Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Comentarios del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las recomendaciones y las observaciones que se le han dirigido en relación con la visita del Subcomité al país del 8 al 19 de septiembre de 2019 * **

[Fecha de recepción: 21 de mayo de 2021]

Índice

Página

I.Introducción3

II.Mecanismo nacional de prevención3

A.Base legislativa3

B.Acceso a las instalaciones militares de detención y supervisión independiente en los territorios de ultramar y las dependencias de la Corona4

C.Independencia5

D.Recursos humanos y financieros6

E.Visibilidad6

F.Conclusión7

III.Cuestiones generales8

A.Marco jurídico e institucional8

B.Representación excesiva de las minorías étnicas en el sistema de justicia penal12

C.La atención de la salud en los lugares de privación de libertad19

IV.Situación de las personas privadas de libertad25

A.Detención policial25

B.Instituciones penitenciarias27

C.Instituciones para jóvenes infractores33

D.Detención de inmigrantes34

E.Detención judicial38

V.Información adicional40

I.Introducción

1.El Reino Unido acoge con satisfacción el informe elaborado por el Subcomité tras la visita realizada en septiembre de 2019. Las recomendaciones numeradas que aparecen a lo largo del presente documento se corresponden con los párrafos del informe del Subcomité de octubre de 2020. Este informe fue distribuido a todas las autoridades, departamentos e instituciones competentes, tal como se había solicitado. El Reino Unido solicita que esta respuesta sea publicada junto con el informe del Subcomité, de conformidad con el artículo 16, párrafo 2, del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. El Reino Unido celebra asimismo que el Subcomité comparta la información detallada en ambos informes con el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

2.El Reino Unido cuenta con una arraigada tradición de protección de derechos y libertades en su territorio y de cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Valoramos por consiguiente la importante labor del Subcomité al tiempo que seguimos cumpliendo nuestras obligaciones en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

II.Mecanismo nacional de prevención

A.Base legislativa

“27.El Subcomité insta al Estado parte a que dote lo antes posible al mecanismo nacional de prevención del Reino Unido de una base legislativa oficial en la que se definan claramente sus facultades, funciones, papeles y responsabilidades, a fin de que el Reino Unido cumpla sus obligaciones internacionales en virtud del Protocolo Facultativo. Además, debería incorporarse a los estatutos de los miembros/órganos una referencia explícita al mandato del mecanismo nacional de prevención y a las responsabilidades dimanantes del Protocolo Facultativo con vistas a cumplir las disposiciones de dicho Protocolo Facultativo y las obligaciones internacionales del Reino Unido.

28. El Subcomité también recomienda que se mencionen en el texto legislativo las funciones de una Presidencia independiente del mecanismo y la función de apoyo y coordinación de la secretaría independiente del mecanismo nacional de prevención. ”

3.El Reino Unido estableció un mecanismo nacional de prevención independiente en 2009 y se lo notificó al Parlamento por medio de una declaración ministerial escrita. En esta declaración se enumeraban los 18 órganos de control independientes —hoy son 21— que en conjunto constituyen el mecanismo nacional de prevención del Reino Unido. Establecer un mecanismo nacional de prevención a través de varias entidades descentralizadas, de conformidad con el artículo 17 del Protocolo Facultativo, garantiza una supervisión adecuada de los distintos lugares de detención en todo el Reino Unido. Cada uno de estos 21 órganos de inspección cuenta con un marco legal y acceso ilimitado a los lugares de detención que inspecciona. A la vista del mecanismo nacional de prevención instituido, el Reino Unido considera que cumple plenamente con sus obligaciones internacionales en virtud del Protocolo Facultativo y que el mecanismo nacional de prevención cumple el requisito establecido en los artículos 17 a 23 del Protocolo Facultativo. Así se lo reiteró al Subcomité durante la visita de éste en septiembre de 2019.

4.El Reino Unido llevó a cabo una consulta sobre el “Fortalecimiento de los órganos de control independientes mediante la legislación” en 2020, que incluía opciones de reforma destinadas a reforzar los órganos de control. Entre las opciones propuestas figuraba la de brindar una base legal al mecanismo nacional de prevención y a una serie de órganos de control penitenciario. Hemos estudiado las respuestas recabadas en el marco de la consulta y elaboraremos una respuesta a su debido tiempo.

B.Acceso a las instalaciones militares de detención y supervisión independiente en los territorios de ultramar y las dependencias de la Corona

“31.El Subcomité toma nota de las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes relativas al papel del mecanismo nacional de prevención del Reino Unido en los territorios de ultramar, formuladas a raíz de sus visitas al sector de bases sujetas a soberanía británica en Chipre y Gibraltar. El Comité pidió a las autoridades del Reino Unido que, por la vía legislativa, concedieran facultades específicas al mandato del mecanismo nacional de prevención, que deberían incluir el derecho automático a visitar todos los lugares de privación de libertad en el Reino Unido, así como los de los territorios británicos de ultramar y el sector de bases sujetas a soberanía británica.

32.El Subcomité recomienda que, para cumplir los requisitos del Protocolo Facultativo, el mecanismo nacional de prevención tenga la capacidad de realizar visitas sin previo aviso a todos los lugares de detención y acceda a toda la información relativa al trato de los detenidos y las condiciones de su detención. El Subcomité se hace eco de la recomendación del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes e insta al Estado parte a que adopte todas las medidas necesarias para que el Protocolo Facultativo sea aplicable en todos los territorios de ultramar del Estado parte y las dependencias de la Corona, incluidas las visitas sin previo aviso a las instalaciones de detención militares. A ese respecto, el Subcomité exhorta a las autoridades del Reino Unido a que consideren la posibilidad de utilizar la actual estructura del mecanismo nacional de prevención o de designar o establecer nuevos órganos del mecanismo para ponerse rápidamente en plena conformidad con el Protocolo Facultativo, es decir, para que todos los lugares de privación de libertad sometidos al control de iure o de facto del Reino Unido sean visitados por un órgano de prevención independiente. ”

Sector de bases sujetas a la soberanía británica e instalaciones militares de detención

5.El Reino Unido asume con rigor sus responsabilidades en materia de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y reconoce las recomendaciones formuladas por el Subcomité en su informe. El Ministerio de Defensa invita actualmente a la Inspección de Prisiones de Su Majestad (miembro del mecanismo nacional de prevención) a realizar inspecciones independientes en sus centros de detención en el Reino Unido, que en el pasado se han llevado a cabo sin previo aviso. El Ministerio de Defensa estudiará detenidamente las recomendaciones en estrecha colaboración con otros departamentos gubernamentales.

Territorios de ultramar

6.La ratificación del Protocolo Facultativo por parte del Reino Unido no se ha hecho extensiva a los territorios de ultramar. Es más, cada uno de estos territorios cuenta con su propio órgano legislativo y los territorios habitados tienen gobiernos elegidos democráticamente, de modo que no resultaría apropiado que el Gobierno del Reino Unido legislara en su nombre en relación con el mandato del mecanismo nacional de prevención. No obstante, los territorios de ultramar que deseen ver extendido el Protocolo Facultativo a sus territorios, recibirán el apoyo del Gobierno del Reino Unido en este proceso. El Reino Unido colabora con los territorios de ultramar apoyando el establecimiento de juntas de supervisión, en el caso de que todavía no dispongan de ellas, y de mecanismos de revisión independientes en aras del cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Dependencias de la Corona

7.Las dependencias de la Corona no son parte del Reino Unido sino dependencias autónomas de la Corona. Cuentan con sus propias asambleas legislativas, de elección directa, sus propios sistemas jurídicos, fiscales y administrativos y sus propios tribunales de justicia. La relación constitucional de las islas con el Reino Unido se articula a través de la Corona y el Gobierno británico es responsable de la defensa y las relaciones internacionales de las islas, así como de garantizar su buen gobierno. No sería apropiado que el Gobierno del Reino Unido ordenara hacer extensivo el Protocolo Facultativo a las dependencias de la Corona, ya que se trata de una cuestión que compete a sus respectivos gobiernos, pero apoyaremos a cualquier dependencia que exprese su deseo de extender la vigencia del Protocolo Facultativo a su territorio.

8.El Protocolo Facultativo ha sido hecho extensivo a la Isla de Man, pero no a Guernsey o Jersey. Sin embargo, Jersey ha manifestado su intención de solicitar la extensión de la ratificación británica del Protocolo Facultativo. Los avances en materia de cumplimiento se prolongaron hasta marzo de 2020, cuando los recursos de este y otros proyectos fueron desviados hacia la lucha contra la COVID-19. La extensión sigue figurando entre las principales prioridades de Jersey y será abordada a medida que se disponga de recursos.

C.Independencia

“37.El Subcomité recomienda a las autoridades del Reino Unido que velen por que el mecanismo nacional de prevención goce de autonomía, independencia, eficacia y credibilidad como órgano de prevención independiente, de conformidad con los artículos 17, 18 y 19 del Protocolo Facultativo. La independencia funcional de todos los diferentes miembros/órganos que componen la estructura del mecanismo debe estar garantizada por ley y el Estado parte debe adoptar todas las medidas necesarias a tal efecto. Además, debe lograrse su separación material, logística y financiera de las estructuras gubernamentales a fin de asegurar su independencia, funcional y de otra índole, según lo previsto en el Protocolo. ”

9.El Gobierno del Reino Unido toma nota de las inquietudes planteadas por el Subcomité para la Prevención de la Tortura y el mecanismo nacional de prevención, en el sentido de que, si bien los miembros independientes del mecanismo cuentan con un marco legal, el mecanismo mismo no está establecido por ley. Como ya se ha mencionado, el Reino Unido llevó a cabo una consulta sobre este punto y formulará una respuesta a su debido tiempo. Si bien no entendemos que la falta de marco legislativo obste al cumplimiento de los artículos 17, 18 y 19 del Protocolo Facultativo, seguiremos discutiendo toda cuestión específica con el mecanismo nacional de prevención y sus miembros.

10.Por otro lado, el Gobierno del Reino Unido es consciente de su obligación, en virtud del artículo 18, párrafo 3, del Protocolo Facultativo, de asignar los recursos necesarios para el funcionamiento del mecanismo nacional de prevención. El mecanismo recibe un presupuesto anual a través de la Inspección de Prisiones de Su Majestad, del que puede disponer libremente. Seguimos supervisando los recursos y discutiéndolos con el mecanismo nacional de prevención.

“39.El Subcomité recomienda a las autoridades del Reino Unido que revisen los estatutos de las Juntas Independientes de Supervisión y de los observadores legos para otorgarles independencia plena y evitar conflictos de intereses reales o potenciales en cuanto mecanismos nacionales de prevención. ”

11.En la reciente consulta sobre el “Fortalecimiento de los órganos de control independientes mediante la legislación” también se abordó la posibilidad de otorgar un estatuto jurídico nacional a las Juntas Independientes de Supervisión y a los observadores legos, así como a sus respectivas presidencias. De este modo, se reforzaría su independencia operativa respecto del Gobierno del Reino Unido y hemos previsto promulgar esta legislación cuando los plazos parlamentarios lo permitan. También hemos implementado un protocolo con el Consejo de Administración de la Junta de Supervisión Independiente para establecer las funciones y responsabilidades de las partes y aclarar la independencia de la Junta de Supervisión Independiente respecto del Gobierno, y esperamos poder publicar en breve un protocolo similar con los observadores legos. Seguiremos estudiando, en colaboración con ambos órganos, diferentes posibilidades de seguir formalizando su independencia. También seguiremos examinando el ámbito general de vigilancia en el que operan los Consejos de Supervisión Independientes y los observadores legos.

“41.El Subcomité exhorta a las autoridades del Reino Unido a que garanticen la independencia funcional de la Inspección de Prisiones de Su Majestad, así como la independencia de su personal, mediante un proceso transparente de selección y nombramiento de su Inspector Principal. El Subcomité recomienda también que, de conformidad con el Protocolo Facultativo, el Estado parte vele por que los miembros del mecanismo nacional de prevención sean independientes y no ocupen cargos que puedan suscitar conflictos de intereses reales o aparentes. ”

12.El Reino Unido afirma con seguridad que la Inspección de Prisiones de Su Majestad es operativamente independiente del Gobierno británico. El Inspector Principal es una voz totalmente independiente. La Inspección de Prisiones de Su Majestad publica informes en su propio nombre, cuyo contenido y tiempos dependen en exclusiva del Inspector Principal. Un protocolo concertado por el Ministerio de Justicia y la Inspección de Prisiones de Su Majestad establece las funciones y responsabilidades de ambas organizaciones y confirma la independencia de la Inspección respecto del Gobierno. El protocolo también confirma la potestad delegada del Inspector Principal de nombrar al personal de la Inspección. A raíz de nuestra consulta sobre el “Fortalecimiento de los órganos de control independientes mediante la legislación” hemos decidido legislar para fortalecer el marco legal de la Inspección de Prisiones de Su Majestad, cuando los plazos parlamentarios lo permitan.

13.Las funciones del Inspector Principal de Prisiones de Su Majestad quedan establecidas en el Decreto del Consejo sobre Nombramientos Públicos (Anexo, artículo 2(2), pág.8) y su nombramiento está sujeto a la supervisión del Comisionado de Nombramientos Públicos. En dicho decreto se establece que un comisionado independiente controle los procedimientos dispuestos por las autoridades responsables de los nombramientos cuando se trate de cargos en organismos públicos. El proceso de contratación debe ajustarse asimismo a los principios expuestos en el Código de Gobernanza sobre Nombramientos Públicos del Gobierno. Este Código de Gobernanza está publicado en gov.uk. Los criterios relativos a las funciones, el mandato, el tiempo de trabajo y los detalles de la remuneración se publican íntegramente al anunciarse las vacantes en el sitio web sobre los nombramientos de cargos públicos (como mínimo), en el que se fijan claramente el calendario y la composición del panel. Tratándose de un cargo importante, las funciones del Inspector Principal de Prisiones de Su Majestad quedan a su vez supeditadas al examen previo de la Comisión Especial de Justicia, que es consultada a lo largo de todo el proceso. La audiencia de examen previa al nombramiento y su transcripción están a disposición del público y la Comisión Especial de Justicia puede publicar asimismo otros documentos pertinentes.

D.Recursos humanos y financieros

“45.El Subcomité recomienda que el Estado parte aumente la dotación de recursos financieros y humanos de la secretaría del mecanismo nacional de prevención, también con el fin de garantizar su independencia, de conformidad con las disposiciones del Protocolo Facultativo. ”

14.El Reino Unido valora la importante labor llevada a cabo por el mecanismo nacional de prevención y desea apoyar su independencia, por ser indispensable para salvaguardar los derechos humanos de los detenidos en todo el Reino Unido. El Reino Unido mantiene una comunicación periódica con la secretaría del mecanismo nacional de prevención para asegurarse de que recibe apoyo suficiente, incluidos recursos financieros y humanos.

15.El mecanismo nacional de prevención fue dotado con un presupuesto de 138.000 libras esterlinas para 2020-2021. Su presupuesto aumentó sustancialmente en 2019-2020 y ha sido posteriormente prorrogado de año en año. Esta asignación abarca asimismo el pago de la presidencia independiente y viene a sumarse a los fondos específicos destinados a los miembros del mecanismo.

E.Visibilidad

“47.El Subcomité recomienda que el Estado parte vele por que el mecanismo nacional de prevención sea reconocido como elemento fundamental del sistema nacional de prevención de la tortura y los malos tratos y adopte una estrategia eficaz para aumentar la visibilidad y relevancia del mecanismo. A este respecto, el Subcomité recomienda que el Estado parte adopte, al establecer la base legislativa oficial del mecanismo nacional de prevención, todas las medidas necesarias para que cada uno de sus diferentes órganos de supervisión/miembros ejerza su mandato como mecanismo nacional de prevención cuando actúe en calidad de tal, a fin de evitar toda confusión con sus demás funciones. ”

16.El Gobierno mantiene contactos regulares con el mecanismo nacional de prevención, lo que permite plantear oportunamente motivos de preocupación, incluso acerca de la visibilidad y el perfil del mecanismo. Con el fin de garantizar su independencia, el Gobierno considera que el propio mecanismo es el actor más indicado para tomar la iniciativa de promover su función decisiva de prevención de la tortura y los malos tratos. El Gobierno publica en el Parlamento el informe anual del mecanismo nacional de prevención en nombre de éste.

17.Los organismos designados como miembros del mecanismo nacional de prevención son aquellos cuyas competencias vigentes son compatibles con los criterios establecidos por el Protocolo Facultativo.

“49.El Subcomité recomienda que el Estado parte promulgue disposiciones legislativas que permitan al mecanismo nacional de prevención presentar su informe anual directamente ante el Parlamento y rendirle cuentas sobre el desempeño de su mandato. ”

18.El Reino Unido acoge con satisfacción los informes anuales del mecanismo nacional de prevención y sus conclusiones sobre las condiciones y el trato de las personas recluidas en lugares de detención de todo el Reino Unido. Si bien el informe anual del mecanismo es sometido al Parlamento por el Gobierno, el contenido del mismo es competencia exclusiva del mecanismo. De conformidad con el artículo 23 (Protocolo Facultativo), el Reino Unido publica y difunde el informe a través del sitio web gov.uk.

F.Conclusión

“50.El Subcomité observa que la estructura del mecanismo nacional de prevención del Reino Unido, compuesta por múltiples órganos preexistentes, representa un reto adicional para la adhesión del Estado parte a los principios consagrados en el Protocolo Facultativo en relación con los mecanismos nacionales de prevención, en especial a los artículos 17, 18 y 19. A este respecto, el Subcomité considera necesario que el Gobierno del Reino Unido adopte una política clara que asegure la compatibilidad del mecanismo nacional de prevención y de los órganos que lo componen con las disposiciones del Protocolo Facultativo. Esa política debe subsanar las actuales carencias del marco legal del mecanismo, con vistas a garantizar la independencia de todos y cada uno de sus miembros/órganos cuando actúan en calidad de mecanismo nacional de prevención, y dotándolos de suficientes recursos. Además, habida cuenta del tamaño y la complejidad estructural de un mecanismo integrado por varios órganos, contar con una función de coordinación independiente y sólida es fundamental para poner en práctica de manera efectiva los objetivos del Protocolo. Asimismo, para hacer efectivas las garantías de independencia y eficacia en lo que respecta a la prevención de la tortura, es necesario que la independencia de la Presidencia y la secretaría del mecanismo estén reconocidas en la legislación y respaldadas en la práctica por una dotación de recursos suficiente.

