Comité de Derechos Humanos

Cuarto informe periódico que la India debía presentar en 2020 en virtud del artículo 40 del Pacto con arreglo al procedimiento facultativode presentación de informes * **

[Fecha de recepción: 22 de septiembre de 2021]

A.Información general sobre la situación nacional en materia dederechos humanos, con inclusión de nuevas medidas yacontecimientos relativos a la aplicación del Pacto

Respuesta al párrafo 1 de la lista de cuestiones previa a la presentacióndel informe (CCPR/C/IND/QPR/4)

1.Las cuestiones mencionadas en las anteriores observaciones finales del Comité se abordan en las respuestas a la lista de cuestiones previa a la presentación de informes, que figuran a continuación.

Respuesta al párrafo 2 de la lista de cuestiones

2.Desde la aprobación de las anteriores observaciones finales, la India ha avanzado considerablemente en el desarrollo de un marco jurídico e institucional sólido y detallado de promoción y protección de los derechos humanos. Estos avances, que incluyen modificaciones constitucionales, promulgación de nuevas leyes, modificaciones de leyes vigentes y aspectos que se han visto afectados por la jurisprudencia, se han señalado en los lugares pertinentes de las respuestas a la lista de cuestiones.

3.El marco institucional consta de instituciones tanto generales como orientadas a grupos específicos cuya labor se centra en la vigilancia, la promoción y la facilitación del ejercicio efectivo de diversos derechos de las personas. En la primera categoría se encuentran organismos constituidos por ley, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Central de Información, la Comisión Central de Vigilancia, el Lokpal (defensor del pueblo encargado de la lucha contra la corrupción) de la India y los lokayuktas (comisionados de lucha contra la corrupción) de los estados. En la segunda categoría se encuentran, entre otros organismos, la Comisión Nacional de la Mujer, la Comisión Nacional de las Minorías, la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos del Niño, la Oficina del Comisionado Jefe para las Personas con Discapacidad, y organismos establecidos por la Constitución, como la Comisión Nacional para las Castas Desfavorecidas, la Comisión Nacional para las Tribus Registradas y la Comisión Nacional de Clases Atrasadas (para más detalles, véase el anexo, sección 3).

B.Información específica sobre la aplicación de los artículos 1 a 27del Pacto, incluida la relacionada con las recomendacionesanteriores del Comité

Marco constitucional y jurídico de la aplicación del Pacto (art. 2)

Respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones

4.El Pacto ha sido ampliamente incorporado a la legislación nacional de la India. El alcance de la incorporación abarca ampliamente los aspectos sustantivos, conceptuales y filosóficos del Pacto. En primer lugar, los tribunales de la India se han basado sustancialmente en las normas internacionales para hacer efectivas las garantías implícitas en el espíritu de la Constitución de la India (en adelante, la Constitución), lo que ha dado lugar al reconocimiento explícito de derechos específicos. En segundo lugar, la comprensión amplia y progresista de conceptos como la igualdad y la libertad encuentra su reflejo en el marco jurídico indio (para más detalles, véase el anexo, secciones 1 y 2). El Tribunal Supremo de la India (en adelante, el Tribunal Supremo) en la causa Navtej Singh Johar v. Union of India se basó en la observación general núm. 16 sobre el artículo 17 del Pacto, al tiempo que reconocía explícitamente el derecho a la privacidad como parte del derecho a la vida consagrado en la Constitución. En tercer lugar, la filosofía fundacional del Pacto como reconocimiento de los derechos inmanentes e inalienables ha calado profundamente en el régimen jurídico nacional, ya sea mediante una referencia explícita al Pacto o de otro modo (véase el anexo, sección 2). El órgano legislativo ha sido proactivo en cuanto a hacer efectivas las obligaciones internacionales mediante la promulgación de leyes en la India, y ha sido una importante fuerza impulsora de muchas nuevas promulgaciones y modificaciones de leyes (véase el anexo, sección 1). El poder judicial también se ha basado en estas obligaciones para interpretar de manera progresista las leyes vigentes. Los tribunales no se han basado únicamente en las disposiciones del tratado, sino que también se han apoyado en la explicación detallada de los derechos formulada por el órgano del tratado en sus observaciones generales, así como en la jurisprudencia desarrollada por este a través de sus dictámenes sobre las denuncias que ha examinado.

5.La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha impartido cursos de formación a jueces, policías, funcionarios de gestión de instituciones penitenciarias, otros funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil. Del mismo modo, la Comisión Nacional de la Mujer lleva a cabo programas de sensibilización en materia de género para los funcionarios policiales, administrativos y judiciales. La Comisión Nacional para las Castas Desfavorecidas y la Comisión Nacional para las Tribus Registradas llevan a cabo programas de sensibilización y creación de capacidad para funcionarios de los estados y los distritos en relación con las leyes, normas y reglamentos que se refieren a las atrocidades contra las castas desfavorecidas y las tribus registradas. Las academias judiciales, tanto a nivel nacional como estatal, imparten formación a jueces y fiscales sobre diversas categorías de derechos y el marco normativo correspondiente.

6.Aunque la Constitución, en virtud del artículo 51, fomenta el respeto del derecho internacional y de las obligaciones dimanantes de los tratados, en la India los tratados y pactos no son directamente aplicables en el ordenamiento interno y requieren una incorporación legislativa específica para poder ser invocados ante los tribunales nacionales. Sin embargo, en su sentencia trascendental en la causa Vishaka v. State of Rajasthan, el Tribunal Supremo sostuvo que “toda convención internacional que no sea incompatible con los derechos fundamentales y esté en consonancia con su espíritu debe entenderse que amplía el significado y el contenido de las disposiciones relacionadas con dichos derechos, a los efectos de promover su respeto constitucional”. Por lo tanto, en la medida en que las normas internacionales sean compatibles con los principios normativos nacionales, son ahora aplicables en los tribunales nacionales, aunque no se hayan incorporado en una ley específica.

7.La Constitución establece el acceso directo al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores para la reparación de las violaciones de los derechos fundamentales cometidas por cualquier persona o grupo de personas. Además, la India tiene varios mecanismos constituidos por ley para hacer frente a dichas violaciones, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos. Dado que existen recursos efectivos para hacer frente a la violación de los derechos de las personas o grupos de personas, en este momento no vemos la necesidad de adherirnos al Protocolo Facultativo.

Respuesta al párrafo 4 de la lista de cuestiones

8.En este momento no hay ninguna propuesta para examinar las reservas y declaraciones hechas por la India al adherirse al Pacto.

Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones

9.La India ha establecido un marco de instituciones especializadas pero integradas para la protección y promoción de los derechos humanos teniendo en cuenta la diversidad demográfica (véase el anexo, sección 3). La Comisión Nacional de Derechos Humanos, creada en 1993, se ha reforzado aún más y se ha hecho más compatible con los Principios de París a través de la Ley de Modificación de la Ley de Protección de los Derechos Humanos, de 2019, cuyo objetivo es proporcionar a la Comisión una mayor autonomía e independencia. El número de miembros principales se ha incrementado de cinco a seis, tres de ellos jueces en activo o jubilados y otros tres miembros designados entre los que tienen conocimientos y experiencia práctica en derechos humanos, uno de los cuales tiene que ser una mujer. En segundo lugar, los presidentes de los órganos establecidos por la Constitución o constituidos por ley para la protección y promoción de los derechos de los grupos vulnerables, como la Comisión Nacional para las Castas Desfavorecidas, la Comisión Nacional para las Tribus Registradas, la Comisión Nacional de Clases Atrasadas y la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos del Niño, son considerados miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo que forman parte de ella. Los miembros son nombrados por el Presidente de la India a partir de la recomendación de un comité de selección, que es un órgano pluralista integrado por representantes electos del pueblo y de los partidos políticos en el poder y en la oposición. La Ley de Modificación de la Ley Protección de los Derechos Humanos, de 2006, amplió el alcance de las reparaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede recomendar a los gobiernos de los estados de modo que incluyan el pago de indemnizaciones o daños y perjuicios al denunciante o a la víctima o a los miembros de su familia, así como medidas adicionales oportunas que, a su juicio, puedan adoptarse. La Ley de Modificación también eliminó el requisito de informar previamente a los gobiernos de los estados sobre la visita de la Comisión a cualquier prisión o institución penitenciaria bajo el control de dichos gobiernos. De esta manera, la Comisión puede descubrir de forma independiente las condiciones de facto que prevalecen en las instituciones penitenciarias y garantizar la protección de los derechos humanos de los reclusos.

10.Hay dos razones básicas para que, con respecto a las fuerzas armadas, se establezca un procedimiento especial con arreglo a la Ley de Protección de los Derechos Humanos, de 1993. En primer lugar, las fuerzas armadas participan en tareas de seguridad interna durante períodos de tiempo prolongados únicamente en zonas afectadas por la insurgencia o el terrorismo, donde el entorno de seguridad es complejo. En segundo lugar, las fuerzas armadas tienen sus propias leyes que tienen procedimientos bien establecidos para el procesamiento de los infractores. Estos procedimientos son, en muchos aspectos, tan eficaces como los procedimientos civiles. Además, la Comisión está facultada para solicitar un informe al Gobierno central sobre presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y, una vez recibido el informe, puede formular recomendaciones al Gobierno. El Gobierno está obligado a presentar a la Comisión, en un plazo de tres meses o en un plazo más amplio, según decida esta, un informe sobre las medidas adoptadas en relación con sus recomendaciones.

11.En agosto de 2019 se creó una oficina especial de derechos humanos bajo el control administrativo del Vicejefe del Estado Mayor del Ejército, el segundo oficial de mayor rango del ejército indio. Esta oficina, presidida por un oficial con rango de General de División, es el punto nodal para examinar cualquier informe sobre violaciones de los derechos humanos. Además, para aumentar la transparencia y garantizar que la oficina disponga de los mejores conocimientos especializados en materia de investigación, se destina a la oficina, en comisión de servicio, a un oficial de policía de alto rango. Por último, el plazo de prescripción de un año que se previó para la investigación de las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el pasado obedeció a la probabilidad de que, si transcurre un lapso de tiempo prolongado, la Comisión se enfrente a dificultades insuperables para llevar a cabo investigaciones justas y adecuadas.

Medidas de lucha contra la corrupción (arts. 2 y 25)

Respuesta al párrafo 6 de la lista de cuestiones

12.La India está resuelta a aplicar una política de tolerancia cero frente a la corrupción y trabaja activamente para erradicarla. El objetivo de la promulgación de la Ley de Prevención de la Corrupción, de 1988, así como de las modificaciones introducidas en 2018, fue prevenir eficazmente el soborno y la corrupción. Esta Ley ofrece un enfoque holístico para garantizar que sus disposiciones se ajusten a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Abarca todos los aspectos del soborno, incluidos el soborno pasivo, la instigación y la aceptación del soborno a través de intermediarios. Además, se redefinieron en ella las disposiciones relativas a las conductas indebidas en materia penal, de modo que ahora abarcan dos tipos de delitos, a saber, la apropiación indebida y fraudulenta de bienes y el enriquecimiento ilícito. En la Ley de Prevención de la Corrupción están incluidos delitos previstos específicamente por la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero, de 2002, que, para el delito de blanqueo de dinero, establece como condición sine qua non de su tipificación que estén contemplados en ella. La Dirección de Ejecución, que investiga los delitos contemplados en la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero, está facultada por dicha Ley para iniciar actuaciones de embargo de bienes y para poner en marcha el enjuiciamiento en tribunales especiales designados para los delitos definidos en ella. La Ley de Protección de los Denunciantes, de 2014, es otra Ley importante que establece un mecanismo para recibir denuncias relacionadas con la revelación de cualquier acto de corrupción o abuso intencional de poder o discreción cometidos presuntamente por un funcionario, y para proteger contra la victimización a quienes denuncian asuntos relacionados con actos de corrupción de un funcionario.

13.Entre otras iniciativas legislativas figura la Ley del Lokpal y los Lokayuktas, de 2013, por la que se establecen estas instituciones para investigar las denuncias de actos de corrupción cometidos por funcionarios. La Ley de Prohibición de las Transacciones de Bienes Enajenados por Testaferros, de 1988, modificada en 2016, penaliza a quienes, para asegurar la propiedad de sus bienes, desvían sus fondos utilizando testaferros como propietarios de tales bienes, cuando en realidad estos están destinados a ser utilizados por quien desvía los fondos.

14.Los tribunales de la India han establecido en numerosas ocasiones que el derecho a ser informado es un elemento esencial de la libertad de expresión, especialmente en el contexto del funcionamiento de las instituciones democráticas. El Tribunal Supremo, en la causa People Union for Civil Liberties v. Union of India, observó que “el derecho a la información es una faceta de la libertad de expresión, que figura en el artículo 19, párrafo 1 a), de la Constitución. Por consiguiente, el derecho a la información es indiscutiblemente un derecho fundamental”. El derecho fundamental a ser informado ha sido reconocido por ley en la Ley de Derecho a la Información, que, con el fin de garantizar el acceso a la información sometida al control de las autoridades públicas y promover la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno, estableció un régimen receptivo a las solicitudes de los ciudadanos.

15.Además, a fin de luchar contra la corrupción, el Gobierno ha adoptado varias medidas que incluyen, entre otras cosas: i) mejoras y reformas sistémicas para proporcionar servicios transparentes y fácilmente accesibles para el usuario, como el desembolso de las prestaciones sociales directamente a los ciudadanos en el marco de diversos programas del Gobierno; la aplicación de la licitación electrónica en las contrataciones públicas; la introducción de la gobernanza electrónica y la simplificación del procedimiento; y la introducción de la contratación pública a través del cibermercado del Gobierno; ii) la supresión de las entrevistas en la contratación de puestos del Grupo “B” y del Grupo “C” en el Gobierno de la India; iii) la modificación introducida en 2018 a la Ley de Prevención de la Corrupción, de 1988, por la que, a fin de controlar la corrupción a gran escala, se tipifica como delito el acto de dar un soborno y se establece la responsabilidad civil subsidiaria del personal directivo superior de las organizaciones comerciales; y iv) la puesta en funcionamiento del Lokpal, institución creada en virtud de la Ley de Prevención de la Corrupción para recibir y procesar directamente las denuncias contra los funcionarios.

16.Como medida institucional, en 2003 se creó la Comisión Central de Vigilancia. La Comisión formula estrategias para combatir la corrupción, una de las cuales es la vigilancia preventiva que busca detectar ámbitos vulnerables a la corrupción y, posteriormente, establecer mecanismos para poner fin al motivo de preocupación. Estas medidas pueden clasificarse, en términos generales, como simplificación y estandarización de las normas, aprovechamiento de la tecnología y la automatización, reingeniería de los procesos institucionales, transparencia, rendición de cuentas, detección temprana de las conductas indebidas, acciones punitivas eficaces y con plazos, formación y concienciación, entorno de trabajo propicio, inculcación de un comportamiento ético y establecimiento de un mecanismo para la actuación de los denunciantes de irregularidades. Los datos comparativos desde 2016 muestran que ha habido una disminución de la incidencia de la corrupción y del número total de casos en que se impusieron sanciones. Por otra parte, en 2003 se creó la Oficina de Investigación de Fraudes Graves, para hacer frente a los delitos y fraudes de la delincuencia de cuello blanco. La importancia de la investigación de estos delitos se desprende de varios elementos, a saber: el interés público se ve afectado de manera considerable; la investigación puede dar lugar a una clara mejora del sistema o contribuir a ello; o tiene ramificaciones interdepartamentales y multidisciplinarias.

17.El poder judicial es un órgano independiente del Estado, dotado de un mecanismo independiente de nombramiento y destitución de los jueces de los tribunales establecidos por la Constitución. Los jueces que actúan en cualquier tribunal también entran en el ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de la Corrupción, como se sostuvo en una sentencia histórica, en la causa K. Veeraswami v. Union of India. Un mecanismo adicional para controlar la corrupción dentro de los tribunales subordinados surge de la facultad que confiere el artículo 235 de la Constitución a los Tribunales Superiores para ejercer el control sobre dichos tribunales. Además, el artículo 56 j) de las Normas Fundamentales tiene el potencial de frenar la corrupción, ya que reconoce el derecho absoluto de la autoridad competente a jubilar a un funcionario, si considera que es de interés público hacerlo. Como medida proactiva para frenar la corrupción en los tribunales superiores, el Tribunal Supremo resolvió en 1997 que todos los jueces debían declarar todos sus activos en forma de bienes inmuebles o inversiones, en un plazo razonable tras asumir el cargo. Ese mismo año, el Tribunal Supremo adoptó por unanimidad un código de conducta denominado Reafirmación de los Valores de la Vida Judicial, que inculca un comportamiento honesto a los jueces. Existe un procedimiento interno para tomar medidas correctivas adecuadas contra los jueces que se apartan de los valores universalmente aceptados de la vida judicial. En 2018, con miras a aumentar aún más la transparencia de las actuaciones judiciales, el Tribunal Supremo permitió la emisión en directo de las actuaciones en determinados casos. Se está trabajando para poner plenamente en funcionamiento esta iniciativa. Las academias judiciales de la India organizan regularmente talleres para impartir formación sobre la lucha contra la corrupción.

No discriminación (arts. 2 y 26)

Respuesta al párrafo 7 de la lista de cuestiones

Respuesta al párrafo 7 a)

18.El marco de lucha contra la discriminación consagrado en la Constitución ha evolucionado dinámicamente a lo largo de los años a través de sólidas leyes y una vigorosa interpretación de la Constitución por parte del Tribunal Supremo. Los artículos 14 a 18 de la Constitución establecen una estructura formada por valores de no discriminación e igualdad sustantiva que se refuerzan mutuamente. La garantía de igualdad ante la ley e igualdad de protección por la ley prevista en el artículo 14 de la Constitución impide la discriminación por cualquier motivo arbitrario basado, entre otras cosas, en la identidad, la posición social, la opinión o la orientación de la persona. El artículo 15 prohíbe la discriminación por motivos de religión, raza, casta, sexo o lugar de nacimiento. Los artículos 15, párrafos 3, 4, 5 y 6, y 16, párrafos 4, 4-A, 4-B y 6, prevén medidas de acción afirmativa para lograr la igualdad. El artículo 17 no solo suprime la práctica de la intocabilidad, sino que también la penaliza. La no discriminación y la igualdad, independientemente de la identidad religiosa o de otro tipo, también se ven reforzadas por el reconocimiento explícito de la libertad de religión y por la protección específica de los intereses de las minorías lingüísticas y culturales, prevista en los artículos 25, 29 y 30 de la Constitución. El marco jurídico prohíbe la discriminación, tanto horizontal como vertical. El amplio marco normativo establecido por los artículos 2 y 26 del Pacto está claramente incorporado en el marco jurídico que prevalece en la India, como se pone de manifiesto en la sentencia del Tribunal Supremo en la causa Jeeja Ghosh v. Union of India. En esta causa, el Tribunal sostuvo que la igualdad implica “acoger la noción de derechos positivos, medidas de acción afirmativa y ajustes razonables”.

