* La versión original del presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial.

** El anexo del presente d ocumento puede consultarse en la página web del Comité.

Octavo informe periódico que Bélgica debía presentar en 2020 en virtud del artículo 18 de la Convención * , **

[Fecha de recepción: 18 de noviembre de 2020]

Introducción

Este informe se presenta en cumplimiento del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que Bélgica ratificó el 10 de julio de 1985, y se elaboró siguiendo el nuevo procedimiento facultativo establecido en 2018 por decisión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

En él se informa sobre las nuevas políticas y los cambios introducidos en la legislación, los reglamentos, la jurisprudencia y las prácticas administrativas desde 2012, año en el que Bélgica presentó su séptimo informe (CEDAW/C/BEL/7), que atañen a los artículos sustantivos de la Convención, y se presenta la información suministrada por el país en sus respuestas a la lista de cuestiones de 2014 (CEDAW/C/BEL/Q/7/Add.1) y su informe de seguimiento de las observaciones finales del Comité hasta el 30 de septiembre de 2020 (CEDAW/C/BEL/CO/7/Add.1). Las medidas adoptadas desde entonces se señalarán en la presentación del informe. Por último, para conocer el funcionamiento de Bélgica puede consultarse el documento básico común.

En el marco de la elaboración del informe, el 27 de octubre de 2020 se celebró un encuentro entre representantes de las autoridades belgas y la sociedad civil (Belgian Disability Forum, CNCD-11.11.11, el Consejo de Mujeres de Habla Francesa de Bélgica, el Consejo Valón de Igualdad de Género, Ella vzw, la Liga de Derechos Humanos, Soroptimist International Europe, la asociación sin fines de lucro Synergie Wallonie pour l’Egalité entre les femmes et les hommes) y el Centro Federal para la Igualdad de Oportunidades de Bélgica (Unia).

Respuestas a las preguntas formuladas en la lista de cuestiones (CEDAW/C/BEL/QPR/8)

Información general

Cuestión núm. 1

En 2018, Bélgica registró una tasa de empleo (20-64 años) del 65,5 % entre las mujeres y del 73,9 % entre los hombres; entre los asalariados con empleos a tiempo parcial, el 43,5 % eran mujeres y el 11 % hombres; solo el 35 % de los trabajadores autónomos y el 9,9 % de quienes habían creado empresas emergentes eran mujeres; globalmente, las mujeres tenían pensiones más bajas (989 euros brutos al mes) que los hombres (1.244 euros) y concentraban el 69 % de las licencias parentales. A finales de 2018, el 53,4 % de los beneficiarios de la renta de integración social eran mujeres. El riesgo de pobreza es algo más alto en las mujeres (20,9 %) que en los hombres (19 %) y mucho mayor en los hogares monoparentales (49,7 %), encabezados por mujeres en más del 80 % de los casos. En materia de salud, el porcentaje de mujeres que informan de una enfermedad o afección crónica (31,3 %) es apreciablemente superior al de los hombres (27,2 %). El consumo problemático de alcohol es más común entre los hombres (17,4 %) que entre las mujeres (8,1 %), mientras que el nivel de actividad física es mayor entre los hombres (60,2 %) que entre las mujeres (51,8 %). Las muertes por suicidio o accidentes de transporte afectan de manera desproporcionada a los hombres (aproximadamente un 70 % de hombres por un 30 % de mujeres).

En el ámbito de la educación y la formación, las tasas de deserción de los varones son más altas que las de las niñas en las tres regiones del país (+3 % en Flandes, +6,5 % en Bruselas-Capital, +6,3 % en Valonia en 2019). Las mujeres están mejor cualificadas que los hombres en las tres regiones: en 2019, en Bruselas-Capital tenían títulos superiores el 49 % de las mujeres y el 45 % de los hombres, en Flandes la proporción era respectivamente del 46 % y el 37 % y, en Valonia, del 42 % y el 33 %. Sigue habiendo importantes diferencias de género entre carreras. En la Comunidad Flamenca, por ejemplo, el 77 % de los estudiantes de ciencias aplicadas son varones y el 83 % de los estudiantes de psicología y pedagogía son mujeres. En la Comunidad Francesa, más del 70 % de los estudiantes de ciencias sociales son mujeres y el 90 % de quienes hacen estudios técnicos superiores son hombres.

En los últimos años, el desglose estadístico por sexos ha progresado en Bélgica. Las cifras que acaban de presentarse son solo una pequeña muestra de los datos producidos. Las estadísticas desglosadas por sexos sirven para informar las políticas de los ámbitos tratados en la Convención y se utilizan en las actividades de integración de la perspectiva de género.

En el plano federal, el Instituto para la Igualdad de Mujeres y Hombres (IEFH) publicó un compendio estadístico (“Femmes et hommes en Belgique”) que ofrece una visión general de los principales indicadores de género en diferentes temas: la población, la migración, los ingresos y la pobreza, el trabajo remunerado, la administración de empresas, la conciliación entre vida laboral y vida privada, los horarios, las responsabilidades, la salud, la delincuencia, la violencia, la movilidad y la formación. En 2018, se actualizaron los capítulos dedicados a la población, la migración y los horarios.

En 2016, la Comunidad Flamenca puso en marcha una nueva base de datos para el seguimiento de los indicadores de género en diversos ámbitos. En el informe Vlaamse gendermonitor se hace una representación gráfica de la posición social de hombres y mujeres que permite estudiar su evolución a lo largo de los años y se hace una presentación general de la cuestión en los ámbitos de la educación, el trabajo remunerado/no remunerado, los ingresos y la pobreza, la salud, la toma de decisiones y la situación social. La autoridad flamenca de estadística (VSA) publicará a finales de 2020 un nuevo informe sobre la participación y la posición social de hombres y mujeres que es una versión revisada del informe anterior. Además, entre sus labores de seguimiento de la inmigración y la integración, la Comunidad Flamenca publicó en 2016 un análisis de la situación de las mujeres de origen extranjero.

La Comunidad Francesa ha confeccionado una base de datos con las cifras clave en los distintos sectores de su competencia. Desde 2019, tiene una sección específica en la que se presentan indicadores desglosados por sexo en los ámbitos de la educación, la cultura, el deporte, la ayuda a la juventud, la investigación científica, los centros de justicia, el empleo, la infancia y las cuestiones socioeconómicas.

El Instituto Valón de Evaluación, Prospectiva y Estadística (IWEPS) ha emprendido una importante labor de recopilación de cifras sobre la situación de las mujeres y los hombres en la Región Valona en general, particularmente en ámbitos relacionados con la pobreza. Desde 2015 se han publicado cuatro informes especiales sobre igualdad de género. Además, en el informe de actividad simplificado que se elabora en la región para recoger datos cuantitativos y cualitativos con los que elaborar, en particular, un barómetro de la acción social, se ha prestado especial atención a la dimensión de género.

El Instituto de Estadística y Análisis de Bruselas (IBSA) ha integrado la dimensión de género en sus estadísticas y, en mayo de 2014, dedicó un número de su boletín al género y las estadísticas en la Región de Bruselas-Capital. En 2016 publicó en su portal regional (Opendatastore.brussels) 16 series de datos con perspectiva de género sobre las siguientes cuestiones: la población, la precariedad y la asistencia social, la salud, la educación, el mercado laboral, la movilidad y el transporte, la seguridad y las elecciones. En colaboración con la Universidad Católica de Louvain, recientemente se elaboró un folleto sobre estadísticas de género, una herramienta esencial para alcanzar los objetivos definidos en la ordenanza de integración de la perspectiva de género.

Marco legislativo

Cuestión núm. 2

Bélgica tiene un amplio abanico de disposiciones constitucionales, legislativas, reglamentarias y normativas para luchar contra la discriminación sexual y hacer que se cumpla el principio de igualdad entre mujeres y hombres en los distintos ámbitos de la vida económica, social, cultural y política.

Los juzgados y tribunales dirimen, con total independencia, si las disposiciones internacionales son o no de aplicación directa, al comprobar si se cumplen los requisitos pertinentes.

En la jurisprudencia belga hay pocos casos de aplicación concreta de la Convención porque los justiciables prefieren generalmente invocar disposiciones nacionales, regionales o europeas que consagran los mismos derechos. Por ello, las disposiciones de la Convención se invocan las más de las veces con carácter subsidiario o accesorio y así las tratan los tribunales.

En los estudios de derecho se hace referencia a las diversas disposiciones internacionales, incluida la Convención, pero no hay una asignatura específica sobre el tema. La Convención se promueve en las jornadas de estudio sobre la igualdad de género.

Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer

Cuestión núm. 3

El cometido del Instituto para la Igualdad de Mujeres y Hombres (IEFH) es velar por la igualdad de género, promoverla y combatir toda forma de discriminación y de desigualdad por motivos de sexo o género. En Flandes y la Comunidad Flamenca, esas cuestiones son competencia de la dependencia de género (Genderkamer) de la Defensoría del Pueblo de Flandes que, en el desempeño de sus funciones, asiste a las víctimas de discriminación por motivos de sexo, maternidad, embarazo, parto, cambio de sexo, identidad de género y expresión de género. La Ley de Género se reforzó a principios de 2020 con la introducción de los siguientes factores: las características sexuales, la lactancia, la adopción, la reproducción médicamente asistida, la paternidad y la maternidad compartidas. El IEFH presta asistencia jurídica y sensibiliza sobre los problemas de discriminación de género mediante estudios, investigaciones, dictámenes y recomendaciones. En el plano federal, el IEFH realiza tareas administrativas de preparación y aplicación de las decisiones del Gobierno Federal y de supervisión de las políticas europeas e internacionales de igualdad de género. Se encarga en particular de coordinar la lucha contra la violencia de género, de integrar la perspectiva de género a escala federal, de supervisar las políticas de igualdad en el empleo, la toma de decisiones, etc. Proporciona apoyo estructural a las asociaciones de mujeres y feministas. El Instituto realiza estas tareas bajo la autoridad de la instancia gubernamental encargada de la igualdad de oportunidades.

Al ser un organismo público con autonomía de gestión, el IEFH tiene un consejo de administración que define la política general a propuesta de la dirección. En 2018, tuvo una media de 41 empleados (39 equivalentes a tiempo completo). Recibe una subvención federal anual (4.601.000 euros en 2018) y una subvención de la Lotería Nacional (96.500 euros en 2018), y también dispone de ingresos propios (22.000 euros). Además, cada año recibe recursos específicos en el marco de los protocolos suscritos con las entidades federadas. En 2018, el IEFH asumió el seguimiento administrativo de tres proyectos piloto de centros de atención para víctimas de violencia sexual. Para financiar el funcionamiento de esos proyectos, el Instituto recibió recursos adicionales por valor de 2.263.000 euros y una subvención de 1.184 euros de la Lotería Nacional. Recientemente se decidió crear y financiar otros siete centros de este tipo.

En julio de 2015 se aprobó un plan federal de integración de la perspectiva de género en el que los miembros del Gobierno se comprometen aplicar la Ley de Integración de la Perspectiva de Género de 12 de enero de 2007 y a integrar la dimensión de género en diversas políticas gubernamentales a lo largo de la legislatura.

El balance de las labores de integración de la perspectiva de género en las políticas federales muestra verdaderos avances, aunque sigue siendo difícil hacer que esa integración sea estructural. En breve se elaborará un nuevo plan federal.

Cabe recordar que la evaluación de la incidencia de género de los proyectos legislativos (la “prueba de género”) prevista en la ley de 12 de enero de 2007 se integró en 2013 en un análisis previo de los efectos de los proyectos de ley presentados al Consejo de Ministros sobre las cinco cuestiones siguientes: el desarrollo sostenible, la igualdad de género, las pequeñas y medianas empresas (PYMES), las cargas administrativas y la cooperación para el desarrollo. Los autores de los proyectos se encargan de ese análisis, que tiene una sección sobre igualdad de género articulada en cinco preguntas abiertas. El Comité de Evaluación de la Incidencia constató en sus informes que las respuestas a esa sección eran de calidad desigual, por lo que en sus recomendaciones preconizó diversas medidas para mejorarla, como utilizar de manera más eficiente los recursos estadísticos disponibles, mejorar la planificación e integración del análisis en los procedimientos de trabajo, determinar en cuáles de sus aspectos deben centrarse los reguladores, estrechar la colaboración entre los interesados y reforzar la formación de los autores de disposiciones legislativas.

La Región de Bruselas-Capital está integrando la perspectiva de género en todos los ámbitos de su competencia. Se elaboró un plan de acción para 2015-2019 en el que se analizan las repercusiones de género de los objetivos estratégicos de la legislatura política y desde 2017 se establecen partidas presupuestarias específicas.

El 17 de septiembre de 2020, la Comunidad Francesa aprobó un plan de derechos de la mujer basado en el decreto de 27 de abril de 2020 que se estructura en 4 ejes: combatir la violencia contra las mujeres; deconstruir los estereotipos y actuar sobre las representaciones; hacer que las mujeres estén mejor representadas en todos los sectores profesionales y en todas las instancias de decisión y puestos de responsabilidad; y facilitar la conciliación entre vida privada y vida profesional.

Institución nacional de derechos humanos

Cuestión núm. 4

Bélgica ya cuenta, a escala federal y en las entidades federadas, con organismos sectoriales específicamente encargados de proteger y promover los derechos humanos. Uno de ellos es el Unia, un organismo federal independiente de lucha contra el racismo y las discriminaciones (salvo las de género) que ha sido acreditado como institución de categoría B según los Principios de París. La Comunidad Flamenca prevé poner fin a su cooperación con el Unia en 2023 y crear su propio centro para promover la igualdad de oportunidades, que asumirá las tareas del Unia y de la Genderkamer de la Defensoría del Pueblo de Flandes.

Con todo, el Estado belga se ha comprometido a crear un instituto nacional de derechos humanos que se ocupe de todos los derechos fundamentales en todo el territorio, conforme a los Principios de París, y pueda así obtener una acreditación de categoría A.

El proceso se aceleró en 2019 con la aprobación de la Ley de Creación del Instituto Federal para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, que aborda en el plano federal todos los derechos y, con el tiempo, permitirá establecer una institución nacional de derechos humanos.

Este Instituto se ocupa de todos los derechos humanos a escala federal ya que:

•Tiene competencia en asuntos de ámbito federal (por ejemplo, los relativos a la lucha contra el terrorismo, la libertad de expresión, los derechos económicos y sociales, las empresas, etc.).

•Tiene competencia residual (es decir, sobre cualquier asunto del que no se ocupen los órganos independientes existentes), que debe ejercer en colaboración con los órganos independientes de protección de los derechos humanos integrados en la Plataforma de Derechos Humanos, como el IEFH. También puede tratar temas más generales que no quepa abordar desde una perspectiva puramente sectorial.

