación ucraniana, el conocimiento de su historia, sus tradiciones y su cultura, así como el desarrollo de la idiosincrasia étnica, cultural, lingüística y religiosa de todos los pueblos indígenas y minorías nacionales. Ucrania satisfará las necesidades nacionales, culturales y lingüísticas de los ucranianos que residen más allá de las fronteras del Estado. La tierra, el subsuelo, la atmósfera, el agua y otros recursos naturales dentro del territorio de Ucrania y los recursos naturales de su plataforma continental y de la zona económica exclusiva (marítima) serán objeto de derechos de propiedad del pueblo ucraniano.

Artículo 2 (teniendo en cuenta las recomendaciones 5 a 15, 18 y 20 formuladas en CCPR/C/UKR/CO/7, y 6 y 10, en ССPR/C/121/4; y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)

4.De conformidad con la Constitución de Ucrania, no se otorgarán prerrogativas ni se impondrán limitaciones por motivos de raza, color de la piel, convicciones políticas, religiosas o de otra índole, género, origen étnico o social, posición social, lugar de residencia, idioma o cualquier otra circunstancia.

5.La Ley núm. 5207 de Principios para Prevenir y Combatir la Discriminación en Ucrania, de 6 de septiembre de 2012, fue modificada sustancialmente en 2014 con el fin de armonizarla con las normas internacionales. En ella se define claramente el concepto de discriminación, tanto directa como indirecta. El Defensor del Pueblo recibió nuevas facultades para hacer valer la protección contra la discriminación, en particular el derecho a interponer ante un tribunal denuncias de discriminación. En la Ley se establece la lista de órganos que llevan a cabo análisis obligatorios de los proyectos de ley por lo que se refiere a la lucha contra la discriminación.

6.Está prevista la segunda lectura en el Parlamento del proyecto de ley núm. 3501, de 20 de noviembre de 2015, de modificaciones de determinadas leyes de Ucrania (en lo que respecta a la armonización con la legislación de la Unión Europea de las leyes en materia de prevención y lucha contra la discriminación). El proyecto de ley define los términos “discriminación por asociación”, “discriminación múltiple” y “victimización”, aclara la competencia del Defensor del Pueblo en materia de prevención y lucha contra la discriminación, establece una multa por conculcar la legislación en esta esfera, y especifica la lista de circunstancias en las que no se considera discriminación el disponer ciertas restricciones o privilegios.

7.El artículo 161 del Código Penal de Ucrania establece la responsabilidad por vulnerar la igualdad de los ciudadanos por motivos de raza, color de la piel, convicciones políticas, religiosas o de otra índole, sexo, origen étnico o social, posición social, lugar de residencia, idioma o cualquier otra circunstancia.

8.En 2015 se modificó el Código del Trabajo de Ucrania con el fin de prohibir expresamente la discriminación en el empleo y la ocupación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

9.La Ley núm. 2249, de 19 de diciembre de 2017, armonizó la terminología de la legislación de Ucrania con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. En particular, las palabras “físicamente discapacitado”, “discapacitado”, “lisiado de guerra” y “niño discapacitado” fueron sustituidas por “persona con discapacidad”, “persona con discapacidades resultantes de la guerra” y “niño con discapacidad”.

10.La Estrategia Nacional de Derechos Humanos (Decreto Presidencial núm. 501, de 25 de julio de 2015) tiene por objeto garantizar la coordinación entre las distintas autoridades gubernamentales para prevenir y combatir la discriminación; mejorar la eficacia del mecanismo jurídico para el enjuiciamiento de los casos de discriminación; y ampliar la labor de educación y sensibilización encaminada a superar los estereotipos, los prejuicios y la intolerancia en la sociedad.

11.El proyecto de ley de modificaciones de determinadas leyes de Ucrania sobre la lucha contra las prácticas discriminatorias prevé modificaciones del Código Penal.

12.Desde 2015 existe dentro de la Policía Nacional de Ucrania un Punto de Contacto Nacional sobre Delitos Motivados por el Odio. El Punto de Contacto Nacional vigila el Registro Unificado de Investigaciones Preliminares por lo que se refiere a la investigación de las actuaciones penales incoadas sobre la base de la intolerancia racial, nacional o religiosa; analiza y verifica la información obtenida de los medios de comunicación sobre las causas penales mencionadas; y coopera con la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

13.En 2012 se investigaron tres casos de delitos con violencia cometidos por motivos de odio de carácter racial, nacional y religioso. En 2015-2017 el número de causas penales incoadas de esta categoría aumentó a 229. En 11 de ellas se dictaron autos de procesamiento que fueron remitidos a los tribunales. En 2018, están actualmente en curso 154 causas de presuntos delitos cometidos por motivos de odio, entre las cuales se incluyen presuntos delitos cometidos en años anteriores. Desde 2015, se han dictado 5 condenas.

14.A fin capacitar a los agentes de policía para aplicar la legislación nacional en la lucha contra la violencia basada en la intolerancia, se ha establecido un sistema con temas de capacitación idóneos. Los nuevos reclutas del servicio de policía estudian los temas Garantizar las libertades y los derechos humanos; Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y Práctica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El curso sobre lucha contra la discriminación se incluyó en los programas de capacitación de los funcionarios públicos.

15.El Orgullo de Kiev, marcha por la igualdad iniciada por activistas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) ucranianos, se ha venido celebrando en Ucrania todos los años desde 2012. Se han incoado 7 causas penales por presuntos delitos cometidos en 2017: 1 de ellas está pendiente ante los tribunales y 3 están en la fase de instrucción.

16.En 2016, el Ministerio de Salud abolió la Orden núm. 60, que establecía la realización de una prolongada observación psiquiátrica de las personas transgénero como requisito previo para autorizar la cirugía de cambio de sexo. Esta fue sustituida por la nueva Orden núm. 1041, que prevé un procedimiento en virtud del cual la persona transgénero define el alcance de la operación quirúrgica.

17.El proyecto de ley núm. 1155, de 24 de diciembre de 2012, de prohibición de la promoción de las relaciones homosexuales destinada a los niños fue retirado el 15 de abril de 2014.

18.El proyecto de ley núm. 0945, de 12 de diciembre de 2012, de modificación de determinados instrumentos legislativos de Ucrania (protección del derecho de los niños a un ciberespacio seguro) fue retirado el 9 de septiembre de 2014.

19.Ucrania es uno de los Estados miembros fundadores de la Coalición por la Igualdad de Derechos, puesta en marcha en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Personas LGBTI, celebrada en Montevideo en 2016. La Coalición intercambia información sobre mejores prácticas para la promoción y la protección de las personas LGBTI, coordina la aplicación de medidas apropiadas en el ámbito internacional, y proporciona a los Estados partes la asistencia técnica necesaria para aplicar las reformas destinadas a garantizar los derechos de las personas LGBTI.

20.La Ley núm. 1402 del Poder Judicial y el Estatuto de los Jueces, de 2 de junio de 2016, establece que un tribunal independiente, imparcial y justo garantiza a todas las personas la protección de sus derechos, libertades e intereses dentro de un plazo razonable. La justicia en Ucrania se imparte a través de un proceso judicial sobre la base de la igualdad de todas las partes ante la ley y los tribunales, independientemente de la raza, el color de la piel, las convicciones políticas, religiosas o de otra índole, el género, el origen étnico o social, la posición social, el lugar de residencia, el idioma o cualquier otra circunstancia.

21.La Ley núm. 3460 de Asistencia Jurídica Gratuita, de 2 de junio de 2011, establece que no se permitirá que en el ejercicio del derecho a la asistencia jurídica gratuita se apliquen privilegios o restricciones con respecto a las personas por motivos de raza, color de la piel, convicciones políticas, religiosas o de otra índole, género, origen étnico o social, lugar de residencia, idioma o cualquier otro factor.

22.De conformidad con el artículo 55 de la Constitución de Ucrania, toda persona tiene derecho a recurrir ante el Defensor del Pueblo para que se protejan sus derechos.

23.El presupuesto del Defensor del Pueblo aumenta cada año. Según se había previsto, el presupuesto de la Secretaría ascendería a 51,3 millones de grivnas en 2017 y a 78,3 millones de grivnas en 2018. Actualmente están funcionando 11 oficinas regionales y 21 coordinadores regionales.

24.Los tratados internacionales vigentes aceptados como vinculantes por el Parlamento (entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) forman parte de la legislación nacional de Ucrania y deben aplicarse de conformidad con el principio de pacta sund servanda.

25.Actualmente se está examinando en el Parlamento el proyecto de ley núm. 2907, de 19 de mayo de 2015, de modificación de determinados instrumentos legislativos relativos a la ejecución de las decisiones de las organizaciones internacionales para proteger los derechos humanos. En el proyecto se propone aceptar las decisiones del Comité de Derechos Humanos como motivo independiente para revisar las sentencias del Tribunal Supremo. Los tribunales nacionales han aplicado algunas disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en más de 14.000 decisiones que han adoptado, en particular en casos tales como los siguientes: para otorgar el derecho a contraer matrimonio; para reconocer el derecho a la propiedad de bienes muebles e inmuebles; en cuestiones de herencia; en causas derivadas de las relaciones laborales y en la concertación o ejecución de contratos económicos, como los de privatización de la propiedad; en el cobro de deudas; y en la exigencia de responsabilidades disciplinarias a un juez.

Artículo 3 (teniendo en cuenta las recomendaciones 9 y 14 formuladas en CCPR/C/UKR/CO/7)

26.De conformidad con la Constitución de Ucrania, se garantizará la igualdad de derechos de la mujer y el hombre proporcionando a las mujeres las mismas oportunidades que a los hombres en las actividades públicas, políticas y culturales, en la consecución de educación y formación profesional y en el trabajo y su remuneración; adoptando medidas especiales para la protección del trabajo y la salud de la mujer; estableciendo privilegios en materia de pensiones; creando condiciones que permitan a las mujeres conciliar el trabajo con la maternidad; y proporcionando a la mujer protección jurídica y apoyo material y moral a la maternidad, incluido el pago de licencias remuneradas y otros beneficios a las embarazadas y las madres.

27.La Ley núm. 2866 de Garantía de la Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres, de 8 de septiembre de 2005, garantiza la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida social mediante la consagración jurídica de sus derechos y oportunidades y la aplicación de medidas especiales de carácter temporal, y tiene por objeto corregir la disparidad entre mujeres y hombres en cuanto a sus oportunidades en el ejercicio de sus derechos. Así pues, se ha examinado desde el punto de vista jurídico la legislación de Ucrania en materia de género. Asimismo, se ha previsto exigir responsabilidades administrativas y penales cuando se vulnere la legislación de Ucrania en esta esfera.

28.El Gobierno aprobó su Estrategia para la Reducción de la Pobreza. La Estrategia se elaboró con arreglo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030 aprobados en la cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la agenda para el desarrollo después de 2015. Entre los principales objetivos de la Estrategia figuran la eliminación de la disparidad salarial entre los géneros, el fortalecimiento del control público de las prácticas discriminatorias y la introducción gradual de cuotas de género en las empresas estatales.

29.En 2018 se aprobó la Estrategia para la Aplicación de la Igualdad de Género en la Educación “Educación: Dimensión de Género-2021”. En la Estrategia se prevé la inclusión de un componente de género en los programas educativos, la incorporación de la perspectiva de género en la educación y la capacitación, la capacitación de especialistas en igualdad de género y la formación de una comunidad de profesionales en la materia.

30.Se ha designado un Comisionado Gubernamental para la Política de Género. El Comisionado coordina la labor en materia de género, vigila el cumplimiento del principio de igualdad de género, participa en la elaboración de programas estatales para la igualdad de género y coopera con las organizaciones internacionales y la sociedad civil.

31.En 2018 el Gobierno aprobó el Programa Estatal para Garantizar la Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres hasta 2021. Las tareas principales del Programa son las siguientes: tener en cuenta el componente de género en los programas de desarrollo económico y social; reducir el desequilibrio entre los géneros en las esferas de la función pública y la gestión de los recursos humanos; y mejorar los mecanismos de protección contra la discriminación por motivos de sexo.

