Naciones Unidas

CRPD/C/ISR/CO/1

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Distr. general

9 de octubre de 2023

Español

Original: inglés

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Observaciones finales sobre el informe inicial de Israel *

I.Introducción

1.El Comité examinó el informe inicial de Israel en sus sesiones 666ª y 667ª, celebradas los días 23 y 24 de agosto de 2023. En su 683ª sesión, celebrada el 5 de septiembre de 2023, aprobó las presentes observaciones finales.

2.El Comité acoge con satisfacción el informe inicial de Israel, que se preparó con arreglo a las directrices del Comité en materia de presentación de informes, y agradece al Estado parte las respuestas presentadas por escrito a la lista de cuestiones preparada por el Comité.

3.El Comité expresa su reconocimiento por el diálogo constructivo mantenido con la delegación del Estado parte, que abarcó un amplio abanico de cuestiones e incluyó a representantes de los ministerios gubernamentales pertinentes, la Comisión para la Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Justicia, la Policía de Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel.

II.Aspectos positivos

4.El Comité acoge con beneplácito las medidas adoptadas por el Estado parte para aplicar la Convención desde su ratificación en 2012.

5.El Comité celebra, en particular, las medidas legislativas y de políticas adoptadas para promover los derechos de las personas con discapacidad, a saber:

a)La aprobación, en 2022, de la enmienda núm. 23 a la Ley de Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad, de 1998, que entró en vigor en 2023 y otorga a la Comisión para la Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad la facultad de imponer multas administrativas a entidades de los sectores público y privado, incluidos los organismos estatales, por infracciones de las disposiciones sobre accesibilidad;

b)La aprobación, en junio de 2022, de la Ley de Servicios Sociales para Personas con Discapacidad;

c)La entrada en vigor, en 2019, de la reglamentación de la Ley de Procedimientos de Investigación y Testificación (Adaptaciones para las Personas con Discapacidad Mental o Intelectual), núm. 5766-2005, relativa al nombramiento de investigadores especiales —y a la capacitación específica que se les imparte— en los procedimientos en los que participen personas con discapacidad intelectual y personas autistas;

d)La ratificación, en 2017, del Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso;

e)La entrada en vigor de la norma israelí núm. 5568 relativa a las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web del Consorcio World Wide Web;

f)La aprobación, en 2016, de la Enmienda núm. 18 a la Ley de Capacidad Jurídica y Tutela, de 1962, por la que se introducen dos alternativas a la tutela, a saber, la toma de decisiones con apoyo y el poder de representación permanente.

6.El Comité acoge con satisfacción las iniciativas del Estado parte destinadas a mejorar su marco institucional y de políticas para aplicar la Convención, en particular:

a)La creación de la Administración sobre Discapacidad, en 2017, a la que se ha encomendado el desarrollo de servicios personalizados en el ámbito de la discapacidad, y del Foro Asesor de la Administración, que constituye una plataforma de consultas con las personas con discapacidad y con distintas organizaciones de la sociedad civil en la aplicación de la Convención;

b)Los programas en materia de rehabilitación, dispositivos de movilidad, formación y desarrollo de la capacidad adoptados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por conducto de la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con objeto de promover los derechos de las personas con discapacidad en las actividades de cooperación internacional.

III.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

A.Principios y obligaciones generales (arts. 1 a 4)

7.El Comité observa con preocupación:

a)La reserva del Estado parte al artículo 23, párrafo 1 a), de la Convención en relación con las disposiciones relativas al matrimonio, sobre la base de que sus leyes sobre el estatuto personal, que son vinculantes para las diferentes comunidades religiosas del Estado parte, no son coherentes con esas disposiciones. Esta reserva es incompatible con el objeto y el propósito de la Convención, ya que socava el principio de no discriminación, la igualdad de las personas con discapacidad ante la ley y en virtud de ella, y la obligación de los Estados partes de prohibir toda discriminación por motivos de discapacidad;

b)El hecho de que no se haya incorporado la Convención en el ordenamiento jurídico interno y de que las disposiciones de la Convención no puedan ser invocadas ante los tribunales de justicia, otros tribunales o autoridades administrativas, ni aplicadas por estos directamente;

c)El retraso en la adopción de medidas legislativas para aplicar la Convención, incluida la normativa complementaria para hacer efectivas las disposiciones de la Ley de Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad, de 1998;

d)La legislación, las políticas y las prácticas discriminatorias, como la Ley de Asistencia Social (Tratamiento para las Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo), de 1969, y la Ley de Tratamiento de las Personas con Discapacidad Mental, de 1991, así como las deficiencias de la Ley de Servicios Sociales para Personas con Discapacidad;

e)La ausencia de medidas legislativas y de política para abordar la situación y los derechos de las personas con discapacidad, entre ellas los niños y niñas con discapacidad en el Territorio Palestino Ocupado, especialmente en la Ribera Occidental, incluidos Jerusalén Oriental y Gaza, y el hecho de que el Estado parte siga sosteniendo que la Convención y otros tratados internacionales de derechos humanos no se aplican fuera de su territorio;

f)La falta de integración de la discapacidad en las políticas públicas y el hecho de que las políticas y programas públicos en ámbitos como la educación, la sanidad y la vivienda se basen en el enfoque médico, lo que refuerza los estereotipos negativos de las personas con discapacidad como receptores pasivos de cuidados dependientes de la rehabilitación y la asistencia social;

g)El hecho de que las evaluaciones de discapacidad basadas en el diagnóstico sigan impidiendo que las personas con discapacidad intelectual o psicosocial sean incluidas en el sistema de seguridad social y tengan acceso a un apoyo individualizado para vivir en la comunidad y en los ámbitos de la educación, la sanidad, lo que incluye los seguros médicos, y el empleo.

