Fuente: Comando Nacional de la Policía. Dpto. de Estadísticas.

6. El informe indica que la edad mínima para casarse es de 16 años para los varones y 14 años para las mujeres ¿existen planes para enmendar esta ley de modo que la edad mínima sea igual para hombres y mujeres y se cumpla lo estipulado en la Conv ención de los Derechos del Niño ?

El Ministerio de Justicia y el Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales de acuerdo con su Programa Operativo Anual tienen planificado a corto tiempo desarrollar un Anteproyecto del Código de Familia cuyo objetivo es desarrollar un proceso de revisión y consulta para modificar artículos que sean discriminatorios a las, mujeres, niñas y adolescentes tales como la edad para el matrimonio, división y partición de bienes, tutela, asistencia familiar, etc.

Si bien este proceso de reformas se ha dado anteriormente por el ex Viceministerio de Género, Generacionales y Familia, durante las gestiones 2002-2003, a nivel de una consulta nacional, con los cambios sucedidos requiere considerar aspectos que hacen a la igualdad de derechos y obligaciones para cónyuges, uniones libres y de hecho, la celeridad y la oralidad en el procedimiento y dando la posibilidad a las organizaciones de mujeres indígenas y originarias de participar en el debate y el recojo de sus propuestas para el ajuste, correspondiente.

7 . El Comité en referencia a la aproba ción del DS 24864 de jerarquizac ión de las Unidades Departamentales de Género, pide indicar cual es el estatus de implementación del mencionado Decreto y si ha facilitado la transversalización de género en los departamentos y municipios.

El DS 24864 es un instrumento legal amplio favorable al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, establece la incorporación transversal de género en las políticas públicas y la consolidación institucional de las instancias relacionadas a los asuntos de género en los niveles nacional, departamental y municipal. Este ha sido escasamente difundido e implementado por las distintas instituciones públicas a las cuales hace referencia. Sin embargo, a partir del mencionado DS, se han creado comisiones interministeriales e intersectoriales para el tratamiento y seguimiento a la temática de igualdad de derechos como es el caso de las Comisiones de Salud, Educación y Justicia, Planificación. Se ha promovido la implementación de procesos de transversalización de género principalmente en educación y salud.

Sobre la jerarquización de las Unidades Departamentales de Género: el DS 24684 de 10 octubre de 1997 establecía la consolidación institucional de las instancias relacionadas a los asuntos de género en los niveles nacional, departamental local y sectorial, esta instrucción además del DS 28162 que permitió poner en rango de Dirección a las Unidades Departamentales de Género, ya que la promulgación del DS 25060 de 2 de junio de 1998 hizo que desaparezca la instancia de género en el nivel directivo e ingresa a formar parte del Servicio Departamental de Gestión Social, dependiente de la Dirección de Desarrollo Social. El DS 26767 de 9 de agosto del 2002 de modificación al DS 25060, establece que las direcciones de desarrollo social pasan al nivel ejecutivo operativo al interior de las cuales están los Servicios de Gestión Social, con esta medida las Unidades de Género pierden jerarquía y se ubican en el nivel operativo y dentro de Gestión social, restándole así el nivel de decisión e influencia en las políticas departamentales. En la actualidad solo existen 2 Direcciones Departamentales de Género, correspondientes a los Departamentos de Tarija y Cochabamba.

8. El Comité solicita mayor información sobre casos de agresión, maltrato y abuso sexual a niñas de la calle y sobre violencia ejercida contra las mujeres cocaleras y las medidas que se han tomado al respecto.

La penalización del cultivo de la hoja de coca definida en la Ley 1008 ha traído consigo el desarrollo de mecanismos policiales y legales que han derivado en frecuentes hechos de violación de los Derechos Humanos en las zonas de producción de coca.

El Viceministerio de Género en coordinación con el Defensor del Pueblo, la Federación de Cocaleros y la Federación de mujeres cocaleras del trópico de Cochabamba, desde 1999 han gestado la implementación de las Mesas Defensoriales para la promoción y defensa de los derechos humanos en el Chapare.

Entre los primeros 60 Servicios de atención de la violencia doméstica y la violencia sexual contra las mujeres se encuentran precisamente los Servicios Legales Integrales instalados en la zona cocalera de Cochabamba. El 2005 el Viceministerio de la Mujer (VMM), en el marco del plan 2004-2007, realiza acciones de fortalecimiento y ampliación de la cobertura de oferta de servicios de atención y prevención de la violencia doméstica y violencia sexual en razón de género en los cinco municipios cocaleros, parte de las acciones comprenden la capacitación a autoridades locales y operadores de los servicios así como la dotación de equipos y medios de transporte.

Otro esfuerzo importante del VMM es el desarrollo del componente de participación política orientado a la difusión de derechos y normas favorables a las mujeres, a la capacitación y fortalecimiento del liderazgo y la participación política de las mujeres, este componente está dirigido a organizaciones de base, comunidades campesinas e indígenas, mujeres mineras, mujeres cocaleras y las mujeres de áreas urbanas, acciones que cuentan con el apoyo de ONGs y la cooperación internacional.

Si bien los servicios de atención de la violencia intrafamiliar en las zonas cocaleras recepcionan denuncias de violación a los derechos humanos de las mujeres cocaleras, hasta la fecha no se cuenta con un estudio oficial sobre la situación de violencia contra estas mujeres.

La permanente lucha de las federaciones de cocaleros, tanto la mixta como la de mujeres, en la defensa de los derechos humanos y la defensa del cultivo de la hoja de coca, ha contribuido de manera decisiva primero a la formación del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) y luego del Movimiento al Socialismo (MAS), hasta avanzar hacia el triunfo de Evo Morales en las elecciones del 2005 como primer gobernante indígena campesino y el establecimiento de la representación indígena campesina y particularmente de cocaleros y cocaleras en el parlamento y en la actual Asamblea Constituyente, al menos el 60% de los parlamentarios y asambleístas del MAS son indígenas, campesinos y cocaleros. Dirigentes cocaleras como Leonilda Zurita hoy ejercen la representación cocalera en el parlamento.

9. ¿Que actividades específicas se han realizado para diseminar e implementar la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual? Indicar el nivel de cobertura y si los esfuerzos incluyen las mujeres de las zonas rurales e indígenas.

Respuesta al Comité

El Viceministerio ha elaborado las normas y protocolos de atención a las víctimas de violencia sexual y entre sus actividades ha tomado como marco referencial la Ley 2033 para difundirla en coordinación interinstitucional con los SLIM’s y Defensorías de la Niñez.

Hay un enfoque integral de la violencia sexual. Entre los esfuerzos el Viceministerio de la Mujer implementó políticas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia sexual en razón de género sensibilizando a autoridades municipales de todo el país difundiendo los instrumentos normativos como la Guía de atención a víctimas de violencia (GAVVI) y las Normas (la Ley 2033 y convenciones internacionales de defensa a los derechos humanos de las mujeres) y Normas, protocolos y Procedimientos de Atención Integral a víctimas de Violencia Sexual para los sectores de salud, policía y médicos forense en este sentido se transfirieron las normas a operadores de servicios de salud, policía, asesoramiento legal, psicológico y social. En el ámbito rural se ha trabajado el tema de violencia sexual con la difusión a nivel de salud, UDGs, Municipios.

Actualmente el Viceministerio está implementando el Programa Integral de Lucha contra la Violencia de Género y elaborando el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia de Género para recoger insumos sobre el tema de interculturalidad e incorporación de modelos alternativos que puedan beneficiar al ámbito rural en atención de casos de violencia.

10. El Comité solicita dar respuesta a lo siguiente: La relatora especial del Informe, expresa preocupación que las autoridades en la solución de conflictos en violencia dan prioridad a la integridad familiar forzándose a la reconciliación de las partes por el bienestar de los hijos/as, así como la problemática que enfrentan las mujeres de proveer evidencia de violencia en los casos en los que no hay marcas físicas. Menciona además que las Brigadas se han atribuido funciones que no les pertenece como son admitiendo casos que deberían ser tomados por los jueces ¿Qué acciones se han realizado para enfrentar estas situaciones?

El actual Código de Familia tiene como criterio rector para jueces y autoridades, al resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, tomar en cuenta el estado o condición de las personas como miembros del grupo familiar y hacen prevalecer el interés que corresponde a la familia sobre el particular de sus componentes y terceros (art. 3 del Código de Familia) la misma norma en su artículo 4º establece que la familia, el matrimonio y la maternidad gozan de la protección del estado por ello es que anteponen el interés de la familia sobre el individual al momento de resolver un conflicto familiar.