19.El marco jurídico de lucha contra la discriminación en la India tiene en cuenta las formas de discriminación, no solo directas, sino también indirectas e interseccionales, tanto a nivel horizontal como vertical, y les presta la debida atención. Por ejemplo, el artículo 3, párrafo 1 w), de la Ley de Prevención de Atrocidades contra las Castas Desfavorecidas y las Tribus Registradas, de 1989, (Ley de Castas Desfavorecidas y Tribus Registradas) tipifica el delito de ultraje al pudor de una mujer perteneciente a cualquiera de estos grupos, a pesar de que ya existe una disposición general al respecto en el Código Penal de la India (en adelante, el Código Penal), de 1860. El Tribunal Supremo, en la causa Vidyadharan v. State of Kerala, reconoció que es la identidad de casta de la mujer lo que distingue este delito del delito de agresión (por ultraje al pudor) penalizado en el artículo 354 del Código Penal. Adoptando el enfoque interseccional, el Tribunal Supremo observó que “las experiencias de agresión son diferentes en el caso de una mujer que pertenece a una comunidad de casta desfavorecida y tiene una discapacidad, porque la agresión es el resultado del entrelazamiento de diferentes relaciones de poder en juego”. En la causa Navtej Singh Johar v. Union of India, el Tribunal declaró que el artículo 15 reconoce que el verdadero funcionamiento de la discriminación entrecruza diversas identidades y características. Sostuvo, además, que la discriminación por motivos de sexo, “sea directa o indirecta [...] está prohibida por el artículo 15 [...]”. Su observación de que la prohibición de la discriminación prevista en el artículo 15 “debe evaluarse no por los objetivos del Estado al promulgarla, sino por el efecto que la disposición tiene en las personas afectadas y en sus derechos fundamentales” capta la esencia de la discriminación indirecta, que ha sido reafirmada recientemente por el Tribunal en la causa Lt. Col. Nitisha v. Union of India.

Respuesta al párrafo 7 b)

20.La Constitución hace extensiva la amplísima gama de derechos humanos tanto a los ciudadanos como, en determinados casos, a los no ciudadanos, y confiere al respecto amplias facultades a los Tribunales Superiores y al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo había sido designado como el órgano competente de primera instancia para hacer valer cualquiera de los derechos fundamentales mediante mandamientos judiciales directos relativos a recursos que se le interpusieran al respecto. El sólido sistema prevé ahora que un magistrado único del Tribunal Superior puede hacer valer estos derechos, y la posibilidad de que se interponga un recurso interno ante una sala de dos magistrados del Tribunal Superior y un recurso adicional, por autorización especial, ante el Tribunal Supremo. Esto significaría que incluso si en algún nivel de instancia hubiera un fallo en la administración de justicia, se corregiría en el nivel de apelación o en el nivel del Tribunal Supremo. El resultado de esto es que un poder judicial independiente garantizaría que las violaciones de los derechos humanos cometidas por el ejecutivo, dondequiera que se produzcan en el país, no queden sin corregir. Además, la Dirección Nacional de Servicios Jurídicos y las Direcciones de Servicios Jurídicos de cada estado, dotadas de una amplia red de abogados, prestan servicios gratuitos a los litigantes necesitados.

21.Por otra parte, las garantías constitucionales de no discriminación e igualdad se ven reforzadas por las obligaciones jurídicas internacionales contraídas por la India y por el marco jurídico desarrollado para el ejercicio efectivo de estos principios en diversos ámbitos, a través de las leyes y la jurisprudencia. Los órganos administrativos también están obligados a respetar los principios de no discriminación, igualdad y justicia natural en sus actuaciones y decisiones. En ausencia de una prohibición o recurso jurídico específico establecidos por ley, cabe invocar las facultades de los tribunales previstas en los artículos 32 y 226.

Respuesta al párrafo 8 de la lista de cuestiones

22.La India está firmemente decidida a garantizar por igual a todos los sectores de la sociedad todos los derechos reconocidos en el Pacto, especialmente el derecho a la vida, la libertad y la dignidad. La labor encaminada a hacer frente a la violencia contra los sectores más débiles de la sociedad, como las castas desfavorecidas y las tribus registradas, ha consistido en garantizar que la ley sea estricta y eficaz, que se sensibilice a los encargados de su cumplimiento acerca del problema y que se eduque a la población para establecer una cultura de respeto mutuo y dignidad.

Respuesta al párrafo 8 a)

23.Para hacer frente a los delitos contra las castas desfavorecidas y las tribus registradas y garantizar mejor sus derechos, se introdujeron modificaciones de gran alcance en la Ley de Modificación de la Ley de Prevención de Atrocidades contra las Castas Desfavorecidas y las Tribus Registradas, de 2015. La Ley de Modificación ha introducido varios delitos nuevos en la Ley original, con lo que la refuerza considerablemente. En la Ley de Modificación se han delimitado de forma clara y más amplia los deberes de los funcionarios. En esta Ley, si el acusado tiene conocimiento personal de la víctima o de su familia, se le imputa el conocimiento de la identidad tribal o de casta de la víctima, con lo que queda reforzada la rendición de cuentas por los delitos contemplados en ella. También se ha introducido en esta Ley el capítulo IV-A, en el que se reconocen los derechos de las víctimas y los testigos. El Tribunal Supremo, en la causa National Campaign on Dalit Human Rights v. Union of India, instó a los gobiernos estatales y al Gobierno central a “aplicar estrictamente las disposiciones de la Ley” mencionada, y ordenó a la Dirección Nacional de Servicios Jurídicos que preparara un plan para ampliar la concienciación y proporcionar asistencia jurídica gratuita a los miembros de las castas desfavorecidas y tribus registradas.

Respuesta al párrafo 8 b)

24.La Ley de Modificación de 2015 prevé que los gobiernos estatales establezcan tribunales especiales con competencia exclusiva para que se enjuicie rápidamente a los autores de los delitos. Se ha prescrito un plazo de 60 días para la finalización de la instrucción y la presentación del escrito de acusación ante el tribunal. En la notificación de recomendación promulgada al respecto por el Ministerio del Interior se recomienda realizar programas de capacitación bien estructurados para sensibilizar y concienciar al personal de la policía, e incluir dichos programas en los planes de estudio de los distintos centros y academias de formación policial. Se ha previsto identificar otras zonas en las que podrían cometerse atrocidades a fin de adoptar medidas preventivas que salven la vida y los bienes de los miembros de las castas desfavorecidas y tribus registradas.

Respuesta al párrafo 8 c)

25.A fin de eliminar la práctica de la recogida manual de excrementos humanos y facilitar la rehabilitación de las personas que trabajan como vaciadores de letrinas, se promulgó la Ley de Prohibición del Empleo de Personas como Vaciadores de Letrinas y su Rehabilitación, de 2013 (Ley de Vaciadores de Letrinas), que deroga la Ley de Prohibición del Empleo de Personas como Vaciadores de Letrinas y Construcción de Letrinas Secas, de 1993. La Ley prohíbe específicamente la contratación o el empleo directo o indirecto de cualquier persona para la limpieza peligrosa de una alcantarilla o un tanque séptico. Establece un mecanismo institucional para determinar quiénes trabajan como vaciadores de letrinas tanto en las zonas rurales como en las urbanas. También prevé la constitución de comités de vigilancia y comités de seguimiento a nivel central y de los estados para asesorar y supervisar su aplicación integral, lo que incluye la rehabilitación de los que trabajan como vaciadores de letrinas. Reconociendo que la existencia de letrinas insalubres es la razón principal de la prevalencia de la práctica deshumanizante de la limpieza manual de letrinas, la nueva Ley obliga a las autoridades locales a garantizar la eliminación de las letrinas insalubres.

26.La Corporación Nacional de Financiación y Desarrollo Safai Karamcharis organiza talleres de sensibilización en los municipios, dirigidos a ingenieros, trabajadores de saneamiento y contratistas, sobre la limpieza en condiciones de seguridad de alcantarillas y tanques sépticos. En 2018, el Ministerio de Vivienda y Asuntos Urbanos publicó el procedimiento operativo estándar (POE) para la limpieza de alcantarillas y tanques sépticos. Desde el 6 de diciembre de 2013 hasta el 31 de enero de 2020 se ha determinado la existencia de un total de 62.904 vaciadores de letrinas. A fin de garantizar que no quede ninguna letrina insalubre en el país, en el marco de la Misión Swachh Bharat estas se están convirtiendo en letrinas sanitarias mediante la construcción de 107.105 millones de inodoros individuales en zonas rurales y 6.257 millones en zonas urbanas. En 2020, el Ministerio de Justicia Social y Empoderamiento puso en marcha la aplicación para dispositivos móviles “Swachhata Abhiyan”, con la que cualquier persona puede cargar los detalles, incluidas las fotografías de la letrina insalubre y del vaciador de letrinas, si lo hay, que se dedica a su limpieza. Se está formulando un Plan de Acción Nacional, en consulta con el Ministerio de Vivienda y Asuntos Urbanos y el Departamento de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio de Jal Sakti, para eliminar la limpieza manual del sistema de alcantarillado y tanques sépticos y la rehabilitación de los trabajadores que se dedican a su limpieza manual.

27.El párrafo 3 de la Orden Constitucional sobre Castas Desfavorecidas, de 1950, fue revisado en 1990. Desde entonces, no se ha introducido ninguna otra revisión. La aplicabilidad de la Orden solo a los hindúes, sijs y budistas ha sido impugnada ante el Tribunal Supremo sobre la base de argumentos de igualdad, libertad religiosa y no discriminación, y actualmente está siendo examinada por dicho Tribunal.

Respuesta al párrafo 9 de la lista de cuestiones

Respuesta a los párrafos 9 a) y b)

28.La India ha fortalecido su marco jurídico para combatir la discriminación de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. El Tribunal Supremo, mediante su decisión en la causa Navtej Singh Johar v. Union of India, despenalizó la homosexualidad entre adultos ejercida en privado y con consentimiento, con lo que se eliminó la restricción irrazonable de la libertad de elección y expresión de la comunidad LGBT. Esta decisión también creó un entorno propicio para que las personas lesbianas, gais y bisexuales puedan acceder a la justicia, tal como prevé el Pacto.

29.Además, en 2019, el Parlamento promulgó la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Transgénero, que prohíbe ampliamente la discriminación de las personas transgénero en todas las esferas de la vida e impone al Estado la obligación de garantizar su inclusión en la sociedad mediante la prestación de servicios de seguridad social, educación y salud. La Ley, junto con las Reglas de Protección de los Derechos de las Personas Transgénero, de 2020, hacen efectivo el derecho a la identidad de género percibida por la propia persona y ordenan que se expida el certificado de identidad sin exigir reconocimiento médico alguno, y sobre la base de una simple declaración jurada presentada por la persona. Para facilitar a las personas transgénero la solicitud del certificado y el documento de identidad en modo digital, en noviembre de 2020 entró en funcionamiento el Portal Nacional para Personas Transgénero, que ofrece un servicio en línea de principio a fin para este propósito. La Ley prescribe penas para la violencia y el maltrato de las personas transexuales, la restricción de su acceso a lugares públicos, la expulsión de su lugar de residencia o su sometimiento a trabajo forzoso. Estas van de de seis meses a dos años de prisión y multa. Las penas prescritas por la Ley mencionada se suman a las prescritas por cualquier otra ley y no las sustituyen.

30.El Gobierno de la India está trabajando en un plan general para enfrentar los problemas de acceso de la comunidad transexual a la salud, la educación, la asistencia social, la mejora de las aptitudes, la vivienda y el apoyo económico y de medios de subsistencia. En noviembre de 2020, se inauguró el primer hogar de acogida para estas personas, llamado Garima Greh, en el que se les ofrece alojamiento, comida, atención médica, instalaciones recreativas y apoyo para la creación de capacidades y el desarrollo de aptitudes. Se han determinado 10 ciudades para el establecimiento de 13 de estos hogares de acogida. Además, el Ministerio de Justicia Social y Empoderamiento ha asignado fondos a la Sociedad Nacional de Financiación y Desarrollo de las Clases Atrasadas para llevar a cabo actividades de desarrollo de aptitudes de los miembros de la comunidad transgénero. Varios estados de la India han adoptado iniciativas para desarrollar y mejorar la calidad de vida de las personas transgénero, como el plan general Sweekruti puesto en marcha por el estado de Odisha para crear un entorno propicio que garantice a las personas transgénero la igualdad de oportunidades, la equidad, la justicia social y el empoderamiento, y que establece plazas reservadas para ellas en las instituciones educativas y en el empleo público. La Política de Ciencia, Tecnología e Innovación, de 2020, prevé la inclusión de la comunidad LGBTQ+ en todos los diálogos relacionados con la equidad de género, así como la promoción de su representación en la ciencia, la tecnología y la innovación.

Igualdad entre hombres y mujeres (arts. 2, 3 y 25)

Respuesta al párrafo 10 de la lista de cuestiones

Respuesta al párrafo 10 a)

31.La India ha adoptado una estrategia múltiple para erradicar las actitudes patriarcales y los estereotipos profundamente arraigados que perpetúan la discriminación contra la mujer. Las medidas destinadas a lograr un cambio de actitud están contempladas en ámbitos diversos, como la legislación, la educación y la formación, e incluyen también medidas proactivas en forma de prácticas administrativas, planes y programas para superar obstáculos específicos a la igualdad de género y proporcionar condiciones propicias para el disfrute de los derechos contemplados en el Pacto.

32.En 2013, el Código Penal se modificó para reconocer diversas formas de violencia de género como delitos que no requieren una orden judicial para la detención del presunto autor. Las leyes especiales relativas a la violencia doméstica, el acoso sexual a las mujeres en el lugar de trabajo, el matrimonio infantil y la concepción con selección del sexo y el aborto selectivo en función del sexo, promulgadas o modificadas en el nuevo milenio, aumentan inequívocamente la igualdad de género como principio organizador de la propia ley.

33.Las sucesivas políticas educativas han avanzado de forma constante en la reducción de la brecha de género y en la promoción de la sensibilización en materia de género. El Marco Curricular Nacional desarrollado por el Consejo Nacional de Investigación y Formación Pedagógicas (NCERT) en 2005 contribuyó de forma importante a identificar las vías para los cambios epistemológicos, pedagógicos y lingüísticos en esta dirección. Para avanzar en este enfoque, la Política Nacional de Educación, de 2020, reconoce la sensibilidad a las cuestiones de género como parte esencial de la educación en todos los niveles. Incluso más allá de la educación formal, se organizan periódicamente programas de sensibilización en materia de género para los funcionarios de la policía y la judicatura, de modo que esa actitud se convierta en parte esencial de su cultura de trabajo. En la causa Aparna Bhat v. State of Madhya Pradesh, el Tribunal Supremo reiteró la necesidad de sensibilizar sobre cuestiones de género a los jueces, a los fiscales y a los abogados, y dio instrucciones para que se impartan cursos obligatorios de sensibilización sobre cuestiones de género a los jueces, y para que estos se incluyan en los cursos de licenciatura de las facultades de Derecho y en el programa de estudios del examen de acceso a la abogacía y al servicio judicial.

34.Como medidas de acción afirmativa para promover la igualdad de género, la Ley Nacional Mahatma Gandhi de Garantía de Empleo Rural, de 2005, obliga a que un tercio de los beneficiarios del plan conexo sean mujeres; el Código de la Seguridad Social, de 2020, incorpora el aumento de la duración de la licencia de maternidad remunerada de 12 a 26 semanas, así como la obligación de todo establecimiento que emplee a 50 o más trabajadores de disponer de una guardería. Aunque la participación mínima de las mujeres asegurada en la Ley Nacional Mahatma Gandhi es del 33 %, en los años 2018-2019 y 2019‑2020 la participación de estas en el plan conexo fue del 54,56 % y el 56,87 %, respectivamente. Las normas relativas al pasaporte y al número de cuenta permanente se han modificado de modo que los solicitantes puedan proporcionar el nombre de uno solo de los progenitores y no de ambos, lo que permite a los hijos de madres solas obtener estos documentos. La presupuestación con perspectiva de género fue adoptada en 2005 como herramienta para incorporar dicha perspectiva a todas las políticas y programas gubernamentales.

35.La India ha intensificado sus iniciativas en pro del empoderamiento de la mujer mediante una mayor puesta en marcha y racionalización de diversos programas. El programa de desarrollo de aptitudes a corto plazo Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, puesto en funcionamiento en 2015, fue reorientado en su versión 3.0 (2020-2021 y 2021-2026) con un componente mejorado para los grupos especialmente marginados, como las mujeres y las personas transgénero. Durante el período 2014-2018, la inscripción de mujeres en cursos de larga duración de desarrollo de aptitudes aumentó un 97 %. En 2015 se puso en marcha el Plan Beti Bachao Beti Padhao (Salva a la Niña, Propicia Su Educación) para hacer frente al problema del descenso de la proporción entre los sexos de los niños y, desde 2019, se ha hecho extensivo a los 640 distritos del país. El régimen público de prestaciones por maternidad Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, puesto en marcha en 2016, proporciona ayuda financiera a las mujeres embarazadas y a las madres lactantes. Hasta 2020, más de 10,75 millones de mujeres habían recibido esta ayuda. El Programa Rashtriya Mahila Kosh proporciona préstamos a las mujeres pobres a través de organizaciones de microfinanciación intermediarias. A fin de garantizar un alojamiento seguro a las mujeres que trabajan fuera de su lugar de residencia, se han creado albergues para mujeres trabajadoras. Además, el Gobierno de la India puso en marcha en 2010 la Misión Nacional para el Empoderamiento de la Mujer con el objetivo de reforzar los procesos generales que promueven el desarrollo integral de las mujeres.