8. El Comité recomienda al Estado parte que, en estrecha consulta con las personas con discapacidad y con la participación activa de estas, por conducto de las organizaciones que las representan:

a) Examine su reserva al artículo 23, párrafo 1 a), de la Convención con miras a retirarla dentro de un plazo establecido;

b) Incorpore los derechos consagrados en la Convención en su ordenamiento jurídico interno y refuerce la formación judicial sobre la naturaleza y el alcance de las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención y sobre la justiciabilidad de esta;

c) Establezca un proceso para identificar las deficiencias que quedan en la normativa complementaria y promulgue, en un plazo razonable, las disposiciones necesarias para aplicar la Convención en todas las esferas de la vida y hacerla efectiva para todas las personas con discapacidad. El Estado parte debe adoptar un mecanismo para revisar con celeridad los proyectos de legislación complementaria y garantizar su compatibilidad con la Convención y el modelo de la discapacidad basado en los derechos humanos;

d) Revise la legislación, las políticas y las prácticas para identificar aquellas que discriminan directa o indirectamente a las personas con discapacidad y las modifique para que estén en conformidad con las disposiciones de la Convención o las derogue;

e) Adopte medidas para hacer efectiva la Convención y abordar la situación de las personas con discapacidad, incluidos los niños y niñas con discapacidad, en los territorios ocupados sobre los que ejerce jurisdicción o control efectivo, revise la legislación discriminatoria que afecta a las personas palestinas con discapacidad y haga posible el ejercicio de sus derechos, de conformidad con el derecho internacional aplicable;

f) Adopte una estrategia y un plan de acción amplios para aplicar la Convención, estableciendo un calendario razonable, parámetros de referencia, indicadores de progreso en los ámbitos nacional y municipal y mecanismos de rendición de cuentas, y vele por que la discapacidad se integre en todas las políticas sectoriales, en consonancia con la Convención. El Estado parte debe tratar de eliminar las barreras debidas a la actitud y al entorno en todas las esferas de la vida, aplicando un enfoque basado en los derechos humanos, y defender la autonomía de todas las personas con discapacidad;

g) Se asegure de que las evaluaciones de discapacidad cumplan las normas de la Convención, en particular que se disponga de información accesible sobre las evaluaciones, que estas permitan identificar las necesidades, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad y se centren en la eliminación de barreras, y que las organizaciones de personas con discapacidad participen en el seguimiento de los sistemas de evaluación.

9.El Comité observa con preocupación:

a)La ausencia de consultas accesibles, sistemáticas y estructuradas con personas con discapacidad en los diferentes ámbitos de la formulación de políticas y el hecho de que sus opiniones no se reflejen en las decisiones adoptadas;

b)La ausencia de medidas para reconocer a las organizaciones de personas con discapacidad intelectual y procurar su participación en los foros de toma de decisiones;

c)El hecho de que los foros participativos de consulta a las personas con discapacidad a veces estén dominados por académicos, proveedores de servicios y familias, y no por las organizaciones constituidas y dirigidas por personas con discapacidad;

d)Los límites a la participación y la obligación de las organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos de donantes extranjeros de someterse a evaluaciones.

10. Recordando su observación general núm. 7 (2018), sobre la participación de las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, en la aplicación y el seguimiento de la Convención, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Establezca criterios relativos a la celebración de consultas estrechas con las personas con discapacidad y a la participación activa de estas, por conducto de las organizaciones que las representan; vele por la accesibilidad de los métodos de participación y de la información, incluida la relativa a los debates que se celebren en la Knéset, y prevea plazos adecuados para la celebración de consultas y mecanismos de rendición de cuentas que garanticen que las opiniones de las personas con discapacidad reciban la debida importancia y una consideración genuina, también por parte del Comité Shapira del Ministerio de Educación;

b) Adopte medidas para reconocer y apoyar a las organizaciones de personas con discapacidad intelectual, así como mecanismos para garantizar su participación e implicación en los foros de adopción de decisiones;

c) Vele por la participación de las personas con discapacidad, por conducto de las organizaciones que las representan, y por que se dé prioridad a sus opiniones en todos los asuntos que los conciernen;

d) Procure la participación e implicación de las organizaciones de personas con discapacidad y otras organizaciones de la sociedad civil y refuerce su capacidad para buscar y obtener financiación adecuada, también de agentes internacionales.

B.Derechos específicos (arts. 5 a 30)

Igualdad y no discriminación (art. 5)

11.El Comité observa con preocupación:

a)Las deficiencias de la legislación relativa a la discriminación por motivos de discapacidad, incluida la que concurre con otros motivos, en todas las esferas de la vida;

b)El hecho de que se impida a la Comisión para la Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad presentar demandas contra las autoridades públicas en su propio nombre, en todas las esferas de la vida.

12. Recordando su observación general núm. 6 (2018), sobre la igualdad y la no discriminación, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Apruebe una ley integral contra la discriminación que proteja a las personas con discapacidad de la discriminación directa, indirecta, múltiple e interseccional y de la negativa de los agentes estatales y no estatales a realizar ajustes razonables en todos los ámbitos de la vida pública. El Estado parte debe reforzar los mecanismos de rendición de cuentas de los agentes estatales y no estatales;

b) Redoble sus esfuerzos para mejorar la capacidad ejecutiva de la Comisión para la Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad;

c) Prevea distintas formas de reparación, también no pecuniarias, y dote de más recursos humanos, técnicos y financieros a la Comisión para la Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad a fin de que pueda cumplir su mandato en favor de todas las personas con discapacidad, incluidas las más marginadas, en todas las esferas de la vida.

