Página

Siglas

3

Prólogo

4

Resumen

5

Introducción

8

Respuesta a las observaciones finales

10

Examen de los progresos en la aplicación de las disposiciones de la Convención

26

Parte I

26

Parte II

31

Parte III

34

Parte IV

43

Siglas

BHC

Botswana Housing Corporation [Corporación de Vivienda de Botswana]

BIDPA

Instituto de Análisis de Políticas de Desarrollo de Botswana

BLR

Botswana Law Reports [repertorios de jurisprudencia de Botswana]

OIT

Organización Internacional del Trabajo

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONG

Organización no gubernamental

PIMA

País de ingresos medianos altos

PMA

País menos adelantado

SADC

Comunidad de África Meridional para el Desarrollo

SIDA

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida

TMM

Tasa de mortalidad materna

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

VIH

Virus de la inmunodeficiencia humana

Prólogo

Botswana ratificó y se adhirió a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer el 13 de agosto de 1996, demostrando así su compromiso de prohibir todas las formas de discriminación contra la mujer y asegurar la observancia práctica del principio de igualdad entre mujeres y hombres. En consecuencia, Botswana presentó su informe inicial e informes periódicos segundo y tercero combinados en 2010.

En el marco de la elaboración del cuarto informe de Botswana al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), se emprendió un amplio proceso de consultas. El resultado de dichas consultas se recoge en este informe.

El Gobierno de Botswana está plenamente convencido de que la promoción de la igualdad de género y el aprovechamiento del potencial productivo de las mujeres es la única opción que puede garantizar el desarrollo socioeconómico sostenible de Botswana en el siglo XXI. A tal fin, el Gobierno ha impulsado medidas de apoyo específico a las mujeres a través de programas y políticas que garantizan y aceleran su participación sostenible en el desarrollo socioeconómico, al objeto de invertir los desequilibrios creados por anteriores políticas y programas que perjudicaron a las mujeres y obstaculizaron su participación efectiva en la economía. Botswana sigue difundiendo ampliamente la Convención y su Protocolo Facultativo a través de diversos medios, en particular los diálogos comunitarios dirigidos por el mecanismo nacional encargado de las cuestiones de género.

El Ministerio de Nacionalidad, Inmigración y Asuntos de Género ha introducido reformas institucionales, administrativas y jurídicas para facilitar la igualdad de género y ha realizado una serie de avances importantes desde el último informe de Botswana.

En el presente informe se destacan los considerables progresos logrados desde la adhesión. Entre los ejemplos figuran la creación del Programa de Asistencia Jurídica en 2011 y la promulgación de la Ley de Asistencia Jurídica en 2013 para permitir el acceso de las mujeres a la justicia. En 2013 también se elaboró el Reglamento de la Ley sobre la Violencia Doméstica de 2008 para que esta pudiera aplicarse de manera efectiva. Por otra parte, prosiguen las consultas sobre el establecimiento de la institución nacional de derechos humanos.

Además, el Gobierno ha redoblado los esfuerzos encaminados a incorporar la perspectiva de género, que abarcan: la participación activa de diversos sectores —como demuestra, entre otras cosas, la formulación de la Estrategia de Género, que actualmente sirve de base a la programación nacional en materia de género, la Política Nacional de Género y Desarrollo y su Plan Nacional Operacional—; las continuas reformas legislativas, como por ejemplo la modificación de la Ley de Matrimonio, cuya redacción se está ultimando, y la Ley de Patrimonio Conyugal; la consolidación de los arreglos administrativos para la aplicación de la Política de Tierras, a fin de promover la igualdad en el acceso a la tierra; la Política de Acción Afirmativa para las Comunidades de Zonas Remotas de 2012; el Marco de Erradicación de la Pobreza de 2011; la Estrategia contra el Abuso Sexual de los Niños de 2010, y el Plan de Acción Nacional de Botswana para poner fin a la violencia de género.

En septiembre de 2016 se creó la Comisión Nacional de Género para facilitar la aplicación efectiva y reforzar la supervisión, el aprendizaje y la evaluación.

A pesar de lo anterior, el Gobierno de Botswana es consciente de que todavía queda mucho por hacer para otorgar igualdad de oportunidades a mujeres y hombres botsuanos. En consecuencia, siguen realizándose intensos esfuerzos encaminados a fortalecer los mecanismos que promueven la equidad y la igualdad de género en Botswana para los próximos años.

Resumen

Este es el cuarto informe periódico de Botswana al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer relativo a la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante, la Convención), presentado en virtud del artículo 18 de esta Convención. El informe da seguimiento a las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en las que se señalaban las principales esferas de preocupación y se formulaban algunas recomendaciones tras la presentación por parte de Botswana de sus informes periódicos inicial, segundo y tercero combinados.

El informe consta de dos partes principales: la respuesta a las observaciones finales y el examen de los progresos en la aplicación de la Convención, precedidas de un resumen y una introducción. En la respuesta a las observaciones finales se abordan las recomendaciones formuladas a raíz del anterior informe periódico sobre la aplicación de la Convención. En la parte relativa a los progresos en la aplicación de la Convención se exponen los avances realizados con respecto a todos los artículos de la Convención desde el anterior informe hasta la fecha. La introducción ofrece información sobre el perfil y el panorama socioeconómico del país, su marco constitucional y las medidas jurídicas, políticas y administrativas aprobadas para dar efecto a la Convención.

Con respecto a la definición y prohibición de la discriminación, se señala que los tribunales de Botswana no aceptan los valores de la costumbre que son incompatibles con los valores o principios del derecho natural e inadmisibles por sí mismos o en cuanto a sus efectos. A este respecto, el derecho consuetudinario debe aplicarse atendiendo a los principios de la moral, la humanidad o la justicia natural con el fin de lograr la justicia y la igualdad. En caso de que no pueda determinarse una práctica o costumbre, el tribunal habrá de determinarla de conformidad con los principios de la justicia, la equidad y la buena conciencia.

Botswana continúa difundiendo ampliamente la Convención y su Protocolo Facultativo a través de cursos prácticos, debates en grupo sobre temas específicos, conmemoraciones de días, como el Día Internacional de la Mujer, 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género o el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, y los medios de comunicación.

Como medida especial para hacer frente a la pobreza entre las mujeres y mejorar su participación en el desarrollo económico del país, en 2012 el Gobierno de Botswana comprometió y asignó el 5% del Fondo del Impuesto sobre el Alcohol como apoyo adicional al Programa de Empoderamiento Económico de la Mujer. Esta asignación se elevó al 10% a partir del ejercicio económico 2014-2015.

Botswana sigue haciendo todo lo posible por promover los aspectos positivos de la cultura. En este sentido, en 2008 el Gobierno encargó la celebración de consultas nacionales sobre los valores sociales para debatir con las comunidades los males sociales que aquejaban a la nación, sus causas y posibles estrategias para afrontarlos. Entre las cuestiones de género debatidas cabe mencionar la violencia doméstica, la cohabitación, la violación, los asesinatos cometidos por la pareja, el trabajo sexual con fines comerciales y el pago de la dote (bogadi). La promulgación de la Ley de la Infancia en 2009 también ha contribuido a combatir algunas de las prácticas culturales discriminatorias. Por ejemplo, aunque por costumbre un padre soltero no puede tener contacto con su hijo, por no hablar de la custodia, la Ley de la Infancia, de 2009, permite al padre el contacto y la custodia, y, en circunstancias oportunas, este puede obtener la custodia exclusiva.

Algunas de las deficiencias señaladas como obstáculos a la aplicación efectiva de la Ley sobre la Violencia Doméstica, de 2008, se subsanaron con la elaboración en 2013 del Reglamento de esta Ley. El Gobierno sigue prestando apoyo técnico y financiero a las organizaciones no gubernamentales (ONG) para que ofrezcan servicios de asesoramiento a las víctimas supervivientes de la violencia por razón de género y sus familias, así como albergues. En 2011 se elaboró el marco normativo del sector de la salud sobre la violencia de género y los protocolos y las normas de prestación de servicios de los proveedores sanitarios. El Servicio de Policía de Botswana también ha incluido las cuestiones de género y la violencia por razón de género en sus actividades de capacitación previa al empleo y en el empleo.

Botswana ha establecido la Ley contra la Trata de Personas de 2014 para frenar la trata de personas, en particular de mujeres y niños. Además, el Gobierno, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, ha puesto en marcha amplios programas de empoderamiento que abarcan la preparación para la vida, conocimientos técnicos, la gestión empresarial y la asistencia financiera para proyectos de generación de ingresos con vistas a mejorar las oportunidades para el empleo de las mujeres y su adelanto en la sociedad.

Uno de los mayores desafíos de Botswana es alcanzar el número deseado de mujeres en puestos de adopción de decisiones, en particular en la política. Con todo, se han logrado avances importantes en lo que respecta a la participación de las mujeres en los puestos de adopción de decisiones en la función pública, pues las mujeres representan más del 40% de los puestos de la categoría de Director Adjunto y categorías superiores. La Política Nacional de Género y Desarrollo también prioriza la adopción de medidas por los sectores, según sea necesario, para subsanar las brechas entre los géneros en consonancia con sus mandatos, incluidas las cuestiones relativas a la adopción de decisiones.

Se ha alcanzado la paridad de género en la tasa de alfabetismo en Botswana. Las estadísticas de matriculación ponen de manifiesto que las niñas se matriculan en la educación secundaria y terciaria en mayor número que los niños. Sin embargo, los varones tienen más probabilidad de completar la educación secundaria y terciaria que las mujeres. El número de mujeres que se matriculan en los campos de la ciencia y la tecnología sigue siendo menor que el de hombres. El Gobierno ha implantado un programa de regreso a la escuela para facilitar la readmisión de los niños y los jóvenes que abandonaron la escuela por motivos de embarazo, fracaso escolar o fuga.

El desempleo en Botswana continúa afectando a más mujeres que hombres. Botswana sigue demostrando su compromiso con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como se desprende de las modificaciones de la Ley de Empleo. En lo que respecta a la salud, Botswana realiza anualmente encuestas de salud. La tasa de mortalidad materna en Botswana continúa disminuyendo. Se ha determinado que las hemorragias, los trastornos hipertensivos en el embarazo, el aborto y las infecciones relacionadas con el VIH/SIDA son algunas de las principales causas de mortalidad materna. La prevalencia del VIH sigue siendo más elevada entre las mujeres que entre los hombres, por lo que aún es necesario realizar mayores esfuerzos para procurar que se tenga en cuenta la vulnerabilidad específica de cada género en la respuesta nacional al VIH y el SIDA. En 2013 se revisó la política nacional sobre el VIH/SIDA, junto con su marco estratégico, para tener en cuenta la dinámica del VIH/SIDA. Botswana ha mejorado el acceso a los servicios de planificación familiar, la combinación de métodos de planificación familiar y el acceso a anticonceptivos de emergencia, y se autorizó legalmente la interrupción médica del embarazo o el aborto legal.

El Décimo Plan Nacional de Desarrollo ha dado prioridad a los programas orientados a lograr el desarrollo económico, la prosperidad y la erradicación de la pobreza extrema para alcanzar el desarrollo sostenible. En Botswana se han registrado considerables progresos en la reducción de la pobreza. Sin embargo, las mujeres siguen constituyendo una gran proporción de los pobres de la nación. Los programas de empoderamiento económico y erradicación de la pobreza, las redes de protección social y los subsidios a la agricultura son algunas de las intervenciones encaminadas a reducir la pobreza. Se sigue promoviendo el empoderamiento económico de las mujeres mediante la concesión de subsidios financieros a mujeres y grupos de mujeres. La propiedad del ganado y los animales pequeños continúa estando principalmente en manos de los hombres. Los programas agrícolas del Gobierno, como el Programa de Gestión de la Ganadería y Desarrollo de la Infraestructura, disponen de una ventanilla dirigida específicamente a promover un mayor acceso de las mujeres a los recursos productivos, como los animales pequeños y los pozos de sondeo.

Las mujeres de las zonas rurales siguen enfrentándose a diversos problemas, entre ellos la pobreza y la falta de conocimientos e información sobre las leyes. El Gobierno cuenta con programas específicos destinados a mejorar los servicios en las zonas rurales y erradicar la pobreza extrema en las comunidades rurales, los cuales benefician directamente a las mujeres de las zonas rurales y permiten reducir la incidencia de la pobreza a lo largo de los años. Además, el Gobierno ha entablado un proceso de consultas encaminado a formular una política integral sobre el género en la agricultura y el desarrollo rural para abordar específicamente los problemas que afrontan las mujeres rurales. La política dará prioridad a la igualdad de acceso a los recursos naturales, los puestos de adopción de decisiones en los foros de desarrollo rural y los servicios rurales de extensión. Este esfuerzo pone de relieve el empeño del Gobierno por lograr el empoderamiento de las mujeres rurales en el país.

Las mujeres están sujetas al derecho consuetudinario y carecen de conocimientos e información, en particular sobre las leyes matrimoniales, situación que sigue perpetuando las prácticas discriminatorias en materia de matrimonios celebrados en virtud del derecho consuetudinario. Se ha establecido el Programa de Asistencia Jurídica para tratar las cuestiones relativas al acceso a la justicia, y en 2013 se aprobó la Ley de Asistencia Jurídica. Ello permitirá mejorar en gran medida el acceso de las mujeres a la justicia.

La Ley de Patrimonio Conyugal, de 2014, dispone que las personas casadas en virtud del derecho consuetudinario podrán optar por que su patrimonio se administre con arreglo al derecho civil. Además, se permitirá a las personas que ya hayan contraído matrimonio a cambiar su régimen de propiedad para pasar del régimen de separación de bienes al régimen de comunidad de bienes, o viceversa, según les resulte más favorable. En 2011 se celebró una conferencia nacional sobre las pautas y tendencias en el matrimonio para examinar los efectos que había tenido en los matrimonios la Ley sobre la Abolición de la Potestad Marital, principalmente en un intento de reforzar su aplicación y formular estrategias para la educación pública. También se ha elaborado el Reglamento de la Ley sobre la Violencia Doméstica de 2008 para facilitar la aplicación efectiva de la Ley con vistas a promover un mayor acceso a las medidas de protección para las víctimas de maltrato doméstico.

Si bien la reunión y el análisis de datos siguen siendo un reto, se han adoptado medidas encaminadas a reforzar la planificación con base empírica y la ejecución de programas para aumentar el impacto. A este respecto, algunos marcos nacionales cuentan con un componente específico de seguimiento y evaluación.

A.Introducción

El contexto de Botswana: perfil y panorama socioeconómico del país

La República de Botswana es un país sin litoral, situado en África Meridional, que abarca una superficie de 581.730 km2. Según los resultados del último Censo Nacional de Población y Vivienda (2011), se calcula que la población total asciende a 2.024.904 habitantes, lo que supone un aumento con respecto al 1.680.683 habitantes registrado en el Censo de 2001. La población está compuesta por 1.035.833 mujeres y 989.071 hombres.

Botswana es una democracia multipartidista que celebra elecciones libres y limpias cada cinco años, las últimas de las cuales tuvieron lugar en 2014. Las instituciones de política, rendición de cuentas y gobernanza están completamente desarrolladas y en funcionamiento. Las ramas del Gobierno están constituidas por la Asamblea Nacional, el poder ejecutivo, el poder judicial y la Cámara de los Dirigentes Tradicionales (Ntlo ya Dikgosi). El gobierno local comprende 16 distritos administrativos y 16 consejos de distrito, en los que se elige periódicamente a los consejeros de distrito, los consejeros municipales y los concejales.