Respuesta al párrafo 10 b)

36.La India fomenta la participación de las mujeres en la vida política, la cual ha ido aumentando gradualmente. La proporción de mujeres en la Lok Sabha (Cámara Baja del Parlamento) aumentó del 11,6 % en 2014 al 14,4, % en 2019. La participación electoral de las mujeres también ha aumentado progresivamente, desde el 55,82 % en 2009 hasta el 65,3 % en 2014, e incluso más en 2019, hasta el 68 %. En 2019 superó la participación electoral de los hombres. Para el nombramiento de los jueces de los tribunales superiores, el Gobierno ha pedido que se preste la debida atención a los candidatos adecuados que pertenezcan a las castas desfavorecidas y las tribus registradas, a otras clases atrasadas, a las minorías y a las mujeres. Al 31 de marzo de 2021, hay 1 magistrada en el Tribunal Supremo y 75 magistradas en varios Tribunales Superiores.

37.La Constitución garantiza la participación de la mujer en el gobierno local al exigir que se reserve para las mujeres como mínimo un 33 % del total de los puestos. Para garantizar la paridad, más de 20 estados indios ya han previsto reservar para las mujeres el 50 % del total de los puestos. A este respecto, el Parlamento está examinando un proyecto de ley. Las iniciativas en otros ámbitos están caracterizadas por pasos moderados pero progresivos hacia la apertura de los puestos que hasta ahora excluían a las mujeres. La medida más importante en este sentido ha sido el reconocimiento de la igualdad de oportunidades para las mujeres y la aplicación de esta, al aceptar mujeres como oficiales nombradas para prestar servicios por una duración determinada en las fuerzas armadas, y considerar la posibilidad de que presten servicios de carácter permanente, no solo en los nombramientos de personal general, sino también en los nombramientos para puestos de mando y los que exigen el cumplimiento de criterios determinados. El Gobierno de la India también ha aconsejado de forma proactiva a los estados que aumenten hasta el 33 % la representación de las mujeres en los puestos de la policía de la categoría “B menos”, y en 2015 aprobó la misma medida para los territorios de la Unión. Con ese mismo propósito, por lo menos 20 estados adoptaron metas diversas que varían entre el 38 % (un estado), el 33 % (nueve estados) y menos del 33 % (diez estados).

38.También se han llevado a cabo gestiones legislativas para mejorar la participación de las mujeres en la esfera económica. De conformidad con el artículo 149 de la Ley de Sociedades, de 2013, todas las empresas que coticen en bolsa y que tengan un capital social desembolsado de 1.000 millones de rupias o más o una cifra de negocios 3.000 millones de rupias o más están obligadas a tener al menos una mujer en su junta directiva. La Junta de Valores y Bolsa de la India ha dispuesto que, a más tardar el 1 de abril de 2020, las 1.000 empresas indias más importantes por capitalización bursátil deberán contar con una directora independiente en sus juntas directivas. Al 3 de marzo de 2021, 850 de esas 1.000 empresas habían nombrado directoras independientes.

39.Las iniciativas para la inclusión financiera de las mujeres tienen como objetivo empoderarlas e incorporarlas a la vida económica general. Entre 2015 y 2020, el 68 % del total de beneficiarios del Programa Pradhan Mantri Mudra Yojana han sido mujeres. Las mujeres son también las mayores beneficiarias del Programa Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, una de las mayores iniciativas de inclusión financiera del mundo, que también da acceso a prestaciones directas en el marco de diversos planes de asistencia social y de servicios crediticios y de seguros. A agosto de 2020, de los 400 millones de cuentas abiertas en el marco del Programa Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, el 55,2 % tienen a mujeres como titulares. El Programa Mahila Shakti Kendra se puso en marcha en 2017 para empoderar a las mujeres mediante el desarrollo de aptitudes, el empleo, la alfabetización digital, la salud y la nutrición. Asimismo, moviliza a las mujeres para que se unan a los colectivos, les facilita el acceso a la información y procura aumentar su participación en las instituciones del Panchayati Raj (los consejos de aldeas).

Respuesta al párrafo 10 c)

40.El matrimonio y las relaciones familiares en la India se rigen principalmente por las leyes sobre el estatuto personal establecidas por la comunidad religiosa concreta a la que pertenezca la persona. La India, al ser un país laico, sigue una política de no injerencia en los asuntos relativos al estatuto de la persona de cualquier comunidad, a menos que esta tome la iniciativa o dé su consentimiento. Sin embargo, en los asuntos relativos a la familia, la India ha seguido avanzando hacia la igualdad sustantiva de la mujer, especialmente a través de modificaciones legislativas y decisiones judiciales. La Ley de Modificación de la Ley de Sucesión Hindú, de 2005, equiparó la posición de las hijas con la de los hijos en las propiedades proindivisas hindúes Mitakshara. Asimismo, eliminó la norma que impedía a las herederas solicitar el reparto de la vivienda ocupada por una familia extensa sin tener que esperar que los herederos decidieran hacerlo. La Ley del Estatuto de la Persona (Modificación), de 2010, modificó la Ley de Tutores y Personas bajo el Régimen de Tutela, de 1890, y la Ley Hindú de Adopción y Manutención, de 1956. En virtud de la modificación de la Ley de Tutores y Personas bajo el Régimen de Tutela de 1890, se reconoce por igual a la madre y al padre como tutores de un hijo menor de edad. Tras la modificación, los hombres y las mujeres hindúes tienen la misma capacidad para dar y recibir un hijo en adopción. Además, la Ley de Protección de los Derechos de las Mujeres Musulmanas en el Matrimonio, de 2019, hace que la costumbre de los maridos musulmanes de divorciarse recurriendo a la práctica de pronunciar tres veces talaq (“me divorcio”) se convierta, a instancia de la mujer musulmana casada sobre la que se pronuncia el talaq, en un delito que no requiere orden judicial para la detención del presunto autor.

41.La desigualdad entre hombres y mujeres en el derecho hindú en materia de tutela se ha reducido como resultado de la decisión del Tribunal Supremo en la causa Githa Hariharan v. Reserve Bank of India, en la que adoptó una interpretación progresista del artículo 6 a) de la Ley de Minoría de Edad y Tutela Hindú, de 1956, Ley que reconocía un derecho de tutela muy desigual y diferenciado a la madre y al padre. La interpretación ilustrada de la Ley de Protección de los Derechos de la Mujer Musulmana en Caso de Divorcio, de 1986, por el Tribunal Supremo en la causa Danial Latifi v. Union of India garantizó a las mujeres musulmanas divorciadas un derecho amplio a la pensión alimentaria y a la provisión de medios.

42.Un importante símbolo del patriarcado y de los estereotipos de género, el delito de adulterio, contemplado en el Código Penal, fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo en la causa Joseph Shine v. Union of India. Si bien la ley tipificaba como delito el adulterio cometido por una esposa, solo permitía al marido de esta presentar una denuncia penal contra la persona con la que supuestamente la esposa mantenía una relación adúltera. La disposición, según se sostuvo, violaba el principio de no discriminación y constituía una denegación de la igualdad sustantiva.

Respuesta al párrafo 10 d)

43.Aunque las costumbres tienen fuerza de ley en la India, pueden ser prohibidas por infringir la Constitución. La Constitución reconoce tanto la igualdad de género como el derecho a conservar la cultura. En la causa Madhu Kishwar v. State of Bihar, el Tribunal Supremo, si bien confirmó la práctica consuetudinaria que otorgaba el derecho de herencia a los descendientes varones de las tribus registradas, estableció el derecho de las mujeres a ganarse la vida con esa tierra y limitó el derecho de los descendientes varones a la propiedad exclusiva de la tierra heredada hasta que las mujeres dependientes o descendientes eligieran otro medio de vida. La decisión pone de manifiesto la interrelación entre los derechos culturales y el derecho a la igualdad y la no discriminación.

Violencia contra la mujer y prácticas nocivas(arts. 2, 3, 6, 7, 8 y 26)

Respuesta al párrafo 11 de la lista de cuestiones

44.La India siempre ha considerado con seriedad las persistentes prácticas nocivas contra las mujeres y ha emprendido acciones concertadas para erradicarlas.

45.Matrimonio infantil – La Ley de Prohibición del Matrimonio Infantil, de 2006, establece la prohibición y el castigo de la celebración de matrimonios infantiles. La Ley dispone que el niño cuyo matrimonio se ha celebrado tenga la posibilidad de conseguir su anulación a través de los tribunales. Establece una estructura institucional para la prevención del matrimonio infantil que incluye designar funcionarios encargados específicamente de ocuparse de la cuestión de la prohibición de dichos matrimonios, sensibilizar sobre el problema y prestar asesoramiento a los residentes locales. Además, prevé penas más severas para los delitos y contempla un mecanismo de apoyo a la mujer que contrae el matrimonio.

46.Asesinato por honor – Reconociendo que el asesinato por honor guillotina la libertad individual y la libertad de elección, el Tribunal Supremo, en la causa Shakti Vahini v. Union of India, sostuvo que el “derecho debe ser protegido y no puede sucumbir a la concepción del honor de clase o del pensamiento de grupo”. El Tribunal estableció medidas preventivas, punitivas y correctivas para hacer frente al problema de los asesinatos por honor. Asimismo, ordenó la creación de dependencias especiales a nivel de distrito dotadas de un teléfono de asistencia operativo las 24 horas del día y el enjuiciamiento de esos casos por tribunales designados para ese fin y encargados de que se resuelvan rápidamente.

47.Sistema de dotes – La práctica del sistema de dotes ha sido un asunto de gran preocupación para la India. No solo se han introducido modificaciones en la Ley de Prohibición de la Dote, de 1961, para hacerla más estricta y eficaz, sino que se ha tipificado como delito el acoso por dote y, en virtud de la Ley de Protección de la Mujer contra la Violencia Doméstica, de 2005, se lo ha reconocido como motivo para la interposición de un recurso civil.

48.Aborto selectivo en función del sexo del feto – En la India, las prácticas de determinación y selección del sexo están estrictamente prohibidas y castigadas por la ley. La Ley de Técnicas de Diagnóstico Previo a la Concepción y Prenatal, de 1994, que tras su modificación en 2002 quedó denominada Ley de Prohibición de la Selección del Sexo de los Hijos con Técnicas de Diagnóstico Previo a la Concepción y Prenatal, de 1994, tiene por objeto fortalecer el procedimiento y los mecanismos institucionales establecidos para erradicar estas prácticas y prohíbe ampliamente la publicidad de la selección de sexo en cualquiera de sus formas. El Tribunal Supremo, en la causa Sabu Mathew George v. Union of India, ordenó a las empresas de software que nombraran “expertos internos” de modo que se garantizara el estricto cumplimiento de la prohibición. En la causa Voluntary Health Association of Punjab v. Union of India, el Tribunal Supremo formuló instrucciones detalladas para agilizar y posibilitar la aplicación rigurosa de la Ley a través de diversos mecanismos a nivel social, administrativo y judicial.

49.Devadasi – El Código Penal de 1860, tras su modificación en 2013, prohíbe la trata de personas y la explotación de sus víctimas. La definición inclusiva de explotación, que comprende la explotación sexual, la esclavitud o las prácticas similares a la esclavitud y la servidumbre, es lo suficientemente amplia como para incluir en su ámbito la práctica explotadora de la devadasi. Asimismo, penaliza la captación, el transporte, la acogida, el traslado o la recepción de cualquier persona con fines de explotación. El Código aclara además que el consentimiento de la víctima es irrelevante para determinar el delito de trata. Al ser una disposición legislativa de carácter central, es aplicable en toda la India. El Ministerio del Interior también ha aclarado esta cuestión a través de las notificaciones de recomendación que ha dirigido a todos los estados y territorios de la Unión, y les ha recomendado, además, que emprendan una campaña especial para detectar a las devadasis y rehabilitarlas, proporcionándoles apoyo psicológico, tratamiento médico y orientación. También se ha ordenado la realización de programas especiales de sensibilización y desarrollo de aptitudes.

50.Sati – Se ha erradicado la práctica nociva del ritual del sati, que consiste en quemar a la viuda en la pira funeraria de su marido. La Ley de Prevención del Sati, de 1987, se promulgó para prevenir eficazmente el sati y su glorificación y, desde entonces, no se ha registrado ningún caso de sati en la India.

51.Brujería – La violencia por cualquier motivo, incluida la designación de una persona como bruja, está incluida en varias categorías de delitos tipificados y penalizados en el Código Penal. Ocho estados de la India, entre ellos Jharkhand, Odisha y Chhattisgarh, han promulgado leyes especiales para frenar la victimización de mujeres bajo el pretexto de que son brujas.

52.Mutilación genital femenina (MGF) – La práctica de la MGF es un delito penal contemplado en los artículos 320 a 326 del Código Penal, relativos a las lesiones corporales causadas mediante el uso de cualquier instrumento para disparar, apuñalar o cortar. Además, en lo que respecta a la realización de esta práctica sobre niñas menores de 18 años, también se puede invocar la Ley de Protección de los Niños contra los Delitos Sexuales, de 2012. En la causa Sunita Tiwari v. Union of India, se afirmó que la cuestión de la mutilación genital femenina es un punto de confluencia entre el derecho a la integridad corporal y el derecho a la religión. El asunto ha sido remitido a una sala constitucional del Tribunal Supremo y actualmente está sub iudice.

53.Violencia sexual – El marco jurídico para eliminar la violencia contra la mujer se ha ampliado mediante una modificación introducida en el Código Penal, por la que se han tipificado como delito formas específicas de violencia contra la mujer, como las agresiones con ácido, el obligar a una mujer a desvestirse, el voyerismo y el acoso criminal. El acoso sexual también ha sido definido y sancionado por el derecho penal. La definición de violación, que se limitaba al coito pene-vaginal, se ha ampliado para incluir diversas formas de agresión sexual con y sin penetración. El consentimiento, en el contexto de la violación, está claramente definido. Ahora se prevén penas más severas para el delito de violación, clasificadas en función de las lesiones adicionales causadas al cometerlo —como causar la muerte o dejar a la víctima en estado vegetativo persistente—, el número de autores, la edad de la víctima y si el autor ocupa una posición de autoridad o es reincidente. Las modificaciones también exigen que la multa impuesta a los autores sea pagada a la víctima y que sea justa y razonable para cubrir los gastos médicos y de rehabilitación de la víctima. A fin de garantizar que la ley promulgada para enfrentar eficazmente la violencia contra la mujer se aplique rigurosamente, se prescribe una pena para el funcionario que no cumpla con sus obligaciones, especialmente en lo que respecta al registro y la investigación de los casos de violencia sexual contra las mujeres.

54.El Tribunal Supremo, en la causa Independent Thought v. Union of India, interpretó la disposición del artículo 375 del Código Penal y sostuvo que la violación conyugal no constituye una excepción cuando la esposa es menor de 18 años.

55.La ausencia de una ley integral sobre la violencia doméstica se ha subsanado con la promulgación de la Ley de Protección de la Mujer contra la Violencia Doméstica, de 2005. La Ley, que ha adoptado una definición amplia de la violencia doméstica, contempla la posibilidad de interponer recursos civiles además de las sanciones penales ya existentes, al tiempo que amplía el alcance de estas en determinadas circunstancias. Además, establece una notable estructura de apoyo a las víctimas de la violencia doméstica. La Comisión Nacional de la Mujer cuenta con una dependencia especial sobre los indios no residentes, que se ocupa de las denuncias de privación de los derechos de la mujer en matrimonios entre nacionales de diferentes países.

56.Asimismo, en 2019 el Gobierno introdujo un plan para establecer en toda la nación 1.023 tribunales especiales de vía rápida, entre ellos 389 tribunales exclusivos de protección de los niños contra los delitos sexuales, que tienen por objeto que los juicios relacionados con los delitos sexuales se finalicen en un plazo determinado. A fin de enfrentar eficazmente el problema de la violencia contra las mujeres, además de fortalecer el marco jurídico, se han adoptado medidas a nivel operacional. Se ha establecido en toda la India un Sistema de Apoyo a la Respuesta de Emergencia, que prevé un número telefónico único reconocido internacionalmente para todas las emergencias, que cuenta con un sistema asistido por ordenador de envío de personal de terreno especializado al lugar de la emergencia. Para facilitar el acceso de las mujeres afectadas por la violencia a un servicio integrado, se están creando en todo el país centros de atención integral en los que, en un mismo centro, se les prestan servicios médicos, jurídicos y psicosociales, además de apoyo temporal. Se ha aprobado la creación de 728 centros de este tipo, de los cuales 595 ya están en funcionamiento en el país.

57.A fin de facilitar la intervención en situaciones en que las mujeres buscan apoyo, se trate o no de una crisis, se ha establecido en toda la India un servicio de telecomunicaciones gratuito que funciona las 24 horas del día durante toda la semana y deriva a las solicitantes a los organismos adecuados y les proporciona información sobre los planes y programas adecuados de apoyo y empoderamiento de la mujer. A efectos de vigilar y hacer un seguimiento de la investigación sometida a plazos en los casos de agresión sexual, se ha establecido un sistema de seguimiento de la investigación de los delitos sexuales a nivel nacional. En 2018 se puso en marcha una base de datos a nivel nacional sobre delincuentes sexuales para facilitar a las fuerzas del orden la investigación y el seguimiento de esos delincuentes en todo el país. También se ha puesto en marcha un portal de ciberdelincuencia para que los ciudadanos denuncien contenidos obscenos. Se han aprobado en ocho ciudades, en una primera fase, proyectos de ciudades seguras, los cuales implican el uso de tecnología para ayudar a la gestión inteligente de estas en materia policial y de seguridad. El Gobierno de la India ha creado un fondo específico denominado Fondo Nirbhaya para la puesta en marcha de iniciativas destinadas a mejorar la seguridad de las mujeres en el país. El Plan de Indemnización para Mujeres Víctimas o Supervivientes de Agresiones Sexuales u Otros Delitos, de 2018, contempla la concesión de indemnización a las mujeres víctimas de delitos reconocidos como delitos de género y a las víctimas de abuso sexual de niños. Se ha creado un sistema de gestión de denuncias en línea, el Buzón para Ella, destinado a proporcionar a todas las mujeres acceso a una ventanilla única para el registro de denuncias relacionadas con el acoso sexual en el lugar de trabajo.