Sin embargo tomando en cuenta que la violencia es una violación a los derechos humanos el Viceministerio de la Mujer en todas las actividades de capacitación en género, difusión y sensibilización a operadores y administradores de justicia sobre la ley 1674 y su Reglamento promueve los derechos de las mujeres y la no conciliación en los casos de violencia en atención al art. 11 del Decreto Reglamentario que prohíbe los acuerdos que legitiman los actos de violencia y los referentes a renuncia de derechos de la víctima.

Respondiendo a la segunda preocupación del Comité, en fecha 31 de mayo de 2006 el Comando de la Policía conjuntamente con la Brigada de Protección a la Familia ha procedido a la elaboración actualizada del Reglamento de Organización y Funciones, así como el Manual de Procedimientos Policiales de la Brigada de Protección a la Familia que contiene el diseño de planes, campañas y programas de prevención, normas y protocolos de atención de casos de violencia intrafamiliar y entre sus atribuciones está la remisión inmediata de casos que no se encuentren dentro de su competencia que es la de investigar los hechos y en ningún caso la conciliación forzada.

11. Indicar cuá l ha sido el impacto del programa de violencia en la escuela .

A pesar del desarrollo metodológico y de contenidos de capacitación y sensibilización, el programa no ingreso en la oferta educativa del Ministerio de Educación.

Desde el VMM y con el apoyo de la cooperación internacional se desarrollo experiencias piloto en escuelas católicas que culminan el 2003. Posteriormente se desarrolla el módulo de formación docente en temas de violencia en la escuela, este se aplica en un instituto superior de formación docente.

En el marco Plan Nacional de Políticas Públicas para el ejercicio de los derechos de las mujeres 2004-2007 se elabora e impulsa conjuntamente con el Viceministerio de educación escolarizada y alternativa, la “Guía para el Manejo de la violencia en la familia en el marco de la Escuela”. Esta guía está dirigida a las docentes y los docentes de establecimientos educativos en la perspectiva de contribuir en la prevención, identificación, denuncia y seguimiento en los casos de violencia intrafamiliar y maltrato infantil que repercuten en la escuela.

El diseño e implementación de medidas específicas y sostenidas en la eliminación de la violencia en la escuela así como el diseño de indicadores de impacto es una tarea pendiente.

12. Sobre la situación de la iniciativa para firmar un acuerdo con los países miembros del MERCOSUR para la eliminación de la trata y tráfico de mujeres.

En mayo del 2006 se crea el Consejo Interinstitucional (presidido por el Ministerio de Justicia) para la eliminación de la trata y tráfico de las personas luego de la aprobación de la Ley 3325 de 18 de enero de 2006, de ratificación de convenios internacionales. El Consejo ha elaborado una estrategia de acción que en el ámbito legislativo se propone la adecuación de las normas y su implementación, asimismo plantea la capacitación a operadores de justicia en los tres niveles de gobierno y el desarrollo de acciones de difusión, sensibilización y protección a las víctimas. Como parte de la estrategia, la comisión parlamentaria ha elaborado un proyecto de modificación y ampliación de la Ley 3325 para dotarle de un carácter más integral, que visibilice y proteja mejor a las mujeres víctimas de tráfico y trata y que incorpore la trata de personas como delito en el Código Penal.

Si bien existe avance a nivel nacional, las iniciativas planteadas en el MERCOSUR no han tenido una evolución hacia la firma de acuerdos.

13. En el informe se hace referencia a un estudio sobre la trata de niñas y adolescentes realizado por el DNI en 1998. Indicar si se han realizado más estudios sobre esta temática y si se planea establecer un mecanismo de supervisión de información permanente y, si está redactada la Ley contra la Trata de Niños y niñas. Por favor proveer informaciones sobre su proceso de discusión y aprobación.

La OIM Organización Internacional de Migrantes han realizado tres estudios cuanti-cualitativos. Los dos primeros realizados el año 2004 sirvieron para conocer el fenómeno de la trata de personas donde se ha identificado la ruta, frecuencia, modalidad de trata, formas de explotación sexual, laboral, servidumbre y extracción de órganos.

El 2007 se realizó el tercer estudio cuantitativo para ver la incidencia, cifras realizado en las ciudades de La Paz y El Alto el mismo que se encuentra en su fase de publicación.

Como ente encargado de la supervisión e información se encuentra el Consejo Nacional de lucha contra la trata y tráfico que está compuesto por instancias públicas y privadas.

La OIM realiza acciones de capacitación a operadores de la ley y protección, prevención y atención a víctimas de trata y tráfico.

El Defensor del pueblo en Tarija también realizó un estudio sobre violencia sexual comercial contra niñas, niños y adolescentes en la mesa defensorial de la ciudad de Tarija pero aún no se ha publicado.

Se ha creado la División en la Policía Nacional de trata y tráfico los mismos que han sido capacitados para identificar casos de trata y atención de casos. Asimismo el Servicio Nacional de Migración se encarga del controlar el flujo migratorio.

El 2006 se crea el Consejo Nacional contra la Trata y Tráfico de personas en Bolivia a cargo del Ministerio de Justicia y entre sus estrategias están: la legislación, capacitación a operadores, protección y sensibilización.

El Defensor del Pueblo también ha trabajado el tema y en acción conjunta con la Organización Internacional de migrantes (OIM) Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales y otras instancias de la sociedad civil, se logrando que la agenda parlamentaria incluyera la revisión de la Ley 3325 con miras al enriquecimiento eficaz de las sanciones a estos delitos, se conformó una línea de referencia y contrarreferencia con la Unidad de Trata de Personas de la Policía Nacional para todos los casos conocidos que involucren estos delitos.

Se ha conformado una mesa defensorial sobre trata y tráfico ilícito de personas mediante la cual se ha difundido la Ley 3325 entre los propietarios administradores de night clubes, karaokes, lenocinios y similares.

Finalmente se ha presentado al parlamento la propuesta de “Ley Integral contra la Trata y Tráfico “que actualmente se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos que incorpora como innovación la sanción del consumidor de servicios producto de la trata y tráfico ilegal de personas y ha sido retroalimentado por diversas instituciones.

14. Según el informe, está en curso la elaboración de una normativa a favor de las mujeres que ejercen prostitución proporcionar mayor información acerca de esta normativa y además indicar que esfuerzos se han realizado para identificar las causales de éste fenómeno, así como de determinar el perfil de las mujeres edad, origen étnico, etc.) que ejercen la prostitución indicar además, en que medida la investigación que se menciona en el párrafo 126 del informe está relacionada con éstos.

El 2005 desde el Viceministerio realizó una investigación sobre la prostitución como una de las formas más abominables de explotación a la mujer trabajadoras sexuales y cuya recomendación fue implementar una norma de protección a los derechos humanos de las mujeres trabajadoras del sexo sin embargo en la legislación boliviana no existe una Ley específica sobre la prostitución más allá de lo que plantea la Ley 2033 y la Ley de Trata y tráfico de personas.

El ejercicio de la prostitución en Bolivia no está prohibido, pero si reglamentado por disposiciones legales de salud, policial y municipal. En cuanto al perfil existe una opinión generalizada que indica que sólo las personas de bajos recursos económicos y sociales ejercen la prostitución, no obstante está comprobado que la prostitución es ejercida por mujeres de distintas clases sociales en relación al grupo étnico de procedencia no existe caracterización al respecto en relación a las edades de quienes los ejercen la idea de que sólo el hombre adulto acude a estos servicios es también generalizada.

Por otro lado los gobiernos municipales, emitieron ordenanzas y resoluciones para ejercer un mayor control con relación a la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, en locales públicos.

Es importante señalar que se ha conformado una Organización Nacional de activistas para la emancipación de la Mujer (ONAEM) en situación de prostitución que no reconoce la prostitución como un trabajo sino como una ocupación y que tiene como misión la lucha por los derechos humanos y constitucionales, tiene como visión la emancipación de la actividad.

Cabe señalar que se ha dictado una Resolución Ministerial en Salud No 0668 del 30 de agosto de 2007 que tiene por objeto la prevención de epidemias. El mismo año (abril-2007) desde el Ministerio de justicia se ha publicado un documento denominado “Hombres y mujeres excluidos de la constituyente”.