Mujeres con discapacidad (art. 6)

13.El Comité observa con preocupación que las mujeres y las niñas con discapacidad sufren discriminación múltiple e interseccional por motivos de sexo, edad, identidad de género, lugar de residencia, situación migratoria, condición de refugiado y origen étnico. En particular, le preocupa:

a)La ausencia de medidas relativas a las mujeres y las niñas con discapacidad en las leyes y políticas específicas sobre discapacidad y en la legislación sobre la promoción de la igualdad de género en ámbitos como el trabajo y la salud y los derechos sexuales y reproductivos;

b)La insuficiencia de información desglosada y de datos recopilados acerca de las mujeres y las niñas con discapacidad, incluidas las que viven en los territorios ocupados y en relación con aspectos tales como la participación en la vida pública y política, el acceso a la propiedad de la tierra y la patria potestad.

14. Recordando su observación general núm. 3 (2016), sobre las mujeres y las niñas con discapacidad, y las metas 5.1, 5.2 y 5.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Reconozca en su legislación las formas múltiples e interseccionales de discriminación contra las mujeres y las niñas con discapacidad y apruebe leyes y estrategias específicas que reflejen la perspectiva de género y la interseccionalidad;

b) Establezca un proceso de consultas con las mujeres y las niñas con discapacidad y las organizaciones que las representan con el fin de identificar lagunas e incorporar los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad en toda la legislación sobre género, así como una perspectiva de género en las políticas y programas sobre discapacidad, incluidas la Ley de Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad, de 1998, y la Ley de Servicios Sociales para Personas con Discapacidad, de 2022, y su legislación complementaria;

c) Lleve a cabo evaluaciones de impacto con respecto al género y la discapacidad que pueda tener cualquier política, norma, presupuesto, inversión u otra iniciativa gubernamental que se proponga para introducir medidas encaminadas al avance de la igualdad de género y los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, incluidas las que aún viven en instituciones;

d) Pro cure recopilar sistemáticamente datos y realice estudios periódicos sobre la situación de las mujeres y las niñas con discapacidad, también en los territorios ocupados, con el objetivo de adoptar medidas integrales para empoderar a las mujeres, promover sus derechos y garantizar su inclusión en la sociedad.

Niños y niñas con discapacidad (art. 7)

15.El Comité observa con preocupación:

a)La ausencia de medidas destinadas específicamente a garantizar el reconocimiento y la inclusión de los niños y niñas con discapacidad y la insuficiencia de las medidas dirigidas a facilitar su participación en los procesos de toma de decisiones, por ejemplo en materia de educación, apoyo, salud y familia;

b)La información recibida sobre situaciones de marginación y mayor riesgo de pobreza entre los niños con discapacidad jaredíes, solicitantes de asilo y refugiados y los niños de las comunidades árabes, así como sobre el hecho de que sus familias no tengan acceso a prestaciones de ayuda a la infancia.

16. Recordando su declaración conjunta con el Comité de los Derechos del Niño en relación con los derechos de los niños con discapacidad , el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Aplique una política de inclusión de los niños y las niñas con discapacidad en todas las esferas de la vida, incluida la vida familiar y comunitaria, elaborando programas y estrategias inclusivas de ámbito comunitario para los niños y las niñas con discapacidad en el Estado parte y en el Territorio Palestino Ocupado, de conformidad con el derecho internacional aplicable;

b) Establezca mecanismos que respeten la capacidad evolutiva de los niños y las niñas con discapacidad para que puedan formarse sus opiniones en relación con todos los asuntos que los afecten y expresarlas libremente, y vele por que esas opiniones se tengan debidamente en cuenta, con arreglo a la edad y el grado de madurez del niño, en el ámbito educativo y en los procedimientos administrativos y jurídicos;

c) Adopte mecanismos para reconocer a los niños con discapacidad jaredíes, solicitantes de asilo y refugiados, así como a los niños con discapacidad de las comunidades árabes , e incluirlos entre los beneficiarios de las políticas, también en lo que respecta a la concesión de derechos y prestaciones de la seguridad social relacionados con la discapacidad y otros previstos para la infancia en general .

Toma de conciencia (art. 8)

17.Al Comité le preocupan los estereotipos negativos y la infravaloración de las personas con discapacidad. Le preocupa, en particular, la prevalencia en la sociedad de estereotipos negativos sobre las mujeres y las niñas con discapacidad, que las presentan como asexuadas, limitan su acceso a la información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos y coartan su libertad para entablar relaciones y fundar una familia.

18. El Comité recomienda al Estado parte que, en estrecha consulta con las personas con discapacidad y con la participación activa de estas, por conducto de las organizaciones que las representan, incluidas las organizaciones de niños con discapacidad y de mujeres y niñas con discapacidad:

a) Refuerce sus programas de sensibilización, en particular las campañas públicas destinadas a combatir los estereotipos negativos sobre la discapacidad en la sociedad;

b) Vele por que los funcionarios públicos de todos los sectores del Gobierno, el poder judicial, la policía y los profesionales del derecho reciban formación periódica sobre la Convención y los derechos de las personas con discapacidad;

c) Adopte una estrategia dirigida a combatir los estereotipos negativos sobre los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad a la salud y los servicios sexuales y reproductivos, que incluya además formación para el personal de salud.