51. El Subcomité confía en que el presente informe sirva de hoja de ruta para el cumplimiento del Protocolo Facultativo por el Reino Unido. ”

19.El Gobierno del Reino Unido tiene la certeza de que cumple plenamente sus obligaciones en virtud del Protocolo Facultativo y no considera que exista un requisito legal en virtud del cual deba establecerse por ley el mecanismo nacional de prevención. Cabe señalar asimismo que todos los miembros del mecanismo cuentan con un marco legal que les confiere competencias acordes con los principios del Protocolo Facultativo, por más que el mismo mecanismo no haya quedado establecido por ley. Dicho esto, el Gobierno emprendió recientemente una consulta pública para recabar opiniones sobre la posibilidad de dotar al mecanismo de una base legal. Estamos examinando esta propuesta más a fondo a la luz de las respuestas recibidas.

20.Acogemos con satisfacción los comentarios y recomendaciones del Subcomité sobre el mecanismo nacional de prevención. Suponen una aportación útil, toda vez que volvemos a estudiar la cuestión.

III.Cuestiones generales

A.Marco jurídico e institucional

“54.El Subcomité insta al Estado parte a que establezca una duración máxima razonable para la detención administrativa de inmigrantes y a que vele por que la detención sea una medida de último recurso y esté justificada por ser razonable, necesaria y proporcionada. ”

21.La detención y la expulsión son aspectos esenciales de un control eficiente de la inmigración y se utilizan para devolver a sus países de origen a aquellas personas que no tienen derecho a permanecer en el Reino Unido y se niegan a regresar voluntariamente. La capacidad de los centros de expulsión de inmigrantes se ha reducido casi en un 40 % en cinco años. La calidad de estos centros, en cambio, es hoy significativamente mayor. El 95 % de las personas sin permiso de residencia en el Reino Unido son supervisadas en su entorno comunitario en vez de ser detenidas.

22.El Reino Unido no detiene de manera indefinida a personas en virtud de sus poderes en materia inmigratoria; la ley no lo permite. Para que una detención sea legal, debe haber una perspectiva realista de que la persona sea expulsada en un plazo razonable. El sistema de inmigración cuenta con salvaguardias consolidadas que permiten garantizar el examen escrupuloso de toda decisión de detención, así como de cualquier circunstancia de una detención en curso.

23.El Parlamento británico ha debatido la introducción de un plazo máximo de 28 días y ha votado en contra. El Gobierno considera que ese plazo máximo limitaría seriamente nuestra capacidad de mantener el equilibrio adecuado y de preservar la integridad del sistema de inmigración. Hemos revisado los plazos de detención aplicados en otros países y cómo se relacionan con otras protecciones dispuestas en el marco de sus sistemas. La conclusión es que muy pocos países han fijado plazos máximos.

24.Nuestra prioridad es que las medidas de detención de inmigrantes se limiten a aquellas situaciones en que resulten necesarias y durante el menor tiempo posible y que las decisiones de detención y las subsiguientes decisiones acerca del mantenimiento o levantamiento de la detención se adopten de manera correcta, con salvaguardias sistemáticas y medidas de apoyo a las personas vulnerables. En el año que concluye en septiembre de 2020, los datos revelan que la inmensa mayoría de las personas (98 %) puestas en libertad permanecieron detenidas menos de 6 meses y que el 76 % de ellas no pasó más de 28 días en detención. Las decisiones de detención se toman caso por caso y son constantemente revisadas.

“56.El Subcomité insta al Estado parte a elevar la edad mínima de responsabilidad penal de conformidad con las normas internacionales. ”

Inglaterra y Gales

25.Si bien señala que la cuestión de la edad de responsabilidad penal excede el ámbito de un examen de las condiciones de detención destinado a prevenir la tortura, y atañe más bien al marco legislativo general, el Gobierno del Reino Unido ofrece la siguiente respuesta a la recomendación del Subcomité.

26.El Gobierno no tiene previsto elevar la edad de responsabilidad penal. Considera que los niños mayores de diez años son capaces de diferenciar entre una mala conducta y una infracción grave.

27.No siempre resulta apropiado establecer comparaciones simples entre países ya que sus sistemas de justicia juvenil y sistemas sociales de apoyo presentan diferencias sustanciales. El principal objetivo del sistema de justicia juvenil de Inglaterra y Gales es prevenir los delitos cometidos por niños. Fijar la edad de responsabilidad penal en 10 años aporta flexibilidad a la gestión de los niños, ya que permite intervenir con prontitud para prevenir la comisión de nuevos delitos. Si el equipo local interinstitucional sobre delincuencia juvenil identifica, en el marco de su evaluación, determinadas necesidades de un niño, puede remitirlo a otros servicios para que prosigan el examen y le brinden apoyo (por ejemplo, los departamentos de servicios para la infancia o los servicios de salud mental para niños y adolescentes).

28.El marco sancionador aplicable a los niños de entre 10 y 17 años de edad reconoce las necesidades específicas de los niños, que requieren un enfoque distinto y más específico. Al dictar sentencia, los tribunales deben tener en cuenta no sólo el objetivo principal del sistema de justicia juvenil, sino también el bienestar del niño. Al determinar la respuesta más apropiada a la comisión de un delito por parte de un niño, se tienen siempre en cuenta su edad, madurez y necesidades.

29.El Gobierno considera importante que se juzguen los delitos graves y se proteja a la sociedad. No obstante, los delitos graves cometidos por niños son poco frecuentes y no es deseable procesar innecesariamente a niños de corta edad si hay alternativas mejores. A la mayoría de los niños de corta edad que entran en el sistema de justicia juvenil se les impone una decisión no judicial.

Escocia

30.La Ley de Edad de Responsabilidad Penal (Escocia) de 2019 fue aprobada por unanimidad por el Parlamento de Escocia. Cuando entre plenamente en vigor, elevará la edad de responsabilidad penal de 8 a 12 años. Sendos proyectos de elevar la edad de responsabilidad penal a 14 y 16 años fueron rechazados por el Parlamento (108 votos a 11 y 110 a 10 respectivamente).

31.La aplicación de la Ley se está llevando a cabo de la forma más rápida y segura posible. Desde el 29 de noviembre de 2019, los niños menores de 12 años solo pueden ser llevados ante un tribunal de menores por motivos de cuidado y protección y no por hechos delictivos. Así pues, desde esta fecha, los niños menores de 12 años no acumulan condenas ni antecedentes penales.

32.En Escocia hay enfoques probados que permiten afrontar y corregir conductas infantiles que no requieren una respuesta del sistema de justicia penal: la gran mayoría de los niños menores de 16 años que cometen delitos son remitidos al sistema de audiencias de niños, que privilegia el bienestar infantil, y no al sistema de justicia penal.

33.La elevación de la edad de responsabilidad penal de 8 a 12 años es una reforma relevante, que deberá ser evaluada atentamente para identificar otros cambios, en los planos de las políticas, la legislación, el sistema y las prácticas, que puedan resultar necesarios para la correcta aplicación de la Ley. La Ley establece, por tanto, que los ministros escoceses lleven a cabo una evaluación pasados tres años de la entrada en vigor del artículo 1 de la Ley (que eleva la edad a 12 años). Esta evaluación consistirá en calibrar la aplicación de la Ley en general, así como en plantear futuras modificaciones de la edad de responsabilidad penal. De este modo podrán tomarse en cuenta las enseñanzas extraídas y la experiencia acumulada en relación con el impacto de la legislación y el programa de cambios conexo sobre los menores de 12 años en el marco de la reflexión general sobre una futura edad de responsabilidad penal.

Irlanda del Norte

34.Esta cuestión está siendo activamente estudiada en Irlanda del Norte. La Ministra de Justicia ha escrito a sus colegas del Ejecutivo para recabar su opinión sobre la elevación de la edad mínima de responsabilidad penal en Irlanda del Norte de 10 a 12 años. Hasta la fecha no ha sido posible obtener el apoyo de todos los partidos, pero el Departamento de Justicia seguirá trabajando sobre esta cuestión.

“58.De conformidad con las normas internacionales, el Subcomité recomienda que el Estado parte vele por que las personas en prisión preventiva permanezcan separadas de los presos condenados y sean objeto de un trato distinto, acorde con su condición de personas no condenadas. ”

Inglaterra y Gales

35.Las normas y políticas penitenciarias existentes ya garantizan una separación adecuada entre los presos condenados y no condenados. Los reclusos no condenados deben mantenerse separados de los condenados, siempre que la dirección del centro de detención considere que se trata de una medida razonablemente viable, y no deben ser obligados a compartir celda con presos que cumplen condena.

Escocia

36.El Reglamento de las Prisiones y los Centros de Infractores Juveniles (Escocia) de 2011 establece que las administraciones de los centros de detención deben mantener separados, en la medida de lo razonablemente posible, a los reclusos civiles y no juzgados de los demás. El Reglamento también incluye disposiciones sobre el régimen y las medidas aplicables a los detenidos que todavía no hayan sido juzgados.

Irlanda del Norte

37.La mayoría de los presos preventivos de Irlanda del Norte se encuentran en la prisión de Maghaberry. Se ha llevado a cabo una importante labor para racionalizar el uso del centro penitenciario y evitar que, dentro de lo materialmente posible, los reclusos no condenados compartan espacio con los convictos.

“61.El Subcomité recomienda que el Estado parte analice el impacto de las medidas de austeridad en los derechos en las personas privadas de libertad, adopte medidas para revertir sus efectos negativos y vele por el pleno cumplimiento de las normas internacionales sobre el tratamiento de los reclusos, en particular en lo que respecta a los servicios de salud, el régimen penitenciario y otros derechos. ”

38.El Reino Unido tiene la firme determinación de proteger plenamente los derechos de las personas privadas de libertad.

Inglaterra y Gales

Dotación de personal

39.El Reino Unido tiene la determinación de evitar que la falta de personal repercuta en el trato que reciben los presos. Reconocemos que nos enfrentamos a problemas de dotación de personal, principalmente relacionados con la retención del personal, pero seguimos decididos a resolverlos.

40.Nuestra acción se centra en los centros penitenciarios que están perdiendo a sus funcionarios de prisiones más experimentados para entender los motivos de este fenómeno. La tasa de abandono de los funcionarios de prisiones de la franja 3-5 se situó en el 9,9 % el año finalizado el 30 de septiembre de 2020, una disminución del 2,4 % respecto del año finalizado el 31 de marzo de 2020. Supervisamos con suma atención los datos relativos a la tendencia al abandono y llevamos a cabo entrevistas de fin de servicio para determinar cuáles son los factores de la pérdida de personal y centrarnos en ellos.

41.El abandono de nuevos funcionarios de prisiones con menos de dos años de servicio es perjudicial para la gestión de nuestras prisiones. Con vistas a hacer frente a esta situación y buscar activamente candidatos más idóneos para el desempeño de estas funciones, hemos introducido un nuevo proceso de evaluación de la contratación basado en las mejores prácticas actuales, que incluye pruebas de puntos fuertes, comportamientos y resiliencia.

42.También hemos actualizado el curso inicial dispensado a los funcionarios de prisiones (POELT) para convertirlo en una formación práctica. El objetivo es mejorar la tasa de retención brindando incentivos de desarrollo profesional de largo plazo a los nuevos contratados e incorporando la formación práctica impartida in situ a fin de prepararlos mejor para el desempeño de sus funciones. Basado en el curso POELT, la formación práctica sigue brindando apoyo al nuevo POELT durante un máximo de 15 meses, incluyendo períodos de aprendizaje reflexivo y desarrollo profesional continuo.

43.En los centros en los que es difícil contratar y retener al personal, estamos recurriendo a emolumentos adicionales y a una estrategia adaptada para publicitar los procesos de contratación.

La prestación de servicios de salud

44.Los asociados en los ámbitos de la salud y la justicia se han comprometido públicamente a prestar un nivel de atención sanitaria en las prisiones equivalente al dispensado al resto de la sociedad. En la respuesta ofrecida a las recomendaciones del Subcomité relativas a la “atención de la salud en lugares de privación de libertad” se abunda sobre esta cuestión.

Acceso de los reclusos a actividades provechosas

45.Los centros penitenciarios cuentan con los recursos necesarios para garantizar regímenes saludables para los reclusos, basados en su rutina diaria (planificación diaria), los niveles de dotación de personal seguros acordados y el máximo nivel de actividad posible. La legislación y un marco de políticas operativas contribuyen a estructurar la rutina diaria y a garantizar el cumplimiento de las normas mínimas nacionales. Las direcciones de los centros penitenciarios tienen autonomía para determinar el tipo de actividades y decidir cómo se despliega su personal, y los servicios centrales les ofrecen ayuda para funcionar de manera eficiente.

46.Se está trabajando en la articulación de una visión futura de los regímenes penitenciarios que integre las enseñanzas de la experiencia de la COVID-19, que han revelado que es más importante ofrecer un régimen de calidad y garantizar tiempo productivo, incluso organizando actividades en las celdas, que limitarse a intentar maximizar el tiempo pasado fuera de la celda.

Condiciones materiales de detención

47.Tal y como se anunció en la revisión del gasto de noviembre de 2020, hemos comprometido más de 4.000 millones de libras esterlinas para lograr un avance significativo en la creación de 18.000 plazas penitenciarias adicionales en todo el sistema penitenciario para mediados de la década de 2020. Estas 18.000 plazas penitenciarias comprenden las 10.000 plazas previstas gracias a la construcción de cuatro nuevas prisiones, la ampliación de otras cuatro, la renovación de los centros penitenciarios existentes y la finalización de las estructuras penitenciarias en construcción en Glen Parva y Five Wells.

48.También estamos invirtiendo un total de 315 millones de libras esterlinas en mejorar el estado de los centros penitenciarios existentes en 2020-2021. Se contará para ello con unidades temporales, que aportarán 1.000 plazas penitenciarias temporales para alojar a los reclusos durante los trabajos de mantenimiento y remodelación y permitirán responder a eventuales presiones de corto plazo de la población carcelaria. La construcción del nuevo centro penitenciario de Five Wells en Wellingborough (Northamptonshire), está muy avanzada y ya han empezado las obras de Glen Parva (Leicestershire). Estas prisiones ofrecerán entornos seguros, decentes y protegidos para facilitar procesos de rehabilitación eficaces.

49.Hemos comprometido 156 millones de libras esterlinas adicionales en 2020-2021 para resolver algunos de los problemas más inmediatos de mantenimiento y renovación de todas las infraestructuras penitenciarias. El reciente acuerdo de revisión del gasto permitirá invertir un total de 315 millones de libras esterlinas en 2021-2022 en la mejora del estado de los centros penitenciarios existentes. Hemos anunciado recientemente que se destinarán más de 140 millones de libras a crear celdas provisionales, reparar y renovar instalaciones penitenciarias, locales homologados y centros de infractores juveniles, y mejorar las tecnologías de la información en las prisiones.

Escocia

50.El Servicio Penitenciario Escocés procura cumplir las normas internacionales de tratamiento de los reclusos y la Inspección de Prisiones de Su Majestad supervisa las prisiones aplicando normas centradas en la defensa de los derechos humanos de los detenidos. Al publicar su último Informe Anual (2019), la Inspectora Principal de Prisiones de SM para Escocia declaró: “Uno de los factores clave que afectan al ambiente en prisión es la calidad de las relaciones entre los presos y las personas que trabajan en el centro penitenciario y en las unidades de custodia comunitaria. Sigo profundamente impresionada por el compromiso mantenido por el personal penitenciario a pesar de la COVID-19, así como por su capacidad de atender y proteger en todo momento a los reclusos, que en una proporción importante son personas vulnerables”.

51.El Gobierno de Escocia ha asignado un total de 460,2 millones de libras esterlinas al SPS para el período 2021-2022, un aumento de 18 millones de libras esterlinas respecto del período 2020-2021, con el fin de ayudar a gestionar los múltiples factores de presión, entre ellos una población penitenciaria en aumento y cada vez más compleja.

52.El presupuesto de recursos del SPS aumentará en 12,4 millones de libras esterlinas hasta alcanzar los 354,6 millones, lo que supone un incremento del 4 % respecto del año pasado. Este incremento permitirá al SPS responder a los desafíos operativos.

53.La inversión de capital en el sistema penitenciario de este año se eleva a 72,8 millones de libras esterlinas, un 7 % más que el año pasado, con vistas a mejorar y modernizar infraestructuras penitenciarias esenciales. Esto incluye la finalización de la mayor parte de las obras del nuevo centro penitenciario de mujeres, el avance de las obras de sustitución de los centros penitenciarios de Inverness y Barlinnie, así como las obras de mejora de los centros existentes.

B.Representación excesiva de las minorías étnicas en el sistema de justicia penal

“64.El Subcomité recomienda que el Estado parte adopte medidas urgentes para hacer frente a las causas de la desproporción racial en el sistema de justicia penal y para proteger a los grupos étnicos minoritarios frente a la tortura y los malos tratos. ”

54.Combatir las disparidades raciales en el sistema de justicia penal es sumamente importante para el gobierno del Reino Unido y seguimos considerando prioritaria esta labor. Se examinan y tratan los problemas detectados en varias evaluaciones y recientes inspecciones independientes y se recogen y analizan datos con arreglo al principio de “explicar o cambiar”.