15. El Comité solicita, presentar los indicadores que revelen el impacto de la transversal género en educación e indicar que otras medidas se han tomado para eliminar los estereotipos y patrones culturales que discriminan a la mujer, y si dentro de estas medidas existen iniciativas que involucren a los medios de comunicación.

La transversal género en educación se desarrolla a partir de tres elementos centrales: a) el desarrollo de la política de género en el proceso de reforma educativa que tiene cobijo en la Ley de Reforma educativa, b) la incorporación de género a nivel del diseño curricular del nivel primario y c) la definición de competencias en temas de equidad de género en los planes y programas de aula, estas competencias tienen indicadores de logro que permiten saber de qué manera se están desarrollando las competencias. Es entonces, en el nivel de la planificación en aula donde se encuentran los indicadores de transversalización de género.

No podemos saber con precisión cual el impacto de la transversal género en educación, por que los temas menos trabajados en la Reforma Educativa fueron precisamente los temas transversales, estos no lograron diseñar indicadores de impacto.

La experiencia de Ayuda en Acción en el trabajo con unidades educativas del área rural de 5 departamentos del país, identifica la presencia de un cierto nivel de manejo de competencias e indicadores relativos al género como por ejemplo el uso de lenguaje no sexista, en otros casos se identifican proyectos educativos de aula que priorizan medioambiente con género, lenguaje con género, ciencias de la vida con género. Estos resultados parecen estar vinculados a la capacitación a docentes y la acción de las ONGs en el impulso a las transversales. En esta aproximación exploratoria, que surge de la reflexión de la experiencia de Ayuda en Acción, se evidencia también la persistencia de estereotipos y patrones culturales de discriminación en todas las áreas geográficas y unidades educativas de trabajo de Ayuda en Acción.

En el marco de la reforma Educativa y hasta el 2004, se desarrollaron campañas de comunicación y difusión referidas a los programas y temas transversales de la Reforma Educativa que involucran sobre todo a medios masivos de comunicación.

El Plan Nacional de Políticas Públicas para el Ejercicio Pleno de los Derechos de las Mujeres 2004-2007 incorpora entre sus actividades el diseño de una propuesta curricular con enfoque de género para el nivel secundario de educación, así como la vigilancia y el cumplimiento de la incorporación de la transversal género en el proceso de reforma. Entre los resultados logrados hasta la fecha se puede mencionar las acciones de incorporación de la transversal género en la currícula de formación docente del Instituto Normal Superior del departamento de La Paz ( 2004-2005).

La nueva Ley de Educación “Avelino Siñani y Elisardo Perez” 2006 no favorece explícitamente la incorporación de la transversal género y plantea dificultades para el avance de los logros en educación, incorpora propuestas que mejoraran el acceso y permanencia de las niñas y adolescentes en el sistema educativo como son las iniciativas de ciudadelas educativas.

A pesar de las dificultades y debilidades de la incorporación de la transversal género en educación, se ha podido desarrollar actividades importantes como la incorporación del enfoque de género en el diseño curricular, la elaboración de materiales educativos para las escuelas públicas de primaria y la capacitación docente del nivel primario y la incorporación de la transversal género en la currícula de centros de formación docente; estas medidas orientadas a cambiar la percepción de la sociedad sobre lo masculino y lo femenino y la eliminación de estereotipos y patrones culturales discriminatorios, han logrado resultados importantes si bien no medidos pero perceptibles, por ejemplo las variaciones en la tasa de matriculación y término a favor de las mujeres en el nivel primario.

Para el VMM un componente importante de su acción son las medidas para la promoción del acceso y permanencia de las niñas rurales en la escuela. En la gestión 2007 el VGAG destina 158.169 $us para actividades de promoción del acceso y permanencia de las niñas rurales en la escuela centrada en acciones de difusión y la dotación de incentivos materiales. Asimismo, como parte en el plan 2004-2007 se prevé el desarrollo de una estrategia comunicacional específica, las acciones desarrolladas son la producción y distribución de materiales impresos y audiovisuales en 4 idiomas nativos.

Otra medida favorable al acceso y permanencia de las niñas en la escuela es la implementación del Bono escolar Juancito Pinto. El Gobierno nacional, a partir de noviembre 2006 y como parte de las políticas de redistribución del producto social ha entregado a cada niño y niña de 6 a 12 años la suma de 200 Bs (25 $us) como incentivo a la permanencia en la escuela. En esa línea el desarrollo de programas de carnetización y certificación gratuita contribuyen también a mejorar las condiciones de acceso a la escuela.

16. El Comité solicita se mencione si se realizaron estudios que identifiquen y analicen las razones de la baja permanencia de las niñas y jóvenes en la escuela, de ser así incluir resultados y proporcionar datos estadísticos desagregados por sexo sobre permanencia, deserción escolar en todos los niveles y para las áreas rurales y urbanas, incluir además las principales causas de deserción escolar.

Otro componente de la transversal de género en educación, correspondiente al proceso de reforma educativa, es el programa de acceso y permanencia de las niñas en la escuela. Este programa ha permitido develar la problemática, indagar sobre sus causas y efectos y por tanto conocer mejor los problemas, también favoreció el establecimiento de indicadores vinculados a estadísticas educativas desagregados por sexo en todo el sistema de información de educación pública.

En el período 2000 y 2002 se realizaron tres estudios importantes por su carácter y cobertura (con los estudios se cubrió 7 de los 9 departamentos del país). Los estudios realizados son de carácter estadístico, sociológico y etnográfico.

Los principales resultados en términos de los factores restrictivos al acceso y permanencia confirman las hipótesis iniciales sobre la persistencia de patrones culturales de discriminación pero además reportan nuevas caras de estos patrones y nuevos elementos para el conocimiento de la problemática como por ejemplo:

–La construcción de un índice de inequidad, que permite clasificar a los municipios a partir del déficit de equidad en el acceso a la educación y los índices de marginalidad femenina y masculina. En el estudio se identifica por ejemplo que la marginalidad femenina está entre el 18% y el 40%, en tanto que la marginalidad masculina alcanza al 19%.

–La investigación de carácter etnográfico permite reconstruir los sistemas de marginación y los imaginarios colectivos sobre el acceso, permanencia y logro de las niñas en la escuela en municipios rurales con marcadas pertenencias a pueblos originarios como los aymaras y quechuas, entre otros.

–Se ha identificado la influencia de los costos indirectos y los costos oportunidad de la educación en el acceso y permanencia de las niñas y adolescentes en la escuela.

–Nuevamente la ausencia, el déficit o inadecuación de la oferta de servicios educativos es una variable importante para el acceso y permanencia.

–El bilingüismo en las regiones quechuas favorece el acceso y la permanencia, en cambio esta misma variable en la región andina aymara tiene un comportamiento diferente muy vinculado a la vocación productiva de la zona.

– El trabajo como principal proceso de socialización de los niños y niñas de las zonas rurales sumada la división sexual de roles es un factor para el abandono que puede ser leído también como una inadecuación de la oferta educativa a las formas de producción y usos del tiempo en la producción en las áreas rurales.

–La incorporación temprana al mercado laboral y por supuesto la presencia de patrones de discriminación comunes asentados en la división sexual y social del trabajo y por tanto la concepción de lo masculino y lo femenino.

Estos estudios aportan en la identificación de los múltiples rostros de los factores que obstaculizan y favorecen el acceso y permanencia.

El Informe Temático sobre Desarrollo Humano en Bolivia 2006 de la UNICEF, reporta otros indicadores que contribuyen al conocimiento de las causas de no acceso y abandono escolar, entre ellas se citan a los cambios demográficos, la migración interna, el embarazo temprano, el acceso al registro civil, los niveles de urbanización, entre otros.

Evolución de la participación de niños, niñas y adolescentes en la escuela, algunas cifras:

C1.Área Urbana: Evolución de la matrícula por sexo en primaria

Nivel Primaria	Matrícula 2004	Matrícula 2005	Matrícula 2006
Mujeres	511 003	517 126	514 443
Hombres	524 245	528 577	526 535
Total	1 035 248	1 045 703	1 040 978

Fuente: SIE 2007.

C2.Área Urbana: Evolución de la matrícula por sexo en secundaria

Nivel Secundaria	Matrícula 2004	Matrícula 2005	Matrícula 2006
Mujeres	192 548	199 756	203 234
Hombres	198 111	204 357	204 641
Total	390 659	404 113	407 875

Fuente: SIE 2007.