Accesibilidad (art. 9)

19.El Comité observa con preocupación:

a)El retraso en la adopción de disposiciones sobre accesibilidad y el consiguiente impacto en el acceso al transporte, la vivienda pública, los campus universitarios, las escuelas y los servicios de radioteledifusión;

b)Las exenciones legales del cumplimiento de las normas de accesibilidad por supuesta carga indebida, problemas de capacidad financiera, consideraciones históricas o ecológicas o el número de personas que utilizan un determinado servicio abierto al público, tal como se describe en el informe del Estado parte;

c)Las escasas medidas destinadas a garantizar la accesibilidad de la información, entre otros medios a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones;

d)La falta de recursos y de apoyo a las autoridades locales de las comunidades árabes para poder cumplir los requisitos de accesibilidad.

20. Recordando su observación general núm. 2 (2014), relativa a la accesibilidad, el Comité recomienda al Estado parte que, en estrecha consulta con las personas con discapacidad y con la participación activa de estas, por conducto de las organizaciones que las representan:

a) Adopte un plan nacional de accesibilidad basado en los principios de diseño universal con el objetivo de eliminar dentro de plazos razonables las barreras de accesibilidad en todos los ámbitos, entre ellos el transporte, las carreteras y aceras, las viviendas públicas, los campus universitarios, las escuelas, los servicios de radioteledifusión y las tecnologías de la información y las comunicaciones;

b) Revise y actualice la normativa anterior a la Convención y considere la posibilidad de derogar el artículo 19M de la Ley de Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad, que prevé exenciones del cumplimiento de las normas de accesibilidad en edificios y servicios abiertos al público;

c) Exija a los proveedores de servicios públicos y privados que faciliten información y comunicaciones en formato impreso y electrónico accesibles de acuerdo con las normas internacionales y adopte medidas para que las personas con discapacidad puedan contar con tecnologías de la información y las comunicaciones que faciliten la accesibilidad a un costo asequible;

d) Prepare una evaluación de los requisitos de accesibilidad en todos los municipios, incluidas las comunidades árabes, y asigne los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para lograr la accesibilidad en todos los municipios.

Derecho a la vida (art. 10)

21.El Comité está preocupado por:

a)Las denuncias de muertes de personas con discapacidad en controles de fronteras por parte de las fuerzas de seguridad, manifestaciones públicas, operaciones policiales y hostilidades, incluidos ataques aéreos, y los riesgos a los que se enfrentan las personas con discapacidad en las manifestaciones públicas contra las iniciativas de reforma judicial emprendidas por el Gobierno;

b)La aplicación del artículo 5B de la Ley de Daños (Responsabilidad del Estado), núm. 5712-1952, que excluye la responsabilidad del Estado en los casos en que se produzcan daños, y las decisiones de archivar las investigaciones al respecto;

c)El impacto de las medidas de triaje aplicadas a las personas con discapacidad a la hora de prestar cuidados médicos urgentes, en particular en lo que respecta a la disponibilidad de respiradores durante la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID‑19).

22. Recordando las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos , el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Impida el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, incluida la fuerza letal injustificada, por parte de las fuerzas de seguridad contra civiles, incluidas las personas con discapacidad, y vele por que se lleven a cabo investigaciones para identificar a los autores y hacer que rindan cuentas y por que las víctimas reciban una reparación integral;

b) Se asegure de que las personas con discapacidad tengan acceso a recursos efectivos en casos de uso injustificado de la fuerza y revise la legislación con miras a permitir que las personas con discapacidad afectadas por actos u omisiones de la Potencia ocupante puedan presentar denuncias;

c) Acelere la creación de equipos de crisis multidisciplinares para intervenir en casos relacionados con operaciones policiales contra personas con discapacidad psicosocial y garantice la estrecha consulta y la participación activa de las organizaciones de personas con discapacidad en el Comité interministerial sobre las interacciones entre las fuerzas del orden y de seguridad y las personas con discapacidad ;

d) Adopte medidas para prevenir que las personas con discapacidad sufran lesiones y violencia en las manifestaciones públicas y vele por que el uso de la fuerza se ajuste al derecho internacional de los derechos humanos aplicable;

e) Se asegure de que, en situaciones de emergencia, incluidas las relacionadas con la COVID-19, el acceso a la atención sanitaria urgente de las personas con discapacidad responda a principios y procedimientos éticos de toma de decisiones basados en los derechos humanos.

Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias (art. 11)

23.Preocupan al Comité los efectos perjudiciales que la ocupación, las hostilidades, la violencia y la inseguridad prolongadas tienen sobre las personas con discapacidad que viven en los territorios ocupados, incluida Gaza, las medidas que restringen la circulación de personas y bienes y la destrucción de servicios esenciales, lo que ha provocado una escasez de alimentos, electricidad, servicios de agua y saneamiento, atención sanitaria esencial y educación.