32.En 2013 se modificó la Ley de Partidos Políticos de Ucrania para introducir cuotas de por lo menos el 30 % de personas de cada sexo como nivel mínimo de representación en las listas electorales de los partidos políticos. Se ha previsto la financiación estatal de las actividades estatutarias de los partidos políticos, siempre y cuando, de conformidad con los resultados de las últimas elecciones parlamentarias, el número de representantes de cada sexo no supere dos terceras partes del total.

33.La Ley núm. 595 de Elecciones Locales, de 14 de julio de 2015, establece una cuota de género del 30 % en las listas de partido para las elecciones locales.

34.Actualmente se está examinando en el Parlamento el proyecto de ley núm. 1456, de 12 de diciembre de 2014, de modificaciones de determinadas leyes (garantía de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el proceso electoral). Se propone en él que no más del 60 % de las cinco primeras personas de una lista electoral sean del mismo género.

35.El número de mujeres que ocupan escaños en el Parlamento ha aumentado. En la actualidad hay 52 parlamentarias (entre 2010 y 2014 había 45) y 371 parlamentarios. El Gobierno de Ucrania está integrado por 21 hombres y 3 mujeres. En el Gobierno anterior había 2 mujeres. También aumentó el número de mujeres en los ministerios. En la actualidad, 797 mujeres trabajan en la Oficina Central del Ministerio de Justicia (más del 70 % de todo el personal), y el personal directivo del Ministerio está integrado por un 40 % de mujeres y un 60 % de hombres. El porcentaje de mujeres es del 30 % en el Ministerio del Interior, el 74,6 % en el Servicio Estatal de Migración, el 24,1 % en el Servicio Estatal de Fronteras, el 15,7 % en el Servicio Estatal de Emergencias, el 22,7 % en la Policía Nacional y el 11,4 % en la Guardia Nacional.

36.La Ley núm. 2229 de Prevención y Lucha contra la Violencia Doméstica, de 7 de diciembre de 2017, dispone medidas para prevenir la violencia doméstica y prestar asistencia eficaz a las víctimas de dicha violencia; define la violencia física, sexual, psicológica y económica en la familia; prevé la responsabilidad por la comisión de actos de violencia doméstica y la responsabilidad de los funcionarios públicos por incumplimiento de sus obligaciones legales en esta esfera; e introduce un registro unificado de casos de violencia doméstica y violencia por razón de sexo.

37.En el marco de los preparativos para la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, la Ley núm. 2227, de 6 de diciembre de 2017, modificó el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal a fin de aumentar las penas impuestas a los responsables de delitos relacionados con la violencia doméstica.

38.A fin de apoyar el cumplimiento del Plan de Acción Nacional de Aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad para el período que concluye en 2020, la Policía Nacional puso en marcha el proyecto piloto “Polina” destinado a desplegar grupos móviles de respuesta contra la violencia doméstica en las ciudades de Kiev, Odesa y Severodonetsk. Desde que el proyecto entró en funcionamiento, se han abierto 1.061 expedientes administrativos y se han incoado 42 causas penales.

39.Los equipos móviles desplegados en diez regiones están prestando asistencia social y psicológica a víctimas de la violencia doméstica y a personas que se encuentran en circunstancias difíciles a causa de la violencia de género. Desde 2015, durante el período de ejecución del proyecto, las brigadas móviles han detectado más de 33.000 casos de violencia.

40.Desde enero de 2018, las personas que han sido víctimas de violencia doméstica o violencia de género han tenido derecho a asistencia jurídica secundaria gratuita. Desde entonces, 630 personas que han sido víctimas de violencia doméstica o violencia de género han solicitado asistencia letrada, 13 de las cuales solicitaron asistencia jurídica secundaria gratuita.

41.Los grupos socialmente vulnerables, entre ellos el de las personas que han sufrido diversos tipos de violencia, han tenido acceso a asistencia jurídica gratuita. Los centros locales han establecido sucursales en las zonas lejanas para facilitar el acceso a sus servicios de asistencia jurídica gratuita. Las comunidades remotas reciben visitas de grupos consultivos móviles.

42.La presupuestación basada en el género se introdujo en la Estrategia de Gestión de las Finanzas Públicas para 2017-2021, que constituye la base del proceso presupuestario en Ucrania.

43.El sistema nacional de estadísticas sobre indicadores de género incluye 115 indicadores absolutos y estimados, que se ajustan a las normas estadísticas europeas e internacionales. Ucrania utiliza la lista de 73 indicadores de la base de datos estadísticos sobre género de la Comisión Económica para Europa (CEPE).

44.La Orden núm. 256 del Ministerio de Salud, de 29 de diciembre de 1993, en la que figuraba una lista de 450 profesiones prohibidas a las mujeres, fue derogada.

45.En junio de 2016, el Ministerio de Defensa modificó su Orden núm. 337 de modo que se aumentó considerablemente la lista de puestos de combate accesibles a las mujeres (se añadieron 290 puestos). Ahora las mujeres pueden ingresar en la inteligencia militar y prestar servicios como jefas de vehículos militares, jefas de artillería de mortero o francotiradoras. Actualmente, más de 55.000 mujeres prestan servicio en las fuerzas armadas. Más de 24.000 de ellas forman parte de los efectivos militares (el 11,5 % del total de estos efectivos). Más de 6.000 mujeres de los efectivos militares y del personal de las fuerzas armadas participan en la operación de lucha contra el terrorismo (el 3 % del total). También se prevé la igualdad de oportunidades en la selección del personal de contratación nacional de las misiones internacionales de apoyo a la paz.

46.El proyecto de ley núm. 6109 de modificaciones de determinadas leyes relativas a la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres y los hombres que prestan servicio en las fuerzas armadas y otras formaciones armadas, de 21 de febrero de 2017, está pendiente de examen por el Parlamento. El proyecto de ley prevé la posibilidad de que las mujeres se alisten en el servicio militar antes de alcanzar la edad máxima para el servicio militar; establece la igualdad de acceso a los puestos y rangos militares y la igualdad de nivel de responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones militares; y elimina las restricciones impuestas a la mujer en su servicio en las fuerzas militares y en el cumplimiento de las obligaciones militares de hombres y mujeres.

47.En 2012 se creó en el Ministerio de Política Social el Consejo Consultivo sobre Prevención y Lucha contra la Discriminación por Motivos de Sexo. El Consejo examina las consultas sobre discriminación por motivos de sexo, y prepara propuestas sobre modificaciones de la legislación.

48.Los funcionarios que se incorporan al Ministerio del Interior reciben capacitación sobre “Psicología del género”, “Fundamentos de la teoría de género”, “Legislación de la UE contra la discriminación”, “Política de género” y “Tolerancia y lucha contra la discriminación en la labor policial”. Las autoridades públicas realizan actividades informativas y educativas relacionadas con temas tales como “Lucha contra la violencia”, “Fortalecimiento del sistema interinstitucional para prevenir y combatir la violencia de género y garantizar a las víctimas de la violencia doméstica el acceso a los servicios sociales”, “La práctica de las organizaciones de derechos humanos para prevenir y combatir la discriminación” y “Garantía del principio de igualdad de género y no discriminación”. Se ha desarrollado un curso de educación a distancia sobre “Asistencia jurídica a las víctimas de la violencia doméstica”.

Artículo 4

49.De conformidad con la Constitución de Ucrania, los derechos humanos y libertades civiles constitucionales de los ciudadanos no se restringirán, salvo en los casos previstos en la propia Constitución. En situación de ley marcial o estado de emergencia, pueden establecerse restricciones específicas de derechos y libertades, pero debe definirse el plazo de vigencia de esas restricciones.

50.No podrán restringirse los derechos y libertades siguientes: el derecho a la vida (art. 27 de la Constitución y art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), el derecho al respeto de la dignidad (art. 28 de la Constitución y art. 7 del Pacto), el derecho a la libertad y a la inviolabilidad personal y la prohibición de la tortura (art. 29 de la Constitución y arts. 7 y 8, párrs. 1 y 2, del Pacto), el principio de no retroactividad del derecho penal (art. 58 de la Constitución y art. 15 del Pacto), el derecho a la nacionalidad (art. 25 de la Constitución y art. 16 del Pacto), ni otros derechos y libertades previstos en los artículos 24, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62 y 63 de la Constitución.

51.De conformidad con la Ley núm. 1550 del Régimen Jurídico en las Emergencias, de 16 de marzo de 2000, el estado de emergencia se impone únicamente en el contexto de una amenaza real para la seguridad de los ciudadanos o el orden constitucional a la que no se puede poner fin por otros medios. La Ley establece una lista clara de las medidas que pueden adoptarse cuando este se encuentre en vigor. En 2012 se amplió la lista de medidas para introducir la expropiación forzosa o la confiscación de bienes de personas naturales o jurídicas. Un régimen de emergencia puede imponerse por un período máximo de 30 días y, en algunas regiones, de 60 días. Durante el período de que se informa no se declaró ningún estado de emergencia. Esta Ley prevé un procedimiento para notificar a los Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de toda restricción de los derechos humanos y libertades que suspenda las obligaciones contraídas en virtud de dicho Pacto.

52.El 20 de febrero de 2014, la Federación de Rusia puso en marcha una operación ilegal que dio lugar a la ocupación de Crimea y Sebastopol. Sin embargo, el 27 de marzo de 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 68/262 sobre la integridad territorial de Ucrania, confirmó la soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente.

53.En el segundo trimestre de 2014, la Federación de Rusia inició una agresión militar contra Ucrania en la parte oriental del país. Militares rusos y terroristas dirigidos por rusos ocuparon algunas partes de las regiones de Donetsk y Lugansk. En consecuencia, Ucrania perdió el control pleno y efectivo sobre algunas partes de esta región.

54.Habida cuenta de la agresión armada rusa contra Ucrania, en marcha desde abril de 2014, unidades del Servicio de Seguridad de Ucrania, el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas de Ucrania han venido llevando a cabo una operación de lucha contra el terrorismo, que es un ejercicio del derecho inalienable de Ucrania a la legítima defensa individual contra la agresión, de conformidad con el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

55.El 12 de agosto de 2014, el Parlamento modificó las disposiciones de la Ley de Lucha contra el Terrorismo relativas a la detención preventiva por un período superior a 72 horas de las personas involucradas en actividades terroristas en la zona de la operación de lucha contra el terrorismo; y del Código de Procedimiento Penal relativas a un régimen especial de instrucción penal durante situaciones de emergencia o de carácter militar en la zona de la operación contra el terrorismo. Asimismo, se aprobó la Ley núm. 1632 de Administración de Justicia y Sustanciación de las Actuaciones Penales en relación con la Operación de Lucha contra el Terrorismo. La Ley sustituye la competencia territorial de los tribunales de la zona donde se lleva a cabo la operación de lucha contra el terrorismo por la de tribunales fuera de dicha zona. Esta Ley se aprobó habida cuenta de la imposibilidad de administrar justicia y sustanciar actuaciones penales debido a los daños causados a los locales en que se ubicaban los órganos administrativos y la existencia de una amenaza real para la vida de los ciudadanos, las fuerzas del orden y los funcionarios judiciales.

56.La Ley núm. 141 de las Administraciones Civiles y Militares, de 3 de febrero de 2015, confirió facultades a las administraciones militares y civiles para restringir, por un período de tiempo determinado, la circulación por las calles y otros lugares públicos de las personas carentes de determinados documentos; prohibir o restringir la circulación de los vehículos y los peatones; y permitir la verificación de los documentos de identidad de las personas y, de ser necesario, de sus pertenencias, vehículos, equipajes, vivienda, etc.