En última instancia, la Ley permite crear una institución nacional de derechos humanos, pues establece el fundamento jurídico necesario para conferirle alcance federal. Prevé la creación de un consejo de concertación integrado por un representante de cada organismo sectorial independiente de protección y promoción de los derechos humanos. Para concretar estas posibilidades, las entidades federadas deben asumir en común este planteamiento. Las entidades federales y federadas deberán negociar un acuerdo de cooperación cuando la situación política lo permita. A través de sus respectivas instituciones de derechos humanos, las entidades federadas también pueden tratar de obtener una acreditación de categoría A con arreglo a los Principios de París.

El Parlamento designó el 3 de septiembre de 2020 a los 12 miembros efectivos del Consejo de Administración del Instituto Federal y ya se ha estimado y previsto la dotación presupuestaria y de personal necesaria para un funcionamiento eficaz.

Aunque todavía quedan varias etapas hasta culminar la ambición de establecer una institución nacional de derechos humanos acorde con los Principios de París, la ley de creación del Instituto Federal es un gran paso adelante.

Medidas especiales de carácter temporal

Cuestión núm. 5

La Constitución belga reconoce expresamente desde 2002 el principio de igualdad entre mujeres y hombres, y varias leyes y decretos imponen la paridad de género en las listas electorales y la alternancia de candidatos de ambos sexos en los dos primeros puestos de las listas de las elecciones federales, regionales y europeas. En las últimas elecciones al Parlamento valón, la alternancia entre hombres y mujeres se extendió a todos los puestos de las listas.

En 2018, la Región Valona y la Región de Bruselas-Capital aplicaron localmente normas de refuerzo de la representación de las mujeres que obligaban a los partidos a elaborar sus listas alternando hombres y mujeres y establecían que al menos la tercera parte de los miembros de las corporaciones municipales fueran del sexo menos representado.

Como muestran los resultados de las últimas elecciones, la representación de las mujeres en el ámbito político sigue mejorando: ocupan más del 41 % de los escaños en el Parlamento Federal y casi el 44 % en los parlamentos regionales, así como el 40 % de los puestos electivos de representación municipal en Flandes y Valonia y casi el 50 % en la Región de Bruselas-Capital.

Por lo que respecta al sector privado, en la Ley de 28 de julio de 2011, que tiene por objeto garantizar la presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas públicas autónomas, las sociedades cotizadas en bolsa y la Lotería Nacional, se fija, para el conjunto de miembros del consejo de administración, una cuota mínima de un tercio de miembros del sexo menos representado. El incumplimiento de esas disposiciones se sanciona con la anulación del nombramiento o la suspensión de las prestaciones económicas. En los tres informes de evaluación que el IEFH realizó entre 2015 y 2018 se constata el efecto positivo de esa ley. En los consejos de administración, el número de mujeres se triplicó entre 2008 y 2017, pasando del 8,3 % al 26,8 %.

Bélgica prevé también promulgar varias leyes para lograr una representación equilibrada de hombres y mujeres en la administración pública, los órganos consultivos o determinados órganos públicos de administración y dirección. El IEFH publicó hace poco un estudio sobre la presencia de mujeres en los más altos cargos de las administraciones federal, regional y comunitaria. En 2017, el porcentaje de mujeres en ese tipo de cargos era solo del 11,1 % en el plano federal, del 18,2 % en Flandes, del 44,4 % en Valonia, del 28,6 % en Bruselas, del 20 % en la Comunidad Francesa y del 0 % en la Comunidad de Lengua Alemana.

En la Comunidad Flamenca se aprobó en 2007 un decreto para promover una participación más equilibrada de mujeres y hombres en los órganos consultivos y administrativos de la región que fija un máximo de dos tercios para los miembros de un mismo sexo, lo que garantiza que al menos la tercera parte de los miembros de esos órganos sean mujeres. Esas cuotas de representación se integraron en el decreto de gestión de Flandes en 2018. El Gobierno de Flandes informa cada cuatro años al parlamento regional sobre la aplicación del decreto. En 2018, el 67 % de los organismos consultivos y administrativos cumplían esas obligaciones. El próximo control se realizará en 2022.

En la Región de Bruselas-Capital se obliga desde febrero de 2014 a designar a los miembros de un órgano de gestión de forma que al menos la tercera parte de ellos sean de distinto sexo. Esta norma se ha extendido desde entonces a todos los consejos de administración de los organismos que reciben asignaciones estructurales o subvenciones de la Región.

La Comunidad Francesa obliga desde 2010 a designar representantes en los órganos de personas jurídicas designados por ella de forma que se mantenga una proporción equilibrada de hombres y mujeres. En 2014, el decreto de fomento de una representación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos consultivos, que fija en dos tercios el máximo de miembros del mismo sexo, se reforzó y adquirió carácter punitivo al establecer una sanción por incumplimiento.

En los decretos aprobados en la Región Valona el 9 de enero de 2014 para fomentar una representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos administrativos de entidades privadas e instituciones para la tercera edad homologadas por la administración regional se prevé que las instancias decisorias apliquen el mismo criterio. Las encuestas de seguimiento realizadas en 2016 y 2019 muestran una evolución positiva, ya que el 85 % de los establecimientos afectados están cumpliendo lo dispuesto en los decretos.

En el “Código de Buen Gobierno” de las federaciones deportivas internacionales y sus miembros belgas de habla flamenca, francesa y alemana se definen 29 indicadores concretos y 14 indicadores variables. Hay indicadores variables de igualdad de género en los consejos de administración (objetivos cuantificables o porcentaje de miembros del sexo menos representado).

Cuestión núm. 6

En la Región Flamenca, el incentivo reforzado a la contratación de demandantes de empleo mayores de 55 años se sustituyó en 2019 por una exoneración de las cotizaciones empresariales. Esas personas reciben la misma asistencia que los demás desempleados. Las cifras de salida y satisfacción están aumentando. Gracias a las reformas de 2018 se reforzó la integración en el mercado laboral de las personas con discapacidad. La Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) —una prima que compensa los costes adicionales o la menor productividad de los empresarios que emplean a una persona con discapacidad— se extendió a los autónomos con carácter complementario. Se creó una VOP temporal para ayudar a las personas en tratamiento o rehabilitación. En 2018 se establecieron itinerarios de trabajo y cuidados para los solicitantes de empleo con problemas médicos, mentales, psicológicos, psiquiátricos o sociales.

En la Región Valona se introdujo Impulsion 55+, un incentivo financiero específico para fomentar la contratación de solicitantes de empleo y trabajadores mayores de 55 años. A los/las empresarios/as (sector del comercio) se les conceden reducciones de las cotizaciones patronales. El Fondo para la Experiencia Profesional permite mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores mayores de 45 años y les ayuda a mantenerse en el empleo. La Agencia para una Vida de Calidad concede ayudas económicas a los trabajadores y trabajadoras con discapacidad y a las empresas que los emplean.

En la Región de Bruselas-Capital se introdujo en 2016, en el marco del Plan de Formación 2020, una medida encaminada a duplicar el número de personas con discapacidad en la formación profesional. En 2019, la entidad Bruxelles-Formation publicó una convocatoria para que los profesionales de la formación de las personas con discapacidad propusieran proyectos de nuevas medidas o de refuerzo de las existentes. La Oficina de Empleo de la Región de Bruselas (Actiris) ofrece planes de apoyo a la diversidad y una etiqueta de diversidad para empleadores que invierten en contratar y retener a miembros de los grupos a los que se dirigen este tipo de medidas (los jóvenes, las personas mayores, las personas de origen extranjero, las personas poco cualificadas y las personas con discapacidad). Actiris también convocó a presentar proyectos de acompañamiento personalizado de solicitantes de empleo de 50 y más años que entrañen medidas de concienciación y de trabajo con los empleadores.

En el marco de la política de integración, en todas las jurisdicciones flamencas se toman medidas para integrar a las personas de origen extranjero. El plan Vlaams Horizontaal Integratiebeleidsplan 2015-2019 comprende medidas de educación y empleo. Los recién llegados siguen un curso de orientación social en el que se aborda en particular la cuestión de la igualdad de género. La Comunidad Flamenca ha desarrollado un itinerario de integración específico para mujeres escasamente alfabetizadas que tienen niños pequeños en el marco de un proyecto financiado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) que ya se está ejecutando (2016‑2020). El objetivo del proyecto es integrar mejor a las mujeres analfabetas de terceros países con hijos pequeños. El proceso parte de las necesidades del grupo objetivo y se orienta a la integración de los participantes y a la integración y la mejora de las oportunidades de desarrollo de sus hijos. Los servicios de atención de la primera infancia sirven para entablar contacto con los beneficiarios; durante los cursos se garantiza el cuidado de los niños. Se trata de un plan integrado (alfabetización, supervisión y orientación individuales, cursos de orientación social, etc.) y los contenidos y metodologías de sus diferentes componentes están coordinados por los distintos asociados (centros de educación básica, municipios, servicios de atención de la primera infancia, etc.). Este proyecto ha permitido atender a 220 madres al año desde que se puso en marcha. Una vez que termine el período de prueba, está previsto integrarlo en la labor habitual de los organismos de integración. La Comunidad Flamenca también ha tenido en cuenta a las niñas de origen extranjero en su política sobre juventud y derechos del niño (2015-2019) y en su Plan Director sobre Diversidad en el trabajo juvenil. Se han tomado medidas para promover la participación de las mujeres de origen extranjero en actividades deportivas.

La Región Valona puso en marcha en 2014 un programa de integración para recién llegados con el fin de acoger y acompañar a los nuevos residentes extranjeros, ayudarles a adquirir conocimientos básicos sobre el funcionamiento de la sociedad y las relaciones sociales, facilitar su integración y, de ese modo, favorecer su empleabilidad. Desde que se aprobó, el programa ha sido adaptado para responder mejor a las necesidades de los migrantes y se han movilizado recursos económicos con los que reforzar el proceso de integración. Algunos organismos de integración socioprofesional organizan módulos de formación para mujeres. Los Centros de Integración Regional organizan actividades sobre cultura, empleo, formación, educación y otros asuntos dirigidas a las mujeres. Desde que se aprobó el decreto de 28 de abril de 2016, la igualdad de oportunidades y la igualdad de género son dos de los temas que deben tratarse en las actividades de formación para la ciudadanía organizadas durante el programa de integración. El Servicio Público de Empleo y Formación de Valonia (Forem) elaboró el Plan de Igualdad y Diversidad 2019-2022 a fin de hacer un inventario de buenas prácticas ya aplicadas en este ámbito y de determinar qué mejoras o nuevas medidas deben introducirse. Los agentes del Forem están concienciados acerca de esa labor.

En la Región de Bruselas-Capital, el número de plazas en cursos de francés para extranjeros aumentó entre 2015 y 2018 (+11,7 %) para atender a una demanda cada vez mayor de personas con problemas de idioma que no podían hacer cursos de formación profesional por carecer de los conocimientos básicos indispensables. La oferta de formación se ha diversificado con cursos de idiomas orientados a las salidas laborales. El Consorcio de Validación de Competencias lleva desde 2016 experimentando un método de acompañamiento de personas que no están suficientemente preparadas para realizar pruebas de validación de competencias, sobre todo por su escaso dominio del francés. En junio de 2019, la Región de Bruselas-Capital publicó un informe sobre diversidad centrado en los solicitantes de empleo.

La Comisión Comunitaria Francesa lleva desde 2016 trabajando en un programa de acogida de recién llegados en tres oficinas de acogida homologadas. En el marco de este programa de acogida y acompañamiento se ofrecen cursos de formación ciudadana en los que se abordan la igualdad de género, la prohibición de toda forma de violencia, el respeto de la integridad física y la libertad de elegir pareja.

En marzo de 2018, la Comunidad Francesa aprobó un decreto de promoción de la ciudadanía y la interculturalidad para subvencionar cada año proyectos del sector asociativos sobre esas dos cuestiones (2.000.000 de euros al año). En la sección dedicada a la defensa de los derechos de los migrantes se presta especial atención a las mujeres migrantes. En el Decreto de 7 de febrero de 2019 se prevén dispositivos específicos de acogida y escolarización para alumnos recién llegados y alumnos que no dominan la lengua de enseñanza.

En la Región Flamenca, el proyecto Integratie door Werkayuda a que los refugiados encuentren trabajo cuanto antes mediante un breve programa integrado. En vista de sus buenos resultados (el 45 % de los que llegan sin conocer el idioma local están trabajando en Flandes al cabo de dos años), ha sido adoptado como buena práctica por la Unión Europea.

En la Región Valona, el Forem y el Organismo Federal de Acogida de Solicitantes de Asilo (Fedasil) celebraron en 2017 un acuerdo de cooperación para promover la integración socioprofesional de los solicitantes de asilo y organizar en los centros de acogida sesiones informativas sobre los servicios de Forem y el mercado de trabajo.

En la Región de Bruselas-Capital, Actiris también suscribió tres convenios sobre estas cuestiones entre 2018 y 2019.

Estereotipos y prácticas nocivas

Cuestión núm. 7

Las víctimas pueden presentar denuncia ante la policía o, en virtud de la Ley de 2014, ante el IEFH, y ejercer la acción civil en un proceso penal para reclamar una indemnización.

En el Archivo Nacional General de la Policía constan 19 denuncias por sexismo en 2014, 45 en 2015, 46 en 2017, 55 en 2018 y 33 en el primer semestre de 2019. Estas cifras solo se refieren a las infracciones de la Ley de 2014 registradas por la policía y no dan cuenta de la magnitud real del sexismo.

Las denuncias por sexismo han aumentado considerablemente desde 2017. El IEFH contabilizó 133 denuncias por sexismo en 2017 y 1.625 en 2019, un aumento del 1.222 %. Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que puede haber múltiples denuncias de un mismo hecho, como suele ocurrir con los casos que reciben mucha atención de los medios de comunicación. Por ejemplo, 1.489 de las 1.625 denuncias por sexismo registradas por el IEFH en 2019 se refieren al mismo asunto. El IEFH analiza esas denuncias en sus informes anuales y divulga algunos casos en los medios para crear mayor conciencia ciudadana (sobre todo cuando se difunden insultos sexistas en medios digitales o cuando se denuncian campañas de publicidad sexistas que incitan a la intimidación sexual de las mujeres). El Instituto siguió colaborando con la Comisión Belga de Deontología Publicitaria que se constituyó en 2009 y, en abril de 2020, inició una gran encuesta sobre el sexismo. Se está haciendo un estudio de las representaciones y prácticas policiales relacionadas con el registro de actos constitutivos de “acoso callejero”, que se terminará a finales de 2020.