58.Agresiones con ácido – La Ley de Modificación del Código Penal, de 2013, insertó en el Código Penal de 1860 los artículos 326A y 326B, por los que se establecen disposiciones especiales contra las agresiones con ácido, sancionadas con multa y una pena de diez años de prisión como mínimo, que puede extenderse a prisión perpetua. La multa será justa y razonable para cubrir los gastos médicos del tratamiento de la víctima. La desfiguración provocada por las agresiones con ácido se ha incluido como una discapacidad en la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2016, lo que permite a estas víctimas reclamar prestaciones en virtud de dicha Ley.

59.Los Comités de la Sociedad Civil para el Bienestar de la Familia, que habían sido constituidos por el Tribunal Supremo en 2018, fueron posteriormente declarados inadmisibles por ley por el mismo Tribunal en la causa Social Action Forum for Manav Adhikar and Another v. Union of India, Ministry of Law and Justice and Others.

Interrupción del embarazo, mortalidad materna y derechos reproductivos (arts. 2, 3, 6 y 7)

Respuesta al párrafo 12 de la lista de cuestiones

60.Como parte de sus obligaciones dimanantes del Pacto, la India está firmemente decidida a eliminar los obstáculos jurídicos y prácticos que impiden el acceso efectivo de las mujeres y las niñas al aborto legal y sin riesgo. A estos efectos, la Ley de Interrupción Médica del Embarazo, de 1971, modificada en 2021, tiene por objeto garantizar la dignidad, la autonomía, la confidencialidad y la justicia para las mujeres que necesitan interrumpir su embarazo. Cabe mencionar que la Ley se introdujo tras un amplio proceso de consulta en el que participaron todas las posibles partes interesadas.

Respuesta al párrafo 12 a)

61.A fin de garantizar la disponibilidad de métodos anticonceptivos en todos los niveles del sistema sanitario, en 2016 el Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia puso en marcha la Misión Pariwar Vikas. El objetivo de la Misión es proporcionar una mayor oferta de anticonceptivos, servicios asegurados y seguridad de los productos básicos. La última Encuesta Nacional sobre Salud de la Familia 5 (Fase I) indica un aumento sustancial de la tasa general de uso de anticonceptivos. También se ha adoptado un plan de suministro gratuito de anticonceptivos por el que, en el momento de la adquisición, se comprueba la calidad de estos y, luego, se suministran gratuitamente a través de los dispensarios, hospitales y centros de atención primaria de la salud, así como mediante la entrega a domicilio, a cargo de trabajadores de la entidad Activistas Acreditados de Salud Social. Se están reforzando los servicios de asistencia integral relacionada con el aborto mediante, entre otras cosas, la formación de prestadores de asistencia sanitaria, el suministro de medicamentos, el equipamiento y actividades de información, educación y comunicaciones. Se han fortalecido más de 25.000 “puntos de prestación del servicio” en todo el país, por lo que se refiere a su infraestructura, equipamiento y personal capacitado para la prestación de servicios integrales de salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente. La Ley de Protección de los Niños contra los Delitos Sexuales, de 2012, y el Código Penal prevén la obligación de notificar los embarazos y las agresiones sexuales en la adolescencia. Dada la cultura del silencio en torno a los delitos sexuales y el delicado contexto conexo, la notificación obligatoria tiene principalmente por objeto garantizar que ningún delito sexual contra ningún niño quede sin notificar, evitando así que se deje a la víctima fuera de la protección del Estado y al autor fuera del alcance del sistema de justicia penal. Además, el requisito establecido por la Ley de Interrupción Médica del Embarazo de que para abortar se debe obtener la autorización de un prestador de servicios médicos registrado tiene por objeto salvaguardar la salud y el bienestar de las mujeres que se someten a un aborto.

Respuesta al párrafo 12 b)

62.En la India, la Ley de Interrupción Médica del Embarazo tiene por objeto garantizar el derecho al aborto en condiciones seguras y adecuadas para la buena salud de las mujeres. El ejercicio de este derecho requiere el cumplimiento de ciertas condiciones razonables. Tres de estas condiciones se refieren a la fase en que se encuentre el embarazo, a la realización del aborto únicamente por un médico colegiado y a que el procedimiento se lleve a cabo en un hospital o en un lugar designado para ello por la autoridad gubernamental correspondiente. Por consiguiente, los abortos autogestionados son ilegales.

Respuesta al párrafo 12 c)

63.Teniendo en cuenta el avance de la tecnología médica para el aborto seguro, la restricción del acceso al aborto legal después de las 20 semanas de embarazo fue revisada por la Ley de Modificación de la Ley de Interrupción Médica del Embarazo, de 2021. En consecuencia, ahora no se requiere autorización judicial para el acceso al aborto legal hasta las 24 semanas de gestación y, en algunos casos, incluso más allá de ese plazo.

Respuesta al párrafo 12 d)

64.La no admisibilidad de los fallos de los anticonceptivos como motivo para abortar en el caso de las mujeres y niñas solteras se ha eliminado mediante la Ley de Modificación mencionada, que sustituye las palabras “cualquier mujer casada o su marido” por las palabras “cualquier mujer o su pareja”. La modificación amplía la admisibilidad de los fallos de los anticonceptivos como motivo para abortar, de modo que quedan incluidas todas las mujeres y niñas, estén o no casadas.

Respuesta al párrafo 12 e)

65.El requisito de que las niñas menores de 18 años obtengan el consentimiento de sus padres o tutores está previsto explícitamente por la ley en la Ley de Interrupción Médica del Embarazo. El fundamento en que se sustenta esta disposición es el enfoque de la política pública con respecto a los menores en todos los aspectos de la vida.

Respuesta al párrafo 12 f)

66.Los problemas de la limitada disponibilidad de servicios de aborto y la escasez de profesionales de la salud para prestarlos se están enfrentando activamente. Las cifras recientes a este respecto indican mejoras positivas. La necesidad de planificación familiar ha bajado del 12,9 % (2015-2016) a menos del 10 % (2019-2020) en todos los estados, excepto en dos. Para pasar de la actual relación proporcional médico-habitantes de 1:1.456 a la prescrita por la OMS de 1:1.000, la India ha puesto en marcha un ambicioso programa de mejora de las infraestructuras sanitarias. Desde 2014, se ha aprobado la apertura de 141 nuevas facultades de medicina y se ha aumentado el ingreso de estudiantes de medicina. Además, se espera que aumente el número de médicos en los centros de salud públicos como consecuencia de la reciente decisión del Tribunal Supremo en la causa Association of Medical Superspeciality Aspirants and Residents and Others v. Union of India, que defiende la validez constitucional de exigir una garantía obligatoria de prestación de servicios en el sector sanitario público como condición para ser admitido en los cursos de medicina de posgrado.

Respuesta al párrafo 12 g)

67.El temor de los profesionales médicos a ser enjuiciados con arreglo a una ley debidamente promulgada, la Ley de Prohibición de la Selección del Sexo de los Hijos con Técnicas de Diagnóstico Previo a la Concepción y Prenatal, a pesar de la existencia de recursos jurídicos que tienen a su disposición en caso de uso indebido de dicha Ley, carece de fundamentos sólidos. Con respecto al presunto acoso a los profesionales médicos debido a su uso indebido de dicha Ley, el Tribunal Supremo, en la causa Voluntary Health Association of Punjab v. Union of India, también se negó a interpretar de manera menos estricta ciertas disposiciones de esta Ley, y a añadir salvedades y excepciones a otras de sus disposiciones.

68.En respuesta a las denuncias relativas a los procedimientos de esterilización de mala calidad y en condiciones de riesgo realizados en los campamentos de esterilización, la Política Nacional de Salud de 2017 reconoce debidamente el imperativo de abandonar la modalidad de campamentos de prestación de dichos servicios. Además, se han creado comités de garantía en todos los estados y distritos de la India para vigilar el funcionamiento de los campamentos de esterilización. La división de planificación familiar del Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia realiza periódicamente visitas de seguimiento e inspecciones estatales de los servicios de esterilización. Con respecto al año anterior (2017-2018), las tasas de mortalidad y de fallos atribuibles a las esterilizaciones han disminuido en 0,55 puntos y 62,5 puntos, respectivamente. Los principios relativos a la reparación que debe otorgarse a las víctimas perjudicadas por el procedimiento de esterilización han sido establecidos por el Tribunal Supremo en la causa Ramakant Rai (I) v. Union of India.

Trata de personas (arts. 7, 8 y 9)

Respuesta al párrafo 13 de la lista de cuestiones

69.El marco jurídico para hacer frente a la trata de personas comprende el artículo 23 de la Constitución, la Ley de Prevención de la Trata Inmoral, de 1956, y el Código Penal, de 1860. A lo largo de los años, dicho marco se ha reforzado con numerosas iniciativas legislativas. Las iniciativas se dividen en dos categorías: en primer lugar, prevenir, reprimir y castigar la trata en sí misma; y, en segundo lugar, castigar la explotación posterior a la que son sometidas las personas víctimas de la trata y otorgar reparación a las que son explotadas. Además, la Ley de Modificación del Código Penal, de 2013, introdujo en dicho Código un nuevo artículo, el 370A, que establece una definición amplia de la trata de personas y una pena severa para el delito de explotación de una persona víctima de la trata. El artículo 370 se ha reforzado para ampliar el alcance del delito e incluir en su ámbito no solo el delito de esclavitud, sino la trata en general —de menores o adultos, el trabajo forzoso o en régimen de servidumbre, la prostitución, el trasplante de órganos y, en cierta medida, los matrimonios infantiles. En 2019, la Ley de la Agencia Nacional de Investigaciones, de 2008, se modificó para autorizar a esta Agencia a investigar casos de trata de personas en virtud de los artículos 370 y 370A del Código Penal.

70.La preocupación por la “alta incidencia de la explotación sexual de niños en la prostitución” planteada en las observaciones finales se está enfrentando de múltiples maneras; por ejemplo, las disposiciones de la Ley de Atención y Protección de la Infancia en la Justicia Juvenil, de 2015, reconocen en particular “como niños desamparados” a los “niños susceptibles de ser víctimas de la trata” y establecen instituciones para el cuidado de estos niños. El artículo 2, párrafo 14 ii), de dicha Ley reconoce que un niño que se encuentra mendigando es un “niño que necesita atención y protección”. De la prohibición del empleo de los niños en función de la naturaleza del trabajo, la India pasó, en 2016, a la prohibición total del trabajo de los niños hasta los 14 años. El empleo de adolescentes en ocupaciones peligrosas está prohibido, y está regulado en otras ocupaciones. Además, una ley especial, estricta y más completa, a saber, la Ley de Protección de los Niños contra los Delitos Sexuales, de 2012, que fue reforzada por la Ley de Protección de los Niños contra los Delitos Sexuales, de 2019, enfrenta el problema de la explotación sexual de los niños que puede ser, entre otras cosas, una consecuencia de la trata.

71.El Tribunal Supremo, en la causa Public Union for Civil Liberties v. State of Tamil Nadu and Others, encomendó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la responsabilidad de vigilar y supervisar la aplicación de sus directrices, así como la de las disposiciones de la Ley de Abolición del Trabajo en Régimen de Servidumbre, de 1976. A partir de entonces, la Comisión presenta informes periódicos sobre el estado de la aplicación de esta Ley en los diferentes estados y territorios de la Unión.

72.Además, la India ha establecido un marco para la protección y rehabilitación de las víctimas de la trata. El Gobierno de la India ha instituido diversos planes centrados en el rescate, la rehabilitación y la repatriación de las víctimas de la trata. El Plan Swadhar Greh proporciona alojamiento, comida, ropa, salud y seguridad económica y social a las mujeres víctimas de circunstancias difíciles. El Plan de la Dirección Nacional de Servicios Jurídicos para las Víctimas de la Trata y la Explotación Sexual Comercial, de 2015, proporciona asistencia jurídica a las víctimas de la trata y la explotación sexual, en el momento del rescate y, posteriormente, durante el juicio. El Plan Ujjawala tiene por objeto la prevención de la trata, y el rescate, la rehabilitación, la reintegración y la repatriación de las víctimas de la trata y de la explotación sexual comercial. A este respecto, existen en el país 254 proyectos, entre los que se incluyen 134 hogares de protección y rehabilitación. Hasta julio de 2019, se habían beneficiado del Plan 5.291 mujeres.

73.En 2019 se denunciaron, en total, 2.260 casos de trata de personas (con fines que abarcan, entre otros, el trabajo forzoso, la explotación sexual para la prostitución, otras formas de explotación sexual, la servidumbre doméstica, el matrimonio forzado, delitos menores, la utilización de niños en la pornografía, la mendicidad, el tráfico de drogas y la extracción de órganos). De estos casos, 1.606 estaban en fase de enjuiciamiento y 172, en fase de imposición de la pena. Ese mismo año se rescató a 6.571 víctimas.

74.A fin de prevenir la revictimización de las víctimas de la trata, especialmente durante las fases de investigación y enjuiciamiento, se han adoptado diversas iniciativas que incluyen la promulgación de notificaciones de recomendación y de procedimientos operativos estándar y una mejor formación de los funcionarios encargados de la investigación y el enjuiciamiento. Reconociendo la especial vulnerabilidad de los niños víctimas de la trata sometidos a la explotación sexual comercial y al trabajo en régimen de servidumbre, también se han promulgado notificaciones de recomendación específicas en las que se indican las medidas que deben adoptarse para el rescate y la rehabilitación de los niños víctimas de la trata.

75.El Gobierno de la India, en asociación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), ha iniciado un proyecto plurianual para impartir formación a los agentes del orden en relación con la trata de personas, que se lleva a cabo en cuatro estados, a saber, Maharashtra, Goa, Bengala Occidental y Andhra Pradesh, y tiene por objeto sensibilizarlos, mejorar su capacidad de investigación, perseguir eficazmente a los delincuentes y proteger proactivamente a las víctimas y supervivientes de la trata. A fin de prevenir y combatir el delito de la trata de personas, el Gobierno Central ha apoyado a los gobiernos de los estados y de los territorios de la Unión para que establezcan nuevas Dependencias Especiales de Lucha contra la Trata de Personas a nivel de distrito, y un Servicio de Ayuda a las Mujeres, a nivel de las comisarías de policía de todos los distritos. En 2006 se creó una dependencia central de lucha contra la trata de personas que sirve de punto de contacto entre los distintos ministerios, los estados y los territorios de la Unión. También se ha puesto en marcha una plataforma de comunicación a nivel nacional, el Centro Multiinstitucional contra la Delincuencia, para facilitar la difusión de información, en tiempo real, sobre delitos importantes, entre ellos los de trata de personas en todo el país, y permitir la coordinación entre los estados. Este portal, entre otras cosas, ayuda a las fuerzas del orden a transmitir mensajes sobre la trata a todas las autoridades policiales pertinentes, y es útil para localizar y reconocer a las víctimas de la trata, así como para ayudar en la prevención, detección e investigación de los delitos.

76.En colaboración con la UNODC y las Academias Judiciales de todo el país, se han organizado periódicamente talleres centrados en la creación de capacidad, la sensibilización y el desarrollo de aptitudes de los funcionarios judiciales en relación con los juicios relativos a la trata de personas y el apoyo y la asistencia a las víctimas. Además de haber ratificado, en 2011, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, la India firmó en 2002 la Convención de la SAARC sobre la Prevención y la Lucha contra la Trata de Mujeres y Niños con Fines de Prostitución y también ha suscrito un memorando de entendimiento bilateral para la Prevención de la Trata de Personas, con los Gobiernos de Bangladesh, los Emiratos Árabes Unidos, Camboya y Myanmar.

Medidas de lucha contra el terrorismo y de seguridad y rendiciónde cuentas por violaciones graves de los derechos humanos(arts. 2, 6, 7, 9, 14 y 26)

Respuesta al párrafo 14 de la lista de cuestiones

77.La India sigue siendo víctima del terrorismo. En consecuencia, para garantizar la seguridad de sus ciudadanos ha sido necesario, a lo largo de los años, adoptar ciertas medidas específicas, como la Ley de Prevención de Actividades Terroristas y Disturbios, de 1987, y la Ley de Prevención del Terrorismo, de 2002. La validez constitucional de estas Leyes fue confirmada por el Tribunal Supremo en las causas Kartar Singh v. State of Punjab y People’s Union for Civil Liberties and Another v. Union of India.

78.En lo que respecta a las causas juzgadas con arreglo a estas Leyes, cabe señalar que estas contenían cláusulas de extinción y de salvaguardia. De conformidad con la cláusula de extinción, dichas Leyes debían permanecer en vigor solo durante un período de tiempo limitado. En virtud de la cláusula de salvaguardia, a pesar de la derogación, se permitía que los juicios en curso continuaran hasta su finalización. Tras la derogación de estas Leyes, no se han presentado nuevos casos en que se las haya aplicado.

Respuesta al párrafo 15 de la lista de cuestiones

79.Las leyes de seguridad nacional, como la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas, de 1958, la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas (Jammu y Cachemira), de 1990, la Ley de Seguridad Nacional, de 1980, la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas, de 1967, y la Ley de Seguridad Pública de Jammu y Cachemira, de 1978, se aprobaron para proteger la soberanía de la India y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En virtud de estas Leyes, las fuerzas armadas y el personal de seguridad están dotados de facultades para el mantenimiento del orden público y la prevención de actos perjudiciales para la defensa y la seguridad de la India. El Gobierno de la India sigue firmemente decidido a hacer frente a las situaciones de orden público y seguridad con un uso mínimo de la fuerza, de conformidad con los principios de seguridad jurídica, necesidad y proporcionalidad, y tras la debida consideración de diversos factores, incluida la realidad del terreno. De conformidad con las leyes señaladas, se consideran un requisito previo para el uso de la fuerza y las facultades de detención los siguientes factores: i) que una zona haya sido declarada como zona “de disturbios” o “prohibida” o “protegida”; ii) que una asociación haya sido declarada “ilegal”; y iii) que se hayan expuesto en una orden de detención relativa al detenido los motivos por los que se lo detiene. En la causa Extra Judicial Execution Victim Families Association and Another v. Union of India and Another (en adelante, la causa Extra Judicial), el Tribunal Supremo destacó la necesidad de utilizar un mínimo de fuerza incluso contra terroristas, militantes e insurgentes, y la necesidad de investigar cualquier uso desproporcionado de la fuerza.