Los indicadores macroeconómicos presentan a Botswana como uno de los pocos paradigmas de éxito económico en el continente africano. Desde que se independizó en 1966, Botswana ha hecho importantes progresos socioeconómicos y ha realizado una notable transición de la categoría de país menos adelantado (PMA) a la de país de ingresos medianos altos (PIMA). Botswana es considerada como uno de los países con mayores ingresos per cápita en toda África. En gran medida como resultado del descubrimiento de diamantes tras la independencia y el dinámico desarrollo del sector, Botswana ha mantenido un crecimiento económico admirable. Los diamantes continúan siendo el pilar de la economía de Botswana, en tanto que la industria de la carne de vacuno, el turismo y, en cierta medida, el sector manufacturero han contribuido a lo largo de los años al rápido crecimiento económico de Botswana. Se siguen desplegando esfuerzos para diversificar la economía más allá de los minerales.

Existe cierta convergencia de ideas entre el Gobierno y los economistas del sector privado en cuanto a que la economía de Botswana no experimentará las tasas de crecimiento registradas hasta ahora. Las dificultades económicas experimentadas por el país han llevado al Gobierno a formular una política de recuperación de gastos, introducir el impuesto sobre el valor añadido y devaluar la moneda nacional, entre otras medidas. También está previsto que los ministerios gubernamentales reduzcan su gasto en sueldos al menos un 5% anual durante los próximos tres años (discurso sobre el presupuesto de 2012). Esas reformas han tenido un efecto inmediato adverso, sobre todo en los segmentos más pobres de la sociedad, que se han visto más afectados por la inflación. Las mujeres, en particular los hogares encabezados por mujeres, sufren mayores niveles de pobreza y tienen una elevada tasa de dependencia (Instituto de Análisis de Políticas de Desarrollo de Botswana - BIDPA, 1997). La pobreza sigue siendo un problema importante y persistente en Botswana. No obstante, los resultados preliminares de la encuesta de indicadores básicos de bienestar (pobreza) de Botswana de 2009-2010 indican que el número de personas que vivían por debajo del umbral de pobreza disminuyó del 30,6% de la población en 2002-2003 al 20,7% en 2009-2010 (discurso sobre el presupuesto de 2012).

Marco constitucional

La Constitución de Botswana establece un Gobierno republicano, cuyo poder ejecutivo corresponde a un presidente elegido por el Parlamento, que fue elegido por sufragio universal. La Constitución mantuvo la función consultiva de los dirigentes tradicionales y el afianzamiento de la declaración de derechos. En lo que respecta a la evolución constitucional, el establecimiento de la República suponía necesariamente que el liderazgo político debía someterse a votación, en lugar de tener carácter hereditario. Los partidos políticos pasaron a ser la vía para alcanzar el poder político.

Medidas jurídicas, políticas y administrativas aprobadas para dar efecto a la Convención

A fin de consolidar los esfuerzos nacionales para cumplir plenamente los requisitos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Botswana inició en 2012 el proceso de plena incorporación al derecho interno de la Convención. Se establecieron las estructuras pertinentes de incorporación de la Convención en el derecho interno, y en 2013 se llevó a cabo un ejercicio de análisis comparado en Ghana, que también aplica un doble sistema jurídico. Además, el Gobierno de Botswana realizó consultas en todo el país para recabar opiniones sobre los diferentes artículos de la Convención y el proceso de incorporación al derecho interno. Actualmente se están recopilando los resultados de las consultas y se están elaborando recomendaciones que orientarán la reforma de la legislación y las políticas.

Por otra parte, la Estrategia Nacional de Género adoptada por el mecanismo nacional encargado de las cuestiones de género ha dado prioridad a las siguientes esferas del desarrollo nacional para incorporar la perspectiva de género, por cuanto orientan de manera diferente la ejecución de los programas de empoderamiento de la mujer: la diversificación económica, la prosperidad y la erradicación de la pobreza para lograr el desarrollo sostenible; la protección social y los servicios sociales (la salud, el saneamiento adecuado y la mejora del bienestar, el acceso a una educación, formación e información de calidad, una vivienda segura y el examen de las cuestiones relativas a la energía y el cambio climático para promover un entorno sostenible); el poder político, la gobernanza democrática y la adopción de decisiones; el acceso a la justicia, la protección de los derechos humanos y la protección contra la violencia, y las medidas especiales destinadas a grupos vulnerables de hombres, mujeres, niñas y niños en las cuatro esferas anteriores.

B.Respuesta a las observaciones finales

Definición y prohibición de la discriminación: recomendaciones 10 y 12

Aunque la Constitución de Botswana garantiza y promueve la protección de todas las personas que residen en el país, independientemente de su raza, tribu, lugar de origen, opiniones políticas, color, creencias o sexo, la definición de discriminación recogida en la Constitución no incluye la discriminación contra la mujer. El proceso en curso de incorporación de la Convención en el derecho interno tiene en cuenta las recomendaciones contenidas en las observaciones finales. Además, en la práctica, los tribunales de Botswana siguen interpretando y haciendo frente a la discriminación de conformidad con el derecho internacional.

Botswana tiene presente la preocupación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (el Comité) por el hecho de que la Constitución de Botswana no incluya la discriminación contra la mujer como parte de la definición de discriminación, de acuerdo con el artículo 1 de la Convención. Considerando que el Comité ha exhortado al Gobierno de Botswana a modificar su Constitución para incluir la discriminación contra la mujer como parte de la definición de discriminación, que el Gobierno de Botswana desea organizar una consulta pública e inclusiva sobre la reforma constitucional y que ese proceso no se ha iniciado aún, cabe señalar que los tribunales siempre han reafirmado la opinión de que el poder judicial tiene la obligación de interpretar las leyes de Botswana con arreglo a la obligación que le incumbe en virtud del derecho internacional.

Interpretación del artículo 15 4) de la Constitución de Botswana

La Constitución de Botswana reconoce la igualdad de mujeres y hombres ante la ley. La igualdad entre los géneros es un principio fundamental de las políticas y los marcos de planificación nacionales. A lo largo de los años, la igualdad de género ha logrado un mayor reconocimiento como importante variable del desarrollo por parte de diversos sectores de la economía. Este reconocimiento de la importancia fundamental del género cobró impulso después de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, cuando el Gobierno de Botswana formuló el Programa Marco Nacional sobre Cuestiones de Género, en el que se daba prioridad a seis esferas de especial preocupación para las mujeres botsuanas. Se trataba de la pobreza, incluido el empoderamiento económico de las mujeres; la mujer en el poder y la adopción de decisiones; la formación y la educación de la mujer; la mujer y la salud; la violencia contra la mujer, incluidos los derechos humanos, y la niña como cuestión transversal.

Los tribunales de Botswana se toman en serio las cuestiones que parecen discriminar a las mujeres, como sostuvo el juez Dingake en el caso en apelación Molefi Silabo Ramantele c . Edith M. Mmusi and Others, en el que declaró que: “[L]a norma de derecho consuetudinario de Ngwaketse que dispone que solo el último hijo varón nacido está capacitado para ser heredero intestado, quedando excluidas sus hermanas, infringe lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución de Botswana por cuanto vulnera el derecho de los demandados a igual protección de la ley”.

En el caso Ramantele, el Tribunal de Apelación sostuvo que deben cumplirse determinados principios para que una norma consuetudinaria adquiera el carácter de ley y, por lo tanto, su cumplimiento sea exigible. Estos principios son que la norma consuetudinaria no debe ser incompatibles con los valores o principios de la justicia natural; no debe ser inadmisible por sí misma o en cuanto a sus efectos y no debería ser inhumana. El Tribunal de Apelación señaló que el derecho consuetudinario debe aplicarse atendiendo a los principios de la moral, la humanidad o la justicia natural con el fin de lograr la justicia y la equidad entre los litigantes.

El Tribunal basó su decisión en lo dispuesto en los artículos 2 y 10 2) de la Ley Consuetudinaria. Ambos artículos merecen ser citados en su integridad. El artículo 2, en el que se define el derecho consuetudinario, reza como sigue:

“En relación con cualquier tribu o comunidad tribal, el derecho consuetudinario de esa tribu o comunidad tribal en la medida en que no sea incompatible con las disposiciones de cualquier ley escrita o contrario a la moral, la humanidad o la justicia natural”.

El artículo 10 2) dispone lo siguiente:

“Si el sistema de derecho consuetudinario no puede determinarse conforme al apartado 1 o si el derecho consuetudinario no es determinable, el tribunal dictará una decisión conforme a los principios de la justicia, la equidad y la buena conciencia”.

El Tribunal, en el caso Ramantele, se pronunció acertadamente como sigue:

“Una norma consuetudinaria que niega a las hijas de un progenitor fallecido que contribuyeron de manera importante a aumentar una parte concreta del patrimonio del testador en beneficio del fallecido el derecho, en ausencia de testamento, a cualquier parte de esos bienes en favor de un hijo [varón] que se ha negado a contribuir de cualquier forma a la constitución y el mantenimiento de esa parte del patrimonio, sin que medie indemnización alguna, atenta contra cualquier concepto de justicia, equidad y buena conciencia. No reúne los requisitos necesarios para adquirir el carácter de ley ni debe ser aplicada o impuesta por los tribunales [...]”.

Es importante señalar asimismo que la Ley de Adopción, en su artículo 16, establece que nada de lo dispuesto en la Ley se interpretará en el sentido de que impide o afecta a la adopción, con arreglo al derecho consuetudinario, de un niño sujeto al derecho consuetudinario por una persona también sujeta al derecho consuetudinario. El Tribunal Superior, en varias decisiones, se ha erigido como guardián supremo de todos los hijos menores de edad, ajustándose a lo establecido en la Ley de la Infancia, que incorpora el concepto de interés superior del niño proclamado en la Convención sobre los Derechos del Niño. El Tribunal Superior ha de garantizar que el interés superior del niño sea de primordial importancia.

La Ley de Matrimonio se aplica a todos los matrimonios celebrados en Botswana, excepto los matrimonios contraídos conforme al derecho consuetudinario de Botswana y los matrimonios musulmanes, hindúes o de otro tipo. De acuerdo con la Ley de Patrimonio Conyugal, las personas pueden elegir expresamente el régimen de propiedad aplicable (ya sea de separación de bienes o comunidad de bienes), y, de no hacerlo, su modo de vida puede determinar si están o no sujetas al derecho consuetudinario.

Derecho consuetudinario discriminatorio: recomendación 14

Considerando que algunas leyes consuetudinarias discriminan a las mujeres, cabe señalar que el Gobierno de Botswana está realizando una importante labor para rectificar la situación. Hay medidas para combatir la discriminación existente en el derecho consuetudinario. En Botswana, por “derecho consuetudinario” se entienden las leyes de las tribus y comunidades tribales, mientras que la expresión “common law” se refiere básicamente a todas las demás leyes, como las leyes del Parlamento, las decisiones creadoras de jurisprudencia (decisiones de la Magistratura de Trabajo, el Tribunal Superior y el Tribunal de Apelaciones) y el common law romano-holandés, que permanece en vigor. El derecho consuetudinario es un derecho no escrito que evoluciona y cambia con el tiempo, y en principio es, en sí mismo, un conjunto plural de normas, ya que su contenido varía entre las tribus. Aunque el contenido del derecho consuetudinario es distinto del contenido del common law, el marco general para su aplicación y las estructuras encargadas de aplicarlo están sujetos a reglamentación legislativa, en particular por el cauce de la Ley de Derecho Consuetudinario y la Ley de Tribunales Consuetudinarios. Si bien las leyes consuetudinarias discriminatorias y parciales afectan negativamente a las mujeres de todo el país, las mujeres rurales tienden a verse particularmente desfavorecidas por su aplicación. Ello se debe a que el derecho consuetudinario se aplica especialmente en las zonas rurales, donde las costumbres locales están aún muy arraigadas. Esta situación puede tener efectos muy perjudiciales para el disfrute por parte de las mujeres rurales de sus derechos humanos, en particular en los ámbitos del derecho de familia, la herencia y la tenencia de la tierra, entre otros.

Los tribunales de Botswana desempeñan un papel importante a la hora de hacer frente a las leyes consuetudinarias discriminatorias, como se refleja en el caso Mmusi. A fin de controlar que el derecho consuetudinario no discrimine ni oprima a las mujeres, el grupo de jueces en el caso Mmusi citó también el artículo 10 2) de la Ley de Derecho Consuetudinario, que establece que: “Si el sistema de derecho consuetudinario no puede determinarse conforme al apartado 1 o si el derecho consuetudinario no es determinable, el tribunal dictará una decisión conforme a los principios de la justicia, la equidad y la buena conciencia”.

Según lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Tribunales Consuetudinarios, las decisiones del Tribunal Consuetudinario y el Tribunal Consuetudinario de Apelación pueden ser recurridas ante el Tribunal Superior. El artículo 4 de la Ley de Derecho Consuetudinario especifica que el derecho consuetudinario se aplicará en todos los casos civiles entre miembros de tribus, salvo que las partes acuerden expresamente determinar la cuestión con arreglo al common law o las circunstancias del caso indiquen su intención de hacerlo. Por su parte, la Ley de Tribunales Consuetudinarios establece que si una de las partes en el proceso civil o penal en un tribunal consuetudinario solicita el traslado del caso a un tribunal ordinario y la aplicación del common law, el Tribunal Consuetudinario de Apelación aceptará el traslado si redunda “en interés de la justicia”, según lo dispuesto en el artículo 37.

El Gobierno, junto con las organizaciones de la sociedad civil, prosigue sus esfuerzos para que los jefes tribales y otros líderes comunitarios, como custodios del derecho consuetudinario, cobren mayor conciencia de las cuestiones de género.

Visibilidad de la Convención y del Protocolo Facultativo: recomendación 16

Botswana sigue difundiendo la Convención y su Protocolo Facultativo entre las diferentes partes interesadas, desde los encargados de formular políticas y las estructuras gubernamentales hasta las organizaciones de la sociedad civil y las estructuras comunitarias. El mecanismo nacional encargado de las cuestiones de género y sus partes interesadas, entre las que se cuenta el sector de las ONG que se ocupan de las cuestiones de género, siguen proporcionando educación pública y organizando debates en grupo sobre instrumentos internacionales, que abarcan la Convención, diversas políticas y las leyes que promueven la igualdad entre los géneros en Botswana. Entre las estrategias adoptadas cabe mencionar las consultas nacionales (Dipitso), los talleres nacionales, regionales y de distrito, los seminarios y las campañas de sensibilización, que se llevan a cabo a lo largo del año y durante la conmemoración de días como el Día Internacional de la Mujer, 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género y el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.

Las oficinas satélite del mecanismo nacional encargado de las cuestiones de género distribuidas en Kanye, Maun, Francistown, Ghanzi, Tsabong, Kasane, Selibe-Phikwe y Serowe para descentralizar los servicios relacionados con el género y el empoderamiento de las mujeres a nivel de distrito y de la comunidad han brindado la oportunidad de mejorar el acceso a la información, en particular sobre la Convención. Asimismo, los programas en los medios de comunicación (radio, televisión y prensa) destinados a difundir información sobre los derechos de las mujeres y las leyes que promueven la igualdad entre los géneros siguen su curso. Estos han contribuido a facilitar la participación del público en las cuestiones de género y hacer que estas ocupen un lugar destacado en la agenda nacional. La Convención ha sido traducida al setswana, lengua que se habla principalmente en las zonas rurales. La traducción de la Convención al setswana constituye un avance encomiable que permitirá su amplia difusión.

Además, el país sigue intensificando la educación pública, en particular la educación dirigida a mujeres sobre las leyes que afectan a sus derechos, para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia y el disfrute de sus derechos humanos. Las iniciativas incluyen, entre otras cosas, conversaciones comunitarias y sesiones de diálogo centradas en la eliminación de las prácticas culturales negativas que contribuyen a las disparidades entre mujeres y hombres; la creación de conciencia sobre la violencia por razón de género y sus efectos; los conceptos de género; el género y el VIH/SIDA, y las leyes que se modificaron o promulgaron para hacer frente a los componentes que discriminaban a la mujer. El estudio de referencia sobre el género de 2013 reveló que el 61,6% de los encuestados tenían conocimiento de leyes que abordan las cuestiones relativas a la igualdad de género y la cuestión de la violencia contra la pareja. El estudio sobre los indicadores de la violencia por razón de género de 2012 indicó que el 46,2% de las mujeres y el 42,5% de los hombres señalaron que habían oído hablar de la Ley sobre la Violencia Doméstica. Aproximadamente un tercio de las mujeres y los hombres de la muestra (un 3,9% de mujeres y un 31,4% de hombres) tenía conocimiento de las órdenes de protección.