Para dar a conocer la ley, el IEFH difundió un folleto con información clara sobre sus disposiciones y sobre cómo podían actuar las víctimas. De 2017 a 2019, el Instituto recibió 1.925 denuncias por sexismo y apoyó muchas de ellas, sobre todo llevando los casos ante los tribunales e informando de la primera condena fundamentada en esa ley, impuesta en marzo de 2018 a un hombre que había insultado a dos inspectores de policía durante un control en junio de 2016. Concretamente, el hombre había dicho a gritos a la inspectora que se buscara un trabajo adecuado su sexo, como empleada de banca. El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas siguió el criterio del Ministerio Público y condenó al hombre en rebeldía a una multa de 500 euros y varias sanciones adicionales (3.000 euros en total) por comentarios sexistas en el espacio público y por insultos y amenazas a una agente.

En virtud de lo dispuesto en la circular núm. COL 13/2013, en octubre de 2019 se informó al IEFH de que se había dictado otra condena por sexismo en el caso de una mujer golpeada e insultada de forma sexista por cuatro hombres en automóvil que se habían detenido a su altura. El conductor fue condenado por agresión hostil y sexismo a seis meses de cárcel y a una multa de 75 euros con varios factores de incremento que llegó a un total de 600 euros. El IEFH también puso en manos de la justicia dos casos de sexismo en 2018 y 2019. Al no haber testigos que confirmaran los hechos, ninguno de ellos acabó en condena en virtud de la ley de 2014.

La base de datos www.genderklik.be de la Comunidad Flamenca, que se ha renovado, o el proyecto Girls Day, Boys Day (véase la pregunta 14) de la Comunidad Francesa y la Región Valona tienen como objetivo luchar contra los estereotipos mediante la educación y la concienciación de la ciudadanía. También se trabaja sobre el lenguaje y el uso de términos más neutros o inclusivos.

Los estereotipos comunes y persistentes sobre la masculinidad y la feminidad entorpecen el desarrollo de todos, también de los hombres. La Comunidad Flamenca ha financiado varios proyectos sobre feminismo que abordan la igualdad de género desde una perspectiva masculina, la paternidad activa y los estereotipos asociados a la masculinidad.

En la Comunidad Flamenca, la Genderkamer estableció a principios de 2019 un nuevo teléfono de asistencia (#metoo meldpunt) para denunciar comportamientos inapropiados en el sector deportivo y cultural. Varios estudios han puesto de manifiesto que la mitad de las mujeres del sector de la cultura y los medios de comunicación han soportado algún comportamiento inapropiado en el último año. Se ha aprobado un plan de acción para luchar contra esos comportamientos.

En la Comunidad Francesa se han introducido nuevas disposiciones en el decreto sobre medios de comunicación audiovisual que obligan a respetar la igualdad de género en los programas y las comunicaciones comerciales. En octubre de 2017, el Consejo Superior del Sector Audiovisual adoptó su primera decisión fundada en esa norma y, desde entonces, se ha ido creando jurisprudencia. La Asociación de Periodistas Profesionales presentó en junio de 2019 su tercer estudio sobre igualdad y diversidad en los diarios de la Comunidad Francesa y elaboró en 2018 un estudio sobre la situación de las periodistas en la Bélgica de habla francesa y otro sobre el tratamiento informativo de la violencia contra las mujeres en la prensa diaria belga de lengua francesa en el que se formulan recomendaciones.

En la Comunidad Flamenca, el fichero de especialistas para uso de profesionales de los medios de comunicación (www.expertendatabank.be/nl) se actualizó por completo y volvió a presentarse a mediados de 2018. La presentación se acompañó de una campaña sobre estereotipos y representaciones en los medios de comunicación dirigida a profesionales del ramo y otros usuarios potenciales. Tras la campaña, el fichero sigue atrayendo usuarios gracias a la difusión de un boletín informativo mensual en el que se publican opiniones de algunos de esos especialistas.

En las universidades de la Comunidad Flamenca se organizó el concurso De Clichékillers, que se dirige a los estudiantes de periodismo y tiene por objeto hacer reflexionar a los futuros profesionales sobre las repercusiones que pueden tener los medios de comunicación en cuanto creadores de imagen. En la Comunidad Francesa, el Consejo Superior del Sector Audiovisual ofrece un curso de formación sobre los estereotipos en la publicidad y los programas a los estudiantes de máster en publicidad de una escuela superior de comunicación de la Región de Bruselas-Capital y de una universidad de Valonia.

La Comunidad Francesa creó en 2016 la web www.expertalia.be, un fichero de especialistas dirigido a periodistas, y la Asociación de Periodistas Profesionales facilita la búsqueda de mujeres especialistas. Desde 2017, Expertalia se beneficia de una asociación con la Radio Televisión Belga de Lengua Francesa (RTBF), que se ha comprometido a ofrecer sesiones de coaching en medios de comunicación durante tres años a más de treinta especialistas inscritos en el fichero. La Comunidad Francesa ha financiado la producción de Les Grenades en RTBF, un espacio dedicado al lugar de las mujeres en la actualidad.

En 2018 se puso en marcha una campaña para concienciar y empoderar a la población de Bruselas respecto de los problemas de sexismo y acoso sexual en la Región-Capital. El propósito de la campaña es sensibilizar e implicar a los ciudadanos de Bruselas y reforzar la colaboración con las asociaciones que trabajan en estos ámbitos.

Cuestión núm. 8

Se está prestando más atención a la lucha contra la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y la violencia por motivos de honor. El 1 de junio de 2017 entró en vigor una circular sobre política penal (COL 6/2017) que tenía por objeto concienciar a magistrados y policías acerca de esas realidades, aportarles herramientas que les permitieran entender mejor e investigar adecuadamente esos fenómenos de violencia, definir la política de actuación de las fiscalías y mejorar la codificación y la recogida de datos estadísticos. Sigue siendo primordial abordar de manera holística estas cuestiones y poner especial empeño en la prevención y la atención integral de las víctimas. Así pues, la circular no se limita exclusivamente a los planteamientos represivos.

La posibilidad de levantar el secreto profesional prevista en el artículo 458 bis del Código Penal se ha extendido a las víctimas de actos violentos perpetrados en nombre de la cultura, las costumbres, la religión, la tradición o supuestos motivos de honor. Ahora, en los expedientes médicos deben señalarse y circunstanciarse los casos de mutilación genital femenina que se constaten.

En marzo de 2019 se aprobó que los dos centros multidisciplinares de atención a las víctimas de mutilación genital femenina siguieran funcionando hasta marzo de 2022. Esos centros se implantan en entornos hospitalarios bajo la supervisión de un equipo de sexólogos, psicólogos y ginecólogos. En 2018 se realizó un nuevo estudio para conocer la prevalencia del fenómeno en Bélgica; según sus estimaciones, en el país hay 17.575 niñas y mujeres mutiladas y otras 8.342 aún intactas que corren el riesgo de serlo si no se realizan labores de prevención.

Se han aplicado medidas con el apoyo de asociaciones especializadas. El Grupo pro-Abolición de la Mutilación Genital Femenina (GAMS) ha puesto en marcha un proyecto de prevención de este fenómeno en comunidades de difícil acceso, cuyo objetivo es llegar a los grupos menos visibles (como las mujeres kurdas, indonesias o egipcias). La exposición de fotos Treinta y dos maneras de decir no a la ablación, que reúne 32 retratos de mujeres y hombres valientes de Europa y África, se ha presentado en numerosos espacios públicos. La campaña europea de concienciación Men Speak Out, que pretende implicar a los hombres en la lucha contra la mutilación genital femenina, arrancó en 2016 en la Región de Bruselas-Capital. La Comunidad Francesa apoyó el diálogo comunitario en las consultas de atención prenatal e infantil de la Oficina de Natalidad e Infancia, donde hay animadoras comunitarias del GAMS que hacen permanencias para sensibilizar a (futuros) progenitores de las comunidades en cuestión. Se ha elaborado una guía de buenas prácticas para mejorar la prevención y la protección de las niñas y mujeres que sufrieron o corren el riesgo de sufrir la ablación genital. Consta de una ficha transversal y varias fichas sectoriales (sanidad, asistencia a la juventud, policía y justicia, acogida de solicitantes de asilo) y anexos para llegar a los distintos sectores. En Valonia, el GAMS de Namur fue acreditado en 2020 y el de Lieja está en proceso.

En colaboración con la Red Matrimonio y Migración, el IEFH publicó en junio de 2015 una guía sobre matrimonios forzados y la difundió entre los sectores afectados. La Red impulsó, con apoyo de la Comunidad Francesa, una campaña de sensibilización bajo el lema “ganas de amar”, que entrañó la difusión de anuncios en cadenas de radio y televisión. La Red Matrimonio y Migración impartió formación a profesionales de Valonia y la Región de Bruselas-Capital.

La Comunidad Francesa aportó a la Red Matrimonio y Migración financiación para elaborar una página web y realizar una campaña de carteles con el lema “Mon mariage m’appartient” (Mi matrimonio me pertenece) para dar a conocer la línea de asistencia gratuita 0800/90.901 y una guía para profesionales sobre la violencia por motivos de honor. La guía, que se redactó desde una perspectiva intercultural y atendiendo a la dimensión de género, pretende ser una herramienta que permita a los profesionales entender este tipo de violencia y las circunstancias en las que puede manifestarse, reconocer sus señales y analizar y manejar las situaciones en las que se produzca. Se aportó financiación a la plataforma de lucha contra los matrimonios forzados y la violencia por motivos de honor de Lieja ha recibido para la elaboración de una guía de buenas prácticas de asistencia a menores en situación de riesgo para uso de los servicios de ayuda a los jóvenes. La Región Valona subvenciona desde 2016 a las plataformas de Lieja y Mons que trabajan en estas cuestiones.

En colaboración con Kind en Gezin, la Comunidad Flamenca aprobó un decreto ministerial a fin de reconocer y subvencionar la creación de una nueva modalidad estructural de apoyo a las familias para prevenir la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados, concienciar del problema y apoyar a las (posibles) víctimas y a los profesionales. Desde enero de 2019, el GAMS recibe una subvención estructural de la Región Flamenca para ayudar a las familias a prevenir ambos fenómenos. La Comunidad Flamenca subvencionó a INTACT de 2015 a 2017 para la elaboración y difusión de directrices y una guía de buenas prácticas de lucha contra la mutilación genital femenina.

En marzo de 2018 se elaboró, en concertación con el Colegio de Médicos, un código para la notificación de casos de mutilación genital femenina consistente en una ficha que permite a los médicos intervenir de forma activa y cuidadosa cuando tengan sospechas y remitir los casos a las asociaciones especializadas. El IEFH publicó y difundió un código que los funcionarios del registro civil pueden utilizar para notificar casos de matrimonios forzados a las autoridades locales.

En 2019, el GAMS puso en marcha en colaboración con FORWARD UK y Médicos del Mundo España el proyecto ACCESS, cuyo objetivo es mejorar la prevención, la protección y el apoyo a mujeres migrantes que soportan diversos tipos de violencia de género en Europa. En el marco del proyecto se establecen referentes comunitarios y profesionales, así como una página web y otras herramientas de comunicación.

Violencia contra la mujer

Cuestión núm. 9

Con el plan de acción nacional 2015-2019 se consiguieron diversos avances. La política penal se reforzó con la revisión (COL 04/2006, COL 04/2017) o la aprobación (COL 06/2017) de varias circulares. La disposición jurídica que regula las órdenes alejamiento temporal del domicilio en caso de violencia doméstica se modificó para facilitar su aplicación. Se está probando un mecanismo de alarma en casos de acoso para que las víctimas puedan avisar rápidamente a los servicios de emergencia y, a raíz de la labor de evaluación del riesgo de abusos conyugales, se aprobó una nueva circular (COL 15/2020).

La creación del Centro de Justicia de Familia y los proyectos de enfoque en cadena de los casos complejos y de alto riesgo de violencia doméstica, permitieron desarrollar planteamientos multidisciplinarios y holísticos en la Región Flamenca.

La capacidad de acogida de víctimas de la violencia doméstica aumentó en todo el país durante el confinamiento. Además, desde el 1 de enero de 2020, las casas de justicia tienen un mandato de asistencia y seguimiento de las personas con órdenes de alejamiento temporal del domicilio familiar.

En la Comunidad Flamenca, los asistentes judiciales recibirán formación sobre kindreflex y violencia sexual.

El número de albergues especializados para mujeres víctimas de abusos conyugales pasó de 15 a 20 en la Región Valona entre 2017 y 2019 y la Región de Bruselas-Capital abrió un nuevo albergue en 2017. La Región Flamenca sigue con el proceso de conversión de los centros especializados para que adopten lo antes posible un funcionamiento ambulatorio adaptado a las necesidades de las víctimas y a las circunstancias. Sigue existiendo la posibilidad de acogida en refugios o centros (protegidos) en caso de necesidad.

Se realizaron varias campañas de concienciación, como las dos campañas sobre violencia sexual dirigidas a los jóvenes de habla francesa: “#ARRÊTE c’est de la violence” (PARA, eso es violencia), iniciada en noviembre de 2018, y “Rien ne justifie la violence conjugale” (Nada justifica la violencia conyugal), iniciada en abril de 2020; o las dedicadas a los problemas relacionales que se dirigieron a la población de habla neerlandesa. Se reforzaron o pusieron en marcha sitios web como www.ecouteviolencesconjugales.be, www.tijdvoorjerelatie.be, www.1712.be, www.slachtofferzorg.be y www.violencessexuelles.be. Se amplió la disponibilidad de las líneas telefónicas 0800/30.030 (escucha-violencia doméstica) y 1712 (violencia, abuso y maltrato infantil). Desde principios de 2019 se puede acceder al 1712 por chat. Un número gratuito de asistencia telefónica profesional para casos de violencia sexual se financia con ayuda de la Comunidad Francesa, que lo promocionó mediante campañas en medios de comunicación (televisión, prensa escrita y redes sociales). El sitio web www.victimes.be informa a las víctimas de todas las ayudas que pueden necesitar en su trayectoria, sobre todo en casos de violencia de género. Se han puesto herramientas y medios de capacitación a disposición de los profesionales, como los tres códigos de notificación elaborados en colaboración con el Colegio de Médicos. Los servicios de asistencia a los jóvenes crearon un chat con el lema “Maintenant j’en parle” (Ahora lo cuento), en el que las y los menores pueden hablar de los actos de violencia sexual de que han sido objeto.