24. El Comité recomienda al Estado parte que cumpla la Convención y el derecho internacional humanitario adoptando medidas que garanticen la protección y la seguridad de las personas con discapacidad en el Territorio Palestino Ocupado, entre otras vías:

a) Velando por que las personas con discapacidad reciban un trato humano y estén protegidas contra los actos de violencia y adoptando medidas que permitan a las personas con discapacidad disfrutar de unas condiciones de vida adecuadas, incluido el acceso sin discriminación a ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo de calidad y a alimentos, agua limpia, servicios y bienes en la comunidad, electricidad, servicios sanitarios, rehabilitación, educación y vivienda;

b) Garantizando el acceso de los niños con discapacidad a servicios de inscripción de nacimientos no discriminatorios y a la atención psicosocial necesaria para superar los traumas, así como a servicios de la comunidad como parques infantiles, actividades recreativas, de ocio y de aprendizaje y servicios orientados a evitar la separación familiar y posibilitar la reunificación familiar;

c) Identificando y previniendo los riesgos y daños a los que se enfrentan las personas con discapacidad durante las operaciones militares y determinando sus necesidades en ese contexto, previniendo los ataques y daños a infraestructuras e instalaciones civiles, como hospitales, centros de rehabilitación y ambulancias, y protegiendo las escuelas contra los ataques militares;

d) Fa cilitando la prestación sin restricciones de asistencia humanitaria a adultos y niños con discapacidad y el acceso de los agentes humanitarios.

25.El Comité está preocupado por:

a)El retraso en la adopción de la normativa sobre accesibilidad en incidentes de evacuación de población y acogida en situaciones de emergencia, cuya entrada en vigor estaba prevista para 2024, y la falta de coordinación nacional de los planes y programas existentes sobre sistemas accesibles de alerta y evacuación, refugios y otros servicios de emergencia para personas con discapacidad;

b)Las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en las personas con discapacidad, en particular en las que aún viven en espacios compartidos, y la información sobre las restricciones adicionales que, impuestas durante la pandemia, agravaron el aislamiento y la segregación.

26. Recordando el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 ‑ 2030, las Directrices del Comité Permanente entre Organismos sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Acción Humanitaria y sus propias directrices sobre la desinstitucionalización, incluso en situaciones de emergencia , el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Elabore un plan nacional dirigido a abordar todos los aspectos de las situaciones de riesgo y las emergencias humanitarias, incluidas las relacionadas con las emergencias de salud pública y la reducción del riesgo de desastres, también en el Territorio Palestino Ocupado;

b) Adopte un plan nacional integral que permita coordinar la aplicación de los programas de respuesta a las pandemias y otras emergencias de salud pública, así como un plan de respuesta y recuperación ante la COVID-19 que sea inclusivo de la discapacidad.

Igual reconocimiento como persona ante la ley (art. 12)

27.El Comité observa con preocupación:

a)La amplia aplicación de mecanismos de sustitución en la adopción de decisiones, en particular el hecho de que se pueda restringir, a menudo de forma permanente, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, y el gran número de decisiones de tutela en relación con propiedades y asuntos personales (70.843 en 2022);

b)El hecho de que las personas de apoyo a la toma de decisiones sean designadas por los tribunales sobre la base del principio del interés superior, así como el escaso número de designaciones de personas de apoyo (1.500 en mayo de 2023);

c)El escaso número de revisiones de resoluciones de tutela y el hecho de que las revisiones actuales no incluyan las establecidas antes de la reforma de la Ley de Capacidad Jurídica y Tutela de 2016.

28. Recordando su observación general núm. 1 (2014), relativa al igual reconocimiento como persona ante la ley, el Comité recomienda al Estado parte que, en estrecha consulta con las personas con discapacidad y con la participación activa de estas, por conducto de las organizaciones que las representan:

a) Revise y derogue las leyes y políticas conexas que tengan el propósito o efecto de negar o disminuir el reconocimiento de cualquier persona con discapacidad como persona ante la ley;

b) Elabore y aplique un marco nacional de apoyo para la adopción de decisiones que respete las elecciones individuales, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad;

c) Establezca un mecanismo para llevar a cabo la revisión periódica de los nombramientos de personas para ejercer la función de guarda, incluidos los decididos con anterioridad a la aprobación en 2016 de la Enmienda núm. 18 a la Ley de Capacidad Jurídica y Tutela ;

d) Dé a conocer los procesos de toma de decisiones con apoyo entre las personas con discapacidad , sus familiares, los miembros del poder judicial, los agentes de policía, los profesionales del derecho y los trabajadores sociales, así como en los medios de comunicación y en la comunidad.

Acceso a la justicia (art. 13)

29.El Comité observa con preocupación:

a)Las lagunas en la realización de ajustes procesales y ajustes adecuados a la edad para todas las personas con discapacidad, como el hecho de que no se proporcionen intermediarios, en todos los procedimientos judiciales que no entran en el ámbito de aplicación de la Ley de Procedimientos de Investigación y Testificación (Adaptaciones para las Personas con Discapacidad Mental o Intelectual), núm. 5766-2005;

b)Las barreras debidas a la actitud de los agentes de policía y los miembros del poder judicial que limitan la participación de las mujeres con discapacidad en los procedimientos judiciales y el ejercicio de sus derechos como víctimas o testigos, en particular en los casos de violencia de género.

30. Recordando los Principios y Directrices Internacionales sobre el Acceso a la Justicia para las Personas con Discapacidad y la meta 16.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Amplíe el alcance de las medidas adoptadas para que el sistema de justicia ofrezca ajustes procesales y ajustes adecuados a la edad y el género, entre otras vías mediante el establecimiento de un sistema gratuito que permita a las personas con discapacidad que participen en procedimientos judiciales y administrativos en cualquier ámbito del derecho a recurrir a intermediarios judiciales, testimonios por v í deo, modos de comunicación alternativos y aumentativos, personal de apoyo a la comunicación, intérpretes de lengua de señas y subtitulación;

b) Refuerce los programas de capacitación sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad dirigidos a los jueces, los profesionales del derecho, los agentes de policía y el personal del sistema de justicia.