55.Desde la publicación, en septiembre de 2017, del informe de Lammy sobre el tratamiento que reciben y los resultados que obtienen los negros, los asiáticos y las minorías étnicas en el sistema de justicia penal hemos logrado avances en diferentes frentes. También estamos trabajando más que nunca en la detección de disparidades en las prácticas al uso y poniendo en marcha salvaguardias contra las consecuencias indeseadas de las nuevas políticas que puedan tener un impacto acumulativo sobre las disparidades raciales.

56.Hemos logrado avances considerables en la aplicación de medidas que nos habíamos comprometido a adoptar en relación con cada recomendación y hemos añadido otras medidas que no figuraban explícitamente en el informe. Así, por ejemplo, seguimos priorizando la labor de análisis y respuesta en relación con la presencia desproporcionada de determinados grupos en el sistema de justicia juvenil, en particular la aplicación de medidas preventivas como las intervenciones tempranas y las derivaciones, así como de enfoques procedimentales en lo tocante a la prisión preventiva y la imposición de penas. Desde la evaluación, también hemos logrado diversificar la fuerza de trabajo del Servicio de Prisiones y Libertad Condicional de Su Majestad, entre otras cosas, una mayor diversidad de nuestro grupo de funcionarios de alto rango y un mayor número de personas negras, asiáticas y de otras minorías étnicas contratadas por el servicio de instituciones penitenciarias.

57.Aspiramos a seguir dialogando de manera constructiva en torno a la raza y seguiremos trabajando sobre la base de la evaluación de Lammy, adoptando un enfoque más amplio que permita examinar los factores que contribuyen a perpetuar el ciclo de la disparidad racial en el sistema de justicia penal.

58.La Comisión independiente sobre Disparidades Raciales y Étnicas fue creada para llevar a cabo un examen detallado y basado en datos de la desigualdad a escala de toda la población, así como para establecer un programa positivo de cambio. El informe de la Comisión fue publicado el 31 de marzo de 2021. El Gobierno estudiará ahora en detalle sus recomendaciones y evaluará cómo afecta a las futuras políticas públicas. Todo el Gobierno sigue plenamente comprometido con la construcción de una Gran Bretaña más justa y con la adopción de las medidas necesarias para hacer frente a las disparidades allí donde existan.

“ El Subcomité recomienda además que el Estado parte adopte las medidas necesarias para:

a) L ograr que no se utilice la detención de manera discriminatoria contra determinados grupos de personas y que las detenciones, identificaciones y registros no se basen en la apariencia, el color o la pertenencia a grupos nacionales y étnicos; ”

Inglaterra y Gales

59.La labor de identificación y registro es una valiosa herramienta policial que cada año permite sacar decenas de miles de navajas de las calles y ayuda a la policía a luchar contra la delincuencia y a proteger a las comunidades en el marco de una estrategia más amplia de lucha contra los actos graves de violencia. Sin embargo, nadie debe ser identificado y registrado por motivo de una característica protegida, como la raza, la etnia o la edad. A tal fin, hay una serie de medidas de salvaguardia, como el uso de videocámaras corporales por parte de los agentes de policía, que facilitan la rendición de cuentas, las investigaciones de la Inspección de Policía y Servicios de Bomberos y Rescate de Su Majestad, en las que se evalúan las disparidades a escala de los distintos cuerpos, y el Código A de la Ley de Policía y Medios de Prueba en materia Penal de 1984, que fija los requisitos legales a los que debe ceñirse toda operación de identificación y registro. En particular, el Código A establece que el poder de detención y registro debe utilizarse de manera justa, respetuosa y sin discriminación ilegal, de conformidad con la Ley de Igualdad de 2010. Los motivos razonables aducidos para proceder a un registro nunca deben basarse en características protegidas, generalizaciones ni estereotipos, y los equipos de control locales garantizan el cumplimiento del Código A supervisando los conjuntos de datos, comprobando los motivos razonables y/o revisando las grabaciones de las videocámaras corporales. El Ministerio del Interior publica datos sobre las identificaciones y registros realizadas por los distintos cuerpos, incluidas las disparidades raciales, que pueden servir para mejorar la rendición de cuentas. El College of Policing ha actualizado recientemente sus directrices sobre identificaciones y registros con el fin de garantizar un uso más justo y proporcionado de estos poderes y de mejorar la capacidad práctica de las fuerzas en materia participación y control comunitarios El Ministerio del Interior está trabajando con la Inspección de Policía y Servicios de Bomberos y Rescate de Su Majestad y las fuerzas para supervisar la adopción de las directrices actualizadas.

60.La detención policial se rige por el Código C de la Ley de Policía y Medios de Prueba en materia Penal, que establece el marco legal relativo a la detención, el tratamiento y el interrogatorio de personas por parte de agentes de policía. La gestión operativa de las áreas de custodia de los detenidos también se lleva a cabo de conformidad con los requisitos de la Guía sobre Prácticas Profesionales Autorizadas establecidos por el College of Policing. Al igual que el Código A, el Código C establece que los poderes y procedimientos usados por los agentes de custodia deben ser utilizados de forma justa, sin discriminación ilegal y de conformidad con la Ley de Igualdad de 2010. Las visitas no anunciadas de la Inspección de Policía y Servicios de Bomberos y Rescate de Su Majestad y las visitas periódicas de la Asociación de Visitadores Independientes de Personas Bajo Custodia Policial, que lleva a cabo visitas no anunciadas para controlar que se respeten los derechos y el bienestar de los detenidos, garantizan la probidad de la detención policial. Las visitas independientes a las personas bajo custodia policial son una de las herramientas disponibles para evaluar el cumplimiento del Protocolo Facultativo por parte del Reino Unido. Tanto la Inspección de Policía y Servicios de Bomberos y Rescate de Su Majestad como la Asociación de Visitadores Independientes de Personas Bajo Custodia Policial mantienen al Ministerio del Interior puntualmente informado de sus visitas y conclusiones. El Ministerio del Interior trabaja actualmente con el Consejo Nacional de Jefes de Policía para mejorar los procesos de difusión y publicación de los datos sobre el uso de poderes y procedimientos en el marco de custodia policial, con vistas a mejorar la transparencia y los conocimientos en la materia.

61.El artículo 24 de la Ley de Policía y Medios de Prueba en materia Penal otorga a los agentes de policía de Inglaterra y Gales un poder de detención respecto de todos los delitos. Establece dos criterios que todo agente debe cumplir antes de llevar a cabo una detención: debe tener motivos razonables para i) sospechar que determinada persona ha cometido o está a punto de cometer un delito y ii) considerar necesaria la detención de la persona en cuestión. Los motivos por los que la detención puede ser considerada necesaria son, entre otros, evitar daños personales o materiales y permitir la investigación rápida y eficaz del presunto delito. El ejercicio del poder se rige por el Código G de la Ley de Policía y Medios de Prueba en materia Penal, que al igual que otros códigos de esta misma Ley, establece que los poderes de detención deben ser utilizados de forma justa, sin discriminación ilegal y en consonancia con la Ley de Igualdad de 2010.

Escocia

62.Las identificaciones y registros basados en labores de inteligencia constituyen una táctica policial valiosa y eficaz, que contribuye a la prevención, investigación y detección de actos delictivos, al tiempo que preserva la seguridad de las personas y mejora el bienestar de la comunidad.

63.Los datos de la policía escocesa sobre identificaciones y registros se presentan desglosados por jurisdicciones locales. Los agentes de la Policía de Escocia entienden que las víctimas de los delitos y la sociedad en general esperan de ellos que hagan uso de los poderes de que disponen, incluida la identificación y el registro cuando sea necesario, para llevar a los infractores ante la justicia. También reconocen que identificar y registrar a las personas supone una importante intromisión en su libertad personal e intimidad y mantienen su compromiso de llevar a cabo todas las actividades de identificación y registro de forma legal y proporcionada y de tratar con equidad, honestidad y respeto a todas las personas.

64.La Policía de Escocia registra datos y lleva a cabo análisis para investigar cualquier desproporción. Está en contacto con las divisiones locales, que ejercen una gobernanza sólida a través de supervisores de primera línea, encargados de comprobar cada uno de los procedimientos de identificación y registro introducidos en la base de datos. Su Unidad Nacional de Identificación y Registro lleva a cabo un examen adicional. Sus procedimientos de identificación y registro se ciñen al Código de Conducta en materia de Identificación y Registro, aprobado por un Grupo Asesor Independiente y por la Autoridad Policial Escocesa.

“ b) Hacer frente al recurso desproporcionado a los medios de inmovilización contra personas de minorías étnicas; ”

Inglaterra y Gales

65.Tenemos la determinación de garantizar que las prisiones, los centros de infractores juveniles y otros centros de detención sirvan para proteger tanto a la sociedad como los derechos y la dignidad de los reclusos. Las prisiones son lugares difíciles para vivir y para trabajar. El personal y los reclusos están cada vez más expuestos a amenazas como la violencia, las secuelas del abuso de sustancias y las actividades delictivas, que incrementan el riesgo de sufrir daños físicos. Rebajar los niveles de violencia y mejorar las relaciones entre el personal y los presos reducirá la necesidad de recurrir a la fuerza.

66.Estamos trabajando con el equipo del Plan de Acción Racial para hacer frente a la desproporción racial. Hemos aceptado la recomendación de Lammy de que las comisiones sobre el uso de la fuerza no sean étnicamente homogéneas y cuenten con la participación de al menos una persona con competencias específicas para tomar en consideración los intereses de los presos. Estamos trabajando para aplicarla en todas nuestras prisiones.

67.Se ha constituido un equipo de evaluación del uso de la fuerza en las prisiones, cuyos datos servirán para fundamentar nuestro enfoque en el futuro, de tal modo que podamos aplicar prácticas basadas en datos frente a la desproporción racial.

Escocia

68.En 2021, la Policía de Escocia entablará una consulta con partes interesadas de la comunidad para recabar aportes que puedan ser de provecho para la Normativa sobre el Uso de la Fuerza. En el marco de la consulta se recogerán opiniones de partes interesadas de las minorías étnicas acerca de las normativas que garantizan un uso proporcionado de la fuerza.

69.Los instructores de seguridad operativa también recibirán, por primera vez, una formación adicional en igualdad y diversidad, impartida externamente, con el fin de mejorar el proceso de elaboración de cursos de formación y el contenido de los cursos de seguridad operativa. La formación les aportará una mejor comprensión de las cuestiones de igualdad y diversidad en el marco de sus funciones de asesoramiento sobre el uso proporcionado de la fuerza.

La Policía de Escocia prevé utilizar estos conocimientos para brindar asesoramiento táctico y específico a los agentes y contrarrestar el efecto de sus eventuales prejuicios.

“ c) aplicar programas que fomenten la reinserción, generen resultados tangibles y se centren en prevenir la reincidencia de personas pertenecientes a las minorías étnicas en las prisiones. ”

70.En relación con todas las intervenciones y programas de reducción de la reincidencia, deberemos asegurarnos que entendemos el impacto en todas las cohortes y plantearnos cómo responder a determinadas necesidades en el marco de todo nuestro accionar. Esto puede observarse en nuestro programa de evaluación y en nuestra labor de análisis de los factores de reincidencia de las cohortes. Nuestro objetivo es llevar a cabo evaluaciones del impacto sobre la igualdad en nuestros programas y trabajos para garantizar que factores como las características protegidas no supongan un obstáculo para el éxito de la rehabilitación.

71.A raíz del “examen temático de las experiencias de los reclusos pertenecientes a minorías étnicas en materia de rehabilitación y planificación de la puesta en libertad” de la Inspección de Prisiones de Su Majestad, se ha acordado un plan de acción para que el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional de Su Majestad lleve a cabo los cambios identificados para mejorar la situación de la cohorte identificada. Fundamentalmente, el objetivo de esta labor es comprender las necesidades culturales de los reclusos negros, asiáticos y de minorías étnicas, así como de los reclusos gitanos, romaníes y nómadas, con el fin de prestar servicios más eficaces y respetuosos de las diferencias culturales en torno a la rehabilitación y la planificación de la puesta en libertad. Para ello, se trabajará en la identificación de posibles áreas de discriminación y en la incorporación de las mejoras a los servicios ofrecidos por la Inspección de Prisiones de Su Majestad, de modo de mejorar las experiencias de los reclusos pertenecientes a minorías étnicas de favorecer su rehabilitación.

“ d) reducir la representación excesiva de niños de minorías étnicas en los centros de detención para jóvenes, entre otras cosas mediante la adopción de alternativas a la privación de libertad; ”

72.Queremos que la gente confíe en un sistema de justicia justo y abierto, en el que ninguna persona sufra discriminación de ningún tipo. Compartimos plenamente la preocupación por la actual situación de desproporción. Seguiremos priorizando la labor de análisis y de respuesta a la presencia desproporcionada de determinados grupos en el sistema de justicia juvenil y reconociendo la absoluta necesidad de un cambio sistémico.

73.Pese al importante trabajo que queda por delante para mejorar el tratamiento recibido y los resultados obtenidos por estas comunidades en el sistema de justicia penal, esos esfuerzos sólo resolverán parcialmente los problemas clave relacionados con su representación excesiva. Esto se debe a que los factores “condicionantes” que propician la comisión de actos delictivos son a su vez desproporcionados. Por ello, el Gobierno ha redoblado sus esfuerzos por combatir esa representación excesiva con medidas sanitarias, educativas y policiales, poniendo de relieve la importancia de un enfoque holístico.

74.El Gobierno está adoptando una serie de medidas clave para combatir esa desproporción en todo el sistema y estamos trabajando para determinar la mejor manera de evitar, cuando proceda, la detención de niños negros, asiáticos y de minorías étnicas.

75.Estamos invirtiendo 1 millón de libras esterlinas en actividades físicas y prácticas que tomen en consideración las experiencias traumáticas con vistas a mejorar los resultados de 11.000 niños negros, asiáticos y de minorías étnicas en riesgo de entrar en el sistema de justicia penal.

76.Nuestros proyectos piloto “Chance to Change” (“Una oportunidad para cambiar”), llevados a cabo en colaboración con la policía, permiten tratar los casos de delitos menores por la vía extrajudicial. Entendemos que los acusados negros, asiáticos y de minorías étnicas son menos propensos a declararse culpables, por lo que sus casos tienden a resolverse por vías más punitivas. Este modelo se centra menos en la admisión de la culpabilidad y más en las posibilidades de desjudicialización.

77.La Junta de Justicia Juvenil apoya la desjudicialización de los niños de colectivos sobrerrepresentados a través del proyecto Pathfinder. Se trata de un programa de apoyo a los niños y familias negros, asiáticos y de minorías étnicas afectados por la COVID-19. Se ha destinado un total de 1,4 millones de libras esterlinas a lo largo de 3 años a zonas como Newham y Brent, en el marco de la respuesta a la COVID-19 para apoyar a los niños de grupos sobrerrepresentados.

78.Para seguir avanzando, vamos a financiar a organizaciones voluntarias especializadas en la población negra y asiática. Se está desarrollando un proyecto de la Junta de Justicia Juvenil, que cuenta con una financiación destinada a proyectos juveniles de 80.000 libras esterlinas, para apoyar a niños que hayan sufrido traumas y experiencias infantiles adversas como consecuencia de situaciones graves de violencia juvenil a través de organizaciones voluntarias y comunitarias.

79.Se está trabajando en varias áreas con la policía. Hemos colaborado con el Consejo Nacional de Jefes de Policía para tratar el problema de la desproporción en la detención policial. La Junta de Justicia Juvenil también está trabajando en un proyecto sobre las causas de la desproporcionalidad en el sistema de resolución extrajudicial. Se trata de identificar y poner a prueba un proceso de seguimiento de las resoluciones extrajudiciales de delitos leves en cuatro fuerzas policiales y formular recomendaciones sobre el proceso con vistas a establecer un enfoque nacional, así como a poner a punto un módulo nacional de formación específica sobre resoluciones comunitarias.

80.Estamos revisando la aplicación de medidas de prisión preventiva a niños, con especial atención a la representación excesiva de niños negros, asiáticos y pertenecientes a minorías étnicas.

81.También hemos trabajado con la Asociación de Magistrados para concienciar a los jueces sobre la desproporcionalidad. La Junta de Justicia Juvenil ha celebrado recientemente una mesa redonda conjunta con la Asociación de Magistrados en la que se trató la cuestión de los niños de grupos sobrerrepresentados y la elaboración de un protocolo sobre la desproporcionalidad y de una lista de control para los magistrados.

82.También se está trabajando en el Servicio Penitenciario Juvenil:

Se han puesto en marcha planes de diversidad e inclusión adaptados en los centros vigilados para jóvenes, que son evaluados en función de sus resultados.

Tras la formación en desconstrucción de prejuicios destinada a personal clave, el Servicio Penitenciario Juvenil está trabajando con la Inspección de Prisiones de Su Majestad en la elaboración de un módulo de formación adaptado sobre diversidad e inclusión, que incluirá inteligencia cultural y modelos de buenas prácticas.

El Servicio Penitenciario Juvenil sigue preparando sesiones informativas sobre prácticas eficaces de cualificación del personal, por ejemplo, sobre el apoyo a niños y jóvenes con necesidades personales, culturales o religiosas específicas, y la promoción del diálogo sobre las diferencias.

La primera fase del Programa de Acción sobre la Raza de la Inspección de Prisiones de Su Majestad consistirá en revisar los datos, las prácticas y las disposiciones existentes y será llevada a cabo por un miembro del personal dedicado al Servicio Penitenciario Juvenil.

83.Por último, aguardamos las recomendaciones de la Comisión sobre las Disparidades Raciales y Étnicas tanto en el ámbito de la justicia penal como de su importante contribución a las fases anteriores. Tendremos muy en cuenta esta publicación al preparar la labor futura en este ámbito.