Además, la Comunidad Francesa creó en 2017 una etiqueta para las organizaciones que hacen animaciones, formaciones y herramientas didácticas sobre las relaciones afectivas y sexuales dirigidas a los jóvenes y apoyan una convocatoria anual de proyectos. En 2019, la asociación sin fines de lucro Z ! puso en marcha el plan SACHA de lucha contra el acoso y las agresiones en festivales. Un acuerdo piloto con esta asociación permite asistir a los organizadores de varios entornos festivos, sobre todo en universidades, en la aplicación del plan.

El 1 de julio de 2020, la Región de Bruselas-Capital puso en marcha su primer plan para combatir la violencia contra las mujeres, que consta de 56 medidas presupuestadas concretas que se concibieron a partir de una amplia consulta con la sociedad civil y las organizaciones bruselenses.

En colaboración con la asociación sin fines de lucro Ciré, se difundió un folleto para informar las personas migrantes que son víctimas de la violencia doméstica sobre sus derechos y sobre los trámites deben hacer para obtener protección, en el que se dan contactos de profesionales que pueden asesorarlas y ayudarlas con los trámites en cuestión. En la Región Valona también se distribuyó un folleto específico en 13 idiomas. En colaboración con Ella y Federatie van Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties (FMDO), el IEFH presentó una herramienta de concienciación en 22 idiomas acompañada de un sistema de voluntarios capacitados para escuchar a las víctimas de violencia doméstica.

La Comunidad Flamenca publicó por primera vez en diciembre de 2018 los resultados de un estudio sobre la violencia que sufren las niñas y mujeres con discapacidad. Como el tema es delicado y es difícil encontrar víctimas que respondan, no se hizo una estimación de la prevalencia. El estudio dio lugar a una serie de recomendaciones sobre políticas con las que combatir y prevenir la violencia sexual contra las mujeres con discapacidad. Las instituciones deben superar el tabú en torno a las relaciones y la sexualidad, para lo que, entre otras cosas, hay que reforzar los conocimientos técnicos de los empleados y profesionales del sector sanitario. Otros problemas radican en la escasa propensión a denunciar los hechos o a iniciar acciones judiciales.

La Comunidad Francesa financió tres proyectos sobre la violencia que sufren las mujeres con discapacidad: un estudio cualitativo realizado por el Consejo de Mujeres de Habla Francesa de Bélgica (“Handicap, violences et sexualité au prisme du genre”), una investigación-acción de la asociación sin fines de lucro Maison plurielle (“Evaluation et développement des compétences en termes de violences conjugales et intrafamiliales dans le secteur du handicap mental”) y un proyecto de formación y refuerzo entre iguales de la asociación sin fines de lucro Garance (“Femmes en situation de handicap mental, actrices de leur sécurité”). También financió un estudio sobre la violencia en las relaciones amorosas de los jóvenes (12‑21 años), la violencia sexual y la exposición a la pornografía.

La Comunidad Flamenca subvencionó varios proyectos para combatir la violencia contra las mujeres: iniciativas innovadoras en materia de justicia restaurativa, centros de justicia de familia, refuerzo de la línea 1712, establecimiento de contacto entre víctimas de violencia sexual, módulos de aprendizaje electrónico sobre violencia doméstica, proyectos de tratamiento de problemas relacionales y de separación, etc.

En el anexo se presentan datos sobre la violencia de género.

En vista del gran éxito de los tres centros de atención de víctimas de violencia sexual creados en noviembre de 2017, el Estado Federal aprobó en junio de 2020 ampliarlos a diez. Al implantarse en estructuras hospitalarias, estos centros ofrecen a las víctimas de violencia sexual todas las formas disponibles de asistencia en el mismo lugar durante las 24 horas del día, incluso la posibilidad de presentar denuncias. De noviembre de 2017 a febrero de 2019, los tres centros atendieron a 1.277 víctimas de violencia sexual. El 68 % de las víctimas que acudieron al ellos presentaron denuncia ante la policía, un porcentaje muy superior al habitual en estos casos. La concentración de todos los recursos asistenciales en el mismo lugar ayuda a las víctimas a dar el paso de denunciar. La gran mayoría de las víctimas valoran positivamente el conocimiento técnico y la calidad de los cuidados del personal de enfermería forense y el trato con unos inspectores específicamente formados para tratar cuestiones de costumbres, los psicólogos y los gestores de casos.

La Comisión de Reforma del Código Penal elaboró un proyecto de ley de reforma que clasifica a la violencia sexual entre los atentados contra la integridad sexual, la libre determinación sexual y las buenas costumbres. Una proposición de ley en la que se retoman esos planteamientos ha sido presentada al Parlamento, que inició los debates escuchando a diversos comparecientes. La proposición se examinará a fondo posteriormente.

En vista de las circunstancias creadas por la pandemia del COVID-19 y de la voluntad común de dar una respuesta concreta y rápida a las mujeres que padecen situaciones de violencia, a veces agravadas durante los confinamientos, un grupo de trabajo integrado por los 12 gabinetes ministeriales miembros de la Conferencia Interministerial de Derechos de la Mujer (creada el 18 de diciembre de 2019) re reunió para realizar diversas tareas, .

Cuestión núm. 10

La Oficina de Extranjería elaboró un proyecto de circular sobre el mantenimiento del derecho de residencia de las víctimas de violencia doméstica que lo hubieran obtenido por reagrupación familiar para informar a estas personas de los mecanismos de protección existentes. La circular también tiene por objeto informar a los diversos servicios (policía, refugios, etc.) de los derechos que pueden invocar esas mujeres, así como de los procedimientos y las gestiones que han de realizar. Aunque todavía no ha entrado en vigor, la Oficina de Extranjería ya ha informado al respecto a sus asociados, incluidos los refugios especializados.

El trato que recibían los extranjeros casados cuando se rompía la convivencia por actos de violencia doméstica era diferente en función de si sus cónyuges eran ciudadanos de la Unión Europea (o Bélgica) o de terceros países, hasta que el Tribunal Constitucional se pronunció al respecto. A raíz de ello, cuando la Oficina de Extranjería examina si se mantiene o no el derecho de residencia de una víctima de violencia doméstica casada con un ciudadano de la UE, ya no debe exigirle pruebas de que dispone de ingresos suficientes o de un empleo (y seguro médico). La Oficina ya ha adaptado sus procedimientos con arreglo a esa sentencia sin esperar a una posible modificación legislativa.

En virtud de la circular COL 04/2006, los servicios policiales están obligados a informar de los hechos de los que tengan conocimiento a la Oficina de Extranjería, que ha elaborado un formulario para informar de personas beneficiarias de la reagrupación familiar que pasan por situaciones especialmente difíciles. El formulario permite a los servicios de policía notificar a la Oficina los casos de violencia doméstica (por ejemplo, a raíz de denuncias). Consta de apartados sobre la identidad de las personas afectadas, la naturaleza de la violencia (psicológica, sexual o física), la existencia de pruebas (fotos, testigos, certificados médicos, etc.) y los servicios de asistencia que hayan podido prestar asociaciones o refugios y sobre si hay hijos de por medio y si la persona afectada tiene o no antecedentes por delitos de orden público.

Bélgica ha adoptado un enfoque holístico de los castigos corporales (prevención, represión, apoyo y asistencia a las familias). Aunque ya hay disposiciones civiles y penales aplicables a la educación que protegen a los niños de la violencia con fines didácticos, se ha abierto un debate para adaptar el derecho civil belga al artículo 17 de la Carta Social Europea. La prohibición de disciplinar a los niños con cualquier forma de violencia se ajusta a la evolución de la sociedad belga y refleja la opinión general. Bélgica considera, al igual que el Comité de los Derechos del Niño, que el uso de la violencia en la educación es inaceptable en cualquier circunstancia. La prohibición debería aplicarse tanto a la persona que ejerce la patria potestad como a los tutores y a quien asume la guarda y la educación de un niño.

Existe una política de prevención de los malos tratos y de apoyo a la crianza de los hijos a escala comunitaria.

Trata y explotación de la prostitución

Cuestión núm. 11

Se han adoptado diversas medidas para reforzar la lucha contra la trata de personas. La Ley de 31 de mayo de 2016 introdujo una serie de modificaciones técnicas en la materia, a saber: se amplía la lista de circunstancias agravantes a todos los modi operandi previstos en la Directiva de la UE sobre la trata; se fijan sanciones más duras para los responsables; se tipifica la tentativa de trata y se amplía el plazo de prescripción a 18 años; y se protege las víctimas de trata con fines de explotación sexual de toda divulgación pública de su identidad. La circular sobre la investigación y represión de la trata se actualizó en la circular COL 01/2015, en la que se recomienda recurrir en mayor medida a la investigación financiera (para embargar y confiscar los productos del delito) y los métodos específicos de investigación, y se insiste en el interés de las víctimas, que entraña el cálculo de los ingresos que dejaron de percibir al ser explotadas.

La Ley de 22 de mayo de 2019 relativa al tráfico de órganos humanos y al principio de no penalización de las víctimas de la trata, establece que no se puede castigar a las víctimas de trata por infracciones directamente derivadas de su situación de explotación. El principio de no penalización de las víctimas de la trata queda así consagrado jurídicamente. Bélgica ya lo reconocía antes, pero se aplicaba mediante una circular, y la incorporación a la ley lo refuerza.

En el marco del tercer Plan de Acción Nacional contra la Trata 2015-2019 siguieron aplicándose iniciativas de política penal, protección de las víctimas y sensibilización sobre el terreno.

La circular de 23 de diciembre de 2016 actualiza, en función de las iniciativas legislativas y administrativas adoptadas en los años anteriores, las directrices sobre las actividades de cooperación multidisciplinaria en beneficio de las víctimas de la trata y algunas de sus formas agravadas. Sirve para organizar la colaboración multidisciplinaria entre los diversos asociados que reciben instrucciones de identificar a (posibles) víctimas de la trata y algunas de sus formas agravadas, y de orientarlas y acompañarlas. En la circular también se especifican los procedimientos que han de emplearse para que las víctimas puedan acogerse al estatuto de protección. Deben romper todo contacto con los (posibles) infractores, recibir el apoyo de un centro de acogida especializado y acreditado y cooperar con la justicia prestando declaración o interponiendo denuncia (salvo durante el período de reflexión). La etapa de identificación (en la que un tribunal reconoce formalmente a la víctima concediéndole protección temporal), se centra sobre todo en la información de la víctima y en orientarla hacia un centro de acogida especializado que la asista en el proceso (facilitándole apoyo residencial si fuera necesario, asistencia psicosocial y médica, ayuda administrativa y jurídica y servicios de interpretación).

En los ámbitos de la prevención, la información pública y la formación, se han llevado a cabo muchas iniciativas, sobre todo en hospitales y centros de observación y orientación de solicitantes de protección internacional.

La explotación sexual ha suscitado una atención renovada de las entidades federadas. A finales del año escolar 2015-2016, se hizo llegar a los diez establecimientos de enseñanza superior de la Comunidad Francesa que ofertaban formaciones en enfermería un folleto dirigido al personal hospitalario con consejos sobre cómo actuar en casos de trata de personas (“Traite des êtres humains, que faire ? Conseil pour le personnel hospitalier”). La Comunidad Francesa impartió en 2017 cursos de formación para trabajadores sociales y de asistencia a la juventud sobre la explotación de menores para fines sexuales, delictivos o de mendicidad. Esos cursos volvieron a impartirse en 2019. Además, el manual de prevención y gestión de la violencia escolar de la Comunidad Francesa tiene desde 2017 de una ficha sobre la trata. A principios de 2017, la Región Flamenca financió un sitio web para la campaña stop- tienerpooiers (proxenetas de adolescentes) de Child Focus, que pretende concienciar a los particulares y profesionales que tienen contacto con adolescentes para que actúen de manera preventiva o denuncien (posibles) casos de explotación. En 2019, se concedió a Child Focus una subvención de 15.000 euros para la realización de un estudio cualitativo sobre los proxenetas adolescentes en la Región de Bruselas-Capital. Está terminando de redactarse el informe correspondiente, en el que se formulan recomendaciones para las distintas instancias de poder.

Se aprobó introducir en el Plan de Acción Nacional contra la Trata una adición sobre explotación de menores centrada en las medidas que deben tomarse para mejorar el reconocimiento y la derivación de esos menores. En la Comunidad Flamenca se elaboraron un plan de acción y una guía sobre la explotación sexual de menores para profesionales de servicios de atención a la juventud. En la Comunidad Francesa se especificaron con mayor precisión los procedimientos aplicables y se organizaron dos actividades de formación para profesionales de servicios de atención a la juventud. En 2018 volvió a realizarse una campaña en medios hospitalarios, particularmente en los servicios de ginecología. El nuevo folleto tiene ahora una sección sobre el tráfico de órganos. Por último, el servicio de tutela se ha dotado de un grupo de tutores especializados con formación específica en materia de trata.

Además, Bélgica participó en 2019 en la campaña “conoce tus derechos” de la Red Europea de Prevención de la Delincuencia y en la Campaña Corazón Azul contra la Trata de Personas de las Naciones Unidas.

El Informe Anual sobre la Trata y el Tráfico de Personas de 2019, titulado “De la force d’action pour les victimes” (Acción firme por las víctimas), ofrece datos desglosados por sexo y otra información sobre la trata de personas. Entre 2015 y 2018, se abrieron 510 nuevos procesos de acompañamiento de víctimas. En 2018, 122 víctimas iniciaron nuevos procesos de acompañamiento en tres centros de acogida, entre ellas 38 mujeres víctimas de explotación sexual. 115 víctimas de trata iniciaron los procedimientos de solicitud de permisos de residencia específicos, entre ellas 44 mujeres.

Además de los fondos que les aportan las entidades federadas, los tres centros especializados en la acogida de víctimas de trata reciben desde 2018 financiación del Departamento de Justicia.

Para proteger a las víctimas de trata y luchar eficazmente contra los tratantes, es necesario cooperar con las autoridades judiciales. Con todo, se ha cambiado el documento que se da a las víctimas durante el período de reflexión. Antes, a las víctimas mayores de 18 años se les imponía una orden de salida del territorio válida durante 45 días, pero la práctica ha demostrado que acompañar el período de reflexión de una orden de expulsión no siempre resultaba satisfactorio para los agentes sobre el terreno y las víctimas. En lugar de esa orden, ahora se les proporciona un permiso de residencia temporal. Durante ese período de 45 días, la víctima puede recuperarse, sustraerse a la influencia de los presuntos tratantes y decidir que cooperará o no con las autoridades. En el sistema belga, la posible víctima de trata no tiene que prestar testimonio para beneficiarse de las medidas de protección previstas. Basta con una simple declaración.