Acceso a la justicia y mecanismos jurídicos de denuncia, incluida una institución nacional de derechos humanos: recomendación 18

Aunque no se ha hecho un esfuerzo deliberado centrado en la judicatura, se están realizando actividades para intensificar la difusión de la Convención entre este grupo a través de diferentes foros. La judicatura tiene la obligación de interpretar las leyes de Botswana con arreglo a las disposiciones de la Convención. Hay pruebas de que algunos funcionarios judiciales armonizan sus sentencias con las disposiciones de los convenios, como se ha visto en el caso Ramantele c . Mmusi & Others. Entre 2011 y 2013 se ejecutó a título experimental el Programa de Asistencia Jurídica en colaboración con cuatro organizaciones de la sociedad civil. El Parlamento aprobó la Ley de Asistencia Jurídica en 2013, y se está implantando progresivamente el Programa de Asistencia Jurídica a escala nacional para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia. Se están llevando a cabo actividades de educación pública dirigidas específicamente a las mujeres sobre las leyes que promueven la igualdad entre los géneros, en particular sobre los servicios de asistencia jurídica gratuita, a través de la radio y otros modos de comunicación. Además, se ha elaborado el Reglamento de la Ley sobre la Violencia Doméstica de 2008 para facilitar la aplicación efectiva de la Ley con vistas a garantizar la protección de las víctimas supervivientes del maltrato doméstico.

La Procuración de Justicia ha establecido tribunales de manutención en las principales zonas del centro para que las mujeres puedan acceder al pago de la manutención. Se ha reforzado la aplicación de la Ley de Procedimiento de Filiación garantizando la ejecución de las órdenes de manutención por conducto de la policía.

En 2010 la Procuración de Justicia implantó un sistema de gestión de casos con el propósito de tramitar los casos pendientes. Las estadísticas indican que la tasa de resolución de casos se sitúa entre el 75% y el 80% en promedio cada año. En la actualidad se prevé introducir la gestión de casos en los tribunales inferiores, empezando por el Tribunal de Primera Instancia. Esto permitirá a los litigantes que comparecen ante el tribunal acceder a la justicia con mayor rapidez. Además de lo anterior, la Procuración de Justicia también ha establecido tribunales móviles, que tienen por objeto acercar la justicia a la población, especialmente en las zonas en que no hay tribunales.

El Gobierno colabora continuamente con los dirigentes tradicionales (Dikgosi) en las iniciativas encaminadas a lograr la justicia de género mediante la promoción de la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, con especial atención a la incorporación de la perspectiva de género en el sistema de justicia consuetudinaria.

Anteriormente, el Gobierno había juzgado necesario reforzar la Oficina del Ombudsman a fin de que pudiera actuar como una institución nacional de derechos humanos de carácter independiente. Se solicitó la asistencia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para analizar la Ley del Ombudsman, lo que dio lugar a la celebración de nuevas consultas sobre el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos.

Mecanismos nacionales: recomendación 20

Botswana ha demostrado su compromiso político respecto de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer creando marcos y mecanismos nacionales para asegurar la garantía de los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales. Con este fin, el 1 de octubre 2016 las cuestiones de género pasaron a ser relevantes en el nuevo ministerio, denominado Ministerio de Nacionalidad, Inmigración y Asuntos de Género. Se prevé que con ello se dé visibilidad y prestigio al mecanismo nacional encargado de las cuestiones de género.

En el momento de presentar este informe se asignó al mecanismo nacional encargado de las cuestiones de género el 4,8% del presupuesto total correspondiente al Ministerio de Trabajo y del Interior, al que estaba adscrito. Sin embargo, en el presupuesto nacional no queda claro el monto exacto de los fondos asignados a las cuestiones relacionadas con el género en todas las instituciones. A raíz de las sesiones informativas periódicas celebradas con Su Excelencia el Presidente sobre el desempeño del mecanismo nacional encargado de las cuestiones de género se creó una plataforma de colaboración para poner de relieve las necesidades y los retos, lo que dio lugar a un aumento del apoyo y la asignación de recursos presupuestarios adicionales.

A fin de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la Convención en toda la función pública, el Gobierno sigue incorporando la perspectiva de género en todas las actividades de desarrollo social y económico. Se ha intensificado el desarrollo de la capacidad de los coordinadores sectoriales de cuestiones de género mediante la capacitación sobre la incorporación de la perspectiva de género y la aplicación de instrumentos de análisis de género. Se ha capacitado a 34 funcionarios de distintos ministerios como coordinadores de cuestiones de género. Se están creando instrumentos de supervisión y presentación de informes para facilitar la coordinación y aplicación sistemáticas de políticas y planes de acción sectoriales encaminados a subsanar la brecha entre los géneros. Sin embargo, los niveles de autoridad de los funcionarios que actúan como coordinadores de cuestiones de género en los ministerios competentes y la falta de implicación y apoyo de los dirigentes de los ministerios socavan las posibilidades de incorporación efectiva de la perspectiva de género en la planificación al más alto nivel.

El mecanismo nacional encargado de las cuestiones de género sigue facilitando el establecimiento de comités de género a nivel sectorial y de distrito para apoyar la incorporación de la perspectiva de género y la promoción de la igualdad de género a todos los niveles, en particular a nivel local.

Medidas especiales de carácter temporal: recomendación 22

El Gobierno ejecuta programas de empoderamiento económico a través de diferentes estrategias para contribuir a la mitigación de la pobreza. El Programa de Empoderamiento Económico de la Mujer otorga subvenciones a grupos de empresas para iniciar o reforzar proyectos de generación de ingresos. En los años 2012-2013 y 2013-2014, el Gobierno comprometió y asignó el 5% del Fondo del Impuesto sobre el Alcohol como apoyo adicional para el empoderamiento económico de la mujer. Esta asignación se elevó al 10% de este Fondo en 2014-2015. El Gobierno también ha adoptado medidas de acción afirmativa para promover el desarrollo económico en las zonas rurales proporcionando fondos para la cría de ganado y pequeños proyectos, así como acceso a recursos productivos tales como la tierra. Además, el programa de desarrollo económico también se dirige específicamente a las mujeres y las niñas con discapacidad. Por otra parte, los cuidadores de personas con discapacidades múltiples (es decir, las personas con discapacidad que necesitan un cuidador las 24 horas del día) pueden obtener apoyo para el empoderamiento económico en nombre de las personas que viven con discapacidad que están bajo su cuidado, incluidos sus hijos.

Estereotipos y prácticas culturales: recomendación 24

Botswana valora y promueve los aspectos positivos de la cultura y sigue aplicando diferentes estrategias para hacer frente a las prácticas culturales nocivas y discriminatorias. En el proyecto de estrategia nacional para poner fin a la violencia de género en Botswana en 2020, elaborado en 2013, se destacan las principales intervenciones destinadas a combatir las prácticas culturales negativas que repercuten en la igualdad de género. En 2008 el Gobierno encargó la celebración de consultas nacionales sobre los valores sociales dirigidas por el Presidente de la Ntlo Ya Dikgosi (Cámara de los Dirigentes Tradicionales) para examinar con las comunidades los males sociales que aquejaban a la nación, sus causas y posibles estrategias para hacerles frente. Entre algunas de las cuestiones de género debatidas cabe mencionar la violencia doméstica, la cohabitación, la violación, los asesinatos cometidos por la pareja, el trabajo sexual con fines comerciales y el pago de la dote (bogadi).

Se mantiene una colaboración constante con los dirigentes comunitarios y religiosos así como la comunidad en general sobre diferentes cuestiones sociales, culturales y religiosas que perpetúan la desigualdad entre los géneros, mediante diálogos comunitarios y culturales, debates en programas de radio y televisión, seminarios y campañas. Asimismo, las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil desarrollan estrategias de movilización comunitaria dirigidas a los hombres y los niños para hacer frente a los estereotipos de género y promover cambios de comportamiento y actitud. El Gobierno colabora con Men Care, una organización de la sociedad civil, para impulsar una mayor participación de los hombres en la atención antes, durante y después del parto, así como en la educación del niño.

El Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil dirigen unidades móviles de divulgación en las que las mujeres y los hombres de las zonas rurales tienen acceso a servicios e información clave. Para aumentar el entendimiento y el apoyo respecto de la igualdad de mujeres y hombres, el Gobierno ha elaborado materiales de educación pública específicos sobre el concepto de igualdad de género y los ha traducido a la lengua local (setswana) para facilitar la comprensión.

Se sigue promoviendo la colaboración de los medios de comunicación para que tengan en cuenta las cuestiones de género en la cobertura de las informaciones. El Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil llevan a cabo ruedas de prensa, talleres y cursos de formación para los medios de comunicación sobre cuestiones relacionadas con el género, la violencia por razón de género y cuestiones conexas a lo largo de todo el año. La sección de Botswana del Media Institute of Southern Africa ha formulado una política y un plan de acción en materia de género para movilizar a los medios de comunicación en torno a las cuestiones de género, en particular la presentación de información no estereotipada.

Según las costumbres locales de Botswana, un hombre soltero no tiene ningún derecho sobre su hijo. La Ley de la Infancia, de 2009, ha dispuesto lo necesario para que los padres puedan tener contacto con los hijos nacidos fuera del matrimonio y obtener su custodia. En algunos casos la Ley permite la custodia compartida, y en otras circunstancias el padre podría obtener la custodia exclusiva.

Se está tratando de evaluar los progresos en relación con las intervenciones y las medidas adoptadas mediante encuestas y estudios nacionales. Sin embargo, es necesario contar con un marco de seguimiento y evaluación sistemáticos para determinar el impacto de las actividades de educación y sensibilización sobre las cuestiones de género dirigidas a eliminar las prácticas culturales negativas y los estereotipos.

Violencia contra la mujer: recomendación 26

La Ley sobre la Violencia Doméstica, de 2008, suprime la exclusión del esposo en los casos de violación. La Ley ofrece una amplia gama de recursos jurídicos en caso de abusos y conducta abusiva, con inclusión de “los abusos sexuales o las amenazas al respecto” en una “relación doméstica”. De conformidad con el artículo 2 de la Ley, una relación doméstica incluye una relación en que las personas “están o han estado casadas entre sí”. La Ley sobre la Violencia Doméstica es una clara declaración legislativa de política pública que promueve la interpretación del artículo 141 del Código Penal en el sentido de que abarca la violación conyugal, en un evidente afán de tipificar como delito la conducta abusiva, incluso dentro del matrimonio. Además, la Ley suprimió la exclusión del esposo prevista en el common law. En 2008 el Tribunal Superior abordó la cuestión de la violación conyugal, y sostuvo que: “[S]ugerir que debería permitirse si el autor es un cónyuge es [...] totalmente inaceptable y una aberración histórica” (Letsholathebe c . The State 2008, [3] BLR 1 HC (juez Kirby)). Aunque el caso no se refería a denuncias de violación dentro del matrimonio y, por tanto, el pronunciamiento del Tribunal no fue determinante en cuanto a los hechos, indica, contrariamente a la opinión pública, que la violación conyugal está prohibida.

En 2012 se documentaron las deficiencias y dificultades que obstaculizaban la aplicación efectiva de la Ley sobre la Violencia Doméstica, de 2008, y sirvieron de base para la elaboración de las normas que facilitan la aplicación efectiva de esta Ley y aumentan el acceso a medios inmediatos de compensación. Se han endurecido las medidas con el fin de prohibir la retirada de los casos de violencia doméstica denunciados a la policía, pero solo en los tribunales de primera instancia, y reforzar el enjuiciamiento de los autores. Esto se debió al elevado número de demandas judiciales por violencia doméstica retiradas por las víctimas.

Además, Botswana está aplicando con carácter experimental un sistema de remisión de casos de violencia de género en un esfuerzo por facilitar la prestación de servicios integrales a las víctimas supervivientes de este tipo de violencia. Por otra parte, el Gobierno reconoce que en la actualidad no existe una legislación específica que aborde los abusos sexuales. No obstante, el proceso en curso de incorporación de la Convención en el derecho interno tiene por objeto abordar estas cuestiones.

El Gobierno sigue colaborando con distintos asociados y partes interesadas en iniciativas encaminadas a combatir la violencia por razón de género y sensibilizar al público al respecto. Se han organizado foros consultivos nacionales para los Dikgosi o dirigentes tradicionales (2012) y los líderes de organizaciones confesionales (2011) en un empeño por movilizar esas estructuras en la respuesta a la violencia de género. El sector de la salud implica a las comunidades en la prevención y la gestión de la violencia de género a través de la estrategia de movilización comunitaria en los distritos Male Action Group. Las organizaciones de la sociedad civil movilizan la participación comunitaria en la prevención de la violencia de género mediante campañas de visitas a los domicilios. Esto contribuye a la detección temprana, la identificación y la remisión oportuna de los casos de violencia de género.

La capacitación de los proveedores de servicios de salud sobre el tratamiento clínico de la violencia de género, incluidas la preservación y recopilación de pruebas forenses y la presentación de informes al respecto, mejoró desde 2011 tras la elaboración del marco normativo del sector de la salud sobre la violencia de género y los protocolos y las normas de prestación de servicios de los proveedores sanitarios. Estos protocolos y normas de prestación de servicios prevén la prestación de asesoramiento por parte de los proveedores sanitarios y la capacitación de los trabajadores sociales de los hospitales sobre la violencia de género. El personal clínico también recibe capacitación en materia de detección para identificar a supervivientes de la violencia de género.

El Gobierno proporciona apoyo financiero y técnico a las organizaciones de la sociedad civil para que ofrezcan servicios de apoyo psicológico a las víctimas supervivientes de la violencia de género y sus familias. Se impartió capacitación a representantes de todos los trabajadores sociales de distrito sobre la incorporación de la perspectiva de género y la violencia de género utilizando el plan de estudios nacional sobre la incorporación de la perspectiva de género que se ha elaborado. La capacitación mejoró los conocimientos generales en materia de género y las aptitudes para prestar apoyo psicosocial a las víctimas supervivientes de la violencia de género y sus familias.

El Servicio de Policía de Botswana ha regularizado la inclusión de las cuestiones de género y la violencia por razón de género en sus actividades de capacitación previa al empleo y en el empleo. La policía también ha elaborado herramientas para facilitar la recopilación de datos desglosados por género en los puntos de prestación de servicios.

Aunque no existen albergues estatales para las mujeres supervivientes de la violencia de género, los dos albergues administrados por organizaciones de la sociedad civil reciben apoyo financiero y técnico del Gobierno y de asociados para el desarrollo. El Gobierno administra un albergue para niños vulnerables y también presta apoyo financiero a otros cuatro administrados por organizaciones de la sociedad civil.

Las actividades de sensibilización de la población sobre la violencia contra las mujeres y las niñas se realizan a través de diálogos comunitarios y culturales, debates en programas de radio y televisión, seminarios y campañas, así como conmemoraciones de días internacionales. La elaboración del Plan de Acción Nacional para poner fin a la violencia de género sigue su curso, y su objetivo es incluir todos los esfuerzos de las distintas partes interesadas y la capacitación de los proveedores de servicios. Este plan facilitará la supervisión de las intervenciones para evaluar los progresos y las repercusiones.

Trata de mujeres y explotación de la prostitución: recomendación 28

El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, se ratificó en agosto de 2002 para tratar de frenar el problema de la trata y la explotación. Sin embargo, hay que señalar que las leyes de inmigración no recogen disposiciones relativas a la trata, pero se han adoptado deliberadamente medidas para prevenir la trata de niños. Cualquier persona que viaje con un niño fuera del país debe tener un afidávit de los padres o el tutor del niño. Todavía no se ha llevado a cabo un estudio para evaluar la prevalencia de la trata. En cambio, se ha establecido la Ley contra la Trata de Personas, de 2014.