57.Habida cuenta de la entrada en vigor de estas leyes, el 21 de mayo de 2015 el Parlamento aprobó una resolución titulada Suspensión de Determinadas Obligaciones Dimanantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. De conformidad con el artículo 4 del Pacto, el 5 de junio de 2015 Ucrania informó al Secretario General de las Naciones Unidas acerca de esta resolución, observando que la Federación de Rusia, que efectivamente ocupa algunas regiones de Ucrania, es plenamente responsable del respeto de los derechos humanos y de la aplicación de los tratados pertinentes en el territorio anexado y temporalmente ocupado de la República Autónoma de Crimea, la ciudad de Sebastopol y las regiones de Lugansk y Donetsk. Ucrania estableció que el período de la suspensión se extendía hasta que terminara la agresión armada rusa y se restableciera el orden constitucional. Los días 24 de noviembre de 2015, 6 de julio de 2016 y 20 de enero de 2017, Ucrania informó al Secretario General de las Naciones Unidas acerca de la situación de la seguridad en las regiones de Donetsk y Lugansk y del alcance y la aplicación territorial de la suspensión de las obligaciones de Ucrania dimanantes del Pacto.

58.Ucrania suspendió las obligaciones contraídas en virtud del artículo 2, párrafo 3 (derecho a un recurso efectivo), el artículo 9 (derecho a la libertad y a la seguridad personales), el artículo 12 (derecho a la libertad de circulación y a la libre elección del lugar de residencia), el artículo 14 (derecho a un juicio imparcial) y el artículo 17 (derecho a la protección contra la injerencia arbitraria o ilegal en la vida privada y familiar) del Pacto.

59.El Gobierno ha establecido una comisión de coordinación para examinar periódicamente las suspensiones de las obligaciones individuales. Sus facultades incluyen el examen de la necesidad de la aplicación territorial y la proporcionalidad de la suspensión de las obligaciones y la formulación de propuestas al Gobierno sobre la continuidad y el alcance de la suspensión.

60.A fin de aplicar las disposiciones de la Ley núm. 2268, de 18 de enero de 2018, de Peculiaridades de la Política Estatal sobre la Garantía de la Soberanía Estatal de Ucrania en los Territorios Temporalmente Ocupados en las Regiones de Donetsk y Lugansk, el 30 de abril de 2018 el Presidente de Ucrania puso en vigor una decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania destinada a poner en marcha la operación de las fuerzas unidas con miras a proporcionar seguridad y defensa nacional y repeler y disuadir la agresión rusa en las regiones de Donetsk y Lugansk.

61.Ucrania sigue cumpliendo sus obligaciones positivas de garantizar la plena protección de los derechos humanos de las personas que residen en territorios no controlados. Estas obligaciones incluyen medidas jurídicas y diplomáticas relativas a la reintegración y el proceso de consolidación de la paz.

Artículo 5

62.Ucrania es un Estado de derecho en el que la persona, así como su vida y salud, honor y dignidad, inviolabilidad y seguridad, constituyen el más alto valor social. Los derechos humanos y las libertades de la persona, así como las garantías de estos, determinarán la esencia y el curso de las actividades del Estado. Los derechos humanos y los derechos y libertades de los ciudadanos consagrados en la Constitución no son exhaustivos.

63.De conformidad con el principio establecido en la Constitución de Ucrania, el contenido y el alcance de los derechos y libertades existentes no podrán reducirse cuando se aprueben nuevas leyes o se modifiquen las leyes vigentes. En Ucrania se reconoce y se observa el principio del cumplimiento obligatorio de las obligaciones internacionales.

Artículo 6 (teniendo en cuenta las recomendaciones 10 y 13 a 15 formuladas en CCPR/C/UKR/CO/7; y el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)

64.Toda persona tiene el derecho inalienable a la vida, consagrado en la Constitución y en las obligaciones internacionales de Ucrania. De conformidad con el artículo 27 de la Constitución de Ucrania, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

65.El Código Penal no contempla la pena de muerte. La prisión perpetua como pena máxima puede aplicarse a las personas que cometen delitos particularmente graves.

66.El Protocolo núm. 13 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales se ha ratificado. De conformidad con este Protocolo, será abolida la pena de muerte. Nadie será condenado a dicha pena ni será ejecutado.

67.Ucrania se ha adherido al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto, destinado a abolir la pena de muerte.

68.Ucrania es un Estado parte en el Convenio Europeo de Extradición. Con arreglo al artículo 11 de este Convenio, se puede denegar la extradición a menos que la parte requirente dé seguridades consideradas suficientes por la parte requerida de que la pena capital no será ejecutada.

Artículo 7 (teniendo en cuenta la recomendación 10 formulada en CCPR/C/UKR/CO/7 y las recomendaciones 10 y 15, formuladas en ССPR/C/121/4)

69.De conformidad con la Constitución de Ucrania, nadie podrá ser objeto de torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

70.El Código de Procedimiento Penal establece explícitamente la inadmisibilidad de que un tribunal acepte cualquier prueba obtenida como resultado de violaciones graves de las libertades y los derechos humanos, en particular como resultado de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

71.Los funcionarios públicos que hayan cometido actos de tortura son culpables de delitos tipificados en el Código Penal en los artículos 127 (tortura), y 365 (extralimitación de funciones o facultades oficiales por agentes del orden). A fin de poner la definición de tortura (art. 127) en consonancia con las normas internacionales, se elaboró el proyecto de ley de modificaciones de determinados instrumentos legislativos relativos a la armonización de la legislación penal con las disposiciones del derecho internacional.

72.La Oficina Estatal de Investigaciones está encargada de la investigación de los delitos cometidos por altos funcionarios públicos, jueces, fiscales y agentes del orden. Esta autoridad investigará las denuncias de tortura y malos tratos cometidos por agentes de policía y de otras fuerzas del orden. Se ha seleccionado el personal directivo superior de la Oficina, y se está tramitando la contratación de personal para la oficina central y sus dependencias territoriales. El proyecto de ley núm. 6430, de 10 de mayo de 2017, tiene por objeto mejorar las normas jurídicas que rigen su actividad.

73.La Ley núm. 2337 del Estatuto Disciplinario de la Policía Nacional de Ucrania, de 15 de marzo de 2018, prevé que los agentes de policía serán suspendidos de sus funciones si están siendo objeto de investigaciones oficiales.

74.El proyecto de ley de modificaciones de determinados instrumentos legislativos de Ucrania sobre la realización de investigaciones para aplicar las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos prevé modificaciones del artículo 49 del Código Penal, en virtud de las cuales el plazo de prescripción no se aplicará a delitos en que haya indicios de tortura con arreglo a lo establecido en el artículo 127 del Código Penal que hayan sido determinados por una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

75.El proyecto de ley núm. 7023, de 10 de agosto de 2017, tiene por objeto modificar la Ley de la Policía Nacional para ajustar sus disposiciones a las normas internacionales de derechos humanos. El proyecto de ley permitiría agrupar las disposiciones de dicha Ley de modo que en todos los casos de daños corporales, lesiones y muertes que se produzcan como resultado de medidas coercitivas utilizadas por agentes de policía se avise de inmediato al personal médico y se notifique por escrito al jefe y al fiscal.

76.Se han elaborado proyectos de ley sobre los siguientes temas: ratificación del Convenio Europeo sobre Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos; indemnización por daños y perjuicios a las víctimas de delitos violentos; y modificaciones del Código Presupuestario. Se prevé el establecimiento de un fondo estatal de indemnización por daños y perjuicios causados a las víctimas de delitos violentos.

77.De conformidad con la Orden núm. 747 relativa a la Policía Nacional, de 21 de julio de 2017, los agentes de policía tienen prohibido mantener en sus instalaciones de servicio instrumentos que pudieran utilizarse para causar daños físicos a las personas detenidas, entregadas y mantenidas en custodia policial.

78.A raíz de las visitas a Ucrania del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 2016, se elaboró una hoja de ruta para aplicar sus recomendaciones. La hoja de ruta contiene medidas destinadas a mejorar los mecanismos para investigar los actos de tortura; establecer registros interministeriales de los detenidos; mejorar la asistencia médica en los centros penitenciarios; y mejorar el régimen y las condiciones materiales en los centros del sistema penitenciario, así como los mecanismos de denuncia.

79.La Fiscalía General estableció el formulario núm. 1, titulado Informe Unificado sobre Delitos Penales, para la presentación mensual de informes administrativos. En el Informe se presenta información sobre el número de delitos registrados y los resultados de la instrucción penal correspondiente, en particular en lo que respecta al artículo 127 (tortura) del Código Penal.

80.Sobre la base de las denuncias de los ciudadanos sobre tortura y otros tratos crueles cometidos por agentes del orden, en 2014 se iniciaron 1.530 actuaciones penales, que dieron lugar a 37 autos de procesamiento remitidos a los tribunales en relación con 60 agentes; en 2015, 1.391 actuaciones judiciales dieron lugar a 28 autos de procesamiento remitidos a los tribunales en relación con 43 agentes; en 2016, 1.350 actuaciones judiciales dieron lugar a 47 autos de procesamiento remitidos a los tribunales en relación con 95 agentes; y en 2017, 1.230 actuaciones judiciales dieron lugar a 44 autos de procesamiento remitidos a los tribunales en relación con 75 agentes; en cuanto al primer trimestre de 2018, 195 actuaciones judiciales dieron lugar a 14 autos de procesamiento remitidos a los tribunales en relación con 27 agentes (a 16 agentes de policía se les exigió rendición de cuentas administrativa, y 3 de ellos fueron destituidos).

81.Por lo que se refiere a actuaciones penales relacionadas con el artículo 127 (tortura) del Código Penal, en 2017 se registraron 60 y en el primer semestre de 2018 se registró 1. Incluidas las actuaciones judiciales de años anteriores, se han remitido a los tribunales 35 autos de procesamiento.

82.La Policía Nacional está aplicando medidas preventivas para evitar que la policía cometa actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En 2017 se realizaron 5.000 inspecciones en comisarías de policía, a raíz de las cuales se exigió rendición de cuentas disciplinarias a 965 agentes y se destituyó a 180 de ellos.

83.El Gobierno introdujo el subsistema informático “Registros de detención policial”, en que se registran todos los detenidos que ingresan en centros de detención. El sistema registra la fecha y las circunstancias de la detención, todos los trámites de procedimiento, la asistencia médica y la prestación de asistencia jurídica gratuita. En la actualidad, este sistema informático se está probando en 135 de los 150 centros de detención de Ucrania. Además, todas las dependencias de esos centros están equipadas con cámaras de vigilancia. En 4 de los centros de detención se introdujeron puestos individuales de inspectores de derechos humanos.

84.Gracias al establecimiento de la institución estatal Centro de Atención de la Salud del Servicio Estatal de Ejecución de las Penas los reclusos pueden recibir tratamiento sin injerencia alguna de la administración penitenciaria. Los reclusos tienen derecho a elegir libremente un médico. Las unidades sanitarias de las prisiones y los centros de prisión preventiva tienen las cantidades necesarias de medicamentos y otros suministros médicos.

85.Desde 2017 se han instalado en total 379 cámaras de vigilancia en las cárceles y se están utilizando además 361 grabadoras de vídeo portátiles.

86.Gracias al funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita durante las 24 horas del día, así como a la ausencia de toda injerencia de los organismos del orden en el nombramiento de los abogados de los detenidos, se facilita la prevención y detección de los casos de tortura y malos tratos y la rendición de cuentas de los responsables. El abogado debe poder reunirse a la mayor brevedad con el detenido (dentro de un plazo de una hora o, en casos excepcionales, seis horas, a partir del momento en que se hace la solicitud).

87.Mediante la Orden núm. 4125/5 del Ministerio de Justicia, de 21 de diciembre de 2017, se aprobaron las Normas de Calidad para la Prestación de Asistencia Jurídica Secundaria Gratuita en Procesos Civiles, Administrativos y Penales. El abogado debe adoptar de inmediato medidas para garantizar que se preste asistencia médica al cliente, se registren las lesiones físicas sufridas y se inicie el análisis forense cuando se sospeche que se ha ejercido la violencia contra un cliente. Si se confirman hechos pertinentes, el abogado debe preparar un acta, notificar tales hechos en un formulario de procedimiento en formato impreso y solicitar por escrito la intervención de un juez de instrucción de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Penal. El incumplimiento de esos requisitos por el abogado da lugar a la exigencia de responsabilidades civiles.

88.Desde 2014, un grupo de investigación de carácter permanente ha estado trabajando en diligencias de instrucción en el contexto de actuaciones penales relativas a la Policía Nacional, que tienen por objeto investigar y revelar casos de tortura y delitos relacionados con tratos crueles e inhumanos en el marco de la actividad de resistencia y disuasión de la agresión militar rusa en las regiones de Donetsk y Lugansk.