Cuestión núm. 12

Bélgica ha ratificado el Convenio de Nueva York para la Represión del Tráfico de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena de 1949. Su legislación no es, pues, abolicionista. La prostitución no está penalizada per se, pero sí la explotación de la prostitución ajena. Bélgica ha ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, de 3 de mayo de 2005, y el Protocolo complementario de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, de 15 de diciembre de 2000. Así, la ley belga persigue con dureza tanto la trata de seres humanos como la explotación de la prostitución ajena.

Según información de organizaciones no gubernamentales, en Bélgica se prostituyen unas 15.000 personas. Cabe recordar que en las bases de datos judiciales no se registra información sobre las víctimas, sino sobre quienes cometen infracciones (trata, proxenetismo, explotación de la sexualidad o de la prostitución ajena).

Un estudio exploratorio del tema encargado por la Comunidad Francesa confirmó que inventariar y calcular el número de personas que se prostituyen era una tarea particularmente difícil (si no imposible) de hacer con precisión. El estudio indica que hay entre 15.000 y 20.000 que se prostituyen, principalmente mujeres, y concluye que el fenómeno está poco documentado y, a menudo, de forma reductora o estigmatizante, lo que hace imposible hacer un verdadero inventario. En el plano cualitativo, el estudio hace hincapié en las opresiones, sustentadas en lógicas patriarcales, que favorecen la entrada en la prostitución y pone de relieve un marco cultural asentado en la mercantilización de los cuerpos y de las relaciones entre hombres y mujeres, y potenciado por la hipersexualización y la uberización. La prostitución resulta ser una actividad en la que es más fácil entrar que salir debido a las lógicas de opresión. Hay formas de opresión que, al manifestarse en los servicios públicos, en el acceso a los derechos o en los servicios privados, revelan que las personas que ejercen la prostitución viven en una injusticia social cotidiana.

La Comunidad Francesa ha aportado a la asociación abolicionista Isala (2017‑2019) financiación para diversos proyectos de concienciación, fortalecimiento de sus miembros y medidas concretas de apoyo a mujeres en situación de prostitución para que se empoderen y salgan de ella. La asociación ha puesto en marcha un modelo de acompañamiento integral que se ocupa en particular de la integración económica y el alojamiento y en 2019 abrió un centro de tránsito que acoge y acompaña a mujeres que desean abandonar la prostitución.

El decreto de la administración de Valonia de 12 de enero de 2017, que introduce en el Código Regulador de la Acción Social y la Salud de Valonia varias disposiciones sobre acreditación y concesión de subvenciones a servicios de asistencia y atención para personas que se prostituyen, ha permitido acreditar a las tres asociaciones activas en el sector. Actualmente hay 5 servicios acreditados y 8 delegaciones.

Participación en la vida política y pública

Cuestión núm. 13

Todas las administraciones del país deben ser mixtas. La administración valona está obligada desde 2019 a que cada sexo esté representado como mínimo en la tercera parte de los puestos. En 2020, las mujeres ocupaban cuatro cargos en el Gobierno Federal (30,8 %), tres en el Gobierno de Flandes (33,3 %), tres en el Gobierno de Valonia (37,5 %), tres en el Gobierno de Bruselas (37,5 %), tres en la Autoridad de la Comunidad Francesa (60 %) y una en la Autoridad de la Comunidad de Lengua Alemana (25 %).

Tras la aprobación de varias leyes para reforzar la participación de las mujeres en la vida política, la cuestión está bien asentada en la ciudadanía y recibe una cobertura muy amplia de los medios de comunicación, por lo que no parece útil que las autoridades públicas sigan realizando campañas de concienciación.

En 2019, el IEFH publicó el estudio “Femmes et hommes au sein de l’administration fédérale” (Mujeres y hombres en la administración federal), que aborda la evolución de la presencia de mujeres en los más altos cargos de la administración federal entre 2012 y 2017. En 2017, el porcentaje de mujeres en los dos puestos más altos de la administración federal fue del 18,6 %, muy inferior al de otros países europeos, donde por término medio es del 41,7 %. En el puesto más alto de la administración federal, la proporción de mujeres fue de solo el 11,1 % en 2017. En las entidades federadas, el porcentaje es del 44,4 % en la Región Valona, del 28,6 % en la Región de Bruselas-Capital, del 20 % en la Comunidad Francesa, del 18,2 % en la Región Flamenca y del 0 % en la Comunidad de Lengua Alemana.

En 2019, el porcentaje de mujeres en los puestos más altos del cuerpo diplomático era del 11 %. En años anteriores se habían aplicado iniciativas para fomentar la incorporación de mujeres al cuerpo diplomático, como la integración de la dimensión de género en la reforma del examen de ingreso al cuerpo y la campaña con que se publicitó ese examen. Hay otros ejemplos, como la campaña de vídeo para promover la presencia femenina en los servicios públicos federales (“Le SPF au féminin”) y el texto publicado recientemente en Facebook bajo el título “La Belgique veut recruter plus de femmes diplomates” (Bélgica quiere más mujeres en sus servicios diplomáticos).

Se han fijado cuotas para luchar contra la infrarrepresentación de las mujeres en los consejos de administración. La Ley de 28 de julio de 2011, que exige que los consejos de administración de las empresas belgas que cotizan en bolsa, las empresas públicas autónomas y la Lotería Nacional no tengan más de dos tercios de consejeros de un mismo sexo, ha tenido una gran incidencia en la representación de las mujeres. Entre 2008 y 2017, la proporción de mujeres en consejos de administración pasó del 8,2 % al 26,8 %. Aunque se han logrado verdaderos avances, la paridad todavía está lejos y la última evaluación mostró que la tercera parte de las empresas estudiadas no cumplían los requisitos legales. Además, los comités de dirección no están sujetos a dicha ley. Según se ha evaluado, en las empresas cuyos consejos de administración están sujetos a la ley de cuotas, la proporción de mujeres en los comités de dirección está cambiando, pero sigue siendo inferior (18 % en 2017).

Educación

Cuestión núm. 14

Bélgica ha elaborado el plan quinquenal Women in digital. National and inter-sectoral strategy 2020-2025 (véase la cuestión núm. 15) para potenciar la presencia de mujeres en disciplinas de CTIM y TIC. Además, el Digital Belgium Skills Fund, que se estableció en mayo de 2017 para un período de tres años y con una dotación de 18.000.000 euros, financia proyectos sobre el género y las TIC, como el proyecto Post it! de la asociación Ella sobre narración digital para mujeres inmigrantes.

El proyecto de orientación laboral sin prejuiciosGirls day , Boys day, apoyado por la Comunidad Francesa, la Región Valona y varias provincias, tiene por objeto concienciar a muchachas y muchachos de 12 a 18 años sobre los estereotipos de género en el ámbito de la orientación escolar y profesional y hacer que descubran el mundo del trabajo presentándoles profesiones atípicas para que puedan elegir libremente sus estudios y profesiones en función de sus intereses y aptitudes personales. En el evento, que comprende animaciones y encuentros con personas que presentan sus experiencias, participaron 37 colegios, 148 clases y 2.674 alumnos en la edición 2017-2018 y 47 colegios, 153 clases y 2.340 alumnos en la edición 2018‑2019.

En 2018, la Región Valona llevó a cabo la campaña Wonder Wallonia Women para dar a conocer a niñas y mujeres las profesiones digitales por las que podrían optar en sus estudios y trayectorias profesionales. En el marco de la campaña se escucharon los testimonios de mujeres que habían llegado a ser referentes y se organizaron talleres “solo para chicas” con el propósito de que estas se sintieran más cómodas al abordar disciplinas de CTIM. En 2017, Interface3 Namur publicó 90 fichas descriptivas de profesiones digitales en un lenguaje más inclusivo con las niñas y un folleto que propugnaba una mayor diversidad de género en las profesiones informáticas. Se están apoyando actividades de iniciación a los códigos digitales reservadas a las niñas.

El plan de acción en CTIM para 2012-2020 de la Comunidad Flamenca se centra específicamente en los grupos infrarrepresentados, como las niñas con aptitudes en CTIM y los jóvenes que se educan en circunstancias difíciles debido a su situación socioeconómica o su origen extranjero. En el marco del plan se desarrollan redes de aprendizaje específicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para docentes de primaria y secundaria, se definen buenas prácticas de aplicación de esas disciplinas y se adoptan medidas precisas de educación técnica y profesional a fin de ofrecer a esos jóvenes oportunidades adicionales de descubrir y cultivar sus aptitudes en esos ámbitos. El porcentaje de chicas matriculadas en estudios superiores de CTIM pasó del 37 % al 40 % entre 2011 y 2016. Se está trabajando en un nuevo plan para el período 2020-2030. Se ha prestado apoyo a pequeños proyectos, como el fab lab STEAM o los proyectos para niñas vulnerables de origen extranjero, y a investigaciones sobre las disciplinas de formación técnica y profesional que eligen niños y niñas.

En la Comunidad Flamenca, el departamento de educación, las redes educativas y las asociaciones de padres de alumnos firmaron en 2012 una carta pidiendo que en el medio escolar se tuvieran más en cuenta las cuestiones de género y a las personas LGBT. Para hacer realidad este anhelo se dota a la asociación Çavaria de una ayuda anual de 73.000 euros y de un docente a tiempo completo en comisión de servicios. Se ofrecen a los equipos de enseñanza, el personal docente, los servicios de asesoramiento educativo, entre otros, programas personalizados gratuitos. Existe una plataforma educativa (www.schooluitdekast.be) con material pedagógico para docentes (folletos, cortometrajes, etc.).

La Comunidad Francesa lleva desde 2017 trabajando en una reforma sistémica de su sistema educativo mediante el Pacto por una Educación de Excelencia, uno de cuyos propósitos es ampliar las actividades de orientación escolar y laboral prestando especial atención al enfoque de género. Se están elaborando una estrategia de CTIM y un plan de acción.

Desde 2020, los libros de texto llevan por sistema una etiqueta sobre cuestiones de género y sus editores deben cumplir una serie de condiciones entre las que está la obligación de respetar el principio de igualdad de género.

En mayo de 2018, la Comunidad Francesa presentó el módulo de formación inicial y continua de docentes Filles-Garçons , une même école (www.egalitefillesgarçons.be), una herramienta en línea para sensibilizar e informar al cuerpo docente sobre las disparidades de género en la escuela. Se elaboró en colaboración con el sector asociativo (la Universidad de las Mujeres), para que los docentes pudieran desarrollar una enseñanza más igualitaria. El módulo tiene recursos para concienciar acerca de la igualdad para los distintos niveles de educación. El género se aborda específicamente en la reforma de la educación obligatoria, sobre todo en la elaboración de materiales. Algunos artículos de la reforma de la formación inicial del profesorado aprobada a principios de 2019 tratan explícitamente de la dimensión de género y de la violencia contra las mujeres.

Se ha abierto un proceso de reflexión sobre la introducción de cursos específicos sobre la violencia contra las mujeres en los planes de estudio de Derecho, Medicina, Periodismo y Psicología. Además, hay un centenar de formaciones sobre el tema, entre ellas una diplomatura en Género y Sexualidad en la Universidad Libre de Bruselas, un curso de violencia de género para profesionales del sector social y un máster de especialización en estudios de género de titulación conjunta en 6 universidades.

Desde 2016, un Comité de Mujeres y Ciencia, que dispone de una red de referentes en género de todas las universidades, formula opiniones y recomendaciones sobre cuestiones de igualdad de género en los ámbitos académico y científico.

La Universidad Libre de Bruselas está aplicando la medida “en cascada” desde 2016-2017. En concreto, el rectorado debe garantizar que la proporción de mujeres y hombres que ascienden de categoría sea al menos igual a la de la categoría anterior. Este principio se aplica en los ascensos a profesor titular. Por ejemplo, si las mujeres son el 33 % del personal de categoría N-1 (profesor adjunto), deberá haber al menos un 33 % de mujeres que ascienden a la categoría N (profesor titular). El objetivo es evitar que se vaya erosionando el equilibrio de género en las categorías superiores de la carrera docente y alentar, desde que inician la andadura profesional, que las mujeres se desarrollen tanto como los hombres. La Comunidad Francesa financió en 2018 un proyecto de la Universidad Libre de Bruselas para luchar contra los sesgos inconscientes en los procesos de contratación.

En términos relativos, abandonan la escuela prematuramente más alumnos de nacionalidad extranjera que de nacionalidad belga y más niños que niñas.

Las razones para abandonar los estudios antes de tiempo son de dos tipos: factores de atracción (como la llamada del mercado laboral y la posibilidad de obtener una cualificación gracias a una segunda oportunidad de formación) y factores de expulsión (aburrimiento de la escuela, repetición de curso, absentismo escolar, problemas psicológicos, problemas familiares, etc.).

En 2015, el Gobierno de Flandes aprobó el plan de acción Samen tegen schooluitval, que tiene por objeto garantizar el derecho al aprendizaje de todos los niños y jóvenes y reducir las cifras de fracaso y deserción escolares. Consta de 52 medidas de seguimiento y coordinación, prevención, intervención y compensación y se centra en una cobertura amplia de servicios de atención y en una ampliación de esos servicios para evitar que los jóvenes abandonen la escuela antes de tiempo, con independencia de la edad, el sexo y las condiciones sociales. Según las cifras de absentismo, hay más muchachos que muchachas que abandonan la enseñanza secundaria (3,1 % frente al 2,2 % en el curso 2017-2018), un desequilibrio que ha aumentado en los últimos cuatro años (2,2 % frente al 1,7 % en 2014-2015). Las cifras de deserción escolar también son mayores en los niños (12,7 %) que en las niñas (8 %) (curso escolar 2015-2016). Entre los ninis (ni estudia, ni trabaja) de 15 a 24 años hay más varones que muchachas (7,7 % frente al 6,6 % en 2017) y, según mostró el Cedefop, entre los 20 y los 34 años hay más mujeres ninis (19,5 % frente al 14,9 % en 2016), lo que puede estar asociado a la maternidad, al pluriempleo o al trabajo en negro, entre otras cosas. Los jóvenes que faltan largos períodos a la escuela por enfermedades o embarazos en la adolescencia o por tener que asistir o cuidar a personas de su entorno, y tienen por ello mayor riesgo de atraso, pueden estudiar gracias a un servicio temporal de enseñanza a domicilio que permite reducir el retraso en la medida de lo posible. Los servicios competentes hacen un seguimiento preciso del plan (número de alumnos por sexo y tipo de asistencia prestada) que permite adaptar las medidas y tener en cuenta la dimensión de género cuando procede (por ejemplo, cuando el cuidado de personas del entorno causa más absentismo entre las niñas que entre los niños).