El Gobierno, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, sigue llevando adelante amplios programas de empoderamiento que abarcan la preparación para la vida, conocimientos técnicos, la gestión empresarial y la asistencia financiera para proyectos de generación de ingresos con vistas a mejorar las oportunidades de creación de empleo para las mujeres. Estos programas facilitan la reinserción social de los trabajadores sexuales. Entre las iniciativas en curso encaminadas a brindar alternativas al trabajo sexual con fines comerciales figuran: programas de empoderamiento de los jóvenes y las mujeres, que abarcan el desarrollo de conocimientos técnicos y empresariales, así como el apoyo financiero al emprendimiento y la creación de empresas; programas de erradicación de la pobreza; programas de micropréstamos para proporcionar capital inicial y orientación a las pequeñas empresas; la provisión de educación gratuita, el programa de regreso a la escuela para los jóvenes que han abandonado la escuela y los que se encuentran en situación de fracaso escolar y la readmisión después del embarazo; programas de asistencia a los huérfanos, y el programa nacional de pasantías.

Participación de la mujer en la vida política y pública: recomendación 30

La participación de la mujer en la política y la vida pública en general sigue siendo deficiente. Botswana no ha alcanzado la meta internacional del 50% de mujeres en los puestos de adopción de decisiones. De las 1.611 personas que ocupan altos cargos en la política y la vida pública, 429 son mujeres y 1.182 son hombres, lo que supone un 26,6% de participación de las mujeres en la vida política y pública. Si bien, por lo general, las mujeres siguen estando insuficientemente representadas en las instituciones encargadas de la adopción de decisiones, como el Parlamento, el Gabinete, las autoridades locales, la función pública y la mayoría de las juntas nacionales, se están tomando medidas a nivel nacional para promover la participación de las mujeres en la adopción de decisiones.

No se han establecido todavía medidas especiales de carácter temporal para acelerar la participación política de las mujeres. Sin embargo, reconociendo la importancia fundamental de la inclusión de mujeres y hombres en pie de igualdad en la política y la adopción de decisiones, la Política Nacional de Género y Desarrollo da prioridad a la adopción y aplicación de medidas afirmativas por sectores, según sea necesario, a fin de subsanar la brecha entre los géneros en consonancia con sus mandatos. Esta política y su Plan Nacional Operacional son de carácter quinquenal. Dada la importancia estratégica de la incorporación de la perspectiva de género en todos los aspectos del desarrollo, se sigue involucrando a las instituciones privadas y paraestatales en este proceso y se las alienta a considerar la participación de mujeres y hombres en pie de igualdad en las estructuras de gobernanza.

Las iniciativas para crear conciencia sobre la participación de la mujer en la vida pública y política se abordan en la respuesta a las recomendaciones 24 y 26.

Educación: recomendación 32

La encuesta de indicadores básicos de bienestar de Botswana de 2009-2010 indica que la tasa nacional de alfabetismo de las personas de entre 15 y 65 años de edad es del 83,2%, con un 83,8% de mujeres y un 82,3% de hombres.

En cuanto a la matriculación, como se refleja en el anterior informe nacional, las niñas siempre se matriculan en mayor número que los niños en la educación secundaria y terciaria (CEDAW/C/BOT/3, pág. 49). En la educación secundaria, en 2009 había más alumnas que alumnos matriculados. Botswana observa el mismo patrón de matriculación que quedó confirmado en el informe de Botswana sobre el Índice Africano de Género y Desarrollo de 2012. Según se desprende de un análisis de los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2011, la probabilidad de completar la educación secundaria es un 11% más alta entre los hombres que entre las mujeres. El informe de Botswana sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2010 indica que el número de mujeres que acceden a la educación terciaria es mayor (un 52% en la Universidad de Botswana, un 68% en escuelas superiores de formación de docentes y un 58% en facultades de pedagogía). En cambio, en los campos de la ciencia y la tecnología Botswana sigue registrando menores tasas de matriculación femenina (un 38% en centros de formación profesional y un 28% en la Facultad de Agricultura de Botswana).

El estado de aplicación de la política de readmisión que permite a las adolescentes volver a la escuela sigue siendo el que se expone en el último informe (CEDAW/C/BOT/3, pág. 53). Por lo demás, el Gobierno implantó el programa de regreso a la escuela a partir de 2013 para facilitar la readmisión de los niños y los jóvenes que abandonaron la escuela por diversos motivos, como el embarazo, el fracaso escolar o la fuga. Los padres colaboran en el ámbito de la educación a través de las asociaciones de padres y docentes; no obstante, es necesario fortalecer estas asociaciones en algunas escuelas. El Gobierno también asume el costo de la educación y los padres sufragan los artículos fungibles. En cuanto a los habitantes de zonas remotas, el Gobierno sufraga íntegramente su costo de la educación y les proporciona alojamiento. Asimismo se otorga una dispensa especial a los habitantes de zonas remotas para acceder a las instituciones de enseñanza superior y el empleo en determinadas esferas de servicio, como la policía, la salud y la educación.

Por lo que se refiere a la seguridad de los niños en el entorno escolar, cada escuela cuenta con una dependencia de orientación y asesoramiento con docentes capacitados en asesoramiento; no obstante, hay algunas escuelas que sufren escasez de docentes capacitados como asesores. Además, cada consejo local cuenta con un asistente social dedicado específicamente a reforzar las actividades de programación para garantizar la seguridad en las escuelas. También existe un marco nacional de preparación para la vida que se utiliza para enseñar a los niños y las niñas a desarrollar habilidades sociales. La política de educación prohíbe claramente a los docentes y otros miembros del personal de las escuelas tener relaciones sexuales con los alumnos debido a sus responsabilidades de custodia, y se aplican sanciones estrictas a quienes infrinjan esta disposición. Además, el desarrollo en curso del sistema de remisión de casos de violencia de género tiene por objeto reforzar la aplicación de la disposición del Código Penal relativa al estupro mediante la creación de redes de proveedores de servicios clave para responder eficazmente a este problema.

El Gobierno, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, sigue creando conciencia entre los jóvenes que asisten a la escuela a través de actividades escolares orientadas a desarrollar la autoestima. Estas iniciativas incluyen programas de desarrollo de la capacidad de los clubes sociales para el asesoramiento y la educación entre pares, el aprendizaje basado en la experiencia y la reflexión sobre las experiencias personales para poner fin a las experiencias negativas.

La política sobre educación inclusiva (2011) establece estrategias para lograr que las niñas, así como los niños con necesidades especiales, permanezcan en el sistema educativo. No obstante, el país tiene dificultades en materia de educación de los niños con necesidades especiales, sobre todo en lo que respecta a la intervención temprana, la evaluación y las plazas escolares. También los recursos siguen planteando dificultades para cumplir el mandato de inclusión; con todo, el Gobierno continúa enviando a algunas personas con discapacidad fuera del país para fomentar su educación.

La política nacional revisada de población (2010) prevé la prestación de servicios de salud orientados a los adolescentes para garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva, lo que a su vez puede promover la permanencia de las niñas en el sistema educativo. Las iniciativas en materia de información, educación y comunicaciones se han centrado en el empoderamiento integral de los jóvenes. Los programas de prevención del VIH/SIDA siguen haciendo hincapié en una amplia gama de opciones a disposición de los jóvenes. Entre ellas cabe mencionar la campaña de diversos medios de comunicación para la prevención del VIH dirigida a los adolescentes y los jóvenes (Wise Up) y el programa de televisión Silent Shout, que se centran en el conocimiento y la prevención de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA. Además, la telenovela Ntwakgolo, dirigida a todos los grupos de edad, se emite semanalmente para generar debates interactivos sobre el VIH/SIDA, la violencia por razón de género y otras cuestiones conexas. Los servicios de salud orientados a los adolescentes y los jóvenes se ofrecen también fuera del horario escolar normal para que los jóvenes que asisten a la escuela tengan un mayor acceso. Estas estrategias podrían reducir la incidencia de embarazos en la adolescencia no deseados y las tasas de deserción escolar de las niñas. El programa de televisión interactivo Talk Back también facilita que los docentes mantengan debates periódicos sobre cuestiones relativas a la salud reproductiva de los adolescentes.

Empleo: recomendación 34

La encuesta de indicadores básicos de bienestar de Botswana de 2009-2010 indica que la tasa nacional de desempleo de los mayores de 18 años es del 17,6%. El desempleo en Botswana sigue afectando a más mujeres que hombres. Esta encuesta también refleja que los hombres constituyen el 38% y las mujeres el 29,6% de la fuerza de trabajo con empleo remunerado. Según el Censo de Población y Vivienda de 2011, un 22,6% de mujeres están desempleadas en Botswana, frente a un 17,7% de hombres. Asimismo, las mujeres suelen representar un mayor porcentaje de los empleados en el gobierno local, mientras que los hombres trabajan principalmente en el Gobierno central, el sector privado y organizaciones paraestatales. Mediante la aplicación de medidas de acción afirmativa se concede prioridad a todas las personas con discapacidad que han completado una formación superior para colocarlas en empleos de la administración pública, y otras son contratadas por el sector privado.

El estudio del sector no estructurado de 2007 indica que las mujeres representaban el 60,7% del empleo total en el sector no estructurado, el triple de la cifra registrada en el estudio de 1999.

La Ley de Empleo (modificada) de 2010 ha fijado una remuneración mínima del 50% del sueldo para las mujeres que disfrutan de una licencia de maternidad, mientras que en el régimen anterior esta se dejaba a la discreción del empleador. Botswana sigue cumpliendo el Convenio sobre Igualdad de Remuneración (núm. 100) y el Convenio relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación (núm. 111) de la OIT, como se desprende de las modificaciones introducidas en la Ley de Empleo.

Salud: recomendación 36

Botswana realiza encuestas de salud familiar (la última de ellas, en 2009) y encuestas demográficas de salud cada cuatro años. La Oficina de Estadística de Botswana prepara todos los años resúmenes de las estadísticas de salud. Botswana efectúa auditorías trimestrales de la mortalidad materna, que se compilan en informes anuales. Según el informe de auditoría de la mortalidad materna de 2012, las cuatro causas principales de mortalidad materna en Botswana son las hemorragias (28%), los trastornos hipertensivos en el embarazo (17%), el aborto (15%) y las infecciones relacionadas con el VIH/SIDA (17%). Botswana ha adoptado la práctica de las investigaciones confidenciales sobre las muertes maternas como forma de proceso de auditoría de la mortalidad materna. En 2011 la tasa de mortalidad materna (TMM) era de 186 por 100.000 nacimientos y en 2012, de 147,9 por 100.000 nacimientos.

En lo que se refiere a la gestión de la salud materna y los abortos en condiciones de riesgo, Botswana ha mejorado el acceso a los servicios de planificación familiar, la combinación de métodos de planificación familiar y el acceso a anticonceptivos de emergencia, y la interrupción médica del embarazo o el aborto legal se autorizó en virtud de la Ley del Aborto de 1991. A este respecto, el país sigue intensificando el desarrollo de la capacidad del personal médico y de enfermería mediante la capacitación sobre atención integral obstétrica y neonatal de emergencia con el fin de mejorar la calidad en la prestación de asistencia integral en casos de aborto para reducir la morbilidad y mortalidad maternas.

Botswana ha impulsado el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes mediante la creación de estrategias de comunicación adaptadas a los jóvenes, en particular “Wise Up” —una plataforma de medios sociales— y “Youth Counselling on Air” (YOCA) —un servicio de asesoramiento telefónico dirigido a los jóvenes—. Entre otras iniciativas cabe mencionar la movilización comunitaria, las iniciativas en materia de información, educación y comunicaciones, el desarrollo de la capacidad, los servicios orientados a los jóvenes, así como el suministro de anticonceptivos y la prevención y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual para los jóvenes que reúnen las condiciones.

VIH/SIDA: recomendación 38

La política nacional revisada sobre el VIH/SIDA, de 2012, tiene en cuenta la dinámica de género del VIH/SIDA. El país también ha elaborado su Segundo Marco Estratégico Nacional de Lucha contra el VIH/SIDA (2010-2016), que incluye la sensibilidad a las cuestiones de género como uno de los principios rectores de la respuesta nacional al VIH/SIDA. El Consejo Nacional sobre el SIDA ha establecido los Sectores de Mujeres y Hombres para promover la participación de las mujeres y los hombres en la prevención de nuevas infecciones por el VIH. En 2012 y 2013, ambos sectores formularon estrategias nacionales de lucha contra el VIH/SIDA destinadas a hacer frente a las vulnerabilidades específicas de las mujeres y los hombres al VIH/SIDA y la violencia por razón de género. Entre los principales objetivos figuran involucrar a los hombres como asociados en la promoción de la igualdad entre los géneros y la eliminación de la violencia de género, involucrar a hombres destacados como defensores y crear plataformas exclusivas para examinar cuestiones relacionadas con las mujeres y los hombres.

Los datos disponibles (estudios sobre la repercusión del SIDA en Botswana I, II, III y IV) muestran que un mayor número de mujeres y niñas están infectadas por el VIH y soportan la pesada carga que supone la atención y el apoyo a las personas que viven con el VIH. En respuesta a ello, el Gobierno de Botswana ha puesto en marcha programas clave para hacer frente a la vulnerabilidad de las mujeres y mitigar el impacto del VIH. Entre ellos cabe mencionar la administración de la terapia antirretroviral altamente activa a las mujeres embarazadas seropositivas, el tratamiento clínico de la violencia por razón de género, servicios integrados de salud sexual y reproductiva y relacionados con el VIH, el diagnóstico inicial del cáncer cervicouterino y su tratamiento para las mujeres que viven con el VIH, la promoción de los preservativos femeninos y la vacuna contra el virus del papiloma humano para las adolescentes. El Segundo Marco Estratégico Nacional de Lucha contra el VIH/SIDA de Botswana, que abarca el período 2010-2016, ha incluido la sensibilidad a las cuestiones de género y ha dado prioridad a la cuestión de la violencia por razón de género como uno de los principales impulsores de la epidemia del VIH.

A fin de incorporar la perspectiva de género de manera efectiva, el Plan Nacional Operacional del Segundo Marco Estratégico Nacional de Lucha contra el VIH/SIDA ha puesto de relieve las actividades previas necesarias. Entre ellas figuran la aceleración de la sensibilización sobre las cuestiones de género y la educación a todos los niveles, que incluye intervenciones que mejorarán la comprensión y el reconocimiento del concepto de género; la realización de actividades de capacitación sobre el análisis, la planificación y la programación basados en el género, el análisis de datos basados en el género y la presupuestación con perspectiva de género; el establecimiento de un Grupo de Planificación Técnica en materia de Género; la revisión del sistema y los instrumentos de seguimiento y evaluación para abordar las cuestiones de género y derechos humanos, y la promoción de un aumento de la financiación destinada a los programas de género, especialmente en el contexto del Marco Nacional Estratégico de Lucha contra el VIH/SIDA y su Plan Nacional Operacional.

El Gobierno proporciona redes de seguridad, que incluyen cestas de alimentos y la facilitación de servicios de acogimiento familiar, para reducir la vulnerabilidad de los niños de familias encabezadas por menores a la violencia de género y el VIH/SIDA.