Artículo 8 (teniendo en cuenta la recomendación 16 formulada en CCPR/C/UKR/CO/7)

89.El trabajo forzoso está prohibido en la Constitución de Ucrania.

90.El Programa Social Estatal de Lucha contra la Trata de Personas para el período que concluye en 2020, aprobado en 2016, prevé un amplio conjunto de medidas para prevenir la trata de personas, proteger los derechos de las víctimas y prestar asistencia a las personas afectadas.

91.La asistencia material a los supervivientes de la trata de personas ha aumentado a tres mínimos de subsistencia.

92.Se han aprobado en la primera lectura los siguientes proyectos de ley:

Modificaciones de determinados instrumentos legislativos relativos al fortalecimiento de la lucha contra la trata de personas y la protección de las víctimas (núm. 6125 de 23 de abril de 2017), que tiene por objeto mejorar el procedimiento de determinación de la condición de una persona que ha sido víctima de trata y ampliar la red de instituciones que les prestan asistencia.

Modificación del artículo 149 del Código Penal de Ucrania para ajustarlo a las normas internacionales (núm. 6243 de 27 de marzo de 2017), que tiene por objeto mejorar el mecanismo de lucha contra la trata de personas.

93.Los proyectos de ley núm. 6275, de 31 de marzo de 2017, y núm. 6275-d, de 24 de enero de 2018, contemplan modificaciones de determinados instrumentos legislativos con miras a prevenir la trata de personas, eliminar las condiciones que propician la trata de personas y exigir responsabilidades penales a las personas cuya prestación de servicios a las personas que buscan empleo en el extranjero no cumple los requisitos legales.

94.El proyecto de ley de modificaciones de determinados instrumentos legislativos en relación con la armonización de la legislación penal con las disposiciones del derecho internacional prevé aumentar las penas impuestas a los responsables de cometer el delito de trata de personas o el de esclavitud.

95.Se han venido realizando cada año campañas de información de gran escala para prevenir la trata de personas y aumentar la conciencia pública acerca de este fenómeno. Estas campañas han dado lugar a un aumento de las solicitudes de determinación de la condición de superviviente de la trata de personas.

96.Entre 2012 y 2018, 542 personas (536 ucranianas y 6 extranjeras) fueron reconocidas oficialmente como víctimas de la trata de personas. De ellas, 221 eran mujeres, 267, hombres y 54, niños. De estas personas, 300 habían sufrido explotación laboral, 131, explotación sexual, y 8, explotación combinada; 10 niños habían sido vendidos; 1 persona había sido objeto de maternidad subrogada; y 32 personas habían quedado atrapadas en las redes de la trata. Los países de destino más comunes de la trata de personas eran la Federación de Rusia, Polonia, Turquía, la República Checa, Italia, España y Belarús.

97.En 2017 se detectaron en total 146 delitos de trata de personas, un 140 % más que en 2016 (60 delitos). En 2015, los tribunales examinaron 30 causas penales por delitos previstos en el artículo 149 del Código Penal (trata de seres humanos y otros traslados ilícitos de seres humanos); en 2016 se registraron 33 causas penales por delitos previstos en este artículo y en 2017, 36. Desde 2015, los tribunales han impuesto 80 condenas en virtud de dicho artículo. En 2018, se han iniciado 163 actuaciones penales por delitos previstos en el artículo 149 del Código Penal. En 53 de los casos se notificó a las personas afectadas de la existencia de indicios de delito y en 7 casos se impusieron condenas.

98.Se llevaron a cabo varias actividades de capacitación para agentes del orden agrupadas bajo el título Lucha contra la trata de personas: capacitación interactiva para agentes del orden de ucrania. Los centros de asistencia jurídica secundaria gratuita llevan a cabo campañas de concienciación e información destinadas a prevenir la trata de personas y evitar la migración laboral ilegal hacia el extranjero.

Artículo 9 (teniendo en cuenta las recomendaciones 10, 15 y 20 formuladas en CCPR/C/UKR/CO/7)

99.De conformidad con la Constitución de Ucrania, nadie podrá ser detenido o encarcelado salvo en virtud de una decisión judicial fundamentada. En los casos de necesidad perentoria de prevenir o reprimir la comisión de un delito, los órganos facultados por la ley podrán aplicar la detención preventiva como medida cautelar provisional cuya fundamentación deberá ser ratificada por un juez dentro de las 72 horas siguientes. A toda persona detenida o recluida se le informará sin demora de sus derechos y de las razones de su detención o reclusión, y se le deberá dar la oportunidad de defenderse personalmente o de recibir la asistencia jurídica de un abogado. Toda persona detenida tiene derecho a impugnar su detención ante un tribunal en cualquier momento.

100.De conformidad con el Código de Procedimiento Penal se garantiza a todos el derecho a impugnar las decisiones, actos o inacción procesales de un tribunal, un juez de instrucción, un fiscal o un investigador.

101.El Código Penal prevé la responsabilidad penal de quien proceda a la captura, detención o mantenimiento en arresto o detención de una persona a sabiendas de su carácter ilícito, así como la de un juez que intencionalmente proceda con parcialidad a dictar una sentencia o una orden, adoptar una decisión o imponer una condena.

102.La Ley del Procedimiento de Indemnización por Daños y Perjuicios Causados a los Ciudadanos por Actuaciones Ilícitas de los Órganos de Investigación o Instrucción Penal, la Fiscalía o los Tribunales estableció un procedimiento de indemnización por daños y perjuicios. De conformidad con el Código de Procedimiento Civil, dichos daños y prejuicios deben ser indemnizados en su totalidad por el Estado, independientemente de la culpabilidad de los funcionarios públicos.

103.El nuevo Código de Procedimiento Penal, aprobado en 2012, actualizó las normas de procedimiento para las detenciones, las investigaciones y el proceso penal. El Código amplió el control judicial en la fase de instrucción, restringió el uso de la prisión preventiva, amplió la lista de medidas preventivas alternativas (libertad bajo fianza, detención y arresto domiciliarios), redujo la duración de las actuaciones judiciales e introdujo un proceso penal específico en relación con los menores infractores.

104.Ucrania cuenta con 27 centros regionales de asistencia jurídica gratuita que prestan asistencia en las causas penales. Además, 528 centros y oficinas locales proporcionan asistencia jurídica secundaria en las causas civiles y administrativas.

Artículo 10 (teniendo en cuenta las recomendaciones 10, 15 y 20 formuladas en CCPR/C/UKR/CO/7)

105.A fin de ajustar a la normativa internacional las normas relativas a los derechos de los reclusos, entre 2014 y 2016 se introdujeron importantes modificaciones en el Código de Ejecución de Penas. En particular, se concedió a los reclusos el derecho a mantener correspondencia y comunicarse por teléfono con más frecuencia con las personas que viven fuera de las cárceles; a utilizar Internet; y a comprar alimentos, ropa y otros artículos personales mediante el pago sin efectivo y sin restricción alguna. Además, se ampliaron los derechos de visita. Los reclusos pueden participar en actividades laborales, que varían en función de su sexo, edad, estado de salud y capacidad de trabajo.

106.De conformidad con la Ley núm. 3674 de Costas Judiciales, de 8 de julio de 2011, los reclusos están exentos del pago de costas judiciales durante las actuaciones judiciales.

107.La Ley de Prisión Preventiva y el Código de Ejecución de Penas prohíben el uso de la coacción física, dispositivos especiales y armas de fuego contra las personas con discapacidad. Está prohibido confinar a personas con discapacidad severa (discapacidad del primer grupo) en celdas de aislamiento disciplinario, régimen de aislamiento o alojamiento de tipo celda. Los reclusos condenados deberán estar separados de los presos preventivos.

108.Los presos preventivos menores de edad son mantenidos en celdas diseñadas especialmente para la reclusión de esas personas. Los reclusos menores deben poder realizar paseos diarios y actividades sociales y educativas separados de los reclusos adultos. Los presos mayores de 22 años no deben ser recluidos en reformatorios.

109.En 2016, Ucrania modificó las normas sobre la aplicación de medios físicos de contención o el aislamiento a las personas con discapacidades mentales. Los medios físicos de contención no deben aplicarse durante un período superior a cuatro horas, y el tiempo de aislamiento no debe superar las ocho. Cada dos horas, un médico evaluará los cambios en el estado físico y psicológico del paciente. Las medidas físicas de contención solo pueden prorrogarse por decisión de una comisión psiquiátrica.

110.El proyecto de ley núm. 7337 del sistema penitenciario, de 24 de noviembre de 2017, define la resocialización y la reintegración de los reclusos en la sociedad como objetivos fundamentales del sistema penitenciario. El proyecto de ley prevé la posibilidad de conmutar la pena de prisión perpetua por una pena de privación de libertad por un período de 15 años. También se prevé en el proyecto el acceso de representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de la sociedad civil a las cárceles y los centros de prisión preventiva, con oportunidades de utilizar dispositivos de fotografía y vídeo para documentar las pruebas de malos tratos o condiciones de detención inadecuadas.

111.Se está redactado otro proyecto ley para modificar el Código de Ejecución de Penas. De ese modo, se autorizaría a los reclusos a realizar llamadas telefónicas a las autoridades estatales de forma gratuita y confidencial.

112.Actualmente están funcionando en Ucrania, en total, 150 centros de detención policial (en 2015 había 380). Se clausuraron los centros de detención que no cumplían las normas mínimas en materia de detención. Los centros de detención están ubicados en las comisarías de policía o en locales separados de estas, y están equipados con un sistema centralizado de suministro de agua y calefacción central. Las celdas tienen acceso a luz natural, están equipadas con espacios individuales acondicionados para dormir y disponen de inodoro con agua corriente. A los detenidos se les proporcionan ropa de cama y tres comidas calientes al día, y se les permite ducharse y caminar al aire libre. Los centros cuentan además con salas para visitas y actividades de investigación.

113.Antes de que los detenidos sean recluidos en centros de detención son objeto de reconocimientos médicos obligatorios realizados por profesionales de la salud del sistema general de atención de la salud con el fin de detectar lesiones o enfermedades. De ser necesario, los detenidos son hospitalizados y reciben tratamiento.

114.Las fiscalías realizan investigaciones sobre las muertes de personas ocurridas durante su permanencia en centros de detención.

115.Ucrania ha desmilitarizado su servicio penitenciario. Dado que la población carcelaria total ha disminuido considerablemente, se ha previsto desocupar 15 prisiones y mejorar las condiciones de detención en otras 133. Está previsto construir centros de prisión preventiva en Kiev, Jmelnitski y Odesa financiados por alianzas público-privadas.

116.Se tiene previsto delegar en el personal penitenciario las facultades de las unidades paramilitares del Servicio Estatal de Ejecución de las Penas para llevar a cabo en las cárceles los registros de los espacios de alojamiento, las zonas de producción y las pertenencias personales de los presos, así como para garantizar el orden público en las prisiones.

117.El Ministerio de Justicia, en colaboración con expertos del Consejo de Europa, ha desarrollado las primeras normas piloto para la gestión de los centros penitenciarios sobre un modelo de inspecciones internas de las prisiones que se ajusta a las normas internacionales en materia de protección del derecho a la vida, las condiciones de detención de las instituciones penitenciarias y el trato de las personas que se encuentran en ellas.

118.En 2012 se estableció un mecanismo nacional de prevención eficaz utilizando el modelo “Defensor del Pueblo +”. La Oficina del Defensor del Pueblo proporciona apoyo técnico y organizativo a observadores independientes. El mecanismo nacional de prevención lleva a cabo visitas de vigilancia programadas y no programadas a los centros de privación de libertad. Las visitas programadas se realizan con arreglo a un plan anual, mientras que las no programadas se realizan para verificar información concreta sobre posibles violaciones de los derechos humanos, en particular denuncias de tortura y malos tratos. El mecanismo analiza el respeto de los derechos humanos en los lugares de privación de libertad y presenta sus informes al Defensor del Pueblo para que los examine.