Desde 2014-2015, el máster interuniversitario de género y diversidad se oferta en las cinco universidades flamencas, donde profesores de diferentes facultades y departamentos imparten formación avanzada en ese ámbito. Se hace hincapié en la relación entre el género y otras formas de diversidad y desigualdad, como la pertenencia étnica, la orientación sexual, el nivel socioeconómico, la visión de la vida y la discapacidad. Desde esa perspectiva crítica, que se conoce por interseccionalidad, se abordan cuestiones medulares en los ámbitos de la ciencia, la historia, la política, los medios de comunicación, la cultura y la sociedad.

La Comunidad Francesa está elaborando un plan general de lucha contra el abandono escolar que, según se prevé, dispondrá de sistemas eficaces de recogida de datos para el seguimiento de objetivos específicos, redefinirá las funciones y cometidos de los mecanismos de intervención y establecerá un marco más sólido de coordinación de los agentes interesados. Se articulará en torno a tres ejes (la prevención, la intervención y las medidas de compensación), tratará de distinguir entre servicios de primera, segunda y tercera línea y especificará el plazo de intervención de los distintos agentes. Está previsto empezar a aplicarlo en septiembre de 2020.

Empleo

Cuestión núm. 15

Bélgica sigue luchando contra la segregación profesional, para lo que aplica medidas con las que combatir el fenómeno en los ámbitos de la educación y la orientación escolar (véase la cuestión núm. 14), tiene en cuenta la dimensión de género en sectores como las TIC, las CTIM o la economía verde y promueve entre los varones las profesiones sanitarias.

Para cambiar las actitudes, Bélgica se centra en concienciar a trabajadores y empresarios mediante campañas de deconstrucción de los estereotipos y roles tradicionales de género.

a.Acceso de las mujeres al empleo en general y a las profesiones científicas y tecnológicas en particular

Emulando la gran coalición que se formó en el plano europeo para fomentar el empleo en las TIC, Bélgica puso en marcha en septiembre de 2015 una coalición nacional sobre competencias y empleos en TIC (DigitalChampions.be). Esta alianza reúne a los agentes interesados de las distintas administraciones públicas, el sector educativo y el sector privado y concibe iniciativas para que los ciudadanos mejoren sus competencias digitales. Se hace hincapié en la formación continua, se aplican medidas específicas para los grupos destinatarios y se tiene en cuenta la dimensión de género. En cuanto a la codificación, se pretendía motivar a 20.000 niños, de los cuales al menos el 40 % eran niñas, para que participaran en un evento sobre codificación antes de 2020.

La publicación anual Baromètre de la société de l'information (Barómetro de la Sociedad de la Información), ofrece datos desglosados por sexos desde 2016, como ocurre con los indicadores relativos la brecha y las competencias digitales.

En aplicación de la Declaración de compromiso sobre las mujeres en el ámbito digital que la Unión Europea aprobó en 2019, Bélgica está elaborando una estrategia intersectorial nacional para promover la presencia de mujeres en los ámbitos digitales (particularmente en materia de CTIM y TIC) para el quinquenio 2020-2025. En ella se establecen cinco objetivos estratégicos para superar las barreras estructurales que impiden la participación de las mujeres en el mundo digital: suscitar el interés de las niñas por disciplinas de CTIM y TIC, promover el empleo de las mujeres en esos ámbitos, trabajar toda una carrera en CTIM y TIC, crear nuevas imágenes y conseguir que todas las mujeres adquieran competencias básicas.

En febrero de 2017, la Región de Bruselas-Capital aprobó el plan NextTech, que tiene por objeto apoyar y fomentar con medidas concretas la creación y el desarrollo de empresas dedicadas a las tecnologías de la información y la comunicación. Con la decimotercera medida del plan se pretende acelerar la incorporación de mujeres a empresas innovadoras del sector de la alta tecnología y la creación de empresas emergentes. El plan también prevé la creación de una plataforma de sensibilización, información y orientación para mujeres de Bruselas que deseen dedicarse al emprendimiento innovador y las TIC o informarse al respecto mediante el proyecto Women In TECH. La plataforma pretende reflejar el ecosistema de emprendimiento de las mujeres de Bruselas en el ámbito de las TIC y reunirá a todos los agentes interesados a fin de reforzarlo y darle visibilidad entre las interesadas. Women In TECH tiene varios objetivos, entre ellos sensibilizar e informar a las mujeres de Bruselas sobre las posibilidades de innovación que ofrecen las nuevas profesiones digitales en el marco del Plan NextTech; fomentar la creación y el desarrollo de empresas en ese ámbito y apoyar a las (futuras) empresarias; animar a las empresarias a compartir sus experiencias técnicas e innovadoras con otras mujeres para servirles de modelo. Se asoció con el Women Code Festival de Bruselas en 2018.

A finales de 2016, la Región de Flandes puso en marcha un plan de impulso de las TIC para mejorar el nivel de alfabetización digital de los jóvenes (adquisición de conocimientos de programación, desarrollo de campañas y juegos, creación de sitios web). En las campañas de comunicación para promover la ciencia y la tecnología se presta especial atención a las niñas y a los jóvenes desfavorecidos.

Según los datos de seguimiento socioeconómico del Servicio Federal de Empleo y el Unia correspondientes a 2019, la situación de las mujeres en el mercado laboral ha mejorado globalmente, aunque esta conclusión solo es válida para las belgas de nacimiento.

b.Lucha contra la brecha salarial y conciliación de vida privada y profesional

La lucha contra la brecha salarial es desde hace años una prioridad del país. Los principios de no discriminación salarial e igualdad de retribución de hombres y mujeres por un trabajo igual o de igual valor se plasmaron en la legislación belga muy pronto.

La brecha salarial de Bélgica es una de las más pequeñas de la Unión Europea y sigue reduciéndose: calculada en función de los salarios brutos anuales, ha pasado del 10,9 % en 2014 al 9,6 % (corregida en función de la jornada laboral). Al mismo tiempo, la tasa de empleo de las mujeres sigue aumentando (pasó del 62,9 % en 2014 al 65,5 % en 2018). Por otro lado, la brecha salarial bruta (no corregida en función de la jornada laboral) seguía siendo del 24,5 % en 2018 (frente al 23,7 % de 2014). Una de las razones de la diferencia entre la brecha salarial corregida en función de la jornada laboral y la brecha salarial bruta es la elevada proporción de trabajadoras a tiempo parcial. En Bélgica, en 2018, el 40,5 % de las empleadas trabajaban a tiempo parcial, frente a solo el 9,4 % de los empleados. Esta cifra es muy superior a la media europea (30,8 %). Las encuestas también muestran que trabajar a tiempo parcial no es una elección de las mujeres.

Las razones para trabajar a tiempo parcial también difieren según el sexo. Las mujeres siguen cargando con la gran mayoría de las tareas domésticas y de cuidados. Un estudio de 2016 sobre la gestión del tiempo muestra que cada semana los hombres siguen dedicando casi 1,5 horas al día más que las mujeres al trabajo remunerado, mientras que estas dedican casi 1,5 horas más a las tareas del hogar. En el lado positivo, el tiempo que los padres dedican al cuidado y la educación de los hijos aumenta cada año.

También aumenta constantemente el número de personas que disfrutan de licencias parentales, un cambio particularmente importante entre los hombres. De hecho, la distribución por sexos de esas licencias sigue estando globalmente desequilibrada (aproximadamente un 70 % de mujeres por un 30 % de hombres), pero el número de padres que se han acogido a este dispositivo ha aumentado más del doble entre 2008 y 2015 (pasando de 8.000 a 18.000). La fórmula más popular, sobre todo entre los hombres, es una reducción de la quinta parte de la jornada laboral. En septiembre de 2018 se introdujo una licencia parental que permite reducir una décima parte de la jornada laboral. Estas cifras son alentadoras, pero sigue siendo necesario concienciar a los progenitores y a los empresarios.

Cuestión núm. 16

a.Fomentar el empleo a jornada completa entre las mujeres

Bélgica quiere reforzar la presencia de las mujeres en el mercado laboral, en particular mejorando la conciliación de la vida familiar y laboral de ambos progenitores y fomentando un mejor reparto de tareas en el ámbito privado, para lo que el Gobierno ha adoptado medidas en materia de permisos y flexibilidad del mercado laboral (véanse los puntos c y d).

La Ley de Trabajo Factible y Manejable de 5 de marzo de 2017 establece la posibilidad de modular el horario de entrada y salida del trabajo.

b.Plan Cigüeña III: ampliación de los servicios de guardería en la Región Valona y la Región de Bruselas-Capital

El Gobierno de la Comunidad Francesa aprobó en 2013 el Plan Cigüeña III (2014-2022), con el que pretendía crear 14.849 plazas de guardería para niños menores de tres años en entidades, subvencionadas o no, de tipo colectivo o familiar. Con esas nuevas plazas deberían equilibrarse las tasas de cobertura de servicios de las distintas subregiones para 2022. La Comunidad Francesa, en colaboración con la Región Valona, la Región de Bruselas-Capital y la Comisión Comunitaria Francesa, ha destinado importantes recursos presupuestarios a este fin. El Plan debería servir para reforzar las sinergias con miras a una simplificación administrativa que beneficie a los responsables de proyectos. Las nuevas plazas de guardería deben cumplir ciertos requisitos, como estar situadas en las zonas con mayor presión demográfica y menor cobertura. Luchar contra las desigualdades de acceso a estos servicios también es prioritario, por lo que se pone especial empeño en la asequibilidad. También se pretendía diversificar las modalidades de servicio: guarderías colectivas, concertadas, de atención urgente, de horarios flexibles, de atención a niños enfermos, etc.

En la Región de Valonia se crearon 105 nuevos establecimientos de atención colectiva con 2.768 plazas, 2.315 de ellas subvencionadas por las autoridades públicas. Además, en 2017 se puso en marcha el plan BB-Pack, un sistema de financiación de los cuidadores a domicilio mediante microcréditos. Estas medidas mejoran la empleabilidad, sobre todo para las mujeres, y la conciliación cotidiana de la vida profesional y familiar.

c.Campaña federal de concienciación “Congé parental recrute des pères”

En 2018, con motivo del Día del Padre, se presentó la campaña de concienciación “Congé parental recrute des pères” (Licencia parental busca padres), que tenía por objeto informar a los padres de las diferentes modalidades de licencia parental. El lema de la campaña era: La licencia parental es un derecho del trabajador, solicítela, no se arrepentirá. De hecho, según muestran las investigaciones, muchos hombres querrían pasar más tiempo con sus hijos, pero no saben que pueden obtener estas licencias o temen que afecten negativamente a sus carreras. En la actualidad, siguen concediéndose mayoritariamente a mujeres. Según un estudio del IEFH, la proporción de licencias parentales concedidas a hombres pasó del 15 % en 2004 al 32 % en 2017 (las madres son el 68 %). Si más hombres las solicitaran sería posible repartir mejor las tareas domésticas y fomentar la igualdad de género en el ámbito profesional. La campaña se difundió durante un año en las maternidades mediante la distribución de un “papa only bag” entre los padres jóvenes.

d.Flexibilización de las licencias parentales y extensión de la licencia de paternidad

Bélgica mejoró en septiembre de 2018 las condiciones de las licencias por adopción, instauró una licencia de acogida y flexibilizó las licencias parentales (posibilidad de solicitar la reducción de la jornada laboral en una décima parte, esto es, media jornada por semana o un día cada quince días) a fin de atender las necesidades de flexibilidad de los progenitores.

A principios de 2019 también se estableció una licencia de paternidad de 10 días para los trabajadores autónomos (los trabajadores por cuenta ajena ya tenían esa posibilidad).

Cuestión núm. 17

En 2014 se afinaron las disposiciones de protección contra la violencia y el acoso moral o sexual, sobre todo en lo tocante a la formación obligatoria de las personas de confianza y a las obligaciones del empresario de hacer cumplir más rigurosamente los plazos de tramitación de reclamaciones y adoptar medidas cautelares en caso de incidentes graves. Desde entonces, los prevencionistas también tienen la obligación de remitir el asunto a la Inspección de Servicios Sociales cuando haya un peligro grave e inminente y el empresario no tome las medidas adecuadas. Los prevencionistas deben comunicar cuanto antes su dictamen al empresario para que pueda decidir rápido. También hay que informar mejor a las partes del contenido del dictamen del prevencionista. Por último, la víctima tiene la posibilidad de solicitar una indemnización global por daños y ya no tiene que probar la magnitud de los daños y el vínculo causal entre comportamientos y daños.

El Servicio Público Federal de Empleo, Trabajo y Diálogo Social organiza sesiones de información y trabajo en red sobre este tema para personas de confianza y prevencionistas. Se están llevando a cabo otras iniciativas, como el encuentro de empresas de la red de empresas respetuosas de las cuestiones de género que el IEFH puso en marcha en noviembre de 2018, en el que cuatro empresas presentaron las medidas concretas de lucha contra el acoso sexual que habían adoptado.

Cuestión núm. 18

En los últimos años, el IEFH se ha ocupado en particular de la discriminación por embarazo y maternidad y ha llevado varios casos ante los tribunales, lo que permitió que se condenase a empleadores que discriminaban por este motivo. También ha realizado un estudio sobre las experiencias de las embarazadas en el lugar de trabajo para comprender mejor la discriminación de que son objeto a pesar de la protección que ofrece la ley. En 2017, puso en marcha la importante campaña “Maman reste à bord” (Mamá sigue a bordo), destinada a concienciar por diversos medios a las mujeres que estaban embarazadas o se estaban planteando ser madres de que tienen derechos y no deben ser discriminadas, rechazadas o acosadas por su embarazo o maternidad. El propósito de la campaña era incitarlas a que se informaran y, en su caso, a que presentaran una queja ante el IEFH. El IEFH publicó un folleto informativo para trabajadoras que se someten a tratamientos de fecundación in vitro para informarles de sus derechos y deberes y de las medidas de protección durante el tratamiento. El informe sobre discriminación de género que el IEFH publica cada año muestra que el número de denuncias de discriminación por embarazo y maternidad no deja de aumentar.

Además, la legislación contra la discriminación se ha reforzado recientemente en función de los dictámenes y recomendaciones del IEFH y se han añadido varios “criterios de protección”. Entre los motivos de discriminación también están ahora la paternidad, la comaternidad, la lactancia, la adopción, la reproducción médicamente asistida y las características sexuales.

De septiembre de 2017 a marzo de 2018, en la Región Flamenca se realizó una campaña de concienciación contra la discriminación con el lema “Het is gauw gebeurd”, para lo que se colaboró con los agentes sociales flamencos y con asociaciones de personas desfavorecidas. El objetivo era inducir a reflexionar sobre la discriminación y los mensajes potencialmente discriminatorios. Todo el material de la campaña está publicado en un sitio web, en el que también hay mucha información sobre el tema. La campaña, que dio a conocer los puntos donde las víctimas pueden presentar denuncias, se centró en el género, pero también abordo la discriminación por origen, edad y discapacidad. En el ámbito del género, se abordó en particular la discriminación por embarazo en el trabajo.