Empoderamiento económico de la mujer: recomendación 40

Los principios equidad e igualdad entre los géneros están consagrados en la Constitución de Botswana y en el programa Visión 2016. En el proceso de examen del Décimo Plan Nacional de Desarrollo se ha adoptado la perspectiva de género como cuestión intersectorial. Además, la Política Nacional de Género y Desarrollo, aprobada en agosto de 2015, ha adoptado la incorporación de la perspectiva de género como estrategia fundamental para garantizar que todos los sectores del desarrollo hagan frente a la desigualdad e inequidad de género. Esta política también ha dado prioridad a los programas orientados a lograr el desarrollo económico, la prosperidad y la erradicación de la pobreza extrema para alcanzar el desarrollo sostenible. Con este fin, el Gobierno se comprometió a asignar recursos sustanciales en el período 2013-2014 para el Programa de Empoderamiento Económico de la Mujer, en apoyo de proyectos de generación de ingresos, cuyo monto supera en más de ocho veces la asignación para el período 2010-2011. También se están celebrando consultas para formular una política integral sobre el género en la agricultura y el desarrollo rural, que habría de ultimarse y aprobarse a mediados de 2017. La política tiene por objeto combatir específicamente los problemas y desafíos que enfrentan las mujeres rurales en Botswana. Además, el Gobierno ha establecido un programa emblemático para erradicar la pobreza extrema entre los botsuanos, especialmente dirigido a las comunidades rurales y de zonas remotas, del cual las mujeres beneficiarias constituyen alrededor del 80%, incluyendo mujeres con discapacidad. La financiación del programa de erradicación de la pobreza se sitúa en torno a los 23 millones de dólares de los Estados Unidos. Más adelante, en el apartado relativo al artículo 14, se ofrece información actualizada sobre la situación de las mujeres rurales en el país.

Para obtener información en materia de capacitación y desarrollo de la capacidad, véase la respuesta a la recomendación 28.

Con respecto a la propiedad de la tierra, como se señala en el informe anterior, las mujeres y los hombres tienen igualdad de derechos para poseer tierras. El Ministerio de Tierras y Vivienda ha armonizado sus arreglos y prácticas de administración con la ley para permitir que las mujeres casadas tengan las mismas oportunidades que los hombres de poseer tierras. Es necesario seguir impartiendo educación pública para promover los conocimientos sobre el derecho a la propiedad de la tierra y reforzar la capacidad de impugnar las malas prácticas en la asignación de tierras. La adopción deliberada de medidas y la implicación progresiva de los Dikgosi para hacer sistemáticamente frente a la discriminación por razón de género mediante el sistema de justicia consuetudinaria han propiciado la reducción del desfase entre la aplicación del derecho consuetudinario y el common law. Esto ha dado lugar a un aumento de la adjudicación de la herencia a las mujeres, que tradicionalmente habrían recibido los hombres. Según los datos obtenidos de la Botswana Housing Corporation (BHC), entre 2005 y 2012 la mayoría de las casas de zonas urbanas, principalmente en las ciudades de Gaborone y Francistown, fueron adquiridas por hombres (51,73%), seguidos de las mujeres (48,7%).

Además, como se refleja en la jurisprudencia de Botswana, se está avanzando en el cumplimiento de la obligación impuesta por el common law de garantizar que las leyes sigan adaptándose a los cambios en la sociedad. Así quedó de manifiesto en el caso Ramantele c . Mmusi & Others. Además, la Ley de Administración del Patrimonio también tiene en cuenta el estilo de vida del finado al abordar la cuestión de la transmisión del patrimonio. En virtud de dicha Ley, cuando un miembro de una tribu fallece intestado, la ley considera si ese miembro de la tribu vivía exclusivamente según la cultura o la vida moderna. En caso de que se determine que dicho miembro de la tribu tenía un estilo de vida moderno, los herederos, incluidas las mujeres, heredan con arreglo a la administración del patrimonio según lo previsto en el common law.

Diferentes sectores recopilan la información sobre el desarrollo rural, y el Consejo de Desarrollo Rural se ocupa de gestionarla. No obstante, es necesario promover la consolidación de esta información procedente de diferentes sectores.

Los datos relativos a la propiedad del ganado, desglosados por subsector, muestran que la propiedad del ganado bovino es muy desigual y sesgada hacia los hombres. Sin embargo, aunque la propiedad de animales pequeños, específicamente cabras, sigue estando principalmente en manos de los hombres, se observa una brecha entre los géneros ligeramente inferior. Este mismo patrón de la propiedad del ganado relacionado con el género se refleja también en la propiedad de ovejas. La falta de ingresos disponibles y conocimientos sobre la cría de animales, sumada a la desheredación de las mujeres, reducen el acceso de las mujeres a los recursos ganaderos. Los programas de subsidios agrícolas del Gobierno, como el Programa de Gestión de la Ganadería y Desarrollo de la Infraestructura, disponen de una ventanilla orientada específicamente a promover un mayor acceso de las mujeres a los recursos productivos, como los animales pequeños y los pozos de sondeo.

Relaciones familiares e igualdad ante la ley: recomendación 42

De conformidad con el artículo 45 de la Ley Interpretativa (modificada), de 2013, la mayoría de edad legal en Botswana es de 18 años, con independencia del género. Ello otorga efectivamente a toda persona mayor de edad legitimación procesal para actuar en su propio nombre sin consentimiento parental, a excepción de las personas que han sido declaradas mentalmente incapacitadas. En virtud de la Ley sobre la Abolición de la Potestad Marital, de 2004, las mujeres tienen derecho a actuar a título independiente en lo que concierne a su propia vida personal y participar en la adopción de decisiones en el caso de bienes comunes administrados por sus cónyuges antes de 2004. Esto también capacita a las mujeres casadas para hacerse cargo de su propia representación jurídica.

La Ley de Patrimonio Conyugal, de 2014, dispone que las personas casadas en virtud del derecho consuetudinario podrán optar por que su patrimonio se administre con arreglo al derecho civil. Esta nueva dispensa permitirá a las personas que contraigan matrimonio en virtud del derecho consuetudinario optar por el régimen de comunidad de bienes o el de separación de bienes. Es más, la nueva ley permitirá a las personas cuyos bienes comunes se administran con arreglo al derecho civil acudir al Tribunal Superior para modificar su régimen matrimonial en caso de que su régimen de propiedad inicial deje de resultarles favorable. Estas novedades en la legislación de Botswana garantizarán la igualdad de derechos de las personas casadas, independientemente de que esos matrimonios se contrajeran con arreglo al derecho civil o al derecho consuetudinario. Además, se está elaborando el proyecto de ley de matrimonio.

En noviembre de 2011 el Comité de Intervención Nacional en materia de Población celebró una conferencia nacional sobre las pautas y tendencias en el matrimonio en Botswana. Uno de los objetivos de la conferencia, a la que asistieron principalmente los comisionados de distrito y las personas encargadas de celebrar matrimonios (religiosos, no religiosos y tradicionales), era examinar los efectos que había tenido en los matrimonios la Ley sobre la Abolición de la Potestad Marital, reforzar su aplicación y formular una estrategia para la educación pública. Normalmente, los comisionados de distrito y las personas encargadas de celebrar matrimonios son la primera instancia a la que se dirigirá una pareja casada en caso de conflicto, por lo que debían entender la utilidad de la Ley y la necesidad de aplicarla, de manera que pudieran darle amplia difusión. Se están realizando actividades de concienciación pública para sensibilizar a la población y a todos los sectores de la sociedad sobre las leyes que promueven la igualdad entre los géneros.

Reunión y análisis de datos: recomendación 44

La reunión y el análisis de datos continúan siendo un reto. Pese a ello, se siguen adoptando medidas graduales encaminadas a reforzar la planificación con base empírica y la ejecución de programas para aumentar el impacto. La Política Nacional de Género y Desarrollo cuenta con un componente específico de seguimiento y evaluación. El estudio de género de 2013 establece datos de referencia sobre los distintos componentes de género y desarrollo, que indican necesariamente la posición relativa de las mujeres. El Gobierno también llevó a cabo un estudio nacional sobre la violencia por razón de género (estudio sobre los indicadores de la violencia por razón de género de 2012) para determinar la prevalencia de la violencia contra las mujeres. El Marco Estratégico Nacional de Lucha contra el VIH/SIDA (2010-2016) y la Estrategia Sectorial de la Mujer en materia de VIH/SIDA (2012-2016) cuentan con un marco de seguimiento y evaluación.

Además, Botswana sigue realizando encuestas y estudios periódicos como, por ejemplo: las estadísticas anuales de educación, salud y trabajo; las encuestas de vigilancia centinela bienales para vigilar la prevalencia del VIH entre las mujeres embarazadas; los estudios sobre la repercusión del VIH/SIDA en Botswana (2001, 2004, 2008 y 2013) llevados a cabo cada cuatro años para vigilar la prevalencia y los efectos en la población en general; el estudio del sector no estructurado; la encuesta de alfabetización para la educación de Botswana (encuesta Visión 2016); la encuesta sobre estadísticas agrícolas; la encuesta de indicadores básicos de bienestar de Botswana y la encuesta sobre la fuerza de trabajo. Estos estudios y encuestas han generado información y datos útiles sobre los conocimientos, las actitudes, los comportamientos y las prácticas, y sirven de base a la programación en materia de género y las intervenciones fundamentales dirigidas a hacer frente a la desigualdad de género.

C.Examen de los progresos en la aplicación de las disposiciones de la Convención

Parte I

Artículo 1: Discriminación

El Gobierno de Botswana reconoce su obligación de aplicar de forma sistemática y continuada todas las disposiciones de la Convención. En cuanto a la interpretación de las leyes de Botswana con arreglo a las disposiciones de la Convención, el Gobierno reafirma la obligación del poder judicial de interpretar las leyes con arreglo a estas disposiciones en caso de falta de claridad en su formulación, incluidas las disposiciones de la Constitución. El artículo 24 de la Ley Interpretativa establece específicamente lo siguiente: “[P]ara interpretar una ley un tribunal podrá tener en cuenta [...] todo tratado, acuerdo o convenio internacional pertinente [...]”.

El Gobierno reafirma además que el proceso de plena incorporación de la Convención en la legislación nacional es una de sus principales prioridades. El proceso está en marcha y tiene en cuenta las preocupaciones y recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

El artículo 15 de la Constitución prohíbe expresamente la promulgación de leyes discriminatorias. En el caso Dow se determinó que la prohibición de la discriminación se basaba simplemente en el trato distinto dispensado a diferentes personas, atribuible única o principalmente a las características de sus grupos respectivos, sin ningún fundamento racional.

En el caso Mmusi c . Ramantele (caso núm. CACGB–104–12) se exhortó al magistrado presidente a que empleara técnicas de interpretación que permitiesen la coexistencia del artículo 3 a) (que garantiza los derechos de los demandantes a la igualdad y la protección de la ley) dentro de un único sistema constitucional unitario con el artículo 15 4) c), que permite la discriminación en cuestiones relativas a la herencia y el derecho de las personas. El magistrado destacó que los tribunales de justicia, en su calidad de conciencia y voz de la sociedad contemporánea, deben hacer lo que les corresponde para garantizar que se logre el ideal de la paridad entre los géneros. A este respecto, el juez competente, Sr. Dingake, observó lo siguiente: “Creo que ha llegado el momento de que los jueces de este tribunal actúen como comadronas de la justicia para prestar asistencia en el nacimiento de un nuevo mundo que busca emerger, un mundo de igualdad entre hombres y mujeres, según lo previsto por los redactores de la Constitución”.

Lo que es más importante, el juez concluyó su sentencia exhortando al Gobierno de Botswana a que derogase todas las leyes discriminatorias que pudieran por sí mismas o en cuanto a sus efectos socavar los derechos de la mujer. A este respecto, el Tribunal se pronunció de forma categórica:

“Para concluir, deseo señalar que hay una urgente necesidad de que el Parlamento derogue todas las leyes que sean incompatibles con el artículo 3 a) para que el derecho a la igualdad deje de ser una ilusión o un espejismo, pero en caso de que el Parlamento tarde en hacer realidad la promesa de la Constitución, este Tribunal, que es la fuente de la justicia y el guardián de la Constitución, no dudaría en cumplir con su deber constitucional cuando así se le solicitase”.

Como pone de manifiesto el caso Mmusi, uno de los ámbitos en que los derechos de las mujeres suelen ser pisoteados es el del derecho de sucesiones. La sucesión es un aspecto importante relacionado con la cuestión de la distribución de los recursos en la sociedad. También explica en parte las diferencias en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, debido a la exclusión de las mujeres de la herencia de los bienes, que, en su mayor parte, definen la condición social de una persona en una comunidad de África. Pese a que las leyes garantizan la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la discriminación contra la mujer sigue siendo endémica en las aldeas, el campo, los puestos de ganado y otros rincones oscuros de los países africanos. El caso Mmusi no ha abolido la opresión de las mujeres en Botswana, pero, sin duda, se trata de un paso fundamental en esa dirección.

Dado que el artículo 3 de la Constitución garantiza los derechos fundamentales y el artículo 15 trata de limitarlos sin razones de principio (al menos en el contexto del caso Mmusi), se señala que aquel debe prevalecer sobre este último artículo.

La Ley de Derecho Consuetudinario también trata de conciliar los posibles conflictos entre el derecho consuetudinario y el common law. Lo hace mediante su definición de derecho consuetudinario, en la que se especifica que el derecho consuetudinario que habrán de aplicar los tribunales consuetudinarios incluye únicamente las normas jurídicas que se aplican en cualquier tribu o comunidad tribal que “no sean incompatibles con lo dispuesto en cualquier ley promulgada ni contrarias a la moral, la humanidad o la justicia natural”. Por lo tanto, cuando una costumbre o una norma tribal no se ajusta a las disposiciones escritas del common law, por ejemplo, la legislación, no forma parte del derecho consuetudinario y no es aplicable por los tribunales consuetudinarios.

El Tribunal de Apelación ha reiterado este principio y, al mismo tiempo, ha sostenido que el derecho consuetudinario también está sujeto a la Constitución y debe aplicarse e interpretarse con arreglo a esta: “La costumbre y la tradición nunca han sido estáticas. Aun así, siempre han cedido ante la legislación expresa. La costumbre y la tradición deben a fortiori [...] ceder el paso a la Constitución” (según el juez de apelación Amissah en el caso Attorney General c . Dow).

El problema fundamental radica en que un número considerable de mujeres botsuanas están sujetas al derecho consuetudinario aun cuando el derecho constitucional prevalece sobre este. La falta de conocimientos e información por parte de las propias mujeres sobre las leyes matrimoniales y sus consecuencias han perpetuado prácticas discriminatorias en materia de matrimonios celebrados en virtud del derecho consuetudinario. El hecho de que las mujeres carezcan de información y recursos que les permitan acceder a los tribunales civiles y ejercer su derecho a trasladarles casos plantea un gran problema. El Gobierno sigue mitigando estos problemas mediante las estrategias señaladas en la respuesta a las recomendaciones 18 y 24. Además, en 2007 las Fuerzas de Defensa de Botswana empezaron a reclutar mujeres en el ejército como cadetes en un empeño por eliminar la discriminación y contribuir a la igualdad de acceso a las oportunidades de empleo.

Artículo 2: Medidas de política

Botswana está en una etapa avanzada del proceso de incorporación de la Convención en el derecho interno. Los procesos de consulta que tienen por objeto concebir y evaluar el grado de preparación para plasmar la Convención en la legislación han brindado una base suficiente y la oportunidad de celebrar consultas amplias y abiertas con el público y difundir información sobre las prácticas nocivas y los derechos de la mujer. Además de la incorporación de la Convención al derecho interno, se han adoptado medidas fundamentales en materia de políticas, entre las que cabe mencionar las siguientes: la Estrategia de Género, que actualmente sirve de base a la programación nacional de género; la Política Nacional de Género y Desarrollo y el Plan Nacional Operacional; las continuas reformas legislativas (el proyecto de modificación de la Ley de Matrimonio y la Ley de Patrimonio Conyugal, la elaboración del Reglamento de la Ley sobre la Violencia Doméstica, de 2013, o la Ley Interpretativa (modificada), de 2013); la consolidación de los arreglos administrativos para la aplicación de la Política de Tierras a fin de promover la igualdad en el acceso a la tierra; la Política de Acción Afirmativa para las Comunidades de Zonas Remotas de 2012; el Marco de Erradicación de la Pobreza de 2011; la Estrategia contra el Abuso Sexual de los Niños de 2010; el proyecto de respuesta nacional a la violencia por razón de género y el marco del Plan de Acción Nacional de Botswana para poner fin a la violencia de género. También está en marcha un proceso para la formulación de una política integral sobre el género en la agricultura y el desarrollo rural.