119.Se ha elaborado un proyecto de ley para modificar el artículo 191 de la Ley del Comisionado Parlamentario de Derechos Humanos, que contempla la aplicación obligatoria de todas las recomendaciones del Defensor del Pueblo, la introducción de exigencia de responsabilidades disciplinarias y administrativas por su falta de aplicación y la posibilidad de que el mecanismo nacional de prevención tome fotografías y realice grabaciones de vídeo durante sus visitas de vigilancia.

120.Entre 2012 y 2018 se realizaron 1.363 visitas de vigilancia con la asistencia del mecanismo nacional de prevención.

Artículo 11

121.Con arreglo a la legislación de Ucrania, el incumplimiento de obligaciones contractuales no podrá ser motivo de detención. De conformidad con el artículo 611 del Código de Procedimiento Civil, en los casos en que se conculquen dichas obligaciones, se aplicarán las consecuencias jurídicas determinadas por el contrato o la ley, concretamente, la terminación de los compromisos resultantes del incumplimiento unilateral de las obligaciones, si así lo establece el contrato o la ley, o la anulación del acuerdo; la modificación de las condiciones de la obligación; el pago de una multa; o la indemnización por las pérdidas y daños morales ocasionados.

Artículo 12

122.Según la Constitución de Ucrania, toda persona que se encuentre legalmente en territorio de Ucrania tiene garantizada la libertad de circulación, la libre elección de su lugar de residencia y el derecho de salir libremente del país, salvo por las limitaciones establecidas en la ley. En ningún momento se podrá privar a los ciudadanos ucranios de su derecho a regresar al país.

123.De conformidad con la Ley núm. 1207 de Garantía de los Derechos y las Libertades y del Régimen Jurídico Aplicable en el Territorio de Ucrania Temporalmente Ocupado, de 15de abril de 2014, los ciudadanos de Ucrania tienen derecho a entrar y salir del territorio temporalmente ocupado presentando en los puntos de control de entrada y salida los documentos que establezcan la identidad de la persona y confirmen la ciudadanía ucraniana. Los extranjeros y los apátridas están autorizados a entrar y salir del territorio temporalmente ocupado presentando en los puestos de control de entrada y salida un permiso especial.

124.El artículo 3321 del Código Penal establece la responsabilidad penal por infringir el procedimiento relativo a la entrada y salida del territorio de Ucrania temporalmente ocupado, con la intención de infligir daños a los intereses del Estado.

125.El artículo 2042 del Código de Infracciones Administrativas establece la responsabilidad administrativa por infringir el procedimiento relativo a la entrada y salida del territorio temporalmente ocupado. Esas infracciones incluyen, en particular, las visitas a esos territorios que no se lleven a cabo atravesando los puestos de control operacionales situados en la parte continental de Ucrania, sin presentar los documentos correspondientes o con información falsa sobre una persona, o sin el permiso de las autoridades competentes. El artículo 2044 del Código de Infracciones Administrativas establece la responsabilidad administrativa por infringir el procedimiento de entrada y salida de la zona de operaciones de lucha contra el terrorismo.

126.La Ley núm. 2268 de Aspectos Concretos de la Política Pública Encaminada a Salvaguardar la Soberanía de Ucrania en los Territorios Temporalmente Ocupados de las Regiones de Donetsk y Lugansk de Ucrania, de 18 de enero de 2018, establece que, en caso de amenaza real para la vida y la salud de las personas, puede restringirse la entrada al territorio temporalmente ocupado en las regiones de Donetsk y Lugansk.

Artículo 13 (teniendo en cuenta las recomendaciones 18 a 20 formuladas en CCPR/C/UKR/CO/7)

127.En virtud de la Ley núm. 3671 de Refugiados y Personas que Necesitan Protección Complementaria o Temporal, de 8 de julio de 2011, las personas reconocidas como refugiados o como personas que necesitan protección complementaria tienen los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos de Ucrania, salvo en los casos previstos en la ley. Esas personas no son responsables por atravesar ilegalmente la frontera estatal de Ucrania si se diligencia sin demora una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado o de persona que necesita protección complementaria. Dicha solicitud se deniega en caso de falta evidente de fundamento o si se producen abusos (por ejemplo, en los casos en que se asume la identidad de otra persona). La decisión puede recurrirse ante un tribunal en un plazo de cinco días hábiles. En tales casos, el jefe del órgano estatal competente puede prorrogar el plazo para la adopción de la decisión hasta un máximo de tres meses. Si un extranjero o apátrida reside ilegalmente en Ucrania o infringe la legislación, pueden adoptarse en su contra medidas administrativas y legales, como el regreso voluntario o forzado, la expulsión forzada o el traslado de la persona que va a ser devuelta.

128.La Ley de la Condición Jurídica de los Extranjeros y Apátridas prohíbe la expulsión colectiva forzosa de extranjeros y apátridas. Además, esas personas no pueden ser devueltas por la fuerza o expulsadas o trasladadas a países donde pudieran ser objeto de discriminación, pena de muerte, trato inhumano u otros peligros.

129.El Código de Procedimiento Penal prohíbe la extradición de toda persona a la que se haya concedido protección temporal o el estatuto de refugiado o de persona que necesita protección complementaria, o que haya presentado una solicitud de reconocimiento de una de esas condiciones o haya ejercido el derecho de recurrir la decisión de denegarle dicho reconocimiento. El procedimiento de extradición o expulsión queda suspendido para las personas que estén tramitando la solicitud de concesión del estatuto de refugiado o persona que necesita protección complementaria.

130.La Ley núm. 1379, de 19 de mayo de 2016, modificó el Código de Procedimiento Judicial Administrativo para la introducción de alternativas a la detención de extranjeros y apátridas. De conformidad con este Código, el tribunal administrativo puede: decidir aceptar la libertad bajo fianza de la persona; obligar a un extranjero o apátrida a pagar fianza para obtener la libertad; o detener a la persona en un centro de detención de extranjeros y apátridas en situación irregular.

131.Las personas que entren en el ámbito de aplicación de la Ley de Refugiados y Personas que Necesitan Protección Complementaria o Temporal tienen derecho a asistencia jurídica secundaria gratuita (protección; representación de sus intereses ante los tribunales, otros órganos estatales, los órganos de autogobierno local u otras personas; redacción de documentos procesales). Los centros que proporcionan asistencia jurídica secundaria gratuita recurren a intérpretes (o intérpretes de lengua de señas) para atender a las personas que no hablen el idioma del Estado y/o sean sordas y/o mudas. Desde que comenzó a funcionar el sistema de prestación de asistencia jurídica gratuita, los centros locales han recibido 719 solicitudes escritas de esas personas.

Artículo 14 (teniendo en cuenta las recomendaciones 15 y 17 formuladas en CCPR/C/UKR/CO/7, y 17 formuladaen ССPR/C/121/4)

132.La Constitución de Ucrania y la Ley núm. 1402 del Poder Judicial y el Estatuto de los Jueces, de 2 de junio de 2016, disponen que un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley garantizará a toda persona el derecho a la protección de sus derechos, libertades e intereses legítimos.

133.De conformidad con la Constitución y el Código Penal de Ucrania, se considera que una persona es inocente de un delito y no puede ser sancionada penalmente hasta que su culpabilidad haya sido demostrada legalmente y establecida en una sentencia judicial.

134.El Código de Procedimiento Penal establece que las actuaciones penales tienen por objeto asegurar la investigación y el procesamiento rápidos, exhaustivos e imparciales, de modo que toda persona que haya cometido un delito sea enjuiciada y sancionada con penas que guarden proporción con su culpabilidad, que ningún inocente sea acusado ni condenado ni sea objeto de actuaciones procesales infundadas; y que a cada una de las partes en las actuaciones penales se le aplique un procedimiento jurídico adecuado.

135.El Código de Procedimiento Penal establece los principios generales de las actuaciones penales, en particular, el estado de derecho, la legitimidad, la igualdad ante la ley y los tribunales, la publicidad y apertura de las actuaciones judiciales y su registro pleno mediante medios técnicos, la presunción de inocencia y la prueba incontestable de culpabilidad.

136.En los tribunales de todas las instancias, las actuaciones penales se llevan a cabo públicamente. El tribunal podrá adoptar la decisión de llevar a cabo actuaciones penales en una audiencia a puerta cerrada si el acusado es menor de edad; si la causa se refiere a un delito contra la libertad sexual o la seguridad de una persona; para evitar la revelación de información confidencial protegida por el Estado o información relativa a la vida privada y familiar de personas; o para garantizar la seguridad de las partes en las actuaciones penales.

137.De conformidad con el Código de Procedimiento Penal, los acusados y los sospechosos tienen derecho a utilizar su lengua materna, obtener copias de los documentos procesales en su lengua materna, obtener asistencia jurídica costeada por el Estado, exigir que se verifique la validez de la detención, y guardar silencio para evitar la autoinculpación. Durante el proceso, todo acusado o sospechoso tiene derecho a participar en el interrogatorio de los testigos de cargo o a solicitar que se los interrogue, así como a solicitar que se haga comparecer a los testigos de descargo y se los interrogue en las mismas condiciones que a los testigos de cargo.

138.El Código de Procedimiento Penal establece que se garantizará a toda persona el derecho a impugnar las decisiones, acciones u omisiones de procedimiento de un tribunal, un investigador o un fiscal.

139.Los acusados o sospechosos tienen derecho a exigir una indemnización por los daños causados por un organismo encargado de las actividades operativas y de investigación o de la instrucción, una fiscalía o un tribunal, en sus decisiones, acciones u omisiones que, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley, sean ilegales; y a que se restablezca su reputación si no se confirma la sospecha o la acusación.

140.El Código de Procedimiento Penal dispone que nadie puede ser enjuiciado dos veces por el mismo delito.

141.La Ley núm. 192 de Garantía del Derecho a un Juicio Imparcial, de 12 de febrero de 2015, introdujo un mecanismo para evaluar los conocimientos profesionales de los jueces y verificar su integridad; definió motivos claros para la exigencia de responsabilidad disciplinaria a los jueces; amplió los tipos de sanciones disciplinarias; fortaleció la independencia de los jueces; mejoró la eficacia de las actuaciones judiciales; garantizó las actividades del Consejo Superior de Justicia; y fortaleció la función del Tribunal Supremo de garantizar la unidad de la práctica judicial.

142.En 2015 se aprobó la Estrategia de Reforma del Poder Judicial y las Instituciones Jurídicas Conexas para 2020. Su objetivo es mejorar el acceso de los ucranianos a la justicia fortaleciendo la independencia y las competencias del poder judicial, combatiendo la corrupción y simplificando la administración de la justicia y los procedimientos judiciales.

143.En el marco de la aplicación de la Estrategia, la Ley núm. 1401, de 2 de junio de 2016, modificó la Constitución de Ucrania. En consecuencia, se aprobaron la Ley núm. 1402 del Poder Judicial y el Estatuto de los Jueces, de 2 de junio de 2016, y la Ley núm. 1798 del Consejo Superior de Justicia, de 21 de diciembre de 2016. Se modificó el procedimiento para la selección y el nombramiento de los jueces, con lo que la facultad del Presidente de Ucrania para su nombramiento pasó a ser de carácter exclusivamente ceremonial; se estableció un procedimiento para que los jueces ocupen su cargo durante un período indefinido; y se estableció un Consejo Superior de Justicia como autoridad pública independiente en materia constitucional, que dictamina sobre el nombramiento de un juez a un cargo y lleva a cabo procedimientos disciplinarios contra los jueces. La Comisión de Venecia evaluó positivamente estas modificaciones.

144.Las modificaciones legislativas aprobadas introdujeron una evaluación de la competencia de los jueces, haciendo especial hincapié en la importancia de verificar sus ingresos y bienes para luchar contra la corrupción. Los nombramientos a los cargos en el nuevo sistema judicial se hacen sobre la base de concursos transparentes y objetivos que lleva a cabo la Alta Comisión de Calificación de los Jueces, organismo independiente establecido de conformidad con las normas del Consejo de Europa en materia de autonomía judicial.