C3.Total alumnos efectivos por sexo en primaria

Nivel Primaria	Alumnos inscritos 2004	Alumnos efectivos 2004	Alumnos inscritos 2005	Alumnos efectivos 2005	Alumnos inscritos 2006	Alumnos efectivos 2006
Mujeres	511 003	489 101	517 126	495 214	514 443	490 316
Hombres	524 245	498 883	528 577	503 383	526 535	498 257
Total	1 035 248	987 984	1 045 703	998 597	1 040 978	988 573

Fuente: SIE 2007.

C4.Total alumnos efectivos por sexo en secundaria

Nivel Secundaria	Alumnos inscritos 2004	Alumnos efectivos 2004	Alumnos inscritos 2005	Alumnos efectivos 2005	Alumnos inscritos 2006	Alumnos efectivos 2006
Mujeres	192 548	176 890	199 756	184 491	203 234	187 647
Hombres	198 111	176 697	204 357	183 500	204 641	183 655
Total	390 659	353 587	404 113	367 991	407 875	371 302

Fuente: SIE 2007

C5.Alumnos que abandonan la escuela por sexo y nivel educativo

2004		2005		2006
Nivel	Mujeres	Hombres	Nivel	Mujeres	Hombres	Nivel	Mujeres	Hombres
Primaria	21 902	25 362	Primaria	21 912	25 194	Primaria	24 127	28 278
Secundaria	15 658	21 414	Secundaria	15 265	20 857	Secundaria	15 587	20 986
Total	36 750	46 776	Total	37 177	46 051	Total	39 714	49 264

Fuente: SIE 2007.

Área Rural

C6.Área Rural: Evolución de la matrícula por sexo en primaria

Nivel Primaria	Matrícula 2004	Matrícula 2005	Matrícula 2006
Mujeres	sd	340 911	342 715
Hombres	sd	373 421	373 269
Total		714 332	715 984

Fuente: SIE 2007.

C7.Área Rural: Evolución de la matrícula por sexo en secundaria

Nivel Secundaria	Matrícula 2004	Matrícula 2005	Matrícula 2006
Mujeres	sd	50 861	53 295
Hombres	sd	70 680	71 871
Total		121 541	125 166

Fuente: SIE 2007.

C8.Total efectivos por sexo en primaria

Nivel Primaria	Alumnos inscritos 2004	Alumnos efectivos 2004	Alumnos inscritos 2005	Alumnos efectivos 2005	Alumnos inscritos 2006	Alumnos efectivos 2006
Mujeres	sd	sd	340 911	320 113	342 715	318 344
Hombres	sd	sd	373 421	349 415	373 269	345 801
Total			714 332	669 528	715 984	664 145

Fuente: SIE 2007.

C9.Total efectivos por sexo en secundaria

Nivel Secundaria	Alumnos inscritos 2004	Alumnos efectivos 2004	Alumnos inscritos 2005	Alumnos efectivos 2005	Alumnos inscritos 2006	Alumnos efectivos 2006
Mujeres	sd	sd	50 861	46 082	48 315	48 062
Hombres	sd	sd	70 680	63 524	68 749	64 501
Total			121 541	109 606	117 064	112 663

Fuente: SIE 2007.

C10.Alumnos que abandonan la escuela por sexo y nivel educativo

2004		2005		2006
Nivel	Mujeres	Hombres	Nivel	Mujeres	Hombres	Nivel	Mujeres	Hombres
Primaria			Primaria	20 798	24 006	Primaria
Secundaria			Secundaria	546	773	Secundaria
Total			Total	21 344	24 779	Total

Fuente: SIE 2007.

17. El Comité solicita incorporar datos sobre la matrícula, permanencia y finalización de estudios a nivel universitario desagregados por sexo y carrera.

El censo 2001 reporta que el 45,22% de las personas que declaran tener un nivel de instrucción superior son mujeres en tanto que el 54,78 son hombres. De la población femenina y masculina de más de 19 años de edad para el censo 2001 el 13,10% de mujeres alcanza el nivel de educación superior frente a un 16,73 de hombres. En el área urbana el 18,62% de mujeres alcanza el nivel superior en cambio en el área rural es apenas de 2,34%.

De acuerdo al Servicio de Información en Educación para el año 2003, de un total de 2.965.730 personas de 5 a 39 años, solo el 12,72% de la población urbana alcanza el nivel universitario, este porcentaje baja en el área rural a 0,89%, la concentración de las universidades en el área urbana define estos porcentajes. En términos de acceso por sexo tenemos que del total de mujeres 1.354.306 de entre 5 y 39 años, solo el 8,5% alcanzan el nivel universitario frente al 10,03% de varones sobre un total de población de varones de 1.611.424.

La evolución de la tasa bruta en educación superior en el período inter-censal 1992-2001 reporta que para 1992 la tasa en hombres es de 12,88 y para el 2001 es de 16,78, en mujeres la tasa ha experimentado un menor crecimiento de 9,15 para 1992 a 13,10 para el cálculo del censo 2001.

El índice de educación superior en mujeres para el 2003 reporta la mayor incorporación mujeres en carreras tradicionales el 56% en educación, el 62,60% en medicina y ciencias naturales porcentaje muy vinculado a la participación casi absoluta de mujeres en las carreras de enfermería, nutrición y fisioterapia; el área de agricultura presenta un índice del 30,72%, en sociales los porcentajes son similares a los de educación. No se tiene datos en ingenierías y tecnología para el 2003, sin embargo el índice de educación superior en el período inter censal 1992-2001 reporta un decrecimiento del índice para el 2001 de 4,10 en 1992 a 2,79 en el 2001.

En el nivel de técnico superior con datos para el 2003, del total de mujeres país entre 5 y 39 años solo el 1,90% llega a este nivel frente al 2,19% de varones. En el área rural el porcentaje desciende mucho más, 0,07% frente a un 2,54% de mujeres urbanas.

18. Indicar cuales son las razones por las cuales las cuotas no se han podido cumplir, informar que medidas se han tomado para promover la participación de las mujeres, incluyendo las mujeres indígenas. Proporcionar información sobre el impacto de la Ley de Partidos Políticos y el esfuerzo para implementar la misma así como los datos actualizados de representación de mujeres, incluyendo indígenas.

Como parte de las medidas de promoción de la participación política de las mujeres entre el 2004 y 2006 se ha desarrollado, en colaboración con agencias de cooperación internacional y la Asociación de concejalas de Bolivia ACOBOL, el Programa Mujeres al Poder Local. Los componentes del programa fueron la capacitación a candidatas y concejalas en gestión local y género y la difusión de los derechos políticos de las mujeres, con una cobertura en capacitación de más de 1500 mujeres candidatas a concejalas y líderes municipales En la segunda fase se implementaron acciones de capacitación y fortalecimiento del liderazgo y la representación de mujeres concejalas electas, el programa incluyo además la producción de textos guía en gestión municipal con enfoque de género.

El año 2005, se conformó el Comité de Seguimiento a la aplicación de las cuotas y la Ley Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas (ACPI), con participación de organizaciones de mujeres y el foro político de mujeres y el Viceministerio de la Mujer para vigilar el tratamiento de la norma en las elecciones nacionales y la Asamblea Constituyente.

Los esfuerzos para promover la participación política de las mujeres indígenas, provenientes del mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres se concentró en tres ámbitos a) el desarrollo de acciones de carnetización y certificación, b) la difusión de derechos en idiomas nativos, la difusión de la Ley ACPI y c) la vigilancia y seguimiento a la ley de Partidos Políticos y la ley ACPI.

Desde la sociedad civil, las instituciones de mujeres aportan con el desarrollo de procesos de capacitación y formación de líderes, como las acciones realizadas por las instancias que impulsaron la Agenda Legislativa de las Mujeres 2002-2007 (Foro Político de Mujeres, Unión de Mujeres Parlamentarias, ACOBOL, otras, en el seguimiento a las diferentes normativas.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, el ejercicio del derecho a la representación continúa en el domino masculino, el miedo a compartir el poder, las resistencias patriarcales al cambio en la correlación de fuerzas del poder político entre los sexos, que sumadas a la debilidad e inexistencia de mecanismos que apliquen sanciones al incumplimiento de las cuotas, configuran un panorama de débil avance de las mujeres en el ejercicio del derecho a la representación.