En concordancia con el hecho de haber dejado de centrar casi exclusivamente la atención en las mujeres para adoptar un marco y una estrategia nacionales sobre el género y el desarrollo de carácter general, el mecanismo nacional encargado de las cuestiones de género, anteriormente denominado Departamento de Asuntos de la Mujer, ha pasado a llamarse Departamento de Asuntos de Género. Esto ha propiciado la formulación de programas inclusivos, que han dado lugar a un mayor número de clientes varones.

Artículo 3: Garantía de los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales

Uno de los objetivos del Décimo Plan Nacional de Desarrollo hace hincapié en “promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres”. Reconociendo la limitada capacidad de los Dikgosi en materia de administración de justicia, uno de los resultados del componente de gobernanza y derechos humanos incluido en el Plan Operacional del Programa del Gobierno de Botswana y las Naciones Unidas es el examen del derecho consuetudinario a efectos de determinar los sesgos de género, así como del marco jurídico y la incorporación de la perspectiva de género en las políticas para cumplir los compromisos internacionales.

Prosiguen los esfuerzos por incorporar la perspectiva de género en el sistema de justicia consuetudinaria y promover en mayor medida el acceso de las mujeres a la justicia. Tras la celebración en 2012 del foro de consulta nacional sobre el género con los Bogosi (jefes tribales), los Dikgosi involucraron a otros líderes comunitarios a nivel local en un intento de reforzar la coherencia de la interpretación, las sentencias y la imposición de las penas. También se ha implicado a otras partes interesadas locales con miras a facilitar alianzas estratégicas para responder a las necesidades de la comunidad.

Se presta un apoyo limitado a las organizaciones de la sociedad civil que colaboran con el Gobierno para facilitar el acceso a la justicia mediante asistencia para solicitar órdenes judiciales.

Artículo 4: Medidas especiales

Véase la respuesta a la recomendación 22 (medidas especiales de carácter temporal). Además de la ejecución del Programa de Empoderamiento Económico de la Mujer por el Gobierno, es necesario seguir proporcionando apoyo para lograr la sostenibilidad de los proyectos de mujeres que cuentan con financiación. Esto implica considerar la posibilidad de establecer mecanismos destinados a apoyar los proyectos que hayan sido seleccionados para el programa de incubación a fin de que puedan acceder a un crédito ulterior, a saber, un fondo rotatorio. También es necesario incorporar la perspectiva de género en la administración de los diferentes programas de empoderamiento económico dirigidos a los jóvenes para garantizar la igualdad de acceso a las oportunidades.

Artículo 5: Estereotipos sobre las funciones de hombres y mujeres y prácticas culturales

El estudio sobre los indicadores de la violencia por razón de género de 2012 y el estudio de género de 2013 ofrecen información de referencia acerca de los estereotipos, las actitudes personales con respecto a las relaciones de género, la igualdad de género, la violencia por razón de género y la violencia contra la pareja. El estudio sobre los indicadores de la violencia por razón de género indicaba que el 83% de las encuestadas y el 82% de los encuestados están de acuerdo en que los hombres y las mujeres deben ser tratados en pie de igualdad. Si bien un porcentaje más alto de mujeres y hombres que participaron en este estudio convienen en el concepto de igualdad de género, también se contradecían (sobre todo los hombres) en sus opiniones sobre cuestiones que supuestamente reflejan esa igualdad. Por ejemplo, se mostraban de acuerdo en que las mujeres deben obedecer a su marido; que una mujer necesita el consentimiento de su marido para obtener un trabajo remunerado, y que el hombre debería tener la última palabra en todos los asuntos relacionados con la familia. Estas observaciones ponen de manifiesto que, aunque la igualdad de género en el ámbito público está ampliamente aceptada y el concepto está interiorizado, no sucede así en la esfera privada, en la que esto no se refleja en la vida de hombres y mujeres. Sin embargo, las mujeres están empezando a comprender y hacer valer sus derechos, y es fundamental que los hombres y los niños participen en mayor medida en los esfuerzos por lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres.

Si bien se siguen desempeñando ciertas tareas en función del género, se han hecho avances en la eliminación de los estereotipos de género y las prácticas culturales negativas. Las disposiciones de la Ley sobre la Violencia Doméstica y su Reglamento, la Ley de la Infancia y la Ley sobre la Abolición de la Potestad Marital hacen frente a algunos de estos estereotipos de género y prácticas culturales.

La Ley de la Infancia, de 2009, impugna la idea de que los niños, por su condición de menores de edad, no tienen voz en las decisiones que afectan a su bienestar. La Ley insiste en que se permita a los niños participar en los asuntos que afectan a su bienestar y en que se autorice a aquellos nacidos fuera del matrimonio a tener contacto con su padre. Por consiguiente, los padres, incluidos los hombres solteros, pueden tener contacto con sus hijos, obtener su custodia y hacer constar su nombre en el certificado de nacimiento del niño.

El Gobierno, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y con el apoyo de asociados para el desarrollo, sigue aplicando iniciativas dirigidas a hacer frente a los estereotipos y las prácticas culturales negativas que refuerzan la discriminación contra las mujeres en contextos religiosos y comunitarios. Entre esas iniciativas cabe señalar la Campaña TAMAR, destinada a combatir la violencia contra las mujeres en contextos religiosos; las denominadas “I Stories” (Historias de mí misma) escritas por supervivientes de la violencia de género; un programa de paternidad para alentar a los hombres y los niños a colaborar con las mujeres en la crianza y la educación de los niños, así como los diálogos culturales con diferentes grupos de la comunidad de todo el país.

Para obtener información sobre otras estrategias dirigidas a combatir los estereotipos, véanse las respuestas a las recomendaciones 24 y 26.

Artículo 6: Prostitución

Se ha aprobado la Ley contra la Trata de Personas. Asimismo, se están celebrando consultas y realizando actividades de sensibilización y desarrollo de la capacidad de las partes interesadas sobre la trata de personas.

La Ley de la Infancia aborda explícitamente la cuestión de la trata de niños. En el artículo relativo al secuestro y la trata de niños se establece lo siguiente: “Toda persona, incluido uno de sus progenitores, otro pariente o tutor de un niño, que secuestre o venda a un niño, se dedique a la trata de niños o utilice a un niño para mendigar será culpable de un delito y podrá ser condenada al pago de una multa no inferior a 30.000 pula ni superior a 50.000 pula o a una pena de prisión por un período no inferior a 5 años ni superior a 15 años”. El Gobierno, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ha comenzado a trabajar en la formulación de un marco de aplicación de la Ley de la Infancia, que tipifica como delito la trata de niños. Se prevé que el marco servirá de guía a las partes interesadas y diversos ministerios a efectos de determinar su participación en la aplicación de la ley y asignar recursos para la ejecución de las actividades previstas en su mandato directo.

Se ha establecido el Plan de Acción Nacional para Huérfanos y Niños Vulnerables con miras a facilitar y promover intervenciones y programas específicos para el bienestar y la protección de los niños vulnerables.

En 2012 el Ministerio de Salud realizó un estudio de localización, estimación del tamaño y vigilancia biológica y del comportamiento sobre el VIH y las infecciones de transmisión sexual entre determinadas subpoblaciones de alto riesgo en Botswana. El estudio indicaba que las subpoblaciones de alto riesgo eran las trabajadoras sexuales, los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y las personas que se inyectan drogas. Concluía que, en la mayoría de los casos, el motivo que llevaba a dedicarse al trabajo sexual era la necesidad de obtener ganancias económicas. Uno de los objetivos del estudio era estimar la incidencia y prevalencia de la infección por el VIH entre las trabajadoras sexuales, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y las personas que se inyectan drogas en Botswana. El estudio presentaba a las trabajadoras sexuales como la subpoblación más afectada por el VIH en Botswana. El tamaño de la población de trabajadoras sexuales se estimaba en 4.000 personas en los tres distritos estudiados (Gaborone, Kasane y Francistown). Asimismo, se señalaban altas tasas de prevalencia (62,1%) e incidencia (12,5%) del VIH en este grupo en los distritos objeto del estudio. La tasa de prevalencia del VIH entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres es del 13,1%. También se han documentado las experiencias de los trabajadores sexuales en un esfuerzo por contribuir a la creación de espacios más seguros en la respuesta al VIH y el SIDA en Botswana. Además, es necesario reforzar los mecanismos de vigilancia para la detección temprana y el apoyo a las niñas que abandonan la escuela antes de que puedan aventurarse en actividades como la prostitución.

Véase asimismo la respuesta a la recomendación 28.

Parte II

Artículo 7: Vida política y pública

El informe de Botswana sobre el Índice Africano de Género y Desarrollo de 2012 indica que el país, con una puntuación global de 0,99 en el bloque de poder social del índice de la condición de la mujer, ha conseguido cierto grado de paridad entre los géneros.

Representación de las mujeres en el Parlamento y el Gabinete de Botswana

La participación de las mujeres en la vida política sigue experimentando un crecimiento lento y estancado, y en otros casos, una disminución. Como muestra el cuadro que figura a continuación, las mujeres están insuficientemente representadas en el Parlamento y el Gabinete. Los consejos locales, muy similares al Parlamento, también están dominados por los hombres.

Cuadro 1 Representación de las mujeres en el Parlamento y el Gabinete de Botswana

2004

2009

2014

Hombres

Mujeres

Mujeres (%)

Hombres

Mujeres

Mujeres (%)

Hombres

Mujeres

Mujeres (%)

Parlamento

55

7

11

57

4

6,6

56

5

8,2

Gabinete

15

5

25

19

4

17,4

20

4

17

Fuente: Asamblea Nacional de Botswana, 2014.

Representación de las mujeres en el gobierno local

Los consejos locales, muy similares al Parlamento, siguen estando dominados por los hombres, como se indica en el cuadro que figura a continuación.

Cuadro 2 Representación en el gobierno local

Mujeres

Hombres

Mujeres (%)

Consejos locales

116

473

24,5

Fuente: BIDPA, 2014.

Representación de las mujeres en la dirección de ONG y sindicatos y participación de las mujeres en los comités centrales de los partidos políticos

Cuadro 3 Las mujeres en la dirección de ONG y sindicatos y en los comités centrales de los partidos políticos, 2013

Sector

Mujeres (%)

Comités centrales de partidos

31

Directoras de ONG

45

Jefas de sindicatos

20

Fuente: Sectores, 2014.

El poder ejecutivo o los comités centrales de los partidos políticos también están dominados por los hombres, y la mayoría de ellos solo cuentan con una representante femenina en este nivel de su estructura. En los sindicatos se observa una tendencia similar de predominio masculino, pues las mujeres representan solo el 20%. Las mujeres en la dirección de ONG constituyen el 45%. Sin embargo, esto no es sorprendente dado el carácter voluntario de esas organizaciones y sus mandatos de desarrollo social. En los órganos rectores de las organizaciones paraestatales también se observa una enorme brecha entre los géneros, y un examen más detenido de la composición de estos órganos puso de manifiesto que algunas instituciones no contaban con ninguna mujer en sus estructuras de gobernanza.

Las mujeres en la Procuración de Justicia

Los tribunales superiores están dominados por los hombres. En cambio, a nivel de magistrados el número de mujeres es ligeramente superior. Los cargos de Presidente y Presidente Adjunto de los tribunales consuetudinarios están ocupados en su mayoría por hombres y muestran una tendencia similar a la de los dirigentes tradicionales en la Ntlo Ya Dikgosi, que históricamente ha sido un feudo masculino. Los cuadros que figuran a continuación muestran el número de miembros del poder judicial, desglosado por sexo y cargo, en la Procuración de Justicia.

Cuadro 4 Participación de las mujeres en el Tribunal de Apelación y el Tribunal Superior, 2015

Cargo

Mujeres (%)

Hombres (%)

Presidente de la Corte Suprema

0

100

Presidente

0

100

Jueces

24

76

Fuente: Procuración de Justicia, 2014.

Cuadro 5 Participación de las mujeres en los tribunales de primera instancia, 2012

Cargo

Hombres (%)

Mujeres (%)

Magistrados

44

56

Fuente: SADC Gender Monitor, 2013.

Cuadro 6 Las mujeres en los puestos de liderazgo tradicional

Mujeres

Hombres

Mujeres (%)

Presidentes de tribunales

1

18

10,0

Presidentes adjuntos de tribunales

1

22

4,3

Ntlo ya Dikgosi (Cámara de los Dirigentes Tradicionales)

4

31

12,9

Fuente: Informe de Botswana sobre el Índice Africano de Género y Desarrollo de 2012.

Las mujeres en la función pública

El nivel de participación de las mujeres en los puestos de adopción de decisiones en el sector público y en el sector de las ONG sigue siendo superior al de otros sectores. En 2013 las mujeres en el sector público representaban el 42% del total de personas que ocupaban cargos de Director Adjunto a nivel de Secretario Permanente, lo que situaba a Botswana en el segundo puesto de África Meridional, con un récord del 35% de Secretarias Permanentes y el 45% de Directoras.

Artículo 8: Representación

Representación de las mujeres en las misiones diplomáticas

Botswana ha conseguido superar la proporción de un tercio de representación femenina entre sus Jefes de Misión en todo el mundo.

Cuadro 7 Jefes de Misión, por sexo

Hombres

Mujeres

Total

Jefes de Misión

13

8

21

Porcentaje (%)

62

38

100

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, 2013.

Artículo 9: Nacionalidad

La Ley de la Infancia, de 2009, ha neutralizado en cierta medida la filiación tribal en el sentido de que ya no se considera que un hijo nacido fuera del matrimonio pertenece a la tribu de la madre desde su nacimiento. El factor determinante de la tutela cuando un niño nace fuera del matrimonio es el interés superior del niño, que constituye siempre una consideración primordial.

La condición jurídica sigue siendo la que se refleja el informe anterior.

Parte III

Artículo 10: Educación

El Ministerio de Educación sigue teniendo en cuenta los desequilibrios de género en la educación, y actualmente está aplicando una política de igualdad de oportunidades para facilitar la promoción de la igualdad de oportunidades de aprendizaje y eliminar la posible discriminación existente entre los alumnos por motivos de raza, origen étnico, religión, género, estado civil, discapacidad, edad, situación social o ubicación geográfica. Las estadísticas de educación reflejan una proporción constante de niñas respecto a los niños de 2007 a 2011. Las niñas siguen matriculándose en mayor número que los niños en la educación terciaria.

Cuadro 8 Proporción de niñas respecto a los niños en la educación

Años

Educación

2007

2008

2009

2010

2011

Proporción de niñas respecto a los niños en la educación primaria

0,96

0,96

0,95

0,95

0,96

Proporción de niñas respecto a los niños en la educación secundaria

1,08

1,09

1,08

Proporción de niñas respecto a los niños en la educación terciaria

1,09

1,12

1,2

1,26

Fuente: Oficina de Estadística de Botswana, 2012.

Cuadro 9 Matriculación en la educación preescolar, primaria, secundaria y terciaria, por sexo

Matriculación

Mujeres

Hombres

Indicador

Matriculación en la educación preescolar

12  317

12  152

1,01

Tasa de matriculación en la educación primaria (en cifras netas)

93,5

92,6

1,01

Tasa de matriculación en la educación secundaria (en cifras netas)

69,8

61,9

1,13

Matriculación en la educación terciaria (en cifras brutas)

20  291

16 020

1,27

Fuente: Estadísticas de educación de 2012, estadísticas del Consejo de Educación Terciaria de 2010-2011 e informe de Botswana sobre el Índice Africano de Género y Desarrollo de 2012.

El Censo de Población y Vivienda de 2011 indica que el 16% de los hombres y el 12% de las mujeres tenían formación profesional y técnica. El porcentaje de hombres con estudios universitarios (15%) era considerablemente mayor que el de mujeres (10%) que cursaron estudios del mismo nivel. Además, en la respuesta a la recomendación 32, relativa a la educación, también se hace referencia a la situación de la educación.