Irlanda del Norte

84.Los católicos no constituyen un grupo étnico minoritario, pero son minoritarios en Irlanda del Norte. En este territorio se registra una proporción mayor de católicos en el sistema de justicia juvenil que en la franja del censo poblacional de entre 10 y 17 años, una tendencia manifiesta en los últimos años. La Agencia de Justicia Juvenil de Irlanda del Norte ha encargado a la Queen’s University de Belfast que lleve a cabo una investigación sobre los factores que favorecen el fenómeno de la sobrerrepresentación en general. El informe estará listo en el verano de 2021.

“ e) intensificar la formación y la concienciación de los fiscales, jueces, abogados y agentes de policía en el sistema de justicia penal. ”

Inglaterra y Gales

Desproporción racial y formación de los fiscales

85.Los fiscales deben ser justos, objetivos e independientes. A la hora de decidir si va a presentar cargos penales, los fiscales deben seguir el Código de los Fiscales de la Corona (“el Código”). El Código les brinda orientación acerca de los principios generales aplicables a la adopción de decisiones del Ministerio Fiscal. Estos principios generales contribuyen a garantizar un trato justo a los diferentes grupos, incluidos los grupos minoritarios, y comprenden una serie de disposiciones, entre ellas la obligación de los fiscales de adoptar decisiones siendo justos y objetivos.

86.Desde febrero de 2020, también es obligatoria para todos los abogados la formación sobre el deber de igualdad en el sector público. Se trata de garantizar que los fiscales comprendan la importancia de “tomar expresamente en consideración” las necesidades de las víctimas, los testigos y los acusados que presenten características particulares protegidas, incluidos los grupos étnicos minoritarios, a lo largo del proceso de enjuiciamiento.

87.La Fiscalía de la Corona también ha puesto en marcha una estructura de consulta comunitaria a nivel nacional y local. Las comunidades informan directamente a la Fiscalía sobre cómo les afectan sus decisiones, lo que le permite evaluar la necesidad de prestar apoyo adicional a los fiscales para evitar que su aplicación del Código pueda verse influida por algún tipo de sesgo. Esto incluye:

Reuniones de la Plataforma de Rendición de Cuentas Comunitaria, presididas por el Director General de la Fiscalía de la Corona y un copresidente independiente y con una composición diversa. Las reuniones de la Plataforma se centran en temas concretos, de modo que la Fiscalía escucha las preocupaciones concretas de las comunidades.

Grupos de Examen y Participación Locales, presididos por fiscales generales de la Corona y compuestos por personas procedentes de las comunidades locales. Estos grupos examinan las decisiones adoptadas por la Fiscalía de la Corona en una variedad de casos para asegurarse de que tengan en cuenta y comprendan las perspectivas comunitarias.

Conversaciones con la comunidad, presididas por los fiscales generales de la Corona, que permiten a los miembros de las comunidades plantear cuestiones de interés local directamente a la Fiscalía de la Corona.

Formación de jueces

88.El poder judicial de Inglaterra y Gales también es independiente del Gobierno. La responsabilidad legal de la formación recae en el Presidente del Tribunal Supremo, máxima autoridad de los tribunales, y el Coroner en Jefe en virtud de la Ley de Reforma Constitucional de 2005, la Ley de Tribunales, Cortes y Ejecución de 2007 y la Ley de Coroners y Justicia de 2009, respectivamente. Las responsabilidades de formación se ejercen en el marco de la Escuela Judicial.

89.Uno de los principios rectores de la Escuela Judicial consiste en introducir el factor de diversidad en todos los ejemplos usados en la formación para ilustrar el contexto social en el que se desarrolla la actividad judicial. El contexto social abarca la diversidad, la igualdad y la movilidad social. Otro objetivo de la Escuela Judicial es integrar el tema del sesgo en todas las formaciones, tanto introductorias como continuas. Los instructores judiciales reciben directrices sobre cómo integrar el trato equitativo y la diversidad en los programas de formación inicial y continua, específicos de cada jurisdicción, impartidos a todos los cargos judiciales.

90.La diversidad y el contexto social forman parte de los marcos de competencias de jueces y magistrados. Así queda reflejado en el juramento judicial consistente en “proceder debidamente con todas las personas, según las leyes y costumbres de este Reino, sin temor preferencia, afecto o mala voluntad”.

91.Todos los jueces tienen acceso a la Guía judicial sobre la Igualdad de Trato, un manual completo acerca de las cuestiones de igualdad de trato, publicado en: https://www.judiciary.uk/publications/new-edition-of-the-equal-treatment-bench-book-launched/. En febrero de 2021 se publica una nueva iteración.

Formación de los profesionales del derecho

92.Los profesionales del derecho también son independientes del Gobierno en Inglaterra y Gales. La responsabilidad legal de fomentar una profesión jurídica independiente, fuerte, diversa y eficaz recae en los reguladores autorizados y el regulador de supervisión, la Junta de Servicios Jurídicos. Los reguladores diseñan por tanto sus formaciones con independencia. El Ministerio de Justicia ha informado sobre estas recomendaciones a la Autoridad de Regulación de los Letrados (Solicitors Regulation Authority), la Junta de Normas de la Abogacía (Bar Standards Board) y el Charted Institute for Legal Executives (CILEx), y ha destacado su importancia para garantizar una administración de justicia eficaz y justa. Los reguladores nos han informado de que han incorporado la diversidad a su enfoque de la formación y el desarrollo y que siguen considerando la igualdad y la diversidad como prioridades clave.

93.El Gobierno británico también ha puesto en marcha una revisión independiente de la asistencia jurídica penal. La revisión analizará las posibles incidencias en la desproporción racial de la reforma del marco de asistencia jurídica penal. Por ejemplo, procurando que la prestación de los servicios de asistencia jurídica penal corra a cargo de una serie de profesionales diversos, que cuenten con las competencias y los conocimientos pertinentes. El objetivo de la revisión es presentar un informe a finales de año.

Formación de los agentes de policía

94.El College of Policing establece y aplica los principios de la formación policial. En 2014 introdujo el Código Ético, que comprende una serie de principios para la actuación policial, por ejemplo, que todos los agentes y el personal policial tomen medidas activas en contra de la discriminación y adopten sus decisiones al margen de todo prejuicio.

95.El College of Policing implantó el Marco de Calidad de la Formación Policial, un marco educativo nacional coherente para los agentes y el personal de la policía, con el fin de dotar a la profesión de las competencias, los poderes y la experiencia adecuados. El marco se centra en los requisitos fundamentales de una profesión, incluidos los niveles educativos, la base de conocimientos especializados y, por encima de todo, la ética. Una parte sustancial de la formación básica impartida por la Escuela a los nuevos agentes se centra en la ética policial y la autocomprensión, incluidos los efectos de los prejuicios personales conscientes e inconscientes. La formación inicial abarca los delitos de odio, la ética y la igualdad y el ejercicio de la actividad policial al margen de sesgos y prejuicios.

96.El Código Ético es un componente clave del Modelo Nacional de Decisión (NDM), a su vez pieza fundamental del proceso de toma de decisiones de la policía, de modo que ha sido sustancialmente incorporado a la formación policial. Las fuerzas brindan formación y desarrollo en diversas fases del proceso, desde la entrada a las fuerzas hasta la asunción de responsabilidades. Se imparte formación continua para reflejar y reforzar los valores de la organización. El Servicio de Policía Metropolitana realiza contribuciones adicionales sobre la cuestión durante la formación dispensada en las fases de contratación y promoción, así como en otros “puntos de contacto” y a través de artículos, foros y vídeos de la intranet. Asimismo, ha procurado recientemente introducir una formación inmersiva, basada en casos hipotéticos que plantean dilemas éticos. La Inspección de Policía y Servicios de Bomberos y Rescate de Su Majestad lleva a cabo regularmente una evaluación de la formación dispensada a los agentes y el personal.

97.Hay una red activa de grupos de ética en las fuerzas policiales, tanto a nivel regional como nacional, en toda Inglaterra y Gales. El Grupo de Orientación Ética de la Policía del Reino Unido se encarga de la supervisión a nivel nacional y ofrece la oportunidad de debatir dilemas éticos.

Escocia

98.La formación inicial de la Policía de Escocia incluye un programa de estudios sobre igualdad y diversidad recientemente actualizado. A su vez, se está invitando a las asociaciones de personal policial en pro de la diversidad, incluida su asociación de personal de minorías étnicas, a hablar directamente con los agentes que reciben formación inicial para mejorar su comprensión de los problemas de las minorías étnicas.

99.En la formación inicial se resaltan importantes acontecimientos relacionados con diversas comunidades, como el mes dedicado a la historia de los Negros o a la historia del colectivo LGBTI con el fin de instruir a los agentes de policía en la historia de la labor policial desde la perspectiva de comunidades diversas y concienciarlos sobre la importancia de establecer relaciones constructivas en el futuro.

100.El Departamento de Formación y Desarrollo de Capacidades de Liderazgo trabaja activamente para aumentar la representación de negros y minorías étnicas en el personal docente encargado de impartir la formación inicial de 2021 con vistas a que los agentes entren en relación con funcionarios experimentados que tienen un conocimiento personal más profundo de los problemas de las minorías étnicas.

101.Se ha puesto a punto y se está impartiendo en 2021 una formación sobre la evaluación del impacto en términos de igualdad y derechos humanos para garantizar que las políticas y la formación reflejen fielmente el impacto potencial en comunidades diversas, incluidas las minorías étnicas.

102.Se ha mejorado el acceso del personal de formación operativa, que supervisa a los oficiales de formación al término de su formación inicial y a lo largo de su carrera, a formaciones externas sobre igualdad y diversidad con vistas a que conozcan mejor los problemas que enfrentan las comunidades diversas.

103.La Unidad de Aprendizaje Inmersivo del Departamento de Formación y Desarrollo de Competencias de Dirección, responsable de la formación sobre gestión de incidentes graves a los oficiales superiores de la División, está revisando su programa para integrar mejor las problemáticas actuales de las comunidades diversas, incluidas las minorías étnicas. Por otro lado, en 2021 se pondrá a prueba un producto que integra conocimientos de gestión de incidentes graves en niveles de dirección y supervisión subalternos de la policía local.

C.La atención de la salud en los lugares de privación de libertad

“69.El Subcomité recomienda que el Estado parte integre las Reglas Mandela y el Protocolo de Estambul en el programa de formación (en particular en ejercicios continuos) de la policía y los profesionales de la salud. El personal médico debe estar en condiciones de examinar a las presuntas víctimas de torturas y malos tratos, y de detectar y notificar esos casos de conformidad con las disposiciones del Protocolo de Estambul. ”

Policía

104.En lo que respecta a las actividades de formación o concienciación impartidas por las fuerzas a su personal para garantizarle un buen conocimiento de los protocolos de detención, se trata de un asunto que deberían impulsar el College of Policing y el Consejo Nacional de Jefes de Policía, planteándose qué tipo de formación puede resultar más adecuada. El College of Policing es un organismo del Ministerio del Interior que mantiene una independencia operacional. En su calidad de organismo profesional de la policía en Inglaterra y Gales, puede establecer y elevar los estándares de excelencia de la labor policial con vistas a garantizar la mayor calidad posible de la formación y la ética policiales.

Personal médico

105.Es responsabilidad de las autoridades reguladoras de la profesión médica establecer estándares y resultados en materia de educación y formación y de aprobar los correspondientes currículos con vistas a garantizar que los profesionales de la salud recién titulados cuenten con los conocimientos, las competencias y las actitudes necesarios para prestar una atención de calidad a los pacientes.

106.El contenido y el nivel de la formación médica son responsabilidad del Consejo Médico General, que es un órgano oficial independiente. Su función general es promover un nivel educativo y formativo elevado, y coordinar todas las fases de la educación para lograr que los estudiantes de medicina y los médicos recién titulados atesoren los conocimientos, las competencias y las actitudes esenciales para la práctica profesional.

107.Health Education England colabora con los organismos que elaboran los currículos, como el Consejo Médico General y los Royal Colleges, con el objetivo de ajustar la formación a los estándares profesionales necesarios para satisfacer las necesidades de los pacientes.

108.Todo el personal sanitario registrado que trabaja con reclusos debe acreditar las mismas competencias que el personal del Servicio Nacional de Salud. Por otro lado, el personal médico penitenciario accede a los mismos programas de capacitación del Servicio Nacional de Salud en el marco de su formación profesional continua.

Escocia

109.La función de la Red Nacional de Atención de la Salud de la Policía es mejorar las capacidades de los médicos forenses en Escocia. La red está actualizando los materiales de formación existentes por medio de su Grupo de Trabajo sobre Educación y Fuerza de Trabajo. Velará por que el material de formación revisado integre los principios jurídicos fundamentales tanto internacionales como nacionales, en particular las Reglas Mandela y el Protocolo de Estambul. También trabajará con los profesionales de la salud que atienden a personas en detención policial para garantizar que conozcan los procesos de examen de las víctimas de torturas o malos tratos.

110.Actualmente, el programa de formación sobre la atención de la salud en el contexto de la detención policial no menciona las Reglas Mandela y el Protocolo de Estambul. No obstante, el Procedimiento Operativo Estándar (POE) de la Policía de Escocia integra principios similares en relación con las personas bajo custodia policial. El POE confirma que el cuidado y el bienestar de las personas bajo custodia policial es primordial.

111.En relación con la igualdad y los derechos humanos, las directrices establecen que “es esencial mantener un nivel elevado de atención, bienestar y seguridad de las personas detenidas por la policía. Aunque la seguridad es sumamente importante, todas las personas deben ser tratadas con cuidado y respeto, y sus derechos humanos fundamentales respetados en todo momento. Nadie debe ser tratado peor por motivos de edad, discapacidad, cambio de sexo, matrimonio o unión civil, embarazo y maternidad, raza, religión o creencias, sexo y orientación sexual. Todas y cada una de las personas deben ser consideradas como individuos con necesidades específicas relacionadas con sus circunstancias, estado de salud y condición particulares. Las solicitudes razonables, que no interfieren con las necesidades operacionales o la seguridad, no deberían ser rechazadas a menos que haya razones justificadas para ello” .

112.En 2019 se puso en marcha un proyecto piloto para evaluar el uso de “esposas cómodas” en la zona de Falkirk. Se trata de correas de velcro que se ajustan en torno a las muñecas y permiten limitar los movimientos de un detenido sin causarle tanto dolor como las esposas rígidas. Pueden usarse con personas que estén en observación permanente (bajo determinadas circunstancias), cuando los agentes están sentados fuera de una celda con mampara de cristal / puerta abierta y no hayan consentido un registro interno, pero por lo demás cumplan las normas, es decir, en ausencia de hostilidad. También pueden utilizarse con personas que presenten problemas de salud mental en el marco del mismo régimen de observación. Son más cómodas y suponen un incentivo que fomenta el cumplimiento de las normas. La intención es extender el uso de este instrumento a todo el país, a su debido tiempo.

113.La atención médica a las personas detenidas es responsabilidad del Servicio Nacional de Salud de Escocia. Cuando se requiere asistencia o asesoramiento médico en relación con una persona bajo custodia, es responsabilidad del supervisor de la custodia ponerla en contacto directo con el profesional de la salud correspondiente. Sin embargo, no todos los detenidos son examinados de manera rutinaria por un profesional de la salud a su llegada al lugar de detención.

114.En relación con los exámenes médicos, se han dispuesto directrices provisionales para “garantizar la continuidad de un servicio sanitario sólido y fiable en el marco de la custodia policial durante la pandemia de COVID-19. La Red Nacional de Atención de la Salud de la Policía ha coproducido esta guía con la Policía de Escocia y otros asociados para minimizar el contacto entre las personas bajo custodia policial y la asistencia médica presencial dispensada a las personas bajo custodia, con independencia de los síntomas que presenten”. Se trata de minimizar el riesgo de contraer la COVID-19 y de proteger tanto a las personas detenidas como al personal del Sistema Nacional de Salud y la Policía de Escocia.

115.El protocolo actual aconseja gestionar todos los casos que requieran asesoramiento clínico mediante triaje telefónico. Los agentes a cargo de la custodia policial deben llamar por teléfono al equipo del Servicio Nacional de Salud responsable de atender a las personas bajo custodia policial.

116.En un primer momento, el personal del Sistema Nacional de Salud llevará a cabo un triaje telefónico. Los profesionales de la salud acudirán a examinar a los pacientes cuando sea clínicamente apropiado. Si la evaluación clínica determina que la atención presencial no es necesaria, se consignará el motivo en los sistemas informáticos de la policía y de los servicios clínicos. Si la situación cambia, puede ser preciso efectuar nuevas llamadas telefónicas de seguimiento.

“73.El Subcomité recomienda que el Estado parte diseñe una política y una estrategia nacionales amplias que aseguren el acceso adecuado a los servicios de atención de la salud y de la salud mental en todo el sistema de justicia penal, y presten especial atención a los jóvenes infractores. También recomienda que el Estado parte transfiera inmediatamente a las personas, especialmente a los niños, a un centro psiquiátrico apropiado y que se abstenga de utilizar los calabozos de la policía y las prisiones a modo de “ entorno seguro ” . A este respecto, debería considerarse altamente prioritario aumentar el número de camas en los hospitales psiquiátricos. ”

Inglaterra y Gales

117.Los asociados en los ámbitos de la salud y la justicia se han comprometido a prestar un nivel de atención sanitaria en las prisiones equivalente al dispensado al resto de la sociedad. El Acuerdo de Asociación Nacional sobre la Atención de la Salud en las Prisiones de Inglaterra y su plan de trabajo asociado establecen un programa de trabajo detallado cuyo objetivo es prestar atención de la salud segura, decente y eficaz a los detenidos. Hay un acuerdo similar, concertado por los asociados de los sectores de la salud, la justicia y la educación, sobre los centros vigilados de niños y jóvenes, que articula un enfoque más integrado de la organización y prestación de servicios con vistas a garantizar que los niños y jóvenes que lo necesiten reciban el apoyo adecuado.