En las elecciones municipales del 2004, del total de concejales electos, titulares el 77% pertenecen a partidos políticos, el 18% a agrupaciones ciudadanas y solo el 5% a pueblos indígenas y originarios. Los resultados de la elección según sexo dan cuenta que la cuota de representación no se cumple solo el 18,69% son mujeres.

Concejales electos titulares según tipo de organización política y sexo

	Concejales
Tipo de organización política	Mujeres	Hombres	Total
Partidos Políticos	234	1 154	1 388
Agrupaciones Ciudadanas	75	241	316
Pueblos Indígenas	29	75	104
Total	338	1 470	1 808

Fuente: Corte Nacional Electoral 2005.

Concejales electos según sexo

Hombres	81,31%
Mujeres	18,69%
	100,00%

Fuente: Corte Nacional Electoral.

Concejales electos titulares por departamento según sexo

	Concejales
Departamento	Mujeres	Hombres	Total
Chuquizaca	19	131	150
La Paz	63	365	428
Cochabamba	46	225	271
Oruro	42	134	176
Potosí	45	167	212
Tarija	16	53	69
Santa Cruz	58	252	310
Beni	37	74	111
Pando	17	64	81
Total	343	1 465	1 808

Fuente: Corte Nacional Electoral 2005.

Elecciones municipales 1991-2004

Año de elección	Mujeres Concejalas titulares y suplentes	%
1991	232	18.5
1993	231	26.7
1995	135	8.3
1999	542	32.0
2004	719	43.0

En las elecciones nacionales de diciembre 2005 la situación de la representación de las mujeres no mejora respecto a las municipales, no se logra alcanzar la cuota, el 15% de parlamentarios son mujeres y el 85% son varones.

Representación parlamentaria por sexo, elecciones 2005

Parlamentarios electos	M	V	Total
Senadores	1	26	27
Diputados	22	108	130
Total general	23	134	157

Fuente: CNE 2006.

Diputados por tipo de representación y sexo, elecciones 2005

	M	V	Total
Diputados uninominales	5	65	70
Diputados plurinominales	17	43	60
Total general	22	108	130

Fuente: CNE 2006.

Diputados por partido político y sexo, elecciones 2005

Partido político	M	V	Total
MAS	10	61	71
PODEMOS	8	35	43
UN	1	8	9
MNR	3	4	7
Total general	22	108	130

En las elecciones para la Asamblea Constituyente, la representación de las mujeres llega a un total de 86 asambleístas mujeres frente a 169 hombres. El proceso electoral para la Asamblea Constituyente dotado de mayor participación y expectativa ciudadana representa para las mujeres un salto importante en la participación en listas de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, de conjunto la cuota de participación en la representación política es de 33,73%.

Asignación de escaños por departamento organización política y sexo

Departamento	Sigla	Plurinominales		Circunscripción territorial
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Total
Chuquisaca	MAS	1	1	6	6	14
PODEMOS	1	0	4	0	5
MBL	1	0	2	0	3
CN	1	0	0	0	1
MAS	1	1	15	15	32
La Paz	PODEMOS	1	0	5	1	7
UN	1	0	4	1	6
ASP	1	0	1	0	2
AYRA	0	0	1	0
CN	0	0	2	0
MAS	1	2	10	10	23
Cochabamba	MBL	0	0	4	1	5
PODEMOS	1	0	5	0	6
UN	1	0	0	0	1
MAS	2	1	5	5	13
Oruro	AYRA	0	0	1	0	1
CN	1	0	1	0	2
MC8FA	0	0	1	0	1
PODEMOS	1	0	2	0	3
AS	1	0	5	0	6
Potosí	MAS	1	1	8	8	18
MOP	1	0	2	0	3
PODEMOS	1	0	1	0	2
MAS	1	1	4	4	10
Tarija	MNR-FRI	1	0	5	2	8
PODEMOS	1	0	0	0	1
MIR-NM	1	0	0	0	1
MAS	1	1	11	7	20
Santa Cruz	PODEMOS	1	0	10	7	18
A3-MNR	1	0	1	0	2
AAI		0	1	0	1
APB	1	0	1	1	3
MAS	1	0	1	1	3
Beni	MNR	1	1	4	1	7
PODEMOS	1	1	6	2	10
MAS	1	0	3	0	4
Pando	PODEMOS	1	1	3	3	8
UN	1	0	0	0	1
MNR	1	0	0	0	1
Total		34	11	135	75	255

Fuente: CNE 2006.

Representantes según sexo

Mujeres	86	33,73%
Hombres	169	66,27%

Es importante anotar que el 33% de mujeres asambleístas responde también a un proceso de ascenso del movimiento campesino indígena y del movimiento popular urbano y una situación de polarización social y crisis del Estado neoliberal. La democracia representativa es una de las instituciones del Estado neoliberal más cuestionada y deslegitimada, es entonces que la Asamblea Constituyente, surgida de la demanda social por la inclusión y reconocimiento de las grandes mayorías nacionales se convierte en el espacio privilegiado para la representación y el reconocimiento de los sectores excluidos y por tanto para la transformación del Estado Boliviano.

La presencia de Silvia Lazarte, dirigenta campesina como presidenta de la Asamblea Constituyente y el hecho de que más del 60% de los asambleístas del MAS sean representantes de pueblos indígenas originarios y campesinos muestra la presencia de este nuevo sujeto político en el escenario nacional.

Si bien, la cifra de participación de mujeres en la asamblea constituyente es significativa y representa un avance importante, esta no necesariamente garantiza que el proceso de descolonización iniciado con el Gobierno actual y la asamblea constituyente este aparejado de un proceso de despatriarcalización de las relaciones sociales, sin duda existen aperturas muy importantes pero también retos muy grandes en la construcción de la igualdad entre hombres y mujeres.

19. Según el informe, algunas de las razones por las cuales las mujeres no pueden acceder a puestos en el ámbito político son “ las condiciones laborables desfavorables, la carga laboral del hogar ” . Se hace referencia también a los casos de las mujeres que son “ forzadas y obligadas a renunciar ” relacionado con el llamado “ acoso político ” . Indicar que medidas se prevén o se han tomado al respecto.

No existen denuncias en el Ministerio de Trabajo de acoso político en el empleo sin embargo se han hecho muchas denuncias en ACOBOL de agresiones físicas, psicológicas y sexuales a mujeres que concejalas titulares y suplentes para obligarlas a renunciar al cargo.

En relación al Acoso Político tenemos el anteproyecto de Ley Contra el Acoso y la Violencia Política en razón de Género que incluye todas estas formas de violencia.

Entre las medidas que dispone el presente proyecto de Ley, está la obligatoriedad de que los gobiernos municipales creen mecanismos de vigilancia para el cumplimiento de la Ley, la obligación de que las organizaciones e instituciones de varones y mujeres incorporen en sus estatutos y reglamentos internos disposiciones de prevención y sanción del acoso y la violencia política, las modificaciones a la Ley de Municipalidades, Código Electoral, Ley de Partidos Políticos y de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, para que incorporen como faltas e infracciones el ejercer el acoso y la violencia política, la suspensión por más de dos años en la militancia política, la suspensión al Partido o agrupación ciudadana de participar de los comicios electorales, entre otros.

Cabe destacar que en acción conjunta con la sociedad civil, también se logró la firma de un Compromiso con los candidatos de los Partidos políticos para las elecciones nacionales 2005-2010, en el marco de la Agenda de Políticas Públicas para las mujeres, en el que se incluía la aprobación de ésta norma.

20. Se indica en el informe que los artículos 56 y 57 del decreto reglamentario de la ley General del Trabajo con respecto a la disposición de crear salas de cunas no es acatado por las empresas. Por favor indicar las acciones para asegurar el cumplimiento de las leyes laborales, si existen mecanismos de supervisión, las sanciones que se disponen en caso de su no respeto y además indicar los casos que han sido procesados.

En referencia al tema desde el Viceministerio de la Mujer el 2003, se hicieron varias propuestas de reformas a la Ley General del Trabajo referido a la maternidad, guarderías, salas cuna, salario etc., dichas propuestas aún no fueron incorporadas por que no se hizo una reforma a la Ley General del Trabajo. En lo referido a las acciones de cumplimiento y mecanismos de supervisión, el Ministerio de Trabajo mediante Inspectoría realiza sea de oficio o denuncia de parte Inspecciones Técnicas laborales. En caso de evidenciarse la infracción a leyes sociales, conforme lo establece Resolución Ministerial No. 014/04 de fecha 26 de enero de 2004 el Ministerio de Trabajo aplica multas, misma que va de 1.000 a 10.000 bolivianos.