80.Es importante señalar que las Leyes mencionadas anteriormente también incorporan salvaguardias cruciales contra el ejercicio de las facultades de detención y privación de libertad por parte del Estado. Las detenciones y privaciones de libertad que se autoricen en virtud de estas Leyes entrañan la obligación de comparecencia del detenido ante un juez con la menor demora posible y la presentación de un informe de las circunstancias que las motivan. Dichas Leyes prevén la revocación de la orden de detención para facilitar la liberación temporal de los detenidos. De conformidad con el artículo 6 de la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas, la notificación por la que se declara ilícita una asociación puede ser anulada por el Gobierno Central a petición del ofendido. Antes de que se decomisen los “productos del terrorismo”, debe dictarse un mandamiento para que se aporte documentación justificativa, y, posteriormente, el ofendido puede interponer un recurso.

81.El Tribunal Supremo, en la causa Naga Peoples’ Movement of Human Rights v. Union of India, confirmó la constitucionalidad de la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas (Jammu y Cachemira) y concluyó que las facultades especiales previstas en dicha Ley no eran arbitrarias ni violaban los derechos a la igualdad, la libertad y la vida consagrados en la Constitución. El Tribunal determinó ciertas condiciones adicionales para el ejercicio de las facultades previstas en dicha Ley, entre las que figuran las siguientes: i) puede declararse una zona como “de disturbios” solo si existe una situación grave de orden público; ii) la duración de la validez de esta declaración debe ser limitada; iii) el uso de la fuerza autorizado en dicha Ley debe ser de la naturaleza mínima que se requiere para reprimir efectivamente a la persona o personas que infringen la orden de prohibición; y iv) el registro y la incautación previstos en dicha Ley deben llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, de 1973. En la causa Extra Judicial, el Tribunal Supremo sostuvo que si, en nombre del cumplimiento de un deber público, el Estado hace un uso excesivo de la fuerza o de las represalias y ello da lugar a una ejecución extrajudicial, dicho proceder no es aceptable, ya que socava el estado de derecho. Si no existe una conexión razonable entre una actuación oficial y el uso excesivo de la fuerza, no se admitirá dicho uso y, por lo tanto, deberá realizarse una investigación al respecto. Esto se deriva de las exigencias democráticas del Estado.

82.El funcionamiento de la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas (Jammu y Cachemira) es examinado periódicamente por el Gobierno de la India tras consultar con el gobierno de los estados respectivos y las Agencias Centrales. Debido a la mejora de la situación de la seguridad, dicha Ley fue abolida por completo en el estado de Tripura mediante una notificación del gobierno del estado, de 27 de mayo de 2015, y en el estado de Meghalaya con efecto inmediato el 1 de abril de 2018

Respuesta al párrafo 16 de la lista de cuestiones

83.Las fuerzas armadas y de seguridad de la India cumplen la función pública crucial de mantener a los ciudadanos de la nación a salvo de las amenazas internas y externas a la vida y la libertad. Por lo tanto, las acciones emprendidas de buena fe por estas reciben protección jurídica contra el enjuiciamiento malicioso, mediante el requisito de que todo enjuiciamiento de los miembros de dichas fuerzas sea aprobado previamente por el Gobierno. Sin embargo, este requisito no implica impunidad o inmunidad frente a la violación de los derechos humanos, como ha establecido el Tribunal Supremo en la causa Extra Judicial. En los casos en que realmente se han cometido delitos, el Gobierno de la India ha concedido la autorización para el enjuiciamiento. Además, cuando ha sido lo procedente, los tribunales y órganos cuasijudiciales de la nación han concedido indemnizaciones.

84.Algunas zonas de la India se han visto afectadas por el terrorismo y la insurgencia, lo que ha provocado una grave situación de orden público. Estos continuos actos de terror y otros actos de violencia han hecho necesaria la participación de las fuerzas civiles y armadas para proteger la vida y la libertad de los ciudadanos de la India. Por consiguiente, estas intervenciones están restringidas a zonas específicas designadas como “de disturbios” y a un período de tiempo limitado, cuya duración depende de la gravedad de la situación. Por ejemplo, en Jammu y Cachemira se han adoptado las siguientes medidas: i) se organizaron reuniones entre la policía y los ciudadanos, y las autoridades policiales proporcionaron asesoramiento a los jóvenes; ii) se recomendó a las fuerzas de seguridad y a la policía que se adhirieran estrictamente al procedimiento operativo estándar y que en la gestión de situaciones de orden público recurrieran al uso de armas no letales; iii) se impartió formación especial a batallones específicos de la policía de los estados para hacer frente a las grandes multitudes y emplear mejores métodos de control de multitudes; y iv) siempre que ha sido necesario, se han proporcionado servicios de ambulancia y de otra índole a quienes los han necesitado. El Tribunal Supremo ha tomado conocimiento del hecho de las ejecuciones extrajudiciales, al tiempo que ha admitido que la policía en la India tiene que realizar una tarea delicada cuando muchos delincuentes acérrimos echan raíces en la sociedad. Por consiguiente, en la causa People's Union for Civil Liberties and Another v. State of Maharashtra and Others, estableció un procedimiento estándar para una investigación exhaustiva, eficaz e independiente en asuntos de muertes resultantes de enfrentamientos con la policía. En la Ley de Seguridad Pública de Jammu y Cachemira, de 1978, se establece que: i) ciertos lugares son designados como lugares prohibidos y zonas protegidas; y ii) está prohibida la circulación de determinados documentos que puedan perjudicar la armonía entre las comunidades, las sectas o las regiones o afectar el orden público. La Ley no solo establece los motivos por los que se puede detener a las personas, que han de ser comunicados a las personas afectadas por la orden, sino que también prevé motivos por los cuales es posible revocar dichas órdenes de detención y poner en libertad temporal a las personas así detenidas, cuando, incluso en condiciones difíciles, esta última salvaguarda la libertad individual. Por consiguiente, las normas relativas a las detenciones y la privación de libertad previstas en la Ley de Seguridad Pública de Jammu y Cachemira tratan de equilibrar el doble objetivo de mantener la seguridad de los ciudadanos y garantizar que no se produzcan actuaciones arbitrarias.

85.La Constitución y las leyes promulgadas en virtud de esta proporcionan recursos adecuados, incluido el recurso de habeas corpus, que garantizan la libertad de todas las personas en la India. Además, las leyes penales de la India prevén otros modos de reparación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tomado conocimiento, de oficio, de casos de desapariciones. La India mantiene una postura inflexible sobre la tortura, la violación o la violencia sexual por parte de los agentes estatales, incluidas las fuerzas de seguridad. Existen disposiciones en el Código Penal sobre ciertas formas agravadas de violación, entre ellas la violación cometida por un miembro de las fuerzas armadas.

Derecho a la vida y prohibición de la tortura y otros tratos openas crueles, inhumanos o degradantes, y libertad y seguridad personales (arts. 6, 7, 9 y 14)

Respuesta al párrafo 17 de la lista de cuestiones

86.En la India, la pena de muerte se considera un castigo excepcional que se impone solo en los casos más raros, cuando la opción alternativa está incuestionablemente excluida, cuando el delito cometido es tan atroz que conmociona la conciencia de la sociedad. Este principio, desarrollado a través de la jurisprudencia, es aplicable a las disposiciones penales que prescriben, entre otras cosas, la pena de muerte. La pena de muerte, si se impone a una mujer embarazada, se conmuta por prisión perpetua, y nunca se le impone a un niño en conflicto con la ley.

87.Cuando se impone la pena de muerte, el convicto dispone de múltiples vías de revisión de esta a nivel judicial y ejecutivo. El Presidente de la India y los gobernadores de los estados tienen la facultad de conceder indultos, conmutaciones, aplazamientos o remisiones de la pena, o de suspender, perdonar o conmutar la pena de muerte, lo que constituye una importante responsabilidad constitucional que debe desempeñar el más alto cargo ejecutivo. Además, la Constitución prevé la posibilidad de que se presente un recurso de subsanación, que habilita al Tribunal Supremo para revisar sus propias sentencias u órdenes. Por otra parte, de conformidad con la decisión adoptada en la causa Shatrughan Chauhan & Anr. v. Union of India & Ors., el Gobierno ha promulgado directrices para salvaguardar los intereses de los condenados a muerte, que incluyen, entre otras cosas, la prestación de asistencia jurídica, un procedimiento rápido para presentar la petición de clemencia ante el Presidente de la India, y la prescripción de un plazo mínimo para la ejecución de la pena de muerte.

88.La India ha considerado que la pena de muerte obligatoria es inconstitucional, ya que “es contraria a las garantías establecidas por ley que otorgan al poder judicial la facultad discrecional de imponer la pena de muerte. Por lo tanto, vulnera, por extralimitación de atribuciones, el concepto de revisión judicial, que es una de las características básicas de nuestra Constitución”. En relación con las penas para ciertos delitos que entrañan formas agravadas de violación, se han introducido modificaciones que han incluido la pena de muerte como una de las sanciones.

89.El marco de la justicia penal en la India está fuertemente arraigado en los principios de igualdad y no discriminación. No hay nada en la institución de la justicia penal en la India que clasifique a los acusados y a los presos por su pertenencia a diferentes religiones, castas o clases.

Respuesta al párrafo 18 de la lista de cuestiones

90.La India condena la tortura en cualquiera de sus formas. El Tribunal Supremo, en la causa Sube Singh v. State of Haryana & Ors., sostuvo que la tortura durante la privación de libertad “debe ser enfrentada desde dos flancos, adoptando medidas correctivas y preventivas”. Por lo que se refiere a las medidas preventivas, el Gobierno se está centrando en lo siguiente: i) es necesario reorientar la formación de la policía para lograr un cambio en la mentalidad y la actitud del personal de la policía con respecto a las investigaciones, de modo que reconozcan y respeten los derechos humanos, y adopten métodos de investigación rigurosos y científicos; ii) la actuación de los agentes de policía de rango inferior debe ser controlada y supervisada continuamente por sus superiores para evitar la violencia durante la privación de libertad y garantizar la adhesión a los métodos de investigación legales y estandarizados; iii) deben introducirse la informatización, la grabación en video y los métodos modernos de mantenimiento de registros, a fin de evitar manipulaciones, inserciones, sustituciones y alteraciones de las fechas en relación con cualquier información e informe de investigación y para aportar transparencia a la acción. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha publicado diversas directrices que prevén: i) un mecanismo de rendición de cuentas a nivel de: a) el personal administrativo y policial de alto nivel; y b) los funcionarios médicos de los estados; y ii) la realización de una investigación llevada a cabo por un magistrado en los casos de muerte durante la privación de libertad.

91.El Gobierno de la India ha promulgado una notificación de recomendación relativa a las muertes durante la privación de libertad, que incorpora las directrices publicadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre varios aspectos de dichas muertes. Estas directrices exigen que el Jefe de la Administración del Distrito y el Comisario de Policía de cada distrito informen a la Comisión acerca de cualquier incidente de muerte ocurrida durante la detención policial o judicial, dentro de un plazo de 24 horas contadas a partir de su ocurrencia o del momento en que estos funcionarios tengan conocimiento de tales incidentes; de no hacerlo, se presumirá que se trata de un intento de ocultar el incidente. La Comisión ha publicado además directrices para la filmación en video y la toma de fotografías durante el examen post mortem en caso de muerte durante la detención policial. Se enumeran en ellas las precauciones que deben tomarse antes de realizar el examen post mortem. Las estrictas directrices que se han publicado exigen que se grabe un audio del examen realizado por el médico y que se tomen fotografías en color del cadáver en su totalidad y de partes concretas de este. La Comisión también ha dado instrucciones similares con respecto a las muertes ocurridas en la cárcel.

92.La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha publicado otras directrices que debe seguir el magistrado que lleva a cabo una investigación en caso de muerte ocurrida durante la privación de libertad o en el curso de una actuación policial. El magistrado debe llevar a cabo su investigación lo antes posible, sin retrasos indebidos, y esta debe cubrir los aspectos relacionados con las circunstancias de la muerte, la forma y la secuencia de los incidentes que condujeron a ella, las causas de esta, la persona declarada responsable de ella y la idoneidad del tratamiento médico. El magistrado debe examinar el informe de la investigación inicial, el informe post mortem y otros informes similares.

93.El Tribunal Supremo, en la causa Prakash Singh y Ors. v. Union of India and Others , ordenó la creación a nivel de los distritos de una Dirección de Denuncias contra la Policía, encargada de examinar las denuncias contra agentes de policía (hasta el rango de Comisionado Adjunto de Policía), y de una estructura similar a nivel de los estados. La Comisión Nacional de Derechos Humanos organiza talleres y seminarios de sensibilización de los funcionarios con el fin de que protejan mejor los derechos humanos.

94.No existe un derecho específico establecido por ley que permita a las personas que alegan ser víctimas de una detención o reclusión ilícitas exigir una indemnización al Estado. Sin embargo, los tribunales de la India han reconocido este derecho, como se desprende de las observaciones del Tribunal Supremo en la causa Nilabati Behra v. State of Orissa, “la reparación en forma de indemnización pecuniaria [...] por los derechos imprescriptibles garantizados por el artículo 21 de la Constitución es un recurso disponible en el derecho público”. En casos limitados, los tribunales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han ordenado el pago de indemnizaciones, que el Estado ha cumplido debidamente.

95.La legislación de la India incorpora las exigencias del artículo 7 del Pacto. La India ha firmado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, pero no la ha ratificado. El marco para hacer frente a la tortura, en el que se incluyen las medidas correctivas, como se indica en el tercer informe periódico de la India, sigue funcionando en su totalidad. Además, se ha encargado a la Comisión Jurídica de la India estudiar y examinar la cuestión de la prevención de la tortura y presentar un informe exhaustivo al respecto, el cual está actualmente en trámite.

Libertad y seguridad personales, administración de justiciay juicio imparcial (arts. 2, 7, 9 y 14)

Respuesta al párrafo 19 de la lista de cuestiones

96.Las disposiciones del Código de Procedimiento Penal que rigen la detención de personas se basan en los principios de razonabilidad, certeza y necesidad. La ley prevé la imposición de medios mínimos de restricción del movimiento de las personas detenidas para evitar la fuga. Además, les garantiza a estas personas el derecho a la representación legal y el derecho a la libertad bajo fianza. Poniendo de relieve la importancia de las libertades individuales, el Tribunal Supremo, en la causa DK Basu v. State of West Bengal, estableció amplias directrices relativas a las detenciones. Los tribunales indios han concedido indemnizaciones por violaciones comprobadas de los derechos fundamentales, incluido el de la libertad. El Tribunal Supremo ha observado a este respecto que “el derecho a la indemnización es un paliativo para los actos ilícitos de los organismos que actúan en nombre del interés público y se protegen utilizando como escudo los poderes del Estado”.

Respuesta al párrafo 19 a)

97.La India, un país de 1.350 millones de personas cuyas necesidades y exigencias legales son diversas, garantiza que todo el mundo tenga acceso a la asistencia jurídica a través de un Comité de Servicios Jurídicos del Tribunal Supremo, 39 Comités de Servicios Jurídicos del Tribunal Superior, 36 Direcciones de Servicios Jurídicos de los estados, 670 Direcciones de Servicios Jurídicos de los distritos y 2.277 Comités de Servicios Jurídicos de los taluks. El artículo 39A de la Constitución establece la asistencia jurídica gratuita para garantizar que no se deniegue a ningún ciudadano la oportunidad de obtener justicia. En virtud de la Ley de Servicios Jurídicos, de 1987, se han establecido Direcciones de Servicios Jurídicos a nivel nacional, estatal y de distrito. Estas Direcciones se encargan de prestar una serie de servicios como la asistencia jurídica, la organización de losLok Adalats, la prestación de servicios de mediación y la sensibilización jurídica. En 2019, se prestó asistencia jurídica a 11.356 personas detenidas en las comisarías antes de su comparecencia ante los tribunales y a 72.915 que se encontraban en la fase de prisión preventiva. Para reforzar el marco de la asistencia jurídica en la India, se han emprendido con frecuencia nuevas iniciativas entre las que figuran la formación y el fomento de la capacidad no solo de los abogados de oficio, sino también de los voluntarios parajurídicos, los representantes elegidos de los panchayats (distritos) y los trabajadores sanitarios rurales.

Respuesta al párrafo 19 b)

98.El artículo 21 de la Constitución se aplica por igual a todos los ciudadanos nacionales y extranjeros, y garantiza que no se los prive arbitrariamente de su vida y libertad personal. La India sigue facilitando el acceso consular a los ciudadanos extranjeros detenidos o recluidos en el país. El Ministerio de Relaciones Exteriores es el organismo central a este respecto. Para más detalles sobre el acceso consular, véase el párrafo 118 de este informe.

Respuesta al párrafo 19 c)

99.La presunción de inocencia es un principio cardinal de la jurisprudencia penal en la India. Sin embargo, en un número limitado de circunstancias especiales claramente enumeradas en las leyes correspondientes, se ha eliminado dicha presunción. Por consiguiente, la falta de presunción de inocencia prevista en la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas está estrictamente limitada a los casos en los que existe una conexión específica entre el delito cometido y el acusado, y dicha conexión está científicamente establecida por los expertos.

Respuesta al párrafo 19 d)

100.De conformidad con la Ley de Pruebas de la India, todas las confesiones hechas a los agentes de policía son inadmisibles como prueba, a menos que lo permitan leyes especiales. No obstante, cualquier confesión obtenida mediante coacción es inadmisible como prueba en un tribunal. Para evitar que estas se produzcan durante la investigación, el Tribunal Supremo ha dado amplias instrucciones para la instalación de cámaras de videovigilancia en las comisarías.