118.El Programa de Reforma de los Servicios de Salud Mental para Niños y Jóvenes incluyó un programa de trabajo específico sobre salud y justicia.

SECURE STAIRS brinda un enfoque holístico del Marco de Atención Integrada en los centros de seguridad para niños y jóvenes. Aplica una metodología basada en la formulación y se inspira en intervenciones sustentadas en datos, como la trauma-terapia sistémica, los entornos propicios y los entornos de apoyo psicológico. SECURE STAIRS ya está generando resultados positivos en los centros que lo han adoptado plenamente.

Trece servicios comunitarios forenses de salud mental infantil y juvenil prestan actualmente servicios especializados a jóvenes de alto riesgo que de otro modo no estarían habilitados. Dichos servicios garantizan la existencia de vínculos claros entre la justicia juvenil y la asistencia social (comunitaria y penitenciaria), los servicios hospitalarios vigilados o centros especializados en jóvenes de alto riesgo, y la prestación básica, ya sea en el marco de los servicios específicos de salud mental infantil y juvenil (CYPMHS) o de otros servicios.

119.El Libro Blanco sobre la Reforma de la Ley de Salud Mental recientemente publicado (13 de enero de 2021) acepta en principio que no debe enviarse a prisión a las personas que necesiten ser internadas en centros de salud mental para recibir atención y tratamiento. Sin embargo, antes de reformar la legislación debemos trabajar con nuestros asociados del sector de la salud para examinar los factores que determinan este uso de la prisión y habilitar vías alternativas y oportunas para que los jueces transfieran a las personas directamente desde el tribunal a un centro de atención de la salud o dicten medidas de tratamiento obligatorio en el marco de sanciones de obligado cumplimiento en la comunidad.

Escocia

120.A principios de 2022 está prevista la apertura de la nueva Unidad Nacional de Internación de Adolescentes en North Ayrshire, que contará con camas para jóvenes con enfermedades mentales que requieran atención médica en condiciones de seguridad. También se prevé la creación de una Unidad Nacional de Internación para Personas con Discapacidades del Aprendizaje, que admitirá a jóvenes con discapacidades del aprendizaje y enfermedades mentales de moderadas a graves.

121.La Ley sobre la Salud Mental (Atención y Tratamiento) (Escocia) de 2003 otorga a la policía la facultad de intervenir si considera que una persona que se encuentre en un lugar público puede padecer un trastorno mental y necesitar atención y tratamiento inmediatos. El artículo 297 de la Ley de 2003 establece que una persona puede ser detenida en un lugar seguro durante un plazo máximo de 24 horas para que sea examinada por un médico y se adopten las medidas necesarias para dispensarle atención y tratamiento.

122.Las comisarías de policía sólo deben utilizarse como lugar de seguridad en circunstancias excepcionales, cuando sea la mejor opción para la persona interesada. Deberían establecerse planes locales de emergencia psiquiátrica con lugares de seguridad designados, por ejemplo, un hospital psiquiátrico local o un departamento de accidentes y emergencias. El objetivo del Plan de Emergencia Psiquiátrica es establecer procedimientos que permitan gestionar el proceso de detención y traslado minimizando los niveles de angustia, perturbación y riesgo del paciente y de terceras personas, y garantizando una transición lo más fluida y segura posible desde el lugar de la emergencia hasta el centro en el que vaya a ser examinado o tratado.

123.La policía debe notificar a la Comisión de Bienestar Mental de Escocia cualquier detención practicada en virtud de esta facultad. La Comisión tiene la responsabilidad legal de supervisar el uso de las facultades previstas por la Ley de 2003 y publica los resultados de su supervisión en un informe anual. El número de órdenes en que el lugar de seguridad identificado era una comisaría de policía alcanzó su máximo en 2011-2012, con 106 (18 %), y las cifras más recientes indican que este porcentaje se redujo hasta quedar situado en el 3 % (35) en 2018-2019.

124.La Comisión sigue supervisando esta actividad y su adecuación a los planes locales de emergencia psiquiátrica.

Irlanda del Norte

125.La dirección estratégica inscrita en el mandato sanitario queda establecida en la publicación conjunta del Departamento de Justicia y el Departamento de Salud “Mejorar la Atención de la Salud en la Estrategia de la Justicia Penal” y el plan de acción conexo, publicados en junio de 2019. Los servicios de atención de la salud (física y mental) y de tratamiento de adicciones están a cargo de los equipos de profesionales de la salud ubicados en los diferentes centros penitenciarios.

126.El Centro de Justicia Juvenil de Irlanda del Norte cuenta con una serie de procesos y protocolos que se aplican a todos los jóvenes que ingresan en los centros de detención. Los jóvenes son sometidos a una evaluación médica en las primeras 24 horas de su llegada al centro de detención y a un reconocimiento médico llevado a cabo por un médico generalista en los 7 días siguientes; éste incluye un examen físico y mental para facilitar la detección precoz de eventuales problemas de salud. De este modo, se identifica de inmediato cualquier necesidad de asistencia.

127.De cara al futuro, el Departamento de Justicia colabora con el Departamento de Salud en el proyecto de un Campus Regional de Atención y Justicia para niños en Irlanda del Norte. Esta nueva iniciativa conjunta establecerá un modelo terapéutico que atienda las necesidades de atención de la salud física y mental de los infractores juveniles. En el marco de este campus ampliado se establecerá un servicio de atención integral comunitaria satelital, que incluirá alojamiento, con el fin de mantener a los niños, con pocas excepciones, fuera de las residencias vigiladas.

“74.El Subcomité se hace eco de la recomendación del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes de que los reclusos con problemas graves de salud mental no sean internados en unidades de segregación como alternativa al alojamiento ordinario. Al contrario, esos pacientes privados de libertad deben recibir tratamiento en un medio hospitalario cerrado, debidamente equipado y con suficiente personal calificado para prestarles la asistencia necesaria. ”

Inglaterra y Gales

128.Los detenidos que necesiten ser trasladados a una unidad psiquiátrica para recibir tratamiento deben abandonar la prisión lo antes posible. El Servicio de Prisiones y Libertad Condicional de Su Majestad, el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra y el Organismo de Mejora del Servicio Nacional de Salud (NHS Improvement) publicaron en abril de 2020 directrices sobre las remisiones y los traslados penitenciarios en el contexto de la COVID‑19.

129.El Servicio Nacional de Salud ha colaborado con el Servicio Penitenciario recopilando nuevos datos para documentar mejor los traslados efectuados por los servicios hospitalarios vigilados en virtud de la Ley de Salud Mental de 1983. Estos datos, publicados en diciembre de 2018, han permitido comprender mejor en qué casos estos traslados funcionan bien y cómo se originan los retrasos.

NHS Improvement está actualizando las directrices sobre remisiones y traslados penitenciarios, que prevé publicar a lo largo del año.

130.El Libro Blanco de la Ley de Salud Mental acepta en principio la introducción de un plazo legal de 28 días desde el reconocimiento inicial hasta el ingreso en el hospital en el caso de los presos y detenidos que necesiten ser internados para recibir tratamiento de salud mental, al igual que la creación de una función independiente para gestionar el proceso de traslado y coordinar las diferentes entidades involucradas en beneficio del paciente. Así queda reflejado en las directrices actualizadas sobre las remisiones y los traslados penitenciarios que NHSE-Improvement publicará este mismo año. El Libro Blanco señala la importancia de aplicar estas directrices antes de establecer la obligatoriedad del plazo.

131.Los reclusos sólo deben permanecer en la unidad de segregación por decisión de la autoridad competente. Así se establece en el Reglamento de Prisiones (YOI):

En virtud del artículo 45 del Reglamento Penitenciario (artículo 49 del YOI): Orden o disciplina/por su propia seguridad.

En virtud del artículo 46: Centro de Vigilancia Estricta de una prisión.

En virtud del artículo 53, párrafo 4), del Reglamento Penitenciario (artículo 58, párrafo 4), del YOI): El recluso en espera de una decisión puede ser separado de los demás durante la primera fase de la investigación llevada a cabo por la dirección del centro.

En virtud del artículo 55, apartado e) del Reglamento Penitenciario (artículo 60, apartado f) del YOI): reclusión en régimen de aislamiento para un preso declarado culpable de un delito contra la disciplina. Está prohibido aplicar medidas de reclusión en régimen de aislamiento a los jóvenes.

En virtud del artículo 55, apartado h) del Reglamento Penitenciario (artículo 60, apartado g) del YOI): traslado fuera del pabellón o la unidad habitacional de un recluso declarado culpable de un delito contra la disciplina.

La normativa (Orden del Servicio Penitenciario núm. 1700) abarca asimismo los procedimientos aplicables en relación con los presos que lleven a cabo protestas sucias. Un preso que lleve a cabo protestas sucias es trasladado a un recinto especial de la unidad de segregación o a otro alojamiento adecuado. A los participantes en una protesta sucia se les suele aplicar el artículo 45 del Reglamento (artículo 49 del YOI) Orden o Disciplina.

132.En virtud del Reglamento Penitenciario, los reclusos con problemas graves de salud mental no pueden ser internados en unidades de segregación como alternativa al alojamiento ordinario.

Escocia

133.En virtud del artículo 136 de la Ley de Salud Mental (Atención y Tratamiento) (Escocia) de 2003, un preso que sufra un trastorno mental para el que exista tratamiento puede ser trasladado a un hospital para que reciba atención y tratamiento en aras de su seguridad de la de los demás. Dependiendo de la atención y el tratamiento prescritos y del nivel de seguridad requerido, es posible que deba esperarse a que se libere una cama segura. Una vez adoptada la decisión de hospitalizar a un recluso para que reciba tratamiento, debe ser trasladado a un hospital adecuado en un plazo de 7 días. De la evaluación y la atención clínica en el entorno penitenciario se encarga el Servicio Nacional de Salud, que cuenta con centros de salud en todos los establecimientos penitenciarios.

134.El Servicio Penitenciario de Escocia está elaborando, en colaboración con las principales partes interesadas, una nueva estrategia de salud y bienestar de los reclusos con vistas a generar una situación de paridad respecto de la sociedad en general. La estrategia incluirá secciones sobre adicciones, salud física y salud mental. La sección de salud mental tendrá un componente adaptado a los niños y jóvenes.

“75. El Subcomité también recomienda que se forme a todo el personal penitenciario para que sepan reconocer los posibles síntomas de los problemas de salud mental y aplicar con rapidez los procedimientos apropiados para derivarlos hacia el personal médico. ”

Inglaterra y Gales

135.Todos los funcionarios de prisiones tienen acceso a una serie de formaciones y orientaciones que les ayudan a comprender mejor las cuestiones de salud mental y el bienestar de los reclusos y a apoyar los esfuerzos realizados en este sentido. Tanto el personal nuevo como el veterano reciben actualmente formación sobre prevención del suicidio y las autolesiones, que incluye un módulo de “Introducción a la salud mental”. Estamos trabajando para mejorar nuestra formación sobre seguridad dentro de las prisiones y, en ese marco, trataremos de desarrollar un módulo de salud mental perfeccionado, basado en el módulo introductorio. Al igual que los cursos de formación sobre salud mental, los principios clave en esta materia también quedan recogidos en una serie de recursos al alcance de todo el personal.

Escocia

136.El Servicio Penitenciario Escocés cuenta con una estrategia “Talk to Me” (“Habla conmigo”) destinada a asumir responsabilidades conjuntas de atención de las personas en riesgo de suicidio, cooperar para ofrecer un protocolo de atención centrado en la persona, basado en las necesidades, los puntos fuertes y los activos de la persona, y promover un medio favorable en el que las personas detenidas puedan pedir ayuda. Esta estrategia fue actualizada en 2019 y ha sido reeditada para que todo el personal entienda claramente las circunstancias en que debe llevarse a cabo una evaluación de riesgos y/o una evaluación de la atención sanitaria, que siguen vigentes durante la pandemia de COVID-19.

Irlanda del Norte

137.Todo el personal penitenciario, tanto veterano como nuevo, de Irlanda del Norte ha recibido formación sobre salud mental. El personal encargado de determinadas funciones ha recibido formación en primeros auxilios en salud mental. Todo el personal y los nuevos contratados reciben formación en SafeTalk y los directores en ASIST.

138.La formación “Hacia el suicidio cero” se imparte a todos los contratados recientes y ha sido ofrecida a todo el personal. Hay un procedimiento vigente por el que los propios reclusos, o un miembro del personal, pueden hablar con el enfermero si creen que pueden necesitar apoyo de salud mental.

139.Todos los enfermeros de atención primaria han recibido formación en salud mental. El equipo de salud deriva a reclusos a su equipo de salud mental cuando lo estima necesario. Todos los detenidos que ingresan en las prisiones de Irlanda del Norte son examinados por el equipo de salud mental. El personal de los equipos que velan por la mejora de las condiciones de seguridad de los lugares de detención puede derivar directamente a un recluso al equipo de salud mental. El equipo de atención de la salud en prisiones de la entidad South Eastern Health and Social Care Trust y el Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte colaboran para apoyar la adopción de estrategias de formación en todas las organizaciones. Esto refleja el esfuerzo estratégico de colaboración de los departamentos gubernamentales y los acuerdos de supervisión recientemente concertados por el Departamento de Justicia.

140.La Autoridad de Reglamentación y Mejora de la Calidad ha participado recientemente en inspecciones de prisiones y áreas de custodia, y actualmente está llevando a cabo una investigación, encargada por el Departamento de Salud, sobre la atención y el tratamiento específicos de los reclusos vulnerables. En el marco de esta investigación, se define el término de reclusos vulnerables como aquellos detenidos que presentan problemas de salud mental y un riesgo de autolesiones o suicidio en cualquier prisión de Irlanda del Norte. El informe se publicará en verano.

IV.Situación de las personas privadas de libertad

A.Detención policial

“80.El Subcomité recomienda que se adopten medidas apropiadas para remediar las carencias observadas en las comisarías y los calabozos, en particular aumentando la entrada de luz natural. El Subcomité también recomienda que se vele por el disfrute asiduo de los derechos a ducharse, a llamar por teléfono y a hacer ejercicio. ”

Inglaterra y Gales

141.El Código C de la Ley de Policía y Medios de Prueba en materia Penal exige a los agentes de custodia que informen a los detenidos de los derechos que los asisten durante la custodia, incluido el derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito e independiente, y —en una notificación escrita— los derechos a niveles razonables de comodidad física, alimentación y bebida adecuadas, acceso a aseos, ropa, atención médica y ejercicio físico (en la medida de las posibilidades). De ser posible, debería permitirse una breve sesión diaria de ejercicio al aire libre.

142.Los oficiales superiores pueden designar, en virtud del artículo 35 de la Ley de Policía y Medios de Prueba en materia Penal, dependencias de detención e interrogatorio de sospechosos en su distrito policial y pueden cancelar esta designación a aquellas que incumplan las normas establecidas en los Códigos.

143.La Guía sobre Prácticas Profesionales Autorizadas del College of Policing recomienda asimismo facilitar la práctica individual y debidamente supervisada de ejercicio físico, y precisa que se deben tomar en consideración las disposiciones adecuadas para satisfacer las necesidades de hombres, mujeres y niños, por ejemplo, proporcionándoles ropa apropiada. Los detenidos deben poder acceder a un baño y utilizarlo de manera privada. Deben entregarse de manera rutinaria bolsas de aseo a las mujeres detenidas a su llegada al centro y el personal debe tomar en consideración de manera personalizada las necesidades derivadas de la menstruación o el estado de salud de las reclusas. En julio de 2019 se modificó el Código C de la Ley de Policía y Medios de Prueba en materia Penal para garantizar que todas las mujeres detenidas reciban gratuitamente productos de higiene menstrual. A los detenidos que lo soliciten se les debe ofrecer la posibilidad de ducharse, cuando proceda. La Guía sobre Prácticas Profesionales Autorizadas señala además que las celdas deben recibir luz natural.

144.La Guía sobre el Diseño de los Espacios de Detención Policial, elaborada en 2019, se basa en borradores de guías anteriormente redactados por el Ministerio del Interior. Contiene numerosas referencias a la importancia del ejercicio físico y la luz natural.

145.La aplicación del Código C de la Ley de Policía y Medios de Prueba en materia Penal, la Guía sobre Prácticas Profesionales Autorizadas del College y la Guía sobre el Diseño de los Espacios de Detención Policial son cuestiones operativas para las diferentes fuerzas.

146.El informe señala motivos de preocupación en determinadas fuerzas. Tras una investigación, Merseyside señaló que las dependencias inspeccionadas no se utilizaban desde hacía muchos años, por considerarse que no eran conformes a la Ley de Policía y Medios de Prueba en materia Penal, de modo que no reflejaban los estándares de los centros de custodia del distrito inspeccionado, en el que todas las celdas reciben luz natural. La Policía del Gran Manchester formuló una observación similar, ya que los requisitos de luz natural están en vigor desde el año 2000. Todas las celdas de su distrito policial cuentan con tubos de luz en los techos que les proporcionan luz natural. La Policía de la Ciudad de Londres reconoció problemas relacionados con el diseño de las dependencias existentes y observó que, si bien la mayoría de las celdas tenían acceso a algo de luz natural, se trataba de un acceso escaso, que la configuración del edificio impedía subsanar. Sin embargo, la fuerza está construyendo un patio destinado al ejercicio físico, que permitirá acceder a la luz natural y estará terminado dentro de algunas semanas. Hay otros planes de construcción de nuevos centros de custodia, que se diseñarán con arreglo a la Guía sobre el Diseño de los Espacios de Detención Policial, incluido el requisito de acceso a la luz natural, si bien pasará algún tiempo antes de que puedan ponerse en marcha.

Escocia

147.Algunas celdas de la Policía de Escocia tienen acceso a la luz natural a través de bloques de vidrio insertados en las paredes exteriores del edificio. Sin embargo, debido al diseño de ciertos edificios, las celdas cuentan con pasillos interiores y carecen por tanto de este tipo de dispositivo.