Artículo 11: Empleo

El Censo de Población y Vivienda de 2011 indica que las mujeres, frente a los hombres, siguen siendo el grupo más afectado por el desempleo. La tasa de desempleo en Botswana es del 19,9%, con un 17,7% de mujeres y un 22,6% de hombres. Las mujeres siguen dominando el empleo en el gobierno local, mientras que los hombres predominan en las entidades paraestatales y el sector privado.

Cuadro 10 Tasas de empleo y desempleo, por sexo

Sexo

Empleados

Desempleados

Hombres

82,3%

17,7%

Mujeres

77,4%

22,6%

Todos

80,1%

19,9%

Fuente: Censo de Población y Vivienda de 2011.

Cuadro 11 Empleo, por sector y sexo

Institución

Hombres

%

Mujeres

%

Total

Gobierno central

49 958

47,6

54 967

52,4

104  925

Gobierno local

27  387

51  338

65,2

78  725

Sector privado y entidades paraestatales

122  440

59,4

83  602

40,6

206  015

Fuente: Oficina de Estadística de Botswana, 2013.

Sin embargo, cabe señalar que el desempleo juvenil en Botswana plantea un importante reto para el desarrollo, y en los últimos años se ha experimentado un nuevo fenómeno de baja absorción de los egresados de instituciones de educación terciaria en sectores de empleo. El desempleo en el grupo de edad de 15 a 24 años es considerablemente más elevado entre las mujeres que entre los hombres.

En 2007 las Fuerzas de Defensa de Botswana empezaron a reclutar mujeres en el ejército como cadetes. Una de las dificultades con que tropezaron las Fuerzas de Defensa de Botswana en 2012 fue la falta de alojamiento adecuado para las cadetes. No obstante, el Gobierno se ha comprometido a emplear a más mujeres cadetes tras la congelación temporal de su empleo por falta de alojamiento.

La Ley de Empleo (modificada) de 2010 obliga a los empleadores a pagar a las empleadas que disfrutan de una licencia de maternidad, como mínimo, el 50% de su sueldo. El índice de ingresos y salarios en todos los sectores reflejado en el informe de Botswana sobre el Índice Africano de Género y Desarrollo de 2012 muestra que en general las mujeres en Botswana ganan menos que los hombres. Aunque la brecha entre los géneros no es enorme, el hecho de que las mujeres constituyen la mayoría de la población y su proporción como empleadas en la administración pública es mayor que la de los hombres oculta la verdadera desigualdad de los ingresos (salarios) entre mujeres y hombres.

Como se muestra en el cuadro que figura a continuación, la proporción de mujeres con empleos remunerados en el sector no agrícola es considerablemente más baja que la de los hombres. El informe sobre los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2011) revela además que la proporción de mujeres con empleos remunerados en el sector estructurado se ha mantenido por debajo del 50% a lo largo de los años, teniendo en cuenta que era del 38,7% y el 47,9% en 2004 y 2009, respectivamente.

Cuadro 12 La mujer en el empleo asalariado en el sector no agrícola

Indicador

Mujeres

Hombres

Proporción de mujeres con empleos remunerados en el sector no agrícola

48,8%

51,2%

Fuente: Informe de Botswana sobre el Índice Africano de Género y Desarrollo de 2012.

Artículo 12: Salud

La Encuesta Demográfica de Salud de 2006 refleja que la mortalidad de los menores de 5 años (por cada 1.000 < 5) en el caso de los niños es de 70 y en el de las niñas, de 85. El Censo de Población y Vivienda de 2011 ha revelado un descenso en la tasa nacional de mortalidad infantil, al situarse en 17 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, cifra que representa una caída respecto de las 56 muertes por cada 1.000 nacidos vivos registradas en 2001. Los niños menores de 1 año tienen más probabilidades de morir (18 muertes por cada 1.000 nacidos vivos) que las niñas menores de 1 año, en cuyo caso se registró una incidencia de 17 muertes por cada 1.000 nacidos vivos.

Los estudios revelan que en Botswana ha disminuido el número de muertes maternas. En el año 2008 se registró un total de 88 casos de muertes maternas, frente a 85 casos en 2011. La tasa de mortalidad materna en 2010 fue de 163 por cada 100.000 nacidos vivos, cifra inferior a la del año 2008, en que se registraron 195,7 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Esta tasa se redujo de 188,7 por cada 100.000 nacidos vivos en 2011 a 147,9 por cada 100.000 nacidos vivos en 2012. En el cuadro 13 se muestra la tasa de mortalidad materna en Botswana en el período comprendido entre 2008 y 2012.

Cuadro 13 Tasa de mortalidad materna en Botswana, 2008-2012

2008

2009

2010

2011

2012

Nacidos vivos en el ámbito institucional

44  212

45 145

49 853

44 904

49 957

Nacidos vivos fuera del ámbito institucional

749

220

475

104

91

Total de nacidos vivos

44 961

45 365

50 328

45 008

50 048

Muertes maternas

88

86

82

85

74

Tasa de mortalidad materna (por cada 100.000 nacidos vivos)

195,73

189,57

163,0

188,86

147,9

Fuente: Oficina Central de Estadística, 2012.

El Programa de Salud Materna y Neonatal puso en marcha la hoja de ruta nacional para acelerar la reducción de la mortalidad materna y neonatal con miras a fortalecer los mecanismos institucionales para hacer frente a la mortalidad materna y en la niñez. Además, debe prestarse atención a la cuestión de los abortos en condiciones de riesgo, ya que es una de las causas de la elevada tasa nacional de mortalidad materna. Asimismo, se ofrecen servicios integrales de atención obstétrica y neonatal de emergencia para reducir el efecto de los abortos clandestinos o practicados en condiciones de riesgo sobre la morbilidad y mortalidad maternas.

Según el Censo de Población y Vivienda de 2011, la esperanza de vida en Botswana es de 68 años, lo que supone un aumento respecto de los 55,6 años en 2001. Las mujeres siguen teniendo una mayor esperanza de vida, que se sitúa en los 70 años, frente a los 66 años en el caso de los hombres.

El IV estudio sobre la repercusión del SIDA en Botswana muestra que la tasa nacional de prevalencia del VIH en 2013 es del 18,5% en el caso de la población de entre 18 meses y 64 años de edad, frente al 17,6% en 2008. Las mujeres siguen presentando una alta tasa de prevalencia del VIH, que se sitúa en el 20,8%, frente al 15,6% en el caso de los hombres. Aunque el género se considera una variable importante en la programación en materia de VIH y SIDA, es preciso hacer más para garantizar que se tenga plenamente en cuenta la vulnerabilidad específica de cada género y que se protejan los derechos de las mujeres y las niñas infectadas y afectadas por la enfermedad.

La política nacional revisada de población, de 2010, tiene por objeto mejorar la calidad de vida y el nivel de vida de todas las personas en Botswana. En esta política se presta la debida atención al VIH/SIDA, como problema nacional fundamental. Uno de los objetivos de la política es controlar la propagación del VIH, reducir las muertes causadas por el SIDA y gestionar el impacto del VIH/SIDA en la economía y sus repercusiones en la sociedad.

Botswana, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), adaptó la rueda con los criterios médicos de elegibilidad de la OMS, que brinda orientación a los trabajadores sanitarios para garantizar la seguridad al comenzar a utilizar métodos anticonceptivos, así como para aumentar el acceso a los servicios de planificación familiar. A fin de mejorar el acceso a los anticonceptivos se diseñó e imprimió una carpeta de material de información, educación y comunicaciones sobre planificación familiar, actualmente en fase de difusión, que se centra en fortalecer los vínculos entre la salud sexual y reproductiva y el VIH en diversas dependencias de servicio, en particular los dispensarios de tratamiento de enfermedades infecciosas y los servicios de maternidad y ginecología. Se emplean diversas estrategias para difundir información sobre planificación familiar a las mujeres que reúnen las condiciones. Ello ha contribuido a aumentar las tasas de uso de anticonceptivos del 52% en 2007 al 76,1% en 2008.

El cáncer cervicouterino es motivo de gran preocupación, sobre todo entre las mujeres seropositivas de Botswana. A fin de responder a este problema, el país está aplicando una amplia Estrategia Quinquenal de Prevención y Control del Cáncer Cervicouterino (2012-2016). Mediante esta estrategia se establece el diagnóstico inicial y el tratamiento ambulatorio de las lesiones precancerosas del cuello uterino en una sola visita, que se conoce comúnmente como “See and Treat” (Ver y tratar). El Gobierno de Botswana, por conducto del Organismo Nacional de Coordinación del SIDA, está colaborando con la OMS, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Botswana, la iniciativa Pink Ribbon Red Ribbon (Lazo rosa, lazo rojo) y el Banco Mundial para desarrollar la capacidad en este sentido.

Una tendencia que está surgiendo en los esfuerzos dirigidos a combatir la violencia contra las mujeres es la participación de los hombres en las campañas y los programas. En Botswana se elaboró la Estrategia y el Programa de Acción en pro de la participación masculina en cuestiones relativas a la salud y los derechos sexuales y reproductivos (2007-2012) para apoyar las instituciones y los programas en las iniciativas encaminadas a reducir la propagación de las enfermedades de transmisión sexual —en particular el VIH/SIDA— y combatir la violencia de género. Con estos programas el país puede responder mejor a la dinámica de género de la epidemia del VIH/SIDA, las cuestiones relacionadas con la salud sexual y reproductiva y la violencia de género.

Artículo 13: Prestaciones económicas y sociales

El Gobierno, junto con las organizaciones de la sociedad civil y en el marco de la ejecución del Programa Nacional sobre Cuestiones de Género, sigue impartiendo capacitación y educación a las personas y partes interesadas que tienen contacto con víctimas de la violencia de género y son responsables de garantizar la ejecución de programas y servicios que tienen en cuenta las cuestiones de género. Entre las partes interesadas se incluyen políticos, dirigentes tradicionales, iglesias, otros líderes comunitarios, los funcionarios policiales y judiciales, y trabajadores sociales y sanitarios. Se celebran sesiones de información y diálogos culturales comunitarios periódicamente con diferentes grupos de la comunidad para sensibilizar a las mujeres, los hombres y el público en general sobre los derechos humanos de las mujeres y la igualdad entre los géneros, con miras a garantizar la observancia y el respeto de esos derechos.

El Gobierno ha logrado importantes progresos en la reducción de la pobreza. En 2009-2010 se estimaba que el 19,3% de la población vivía por debajo del umbral de pobreza, frente al 30,6% observado en el período 2002-2003. Las mujeres siguen constituyendo una gran proporción de los pobres de la nación, ya que representan el 10,7% de la población que vive por debajo del umbral de pobreza, frente al 8,6% de los hombres. El Gobierno continúa reduciendo la pobreza mediante sus redes de protección social, los subsidios a la agricultura y sus programas de empoderamiento económico y erradicación de la pobreza. El mecanismo nacional encargado de las cuestiones de género sigue apoyando financieramente a las mujeres y los grupos de mujeres mediante la concesión de subsidios para promover el empoderamiento económico de las mujeres.

Botswana también se ve afectada por el problema de la alta prevalencia de la violencia contra las mujeres y las niñas. El estudio sobre los indicadores de la violencia por razón de género realizado en 2012 pone de manifiesto que el 67,3% de las mujeres en Botswana han sufrido violencia por razón de género a lo largo de su vida. El país obtuvo una puntuación del 53% en el Índice de la SADC de Género y Desarrollo, documentada en el Barómetro del Protocolo de la SADC de Botswana de 2012.

En relación con el acceso a los recursos se observa un evidente patrón de acceso condicionado por el género. Si bien las mujeres constituyen una mayoría considerable entre los agricultores de subsistencia, la propiedad y el control de los recursos de la tierra reflejan un dominio masculino. Según los datos de la Botswana Housing Corporation (BHC), una organización paraestatal de propiedad exclusiva del Gobierno de Botswana, entre 2005 y 2012 la mayoría de las casas de zonas urbanas, principalmente en las ciudades de Gaborone y Francistown, fueron adquiridas por hombres (51,73%), seguidos de las mujeres (48,7%).

La ganadería en Botswana es una fuente importante de sustento, en particular en las zonas rurales de Botswana, donde reside la mayoría de la población. Un análisis de la propiedad del ganado muestra que la propiedad del ganado bovino es muy desigual y sesgada hacia los hombres. Aunque la propiedad de animales pequeños, específicamente cabras, sigue estando principalmente en manos de los hombres, se observa una brecha entre los géneros ligeramente inferior.

Cuadro 14 Acceso a los recursos: medios de producción

Indicadores

Mujeres

Hombres

Propiedad de explotaciones rurales

31  866

50  112

Propiedad de casas y terrenos en zonas urbanas

1  896

1  972

Propiedad del ganado

1 040  789

2 711  096

Fuente: Informe de Botswana sobre el Índice Africano de Género y Desarrollo de 2012.

Aunque queda mucho por hacer en lo que concierne a la representación de las mujeres en el ámbito del deporte, se han registrado importantes avances en ese sentido. De las 281 personas que participaron en la toma de decisiones relativas al deporte en 2013, 66 eran mujeres, lo que supone una representación del 23% de mujeres en los puestos de toma de decisiones en materia deportiva.

Cuadro 15 Representación de las mujeres en los comités deportivos

Comité

Hombres

Mujeres

Todos

Mujeres (%)

Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional de Deporte de Botswana

6

0

6

0

Asociación de Atletismo de Botswana

7

1

8

13

Asociación de Bádminton de Botswana

7

1

8

13

Asociación de Baloncesto de Botswana

8

2

10

20

Federación de Halterofilia de Botswana

5

1

6

17

Asociación de Bolos de Botswana

5

1

6

17

Asociación de Boxeo de Botswana

7

1

8

13

Asociación Deportiva de Brigadas de Botswana

4

1

5

20

Federación de Bridge de Botswana

6

1

7

14

Federación de Ajedrez de Botswana

7

1

8

13

Asociación de Críquet de Botswana

7

0

7

0

Asociación de Ciclismo de Botswana

5

1

6

17

Asociación de Danza de Botswana

7

2

9

22

Asociación de Dardos de Botswana

6

2

8

25

Asociación de Fútbol de Botswana

12

2

14

14

Unión de Golf de Botswana

8

1

9

11

Asociación de Hockey de Botswana

5

2

7

29

Asociación Hípica de Botswana

6

3

9

33

Asociación Deportiva Integrada de Botswana

7

0

7

0

Asociación de Yudo y Kurish de Botswana

4

4

8

50

Asociación de Kárate de Botswana

6

1

7

14

Botswana Motorsport (deportes de motor)

4

1

5

20

Asociación de Netball de Botswana

0

7

7

100

Asociación Deportiva de Primaria de Botswana

5

2

7

29

Asociación Deportiva Paralímpica de Botswana

5

3

8

38

Unión de Rugby de Botswana

6

1

7

14

Special Olympics de Botswana

4

6

10

60

Asociación de Softball de Botswana

8

1

9

11

Asociación de Squash de Botswana

6

1

7

14

Asociación Deportiva de Natación de Botswana

0

5

5

100

Asociación Deportiva de Estudiantes de Terciaria de Botswana

6

1

7

14

Asociación de Tenis de Botswana

4

1

5

20

Asociación de Ping-Pong de Botswana

4

2

6

33

Federación de Voleibol de Botswana

4

1

5

20

Asociación de Paracaidismo de Botswana

7

0

7

0

Asociación de Korfball de Botswana

4

2

6

33

Asociación de Balonmano de Botswana

8

0

8

0

Federación de Lucha Libre de Botswana

5

4

9

44

Total

215

66

281

23

Fuente: Consejo Nacional de Deportes de Botswana, 2013.