Entre los casos más frecuentes presentados, están las denuncias de Trabajadoras del Hogar en el incumplimiento de la Ley de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar por parte de sus empleadores/as, denunciados/as por infracción social a las leyes laborales y por ende sujetos a la aplicación de las disposiciones y normas, Ejemplo: falta de pago de los beneficios sociales, acoso sexual, despido forzoso sin el pago del desahucio correspondiente, vacaciones devengadas, malos tratos, discriminación, etc.

21. Informar acerca de la incidencia de acoso sexual en el sector público y privado. Indicar además si existe algún plan para adoptar la legislación y los programas para combatirlo.

La Dirección General del Trabajo y Seguridad Industrial no cuenta con datos estadísticos acerca la incidencia del tema señalado. Sin embargo el proyecto de Ley contra el Acoso Sexual, fue una iniciativa llevada adelante por la Comisión del Trabajo, Género y Generacionales de la Cámara de Senadores, en el que participó el Viceministerio de Género y otras instancias, lo cual responde a la Agenda Legislativa de las Mujeres 2002-2007.

22. El Comité requiere; se indique qué medidas se planean o se han implementado dentro del Plan Económico de gobierno y la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural para eliminar la discriminación contra la mujer en el ámbito laboral y proporcionar información acerca de los resultados obtenidos hasta ahora.

La Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural (ENDAR) forma parte de la agenda del Diálogo Bolivia Productiva que luego se expresa en la Ley del Diálogo 2000. Las reformas de tercera generación 2001-2005 en el marco de las políticas neoliberales marcan la atención de los gobiernos en la promoción deldesarrollo económico local. La Ley del Diálogo estableció los lineamientos para el desarrollo de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) 2001, esta ley reconoce a los actores económicos productivos locales y asigna recursos (HIPIC II recursos para el alivio a la pobreza de los países altamente endeudados) a los gobiernos municipales, 10% para salud, 20% para educación y 70% para promoción del desarrollo productivo. La ENDAR 2004 significa el fortalecimiento de la EBRP a partir del desarrollo del diálogo productivo nacional, que se desarrolla en un contexto social en el que la demanda por la asamblea constituyente cobra cada vez más peso. En ese marco, el objetivo del diálogo 2004 es concertar y promover la institucionalización de estrategias productivas económicas y sociales para la reducción de la pobreza en el marco de la interculturalidad, la equidad y la inclusión social.

La participación de las mujeres organizadas, principalmente del área rural, en el Diálogo 2004 contribuyo a visibilizar las desigualdades de género en el acceso a la tierra, a los recursos para la producción, el crédito, los insumos, la capacitación técnica y la comercialización. Esta participación apoyada por el Viceministerio de la Mujer y las organizaciones de mujeres rurales, permitió incorporar en la ENDAR objetivos referidos a la promoción de la participación de las mujeres en el acceso, distribución y control de los recursos productivos, sin que la definición de este objetivo conlleve a un desarrollo de medidas de acción positiva para corregir las desigualdades de género.

A partir de la ENDAR se emite el DS 27328 de “Compro Boliviano” instrumento legal que facilita al gobierno central y los gobiernos departamentales y municipales realizar compras de productos y servicios producidos y elaborados por empresas bolivianas favoreciendo claramente a las empresas y productores pequeños. Al facilitar el acceso a las pequeñas y microempresas también brinda oportunidades para que las mujeres productoras rurales y micro y pequeñas empresarias oferten sus servicios y productos a los tres niveles de gobierno.

El VMG en coordinación con otras instancias del sector público y organizaciones de mujeres campesinas y microempresarias desarrollan procesos de capacitación e información en el Compro Boliviano y el uso de la Tarjeta Empresarial.

A la fecha no se cuenta con un estudio oficial que permita identificar el impacto del Compro Boliviano en el acceso de las mujeres a las licitaciones y adjudicaciones públicas y al incremento de sus ingresos.

Análisis realizados por ONGs como el CIPCA en torno a avances y limitaciones del Compro boliviano, no incorporan información referida al número de empresarias y productoras rurales que se beneficiaron con el CB, identifican en cambio las debilidades de la norma para favorecer la participación de las mujeres en el Compro boliviano y la Ferias a la Inversa.

De la misma forma, el plan económico de desarrollo 2003-2007 no desarrollo medidas concretas para corregir las desigualdades de género en el ámbito del empleo. En concreto, aún está pendiente el desarrollo de medidas más agresivas que permitan superar la discriminación de las mujeres en el empleo y la producción rural.

23. Proporcionar mayor información acerca de las condiciones de las mujeres jóvenes y niñas empleadas en el trabajo doméstico. Especificar si tienen acceso a seguridad social.

Se ha desarrollado un proyecto de Decreto Supremo para reglamentar el art. 24 de la Ley de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar, referido a la afiliación de los trabajadores dentro del marco de la Seguridad Social Boliviana. Todo este proceso está siendo impulsado por un Comité conformado por el Viceministerio de Asuntos de Género y Generacionales, Defensor del Pueblo, FENATRAHOB e instancias de la sociedad civil.

El Programa de Derechos Humanos de las Mujeres del Defensor del Pueblo ha recogido varios testimonios que revelan la existencia de situaciones de discriminación por razones de género, raza y sobre todo, la desvalorización del trabajo en el hogar razón por la cual ha desarrollado tareas de sensibilización sobre el carácter de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadoras/es del hogar.

24. Indicar si los planes nacionales de salud, incluyendo el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, el Plan Nacional de Control del Cáncer de cuello uterino(2004-2008), el Plan Nacional para la salud y el Desarrollo Integral de los y las adolescentes, han sido implementados, de ser así, indicar sus resultados. Proporcionar mayor información acerca de la cobertura de dichos planes, desagregado por áreas rurales y urbanas y además sobre el perfil de las usuarias.

En relación al Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de 2004-2008, se fortalecen los servicios de cuidados obstétricos y neonatales de anticoncepción y atención del embarazo, el parto y sus complicaciones, se incluye la atención a enfermedades de la edad reproductiva, la salud reproductiva y la atención en salud a víctimas de violencia en razón de género y violencia sexual.

Del documento Perfil de Género elaborado por Ivonne Farah señala que en relación a la anticoncepción, el país no tiene metas de cobertura. La ENDSA Encuesta Nacional de Salud permite hacer seguimiento a las características de este tipo de servicio y de muchos otros de salud sexual y reproductiva.

También señala que el Programa Nacional ITS/VIH/SIDA, realiza acciones de prevención calidad de atención, mejoramiento en la vigilancia epidemiológica, detección oportuna, tratamiento control y reducción del VIH/SIDA. Sin embargo muy débilmente se consideran perfiles epidemiológicos diferenciados por sexos y que consideren las necesidades de los ciclos de desarrollo. Tampoco se consideran de manera relevante necesidades como las infecciones de transmisión sexual ITS, el VIH-SIDA, salud mental, violencia, sexualidad, cáncer de mama y de cuello de útero y otras ha prevalecido un enfoque que informa de grupos de enfermedades sin diferencias de sexo y que sólo especifica para mujeres en edad fértil.

Los Programas de Salud Sexual y Reproductiva y el Seguro materno infantil SUMI. Se han realizado campañas para ampliar los conocimientos sobre métodos anticonceptivos sin que implique que éstos sean usados. Por otra parte las tasas de prevalencia de ITS son altas y afectan a adolescentes y jóvenes entre 10 y 24 años.

La tasa global de fecundidad sigue alta en Bolivia, aunque disminuyó de 6,5 hijos con disparidades geográficas por mujer en (1992) a 4,4 (en 2001) 6,2 en área rural y 3,6 en área urbana otro dato importante es que el 42% de nacimientos se dan en domicilio.

En lo que respecta a la atención de parto domiciliario, fundamental para preservar la vida de las mujeres, el ministerio de salud informa que en el 2006, la cobertura del parto en establecimientos de salud que informan, fue de 59,4%, en tanto que la cobertura de parto institucional (en establecimientos más los atendidos en domicilio por personal de salud) fue de 64,9%, produciéndose una mejora respecto a los años anteriores.

25. I ndicar si se realizaron evaluaciones para identificar posibles obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a estos servicios, identificar si requieren de document os de identidad para acceder a é s tos, y las medidas que se tomará n al respecto.