148.Debido a la escasa duración de la detención policial y al hecho de que los detenidos son conducidos ante el juez al siguiente día laborable, lo que evita períodos excesivos de detención policial, no se garantiza el mismo acceso al ejercicio físico que en los centros del Servicio Penitenciario Escocés. En relación con la recomendación sobre la mejora de las deficiencias de las comisarías de policía, recientemente se han llevado a cabo dos importantes proyectos en sendas áreas de custodia. En Govan se han habilitado dispositivos lúdicos, con tizas para que los custodios puedan dibujar sobre las paredes. Los detenidos reciben lápices de colores y dibujos para colorear, rompecabezas o pelotas de fútbol/tenis de espuma. Por otro lado, se ha incrementado el número de duchas a disposición de los detenidos y una organización benéfica les reparte artículos de aseo.

149.La comisaría de London Road está en construcción y se espera que entre en funcionamiento a finales de marzo de 2021. Contará con seis celdas designadas para niños, separadas de la sección de adultos, y con dos salas de ducha que mejorarán los espacios reservados a las personas detenidas. Se ha construido una barra de carga discreta que permitirá respetar la privacidad de los niños y de ciertas personas durante el proceso de entrada y salida de los espacios de custodia.

150.Hay otros planes en marcha para demostrar el compromiso de prestar asistencia a las personas bajo custodia policial:

Trabajadores de enlace en Inverness (actualmente trabajan a distancia).

Trabajadores del Departamento de Abuso de Sustancias y Salud Mental en Kittybrewster (actualmente trabajan a distancia).

Trabajadores de Intervención en Situaciones de Crisis, que empezarán a trabajar en el Centro de Detención de Fraserburgh en marzo/abril de 2021.

Se está estudiando la posibilidad de establecer un servicio de orientación para los reclusos del Centro de Detención de Dundee.

Se están poniendo a prueba las instalaciones de videoconferencia Near Me del Sistema Nacional de Salud con vistas a habilitar vídeo-consultas médicas a distancia; la prueba se iniciará en siete centros de detención de la fuerza en marzo de 2021.

Se ha creado un sistema de apoyo entre reclusos en Glasgow.

151.La actual política de higiene recomienda:

“Si se prevé que una persona vaya a permanecer bajo custodia más de un día entero, se le ofrecerá acceso a instalaciones en las que lavarse y/o afeitarse al menos una vez al día. Se atenderán, cuando sea posible, las peticiones razonables de lavarse o afeitarse con mayor frecuencia. También se pondrán a disposición de la persona que lo solicite instalaciones para lavarse y afeitarse antes de comparecer ante el tribunal.” Asimismo, “a los detenidos que lo soliciten se les ofrecerá la posibilidad de ducharse, cuando proceda. Si es necesario, se trasladará a las mujeres detenidas de un centro de custodia a otro para que accedan a instalaciones de baño/ducha adecuadas”.

152.En relación con las llamadas telefónicas, la persona detenida recibe una Carta de Derechos de las Personas bajo Custodia Policial, en la que se explica, entre otras cosas, el derecho que le asiste a comunicar su paradero a una persona de su elección. Al margen de esta carta, también se está editando un vídeo para explicar los derechos de las personas.

B.Instituciones penitenciarias

“90.El Subcomité recomienda que el Estado parte vele por que la segregación de presos sea una medida de último recurso; que se aplique el menor tiempo posible, y nunca más de 15 días consecutivos, y que a los presos segregados se les permita realizar actividades provechosas y tener contacto humano de calidad cada día, de conformidad con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). ”

Inglaterra y Gales

153.La medida de segregación debe utilizarse sólo como último recurso, preservando cierto equilibrio que permita hacer uso de esta opción en el caso de presos problemáticos. En ocasiones, por su propia seguridad o por la de terceros y de conformidad con la Orden del Servicio Penitenciario núm. 1700, los reclusos son segregados de la población principal de la prisión. El alejamiento del grupo, en estas circunstancias, es siempre por el período más corto posible y el preso debe volver a su ubicación normal tan pronto como sea posible o resulte seguro. Los reclusos en régimen de segregación tienen la oportunidad de interactuar a diario con el personal penitenciario y sanitario, así como con el capellán, y pueden hablar y relacionarse, si resulta seguro, con otros reclusos segregados.

Los reclusos pueden ser segregados por determinadas autoridades, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Penitenciario:

En virtud del artículo 45 del Reglamento Penitenciario (artículo 49 del YOI): Orden o disciplina.

En virtud del artículo 45 del Reglamento Penitenciario (artículo 49 del YOI): Por su propia seguridad.

En virtud del artículo 53, párrafo 4), del Reglamento Penitenciario (artículo 58, párrafo 4), del YOI): El recluso en espera de una decisión puede ser separado de los demás durante la primera fase de la investigación llevada a cabo por la dirección del centro.

En virtud del artículo 55, párrafo 1 e) del Reglamento Penitenciario (artículo 60, apartado f) del YOI): Reclusión en régimen de aislamiento para un preso declarado culpable de un delito contra la disciplina.

En virtud del artículo 55, párrafo 1 h) del Reglamento Penitenciario (artículo 60, apartado g) del YOI): Traslado fuera del pabellón o de la unidad habitacional de un recluso declarado culpable de un delito contra la disciplina.

154.La administración de un centro de detención puede autorizar la segregación más allá de las 72 horas en virtud del Reglamento Penitenciario y del YOI. Debe obtener un permiso del Secretario de Estado (normalmente, del Director del Grupo de Prisiones, en representación suya) para prolongar la segregación más allá de los 42 días. A partir de los84días, se requiere una nueva revisión del Director del Grupo de Prisiones. Más allá de los 6 meses, la segregación debe ser autorizada por el Director. Debe celebrarse una reunión de comisión de revisión de las medidas de segregación dentro de las primeras 72 horas, una segunda dentro de los primeros 14 días y, a partir de entonces, cada 14 días. En estas reuniones se consideran atentamente y de manera imparcial todas las pruebas disponibles a favor y en contra de la prolongación de la segregación y se contemplan las opciones de extensión o suspensión del régimen de segregación.

155.El régimen aplicado a los reclusos segregados (según el artículo 45 del Reglamento Penitenciario (YOI 49)) debe ser lo más completo posible y sólo deben restringirse las actividades que impliquen la interacción con reclusos comunes. Debe fomentarse la actividad educativa o el trabajo que puedan realizarse en la celda (por ejemplo, el embalaje). El acceso a actividades como las visitas domésticas, las visitas legales, el uso del teléfono, la cantina, el ejercicio y las duchas deben ser comparables con los del régimen de reclusión ordinario. Algunos elementos del régimen, por ejemplo, la televisión, la radio/el reproductor de CD, la interacción dentro de la unidad de segregación, el acceso a la educación física/gimnasio, podrían utilizarse como incentivos/premios para los reclusos que cumplan los objetivos fijados en las reuniones de la comisión de revisión de las medidas de segregación.

Escocia

156.El Servicio Penitenciario Escocés sólo recurre a la cancelación de las interacciones sociales con moderación y durante el tiempo mínimo necesario. Al determinar la conveniencia de una medida de este tipo, siempre hay que evaluar si resulta necesaria, proporcionada y equilibrada.

157.El artículo 95 del Reglamento de prisiones y centros de infractores juveniles (Escocia) de 2011 permite a la administración de un centro separar a una persona a su cargo de la interacción con terceros cuando esté convencida de que es lo apropiado para proteger su seguridad o la de cualquier otra persona, o cuando exista un riesgo para el orden o la disciplina de la prisión o de la institución de menores infractores. Dicho artículo también establece importantes salvaguardias para las personas privadas de interacción social, en virtud de las cuales es prescriptivo comunicar claramente el motivo de la medida en cuestión a la persona afectada y brindarle la oportunidad de presentar alegaciones. La situación se supervisa y revisa periódicamente. Normalmente, la medida de separación no conlleva restricciones innecesarias de los derechos a pasar tiempo al aire libre, recibir visitas, incluidas las legales, acceder a teléfonos y mantener correspondencia. Cabe la posibilidad de prescribir actividades adicionales con arreglo a la evaluación llevada a cabo en el marco del proceso de revisión y seguimiento. El principal objetivo será reintegrar a la persona lo antes posible y en las mejores condiciones de seguridad a la población general, minimizando así el tiempo que haya pasado separada de los demás.

Irlanda del Norte

158.La Inspección de Justicia Penal de Irlanda del Norte, en colaboración con la Autoridad de Regulación y Mejora de la Calidad y con la Inspección de Educación y Formación, está examinando el funcionamiento de las Unidades de Atención y Supervisión en el Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte. El Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte responderá a cualquier recomendación relacionada con la segregación que se formule a raíz de este examen.

“92.El Subcomité recomienda que el Estado parte:

a) R efuerce la supervisión del uso de la fuerza en todos los lugares de detención para garantizar que la fuerza sólo se utilice de conformidad con la ley, cuando sea estrictamente necesaria y de manera proporcionada; ”

Inglaterra y Gales

159.Se está implantando a nivel nacional una herramienta digital de notificación del uso de la fuerza, que facilita el registro de los motivos del recurso a la fuerza y mejora la gobernanza local. Las ventajas de la nueva herramienta son palpables en la interfaz de introducción de datos, el seguimiento y la respuesta locales y para la comprensión y el control nacional del uso de la fuerza en todo el sistema.

160.Hemos introducido un conjunto de herramientas de buena gobernanza para apoyar la labor de supervisión local de las prisiones. Se ha aumentado la frecuencia de las reuniones de comité, lo que permite acelerar el examen de los incidentes y el acceso del personal a las opiniones de terceros y a las lecciones extraídas. También propiciará que los centros penitenciarios combatan las prácticas ineficientes o ilegales. Contamos con un responsable de prácticas y garantías, que ofrece un apoyo adaptado e in situ a las prisiones.

161.Un comité nacional sobre el uso de la fuerza analizará las tendencias de los datos sobre el uso de la fuerza a nivel nacional cuando esté en funcionamiento la herramienta digital y confiamos en los datos que esta nos aporte. Se trata de un foro de discusión, al que serán invitados miembros externos con funciones de control y en el que se plantearán opciones para reducir el uso de la fuerza, en general, y el uso desproporcionado de la fuerza, en particular, con medidas de intervención o mejoras del programa nacional de formación, cuando sea necesario.

Escocia

162.El Servicio Penitenciario Escocés es consciente de que cada persona tiene sus propias necesidades y procura promover la igualdad tratando con sensibilidad y respeto a todas las personas a su cargo. En los casos en los que se ha recurrido al uso de la fuerza, es prescriptivo rellenar y presentar un “informe sobre el uso de la fuerza” y se activa un procedimiento formal de revisión de las medidas adoptadas por el personal.

163.El Servicio Penitenciario Escocés emprendió un amplio proceso de revisión de las medidas de “control y medios de inmovilización”. En ese marco se consultó a un experto externo especializado en el uso de la fuerza en el sistema de la justicia penal y los servicios de atención de la salud.

164.El servicio penitenciario ha elaborado y difundido con fines de consulta un nuevo manual exhaustivo sobre medidas de control e inmovilización, un reglamento actualizado sobre el uso de la fuerza y módulos de formación específicos.

165.El Servicio Penitenciario Escocés ha elaborado una política revisada sobre el uso de la fuerza que sigue promoviendo el uso de métodos de desescalada en cuanto se presenta la ocasión, que hace más hincapié en las funciones y responsabilidades, los riesgos de la intervención y los problemas de salud potencialmente agravados o afectados por el uso de la fuerza.

166.Todos los nuevos oficiales de operaciones cursan una formación acreditada sobre control y medios de inmovilización, seguida de un curso anual obligatorio de actualización de los conocimientos con vistas a garantizar el carácter legal, necesario, razonable y proporcionado de las medidas que adopten.

167.Se han puesto en marcha una serie de medidas de seguridad para reducir el riesgo de las personas inmovilizadas, que incluye unas pautas para reconocer y gestionar emergencias médicas. En las directrices sobre control y medios de inmovilización se han incluido una formación de seguridad adicional y una delimitación precisa de las responsabilidades del personal involucrado en el recurso a la fuerza.

Irlanda del Norte

168.El personal del Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte está formado y procura gestionar todo incidente prescindiendo del uso de la fuerza y recurriendo a técnicas de desescalada. Cuando el uso de la fuerza es inevitable, las intervenciones son razonables, necesarias y proporcionales a la amenaza enfrentada.

169.El Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte examina periódicamente los incidentes y estadísticas de uso de la fuerza. Se determinan las tendencias y se llevan a cabo los análisis pertinentes. Los registros de todos los incidentes de uso de la fuerza se completan y se procesan electrónicamente a través del sistema Prism. Se investigan todos los presuntos incidentes de uso excesivo de la fuerza.

“ b) Revise las políticas de gestión de las conductas en todas las prisiones con el fin de identificar y mitigar las causas subyacentes de la violencia y el uso de la fuerza; ”

Inglaterra y Gales

170.Las planas mayores de los equipos de seguridad del Servicio de Prisiones y Libertad Condicional de Su Majestad colaboran en un enfoque conjunto que permita identificar y reducir las causas de la violencia y la necesidad del uso de la fuerza. La formación denominada “Intervención de Cinco Minutos” enseña a los agentes a convertir sus conversaciones cotidianas con las personas a su cargo en oportunidades de cambio. Los funcionarios de prisiones pasan mucho tiempo con los presos y pueden contribuir significativamente al proceso de rehabilitación configurando un entorno seguro y protegido, que facilite una cultura de la rehabilitación y promueva relaciones de rehabilitación. La formación “Intervención de cinco minutos” se imparte a lo largo de dos días y consiste en la práctica de 10 aptitudes interpersonales destinadas a mejorar las conversaciones del personal con los presos y a establecer diálogos más productivos desde la perspectiva de la rehabilitación. De este modo, se reducen las posibilidades de que se produzcan situaciones de tensión e incidentes violentos.

171.El nuevo Marco Político de Incentivos, en vigor desde enero de 2020, se centra en el fortalecimiento de la conducta positiva y en los principios del apoyo conductual eficaz con vistas a ayudar a las personas a tomar decisiones correctas en prisión. La experiencia demuestra que este enfoque puede ser eficaz para lograr cambios positivos en las conductas de las personas a nuestro cargo. El nuevo enfoque aporta un marco común que las administraciones de los centros penitenciarios pueden utilizar para determinar a escala local la mejor manera de apoyar y alentar a las personas a su cargo a cumplir las normas y llevar a cabo actividades de rehabilitación como el trabajo, la educación y las iniciativas de lucha contra el abuso de sustancias. Las administraciones mantendrán la capacidad de suspender las prerrogativas por mal comportamiento o rechazo de las actividades de rehabilitación.

172.Basada en estudios de investigación, la nueva política se centra más en incentivar y promover la buena conducta con refuerzo positivo y establece una serie de sencillas expectativas de buena conducta para que los reclusos entiendan lo que se espera de ellos y lo que pueden esperar a cambio. La nueva política también promueve la equidad, la igualdad y la aplicación efectiva de los planes locales, ya que exige a todas las prisiones que cuenten con un Foro sobre Incentivos, en el que estén representados los reclusos con características protegidas, encargado de configurar y revisar el funcionamiento local de los incentivos.

173.Se está aplicando el modelo de gestión de infractores bajo custodia en todo el sistema. Cada funcionario de prisiones asumirá una función clave para involucrar y apoyar a un pequeño grupo de presos con vistas a alejarlos de la violencia y la delincuencia. Mediremos el impacto observando los niveles de uso de la fuerza a medida que las prisiones vayan aplicando el programa. Antes de implantar el modelo de gestión de infractores bajo custodia habrá que formar al personal en el marco de la iniciativa de “Intervención de Cinco Minutos”.

174.El Plan de Desafío, Apoyo e Intervención puesto en marcha en noviembre de 2018 incluye un modelo de gestión de casos para ayudar al personal a tratar con reclusos violentos o considerados potencialmente violentos. Este marco alienta una respuesta coherente y multilateral a las personas que cometen agresiones o actos violentos bajo custodia. Cada vez son más las prisiones que lo adoptan.

Escocia

175.El Servicio Penitenciario Escocés aplica un enfoque de tolerancia cero frente a la violencia y su personal está formado para reconocer las primeras señales de comportamientos violentos, darles respuesta y gestionar al instante cualquier incidente que se produzca.

176.A través de su Grupo Estratégico de Riesgos y Amenazas, el servicio penitenciario sigue procurando analizar la naturaleza cambiante del perfil de la población penitenciaria y su impacto en el fenómeno de la violencia, especialmente en relación con el crimen organizado.

177.Los niveles de violencia en las prisiones son objeto de una supervisión constante. En todas las prisiones escocesas se celebran periódicamente reuniones de reducción de la violencia para discutir todos los incidentes relevantes y las tendencias y determinar medidas preventivas. El objetivo de las cámaras de los circuitos cerrados de televisión de todas las prisiones escocesas es disuadir los incidentes violentos y contribuir a dilucidarlos.

178.En su informe anual más reciente (2019), la Inspectora Jefe de Prisiones de Su Majestad para Escocia declaró: “Me han impresionado los esfuerzos del Servicio Penitenciario Escocés (SPS) por gestionar la población adicional de forma segura y es tranquilizador constatar que, en todas nuestras inspecciones y visitas a las prisiones en este año de presentación de informes, el personal y los presos aseguraron regularmente que se sentían seguros”.

Irlanda del Norte

179.El Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte sigue centrado en aplicar un régimen predecible, estable y eficaz, y ha reducido progresivamente el uso de las celdas compartidas en los tres establecimientos penitenciarios del territorio. En febrero de 2021, ningún preso compartía celda y el Servicio Penitenciario aspira a encontrar un mecanismo asequible que le permita mantener esta situación.