Respuesta al párrafo 19 e)

101.La India es parte en la Convención sobre los Derechos del Niño y se atiene a su principio de que el interés superior del niño debe ser la consideración primordial en todas las decisiones que conciernan a los menores de edad. La Ley de Atención y Protección de la Infancia en la Justicia Juvenil, de 2015, se aprobó para proporcionar atención y protección amplias a los niños en conflicto con la ley. Solo cuando un niño de 16 años o más comete un delito atroz, la Junta de Justicia de Menores, constituida en virtud de dicha Ley, realiza una evaluación preliminar en cuanto a la capacidad mental y física para cometer dicho delito, la capacidad para comprender las consecuencias de este y las circunstancias en las que presuntamente se cometió. Sobre la base de dicha investigación, si la Junta considera que es necesario que se juzgue al menor como adulto, puede trasladar el juicio del caso al Tribunal de Menores. Este Tribunal decide entonces si juzga al niño como adulto. En cualquier caso, a ningún niño en conflicto con la ley se le impondrá la pena de muerte ni la prisión perpetua (que excluye la posibilidad de excarcelación).

Respuesta al párrafo 20 de la lista de cuestiones

Respuesta al párrafo 20 a)

102.La vida y la libertad de las personas están garantizadas por la Constitución y las leyes promulgadas en virtud de ella. El Tribunal Supremo, en la causa Hussainara Khatoon and Others v. Home Secretary, State of Bihar, observó que “un procedimiento que mantiene a un gran número de personas entre rejas sin ser juzgadas durante tanto tiempo no puede considerarse que sea ‘razonable, justo o equitativo’ y estar así en consonancia con la exigencia del artículo 21”. El detenido puede acogerse a las disposiciones sobre la libertad bajo fianza que se ponen a su disposición. Además, en virtud de una modificación de 2005 del Código de Procedimiento Penal, se introdujo el artículo 436A, que establece el plazo máximo de reclusión de un preso preventivo. En 2006, también mediante una modificación del Código, se introdujo la negociación de los cargos y la condena, que es una negociación previa al juicio.

103.En la causa Hussain & Anr. v. Union of India , el Tribunal Supremo exigió a los Tribunales Superiores que ordenaran a los tribunales subordinados que resolvieran en plazos específicos las solicitudes de libertad bajo fianza, los juicios de gran importancia y la liberación bajo fianza personal, y que, en consecuencia, prepararan y supervisaran las medidas necesarias para agilizar la investigación y los juicios.

104.Un Manual Penitenciario Modelo, preparado de conformidad con las instrucciones del Tribunal Supremo en su dictamen In Re: Inhuman conditions in 1382 prisons, inter alia (relativo a las Condiciones inhumanas en 1.382 cárceles, entre otras cosas), proporciona orientación sobre las facilidades que deben proporcionarse a los procesados, a saber, la defensa jurídica, la entrevista con los abogados, la firma del vakalatnama (documento que autoriza al abogado a representar al cliente) y la solicitud de asistencia jurídica presentada a los tribunales, asistencia cuyo coste corre a cargo del Estado. La Dirección Nacional de Servicios Jurídicos desempeña un importante papel en la reducción del hacinamiento en las cárceles. A través de sus centros de servicios jurídicos que funcionan en las cárceles de toda la India, la Dirección ha estado prestando servicios jurídicos gratuitos a todos los presos preventivos y, con miras a la rápida resolución de los casos, también está promoviendo la negociación de los cargos y la condena.

Respuesta al párrafo 20 b)

105.Las leyes penales de la India prevén la fianza anticipada y la libertad bajo fianza como alternativas a la privación de libertad. El enfoque adoptado fue captado de forma sucinta por el Tribunal Supremo en la causa State of Rajasthan v. Balchand, donde observó que “la regla básica puede ser expresada de forma concisa como fianza en lugar de cárcel”. En la causa Sanjay Chandra v. Central Bureau of Investigation, el Tribunal observó además que: “Los propósitos principales de la fianza en una causa penal son evitar al acusado su encarcelamiento, evitar al Estado la carga de mantenerlo, en espera del juicio, y, al mismo tiempo, mantener al acusado constructivamente bajo la custodia del tribunal, ya sea antes o después de la condena, para asegurar que se someterá a la jurisdicción del tribunal y comparecerá ante este siempre que se requiera su presencia”.

Respuesta al párrafo 20 c)

106.El portal E-prisiones y el Comité de Vigilancia de los Casos de Presos Preventivos constituyen dos medidas administrativas para poner en práctica el artículo 436A del Código de Procedimiento Penal. El portal E-prisiones ha integrado todas las actividades relacionadas con la gestión de las prisiones y de los presos, incluida la digitalización e informatización de la información sobre los presos recluidos en las prisiones. El Comité de Vigilancia de los Casos de Presos Preventivos se ha establecido para reconocer periódicamente a los presos preventivos que pueden ser puestos en libertad en virtud del artículo 436A del Código de Procedimiento Penal. Hasta 2020, el Comité había llevado a cabo 315 ejercicios de reconocimiento, en los que detectó 2.201 presos preventivos que habían cumplido más de la mitad de sus penas máximas posibles y, por recomendación suya, se puso en libertad a 759 presos de ese tipo. En 2014, la decisión del Tribunal Supremo en la causa Bhim Singh v. Union of India dio un nuevo impulso a la labor para dar carácter operativo al espíritu del artículo 436A. El Tribunal ordenó a los Presidentes de los tribunales penales de cada jurisdicción que celebraran sesiones durante un período de tiempo determinado para reconocer, para su puesta en libertad inmediata, a los presos menores de edad que hubieran cumplido la mitad del período máximo de condena que les correspondería si hubiesen sido declarados culpables. El portal E-prisiones ha facilitado en gran medida a las autoridades penitenciarias la generación de listas de reclusos cuyos casos deben ser examinados por los Comités de Vigilancia de los Casos de Presos Preventivos, lo que hace que el sistema sea más sólido y transparente. El Gobierno de la India ha apoyado a todos los estados y territorios de la Unión con una subvención de 1.000 millones de rupias desembolsados entre 2018-2019 y 2019-2020 para la digitalización de los registros penitenciarios y la informatización del funcionamiento de todas las prisiones del país. El portal E-prisiones está integrado en el Sistema Interoperable de Justicia Penal, que es una plataforma común para el intercambio de información y el análisis de todos los pilares del sistema de justicia penal, que incluye a la Policía, el Instituto de Ciencias Forenses, la Fiscalía, los tribunales y las prisiones.

Respuesta al párrafo 20 d)

107.En el siguiente cuadro se indica el número de presos preventivos en comparación con el número de presos condenados, desde 2014.

Año	Presos preventivos	Presos condenados
2014	282 879	131 517
2015	282 076	134 168
2016	293 058	135 683
2017	308 718	139 149
2018	323 537	139 488
2019	330 487	144 125

Fuente : Oficina Nacional de Registro de Delitos .

108.Se han introducido reformas amplias e inclusivas en el sistema judicial indio para hacer efectivo el derecho a un juicio rápido. Estas reformas se han centrado en la resolución oportuna de las causas, un mayor uso de la tecnología, la adopción del proceso de gestión de las causas y la introducción de foros alternativos. Cabe mencionar como ejemplos concretos los Lok Adalats, introducidos en virtud de la Ley de Servicios Jurídicos, de 1987, para promover la solución amistosa de las controversias y los Tribunales de Vía Rápida, establecidos en 2000 para la rápida resolución de las causas que han estado pendientes durante mucho tiempo.

109.En la causa Anil Rai v. State of Bihar, el Tribunal Supremo ordenó que, al concluir el juicio, la sentencia se dictara sin demora indebida. En la causa Salem Bar Association v. Union of India, el Tribunal Supremo recomendó la puesta en marcha de un sistema de gestión del flujo de causas que permitiera al juez o a un auxiliar de justicia establecer un calendario y hacer un seguimiento de la causa desde su inicio hasta su resolución.

110.Además, en 2005 se inició el proyecto de tribunales electrónicos con el objetivo de mejorar la productividad judicial tanto cualitativa como cuantitativamente mediante la adopción de las TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones). El portal e-Tribunales a Nivel Nacional, que se puso en marcha en 2013 con el propósito de que desempeñara un papel clave en la realización de reformas judiciales, se encuentra actualmente en la fase II y hace gran hincapié en la prestación digital de servicios a los litigantes, abogados y otras partes interesadas. El proyecto también incluye la prestación de un servicio de videoconferencia entre los tribunales y las prisiones, facilitando así la celebración de las audiencias relativas a los presos preventivos en 500 lugares de todo el país.

Trato dispensado a las personas privadas de libertad (art. 10)

Respuesta al párrafo 21 de la lista de cuestiones

111.La India se toma en serio la cuestión de las condiciones de hacinamiento en las prisiones y ha adoptado un enfoque múltiple teniendo en cuenta las Reglas Nelson Mandela, revisadas en 2015. El Manual Penitenciario Modelo, adoptado en 2016, establece directrices detalladas sobre varios aspectos importantes de la administración penitenciaria, a saber, la atención médica, la educación, la asistencia jurídica, el bienestar y la rehabilitación de los reclusos, y la atención posterior a su excarcelación, las mujeres reclusas y la inspección oficial de las prisiones. El Manual prevé la inspección tanto oficial como oficiosa de las prisiones y la presentación de informes a las autoridades competentes.

112.Se han puesto en marcha varios programas gubernamentales, entre ellos la Misión Nacional de Administración de la Justicia y Reformas Legislativas, establecida en 2009, que adoptó medidas innovadoras para agilizar la resolución de las causas centrándose en aumentar el acceso a la justicia, reducir los retrasos y las demoras, y mejorar la rendición de cuentas mediante cambios estructurales. En el marco del plan de modernización de las prisiones, se han construido 119 nuevas cárceles, 1.572 pabellones adicionales en las prisiones existentes y 8.568 alojamientos para el personal penitenciario.

113.Se han adoptado varias medidas para mejorar las condiciones carcelarias en la India. Determinadas notificaciones y recomendaciones regulares de los ministerios y directrices del Tribunal Supremo tienen por objeto mejorar el saneamiento y otros problemas médicos en las prisiones. Se están llevando a cabo talleres de formación y sensibilización del personal penitenciario sobre la prevención y el control del VIH/sida.

114.También se han realizado actividades similares para mejorar la salud mental de los presos. En su dictamen In Re: Illegal Detention of Machal Lalung (relativo al Internamiento Ilícito de Machal Lalung), el Tribunal Supremo dictó orientaciones generales para evitar que los enfermos mentales languidecieran en hospitales psiquiátricos durante mucho tiempo. Otorgó facultades a los tribunales y magistrados para dictar las órdenes pertinentes. En la causa Shatrughan Chauhan y Anr. v. Union of India & Ors., el Tribunal Supremo ordenó la evaluación periódica de la salud mental de los condenados a muerte. Para cuidar la salud mental de los reclusos, se llevan a cabo regularmente programas destinados a aliviar el estrés. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene el mandato de inspeccionar de forma independiente las condiciones imperantes en las instituciones penitenciarias y garantizar la protección de los derechos humanos de los reclusos. El Ministerio del Interior también colabora con el Instituto Nacional de Salud Mental y Neurociencias, de Bangalore, para enfrentar estas cuestiones. Por ejemplo, dicho Instituto, en consulta con las autoridades penitenciarias, preparó dos manuales sobre el tratamiento de los problemas de salud mental de los reclusos durante la pandemia de COVID-19.

Trato dispensado a los extranjeros, incluidos los refugiadosy los solicitantes de asilo (arts. 7, 9, 13 y 24, párr. 3)

Respuesta al párrafo 22 de la lista de cuestiones

115.La Constitución garantiza a todas las personas, no solo a los ciudadanos, los derechos básicos, como el derecho a la vida, a la libertad personal, a la igualdad ante la ley y a la igual protección de las leyes. Sin embargo, estos derechos no incluyen el derecho a residir y establecerse en el país, que solo es aplicable a los ciudadanos del país. De conformidad con las disposiciones del artículo 9 del Pacto, los derechos a la vida y a la libertad protegidos constitucionalmente en la India solo pueden ser derogados con arreglo al procedimiento establecido por la ley.

116.Aunque la India no cuenta con una legislación nacional sobre refugiados, todos los ciudadanos extranjeros, incluidos los refugiados y los solicitantes de asilo, se rigen por las disposiciones contenidas en la Ley de Extranjería, de 1946, la Ley de Registro de Extranjeros, de 1939, la Ley de Pasaportes (Entrada en la India), de 1920 y la Ley de Ciudadanía, de 1955, así como por las reglas, órdenes y procedimientos operativos estándar emitidos en virtud de dichas Leyes. De conformidad con las disposiciones del artículo 13 del Pacto y las declaraciones hechas por la India a este respecto en el momento de su adhesión, en la India se expulsa a los extranjeros únicamente con arreglo a las leyes aplicables.

117.La India tiene una larga tradición de acogida de refugiados y ha aplicado el principio de repatriación y reasentamiento voluntarios de conformidad con las leyes nacionales y de consuno con el país afectado. Un número cada vez mayor de refugiados de los países fronterizos han regresado voluntariamente a sus países de origen en condiciones de seguridad y de conformidad con los acuerdos alcanzados.

118.Todo extranjero que entre o permanezca en la India debe estar en posesión de documentos válidos y de la autorización de las autoridades competentes (pasaporte y visado). La India concede gran importancia a proporcionar a las misiones extranjeras un acceso consular oportuno para ocuparse de sus nacionales detenidos en el país. Los gobiernos de los estados deben notificar inmediatamente la detención o privación de libertad de un extranjero en cualquier parte del país al Ministerio de Relaciones Exteriores, que, a su vez, lo notifica a la embajada extranjera correspondiente.

119.La postura de India ha sido siempre la de que, si bien sigue respaldando la protección humanitaria de los refugiados, esta labor humanitaria debe ser compatible con sus objetivos de bienestar de sus ciudadanos y seguridad nacional. Esta postura se ajusta a lo dispuesto en el artículo 13 del Pacto. La cuestión de la expulsión de los inmigrantes ilegales del estado de Rakáin fue examinada por el Tribunal Supremo en la causa Mohammad Salimullah and Anr V. Union of India, que no encontró motivos para injerirse en la decisión. Además, otros asuntos relacionados con el retorno de los migrantes ilegales del estado de Rakáin están actualmente pendientes de resolución judicial.

120.La India proporciona ayuda humanitaria y para el desarrollo a las personas desplazadas, especialmente en los países vecinos. Cree firmemente que la normalidad solo puede restablecerse con el retorno seguro, rápido y sostenible de los desplazados al estado de Rakáin (Myanmar), y que la única solución a largo plazo para la situación es un rápido desarrollo socioeconómico y de las infraestructuras que ayude a todas las comunidades que viven en ese estado. En este sentido, en diciembre de 2017 la India firmó un memorando de entendimiento con el Gobierno de Myanmar relativo al Programa de Desarrollo del Estado de Rakáin, y ha destinado 5 millones de dólares de los Estados Unidos al año para el desarrollo económico de ese estado. Para los retornados a Myanmar, se construyeron 250 casas prefabricadas modernas que se entregaron en julio de 2019. La India está implementando la segunda fase del Programa, firmada en 2020, que incluye, entre otras cosas, proyectos de suministro de agua, centrales solares y construcción de carreteras. La India también está desarrollando el puerto de Sittwe en el estado de Rakáin, aumentando así el comercio y la conectividad. Es importante señalar que todos los proyectos que está llevando a cabo la India en el estado de Rakáin son proyectos de subvención destinados al bienestar de la población y que no hay intereses comerciales de por medio. Para ayudar a Bangladesh, que también acoge a 1 millón de desplazados en su territorio, el Gobierno de la India ha entregado 5 remesas distintas de ayuda, que incluyen alimentos, medicinas, ropa, indumentaria de invierno, combustible de cocina y estufas, y alumbrado público solar, por un valor de casi 7 millones de dólares de los Estados Unidos.

121.En la India los refugiados o solicitantes de asilo no sufren ninguna discriminación en cuanto al acceso a la inscripción del registro de nacimiento. Ahora bien, es importante tener en cuenta que la ciudadanía de la India se rige por las disposiciones de la Ley de Ciudadanía, de 1955, y el reglamento establecido en virtud de ella. Por consiguiente, los niños nacidos en la India de padres no ciudadanos no obtienen automáticamente la ciudadanía.

Derecho a la vida privada (art. 17)

Respuesta al párrafo 23 de la lista de cuestiones

122.Aunque se ha reconocido que el derecho a la privacidad es un derecho inalienable y parte esencial del derecho a la vida, a la libertad personal y a la dignidad, previsto en el artículo 21 de la Constitución, su naturaleza no es absoluta. Sin embargo, para la salvaguarda de la privacidad en casos concretos y para la protección de datos, existe un marco interrelacionado proporcionado por una serie de leyes, como el Código Penal, la Ley de Telégrafos de la India, de 1885, la Ley de Correos de la India, de 1898, la Ley de Tecnología de la Información, de 2000, y la Ley de Derecho a la Información. Para más detalles, véase el párrafo 127 de este informe.

123.En los últimos años, en el marco de sus iniciativas de buena gobernanza, la India ha adoptado numerosas medidas para mejorar la prestación de servicios mediante la utilización de la tecnología. El programa emblemático a este respecto es el Proyecto Aadhaar, puesto en marcha en virtud de la Ley Aadhaar (de Prestación de Servicios Financieros y Otros Subsidios, Ayudas y Servicios para Destinatarios Específicos), de 2016. El objetivo de la Ley es proporcionar a quienes residen en la India un suministro eficiente y transparente de subsidios, prestaciones y servicios para destinatarios específicos, mediante la asignación de números de identificación únicos que permiten reconocer a los destinatarios mediante el uso de datos biométricos. El número Aadhaar puede utilizarse como dirección financiera permanente, lo que facilita la inclusión financiera de los sectores más desfavorecidos y débiles de la sociedad dentro de la red de seguridad económica proporcionada por el Estado. Por consiguiente, es un instrumento de justicia distributiva e igualdad. Es un número aleatorio y no puede utilizarse para elaborar un perfil de las personas sobre la base de su casta, religión, ingresos, salud o de la geografía. La base de datos Aadhaar no está vinculada a ninguna otra base de datos, ni a la información contenida en otras bases de datos. Su único propósito es verificar la identidad de una persona en el momento de recibir cualquier subsidio o prestación o un servicio, y eso también con el consentimiento del titular del número Aadhaar.