En la evaluación de impacto de los seguros de maternidad y niñez 1989-2003 realizado por el Ministerio de Planificación y Desarrollo–UDAPE y UNICEF señala entre otros factores que se han identificado como obstáculos principalmente las barreras económicas y geográficas que impiden el acceso universal a los servicios públicos de salud. A pesar de la subvención que otorga el Estado, muchas personas no acceden a estos servicios por el costo que conllevan, las medicinas y transporte que impiden el acceso a los servicios de salud. Entre las medidas que ha tomado el Estado Boliviano son los seguros de atención gratuita: el Seguro Nacional de Maternidad y Niñez (SNMM), el Seguro Básico de Salud (SBS) y el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) y se fijaron como objetivo principal la reducción acelerada de la mortalidad. Buscando eliminar las barreras económicas en el acceso a servicios de salud no obstante de ello otro obstáculo es la falta de documentos de identidad como certificados de nacimiento sobre todo en el área rural que a través de la Ley 2616 que promueve la extensión de certificados de nacimiento de 0 a 12 años de forma gratuita y de 12 a 18 años también es gratuito previo trámite administrativo, y de 18 años en adelante con un costo simbólico tanto en el área urbana como rural se ha disminuido el índice de mujeres indocumentadas.

26. El Comité solicita ampliar la información sobre acciones realizadas y planeadas en educación sexual y reproductiva en adolescentes especialmente en escuelas, acciones para reducir el embrazo adolescente, reducción de enfermedades de transmisión sexual y la reducción de la mortalidad materna y neonatal.

La creación en primera instancia de la Unidad de Género y Violencia en el Ministerio de Salud y su posterior transformación en programa nacional de género y violencia en el 2003, plasma las acciones de transversalización de género en el sector salud y se constituye en un importante avance.

Medidas para el abordaje y reducción de la mortalidad materna y la mortalidad neonatal: una medida muy importante en este ámbito es el desarrollo del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2004-2008, con este programa se fortalecen los servicios de cuidados obstétricos y neonatales así como servicios de anticoncepción y atención calificada del embarazo, el parto y sus complicaciones, se incluye además la atención a enfermedades de la edad reproductiva, la salud reproductiva y la atención en salud a víctimas de violencia en razón de género y violencia sexual.

En este marco una medida importante adoptada por el ministerio de salud es el desarrollo de una estrategia de acción orientada a reducir una de las principales causas de mortalidad materna las hemorragias y la falta de atención oportuna, esta estrategia es definida como Cuidados Obstétricos de Emergencia COEm y COEm1 que incluye cesáreas y transfusiones.

En la “Evaluación de accesibilidad, disponibilidad y utilización de cuidos obstétricos de emergencia en establecimientos de salud cabecera de red” (2006) del ministerio de salud, se establece que el impacto de los CEOm y los COEm1 se mide a través de la letalidad, es decir la mortalidad materna relacionada con las complicaciones graves. De acuerdo con la recomendación internacional la letalidad específica por causa y la global no debiera ser mayor al 1%, la letalidad encontrada en los servicios de salud evaluados luego de la aplicación del CEOm y CEOm1 es de 0,68%, sin embargo se mantiene la tasa de letalidad alta en los departamentos de Oruro y Pando con 2%.

De conjunto a partir de 1996, período que se inicia la transversalización de género y la aplicación ampliada y sostenida de los diferentes planes de salud sexual y reproductiva, han influido decisivamente en el descenso de la tasa de mortalidad materna y mortalidad infantil. De acuerdo a la ENDSA 2003 en el período 1994-2003 la tasa de mortalidad materna bajo de 390 por mil nacidos vivos a 290 en el año 2003 y la tasa de mortalidad infantil en el mismo período bajo de 99 por mil nacidos vivos a 54. Si bien existe avances es todavía preocupante la presencia de 3 dígitos en la tasa de mortalidad materna.

En el marco del Programa nacional contra la violencia sexual y la atención a las víctimas de violencia, se han desarrollado metodologías y procedimientos para la atención médica, además del desarrollo de acciones de fortalecimiento a los mecanismos legales y acciones de capacitación y difusión de derechos sexuales y reproductivos.

A partir del 2004 se fortalece el Programa Nacional para la Salud y el Desarrollo Integral de las y los adolescentes 2004-2008, el programa ha desarrollado procedimientos y guías de atención para los establecimientos de atención pública en salud que brindan servicios de consejería y orientación para adolescentes en materia de prevención del embarazo adolescente y planificación familiar, información sobre los riesgos del embarazo en la adolescencia, orientación sobre métodos de anticoncepción y salud sexual y reproductiva así como la distribución gratuita de métodos anticonceptivos sobre todo en municipios en municipios capital y centros urbanos con presencia de mayores índices de embarazo adolescente.

Si bien se han desarrollado actividades preventivas promociónales en colegios secundarios y estas no han sido permanentes y sostenidas en el tiempo. Las actividades preventivo promociónales son más bien regulares y sostenidas en los centros de salud.

No se cuenta con informes oficiales sobre el impacto de las acciones para reducir el embarazo adolescente. Es todavía una asignatura pendiente el desarrollo de políticas más agresivas en la reducción de las tasas de mortalidad materna y el embarazo adolescente.

27. Aborto. Información sobre qué medidas legales están previstas para evitar abortos ilegales e inseguros, especialmente la reglamentación para que se realicen interrupciones durante el embarazo en el caso de aborto permitido por la ley.

En cuanto al aborto en Bolivia se halla tipificado como delito pero hay circunstancias que hacen impune el aborto: si se practica cuando el embarazo es producto de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto o cuando la vida de la madre corre grave peligro pero las disposiciones legales al respecto no están reglamentadas impidiendo el ejercicio de ese derecho. Actualmente se desarrollan acciones para difundir el anteproyecto de ley que reglamenta el aborto impune.

28. El Comité solicita indicar el nivel de acceso y permanencia de las niñas rurales en la escuela, señalar resultados de los programas, informar si existe mecanismo de monitoreo y evaluación, indicar si se contemplo la posibilidad de adoptar medidas especiales en todos los niveles de educación para niñas y mujeres indígenas y rurales.

La implementación del programa de acceso y permanencia de las niñas en la escuela y las investigaciones realizadas entorno a los factores de discriminación principalmente en las niñas rurales, han permitido conocer esos factores por región y poner en agenda del ministerio de educación la atención a esa temática. Esto se traduce en principio en la incorporación de variables de género al sistema de información educativa, la incorporación de la transversal de género en la currícula de primaria, la elaboración de materiales de consulta para docentes y textos guía para estudiantes. Estas medidas han favorecido sin duda a que desde las autoridades educativas y los docentes de aula incentiven el acceso de las niñas rurales a la escuela. Sin duda, las medidas que más favorecen el acceso y tiene que ver con la oferta de servicios adecuados al entorno rural y sobre todo con la remoción de patrones culturales de desigualdad y con la reducción de los costos en educación para la familia como el desayuno escolar y los bonos de incentivo escolar.

La Ley del Diálogo 2000 otorga competencias y recursos económicos a los gobiernos municipales para el financiamiento del desayuno escolar a los alumnos y alumnas de escuelas fiscales. Hasta el 2005 alrededor del 50% de las escuelas fiscales (Min. educación 2006) brindan el servicio.

Otra medida es el establecimiento del bono de incentivo al acceso y permanencia de las niñas y niños en la escuela. El bono Juancito Pinto implementado por el Gobierno nacional en el 2006 de 200 Bs (25 $us) para niños y niñas de 6 a 12 años, es una medida de redistribución del producto social que favorece el acceso y permanencia en la escuela, el bono está en estudio para su ampliación en términos de ampliación de la cobertura de edad.

De acuerdo a los datos del SIE el acceso de las niñas rurales a la escuela en los últimos tres años ha tenido importantes avances consolidándose la reducción de la brecha de acceso entre hombres y mujeres en el nivel primario. El 47,72% del total de inscritos en el área rural en primaria son niñas frente a un 52,27% de niños para el 2005. El año 2006 registra un incremento eleve de la matrícula de niñas rurales en primaria 47,86%, la matrícula en varones para el mismo año es de 52,13%.

Al observar la evolución del abandono escolar en el área rural del 2000 al 2002 se ha reducido el porcentaje de abandono de 7,7% a 7,3%, los datos disponibles para el año 2005 desagregados por sexo reportan que el porcentaje de abandono de niñas rurales en la primaria es de 6,49% frente a 6,87% en varones. De conjunto el abandono escolar en el área rural para el año 2005 es de 6,69%.