145.En 2017 se estableció un nuevo Tribunal Supremo. La selección de sus miembros, de carácter abierto, consistió en una evaluación obligatoria de su competencia. La sociedad civil participó directamente en el proceso de selección a través del Consejo Público de Integridad, que podía emitir una opinión negativa sobre los candidatos.

146.Más de 1.680 jueces se retiraron voluntariamente de sus cargos después de la introducción de la nueva legislación de lucha contra la corrupción y del procedimiento público de evaluación de la competencia de los jueces.

147.La Ley núm. 2136 del Tribunal Constitucional de Ucrania, de 13 de julio de 2017, define a nivel legislativo las condiciones para ejercer el derecho a interponer un recurso de inconstitucionalidad como medio jurídico nacional adicional de protección jurídica de los derechos humanos, si una persona considera que la sentencia definitiva en una causa que la afecta es inconstitucional.

148.La Ley núm. 1697 del Ministerio Público, de 14 de octubre de 2014, establece garantías contra toda influencia ejercida sobre un fiscal en relación con su adopción de decisiones en el desempeño de sus funciones oficiales; hace inadmisible la injerencia ilegal del ministerio público en el funcionamiento de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales; y prohíbe la expresión pública de dudas en cuanto a la justicia de las decisiones judiciales, al margen de los procedimientos de apelación.

149.Con arreglo a la Ley núm. 1401, de 2 de junio de 2016, las facultades del ministerio público se limitan a ejercer ante los tribunales las labores propias de la fiscalía, proporcionar orientación organizativa y de procedimientos para la instrucción y supervisar las actuaciones de carácter confidencial y otras actuaciones investigativas de las fuerzas del orden.

150.La Ley núm. 746, de 21 de febrero de 2014, modificó el artículo 365 del Código Penal y aumentó las penas impuestas a los agentes del orden por excederse en sus atribuciones oficiales. Toda acción deliberada de un agente del orden que perjudique gravemente los derechos de ciudadanos o entidades jurídicas se castiga con una pena de prisión de hasta cinco años. Las acciones que estén acompañadas de violencia o la utilización de armas o que, en ausencia de indicios de tortura, atenten contra la dignidad personal, se castigan con una pena de tres a ocho años de prisión, y las que causen graves consecuencias, con penas de siete a diez años. El acusado puede ser privado del derecho a ocupar determinados cargos por un período de hasta tres años.

Artículo 15

151.De conformidad con el Código Penal, toda ley sobre la responsabilidad penal entra en vigor diez días después de su promulgación oficial, a menos que se disponga otra cosa en la propia ley, pero no antes de la fecha de su publicación. El carácter delictivo, la culpabilidad y otras consecuencias penales están determinados por la ley de responsabilidad penal que estaba vigente en el momento de la comisión del acto.

152.El Código Penal dispone que la ley de responsabilidad penal que suprime el carácter delictivo de una actividad o reduce las penas impuestas a los responsables de realizarla tiene efecto retroactivo, es decir, se aplica a las personas que hayan realizado las acciones pertinentes antes de la entrada en vigor de la ley, incluidas las que tienen antecedentes penales y han cumplido o siguen cumpliendo penas. Ninguna ley por la que se aumenten las penas impuestas a los responsables de un delito tiene efecto retroactivo. Sí lo tiene, en cambio, una ley por la que se reduzcan dichas penas. Una ley que al mismo tiempo disminuya y aumente parcialmente las penas impuestas a los responsables de cometer un delito será efectivamente retroactiva solo en las partes en que estas disminuyan. Si tal ley se ha modificado varias veces, el efecto retroactivo efectivo es el que suprime el delito, disminuye las penas impuestas a los responsables de cometerlo o de cualquier otra forma mejore la situación de la persona.

Artículo 16

153.De conformidad con el Código Penal, todos los particulares pueden ejercer derechos y asumir obligaciones civiles. Todo particular tiene capacidad jurídica desde el momento de su nacimiento. Los intereses del niño concebido pero aún no nacido también están protegidos. La capacidad para ejercer derechos y asumir obligaciones civiles puede asociarse al momento en que el particular ha llegado a la edad adecuada. La capacidad jurídica de un particular terminará en el momento de su muerte. Todo acuerdo que limite la capacidad del particular para ejercer derechos y asumir obligaciones civiles que no estén prohibidos por la ley será nulo y sin valor.

154.Según el Código Penal, la capacidad civil se adquiere cuando la persona alcanza la mayoría edad, es decir, a los 18 años. Personas menores de esa edad pueden adquirir la capacidad civil plena: por ejemplo, si se registra el matrimonio de una persona natural de menos de esos años, dicha persona adquiere plena capacidad jurídica desde el momento de la inscripción del matrimonio en el registro.

Artículo 17

155.De conformidad con la Constitución de Ucrania, se reconocerá que la persona, así como su vida y salud, honor y dignidad, inviolabilidad y seguridad, tienen el más alto valor social en Ucrania. Se garantizará a todos la inviolabilidad del domicilio. No se permitirá la invasión del domicilio u otros bienes inmuebles de una persona ni la inspección o registro de estos, salvo en virtud de una decisión judicial fundamentada. Además, toda persona tendrá garantizada la privacidad de la correspondencia, de sus conversaciones telefónicas y de sus comunicaciones telegráficas y de otra índole. Solo un tribunal podrá establecer excepciones, en casos previstos en la ley con el fin de prevenir un delito o determinar la verdad en la investigación de un delito penal, si por otros medios resulta imposible obtener información.

156.La Constitución establece que toda persona tiene garantizada la protección judicial del derecho a refutar la información falsa sobre ella y sus familiares y del derecho a exigir que se suprima esa información, así como el derecho a recibir indemnización por los daños materiales y morales causados por la obtención, el almacenamiento, la utilización y la distribución de esa información falsa.

Artículo 18 (teniendo en cuenta la recomendación 19 formulada en CCPR/C/UKR/CO/7)

157.La Constitución de Ucrania dispone que:

Toda persona tiene derecho a la libertad de creencias y de religión. Este derecho incluye la libertad de profesar cualquier religión o no profesar ninguna, practicar libremente cultos religiosos y ceremonias rituales y realizar actividades religiosas. El ejercicio de este derecho podrá verse restringido por ley solo en interés de la protección del orden público, la salud y las buenas costumbres de la población o la protección de los derechos y las libertades de terceros.

La Iglesia y otras organizaciones religiosas de Ucrania están separadas del Estado, y las escuelas están separadas de la Iglesia. El Estado no reconoce ninguna religión como obligatoria.

Nadie está exento de sus obligaciones para con el Estado ni puede negarse a acatar las leyes por motivos religiosos. En caso de que el cumplimiento de la obligación de alistarse en el servicio militar sea contrario a las convicciones religiosas del ciudadano, esta se sustituye por el servicio alternativo (no militar).

158.La Ley núm. 987 de Libertad de Conciencia y Organizaciones Religiosas, de 23 de abril de 1991, no permite ninguna coacción cuando se establezca la actitud de un ciudadano ante la religión, su negativa a profesar una religión o su participación en cultos y ceremonias religiosas. Los padres o tutores, de común acuerdo, tienen derecho a criar a los hijos conforme a sus propias convicciones y su actitud ante la religión. Toda restricción de derechos o concesión de prestaciones a los ciudadanos determinadas por su actitud ante la religión, así como la incitación a la hostilidad conexa, entrañan una responsabilidad con arreglo a la ley.

159.Las disposiciones del artículo 21, párrafo 5, de la Ley de Libertad de Conciencia y Organizaciones Religiosas, relativas a la obtención de autorización previa para celebrar cultos públicos fueron declaradas inconstitucionales por una decisión del Tribunal Constitucional de Ucrania, de 8 de junio de 2016.

160.El proyecto de ley núm. 6646, de 26 de junio de 2017, de modificaciones de la Ley del Servicio Alternativo (No Militar) tiene por objeto determinar el procedimiento para la participación de los ciudadanos en el servicio alternativo, durante la movilización y el reclutamiento de ciudadanos de Ucrania para el servicio militar ordinario en un período especial, y las condiciones del servicio alternativo en los casos pertinentes. Cada vez es mayor el número de personas que prestan el servicio alternativo. En 2017 lo prestaron 436 personas y en 2015, 388.

Artículo 19 (teniendo en cuenta la recomendación 20 formulada en CCPR/C/UKR/CO/7)

161.De conformidad con la Constitución de Ucrania, se garantiza a todas las personas el derecho a la libertad de pensamiento y expresión y a la libre expresión de sus opiniones y creencias. Toda persona tiene derecho a reunir, almacenar, utilizar y difundir información libremente y en cualquier forma. El ejercicio de estos derechos puede restringirse por ley en interés de la seguridad nacional, la integridad territorial o el orden público con el fin de prevenir alteraciones del orden público o la comisión de delitos, para proteger la salud de la población, salvaguardar la reputación o los derechos de terceros, prevenir la divulgación de información obtenida de manera confidencial o reafirmar la autoridad y la imparcialidad en la administración de justicia.

162.La Ley núm. 1227, de 17 de abril de 2014, estableció la Empresa Estatal de Televisión y Radiodifusión Pública de Ucrania. Los principios de sus actividades son los siguientes: el suministro de información completa y objetiva sobre los hechos de importancia social en Ucrania y en el extranjero; el respeto de las normas de las buenas costumbres públicas y las tradiciones y la cultura de Ucrania; la libre expresión de opiniones, ideas y convicciones; la participación de la ciudadanía en la gestión y la creación de políticas de programas; la prohibición de la discriminación por cualquier motivo; y la transparencia y el carácter abierto de las actividades.

163.La Ley núm. 421 de Modificaciones de Determinados Instrumentos Legislativos de Ucrania sobre el Fortalecimiento de las Garantías para las Actividades Profesionales Legales de los Periodistas, de 14 de mayo de 2015, estableció la responsabilidad penal por obstaculizar la actividad profesional de los periodistas; amenazar o cometer actos de violencia contra un periodista; destruir o causar deliberadamente daños a los bienes de un periodista; atentar contra la vida de los periodistas; y tomar como rehén a un periodista.

164.Desde 2016, el Consejo para la Protección de la Actividad Profesional de los Periodistas y la Libertad de Expresión ha venido analizando la legislación en esta esfera concreta y vigilando la situación en relación con las violaciones de los derechos y libertades de los periodistas.

165.En 2017, se inició la instrucción en 255 actuaciones penales relativas a la actividad profesional de los periodistas, con arreglo a varios artículos del Código Penal. Se iniciaron en total 192 actuaciones penales con arreglo al artículo 171 (injerencia en las actividades profesionales de los periodistas); 54 con arreglo al artículo 3451 (amenaza o violencia contra el periodista); 8 con arreglo al artículo 3471 (daños o destrucción deliberados de bienes de periodistas); y 1 con arreglo al artículo 3481 (atentados contra la vida de un periodista). Se remitieron a los tribunales autos de procesamiento relativos a 17 delitos de esta categoría.

166.La Ley núm. 674 de Modificaciones de Determinadas Leyes de Ucrania de Garantía de la Transparencia de la Propiedad de los Medios de Comunicación y de la Aplicación de los Principios de la Política Estatal en la Esfera de las Transmisiones de Radio y Televisión, de 3 de septiembre de 2015, obliga a los sujetos de la actividad informativa a revelar información sobre los propietarios efectivos del medio en cuestión.

167.En 2016 se modificó el Código Penal para aumentar las penas impuestas a los responsables de violar la privacidad de la correspondencia, las conversaciones telefónicas y la correspondencia telegráfica o de otra índole transmitida por medios de comunicación o informáticos, así como por la obstrucción de la actividad profesional legítima de los periodistas.

Artículo 20

168.De conformidad con la Constitución de Ucrania, están prohibidas las actividades de los partidos políticos y asociaciones públicas y la fundación de estos si sus objetivos o actividades están orientados a promover la guerra o la violencia, fomentar la enemistad entre grupos étnicos, raciales o religiosos o violar las libertades y los derechos humanos o atentar contra la salud de la población.

169.El Código Penal establece la responsabilidad por incitación pública a una guerra de agresión, al desencadenamiento de un conflicto militar o al genocidio, y por la elaboración y distribución de materiales para tales fines.