124.La Dirección de Identificación Única de la India, la autoridad legal encargada del proyecto Aadhaar, ha adoptado estrictos protocolos de seguridad y almacenamiento de los datos de Aadhaar con miras a su protección. Los datos de todos los titulares de números Aadhaar están protegidos con tecnologías avanzadas de cifrado en una bóveda de datos de alta seguridad, el Fondo Central de Datos de Identidad. Todos los detalles relativos al acceso están debidamente registrados. En 2018, una Sala Constitucional del Tribunal Supremo confirmó que el marco de Aadhaar cumplía los criterios de legalidad, legitimidad y proporcionalidad exigidos en la Constitución. Hasta la fecha, no ha habido ningún caso de vulneración de la base de datos Aadhaar o de difusión pública de registros Aadhaar.

125.En una decisión histórica, en la causa Justice K. S. Puttuswamy (Retd.) v. Union of India (2017), una Sala Constitucional de nueve magistrados del Tribunal Supremo reconoció el derecho a la privacidad como un derecho fundamental y estableció que cualquier limitación de este debía cumplir el requisito triple de legalidad, objetivo legítimo y proporcionalidad. Para llegar a esta conclusión, el Tribunal se basó en el Pacto y observó que “la adhesión de la India a un orden mundial basado en el respeto de los derechos humanos se ha tenido en cuenta, junto con los artículos específicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que incorporan el derecho a la privacidad. En opinión de este Tribunal, el derecho internacional tiene que interpretarse como parte del derecho interno en ausencia de legislación en contrario y, quizás de manera más importante, el significado de las garantías constitucionales debe aclararse por el contenido de las convenciones internacionales en las que India es parte”.

126.El proyecto de ley de protección de los datos personales, de 2019, que se encuentra en fases avanzadas de estudio por parte de una Comisión Parlamentaria Mixta, tiene por objeto establecer un marco jurídico integral para la protección, el tratamiento y el almacenamiento de los datos personales. Del mismo modo, el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información constituyó en 2019 un comité de expertos para deliberar sobre las cuestiones relativas a los datos no personales, y sugerir un marco de gobernanza integral para su regulación. El informe revisado de la Comisión se publicó en 2020, y se invitó a los ciudadanos a presentar sus propuestas al respecto hasta el 31 de enero de 2021. En la actualidad, el uso y la transferencia de datos personales de carácter sensible de los ciudadanos están regulados por el Reglamento de Tecnologías de la Información (Prácticas y Procedimientos Razonables en materia de Seguridad e Información o Datos Personales de Carácter Sensible), de 2011.

127.El marco regulatorio para la interceptación legal está previsto en la Ley de Telégrafos de la India, de 1885, y en la Ley de Tecnologías de la Información, de 2000. La interceptación solo puede realizarse en caso de emergencia pública o en interés de la seguridad pública, cuando se considere necesario o conveniente hacerlo, en interés de la soberanía y la integridad de la India, la seguridad del Estado, las relaciones amistosas con Estados extranjeros o el orden público o para prevenir la incitación a la comisión de un delito. Se lleva a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones de la ley y solo por parte de las Fuerzas de Seguridad autorizadas. Para evitar aún más las injerencias ilegales y arbitrarias, las instrucciones de interceptación son revisadas periódicamente por comités de revisión independientes, constituidos en virtud de la ley. En la causa PUCL v. Union of India, el Tribunal Supremo sostuvo claramente que no era necesario el control judicial previo antes de interceptar las conversaciones telefónicas. Sin embargo, para evitar la violación del derecho a la privacidad consagrado en el artículo 21 de la Constitución se necesitan garantías procesales.

Libertad de conciencia y de creencias religiosas, no discriminacióny prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso(arts. 2, 18, 20 y 26)

Respuesta al párrafo 24 de la lista de cuestiones

128.La India es un Estado laico, caracterizado por la tolerancia religiosa, la igualdad de trato a todos los grupos religiosos y el respeto a todas las creencias y religiones. Todas las religiones gozan de la misma protección constitucional, sin favoritismos ni discriminaciones. El laicismo es una característica básica de la Constitución. La Constitución protege la libertad de religión y de conciencia, y el derecho de todas las personas a profesar, practicar y propagar libremente la religión, con sujeción a consideraciones de orden público, buenas costumbres y salud. Esto incluye la elaboración de leyes que regulen o restrinjan cualquier actividad económica, financiera, política y otras actividades laicas que puedan estar asociadas a la práctica religiosa.

129.El Código Penal castiga delitos como el fomento de la enemistad entre diferentes grupos por motivos de religión, la comisión de un acto deliberado y doloso destinado a ofender los sentimientos religiosos de cualquier clase insultando su religión o sus creencias religiosas, y la realización de actos perjudiciales para el mantenimiento de la integración y la armonía nacionales. Esto se ajusta al artículo 20, párrafo 2, del Pacto.

130.De conformidad con la orden del Tribunal Supremo, en la causa Tehseen S Poonawalla v. Union of India, se ha designado a oficiales superiores de policía del Departamento de Policía como Oficiales Nodales en cada Distrito, con el mandato de adoptar medidas estrictas contra los miembros de bandas vigilantes de protección de vacas que se comporten o realicen actividades ilegales, entre ellas cualquier forma de vigilantismo. Entre otras medidas adoptadas cabe mencionar la celebración de reuniones periódicas con la comunidad, la constitución de un grupo de tareas especial, la realización de patrullas periódicas en zonas sensibles, la adopción de medidas proactivas para frenar y detener la difusión de mensajes irresponsables e incendiarios en los medios sociales, la constitución de tribunales de vía rápida para agilizar los juicios en este tipo de asuntos y la adopción de medidas disciplinarias contra los funcionarios del Estado que procedan erróneamente. El Gobierno de la India emitió directrices detalladas sobre la armonía entre las comunidades a fin de prevenir y enfrentar los disturbios comunitarios. El Ministerio del Interior también ha promulgado, ocasionalmente, notificaciones de recomendación a los estados y territorios de la Unión para mantener el orden público, vigilar la circulación de noticias falsas y rumores que puedan incitar a la violencia, y tomar todas las medidas necesarias para contrarrestar y frenar los incidentes de linchamiento por turbas en el país. El Gobierno, a través de los medios de comunicación audiovisuales, también ha sensibilizado al público para frenar la amenaza de los linchamientos realizados por turbas. El Gobierno constituyó un Grupo de Ministros presidido por el Ministro del Interior de la Unión para examinar el asunto y hacer recomendaciones. Además, el Comité para la Reforma del Derecho Penal está estudiando la posibilidad de incluir en el Código Penal de 1860 disposiciones relativas a los linchamientos realizados por turbas. La Comisión Nacional de las Minorías y la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigan las denuncias de discriminación religiosa. Además, el Ministerio de Asuntos de las Minorías y las Comisiones Estatales de Minorías también pueden investigar las denuncias de discriminación religiosa.

Respuesta al párrafo 25 de la lista de cuestiones

131.La India es una sociedad multirreligiosa y multiétnica y alberga varias religiones, en particular el hinduismo, el budismo, el islamismo, el cristianismo, el zoroastrismo, el jainismo y el sijismo. Aunque la libertad de religión y de conciencia es un derecho fundamental en la India, su ejercicio está sujeto a las limitaciones necesarias para proteger el orden público, las buenas costumbres, la salud y otros derechos fundamentales. Esto está en consonancia con el artículo 18, párrafo 3, del Pacto. En la causa Rev Stainislaus v. State of Madhya Pradesh, el Tribunal Supremo confirmó la validez constitucional de una ley que prohíbe la conversión de una persona por la fuerza, el fraude o la captación. Varias leyes contra la conversión imponen restricciones y prohíben las conversiones de una religión a otra mediante el uso de la fuerza, la inducción, la captación o los medios fraudulentos.

Libertad de expresión y de reunión pacífica (arts. 19 y 21)

Respuesta al párrafo 26 de la lista de cuestiones

132.La libertad de expresión en la India forma parte de un derecho combinado relativo a la libertad de expresarse por diversos medios, y solo los ciudadanos pueden ejercerlo. Esta libertad no es absoluta y está sujeta a restricciones razonables impuestas en interés de la soberanía y la integridad de la India, la seguridad del Estado, las relaciones amistosas con otros Estados, el orden público, la decencia y las buenas costumbres, o en relación con el desacato a un tribunal, la difamación o la incitación a delinquir. Detalles específicos de estos motivos se encuentran en varias leyes, como el Código Penal, de 1860, y la Ley de Cinematografía, de 1952. Es una norma establecida en la India que ninguna restricción impuesta debe ser excesiva o desproporcionada. El procedimiento y la forma de imponer las restricciones también deben ser justos, equitativos y razonables. La norma general de razonabilidad incorpora las doctrinas de proximidad, arbitrariedad, vaguedad y proporcionalidad. Estas restricciones están en consonancia con el artículo 19, párrafo 3, del Pacto. Al tratarse de un derecho fundamental, cualquier restricción impuesta puede ser objeto de una revisión judicial por los tribunales establecidos por la Constitución, que puede incluso pedirse directamente al Tribunal Supremo.

133.La suspensión de los servicios de telefonía móvil e Internet, por ejemplo en Jammu y Cachemira, se impuso en virtud de la Ley de Telégrafos, de 1885, y del Reglamento de Suspensión Temporal de los Servicios de Telecomunicaciones (Emergencia Pública o Seguridad Pública), de 2017, como respuesta necesaria e inevitable a una emergencia pública. Respuestas de esta índole evitan un agravamiento de la situación resultante de la transmisión, incluso transfronteriza, de información errónea y noticias falsas, que perjudica la integridad y la soberanía de la India. El Tribunal Supremo, en la causa Anuradha Bhasin v. Union of India (2020), defendió ampliamente la facultad del Estado de imponer restricciones razonables a los servicios de telefonía móvil e Internet, con sujeción a los principios prescritos por la Constitución. La Ley de Tecnología de la Información, de 2000, junto con el Reglamento de Tecnología de la Información (Procedimiento y Garantías para el Bloqueo del Acceso del Público a la Información), de 2009, permite bloquear el acceso a la información en Internet. El marco también prevé la revisión ejecutiva y judicial del ejercicio de dicha facultad. El Tribunal Supremo, en la causa Shreya Singhal v. Union of India, confirmó la validez constitucional del marco previsto en dicha Ley.

134.El Reglamento de Tecnología de la Información (Directrices para los Intermediarios y Código de Ética de los Medios Digitales), de 2021, que fue promulgado el 25 de febrero de 2021, sustituye al Reglamento de Tecnología de la Información (Directrices para los Intermediarios), de 2011, para hacer frente a las crecientes preocupaciones en torno al aumento de casos de uso indebido de los medios sociales por delincuentes y elementos antinacionales. Además, se insta a los intermediarios a desarrollar un sólido sistema de reparación de agravios. Las medidas adoptadas en virtud del Reglamento están sujetas a revisión judicial.

Respuesta al párrafo 27 de la lista de cuestiones

Respuesta al párrafo 27 a)

135.La India condena enérgicamente los casos de acoso, intimidación, campañas de difamación y agresiones violentas contra defensores de los derechos humanos, activistas y periodistas y sus familiares. La India confiere la máxima importancia a la seguridad de todos los ciudadanos del país, incluidos los periodistas. Se ha puesto en marcha un Programa de Asistencia Social a los Periodistas, que tiene por objeto, en los casos de incapacidad permanente o muerte de periodistas, proporcionar, a título graciable y con carácter urgente, una ayuda de hasta 500.000 rupias a los periodistas o familiares suyos que, como consecuencia de ello, se encuentren en una situación de extrema dificultad. Durante los tres últimos años (2018-2019 en adelante), un total de 112 periodistas se han beneficiado del programa. El Gobierno de la India ha promulgado regularmente notificaciones de recomendación a los estados y territorios de la Unión sobre la seguridad de los periodistas, en las que hace hincapié en la importancia de imponer plazos a la investigación de los casos con miras a una rápida administración de justicia.

136.En cuanto a los casos concretos de agresiones contra escritores y activistas, se han efectuado varias detenciones, se han completado las investigaciones, se han presentado escritos de acusación contra los imputados y los juicios están en curso. No se han impuesto restricciones a los viajes, como se alega en la lista de cuestiones previa a la presentación de informes.

137.La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha creado un punto focal encargado de recibir y examinar las denuncias sobre presuntas violaciones de los derechos humanos de los defensores de los derechos humanos. A fin de facilitar el alcance de la población a sus servicios, la Comisión también se ha esforzado por fortalecer su mecanismo de tramitación de denuncias promoviendo la presentación de denuncias en línea y la utilización de los centros de servicios comunes existentes en el país. Las denuncias recibidas se procesan con prioridad y se tramitan ante las autoridades competentes del gobierno estatal para garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos, así como la reparación por los agravios de que hayan sido objeto. En los últimos cuatro años, hasta el 31 de agosto de 2020, la Comisión ha recomendado que se conceda una ayuda monetaria de 1.325.000 rupias en cinco casos (en Bihar, Karnataka, Bengala Occidental, Chhattisgarh y Tamil Nadu). Ahora bien, la puesta en libertad de los defensores de los derechos humanos es una cuestión que compete a los tribunales respectivos. Además, se han establecido números de teléfono gratuitos para proporcionar la asistencia necesaria a los defensores de los derechos humanos, a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y a los miembros de la sociedad civil, entre otros, para obtener un fácil acceso a la Comisión en caso de presunta violación de los derechos humanos. También se está procurando sensibilizar a los funcionarios a este respecto mediante talleres, seminarios y campamentos.

Respuesta al párrafo 27 b)

138.Las leyes de la India reconocen derechos y libertades, pero con sujeción a restricciones razonables. A fin de garantizar un equilibrio entre la libertad de los ciudadanos y la seguridad del Estado, se han introducido disposiciones en materia de detención y reclusión, contempladas en leyes como la Ley de Seguridad Nacional. A efectos de garantizar que no se produzcan abusos o usos indebidos de dichas leyes, existe un sólido sistema de equilibrio de poderes supervisado por un poder judicial independiente. Por ejemplo, el Tribunal Supremo en la causa Rajat Sharma y Anr. v. Union of India and Others , sostuvo que no puede considerarse sediciosa la expresión de una opinión que disiente de una decisión adoptada por el propio Gobierno Central.

Respuesta al párrafo 27 c)

139.El artículo 144 del Código de Procedimiento Penal confiere facultades a determinados funcionarios como medida para preservar el orden público. Toda orden dictada con arreglo a este artículo puede ser objeto de revisión judicial, lo que constituye una potente herramienta para cualquier persona perjudicada por dicha medida. En la causa Anuradha Bhasin v. Union of India, el Tribunal Supremo resumió claramente la situación jurídica de este artículo, que, frente al peligro contemplado, tiene un carácter correctivo y preventivo. El magistrado con facultades de gestión del orden público que dicta la orden tiene el deber de equilibrar los derechos y las restricciones basándose en el principio de proporcionalidad para no suprimir la expresión legítima de una opinión o de una denuncia de la vulneración de cualquier derecho democrático.

Respuesta al párrafo 27 d)

140.El Gobierno de Tamil Nadu nombró una Comisión de Investigación para indagar sobre las causas y circunstancias que condujeron a la apertura de fuego en Thoothukudi, a fin de determinar si se utilizó la fuerza adecuada según las circunstancias, y averiguar si hubo algún exceso por parte de los funcionarios de policía. Además, el gobierno del estado está adoptando medidas como proporcionar empleo y ayuda financiera a los ciudadanos que se vieron afectados durante la violencia, retirar las acusaciones que se habían presentado contra varios partidos políticos y expedir certificados de no objeción a los jóvenes implicados en el caso a fin de que pudieran solicitar puestos de trabajo o continuar su educación.

141.Las armas de aire comprimido se utilizaron en el estado de Jammu y Cachemira como medio de control antidisturbios cuando las protestas violentas y los disturbios causaron la alteración del orden público. Las armas de aire comprimido se utilizaron como último recurso, en casos sumamente excepcionales, para controlar la situación de violencia que se producía. Además, el uso de las armas de aire comprimido se ajustó estrictamente a los procedimientos operativos estándar establecidos y en presencia de oficiales de supervisión y magistrados con facultades de gestión del orden público. Los procedimientos operativos estándar garantizan que los perdigones se disparen por debajo de la línea de la cintura utilizando deflectores para causar el mínimo daño a los miembros de las turbas y a los manifestantes violentos. El Tribunal Superior de Jammu y Cachemira, en la causa J&K High Court Bar Association vs Union of India, desestimó las denuncias de uso ilegal y excesivo de armas de aire comprimido. Teniendo en cuenta el equilibrio entre la libertad de expresión de un ciudadano y la seguridad del Estado, en 2016 el Gobierno de la India constituyó un Comité de Expertos para estudiar otras posibles alternativas a las armas de aire comprimido. El Gobierno ha tenido en cuenta las recomendaciones del Comité para aplicarlas adecuadamente. En consecuencia, para dispersar a los manifestantes violentos ilegales, antes de utilizar las armas de aire comprimido se pueden utilizar proyectiles y granadas dispersores de ácido pelargónico o gas pimienta, proyectiles y granadas dispersores de gases de efecto paralizante y granadas dispersoras de humo lacrimógeno.

Libertad de asociación (art. 22)

Respuesta al párrafo 28 de la lista de cuestiones

142.En la India, la libertad de fundar asociaciones está disponible para todos en virtud de las leyes pertinentes. La Ley de Reglamentación de las Contribuciones Extranjeras, de 2010, tiene por objeto reglamentar la manera como las personas, asociaciones y empresas de la India aceptan y utilizan las contribuciones o donaciones extranjeras.

143.Las ONG registradas o dotadas de un permiso previo otorgado por el Gobierno Central con arreglo a dicha Ley pueden recibir contribuciones o donaciones extranjeras. Esas contribuciones pueden utilizarse para un programa cultural, económico, educativo, religioso o social concreto. Sobre la base de las informaciones proporcionadas por los organismos de seguridad y del examen de los registros, si se detectan infracciones, se inician acciones contra los presuntos infractores tras seguir el debido proceso prescrito en la Ley. En función de la gravedad de las infracciones, se adoptan medidas como la suspensión de las licencias, la revocación del registro con arreglo a lo establecido en la Ley mencionada, la aceptación de los cargos por el infractor, el inicio de un proceso judicial o la inclusión del beneficiario o del donante extranjero en la categoría de los que requieren autorización previa. Hasta el 23 de agosto de 2021, un total de 22.716 asociaciones tenían un registro válido con arreglo a la Ley de Reglamentación de las Contribuciones Extranjeras.