Libertad y seguridad de la persona (art. 14)

31.El Comité está preocupado por:

a)La hospitalización forzosa de niños y adultos con discapacidad intelectual o psicosocial y el hecho de que se los someta a tratamientos para la salud mental en centros psiquiátricos sobre la base de su presunta peligrosidad y en función de las decisiones tomadas por los comités psiquiátricos de distrito y los tribunales de distrito;

b)Las órdenes de tratamiento psiquiátrico y las órdenes de hospitalización forzosa dictadas contra aquellas personas con discapacidad intelectual o psicosocial consideradas no aptas para comparecer en juicio en virtud de una resolución judicial;

c)El alcance limitado y la calidad deficiente de la atención sanitaria prestada a los reclusos con discapacidad, en particular a los reclusos con discapacidad palestinos, y el hecho de que los servicios de atención sanitaria prestados dentro del sistema penitenciario israelí no estén sujetos a supervisión.

32. Recordando sus directrices sobre el derecho a la libertad y la seguridad de las personas con discapacidad , el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Suprima las disposiciones de la Ley de Procedimiento Penal, núm.  5742 ‑ 1982, la Ley de Tratamiento de las Personas con Discapacidad Mental, de 1991 y la Ley de Juventud (Cuidado y Supervisión), núm. 5720-1969, relativas al internamiento por motivos de deficiencia, y establezca un sistema de apoyo comunitario para niños y adultos, incluidos los niños y los adultos con discapacidad intelectual o psicosocial;

b) Modifique o derogue las leyes que privan a las personas con discapacidad de la protección y seguridad jurídica plenas de que gozan los demás acusados en los procesos penales — incluida la presunción de inocencia — y que dan lugar a la imposición de sanciones o a la remisión a mecanismos de derivación como la privación de libertad mediante órdenes de hospitalización forzosa y el tratamiento no voluntario mediante órdenes de tratamiento psiquiátrico;

c) Tra nsfiera la prestación de servicios sanitarios del sistema penitenciario israelí al sistema nacional de atención de la salud y ponga en marcha estrategias destinadas específicamente a satisfacer las necesidades de atención de la salud de los presos con discapacidad, en particular de los que son palestinos.

33.Preocupan al Comité las denuncias de un recurso excesivo y desproporcionado a la fuerza —incluidas las detenciones arbitrarias, el acoso y la violencia— contra personas con discapacidad por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, la Policía de Israel y guardias privados en manifestaciones públicas, operaciones policiales y redadas o allanamientos nocturnos, que afectan a las personas palestinas con discapacidad y, de forma desproporcionada, a las mujeres palestinas con discapacidad, así como el hecho de que esas denuncias no se investiguen.

34. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Ponga fin a las detenciones y reclusiones arbitrarias, incluidas las detenciones administrativas, de personas con discapacidad, y se asegure de que las personas con discapacidad privadas de libertad tengan acceso a todas las garantías jurídicas previstas en el derecho internacional de los derechos humanos, tal y como recomendó el Comité de Derechos Humanos ;

b) Prevenga el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por las Fuerzas de Defensa de Israel , la Policía de Israel y los guardias privados, adopte medidas de protección y salvaguardias que tengan en cuenta el género durante las operaciones de mantenimiento del orden y vele por que las personas palestinas con discapacidad dispongan de mecanismos de denuncia y reparación adecuados al género.

Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanoso degradantes (art. 15)

35.El Comité está preocupado por:

a)Las denuncias de uso de medidas coercitivas, incluido el recurso a medios de contención físicos y farmacológicos y a la reclusión en régimen de aislamiento, contra personas con discapacidad, en particular personas con discapacidad intelectual o psicosocial;

b)Las denuncias de malos tratos, violencia sexual, uso de camas jaula y administración de medicación psiquiátrica a personas con discapacidad intelectual y de muertes en instituciones, en particular “albergues” e internados, como las residencias de Bnei Zion y Beit Dafna, y la falta de medidas destinadas a ofrecer reparación a los supervivientes de la violencia y los malos tratos;

c)El hecho de que las personas con discapacidad bajo tutela no estén protegidas por el requisito legal en materia de libre consentimiento para ser sometidas a experimentos médicos o científicos.

36. Recordando sus directrices sobre la desinstitucionalización, incluso en situaciones de emergencia, el Comité recomienda al Estado parte que:

a)Prohíba y ponga fin al uso de medidas coercitivas contra las personas con discapacidad en todos los lugares de detención, incluidas las prisiones, los grandes centros residenciales, los hogares funcionales, los centros de alojamiento compartido, los centros de día y los entornos especiales, y vele por que las personas con discapacidad, en particular las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, reciban un trato humano y digno;

b)Aplique las recomendaciones formuladas en el informe de la comisión presidida por el juez jubilado Sulamit Dotan, que se creó para examinar y elaborar protocolos de gestión y funcionamiento de los centros residenciales para personas con discapacidad; ponga fin progresivamente al internamiento por motivos de deficiencia, cierre todos los centros residenciales situados en el Estado parte, incluidos los denominados “ Meonot ” (grandes centros residenciales donde se presta una atención integral), los “ albergues ” (hogares funcionales para grupos de aproximadamente 24 personas) y los centros de alojamiento compartido, y proporcione a las personas con discapacidad que aún viven en instituciones una ayuda de emergencia que les permita abandonar esos centros residenciales;

c)Proporcione recursos jurídicos y reparaciones a las personas con discapacidad supervivientes de actos de violencia y malos tratos en las residencias de Bnei Zion y Beit Dafna y en todas las demás instituciones del Estado parte;

d)Establezca procedimientos para garantizar que las personas con discapacidad bajo tutela no sean sometidas a tratamientos médicos ni a experimentos médicos o científicos sin su consentimiento personal libre e informado y dispongan de información adecuada y accesible, así como de apoyo para la toma de decisiones.