Es una tarea pendiente el desarrollo de un sistema de monitoreo al acceso y permanencia de las niñas rurales en la escuela.

29. En relación a las asignaciones familiares, el Comité solicita se señale el tipo de programas que se planean para mujeres indígenas y del sector de subsistencia familiar, que constituyen la mayoría .

El código de Seguridad Social en su art. 4° establece asignaciones familiares en los siguientes tipos: a) el subsidio de natalidad, b) el subsidio de maternidad, c) el subsidio de lactancia, d) el subsidio familiar y e) subsidio de sepelio. Estos subsidios se pagan solo para trabajadores y trabajadoras con relación patronal y deben ser pagados por el empleador. El proceso de liberalización del empleo favoreció al empleador en el no pago de los subsidios.

Las mujeres indígenas campesinas y del sector familiar así como todas las mujeres mayores de 65 años acceden al Bono Sol de 1800 bs. cada año. En la Ley de pensiones también se establece el subsidio de sepelio en caso de demostrar haber incurrido en gastos de sepelio.

En la actualidad el Gobierno de Evo Morales ha planteado la Renta Dignidad de 200 Bs mensuales para todas las personas mayores de 60 años, como mecanismo de redistribución del producto social.

Es una tarea pendiente el desarrollo de medidas específicas para el acceso de mujeres indígenas, campesinas y del sector de trabajadoras por cuenta propia, a este beneficio.

30. Proporcionar información a cerca de las condiciones de vida y acceso a los servicios básicos de las mujeres de la comunidad afroboliviana.

Los censos de población y vivienda no incorporan a la comunidad afroboliviana en la estructura de las boletas censales. Por tanto no existen datos estadísticos sobre la comunidad afro en Bolivia.

En el proceso del censo 2001 la comunidad afroboliviana planteó al Instituto Nacional de Estadísticas su incorporación en la boleta censal, sin resultados favorables para esta comunidad.

El 2004 la comunidad afroboliviana presenta un propuesta de Ley al parlamento nacional para su reconocimiento como pueblo-comunidad. El 2006 la comisión de políticas sociales de la cámara de diputados retoma el proyecto de Ley, el 2007 la comisión especial de asuntos indígenas del parlamento se suma al impulso de aprobación del proyecto de Ley.

En el documento por mayoría de la comisión Visión de País de la Asamblea Constituyente se nombra y reconoce a la comunidad afroboliviana.

En 1997 con el apoyo del BID realiza un “Diagnóstico de la situación del negro en Bolivia”, para ese año se estima que la población afro boliviana es de 20.000 personas y se cree que para el 2007 la comunidad afroboliviana alcanza a por lo menos 30.000 personas.

Del estudio se desprende que la comunidad está asentada en 22 comunidades rurales de la región de los Yungas y migrantes en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Se estima que la comunidad afroboliviana “son los más pobres entre los pobres”, no existe escuelas secundarias en las comunidades rurales de afrobolivianos, se cuenta apenas con escuelas multigrado de hasta 3ero y 5to de primaria. La comunidad afro de la región de los Yungas no cuenta con servicios de salud en sus comunidades. Gran parte de las comunidades afro tiene acceso al servicio de agua potable, energía eléctrica y carece de alcantarillado.

En la actualidad la comunidad afro se dedica principalmente al cultivo de la hoja de coca y escasamente a la producción de café y cítricos.

Según datos del censo 2001, la estratificación de la pobreza en los 5 municipios de asentamiento de la comunidad afroboliviana en la región de los yungas, reporta que el 35% de la población se encuentra en el nivel de indigencia y 48,5% en el nivel de pobreza moderada. El índice de insatisfacción en educación es de 73,0 y en salud de 45,41.

31. Informe qué acciones específicas se han tomado para implementar la recomendación del Comité de los Derechos del Niño con respecto a la persistente discriminación contra las niñas indígenas con alguna discapacidad y aquellas que viven en áreas rurales en términos de registro de nacimientos y mayores tasas de mortalidad infantil.

En el marco del Plan Trienal la Dirección de Asuntos de Género y Generacionales sobre erradicación progresiva del trabajo infantil ha procedido a la certificación de niños y niñas rurales aunque no se tiene estudios de impacto. También el PNUD el 2005 elaboró índice temático de derechos humanos de la infancia La Ley 2616 promueve la extensión de certificados de nacimiento de 0 a 12 años de forma gratuita y de 12 a 18 años también es gratuito previo trámite administrativo, y de 18 años en adelante con un costo simbólico tanto en el área urbana como rural. En relación a la mortalidad infantil, El Seguro Nacional de Maternidad y Niñez (SNMM), el Seguro Básico de Salud(SBS) y el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) y se fijaron como objetivo principal la reducción acelerada de la mortalidad, buscando eliminar las barreras económicas en el acceso a servicios de salud. A partir de los indicadores y los resultados obtenidos se aprecia que se ha logrado reducir la mortalidad materno infantil y que la barrera económica ha sido superada parcialmente. La información que se registra en la Unidad de Gestión del SUMI (UNG-SUMI) acerca del número de prestaciones otorgadas por este seguro, durante los años 2003-2004, muestra que se ha incrementado el uso de las prestaciones ofrecidas en un 77%. Sin embargo, en esta información no se cuenta con un indicador de cobertura. (Bolivia Evaluación de impacto de los seguros de maternidad y niñez 1989-2003 Ministerio de Planificación y Desarrollo–UDAPE y UNICEF)

Actualmente el PAI, cubre a los niños menores de 1 año con un esquema de vacunación que incorpora la vacuna pentavalente. El PND propone el programa modelo de salud familiar y comunitaria e intercultural.

En discapacidad tenemos la Política Nacional de Salud y la Política Nacional de Educación y el Plan Nacional de Salud comprende: Plan estratégico de salud (PES) y Política Nacional de Prevención de discapacidades y rehabilitación en salud (PNPD). Finalmente tenemos la Ley 1678 y DS 24807.

32. Informar sobre que acciones se han realizado para asegurar acceso de las mujeres rurales e indígenas a la propiedad y manejo de tierras y si dentro de estas acciones se han impartido cursos de capacitación.

En la gestión 2006, en el marco del Programa Sectorial de Apoyo a los Derechos de los Pueblos indígenas y del Componente Saneamiento y Titulación de Tierras Comunitarias de Origen Fase II 2005-2009, financiado por el Reino Unido de Dinamarca, en el que participan el Viceministerio de Tierras, el Instituto Nacional de Reforma Agraria y las agencias no gubernamentales ISALP en tierras altas y CPTI-CIDOP en tierras bajas, se ha previsto la elaboración de una Estrategia de Transversalización de las actividades de Género en el saneamiento en las áreas del proyecto con el objetivo de incorporar de forma sistemática la participación de las mujeres en todo el proceso de regularización del derecho de propiedad agraria, que asegure sus derechos, de acceso y tenencia de la tierra, legalmente reconocidas en cantidad y calidad suficientes para contribuir al desarrollo sostenible de sus pueblos.

•Entre 1997 y 2007 se han entregado un total de 19.412 títulos de propiedad agraria y certificados de saneamiento a mujeres rurales consolidando el derecho propietario sobre una superficie de 994.878 hectáreas a escala nacional.

•Como resultado de la aplicación de la transversal de género el proceso de regularización del derecho de la propiedad agraria, los datos muestran que en el período de 1997-2005 las mujeres consolidaron el 46% de un total de 42.178 títulos y certificados.

Marco Normativo que garantiza el derecho de las mujeres a la propiedad agraria

–Ley 3545 (Equidad de Género) Decreto Supremo 29215 – Reglamento de Ley 1715, modificada por la Ley 3545 que tiene un párrafo específico a favor de las mujeres.

–Varias Resoluciones administrativas orientadas a garantizar la participación de la mujer en el proceso de saneamiento.

–RES. ADM. 160/2001 del 22 de noviembre de 2001, Invitación explícita a las campañas públicas y exposición pública de resultados y registro desagregado por género.

–Incorporación de la mujer en el anexo de beneficiarios/as de la esposa/cónyuge/conviviente si corresponde en pericias de campo.

–RES. ADM. 0052/2004 del 25 de marzo de 2004, Registro de la pareja en el título ejecutorial.

Bolivia, octubre de 2007