Artículo 14: Mujeres rurales

Como se ha señalado más arriba, se están celebrando consultas para formular la primera política nacional sobre el género en la agricultura y el desarrollo rural. La política tiene como objetivo abordar específicamente los problemas y desafíos que enfrentan las mujeres de las zonas rurales del país, dando prioridad a tres aspectos, a saber, la igualdad de acceso a: i) los recursos naturales; ii) los puestos de adopción de decisiones en los foros de desarrollo rural, y iii) los servicios rurales de extensión. La formulación y aplicación de la política es competencia del Comité de Género, adscrito al Ministerio de Agricultura. El Comité de Género se restableció a principios de 2016 y está integrado por representantes de todos los departamentos del Ministerio de Agricultura. La política representa un importante paso adelante y reafirma el compromiso del Gobierno de promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres rurales en Botswana. En julio de 2016 se organizó, junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), una actividad de capacitación sobre el género en la agricultura y sobre la incorporación del artículo 14 de la Convención al derecho interno en el marco de las iniciativas de desarrollo de la capacidad sobre las cuestiones de género emprendidas en los ministerios nacionales competentes.

Como se indicó en el informe anterior, los niveles de pobreza siguen siendo más elevados en las zonas rurales que en las ciudades, pueblos y aldeas del entorno urbano. Con una población rural que representa aproximadamente el 36,4% del total de la población de Botswana, las zonas rurales del país se caracterizan por una concentración de hogares pobres, la mayoría de los cuales están encabezados por mujeres, más que por hombres. El Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas destinadas a promover la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la participación efectiva de los habitantes de zonas remotas, así como a potenciar el desarrollo de su capacidad y aptitudes, redoblar los esfuerzos para mejorar los servicios en las zonas rurales y reducir los niveles de pobreza en las comunidades rurales. Los resultados de la encuesta de indicadores básicos de bienestar de Botswana de 2009-2010 indican que, si bien los niveles de pobreza siguen siendo elevados en las zonas rurales, se han estimado importantes reducciones, pues la incidencia de la pobreza ha pasado del 44,8% en 2002-2003 al 24,3% en 2009-2010, lo que supone una caída del 20,5%. La incidencia de la pobreza en las zonas rurales se redujo considerablemente a raíz de las iniciativas del Gobierno encaminadas a erradicar la pobreza extrema, en las que se hicieron esfuerzos concertados para dar prioridad a los más pobres en las zonas rurales, que beneficiaron directamente a las mujeres de las zonas rurales. Tras la publicación en 2008 del mapa de la pobreza en Botswana, las partes interesadas que ejecutaban programas de erradicación de la pobreza pudieron ocuparse prioritariamente de las localidades pobres. La distribución de los hogares pobres a nivel nacional reveló un porcentaje ligeramente superior de hogares encabezados por mujeres que vivían por debajo del umbral de pobreza, de un 6,3%, frente a un 4,4% de hogares encabezados por hombres, mientras que en las zonas rurales había un 2,6% de hogares encabezados por hombres y un 3,5% de hogares encabezados por mujeres. La mayoría de las mujeres rurales no tienen una pareja que las ayude en la gestión cotidiana del hogar o que contribuya financieramente al crecimiento y el desarrollo de los niños. La representación excesiva de las mujeres entre los hogares pobres de las zonas rurales obedece en parte a esta estructura tradicional de la familia.

En Botswana, el número de mujeres que se dedican a la producción de cultivos y hortalizas es mayor que el de hombres, pues poseen más tierras cultivables que ellos (un 57,6% frente a un 41,6%), aun cuando los terrenos de las mujeres rurales tienden a ser mucho más pequeños que los de los hombres. Sin embargo, la principal actividad de producción en el país es la ganadería, la producción de ganado bovino y la cría de animales pequeños, y el sector está dominado por los hombres, que representan la mayoría de los propietarios y administradores del ganado. En cambio, las mujeres son mayoritarias en lo que se refiere a la propiedad y la producción de pollos.

El acceso al agua sigue siendo un problema para las mujeres rurales en Botswana. Aunque los derechos de acceso a la tierra comprenden generalmente el acceso a los recursos de aguas superficiales, con sujeción a los derechos existentes, los terrenos de las mujeres suelen estar lejos de los puntos de abastecimiento de agua. Como la recogida de agua sigue estando tradicionalmente a cargo de las mujeres y las niñas en las zonas rurales, esta responsabilidad les impone una pesada carga de trabajo, ya que los puntos de abastecimiento de agua se encuentran a veces a 25 km de distancia de las aldeas rurales. La propiedad de los pozos de sondeo es muy sesgada en favor de los hombres, pues las mujeres poseen el 27% de ellos, frente a un 73% de pozos de sondeo que son propiedad de los hombres. No obstante, se han registrado mejoras generales en el acceso al agua, teniendo en cuenta que unas 774.000 personas obtuvieron un suministro de agua mejorado en las zonas rurales en 2015, frente a 752.000 personas en 2013. La política sobre la agricultura y el desarrollo rural, actualmente en curso de formulación, tiene por objeto atender específicamente la cuestión dando prioridad al acceso a los recursos naturales, en particular el agua, como medio de mejorar la situación de las mujeres rurales en Botswana.

La tasa media de prevalencia del VIH en las zonas rurales se sitúa en torno al 15,8%, pues un 13,9% de hombres y un 17,6% de mujeres se ven afectados por la enfermedad.

Botswana ha registrado un aumento de la tasa de alfabetismo de las personas de 15 años o más, que se sitúa en el 87,12% en el caso de las mujeres y el 86,34% en el caso de los hombres. La matriculación en la escuela en las zonas rurales sigue viéndose afectada por altos niveles de deserción escolar, que son más elevados entre las niñas que entre los niños. Los embarazos en la adolescencia afectaban al 31,7% de todas las niñas que abandonaron la escuela secundaria en 2010, y las pautas perceptibles apuntaban a que los embarazos en la adolescencia aumentaban con la residencia en zonas rurales, la pobreza y la condición de huérfano de padre y madre.

Las mujeres de Botswana siguen participando en grupos de apoyo (Motshelo) y cooperativas para su sustento económico. Algunas instituciones financieras han comenzado a apoyar esas iniciativas con el objetivo de fomentar el espíritu de ahorro y hacer que el dinero aumente mediante la acumulación de intereses. Se trata de una estrategia para promover la inclusión financiera y propiciar el desarrollo económico y social de las comunidades.

Las mujeres de Botswana siguen tropezando con dificultades para acceder a préstamos y servicios financieros adecuados en las instituciones financieras convencionales, ya que a menudo carecen de la garantía necesaria. El Gobierno ha adoptado medidas de acción afirmativa en pro del empoderamiento de las mujeres mediante la prestación de apoyo financiero y técnico para el empoderamiento de las mujeres y los programas destinados a ellas. Uno de esos programas es el Programa de Medidas Alternativas, que proporciona financiación, capacitación y equipo para las actividades agrícolas de microempresas, como la apicultura y la cría de aves de corral. Dado que las mujeres constituyen la mayoría (el 70%) de los trabajadores del sector no estructurado, fueron las que se beneficiaron mayoritariamente del programa. El Departamento de Asuntos de Género también concede subsidios a ONG de mujeres, organizaciones comunitarias que prestan apoyo a los programas de empoderamiento económico para las mujeres y grupos o cooperativas de agricultoras que trabajan juntas como grupos de generación de ingresos.

El Gobierno, por conducto de la iniciativa de Su Excelencia titulada “President Housing Appeal” (Llamamiento presidencial relativo a la vivienda), de 2010, sigue colaborando en actividades dirigidas a promover unas condiciones de vida adecuadas, en particular en lo que respecta a la vivienda. En el llamamiento presidencial relativo a la vivienda se pide a todos los que dispongan de medios, es decir, personas, grupos de personas y empresas, que ayuden a construir casas para los necesitados. El Gobierno, junto con otros asociados (el sector privado, asociados para el desarrollo, ONG, etc.), también se ocupa prioritariamente de mejorar las condiciones de vida mediante actividades de trabajo comunitario que atienden principalmente los problemas de vivienda, saneamiento y suministro de agua. Las mujeres y los hogares encabezados por mujeres, en particular de las zonas rurales, se han beneficiado considerablemente de esas iniciativas. Como resultado, la población rural que dispuso de servicios mejorados de saneamiento pasó de 360.000 habitantes en 2013 a 377.000 en 2015 en las zonas rurales. No obstante, el acceso a la energía sigue siendo muy insuficiente en las zonas rurales, pues la cobertura eléctrica solo alcanza al 23,9% de todo el ámbito rural.

Parte IV

Artículo 15: Igualdad ante la ley

La Ley de Derecho Consuetudinario también trata de conciliar los posibles conflictos entre el derecho consuetudinario y el common law. Lo hace mediante su definición de derecho consuetudinario, en la que se especifica que el derecho consuetudinario que habrán de aplicar los tribunales consuetudinarios incluye únicamente las normas jurídicas que se aplican en cualquier tribu o comunidad tribal que “no sean incompatibles con lo dispuesto en cualquier ley promulgada ni contrarias a la moral, la humanidad o la justicia natural”. Por lo tanto, cuando una costumbre o una norma tribal no se ajusta a las disposiciones escritas del common law, por ejemplo, la legislación, no forma parte del derecho consuetudinario y no es aplicable por los tribunales consuetudinarios. El Tribunal de Apelación ha reiterado este principio y, al mismo tiempo, ha sostenido que el derecho consuetudinario también está sujeto a la Constitución y debe aplicarse e interpretarse con arreglo a esta: “La costumbre y la tradición nunca han sido estáticas. Aun así, siempre han cedido ante la legislación expresa. La costumbre y la tradición deben a fortiori [...] ceder el paso a la Constitución. Una garantía constitucional no puede quedar invalidada por una costumbre. Por supuesto, la costumbre se interpretará en la medida de lo posible de forma que se adecue a la Constitución, pero, en caso de que ello resulte imposible, cabe desestimar la costumbre y aplicar la Constitución.” (según el juez de apelación Amissah en el caso Attorney General c . Dow).

El problema fundamental radica en que un número considerable de mujeres botsuanas están sujetas al derecho consuetudinario aun cuando el derecho constitucional prevalece sobre este. La falta de conocimientos e información por parte de las propias mujeres sobre las leyes matrimoniales y sus consecuencias han perpetuado prácticas discriminatorias en materia de matrimonios celebrados en virtud del derecho consuetudinario. El hecho de que las mujeres carezcan de información y recursos que les permitan acceder a los tribunales civiles y ejercer su derecho a trasladarles casos plantea un gran problema. Los tribunales tradicionales que aplican el derecho consuetudinario desempeñan una función importante en la solución de controversias, dado que son ampliamente accesibles al público.

A raíz de un proyecto piloto ejecutado en 2011-2012, la Fiscalía General creó el programa de asistencia jurídica “Legal Aid Botswana”, y durante la sesión de noviembre de 2013 el Parlamento aprobó leyes por las que se establece y regula el funcionamiento de un amplio programa estatal de servicios de asistencia jurídica, cuyo plan de implantación está en marcha. El programa estatal garantizará la representación de las personas que reúnan las condiciones en los asuntos penales ante el Tribunal Superior y el Tribunal de Apelación y en los tribunales de primera instancia, en caso de que así lo autorice específicamente el Coordinador Provisional de la Asistencia Jurídica. Además, autoriza expresamente a las personas que reúnan las condiciones a contar con representación letrada en las demandas civiles relacionadas con el divorcio, la custodia de los hijos, la manutención y la protección contra la violencia doméstica. Una vez más, el Coordinador Provisional de la Asistencia Jurídica podrá facilitar, previa autorización y caso por caso, una representación letrada en otros asuntos, como las demandas relacionadas con los derechos constitucionales o la discriminación. El objetivo explícito del programa es prestar asistencia jurídica en relación con cuestiones que afectan principalmente a las mujeres.

Se han realizado actividades de divulgación y contribuciones prácticas para garantizar que quienes pueden acogerse al programa conozcan su existencia y que su establecimiento sea provechoso para las mujeres de las zonas rurales que viven en la pobreza. La Junta de Asistencia Jurídica cuenta actualmente con una filial en las dos principales ciudades del país, Gaborone y Francistown, y se prevé establecer otra en Maun. De forma similar, las ONG a las que la Junta ha subcontratado varios servicios se encuentran, en su mayoría, en centros urbanos o zonas periurbanas. La importancia de adoptar medidas para asegurar un acceso real a las mujeres que viven en zonas remotas es irrefutable.

Botswana ha tenido reservas a la hora de firmar el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los Derechos de la Mujer en África, la Declaración Solemne sobre la Igualdad entre los Géneros en África y el Protocolo de la SADC sobre el Género y el Desarrollo. Como consecuencia de ello, las mujeres botsuanas se hallan en una situación de cierta desventaja, y las posibilidades de acelerar la plena consecución de la igualdad entre los géneros en Botswana a través de las metas y los plazos establecidos en esos instrumentos se ven socavadas. No obstante, Botswana sigue presentando periódicamente informes sobre los progresos realizados en relación con estos protocolos.

Artículo 16: Matrimonio y vida familiar

La Ley Interpretativa ha fijado la mayoría de edad a los 18 años, lo que autoriza a una persona de 18 años a casarse o estar casada sin el consentimiento de los padres. Una evaluación de desertores escolares de primaria y secundaria indica que el matrimonio es una de las razones por las que algunas niñas abandonan el sistema escolar, lo cual es motivo de inquietud por cuanto podría implicar también la existencia de matrimonios infantiles.

La Ley sobre la Abolición de la Potestad Marital ha permitido a las mujeres adquirir bienes y tener una participación real en los bienes comunes, que, de lo contrario, estarían administrados por sus cónyuges sin el consentimiento de aquellas. Lo que es más importante, las mujeres pueden adquirir su propio lugar de residencia permanente e independientemente del hombre

La Ley de Patrimonio Conyugal está siendo objeto de modificación para permitir a las partes en el matrimonio cambiar su régimen de propiedad marital. Esto significa que las partes en el matrimonio pueden elegir libremente si seguir casadas en régimen de comunidad de bienes o de separación de bienes cuando el régimen económico les resulte favorable y les esté necesariamente permitido por ley.

El Departamento de Servicios Sociales trabaja actualmente en la elaboración de una política de familia para el país.

Con respecto a la adquisición de bienes inmuebles resulta pertinente la Ley de Registro Notarial, de 2003. Antes de la modificación de esta Ley, las mujeres no podían registrar bienes inmuebles a su propio nombre, ya fuera por transmisión o cesión, salvo que estos se hubieran excluido específicamente de la comunidad de bienes, o así se hubiera expresado en alguna condición del legado o la donación. También se exigía que las mujeres estuvieran asistidas por sus maridos en la formalización de escrituras u otros documentos en el registro notarial (artículo 18 del capítulo 33:02). Esta situación ha cambiado con la Ley sobre la Abolición de la Potestad Marital. Tanto la Ley sobre la Abolición de la Potestad Marital como la Ley de Registro Notarial prevén un interdicto (un recurso jurídico) contra todo hombre que se niegue a dar su consentimiento o lo retire injustificadamente, o trate de enajenar los bienes sin el consentimiento de la esposa. En caso de que el marido retire injustificadamente su consentimiento, el tribunal podrá eliminar la necesidad de que el marido procure o dé tal consentimiento o podrá prohibirle enajenar los bienes.

Desde entonces, la Ley sobre la Violencia Doméstica, de 2008, ha entrado en funcionamiento con la promulgación del Reglamento de la Ley sobre la Violencia Doméstica para colmar lagunas que han venido dificultando la aplicación efectiva de la Ley en la resolución de casos de violencia doméstica.

Un estudio realizado en 2012 (estudio sobre los indicadores de la violencia por razón de género) reveló que 2 de cada 3 mujeres en Botswana han sufrido violencia de género a lo largo de su vida y en las relaciones de pareja. Esto constituye un motivo de preocupación, ya que el maltrato es un factor que contribuye a la falta de libertad para decidir sobre cuestiones de salud sexual y reproductiva, en particular sobre el número de hijos y el intervalo de los nacimientos. La Ley de la Infancia, de 2009, promueve la participación de los niños en las discusiones familiares y dispone que el interés superior del niño es primordial en las decisiones que afectan a su vida.