La Región de Bruselas-Capital reforzó su legislación mediante la orden de lucha contra la discriminación en el empleo de 16/11/2017. Cuando no puede establecerse una mediación con el empresario, las denuncias se remiten a la Inspección Regional de Trabajo, que puede iniciar acciones penales. Este marco normativo otorga a los inspectores la facultad de realizar pruebas de situación para comprobar si hay discriminación (envío de currículos similares salvo por un posible criterio de discriminación o llamadas encubiertas). Esas pruebas nunca deben caer en provocaciones y solo pueden realizarse cuando se ha presentado una denuncia bien fundamentada. Cuando se constatan irregularidades, los casos deben remitirse a la inspección de trabajo. En caso de condena judicial, el infractor tendrá que devolver las ayudas regionales que haya percibido. Este mecanismo disuasorio y represivo pretende limitar los comportamientos discriminatorios en los procedimientos de contratación y favorecer la integración de las mujeres en el mercado laboral.

Después de 2016 también se creó un componente preventivo mediante una convocatoria anual a presentar proyectos de fomento de medidas innovadoras concretas para luchar contra la discriminación en la contratación y promover la diversidad en las organizaciones y las empresas públicas y privadas. Entre 2016 y 2018 se han apoyado 43 proyectos innovadores como los siguientes: actividades de prueba y coaching para mujeres inmigrantes realizadas por empresas participantes, un conjunto de materiales prácticos para conjurar la discriminación de género en las empresas, medidas de acompañamiento por un mentor para jóvenes mujeres inmigrantes de Bruselas que buscan trabajo - DUO’Elles, un proyecto de formación a distancia sobre cuestiones de género y diversidad en la contratación, entre otras cosas, para pequeñas y medianas empresas.

Por último, la Región de Bruselas-Capital premia a los empresarios que cumplen sus compromisos en materia de diversidad. A los que aplican satisfactoriamente un plan bienal de diversidad se les conceden etiquetas de diversidad que reconocen las medidas que han aplicado.

Salud

Cuestión núm. 19

Según los datos reunidos en el informe “Cancer Burden in Belgium 2004-2017” de la Fundación Registro de Cáncer de Bélgica, la prevalencia del cáncer de mama fue de 10.617 mujeres en 2017, que en su mayoría estaban en las franjas de edad de 61 a 70 años (2.657 mujeres) y 51 a 60 años (2.406 mujeres) (prevalencia total de 2013 a 2017: 47.423 mujeres). En 2017 se registró una prevalencia del cáncer de cuello uterino de 622 mujeres (prevalencia total de 2013 a 2017: 2.487 mujeres).

Desde 2011, en Bélgica, las mujeres de 50 a 69 años tienen la posibilidad de hacerse gratuitamente una mamografía de control cada dos años.

Desde el curso escolar 2010-2011, se ofrece gratuitamente la vacuna contra el VPH (papilomavirus humano) a todas las jóvenes de primer (Comunidad Flamenca) o segundo curso de secundaria (Comunidad Francesa). Las chicas vacunadas tienen que hacer una citología vaginal a los 25 años.

El Comité Consultivo de Bioética y el Consejo Superior de Salud han recordado en varias ocasiones que, en virtud del principio de igualdad, el principio de libertad de consentimiento reconocido en la legislación sobre los derechos de los pacientes también se aplica a la esterilización de personas con discapacidad y que esa medida no es aceptable cuando su única finalidad es la comodidad de los cuidadores o los progenitores. La esterilización de personas con discapacidad sigue siendo una excepción, aun cuando el tutor acceda a ello. Cada caso debe someterse a un examen y un debate específicos que permitan evaluar la situación general de la persona con discapacidad y de su entorno.

La administración de cualquier tratamiento médico requiere el consentimiento del paciente, siempre y cuando este tenga capacidad de darlo. Desde que entró en vigor la ley de 21 de diciembre de 2018, los jueces de paz ya no se pronuncian sobre el ejercicio de los derechos del paciente en casos de personas protegidas, sino únicamente sobre la posibilidad de que el administrador ejerza esos derechos en nombre del interesado cuando sea incapaz de expresar su voluntad y no haya designado a otra persona para hacerlo. Incluso en este caso, aunque un juez confirme que corresponde al administrador del interesado ejercer los derechos del paciente, no puede dar su consentimiento a una esterilización o a un acto que afecte a la integridad física o a la vida íntima de la persona protegida. Se trata de una decisión estrictamente personal y solo los interesados pueden consentir que se practique este acto médico.

Según el Servicio Federal de Salud Pública, en 17 de las 14.979 hospitalizaciones por esterilización registradas en 2017, las pacientes eran personas con discapacidad mental.

Empoderamiento económico de las mujeres

Cuestión núm. 20

Al elaborar proyectos de reglamentación y disposiciones de legislación fiscal deben evaluarse las repercusiones (véase la cuestión núm. 3).

En 2018 se creó un grupo de trabajo encargado de integrar la perspectiva de género en el Servicio Público Federal de Finanzas. Está integrado por expertos de diferentes entidades del Servicio y tiene la misión de detectar posibles sesgos de género en el sistema fiscal y reducirlos o eliminarlos en futuras reformas normativas. En el contrato de administración para 2016-2018 se establecía la obligación de integrar la dimensión de género en las políticas y actividades del Servicio.

Bélgica tiene un sistema de protección social muy amplio y accesible tanto para las mujeres como para los hombres. El sistema de seguridad social proporciona ingresos sustitutivos y complementarios y se divide en siete ramas (pensiones de jubilación y supervivencia; desempleo; seguro contra accidentes de trabajo; seguro de enfermedad profesional; prestaciones familiares; seguro médico obligatorio y prestaciones; vacaciones anuales). El sistema de asistencia social es una red de seguridad residual que gestiona la renta de integración social; la renta garantizada para las personas mayores; las prestaciones familiares garantizadas; y las prestaciones para personas con discapacidad.

Se han realizado varios estudios en los que se presta especial atención a las cuestiones de género en el sistema de seguridad social. Recientemente se ha puesto particular empeño en las cuestiones de discapacidad y la financiación: en el estudio REMUN de SD Worx (2019) se recogen las disparidades de género en la remuneración alternativa; estudio “Troubles psychosociaux et l’abandon chez les parents: impact de la combinaison du travail et de la famille” (Trastornos psicosociales y abandono de los padres: repercusiones de conjugar trabajo y familia) (2018).

Mujeres de grupos desfavorecidos

Cuestión núm. 21

El riesgo de pobreza de las mujeres de edad solteras ha disminuido considerablemente en los últimos diez años (pasando del 25,2 % en 2009 al 20,3 % en 2018). En los hombres, esa tasa es del 19,3 %. Esta mejora obedece a los efectos de cohorte (las mujeres llegan a la jubilación con mejores derechos sociales) y al aumento de las pensiones mínimas.

Desde 2016, algunos períodos (como los correspondientes a la utilización del sistema de crédito de tiempo, a la reducción de la carrera profesional y a las prestaciones por trabajo a tiempo parcial reducido) pueden computarse a efectos de la pensión.

La Renta Garantizada para las Personas Mayores (GRAPA) es una prestación social que se concede, bajo ciertas condiciones, a las personas mayores de 65 años que no disponen de medios de subsistencia suficientes. Gracias al intercambio de información entre administraciones, en diciembre de 2019 se abrió una investigación de oficio para determinar si las personas en edad de trabajar con derecho a percibir la renta mínima desde el mes en que cumplen 64 años pueden también percibir la GRAPA, que se concede automáticamente a las personas que cumplen los requisitos. En 2015, el 63 % de los beneficiarios de asistencia social mayores de 65 años eran mujeres. En 2018, el 61 % de las personas de 65 a 67 años eran mujeres. La pensión mínima se revalorizó en mayo de 2019.

El régimen de pensiones de supervivencia se modificó en 2014 y ahora permite combinar la pensión de supervivencia con prestaciones sociales y una pensión de jubilación.

En Flandes, las diferentes partidas presupuestarias para servicios de atención a las personas mayores que necesitan cuidados están más adaptadas a las personas mayores vulnerables. Debería servir para brindar la mejor atención posible a las personas dependientes con escasos ingresos.

Cuestión núm. 22

Se ha constituido una comisión integrada por doce expertos a fin de evaluar las tres leyes de lucha contra la discriminación, incluida la dedicada a las cuestiones de género. Su mandato va de 2016 a 2021. Está previsto que presente su informe final en mayo de 2021. En febrero de 2017 terminó de redactar un primer informe provisional en el que se formulan 33 recomendaciones para mejorar la eficacia y el cumplimiento de esas leyes.

Algunas de las recomendaciones ya se han aplicado. En la ley de 15 de enero de 2018 se estableció la posibilidad de que los inspectores de servicios sociales realizaran compras encubiertas para estudiar la discriminación en los lugares de trabajo.

Con ayuda del Unia y el IEFH, entidades que fomentan la igualdad, todos los años se imparten cursos de formación para magistrados, agentes de referencia de la policía e inspectores de trabajo.

El Real Decreto de 11 de febrero de 2019 en el que se establecen las condiciones de acción positiva (medidas especiales) que puede adoptar un empresario privado en relación con los grupos de riesgo (por razón de sexo, jóvenes, personas con escasa formación, trabajadores mayores de 55 años, personas de minorías étnicas e inmigrantes) se publicó el 1 de enero de 2019.

Otras recomendaciones están en proceso de aplicación. Se prestará especial atención a la interseccionalidad y la discriminación múltiple.

En la Comunidad Flamenca, el Decreto de 10 de julio de 2008 prohíbe la discriminación múltiple (discriminación basada en uno o más motivos protegidos) y la discriminación por asociación, algo que no ocurre en la legislación federal sobre la cuestión. El decreto flamenco está evaluándose desde junio de 2019. Se prevé que los resultados se presenten en 2020.

Desde la modificación de 2 de mayo de 2019, el Decreto valón de lucha contra determinadas formas de discriminación de 6 de noviembre de 2008 también protege contra la discriminación múltiple y la discriminación por asociación.

En 2018, el IEFH registró 818 denuncias, el doble que hace cinco años. Esta cifra, en constante aumento, es fruto de la toma de conciencia colectiva y de la voluntad de las víctimas de romper el silencio. Las reacciones de la sociedad ante la desigualdad y el interés que suscitan los principales avances jurídicos están dando más visibilidad a la lucha por una sociedad en la que haya igualdad de género. Con todo, esas denuncias son solo la punta del iceberg. Sigue siendo difícil llegar a toda la población para animarla a denunciar y superar el problema de la invisibilidad social. También es difícil conocer el número de causas por discriminación de género, ya que en Bélgica la jurisprudencia no se publica sistemáticamente. En los documentos básicos del IEFH se intenta llevar un registro de los casos de discriminación de género. Entre 2007 y 2012, se registraron 29 decisiones, principalmente relacionadas con la brecha salarial, la seguridad social y las condiciones de trabajo.

En aras de la transversalidad y la eficacia de las políticas en todos sus ámbitos de competencia, la Región de Bruselas-Capital ha implantado una prueba de igualdad de oportunidades para determinar en qué medida una decisión política que todavía no se ha aprobado (reglamentos, subvenciones, contratos públicos, documentos de planificación estratégica y contratos de gestión) tiene en cuenta la posibilidad de que afecte de manera diferente a los miembros de distintos grupos destinatarios (en función del género, la discapacidad, la condición LGBTQI, el origen étnico y cultural, la procedencia y la situación social). En su política de subvenciones, la Región de Bruselas-Capital evalúa si los proyectos integran la igualdad de oportunidades y la interseccionalidad.

Bélgica ha desarrollado todo un arsenal jurídico para luchar contra la discriminación de las personas LBGTI. Desde el 1 de enero de 2015, las mujeres belgas en situación de comaternidad pueden establecer vínculos de filiación con los hijos sin tener que pasar por la adopción. Esta modificación ha permitido que las parejas del mismo sexo reciban el mismo trato que las heterosexuales: la esposa de la madre es reconocida automáticamente como progenitora y las parejas de hecho pueden inscribir oficialmente a sus hijos en el registro civil.

Las leyes de los distintos planos de gobierno se han modificado para equiparar la discriminación por identidad o expresión de género con la discriminación de género. Ambos motivos se reconocen en la versión revisada de la ley de prevención de riesgos laborales. A partir del 1 de enero de 2018, las personas transgénero ya no tendrán que cumplir determinados requisitos médicos para cambiar oficialmente de sexo y de nombre.

El Plan de Acción Federal contra la Discriminación y la Violencia hacia las Personas LGBTI (2018-2019), que viene a desarrollar los dos planes anteriores de 2013, comprendía 22 objetivos y 115 medidas e intervenciones en los siguientes ámbitos de acción política: igualdad de oportunidades, salud pública, bienestar y familia, educación y juventud, medios de comunicación, cooperación para el desarrollo, interior y relaciones exteriores, administración pública, deporte, justicia, trabajo y asilo y migración. Se coordina en el plano federal y retoma medidas de las entidades federadas. Una de sus novedades es el reconocimiento de las personas intersexuales. En 2019 se supervisaron y evaluaron las medidas. Como ejemplos de medidas en el ámbito del empleo, cabe señalar un curso de formación para inspectores de trabajo sobre cuestiones LGBTI (a nivel federal y en la Región Valona) y una guía de orientación para personas trans en el trabajo (IEFH). En el ámbito de la salud se organizó un diálogo entre asociaciones LGBTI y la organización de proveedores de servicios sanitarios (de ámbito federal), se mejoró la prevención del suicidio entre las personas LGBTI (Comunidad Flamenca), se realizaron actividades de concienciación e información para médicos sobre las particularidades de las personas transexuales (Región Valona). En el ámbito de la educación, se amplió la oferta de formación y coaching para directivos y docentes y se impartió un curso de formación de docentes sobre el tema (en la Comunidad Flamenca). El sitio web www.schooluitdekast.be reúne material didáctico adaptado a la educación infantil, primaria y secundaria para uso de docentes, alumnos y directivos. Se han elaborado guías de ayuda a la inclusión educativa de las personas LGBT, programas gratuitos de formación para escuelas y centros de formación pedagógica sobre la manera de conseguir una educación cordial con las personas LGBTI (en la Comunidad Flamenca). Se elaboró una guía de ayuda a la inclusión de las personas trans en la enseñanza superior (Comunidad Francesa) y se organizó una campaña de sensibilización sobre cuestiones LGBTI en la Comunidad de Lengua Alemana. El estudio “Être une personne transgenre en Belgique, dix ans plus tard” (Ser una persona transgénero en Bélgica, diez años después) hace un balance de la situación jurídica y social de las personas transgénero en Bélgica y de sus experiencias en materia de discriminación.