170.La Ley núm. 317 de Condena de los Regímenes Comunista y Nacional Socialista (Nazi) de Ucrania y Prohibición de la Propaganda de sus Símbolos, de 9 de abril de 2015, tipifica como delito la producción y difusión de productos que contengan los símbolos de los regímenes totalitarios comunista y nacional socialista (nazi).

171.De conformidad con los artículos 20 y 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Ucrania instauró un procedimiento que prohíbe la emisión de programas de televisión, películas y material impreso que supongan una amenaza para la independencia, la soberanía o la integridad territorial del país; difundan propaganda en favor de la guerra; o justifiquen la ocupación de partes del territorio de Ucrania. A fin de proteger el panorama mediático nacional y contrarrestar la agresión de la Federación de Rusia, durante el período 2014-2018 se restringió la emisión de 80 programas extranjeros. Al mismo tiempo, la lista de programas extranjeros que cumplen los requisitos del Convenio Europeo sobre la Televisión Transfronteriza y de la legislación de Ucrania se amplió mediante la adición de 62 programas, con lo que, en el primer trimestre de 2018, esta ascendió a 175 programas.

Artículo 21 (teniendo en cuenta la recomendación 21 formulada en CCPR/C/UKR/CO/7)

172.De conformidad con la Constitución de Ucrania, los ciudadanos tienen derecho a reunirse pacíficamente sin armas y a celebrar reuniones, concentraciones, marchas y manifestaciones, previa notificación a los órganos del poder ejecutivo nacional o de autogobierno local. El ejercicio de este derecho puede ser objeto de restricciones impuestas por un tribunal, de conformidad con la ley y únicamente en interés de la seguridad nacional y el orden público, con el fin de prevenir alteraciones del orden o delitos, proteger la salud de la población o salvaguardar los derechos y las libertades de los demás ciudadanos. El 15 de diciembre de 2017 entraron en vigor las modificaciones al Código de Procedimiento Judicial Administrativo de Ucrania que establecieron nuevas normas para el examen de los casos relativos a la restricción por los tribunales del derecho a la libertad de reunión pacífica. Con ellas se redujo de manera considerable la capacidad procesal del Gobierno para restringir el ejercicio del derecho de los ciudadanos a reunirse pacíficamente.

173.La Policía Nacional mantiene el orden público durante todos los actos públicos, como manifestaciones, reuniones y protestas.

174.Dos proyectos de ley alternativos sobre el derecho de reunión pacífica (el núm. 3587, de 7 de diciembre de 2015, y el núm. 3587-1, de 11 de diciembre de 2015) proponen que se definan los derechos y responsabilidades de los organizadores y participantes en reuniones pacíficas y las atribuciones y responsabilidades de los agentes públicos y las autoridades de los gobiernos locales, se establezcan motivos claros para restringir la libertad de reunión pacífica y se regulen los procedimientos de vigilancia y mediación durante las reuniones pacíficas.

175.Los proyectos de ley de 25 de noviembre de 2016 (núms. 5455 y 5456) introducirían modificaciones a la Ley de la Policía Nacional y a la Ley de la Guardia Nacional, en particular con el fin de definir claramente las facultades del personal de esos órganos con relación al derecho de reunión pacífica, y de establecer la responsabilidad por la injerencia ilegal en la libertad de celebrar reuniones pacíficas y por el delito de inacción.

176.El Ministerio del Interior ha elaborado un concepto para la introducción del modelo escandinavo para el mantenimiento de la seguridad y el orden públicos en la actividad de las autoridades y dependencias de la Policía Nacional de Ucrania durante actos multitudinarios, que tiene por objeto evitar que los participantes en los actos multitudinarios y los agentes del orden resulten lesionados.

177.Se han constituido grupos de trabajo de agentes de policía sobre la comunicación con los organizadores y participantes de actos multitudinarios. Hay 375 negociadores policiales.

Artículo 22

178.De conformidad con la Constitución de Ucrania, los ciudadanos ucranianos tienen derecho a afiliarse a sindicatos para proteger sus derechos e intereses laborales, sociales y económicos. Para establecer un sindicato no hace falta contar con un permiso previo, ya que esas asociaciones se fundan por libre decisión de sus afiliados. Todos los sindicatos tienen igualdad de derechos. Nadie puede ser obligado a adherirse a ninguna asociación de ciudadanos.

179.La Ley núm. 1045 de los Sindicatos, sus Derechos y Garantías de Actividad, de 15 de septiembre de 1999, establece que la afiliación o no afiliación a sindicatos no entraña ninguna restricción de los derechos y libertades laborales, socioeconómicos, políticos e individuales de los ciudadanos, los cuales están garantizados por la ley. Está prohibida toda restricción de derechos o concesión de preferencias con respecto a la celebración, la modificación o la terminación de un contrato de empleo como resultado de la afiliación o no afiliación a sindicatos.

180.De conformidad con la Ley núm. 5026 de las Organizaciones de Empleadores, sus Asociaciones, Derechos y Garantías para sus Actividades, de 22 de junio de 2012, los empleadores tienen derecho a constituir organizaciones con fines de representación y protección de sus derechos e intereses legítimos en los ámbitos económico, social, laboral y en otras esferas, en particular en sus relaciones con las demás partes en el diálogo social.

181.De conformidad con la Ley núm. 1934 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, de 6 de diciembre de 1991, durante el período de servicio militar el personal militar deja de estar afiliado a sindicatos.

182.El número de sindicatos está aumentando, y en 2018 ascendía a 342 (a principios de 2017 había 160).

Artículo 23

183.De conformidad con la Constitución de Ucrania, el matrimonio se basa en el libre consentimiento entre un hombre y una mujer. Los cónyuges tienen igualdad de derechos y obligaciones en el matrimonio y la familia. Los padres están obligados a mantener a sus hijos hasta que alcancen la mayoría de edad. La familia, la infancia, la maternidad y la paternidad están protegidas por el Estado.

184.Según el Código de la Familia, el propósito de las relaciones familiares es el fortalecimiento de la familia como institución social y como unión entre personas; establecer un sentido del deber hacia los padres, los hijos y otros miembros de la familia; y basar las relaciones familiares en los principios de paridad y en los sentimientos de amor y respeto mutuos y de ayuda y apoyo mutuos.

185.En el Código de la Familia se establece que toda persona que haya llegado a la edad de contraer matrimonio (18 años) tiene derecho a fundar una familia. Toda persona, independientemente de su edad, que haya dado a luz a un hijo, puede fundar una familia. A petición de una persona que haya cumplido los 16 años de edad, un tribunal puede conceder a esa persona el derecho a contraer matrimonio cuando se determine que redunda en su interés superior.

186.El padre y la madre tienen igualdad de derechos y responsabilidades respecto de un hijo, independientemente de que estén o no casados. El divorcio de los padres o el hecho de que vivan separados de un hijo no afecta el alcance de sus derechos y no los exime de las obligaciones hacia él.

187.El Código de la Familia establece que una mujer y un hombre que vivan en familia pero no estén casados o tengan cualquier otro tipo de unión conyugal tienen derecho a la propiedad.

188.Se está ejecutando un proyecto piloto sobre el registro estatal de matrimonio, lo que permite que el marido y la mujer inscriban un matrimonio en la fecha y el lugar de su elección. El proyecto piloto se está ejecutando en 58 centros de población, y más de 27.000 parejas ya han aprovechado este servicio.

Artículo 24

189.De conformidad con la Constitución de Ucrania, la infancia está protegida por el Estado. Los niños son iguales en derechos, independientemente de su origen y de si han nacido dentro o fuera del matrimonio. Está prohibido todo acto de violencia contra un niño o de explotación de un niño. La subsistencia y la crianza de los niños huérfanos y los niños privados del cuidado de los padres están a cargo del Estado. El Estado fomenta y apoya las actividades de beneficencia en relación con los niños.

190.Según el Código de la Familia, los padres deben registrar a la mayor brevedad el nacimiento de un hijo en una oficina estatal del registro civil, a más tardar un mes después del nacimiento. El incumplimiento de esta obligación puede dar lugar a responsabilidad legal. Si es imposible registrar un nacimiento a causa del fallecimiento de los padres o por otras razones, la inscripción se efectúa a solicitud de los parientes u otras personas.

191.De conformidad con la legislación de Ucrania, se expiden partidas de nacimiento a todos los recién nacidos. El derecho de una persona a la inscripción en el registro civil estatal está garantizado, independientemente de la situación legal de los padres del niño o su pertenencia a un grupo étnico o social. El funcionamiento de la inscripción de los nacimientos ante las autoridades estatales del registro civil se simplificó.

192.Desde 2016, la inscripción de los nacimientos no solo está disponible en las oficinas del registro civil, sino también directamente en los hospitales y maternidades dentro de las 24 horas siguientes al nacimiento, y además es gratuita. La introducción de este enfoque es uno de los incentivos para la obligatoriedad de la inscripción de los nacimientos en el registro civil estatal.

193.La Ley núm. 1474, de 14 de julio de 2016, modificó la Ley del Registro Demográfico Estatal Unificado y de los Documentos que Establecen la Ciudadanía de Ucrania, la Identidad de una Persona o su Condición Especial. En particular, se redujo a 14 años la edad requerida para obtener un pasaporte de Ucrania.

194.El Plan de Acción Nacional para la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño para el período que concluye en 2021, se basa en el objetivo de crear condiciones favorables para la vida y el desarrollo del niño, proporcionar igualdad de oportunidades a todos los niños, fortalecer la institución de la familia, moldear la paternidad responsable, proteger a los niños contra la violencia y crear un sistema de justicia adaptado a los niños.

195.La Estrategia Nacional para la Reforma del Acogimiento en Instituciones y la Crianza de Niños para 2017-2026 prevé una nueva reforma del sistema de acogimiento de niños en instituciones y de crianza de estos; desarrolla un sistema de apoyo para la crianza de los hijos en la familia; y proporciona modalidades alternativas de cuidado de calidad para los niños privados de cuidados parentales.

196.El derecho del niño a recibir una manutención adecuada se ha fortalecido mediante la introducción de mejoras en el procedimiento para la recuperación de la pensión alimenticia (Leyes núms. 2037, de 15 de mayo de 2017, y 2234, de 7 de diciembre de 2017). Se reforzó la responsabilidad de los deudores de pensiones alimenticias mediante la posibilidad de restringir temporalmente sus derechos, como los de conducir, viajar al extranjero y utilizar armas de fuego; y, además, se introdujo un nuevo tipo de sanción administrativa, consistente en prestar servicios a la comunidad.

197.En 2017 se modificó la Ley de Rehabilitación y Recreo de los Niños, para ampliar las categorías de niños que reúnen las condiciones para la rehabilitación financiada por el Estado. Estas categorías incluyen, entre otras, los niños registrados como desplazados internos y los que viven en las ciudades y aldeas situadas en la “línea de contacto”.

198.Desde 2018, la Ley de Peculiaridades de la Política Estatal para Garantizar la Soberanía Estatal de Ucrania sobre los Territorios Temporalmente Ocupados en las Regiones de Donetsk y Lugansk establece que se reconoce la validez de los documentos que confirman el nacimiento o la muerte de una persona en el territorio temporalmente ocupado en las regiones de Donetsk y Lugansk, que se presenten junto con una solicitud de inscripción de un nacimiento o una muerte en el registro civil estatal.

199.La Ley núm. 2292, de 8 de febrero de 2018, prevé la responsabilidad penal por incitación al suicidio y ayuda a cometerlo, entre otras formas a través de Internet y de las redes sociales. A fin de luchar contra la intimidación y la discriminación y garantizar la seguridad de los niños, se creó un grupo operacional permanente de agentes de policía que están especializados en ciberdelincuencia en las redes de información y atienden en cada región las 24 horas del día. Se han bloqueado más de 1.000 “grupos de la muerte” que actúan en línea.

200.La Ley de 14 de marzo de 2018 contempla modificaciones del Código Penal de Ucrania mediante las cuales se tipifica como delito el abuso y la explotación sexual de una persona menor de 16 años por un adulto.