180.La prevalencia de incidentes violentos en las prisiones de Irlanda del Norte (agresiones al personal/personas a nuestro cargo) se ha reducido y se mantiene en un nivel bajo. El Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte seguirá revisando políticas y prácticas en el marco de su programa de mejoras constantes (lo que incluye la labor impulsada para establecer una política contra las conductas antisociales).

“ c) Proporcione cuidados de salud mental que satisfagan las necesidades de todos los reclusos y considere la posibilidad de introducir un plazo legal máximo para el traslado de reclusos a un centro de salud mental. ”

Inglaterra y Gales

181.Los adultos, niños y jóvenes serán sometidos a un examen de salud a su entrada en prisión y acudirán a una cita de seguimiento en un plazo de siete días o menos, de ser necesario. La plena implantación del sistema de información digital de los historiales clínicos y judiciales en todas las prisiones de adultos, los centros de expulsión de inmigrantes y los centros de capacitación vigilados de niños y jóvenes contribuirá a consolidar este proceso. Entre otras cosas, se transferirán por vía digital los historiales de los pacientes antes de la detención, durante la misma y en el momento de la puesta en libertad. También se ha invertido en programas como el de “Enlace y Derivación” o el de “Tratamiento en el marco de Sanciones de Cumplimiento Obligatorio en la Comunidad” con vistas a derivar a las personas hacia los tratamientos médicos como alternativas a la detención.

182.El reciente Libro Blanco sobre la Reforma de la Ley de Salud Mental consagra nuestra aspiración de introducir un plazo límite de 28 días para acelerar el traslado de personas detenidas en prisión o centros de expulsión de inmigrantes a centros de salud mental. Consideramos necesario calibrar atentamente las consecuencias prácticas del establecimiento legal de este plazo límite, de modo que este cambio legislativo no entrará en vigor mientras no se hayan puesto efectivamente en práctica las nuevas directrices sobre los traslados y las remisiones.

183.El Libro Blanco expone asimismo el compromiso de establecer una nueva función, desempeñada por una persona independiente de los sistemas de salud o de justicia penal, consistente en gestionar el proceso de traslado de las personas que necesiten pasar de la prisión al hospital para recibir atención de la salud mental. Esta función contribuirá a superar barreras institucionales y a dar prioridad a las necesidades del paciente. Estamos recabando opiniones, en el marco de la consulta, para determinar dónde y cómo debe operar.

Escocia

184.Se están evaluando los plazos de traslado en el marco de la revisión independiente de la prestación de servicios de salud mental forense. El informe final se publicará a finales de febrero. El Gobierno escocés estudiará sus recomendaciones y confirmará cuáles lleva a la práctica.

“94.El Subcomité recomienda que el Estado parte vele por la limpieza e higiene de los locales donde se encuentren los reclusos y que subsane sin demora las condiciones de detención inadecuadas observadas en la Prisión de Su Majestad de Manchester. ”

185.La Prisión de Su Majestad de Manchester trabaja en la mejora de las condiciones de vida de todos los reclusos. Esta labor se ha intensificado y ha quedado patente durante la pandemia. Hemos incrementado de manera notable el número de profesionales de la limpieza formados, que están mejor pagados, con vistas a mantener y mejorar la limpieza de las zonas residenciales. La breve visita de evaluación de la Inspección de Prisiones de Su Majestad en mayo de 2020 destacó las buenas prácticas que venimos aplicando:

“ Los presos tenían acceso regular a los materiales de limpieza de las celdas. La limpieza estaba bien organizada en toda la prisión. Vimos zonas comunes regularmente desinfectadas a lo largo del día, incluidas las barandillas y los pomos de las puertas. ”

186.Hemos implementado un programa de limpieza coherente en todo el centro. Los reclusos y los empleados de la limpieza trabajan juntos y asumen la responsabilidad de mantener limpias y en buen estado las zonas que ocupan. Se ha habilitado una carpeta de Limpieza y Decencia por ala, en la que se consignan todas las limpiezas realizadas, así como las deficiencias constatadas, para que la dirección y las partes interesadas tomen oportunamente las medidas adecuadas.

187.Hemos mejorado la relación de trabajo con nuestro proveedor de servicios de administración de locales, Amey, lo cual nos ha ayudado a articular una respuesta más rápida a los problemas de control de plagas. En particular, se ha puesto en marcha un “programa plaguicida” para solucionar todos los problemas de roedores. El programa incluye visitas semanales de Rentokil y ofrece la posibilidad de visitas adicionales para resolver problemas específicos. Se alienta regularmente al personal, en el marco de reuniones informativas convocadas por los directores de los centros penitenciarios, a promover la limpieza y mantener zonas libres de basura para evitar las alimañas.

188.La mejora de la relación y el compromiso con Amey también ha traído consigo más reparaciones en todas las áreas, incluidas las ventanas y el mobiliario dañado. Así se ha podido constatar gracias al gestor de camas, que controla a diario las celdas y los espacios inutilizados del centro.

189.Se ha determinado la necesidad de realizar inversiones de capital para remplazar algunas de las infraestructuras que presentan mayores problemas. Las obras de sustitución de las duchas llevan algún tiempo en marcha. Ya se han terminado algunas de las obras de mejora de las alas B, C, D y G. El ala K está siendo reformada y estará próximamente terminada. El ala I, el ala A, la Unidad de Segregación y el centro de salud entrarán en funcionamiento el 22 de febrero de 2021. Estas obras contribuirán a resolver la cuestión de las humedades detectadas en algunas celdas.

190.Se ha convocado una licitación para cambiar las ventanas. Esto contribuirá a alcanzar un nivel de vida decente, pero tenemos en marcha un proceso sólido hasta su aprobación y consecución. Por último, también han empezado las obras de las cocinas, lo que redunda en favor de nuestro enfoque de rehabilitación, centrado en la mejora del nivel de vida.

Escocia

191.La Inspección de Prisiones de Su Majestad en Escocia evalúa el trato y la atención recibidos por los presos en todo el Servicio Penitenciario Escocés a la luz de una serie de pautas prestablecidas. Estas últimas quedan recogidas en el documento “Pautas para Inspeccionar y Supervisar las Prisiones de Escocia”, publicado en mayo de 2018 en https://www.prisonsinspectoratescotland.gov.uk/standards.

192.La pauta 2 se refiere al nivel de dignidad del entorno en el que viven y trabajan los reclusos. En su informe anual más reciente (2019), la Inspectora Jefe de Prisiones de Su Majestad para Escocia señala que, de las cuatro inspecciones penitenciarias completas realizadas aquel año, la dignidad fue calificada como “buena” en dos centros, “generalmente aceptable” en uno y “deficiente” en otro. El centro calificado como deficiente —la Prisión de Barlinnie— es una prisión victoriana anticuada destinada a ser sustituida. Los ministros escoceses también han destinado 3 millones de libras esterlinas a renovar una serie de áreas de la prisión mientras se llevan a cabo las obras de preparación del emplazamiento y de construcción de una nueva prisión.

C.Instituciones para jóvenes infractores

“97.El Subcomité pide a las autoridades que apliquen plenamente las recomendaciones del informe de la última visita de la Inspección de Prisiones de Su Majestad a la Institución para Jóvenes Infractores de Cookham Wood . ”

193.Tras la última visita de la Inspección de Prisiones de Su Majestad, el Servicio Penitenciario Juvenil y el centro (que han actualizado su respuesta a la Inspección y su plan de acción) han logrado avances en la consecución de los objetivos asignados a la Institución para Jóvenes Infractores de Cookham Wood, y el director de la administración del centro presenta informes de garantía mensuales al Director del Grupo de Prisiones del Servicio Penitenciario Juvenil. Tras la visita de la Inspección de Prisiones de Su Majestad/Subcomité para la Prevención de la Tortura, la Institución para Jóvenes Infractores de Cookham Wood designó a un responsable del personal para cada una de las cuatro áreas de salud evaluadas por la Inspección. Cada responsable celebra reuniones de evaluación semanales para determinar los progresos y las dificultades. El director de la administración del centro garantiza la calidad y “valida” las medidas adoptadas en cada área una vez completadas y se mantiene un registro de todas las medidas llevadas a cabo. En lo que respecta a una garantía más amplia, hemos introducido el proceso de informes mensuales de garantía sobre el desempeño, en el que cada jefe presenta un informe sobre el desempeño logrado en sus áreas. Dicho proceso incluye un elemento de “análisis competitivo” en el que se cuestionan los resultados comunicados para garantizar su exactitud y se incorporan al informe general del centro.

194.Cabe señalar que, en paralelo, hubo que aplicar estrategias de distanciamiento físico, en consonancia con la política sanitaria contra la pandemia de COVID-19, que ha tenido un impacto inevitable en el régimen de todos los centros y ha acaparado los principales esfuerzos de todos los centros de seguridad durante este período. La prioridad ha sido garantizar que los niños tuvieran acceso a actividades esenciales y suficiente “tiempo fuera de la habitación” (así como a actividades atractivas en sus habitaciones) y preservar simultáneamente la seguridad de los niños y del personal. Aunque al principio de la pandemia se redujo el tiempo de los niños fuera de sus habitaciones, en razón de las medidas adoptadas para proteger a todas las personas que trabajaban o vivían en el centro, la información interna que maneja la dirección sugiere que “el tiempo medio pasado fuera de la habitación” ha aumentado mes a mes entre abril y noviembre de 2020, especialmente tras la publicación de los modelos excepcionales del régimen aplicado a los jóvenes en julio de 2020, que marcó la reanudación de aspectos clave del régimen del centro de Cookham Wood, como la educación “cara a cara”. Posteriormente, si bien disminuyó levemente en diciembre, volvió a aumentar en enero de 2021. La institución de Cookham Wood mantiene su objetivo de dar más oportunidades a los niños durante este período, de manera segura y sostenible, y siempre que las circunstancias locales lo permitan.

195.En lo que respecta al uso de la fuerza, observamos que los niveles de uso de la fuerza se han mantenido relativamente estables en los últimos 12 meses y que en la inmensa mayoría de los casos el recurso a la fuerza se decidió para evitar daños a terceros. Hemos tomado medidas para mejorar nuestros procesos de presentación de quejas y todas se someten a un control de calidad para garantizar que nuestras respuestas aborden los problemas planteados y eviten la repetición de problemas parecidos. El proceso de garantía de calidad conlleva comprobar que la persona incriminada por la queja ha hablado efectivamente con el niño en el marco de la investigación sobre el asunto planteado.

196.Aunque la prestación de servicios seguirá viéndose afectada por la pandemia, el director y el equipo del centro de Cookham Wood planifican la recuperación con la determinación de aplicar plenamente las recomendaciones.

D.Detención de inmigrantes

“101.El Subcomité recomienda que el Estado parte:

a) V ele por que la detención de inmigrantes sea únicamente una medida de último recurso y tenga la menor duración posible, considere la posibilidad de sustituir las actuales prácticas de expulsión y aplique un límite máximo a la detención de inmigrantes; ”

197.El Reino Unido aplica una política de inmigración justa y humana, que acoge a las personas que están en el país legalmente, pero combate los abusos y protege a la ciudadanía. La detención de inmigrantes desempeña un papel limitado pero esencial para mantener controles de inmigración eficaces y proteger la seguridad de las fronteras del Reino Unido, ya que sirve para expulsar a personas que no tienen derecho a permanecer en el territorio, se niegan a salir de manera voluntaria y, en algunos casos, representan un riesgo público significativo.

198.La Ley de Fronteras del Reino Unido de 2007 exige que el Ministerio del Interior expulse del país a los autores de delitos extranjeros y mantenemos nuestra determinación de cumplirla. Estas personas permanecen detenidas cuando es necesario para garantizar su expulsión, además de legal y procedente. También recurrimos a la detención para expulsar por la vía rápida a otras personas que no tienen derecho a permanecer en el Reino Unido y se niegan a salir de manera voluntaria. Sin embargo, no detenemos indefinidamente a las personas en virtud de los poderes que nos confiere la legislación inmigratoria. Tenemos siempre presentes nuestras obligaciones legales en relación con la detención de inmigrantes y, en particular, evaluamos en cada caso si existe una perspectiva realista de expulsión en un plazo razonable.

199.También consideramos fundamental que la detención y el traslado se lleven a cabo con dignidad y respeto, y nos tomamos muy en serio el bienestar de las personas a nuestro cargo. Nuestra prioridad es restringir la detención por razones relacionadas con la inmigración a las situaciones en que resulte necesario y por el menor período posible, además de garantizar que las decisiones de detención y las subsiguientes decisiones relativas al mantenimiento o levantamiento de la detención se adopten de manera correcta, con salvaguardias sistemáticas y medidas de apoyo a las personas vulnerables.

200.En los últimos años se han introducido mejoras en relación con la detención de inmigrantes, en particular, un programa sistemático y ambicioso de reformas adoptado a raíz de los informes sobre las condiciones de detención elaborados por Stephen Shaw en 2015 y 2018. El objetivo general de nuestro paquete de reformas es reducir progresivamente tanto el número de detenidos como la duración de su estancia antes de la expulsión, y mejorar el bienestar de las personas detenidas, impulsando así una cultura basada en altos niveles de profesionalidad. El programa de trabajo en marcha consiste en aumentar el número de funcionarios del Ministerio del Interior en los centros de expulsión de inmigrantes para que puedan trabajar más estrechamente con las personas detenidas; minimizar el recurso a la detención de inmigrantes y explorar alternativas a la detención; reforzar la toma de decisiones y las salvaguardias para los vulnerables; lograr niveles más altos de transparencia; y garantizar que todo el mundo reciba un trato digno en centros apropiados.

“ b) Vele por que todos los inmigrantes detenidos (incluidos los que se encuentran en centros de internamiento de corta duración) tengan acceso a asesoramiento jurídico gratuito y de buena calidad, y por que todos los detenidos tengan acceso efectivo a procedimientos justos y accesibles para impugnar la decisión de detención y/o expulsión; ”

201.Las personas detenidas deben ser informadas sobre su derecho a representación letrada y acerca de cómo pueden obtenerla en las 24 horas siguientes a su llegada a un centro de expulsión de inmigrantes. Todas las personas detenidas reciben por ende una lista de los abogados de oficio del programa de asesoramiento de detenidos del Organismo de Asistencia Jurídica al ingresar en el centro, donde se les comunica su derecho a una consulta gratuita de 30 minutos, independientemente de su capacidad económica o del fondo de su caso.

202.Tras el estallido de la pandemia de COVID-19, se han introducido una serie de cambios para garantizar el bienestar y la seguridad de las personas detenidas y del personal de los centros de expulsión, así como para minimizar el riesgo de propagación de la COVID‑19 en los centros de detención de inmigrantes. El 5 de mayo de 2020 entraron en vigor las directrices sobre los principios de gestión de la COVID-19 en los lugares de detención y durante los desplazamientos escoltados. Incluyen información sobre vulnerabilidad, aislamiento, burbujas y otras medidas preventivas, como la suspensión de las visitas sociales y la adaptación de los protocolos de visitas de los abogados. La versión más reciente puede encontrarse en Gov.uk.

203.El programa de asesoramiento de detenidos del Organismo de Asistencia Jurídica funciona actualmente por teléfono, en consonancia con las recomendaciones del Gobierno en materia de distanciamiento social. Las personas detenidas que deseen acceder a este servicio deben comunicarlo al personal del centro, que lo notificará al abogado de oficio en el marco del programa. Un abogado de oficio se pondrá en contacto directamente con las personas interesadas. Los equipos de los proveedores de servicios encargados del bienestar de los detenidos y el personal del Ministerio del Interior en los centros tienen un conocimiento práctico de los servicios del Organismo de Asistencia Jurídica. Los mencionados equipos informan a los detenidos sobre el asesoramiento jurídico puesto a su disposición. En todos los centros de expulsión de inmigrantes, las personas detenidas que ya disponen de representación legal pueden recibir visitas de sus abogados con cita previa. Estas visitas tienen lugar en privado, en salas de reunión especiales a la vista de los guardianes (pero insonorizadas). Las personas detenidas en los centros de expulsión de inmigrantes también pueden ponerse en contacto con sus representantes por teléfono, fax, correo electrónico y videollamadas de Skype. También se proporciona crédito adicional a sus teléfonos móviles. En circunstancias excepcionales y en el caso de personas abocadas a una expulsión inminente, los letrados pueden llevar a cabo visitas presenciales a falta de otras opciones (videollamada, teléfono, correo electrónico).

204.Todas las personas que ingresan en un centro de expulsión de inmigrantes reciben información introductoria del proveedor de servicios del centro (en un plazo de 24 horas) y, posteriormente, de un representante del Ministerio del Interior (en un plazo de 48 horas desde su llegada), quienes les indican cómo conseguir asesoramiento jurídico, apoyo adicional y asistencia. Pueden ponerse en contacto con el equipo del Ministerio del Interior en el centro para obtener información o actualizaciones sobre su caso de inmigración los siete días de la semana.

205.Todas las personas detenidas tienen derecho a solicitar servicios jurídicos en materia de inmigración enumerados en el anexo 1 de la Ley sobre Asistencia Jurídica, Imposición de Penas y Sanción de los Autores de Delitos de 2012. Las personas detenidas en prisión acceden a la asistencia jurídica de acuerdo con los mismos criterios de admisibilidad que en los centros de expulsión de inmigrantes.

206.Los diferentes centros penitenciarios deben disponer de procedimientos para garantizar que los presos (incluidos los detenidos en virtud de los poderes en materia de inmigración) reciban información y asesoramiento independiente desde su primera noche en custodia (Directiva del Servicio Penitenciario 07/2015) y durante todo el lapso que permanezcan en prisión (Directiva del Servicio Penitenciario 75/2011), además de asesoramiento independiente en materia de inmigración, si procede, de acuerdo con obligaciones específicas de las prisiones (Directiva del Servicio Penitenciario 52/2011).