144.Es incorrecto sugerir que la India está haciendo un mal uso de la Ley de Reglamentación de las Contribuciones Extranjeras contra instituciones y activistas de derechos humanos. Las medidas adoptadas contra las instituciones señaladas, en particular Amnistía Internacional, obedecieron a las prácticas ilegales, como el desvío de dinero realizado de mala fe y la infracción deliberada y continuada de las disposiciones legales vigentes, como las normas establecidas en la Ley de Reglamentación de las Contribuciones Extranjeras, las normas de gestión de divisas y las leyes tributarias. Actualmente el asunto está pendiente de resolución judicial. Es importante reiterar que todas las instituciones están autorizadas a operar en la India, pero deben hacerlo de acuerdo con la Ley.

145.La India está decidida a garantizar un entorno de trabajo seguro para las personas que se dedican a promover y proteger los derechos humanos. Al mismo tiempo, la India considera que las actividades de los defensores de los derechos humanos deben ajustarse a legislación nacional y a los derechos garantizados por la Constitución. En cuanto a las actuaciones penales que se han entablado contra la Sra. Indira Jai singh y el Sr. Anand Grover, de Lawyers Collective, la organización recibió fondos extranjeros entre 2009 y 2015 pero no reveló una parte importante de ellos, con lo que estaba infringiendo la Ley de Reglamentación de las Contribuciones Extranjeras y las leyes tributarias indias, que son las acusaciones que se les imputan. Actualmente, la causa está pendiente ante el Tribunal Supremo. En la última audiencia, el Tribunal dio una clara indicación de que los organismos de investigación pueden investigar el caso de conformidad con la Ley.

Ciudadanía y prevención de la apatridia (arts. 2, 18, 24, 26 y 27)

Respuesta al párrafo 29 de la lista de cuestiones

146.En 1951, tras la realización del censo de ese año, se elaboró el primer Registro Nacional de Ciudadanos, en el que se inscribieron los datos de todas las personas censadas durante dicho ejercicio. En la actualidad, solo se ha llevado a cabo el proceso de actualización del Registro para el estado de Assam, que comenzó en 2013, con arreglo a las instrucciones del Tribunal Supremo. El marco jurídico que rige la actualización del Registro está conformado por la Ley de Ciudadanía, de 1955, y el Reglamento de Ciudadanía (Registro de Ciudadanos y Expedición de Documentos Nacionales de Identidad), de 2003.

147.El proceso de actualización del Registro se llevó a cabo con arreglo a un sólido mecanismo creado de conformidad con el marco jurídico vigente y que incorporaba las salvaguardias adecuadas para proteger los derechos de las personas implicadas y enfrentar de forma integral cualquier problema de discriminación. La información sobre el proceso se facilitó regularmente a través de numerosos medios, tanto en línea como no electrónicos. En todas las etapas del proceso se brindó a todas las personas la oportunidad de ser escuchadas. A fin de ayudar a la ciudadanía en relación con el Registro, se establecieron en Assam 2.500 Servicios de Ayuda (Seva Kendras) y teléfonos de asistencia sobre los datos registrados. Se proporcionó a todos los interesados una oportunidad razonable de presentar reclamaciones y objeciones en relación con la falta de inscripción en el Registro, y la verificación de estas se llevó a cabo de manera imparcial y transparente. Fue llevada a cabo por altos funcionarios del gobierno estatal y su labor fue supervisada y controlada de cerca por los Jefes de las Administraciones de Distrito. Se les exigió que realizaran los controles de calidad necesarios en al menos el 10 % de los casos. Además, se nombró a altos funcionarios del gobierno estatal como observadores para supervisar el proceso de determinación de las reclamaciones y objeciones en el distrito y se les exigió que rindieran cuentas directamente al Coordinador Estatal del Registro. Además, el progreso en la preparación y actualización del Registro para el estado de Assam fue vigilado directamente y de cerca por el Tribunal Supremo.

148.Es importante reiterar que el hecho de que el nombre de una persona no esté incluido en el Registro no implica que la persona en cuestión haya sido declarada extranjera. Toda persona que no esté satisfecha con el resultado de la determinación de las reclamaciones y objeciones puede presentar, dentro de un plazo de 120 días, un recurso contra dicha determinación ante los Tribunales de Extranjería de Assam, establecidos en virtud de la Orden de Tribunales de Extranjería, de 1964. La revisión judicial de la orden del tribunal competente se puede realizar interponiendo un recurso ante el Tribunal Superior de Gauhati y, posteriormente, ante el Tribunal Supremo.

149.La Ley de Modificación de la Ley de Ciudadanía, de 2019, es una Ley bien delimitada y centrada, que reafirma la fe de la India en el laicismo y su adhesión a este. Fue promulgada por el Parlamento indio tras amplias deliberaciones en ambas cámaras legislativas. Sus disposiciones también fueron estudiadas detenidamente por una Comisión Parlamentaria Mixta de 30 miembros de la Lok Sabha (Cámara Baja) y de la Rajya Sabha (Cámara Alta). La Ley de Modificación tiene por objeto habilitar a los extranjeros de seis comunidades minoritarias de tres países vecinos específicos que han emigrado a la India debido a la persecución religiosa. No quita la ciudadanía a ningún ciudadano indio ni modifica ni reduce ningún proceso existente para la adquisición de la ciudadanía india por parte de cualquier extranjero de cualquier país que pertenezca a cualquier fe o religión. Es importante señalar que la Constitución garantiza a toda persona en el país la vida y la libertad, que solo puede ser restringida con arreglo al procedimiento establecido por la ley. Además, como se menciona en el párrafo 116 de este informe y en el informe anterior, en la India solo se expulsa a los extranjeros de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley.

Participación en los asuntos públicos (arts. 25 y 26)

Respuesta al párrafo 30 de la lista de cuestiones

150.Los partidos políticos son un ingrediente esencial de una democracia parlamentaria multipartidista. Un método transparente de financiación de los partidos políticos es vital para el sistema de elecciones libres y limpias. A estos efectos, el Gobierno de la India estableció en 2018 el Programa de Bonos Electorales, destinado a regular el sistema de financiación política en el país. El Programa tiene como objetivo específico hacer frente a la amenaza del dinero negro y no contabilizado en la política india, haciendo que el proceso de financiación electoral sea más transparente y dotándolo de una mayor rendición de cuentas. Solo pueden recibir los bonos electorales los partidos políticos inscritos en virtud de la Ley de Representación del Pueblo, de 1951, y que hayan obtenido al menos el 1 % de los votos emitidos en las últimas elecciones generales a la Cámara Baja del Parlamento o a la Asamblea Legislativa del estado.

151.Un bono electoral solo puede ser adquirido a través de un sistema bancario formal y cobrado por un partido político que cumpla los requisitos, y solo a través de una cuenta bancaria en un banco autorizado. Como resultado del procedimiento, es posible rastrear y dar debidamente cuenta de los detalles relativos a cada transacción de bonos realizada (incluidos los registros de los donantes y de los partidos políticos receptores). Ahora bien, hay que señalar que la identidad de los donantes es confidencial, pues en el pasado los donantes habían expresado su reticencia a donar mediante cheques u otros métodos transparentes, dado que esto revelaría su identidad y tendría consecuencias negativas. Además, la divulgación de los nombres de los donantes y donatarios de bonos electorales vulneraría su derecho a la privacidad. La Comisión Central de Información, en la causa Vihar Durve v. CPIO, State Bank of India, Mumbai, respaldó este enfoque al concluir que “la Comisión acepta el argumento del demandado de que la divulgación de los nombres de los donantes y donatarios de los bonos electorales consignados en los libros de contabilidad puede contravenir las disposiciones contenidas en el artículo 8, párrafos 1 e) y j), de la Ley de Derecho a la Información, de 2005. No parece haber un interés público mayor que prevalezca sobre el derecho a la privacidad de los donantes y donatarios afectados”. Aunque se han planteado algunos problemas en relación con el sistema de bonos electorales, estos están actualmente pendientes de examen ante el Tribunal Supremo.

152.La India tiene una democracia directa y participativa basada en el principio de una persona, un voto. El marco jurídico que rige los diversos aspectos del proceso electoral está integrado por la Constitución, la Ley de Representación del Pueblo, de 1950, la Ley de Representación del Pueblo, de 1951, y el Reglamento elaborado en virtud de dichos instrumentos. El Tribunal Supremo, en la causa People ’ s Union for Civil Liberties v. Union of India, afirmó que el derecho al voto es un derecho establecido por la legislación, y no un derecho fundamental o constitucional. El derecho de voto de una persona con discapacidad intelectual o psicosocial que cumpla las condiciones para ejercerlo está protegido por la legislación vigente.

153.El derecho a presentarse a las elecciones a las instituciones del Panchayati Raj es un derecho constitucional, pero también establecido por la legislación y, por lo tanto, está sujeto a restricciones razonables con arreglo a lo previsto en la ley. La Constitución contempla los Panchayats como un potente instrumento para la elaboración de planes de bienestar familiar y asistencia social destinados a mejorar la salud de la población. La norma de los dos hijos impuesta a los candidatos que se presenten a elecciones para ocupar cargos en las instituciones del Panchayati Raj se adoptó con el objetivo de promover el bienestar de las familias y la planificación familiar. Esta norma se ajusta a la Política Nacional de Población, de 2000, que hace hincapié en la planificación familiar y la mejora de la calidad de vida. Se basó en la premisa de que su adopción por parte de los representantes elegidos, que son vistos como modelos, inspiraría y animaría a otras personas a seguir su ejemplo en la composición de las familias. La restricción señalada se aplica a todos sin distinción. Por lo tanto, la finalidad de la ley, tal como exige el Pacto, es razonable y objetiva. Haciendo suyo este entendimiento, el Tribunal Supremo, en la causa Javed and others v. State of Haryana, había observado: “En nuestra opinión, la restricción del derecho a presentarse a unas elecciones por tener más de dos hijos vivos no contraviene ningún derecho fundamental ni traspasa los límites de lo razonable. Se trata más bien de una inhabilitación concebida conceptualmente en interés nacional”.

Derechos de los pueblos indígenas (art. 27)

Respuesta al párrafo 31 de la lista de cuestiones

Respuesta al párrafo 31 a)

154.La India considera indígenas a todos sus ciudadanos. La Constitución prevé la designación de ciertas comunidades como tribus registradas y contempla medidas de acción afirmativa en su favor, como la reserva de escaños en los órganos representativos y de puestos en las instituciones educativas y en el empleo. Además, se ha establecido la Comisión Nacional para las Tribus Registradas, integrada por numerosos miembros y encargada de garantizar la protección efectiva y la aplicación de diversas salvaguardias previstas para las tribus registradas en la Constitución y otras leyes de protección.

155.Para empoderar a las tribus registradas y mejorar sus condiciones educativas, sociales y económicas, se han adoptado varias iniciativas, como la creación de internados modelo Eklavya, la mejora de las escuelas existentes, la construcción de residencia de estudiantes y el fortalecimiento de las infraestructuras de atención primaria y comunitaria de la salud, los programas de desarrollo de aptitudes y los planes de becas. Cada año, iniciativas de este tipo, por un valor de 25.000 millones de rupias, son aprovechadas por unos 3 millones de beneficiarios de las tribus registradas. El Programa de Desarrollo de los Grupos Tribales Especialmente Vulnerables beneficia a 75 grupos de este tipo identificados entre las comunidades tribales más vulnerables en cuanto al desarrollo socioeconómico. En el marco de este Programa, los gobiernos deben preparar actividades sobre planes de conservación y desarrollo de estos grupos en los sectores de la educación, la salud, el saneamiento, la nutrición, los medios de subsistencia, la conservación de la cultura, el legado y el reconocimiento del hábitat. La Federación de Desarrollo de Mercados Cooperativos Tribales de la India Ltda. se encarga de la comercialización de productos tribales a través de una red de puntos de venta, y, en 2020, generó una cifra de negocios de más de 21 millones de rupias. Entre las diversas iniciativas que han sido muy efectivas para el desarrollo de las tribus cabe mencionar las cuatro siguientes: “Rehabilitación Ecológica de las Aldeas Tribales mediante un Diseño Innovador en la Gestión del Agua Utilizando Estupas de Hielo”; “Swasthya: Portal de Salud y Nutrición Tribal”; “ Panel de Información sobre el Desempeño - Empoderar a las Tribus y Transformar la India”; y “Empoderamiento de las Tribus mediante Programas de Becas Habilitados por Tecnologías de la Información”.

Respuesta al párrafo 31 b)

156.Al reconocer el modo de vida distinto de los grupos tribales, la Constitución garantiza una mayor autonomía y facultades de autogobierno a las zonas designadas como zonas registradas, en las que el Gobernador, asesorado por el Consejo Consultivo sobre Tribus, puede excluir la aplicación de cualquier ley hecha por el Parlamento o el órgano legislativo del estado concernido u ordenar su aplicación con modificaciones. Para democratizar aún más el autogobierno de las tribus en las zonas registradas, el Parlamento promulgó la Ley de Panchayats (Ampliación a las Zonas Registradas) de 1996, que autoriza específicamente al Gram Sabha, órgano formado por todos los miembros adultos de una aldea, a aprobar planes y programas de desarrollo social y económico, a ser consultado antes de la adquisición de tierras, a recomendar la concesión de permisos para la explotación minera o a otorgar concesiones para la explotación de minerales menores. La Ley de Panchayats atribuye al órgano legislativo del estado correspondiente una responsabilidad especial en lo que respecta a la redefinición del papel de los panchayats a nivel de distrito. En este sentido, muchos órganos legislativos de los estados han puesto en funcionamiento dicha Ley en diversos grados, estableciendo que la consulta y la recomendación del Gram Sabha es un requisito previo para la transferencia de tierras para actividades industriales y de otro tipo.

157.La transferencia de tierras para actividades extractivas en zonas forestales se rige por la Ley de Tribus Registradas y Otros Habitantes Tradicionales de los Bosques, de 2006. Esta Ley garantiza los derechos individuales y colectivos de las tribus registradas y otros habitantes tradicionales de los bosques para, entre otras cosas, poseer y vivir en las tierras forestales, utilizar, recolectar y disponer de los productos forestales menores y utilizar los recursos de propiedad común. El Gobierno de la India también ha promulgado notificaciones de recomendación en las que aclara que los títulos de permiso para la explotación minera otorgados por los gobiernos de los estados en virtud de la Ley de Minas y Minerales (Desarrollo y Regulación), de 1957, deben cumplir necesariamente las disposiciones de la Ley de Habitantes de los Bosques. El contexto de las actividades extractivas exige a menudo equilibrar el derecho al desarrollo con la autonomía y los derechos culturales de los grupos tribales y entraña situaciones difíciles.

Respuesta al párrafo 31 c)

158.El número total de familias afectadas por el proyecto de la presa de Sardar Sarovar es de 32.546. Todas estas familias (4.764 de Guyarat, 4.180 de Maharashtra y 23.602 de Madhya Pradesh) han sido reasentadas e indemnizadas adecuadamente. Entre las principales prestaciones concedidas a las familias desplazadas figuran la entrega de parcelas agrícolas, bienes de producción y subvenciones para el reasentamiento. Todos los asuntos relacionados con la indemnización, la rehabilitación y el reasentamiento de las familias afectadas son supervisados por la Autoridad de Control del Narmada.

Respuesta al párrafo 31 d)

159.Como principio general, la venta de terrenos mediante coacción es ilegal, por lo que puede ser impugnada ante el tribunal correspondiente que puede declararla nula. Además, la transferencia de tierras de un grupo tribal a un ente no tribal a través de la coacción también está prohibida en virtud de las leyes que rigen las zonas que, en el anexo quinto de la Constitución, están designadas como zonas registradas. Algunas zonas del distrito de Raigad, en Chhattisgarh, han sido designadas zonas registradas. El artículo 170-B del Código de Rentas de la Tierra de Chhattisgarh, de 1959, prevé la devolución de la tierra en las zonas registradas cuando se demuestre que un ente no tribal se ha apoderado ilegalmente de la tierra de un propietario tribal. Aparte de los mecanismos legales que existen para impugnar la venta de tierras bajo coacción, el asunto de la venta de tierras bajo coacción por grupos tribales a empresas privadas fue abordado de forma proactiva por la Comisión Nacional para las Tribus Registradas, órgano cuasijudicial que formuló a este respecto una serie de recomendaciones al gobierno del estado.

Respuesta al párrafo 31 e)

160.La adquisición de tierras para la extracción de carbón puede tener lugar en una zona registrada o no registrada, lo que también determina la ley aplicable en estas diferentes situaciones. La Ley de Derecho a la Transparencia y la Indemnización Justa en la Adquisición de Tierras, la Rehabilitación y el Reasentamiento, de 2013, es una ley de derecho común que establece el requisito de consulta a efectos de la adquisición de tierras y es aplicable también a las zonas registradas. Esta Ley adopta un enfoque imparcial, transparente y consultivo para la adquisición de tierras y la rehabilitación de los desplazados. En materia de dominio eminente, la facultad soberana del Estado sobre las cosas de los ciudadanos está supeditada a los derechos de las personas. Sin embargo, esta supeditación no se extiende a ciertos fines que son cruciales para las necesidades básicas de infraestructura y combustible de la sociedad en general. La aplicación de la Ley de 2013, por lo tanto, no se extiende a la adquisición de tierras prevista en la Ley de Adquisición y Desarrollo de Zonas Carboníferas, de 1957. Ahora bien, la adquisición de tierras para la extracción de carbón en una zona registrada debe hacerse de conformidad con la Ley de Panchayats (Ampliación a las Zonas Registradas) y con las normas establecidas por el estado respectivo en virtud de dicha Ley. La mayoría de los estados de la India han adoptado normas para dar carácter operativo a la Ley de Panchayats. Chhattisgarh da carácter operativo a la Ley de Panchayats a través de las modificaciones introducidas en su Código de Rentas de la Tierra, de 1959.