En febrero de 2020 se elaboró un folleto informativo para padres de niños con características sexuales variables en colaboración con asociaciones y personas intersexuales, y en el Parlamento se organizó un coloquio sobre personas intersexuales.

Bélgica siguió poniendo empeño en integrar la dimensión de género en la política de asilo y migración. La ley de acogida de solicitantes de asilo y otras categorías de extranjeros de 12 de enero de 2007 se modificó en marzo de 2018 con arreglo a la Directiva 2013/33/UE y ahora protege expresamente a las personas vulnerables, incluidas las víctimas de tortura, violación u otras formas de violencia.

El Comisariado General para Refugiados y Apátridas (CGRA) presta especial atención a las solicitantes de asilo que alegan persecución por motivos de género. Un coordinador de género sigue de cerca estas cuestiones. Se imparte formación a los nuevos agentes de protección. Desde 2011, el CGRA publica un folleto sobre mujeres, niñas y asilo en Bélgica en diferentes idiomas (incluidos el árabe, el fulani, el pastún, el ruso, el albanés y el serbio) que se distribuye a las solicitantes de asilo para explicarles el procedimiento de asilo, así como algunas cuestiones sanitarias, la mutilación genital femenina, la violencia doméstica o la trata de personas. En las medidas de reasentamiento, el CGRA presta especial atención a las personas vulnerables (mujeres solas, mujeres solas con hijos, niños menores no acompañados).

La Agencia Federal de Acogida de Solicitantes de Asilo (Fedasil) elaboró en 2015 un conjunto de normas mínimas para la acogida de solicitantes de protección internacional, basadas en las directivas, la legislación y las buenas prácticas de la Unión Europea en la materia. Esas normas se aplican a la prestación de asistencia material, a los servicios de apoyo (social, jurídico, cotidiano, médico y psicológico), a las infraestructuras, al mobiliario y a la seguridad. Se tuvieron en cuenta las necesidades específicas de cada sexo, de los menores no acompañados y de otros grupos vulnerables. La aplicabilidad de las normas se puso a prueba sobre el terreno. Las normas se aprobaron en marzo de 2018. Fedasil realizó en 2015-2018 un amplio estudio sobre el reconocimiento de las personas vulnerables con necesidades específicas (como las mujeres embarazadas, las jóvenes y las madres solteras, las víctimas de violencia de género, etc.) y sobre la atención que se les presta en las estructuras de acogida.

El nuevo reglamento interno se aplica desde el 1 de octubre de 2018 en todas las estructuras de acogida (centros colectivos y alojamientos individuales) de la red Fedasil.

Se prohíben la discriminación, el acoso y la violencia sexual y de género. Está publicado en 12 idiomas y se explica a cada nuevo beneficiario. Fedasil ha concebido el proyecto R-Sense en colaboración con la Cruz Roja belga, la Comunidad/Región Flamenca y Sensoa a fin de ofrecer al personal de los centros de acogida módulos de formación y material educativo de apoyo sobre cuestiones relacionadas con la sexualidad y los comportamientos sexuales, incluidos los comportamientos transgresores.

Por lo que respecta a la integración de los extranjeros, en la Región Valona, los centros arco iris acreditados colaboran con los centros de acogida de refugiados para ofrecer asistencia a los migrantes LGBT.

En la prestación de servicios médicos se respetan la dignidad humana y la autonomía del paciente, sin ninguna discriminación. La legislación sobre los derechos de los pacientes y la protección de los enfermos mentales establece que los pacientes tienen derecho a ser informados y a consentir libremente el tratamiento, y regula estrictamente la aplicación de medidas de privación de libertad a personas con trastornos mentales. Las personas que tienen reconocida la condición de refugiado disfrutan de los mismos servicios de asistencia sanitaria que los ciudadanos belgas. La mundialización y la crisis de refugiados han hecho que los establecimientos de salud reciban cada vez más pacientes que no hablan ninguno de los idiomas nacionales. Por eso, los mediadores interculturales realizan más de 120.000 intervenciones al año en 24 idiomas. No es posible financiar mediadores interculturales para todos los grupos en todos los hospitales, pero en todos los hospitales se prestan servicios gratuitos de mediación intercultural a distancia (por videoconferencia).

Algunos problemas que afectan especialmente a las mujeres y las niñas (VIH, embarazos no deseados, violencia sexual, mutilación genital femenina, etc.) parecen ser más frecuentes entre los recién llegados. Por ello, Sensoa creó el sitio web Zanzu.be, que ofrece información sobre salud sexual en seis secciones (sobre el cuerpo, la planificación familiar y el embarazo, las infecciones, la sexualidad, las relaciones y los derechos y leyes) y 14 idiomas. Se trata de una herramienta que el personal sanitario puede utilizar para abordar más fácilmente las cuestiones de salud sexual con las personas recién llegadas que no hablan ningún idioma nacional.

En la Comunidad Francesa, algunas entidades que realizan labores de alfabetización (Vie féminine, Notre coin de quartier, Collectif d’alphabétisation, etc.) se han ocupado especialmente de las mujeres. El plan de promoción de la ciudadanía y la interculturalidad aprobado en 2015 estableció que todos los años se haría una convocatoria para seleccionar los proyectos sobre los derechos de las mujeres en general y de las migrantes en particular que se financiarían. Gracias a este plan, desde 2019 se reconocen y financian varios proyectos de trienales.

Cambio climático

Cuestión núm. 23

Integrar la política climática en el contexto del desarrollo sostenible y los derechos humanos es uno de los pilares de la posición belga en las negociaciones internacionales sobre el clima. Cuando se negoció el Acuerdo de París, Bélgica y otros países propugnaron que en el texto se reconociera el vínculo entre los derechos humanos, el cambio climático y la política climática y se hiciera referencia a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres.

En el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Bélgica ha participado en procesos que aplican un enfoque basado en los derechos, como el programa de trabajo de Lima y su plan de acción para la igualdad de género. En la Coalición para Todos y Todas, Bélgica apoya la moción de mantener el vínculo entre derechos humanos, género, medio ambiente y clima.

Integrar la perspectiva de género en las políticas climáticas nacionales sigue siendo difícil. En el Plan Nacional Clima y Energía, solamente la Región Valona se refiere a esta dimensión al abordar la incidencia de las políticas climáticas en las desigualdades sociales, especialmente en el empleo, la representación de las mujeres en las instancias de decisión y la necesidad de integrar las cuestiones de género al elaborar políticas de movilidad, urbanización y planificación del territorio.

La integración de la perspectiva de género es una de las prioridades de la cooperación belga para el desarrollo, especialmente en los proyectos relacionados con el clima. A título de ejemplo, el proyecto de fomento de la participación de las mujeres en la producción agrícola y la gestión de los recursos naturales, que ejecuta ONU‑Mujeres con apoyo de Bélgica, tiene por objeto combatir el cambio climático y mejorar la seguridad alimentaria en Mozambique. Sirvió para empoderar a mujeres del medio rural ofreciéndoles formación y beneficios agrícolas y para cuestionar los estereotipos de género generalizados. Permitió que más mujeres disfrutaran de derechos de propiedad de la tierra, registro civil y licencias comerciales. Esas mujeres empoderadas y económicamente resilientes son un gran ejemplo para las niñas y mujeres de sus comunidades y ponen de manifiesto que el matrimonio precoz no es la única salida.

Las mujeres están bastante bien representadas en los departamentos federales y regionales de energía, medio ambiente y clima, aunque la representación de género está desequilibrada en los puestos directivos.

Matrimonio y relaciones familiares

Cuestión núm. 24

En los divorcios de mutuo acuerdo, los cónyuges deciden por sí mismos si uno de ellos abona o no una pensión alimenticia al otro. En caso positivo, el acuerdo se somete a la aprobación del tribunal, a menos que la fiscalía lo desaconseje. Cuando ambos cónyuges trabajan, la mayoría de los acuerdos de divorcio no prevén el pago de una pensión alimenticia. En los divorcios por ruptura irreparable, el excónyuge con menor capacidad económica puede obtener una pensión alimenticia si demuestra que se encuentra en estado de necesidad. Para comprobarlo, el juez tiene en cuenta los ingresos y posibilidades de los cónyuges y el deterioro económico del beneficiario. En el acuerdo de divorcio deben especificarse escrupulosamente los términos y condiciones de la manutención. El juez puede decidir que el monto de la pensión disminuya progresivamente y, en tal caso, indicar en qué medida. El pago de este tipo de pensiones está limitado en el tiempo: no puede superar la duración del matrimonio, salvo que, por circunstancias excepcionales, el beneficiario demuestre que sigue en estado de necesidad. Cabe señalar que en ningún caso puede concederse pensión a un cónyuge que condenado por violación o intento de violación, intento de homicidio o asesinato, intento de envenenamiento o agresión al otro cónyuge.

El pago de la pensión alimenticia puede garantizarse previamente, por ejemplo haciendo que el empleador del excónyuge retenga de su salario el monto de la pensión en caso de impago o que uno de los progenitores del excónyuge se haga cargo del impago.

No pagar deliberadamente una pensión alimenticia durante más de dos meses es un delito castigado con multas y penas de prisión. El Tribunal Correccional puede condenar al responsable por abandono de familia. Para recuperar las sumas impagadas, el acreedor puede solicitar la intervención del Servicio de Créditos Alimentarios (SECAL). Desde el 01 de enero de 2020, el límite de ingresos para acogerse a la intervención del Servicio ha pasado de 1.800 a 2.200 euros. En 2018, el SECAL recuperó 13.371.000 euros por pensiones impagadas. En determinadas condiciones, el SECAL también puede conceder anticipos de pensiones de manutención futuras. El acreedor también puede recurrir a un agente judicial para reclamar un embargo de bienes de la expareja (sueldos, prestaciones de desempleo, prestaciones de mutualidades, etc.).

A raíz de la crisis sanitaria, se creó un Grupo de Trabajo sobre Grupos Vulnerables. En sus informes ha señalado que las mujeres se han visto más afectadas por la crisis (impago de pensiones alimenticias, monoparentalidad, cuidado de los hijos, compensación del trabajo tiempo parcial, etc.). Se han tomado varias medidas urgentes, como la concesión a las familias monoparentales de licencias breves con un aumento de remuneración de hasta el 150 %, ampliando el acceso a las licencias parentales corona y suprimiendo el tope salarial para la de anticipos de pensiones alimenticias en virtud de la ley de 9 de julio de 2020.

Desde el 1 de diciembre de 2019, todas las pensiones alimenticias y los impagos se inscriben en un registro de recaudación y cobros, como muy pronto un mes después de la notificación del impago de una pensión alimenticia. En este registro se hace constar los datos de identidad, los importes adeudados y la decisión judicial o el acta notarial que fija el importe de la pensión alimenticia.

La ley de 22 de julio de 2018 prevé nuevas modalidades de solidaridad para proteger al cónyuge con menor capacidad económica en caso de separación de bienes. Se crea así un nuevo régimen matrimonial, a saber, el de separación de bienes con participación en las ganancias. Cuando el matrimonio se disuelve, el cónyuge con mayor capacidad económica debe pagar al otro una cantidad equivalente a la acordada en el contrato matrimonial. Los cónyuges también tienen la posibilidad de prever en su contrato matrimonial una corrección judicial para situaciones injustas. Por ejemplo, una esposa sin ingresos puede reclamar a su exmarido una indemnización ante el tribunal de familia si padece una enfermedad crónica que le ocasiona gastos. Tal indemnización no podrá exceder de un tercio del valor neto de los ingresos y bienes adquiridos por el otro cónyuge durante el matrimonio, a exclusión de las herencias y las donaciones.

La Ley de 31 de julio de 2017 introduce cambios en el derecho de sucesiones para que las personas puedan gestionar su patrimonio con mayor libertad y seguridad. Uno de los principales objetivos es adaptarse a cambios sociales como el aumento de las familias recompuestas y de otras formas de vida en pareja distintas del matrimonio.

El reparto de la herencia ya no depende del número de hijos, a los que se reserva siempre la mitad del total, independientemente del número de hijos, y ya no, por ejemplo, un tercio cuando hay dos hijos.

Los bienes donados en vida a los descendientes deben tenerse en cuenta para evitar desigualdades a efectos sucesorios. Ahora los bienes inmuebles solo deben declararse en valor y no en especie, como antes, lo que podía plantear dificultades si el inmueble había sido vendido o estaba habitado en ese momento.

La parte reservada a los hijos debe repartirse equitativamente, teniendo en cuenta las donaciones que el fallecido hizo en vida a los futuros herederos. En cambio, ahora se tienen en cuenta todas las donaciones (muebles e inmuebles) sobre la base del valor del bien en el día de la donación indexado hasta el momento del fallecimiento.

Por último, la reforma instaura un pacto familiar de sucesión que ofrece a quienes lo deseen la posibilidad de acordar de antemano la herencia con los herederos para evitar tensiones, disputas y conflictos posteriores. Se pretende promover una situación equitativa para todos. Por ejemplo, en las familias recompuestas puede decidirse dar el mismo trato a los hijos e hijastros. También pueden hacerse acuerdos sucesorios ad hoc, que, por ejemplo, permitan a un hermano acordar con antelación que los progenitores puedan utilizar la parte que le corresponde para favorecer a una hermana con discapacidad o enfermedad grave.

Las personas solteras y las familias monoparentales suelen estar muy expuestas al riesgo de pobreza. La Región Flamenca está examinando políticas de distintos ámbitos para saber si hay medidas nuevas o existentes que limiten el acceso a los ingresos de las personas solteras.

Información adicional

Cuestión núm. 25

El Código Penal contempla ahora de forma más explícita la “pornovenganza” a fin de establecer un procedimiento de bloqueo y eliminación de las imágenes de ese tipo (y multas para los agentes que no cooperen) y de conceder al IEFH el derecho a actuar en justicia, previo consentimiento de la víctima o sus derechohabientes, en todo caso de infracción por voyeurismo o difusión no consentida de imágenes y grabaciones de carácter sexual (artículos 371/1 y 371/2 del Código Penal).

En virtud de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible, el Estado Federal, las comunidades y las regiones comparten la responsabilidad de implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el plano institucional, el IEFH participa en la Comisión Interdepartamental de Desarrollo Sostenible, uno de los principales promotores de las políticas de desarrollo sostenible de ámbito federal. El IEFH también participa en los órganos de coordinación adscritos al Ministerio de Relaciones Exteriores que definen la posición de Bélgica en las organizaciones internacionales y europeas.