201.En 2017 se celebró un Memorando de Entendimiento multilateral con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) con el fin de apoyar la aplicación de una iniciativa de cooperación en la esfera de la protección de los derechos del niño, en particular sobre la seguridad de los niños en el ciberespacio.

202.El proyecto de ley núm. 6558 de 15 de junio de 2017 de modificaciones de determinados instrumentos legislativos de Ucrania en relación con la ratificación del Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual propone tipificar como delito la explotación sexual de los niños. Se prevén modificaciones del Código de Procedimiento Penal para determinar las particularidades de procedimiento en los procesos en que estén implicados niños como testigos o víctimas de delitos sexuales. Se han preparado modificaciones de la Ley de Protección de la Infancia para prevenir la comisión de actos ilegales contra los niños por las personas que están en contacto regular con ellos.

203.El proyecto de ley núm. 6150, de 28 de febrero de 2017, propone la inscripción del nacimiento de un niño por cualquier oficina estatal del registro civil, independientemente del lugar de nacimiento del niño o del lugar de residencia del niño o de los padres.

204.En febrero de 2016 se modificó la figura jurídica de “niños afectados por conflictos armados y hostilidades”. A fin de garantizar los derechos de los niños y los jóvenes durante el conflicto, se están llevando a cabo actividades educativas y de capacitación en las fuerzas armadas, con la participación de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

205.Al primer trimestre de 2018 figuraban en los registros unos 232.000 niños desplazados internos y más de 2.000 niños hijos de soldados que habían muerto en las acciones militares en la zona oriental de Ucrania. Más de 6.000 niños recibieron atención y rehabilitación integral. Se iniciaron 63 actuaciones penales por delitos cometidos contra niños en el contexto de las acciones militares en el territorio temporalmente ocupado de Crimea, Donetsk y Lugansk.

206.Los niños huérfanos, privados del cuidado de los padres o afectados por condiciones de vida difíciles o por el conflicto armado tienen derecho a asistencia jurídica secundaria gratuita. Desde la puesta en marcha del sistema de asistencia letrada gratuita, 967 de esos niños han recibido asistencia jurídica secundaria gratuita.

Artículo 25 (teniendo en cuenta la recomendación 11 formulada en CCPR/C/UKR/CO/7)

207.De conformidad con la Constitución de Ucrania, los ciudadanos tienen derecho a participar en la administración de los asuntos del Estado y en los referendos, y a participar libremente como electores y candidatos en las elecciones de órganos estatales y de autogobierno local. Los ciudadanos gozan de igualdad de derechos de acceso a la administración pública y a los servicios de los órganos de autogobierno local.

208.La participación en la administración de los asuntos del Estado y en el proceso de adopción de decisiones se rige por el Decreto del Consejo de Ministros núm. 996 de Garantía de la Participación Pública en la Elaboración y Aplicación de la Política Estatal, de 3 de marzo de 2010, en virtud del cual dicha participación puede darse, entre otras formas, en debates públicos sobre los actos normativos, consultas públicas, consultas electrónicas y encuestas de opinión pública.

209.De conformidad con la Ley núm. 2365 de Partidos Políticos de Ucrania, de 5 de abril de 2001, nadie puede ser obligado a afiliarse a un partido político o ser objeto de restricciones cuando se retira voluntariamente de un partido político. La pertenencia o no pertenencia a un partido político no puede ser motivo para restringir derechos y libertades o conceder privilegios. Solo puede ser miembro de un partido político un ciudadano de Ucrania que tenga derecho a votar en las elecciones. La Ley también incluye una lista de los funcionarios —en particular, jueces, fiscales, miembros de las fuerzas armadas y de la policía y funcionarios públicos— que no pueden ser miembros de partidos políticos.

210.De conformidad con la Ley núm. 4572 de Asociaciones Públicas, de 22 de marzo de 2012, nadie puede ser obligado a afiliarse a una asociación pública, y su pertenencia o no pertenencia a ella no puede ser motivo para restringir derechos y libertades o conceder privilegios.

211.La Estrategia Nacional para la Promoción del Desarrollo de la Sociedad Civil en Ucrania para el Período 2016-2020 tiene por objeto facilitar la creación y el desarrollo institucional de las organizaciones de la sociedad civil, y establecer una colaboración eficaz entre las autoridades públicas y los diferentes tipos de organizaciones de la sociedad civil, iniciativas públicas y organizaciones autónomas, sobre la base de la asociación, la imparcialidad política y la no discriminación.

212.La Ley núm. 889 de la Administración Pública, de 10 de diciembre de 2015, establece que la administración pública funciona de conformidad con el principio de la igualdad de acceso a la función pública. En relación con el ingreso a la administración pública, están prohibidas todas las formas y manifestaciones de discriminación, así como las restricciones excesivas o las ventajas injustificadas para ciertas categorías de ciudadanos. El ingreso a la administración pública depende de un proceso de selección competitivo.

213.Se está mejorando la legislación electoral. Se está estudiando para una segunda lectura el proyecto de código electoral (núm. 3112-1, de 2 de octubre de 2015). El proyecto de código propone la elección de los miembros del Parlamento y de los representantes de los consejos de ciudades y regiones según el principio de la representación proporcional, y la de los concejales de pueblos y aldeas con arreglo a un sistema de mayoría simple.

214.El proyecto de ley núm. 6240, de 19 de abril de 2016, prevé la posibilidad de cambiar la dirección electoral de un desplazado interno si este formula una solicitud fundamentada.

Artículo 26 (teniendo en cuenta las recomendaciones 8 a 12 formuladas en CCPR/C/UKR/CO/7)

215.De conformidad con la Constitución de Ucrania, todas las personas son libres e iguales en dignidad y derechos. No puede haber privilegios ni limitaciones por motivos de raza, color de la piel, convicciones políticas, religiosas o de otra índole, género, origen étnico o social, posición social, lugar de residencia, idioma o cualquier otra circunstancia.

216.A fin de garantizar los derechos y satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad y mejorar su calidad de vida, se está implementando el Plan de Acción Nacional para la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el período que concluye en 2020. El Presidente ha nombrado al Comisionado para los Derechos de las Personas con Discapacidad, que vigila la situación de las personas con discapacidad y presenta propuestas al Presidente sobre las necesidades especiales de esas personas.

217.La Ley de Educación, de 5 de septiembre de 2017, garantiza las condiciones adecuadas para el acceso a la educación de las personas con necesidades educativas especiales.

218.No se permite realizar reparaciones estructurales importantes sin tener en cuenta las condiciones de las personas con discapacidad.

219.En marzo de 2017, se aprobó en primera lectura el proyecto de ley de servicios sociales (núm. 4607, de 6 de mayo de 2016). El proyecto tiene por objeto mejorar la condición de los trabajadores sociales, garantizar la protección de los derechos de las personas que reciben servicios sociales y ampliar las facultades de los órganos ejecutivos locales y los órganos de autogobierno local para prestar servicios sociales en el lugar de residencia de las personas que reciben esos servicios.

220.El proyecto de ley núm. 4578 de determinadas modificaciones de algunos instrumentos legislativos de Ucrania sobre el empleo de personas con discapacidad, de 4 de mayo de 2016, tiene por objeto mejorar las oportunidades de empleo, la protección laboral y el estado de salud de las personas con discapacidad.

221.Se están debatiendo en el Parlamento varios proyectos de ley sobre medidas especiales para las personas con necesidades especiales. Estos contemplan disposiciones relativas al acceso a los tribunales (proyecto de ley núm. 6211), a los edificios (proyecto de ley núm. 6536) y al transporte y los centros de votación (proyecto de ley núm. 5559), así como multas administrativas por infringir las normas sobre medidas especiales para las personas con discapacidad (proyecto de ley núm. 5546).

222.Las personas sordas o mudas que reciben asistencia jurídica gratuita cuentan con la asistencia de intérpretes de lengua de señas.

Artículo 27 (teniendo en cuenta la recomendación 11 formulada en CCPR/C/UKR/CO/7)

223.De conformidad con la Ley núm. 2494 de Minorías Nacionales de Ucrania, de 25 de junio de 1992, el Estado garantiza a todas las minorías nacionales el derecho a la autonomía nacional y cultural, en particular en cuanto a utilizar su lengua materna y estudiar en ella, desarrollar las tradiciones culturales nacionales, utilizar los símbolos nacionales, celebrar las fiestas nacionales y profesar su religión.

224.Desde 2017, el Consejo de Expertos sobre Política Étnica ha venido funcionando como órgano asesor permanente que vigila, analiza y evalúa los diversos aspectos de la política estatal en la esfera de las relaciones interétnicas y la protección de los derechos de las minorías nacionales. Se han emitido conceptos en relación con la política estatal de Ucrania sobre grupos étnicos nacionales, y con un discurso relativo a las cuestiones de las minorías nacionales.

225.El Ministerio de Educación y Ciencia ha aprobado nuevas medidas para 2017-2021 encaminadas al desarrollo de las competencias lingüísticas de los estudiantes de las instituciones de enseñanza general que imparten instrucción en los idiomas de las minorías nacionales. Figuran entre esas medidas la publicación de diccionarios bilingües de la terminología de ramas importantes del conocimiento y la propagación de la práctica de estudiar determinadas materias en el idioma oficial y otras en los idiomas de los estudiantes de las minorías. En el cuadro 1 se proporciona información sobre la educación en las lenguas maternas y el estudio de la lengua materna en las instituciones educativas.

226.Cada año, con fondos del presupuesto del Estado, se publican libros de texto para las instituciones de enseñanza secundaria general. En particular, en 2018 se ha previsto la publicación de libros de texto para los grados 1º, 5º y 10º. Para los alumnos de 1er grado de las instituciones de enseñanza secundaria general en las que se imparten clases en los idiomas de las minorías nacionales, se publicarán libros de lectura básicos en tártaro de Crimea, húngaro, moldavo, polaco, rumano y ruso, y también libros de texto en ucraniano, con materiales de audio para apoyar los textos impresos. Los libros de texto sobre todas las demás asignaturas se traducirán a esos idiomas. Los libros de texto sobre los idiomas y la literatura de las minorías nacionales y sobre otras asignaturas optativas se publicarán en el idioma oficial o el idioma de la minoría nacional para los estudiantes de los grados 5º y 10º.

227.El Comisionado Presidencial para Asuntos de los Tártaros de Crimea fue nombrado en 2014. En la actualidad, el Comisionado está colaborando con la Comisión Constitucional en la elaboración de las modificaciones que deben introducirse en el nuevo estatuto constitucional de Crimea.

228.La Ley de Restablecimiento de los Derechos de las Personas Deportadas por su Origen Nacional, de 17 de abril de 2014, prevé garantías estatales a las personas deportadas en relación con su asentamiento en las entidades territoriales administrativas en las que vivían ellas o sus padres en el momento de la deportación. El estatuto de persona deportada por su origen nacional se concedió a 67 personas. Una parte del presupuesto anual del Estado se destina a las necesidades de los tártaros de Crimea.

229.El proyecto de ley núm. 6315 del estatuto del pueblo tártaro de Crimea (de 4 de abril de 2017) tiene por objeto crear las condiciones jurídicas adecuadas para la aplicación del derecho inalienable a la libre determinación del pueblo tártaro de Crimea y garantizar la preservación y el desarrollo de su identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa como pueblo indígena de Ucrania.

230.La Estrategia para la Protección y la Integración de la Minoría Nacional Romaní en la Sociedad Ucraniana para el período que concluye en 2020, y el Plan de Acción para su aplicación tienen por objeto aumentar las oportunidades educativas de los romaníes, reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vivienda y de vida (especialmente en los lugares donde residen altas concentraciones de romaníes), así como promover el desarrollo cultural.

231.En el último año, 2.600 familias romaníes recibieron diversos tipos de servicios sociales (apoyo social, adaptación, rehabilitación, etc.). Más de 1.000 familias recibieron asistencia psicológica; 762 familias recibieron asistencia jurídica; se expidieron nuevamente documentos a 910 personas; 1.100 familias recibieron ayuda humanitaria; y se proporcionó empleo a 47 personas. Se expidieron pasaportes ucranianos a más de 3.000 personas de etnia romaní, lo que representa el doble que en 2016.