207.A lo largo de los últimos tres años, 44 proveedores diferentes han prestado servicios de asesoramiento y representación en materia de inmigración a las prisiones financiados por el Estado. En un plano más general, hay 186 empresas (octubre de 2020) acreditadas para prestar servicios de asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la inmigración y el asilo financiados por el Estado, repartidas entre 278 oficinas en Inglaterra y Gales (octubre de 2020). Todos estos proveedores están autorizados a prestar asesoramiento en materia de inmigración y asilo en prisión.

208.Por otro lado, los tribunales pueden exigirnos y, de hecho, nos exigen que rindamos cuentas sobre las decisiones de detención. La supervisión judicial sigue siendo una parte importante del sistema de detención, ya que los detenidos pueden en todo momento solicitar al tribunal la libertad provisional prevista por la legislación migratoria (immigration bail). Asimismo, se prevé la concesión automática de la libertad provisional al cabo de cuatro meses, salvo en el caso de los extranjeros con antecedentes delictivos.

“ c) Establezca políticas y procedimientos de supervisión, vigilancia y denuncia eficaces en los centros de detención de inmigrantes para que se detecte inmediatamente todo maltrato y garantice la eficacia de las investigaciones de las denuncias de malos tratos . ”

209.El Reino Unido cuenta con un sólido sistema de quejas a disposición de las personas detenidas que estimen no haber sido tratadas de conformidad con nuestras normas. Nos tomamos muy en serio las quejas de las personas detenidas y nos aseguramos de que se investiguen a fondo y sin demora. Las quejas de las personas detenidas se investigan de acuerdo con las orientaciones publicadas (Orden de los Servicios de Detención 03/2015 – Tratamiento de las quejas). Las personas detenidas que presentan quejas no se ven perjudicadas en ninguna medida en relación con el trato que reciben durante su detención, ni en relación con la resolución de su caso de inmigración.

210.Las quejas presentadas en el marco de procedimientos formales se dividen en: quejas relativas a la prestación de servicios, quejas relativas a faltas leves y quejas relativas a faltas graves. Las quejas de las personas detenidas o escoltadas son tramitadas por nuestros proveedores de servicios contratados. Sin embargo, la tramitación y la gestión de las quejas son supervisadas y evaluadas por un equipo especial de los Servicios de Detención y Escolta del Ministerio del Interior. Las quejas por faltas graves se remiten a la Unidad de Normas Profesionales del Ministerio del Interior para que sean investigadas. Los detenidos que no queden conformes con el tratamiento dado a su queja pueden solicitar su revisión por el Ombudsman de Prisiones y Libertad Condicional, que es independiente.

211.Los centros de detención se rigen por un sólido marco legal y normativo que protege las necesidades de los detenidos. Dicho marco se compone de: el Reglamento de los Centros de Detención de 2001; el Reglamento de los Centros de Internamiento de Corto Plazo de 2018; las normas operativas publicadas por las que se rigen los centros de expulsión de inmigrantes, la escolta y el alojamiento previo a la salida; y las órdenes publicadas por los servicios de detención que brindan directrices operativas detalladas a los proveedores de servicios de detención y escolta. Además, el Ministerio del Interior cuenta con procedimientos de denuncia de irregularidades. En julio de 2020, se publicó una Orden de los Servicios de Detención relativa a la denuncia de irregularidades, que proporciona orientación a todo el personal de detención y escolta sobre la señalización de conductas indebidas. Todas las cuestiones planteadas a través de la denuncia de irregularidades se investigan y, si procede, se ponen en práctica las recomendaciones sobre las enseñanzas extraídas y se comunican a la Oficina del Gabinete.

212.Todos los centros de detención de inmigrantes son objeto de un control reglamentario independiente por parte de la Inspección de Prisiones de Su Majestad, que lleva a cabo un programa evolutivo de inspecciones no anunciadas, en las que aplica su marco de “Expectativas”, que es de dominio público, y publica los informes de sus inspecciones. A nivel local, las Juntas Independientes de Supervisión supervisan el funcionamiento de la administración de los centros de expulsión de inmigrantes, el estado de sus instalaciones y el trato dispensado a los detenidos. Los miembros designados de la Junta, que proceden de las comunidades locales, tienen acceso irrestricto a las instalaciones y a los detenidos. Pueden plantear cualquier motivo de preocupación al Ministerio del Interior y publican un informe anual con sus conclusiones.

“ d) Introduzca procesos independientes, tanto cuando se adopte la decisión de detener como durante el período detención, para la identificación de aquellas personas que puedan correr un riesgo particular de sufrir daños durante la detención. ”

213.El sistema de inmigración cuenta con sólidas salvaguardias que permiten garantizar que toda decisión de detener, así como cualquier consideración sobre una detención en curso, sean debidamente examinadas, al igual que las condiciones de la expulsión y la vulnerabilidad de cada persona.

214.La Ley de Inmigración de 2016 dotó de base jurídica a la Política sobre Adultos en Riesgo. Esta política mejora la protección de las personas vulnerables reforzando la presunción contra la detención de inmigrantes identificados como adultos en situación de riesgo. Un adulto de riesgo sólo será detenido si el grado de vulnerabilidad acreditado pesa menos, en su caso particular, que los factores de control migratorio. La aplicación de esta política ha sido recientemente revisada a fondo por el Inspector Jefe Independiente de Fronteras e Inmigración.

215.El “guardián de la detención” desempeña una función interdepartamental e independiente en la fase inicial del proceso de detención, garantizando que sólo entren en el centro de detención las personas consideradas aptas. Las decisiones de detención se toman al margen de los equipos de remisión o de los agentes encargados de los casos y se presta una atención especial a las condiciones de la expulsión y a la vulnerabilidad. Una vez que una persona queda detenida, se llevan a cabo revisiones periódicas para controlar que su detención siga siendo legal, correcta y proporcionada. El Ministerio del Interior ha mejorado el proceso de revisión de la detención introduciendo un formulario actualizado de “Revisión de la detención y la progresión del caso” destinado a aclarar cómo se está progresando hacia el retorno.

216.Los paneles del Ministerio del Interior que trabajan sobre la progresión de los casos aportan una evaluación más fiable y objetiva de la progresión de los casos de las personas detenidas, y dan mayor consideración a las condiciones de expulsión, la vulnerabilidad y el riesgo en las decisiones sobre el mantenimiento de la detención. Los casos se revisan al cabo de tres meses de detención y cada tres meses a partir de entonces, si bien pueden ser remitidos en todo momento al panel. A raíz de los buenos resultados de un reciente proyecto piloto que introdujo mayor independencia en los paneles de supervisión de la progresión de los casos, se está formalizando la presencia de miembros independientes permanentes en ese proceso de supervisión.

217.También se han creado equipos del Ministerio del Interior encargados de la interlocución con los detenidos, lo que ha supuesto un aumento del personal ministerial destinado en los centros de expulsión de inmigrantes. Estos equipos interactúan cara a cara con los detenidos para construir una relación con ellos, contribuir a centrarlos en la opción del retorno y crear un vínculo importante sobre el terreno entre los detenidos y los equipos que trabajan en sus casos. Al trabajar en los centros y relacionarse con las personas detenidas y con los proveedores de atención de la salud, están mejor situados para garantizar que se identifiquen y gestionen lo antes posible los problemas de vulnerabilidad.

218.Todos los centros de expulsión de inmigrantes cuentan con unidades de atención sanitaria específicas dirigidas por médicos y enfermeros supervisados por el Servicio Nacional de Salud o por proveedores competentes. Las personas que ingresan en los centros de expulsión de inmigrantes son inspeccionadas por una enfermera dentro de las primeras dos horas de estancia y tienen la opción de ver a un médico dentro de las primeras 24 horas. También tienen acceso a asistencia médica mientras permanezcan en el centro. La Orden del Servicio de Detención 08/2016 (“Gestión de adultos en situación de riesgo en los centros de detención de inmigrantes”) fue publicada para garantizar que todo el personal, incluido el personal sanitario, conociera las responsabilidades adicionales que conlleva el trato con personas identificadas como adultos en situación de riesgo. Incluye una serie de medidas de mitigación y salvaguardia, como los planes de atención personalizada y de apoyo vital.

219.El artículo 35 del Reglamento de los Centros de Detención de 2001 establece que los médicos que trabajan en centros de expulsión de inmigrantes deben informar al Ministerio del Interior cuando les preocupe que una persona i) pueda sufrir daños como consecuencia de la prolongación de su detención o de determinadas condiciones de detención; ii) sospeche que tiene intenciones suicidas o; iii) pueda haber sido víctima de tortura. Todos los informes elaborados en virtud del artículo 35 del Reglamento de los Centros de Detención o del artículo 32 del Reglamento de los Centros de Internamiento de Corto Plazo son examinados actualmente por un único equipo del Ministerio del Interior, que es independiente respecto de los responsables de los servicios de asistencia social prestados a los detenidos. El equipo no gestiona a ninguna persona detenida y toma una decisión independiente basándose en las circunstancias particulares del caso, de conformidad con la Política sobre los Adultos en Situación de Riesgo en Centros de Detención de Inmigrantes. Tras tomar en consideración los factores pertinentes, se adoptará una decisión sobre la idoneidad o no de mantener la medida de detención, que será comunicada al interesado, a su representante designado, al centro de expulsión de inmigrantes o centro residencial de internamiento de corta duración y al equipo de asistentes sociales del detenido.

220.También hemos restringido las circunstancias en que las mujeres embarazadas pueden ser detenidas y hemos puesto un límite de tiempo a su detención: 72 horas, prorrogables hasta una semana con autorización ministerial. Entre enero y septiembre de 2020, un total de 7 mujeres embarazadas permanecieron detenidas en un centro de expulsión de inmigrantes.

221.En 2010 pusimos fin a la detención rutinaria de familias con niños y pusimos a punto el proceso de “retorno familiar”, destinado a gestionar familias sin derecho a permanecer en el país aplicando un enfoque de retorno voluntario. Cuando es necesario imponer la salida de una familia y hacerlo recurriendo a la detención, se le asigna un alojamiento especialmente diseñado y por una duración máxima normal de 72 horas (ampliable hasta una semana con autorización ministerial). La Ley de Inmigración de 2014 consagra aspectos clave del proceso de retorno familiar, como el límite de tiempo de la detención.

E.Detención judicial

“104.El Subcomité exhorta al Estado parte a que aplique las recomendaciones de los informes del miembro del mecanismo nacional de prevención (observadores legos) y a que se asegure de que:

a) se mantengan registros exactos y completos, en particular los registros de escolta; ”

Inglaterra y Gales

222.El nuevo contrato del Servicio de Escolta y Custodia de Presos, en vigor desde agosto de 2020, está introduciendo un sistema digital de gestión de los registros de escolta, que impedirá reservar plazas para trasladar a personas detenidas si la información almacenada en los registros digitales es incompleta. El sistema rellenará automáticamente algunos campos con información procedente de las bases de datos existentes e incluye asimismo campos obligatorios que deben ser cumplimentados para completar el proceso. Se prevé que la implantación del nuevo sistema mejore significativamente los índices de finalización de los elementos de los registros de escolta no debidamente completados. El Servicio de Escolta y Custodia de Presos trabaja de manera permanente con todos los asociados del Sistema de Justicia Penal para supervisar y garantizar este proceso.

Irlanda del Norte

223.El Servicio de Escolta de Prisioneros y Custodia Judicial tiene bajo su responsabilidad a los detenidos de las 17 áreas de custodia judicial de Irlanda del Norte. Se completan registros de escolta de todas las personas a nuestro cargo. Estos registros se utilizan posteriormente para proporcionar la información necesaria a nuestro personal de recepción en los centros penitenciarios y a nuestros asociados, en el caso de que estas personas permanezcan en prisión preventiva o cumplan condena en nuestros centros. Esta información, junto con la información sobre la custodia policial (Ley de Policía y Medios de Prueba en materia Penal 15 y 16), ayuda al personal del Servicio de Escolta de Prisioneros y Custodia Judicial a realizar una evaluación individualizada del riesgo de las personas detenidas en las áreas de custodia judicial.

“ b) se haga una evaluación de riesgos individualizada para cada persona en detención judicial; ”

224.El nuevo pliego de condiciones del Servicio de Escolta y Custodia de Presos ha incorporado el requisito de que los proveedores lleven a cabo una evaluación holística del riesgo de cada persona detenida a su llegada a los tribunales, que deberá actualizarse periódicamente a medida que se disponga de nuevas informaciones significativas. El proceso de evaluación del riesgo individual calibra la conveniencia de la celda compartida, el riesgo de autolesión o de suicidio, y el uso de medios de inmovilización y registros que sean proporcionados y estén justificados a la luz de la evaluación del individuo.

“ c) el personal esté formado para atender las necesidades individuales de los detenidos, en particular de los niños. ”

Inglaterra y Gales

225.El pliego de condiciones del Servicio de Escolta y Custodia de Presos obliga a los contratistas a impartir una formación específica sobre la atención y el bienestar de todos los detenidos. Los proveedores imparten módulos adicionales para consolidar los conocimientos. En relación con los niños y los jóvenes, ambos proveedores cuentan con un grupo de trabajadores capacitados que reciben una formación reforzada sobre niños y jóvenes, con elementos avalados por organismos externos para contribuir a atender debidamente a este grupo complejo y vulnerable, así como a reducir potenciales tensiones.

Irlanda del Norte

226.En Irlanda del Norte, el personal del Servicio de Escolta de Prisioneros y Custodia Judicial es consciente de sus responsabilidades relativas al transporte/supervisión y cuidado de los niños escoltados y llevados ante el tribunal. También se ha impartido formación sobre experiencias adversas en la infancia para ayudar al personal a atender las necesidades de los niños a su cargo.

227.El personal del Servicio de Escolta de Prisioneros y Custodia Judicial, junto con nuestros asociados del Centro de Justicia Juvenil, recibió formación sobre cómo minimizar y gestionar el uso de medios de inmovilización física. Hay un memorando de entendimiento en vigor para garantizar el cumplimiento.

V.Información adicional

Novedades relacionadas con el trato de las personas privadas de libertad

Inglaterra y Gales: la reforma de la Ley de Salud Mental

228.El Gobierno publicó el 13 de enero su Libro Blanco “La reforma de la Ley de Salud Mental”. Al mismo tiempo, emprendimos un proceso formal de consultas de 14 semanas, que se prolongará hasta abril de 2021.

229.El Libro Blanco contiene una respuesta completa a la revisión independiente de la Ley de Salud Mental realizada en 2018 y toma en consideración cada una de sus recomendaciones. El Gobierno acogió con satisfacción el informe final de la revisión independiente y acepta la gran mayoría de estas recomendaciones.

230.Publicaremos una respuesta a esta consulta este año y presentaremos un nuevo proyecto de ley de salud mental cuando el calendario parlamentario lo permita.

231.El Libro Blanco incluye propuestas para limitar la capacidad legal de detener a personas con problemas de aprendizaje o a personas con autismo, de modo que ni el autismo ni los problemas de aprendizaje constituyan motivos de detención.

232.Sin embargo, no proponemos cambiar los criterios de detención de los pacientes en contacto con el sistema de justicia penal. Queremos que estos pacientes puedan seguir siendo derivados fuera del ámbito penitenciario, que no puede ni pretende atender sus necesidades.

233.Cuando se detiene a una persona con discapacidad de aprendizaje, autismo o ambos, las Revisiones de Cuidado y Tratamiento adquieren fuerza de ley.

234.La Ley de Unidades de Salud Mental (Uso de la Fuerza), también conocida como Ley Seni, recibió la sanción real en noviembre de 2018. El objetivo de la Ley es mejorar la supervisión, la gestión y la rendición de cuentas del uso de la fuerza (medios de inmovilización) en las unidades de salud mental para reducir al mínimo la fuerza y utilizarla únicamente como último recurso. La recopilación de datos precisos permitirá identificar los problemas de desproporcionalidad en el uso de la fuerza y adoptar medidas específicas para subsanarlos.

235.La Ley requiere que las unidades elaboren políticas e información para los pacientes, lleven un registro de cómo y cuándo se ha recurrido a la fuerza (física, mecánica, química y aislamiento) y que mejoren la formación del personal en materia de prevención, distensión y uso seguro de la fuerza. Es esencial que, si en algún caso el uso de la fuerza sale mal, se investigue debidamente y se saquen las conclusiones pertinentes, razón por la cual la Ley prescribe la apertura oportuna de investigaciones y el uso por parte de la policía de cámaras corporales cuando ayuda al personal de salud mental en el uso de la fuerza.

236.Estamos estableciendo el calendario para la publicación de las directrices reglamentarias y la entrada en vigor de la Ley. Esperamos entablar consultas sobre las directrices reglamentarias a finales de la primavera de 2021.

Irlanda del Norte: legislación sobre la libertad provisional y la detención preventiva de los niños

237.Según la información de que dispone el Departamento, el número de niños que ingresan en prisión preventiva es significativamente mayor que el de los que posteriormente reciben una pena privativa de libertad. Por ese motivo, se está preparando una serie de propuestas para modificar la legislación sobre la libertad provisional y la prisión preventiva de los niños. Se prevé incluirlas en el proyecto de ley sobre la justicia (disposiciones diversas), que se presentará a la Asamblea de Irlanda del Norte en abril de 2021.

238.Entre las propuestas elaboradas figuran cambios legislativos que prevén introducir, entre otras cosas:

Un nuevo examen realizado con vistas a determinar la libertad provisional de los niños que tenga en cuenta su edad, madurez, necesidades e interés superior.

La libertad provisional no condicionada como norma, con necesidad de justificar cualquier eventual condición, que deberá ser proporcionada y pertinente a la luz de los delitos imputados.

Una prueba destinada a establecer una “perspectiva razonable”, que prohíbe la prisión preventiva de los niños salvo en aquellos casos en que exista una perspectiva genuina de que reciban una pena privativa de libertad por el delito imputado.

La prohibición de recluir a niños en centros de justicia juvenil únicamente por falta de alojamiento alternativo.