Protección contra la explotación, la violencia y el abuso (art. 16)

37.El Comité está preocupado por:

a)La falta de datos desglosados sobre la violencia, la explotación y el abuso, incluida la violencia de género, contra las personas con discapacidad y la falta de información accesible sobre programas específicos para prevenir todas las formas de explotación, violencia y abuso;

b)Las medidas de protección contra la violencia por las que se saca a las personas con discapacidad de sus hogares y se las interna en instituciones;

c)El hecho de que la Comisión para la Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad no esté facultada para investigar las denuncias de violencia y malos tratos contra personas con discapacidad, también en las instituciones;

d)Las denuncias de violencia de género —en particular las relativas a la violencia de pareja, los abusos sexuales, la explotación y los matrimonios forzados— contra mujeres y niñas con discapacidad y las denuncias de que el acceso a la reparación es limitado en los territorios ocupados, incluidos Gaza, la zona C y Jerusalén Oriental.

38. Recordando su declaración de 24 de noviembre de 2021, sobre la eliminación de la violencia de género contra las mujeres y las niñas con discapacidad, y las metas 5.1, 5.2 y 5.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Recopile datos desglosados sobre la violencia —incluida la violencia de género, la explotación y el abuso contra las personas con discapacidad— que sirvan de base para la elaboración de políticas públicas y programas de prevención de la violencia, en particular la violencia física, psicológica, económica y la ejercida por la pareja, la trata de personas, la explotación sexual y de otro tipo, y los abusos;

b) Derogue las disposiciones y prácticas relativas al internamiento en instituciones como medida de protección y adopte medidas para proteger de manera efectiva a las personas con discapacidad contra la violencia, en estrecha consulta con las personas con discapacidad y con la participación activa de estas, por conducto de las organizaciones que las representan, en particular las organizaciones de mujeres y niñas con discapacidad;

c) Faculte a la Comisión para la Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad para que investigue las denuncias de violencia contra personas con discapacidad y asegure que todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas con discapacidad sean objeto de una supervisión independiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 3, de la Convención;

d) Adopte medidas para que las personas con discapacidad —en particular las mujeres y las niñas con discapacidad en los territorios ocupados— puedan obtener reparación, lo que puede incluir apoyo psicosocial, asesoramiento jurídico y asistencia y servicios en situaciones de emergencia, como servicios de atención presencial a las víctimas de violencia de género.

Protección de la integridad personal (art. 17)

39.Preocupan al Comité los casos de esterilización forzada de personas con discapacidad y las operaciones quirúrgicas y otras intervenciones médicas irreversibles e innecesarias desde un punto de vista médico practicadas a niños intersexuales, así como la falta de medidas que garanticen la rendición de cuentas y la concesión de reparaciones.

40. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Prohíba la esterilización sin el consentimiento personal libre e informado de la persona interesada;

b) Adopte medidas para prohibir que se realicen operaciones quirúrgicas y otras intervenciones médicas irreversibles e innecesarias desde un punto de vista médico en niños intersexuales hasta que puedan dar su consentimiento personal, así como medidas para ofrecer reparación y resarcimiento a las víctimas por los daños físicos y psicológicos sufridos.

Libertad de desplazamiento y nacionalidad (art. 18)

41.El Comité está preocupado por:

a)Las denuncias de discriminación de las personas con discapacidad en los contratos de seguros, en particular el hecho de que los refugiados y los solicitantes de asilo con discapacidad no puedan optar a los servicios financiados por la seguridad social, al seguro de enfermedad subvencionado ni a las prestaciones de la seguridad social, incluidos los subsidios por discapacidad;

b)La falta de un sistema uniforme de identificación y registro de todos los refugiados y los solicitantes de asilo con discapacidad;

c)Las restricciones a la libertad de circulación en los territorios ocupados, la denegación sistemática de permisos de salida —incluidos los necesarios para recibir atención médica—, la concesión de permisos solo previo interrogatorio por las fuerzas de seguridad israelíes y el hecho de que se impida a las personas con discapacidad circular libremente entre la Ribera Occidental —incluido Jerusalén Oriental— y Gaza y acceder a los servicios básicos de atención médica, rehabilitación, empleo y educación.

42. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Revise el régimen nacional de seguros con el objetivo de ampliar su cobertura a los refugiados y los solicitantes de asilo con discapacidad y a las personas con discapacidad en situaciones similares a la de los refugiados, y exija a los proveedores de servicios financieros, en particular a las compañías de seguros, que eliminen las disposiciones discriminatorias de los servicios y contratos de seguros;

b) Establezca un sistema uniforme de identificación y registro de todos los refugiados y los solicitantes de asilo con discapacidad, tanto adultos como niños, que permita a estas personas beneficiarse de una asistencia y unos servicios humanitarios adecuados, así como de los servicios básicos y las ayudas para la discapacidad;

c) Elimine las restricciones a la libertad de circulación dentro y fuera de los territorios ocupados; se asegure de que las fuerzas de seguridad israelíes lleven a cabo interrogatorios únicamente en casos de preocupaciones legítimas de seguridad y con arreglo al derecho internacional aplicable; agilice la expedición de permisos de salida para las personas con discapacidad, incluidas las que necesitan tratamiento médico, dispositivos de asistencia y medicamentos, y vele por que las personas con discapacidad tengan la libertad de circulación necesaria para poder acceder, entre otras cosas, a la educación, la atención médica, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, la rehabilitación y el trabajo y el empleo.

Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido enla comunidad (art. 19)

43.El Comité observa con preocupación:

a)El internamiento por motivos de deficiencia de personas con discapacidad en centros psiquiátricos, residencias, centros de atención integral y pisos tutelados u hogares funcionales, en aplicación del "modelo ecológico de la rehabilitación", así como el hecho de que se las prive de la capacidad jurídica para tomar decisiones relativas a su sistema de vida;

b)El hecho de que se sigan construyendo viviendas compartidas, de que se traslade a las personas con discapacidad de centros residenciales de gran capacidad a instituciones más pequeñas, como pisos tutelados u hogares funcionales para un máximo de seis personas, y de que existan obstáculos para encontrar viviendas accesibles, también en régimen de alquiler;

c)La prestación insuficiente o la denegación de apoyo domiciliario y comunitario, que afecta especialmente a las personas con necesidades de apoyo complejas, a las personas mayores con discapacidad, a las personas con discapacidad de las comunidades árabes, a los migrantes con discapacidad, a los refugiados y los solicitantes de asilo con discapacidad y a las personas con discapacidad en situaciones similares a la de los refugiados;

d)La falta de servicios comunitarios accesibles y las denuncias de que se excluye a las personas con discapacidad de los servicios que se ofrecen en la comunidad.

44. Recordando su observación general núm. 5 (2017), sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad y sus directrices sobre la desinstitucionalización, incluso en situaciones de emergencia, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Ponga fin a todas las formas de internamiento por motivos de deficiencia, incluidas las destinadas a proporcionar rehabilitación, y adopte una estrategia y un plan de acción integrales que le permitan reorientar sus esfuerzos y llevar a cabo una transición del internamiento en instituciones al desarrollo de diferentes formas de apoyo individualizado para vivir en la comunidad, incluida la asistencia personal y las ayudas y redes comunitarias, en estrecha consulta con las personas con discapacidad y con la participación activa de estas, por conducto de las organizaciones que las representan;

b) Construya viviendas seguras, accesibles y asequibles en la comunidad, entre otras vías revisando los requisitos para acceder a una vivienda pública; aumentando las ayudas al alquiler; reforzando las medidas dirigidas a solucionar los problemas de accesibilidad en el hogar; proporcionando apoyo domiciliario y comunitario; incrementando las ayudas a la vida independiente, también para quienes salen de las instituciones, y permitiendo a las personas con discapacidad firmar contratos de alquiler o compraventa legalmente vinculantes;

c) Aplique medidas para garantizar la igualdad de acceso de las personas con discapacidad de las comunidades árabes, las personas mayores con discapacidad, las personas con discapacidad que tienen necesidades de apoyo complejas, los migrantes y los refugiados con discapacidad y las personas con discapacidad en situaciones similares a la de los refugiados a las distintas formas de apoyo domiciliario e individualizado para poder vivir en la comunidad, incluida la asistencia personal, así como el acceso también a los servicios generales de la comunidad, como la atención sanitaria y la educación;

d) Aplique medidas que permitan eliminar las barreras de acceso a los servicios generales de la comunidad por motivos relacionados con la condición de migrante, refugiado o solicitante de asilo, o con la condición de persona con discapacidad en situación similar a la de los refugiados.

Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información (art. 21)

45.El Comité observa con preocupación que:

a)La lengua de señas israelí no está reconocida como lengua oficial del Estado parte y que en muchos ámbitos de la vida no se requieren intérpretes de lengua de señas cualificados;

b)La disponibilidad de información pública en diversos formatos accesibles es escasa;

c)Los sitios web tanto públicos como privados cumplen de manera limitada los requisitos y directrices en materia de accesibilidad y los proveedores de servicios privados están exentos de su cumplimiento.

46. El Comité recomienda al Estado parte que, en estrecha consulta con las personas con discapacidad y con la participación activa de estas, por conducto de las organizaciones que las representan:

a) Reconozca la lengua de señas israelí como lengua oficial, destine recursos públicos a la formación y aumente la disponibilidad de intérpretes de lengua de señas cualificados en todas las esferas de la vida, incluidos los procedimientos judiciales, los interrogatorios policiales y los programas de televisión, así como en la atención sanitaria, la educación, el ocio y los servicios religiosos y culturales;

b) Ponga en marcha medidas para que todas las personas con discapacidad tengan acceso a la totalidad de la información y los servicios públicos, entre otras vías mediante los medios aumentativos y alternativos de comunicación, la lectura fácil, el lenguaje sencillo, la comunicación táctil, la interpretación de la lengua de señas y los servicios digitales accesibles en Internet, teniendo en cuenta las normas de accesibilidad reconocidas internacionalmente;

c) Sensibilice acerca de la norma israelí núm. 5568 relativa a las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web del Consorcio World Wide Web y vele por su cumplimiento, y elimine las exenciones del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad concedidas a los proveedores de servicios privados.

Respeto de la privacidad (art. 22)

47.Preocupa al Comité que los historiales médicos y los datos personales de las personas con discapacidad psicosocial que son o han sido pacientes del Centro Médico Sheba se hayan revelado a médicos sin el consentimiento de estas y que no se las haya notificado al respecto.

48. El Comité pide al Estado parte que vele por que se devuelvan a los pacientes actuales y antiguos del Centro Médico Sheba sus historiales médicos y datos personales, que refuerce las medidas de protección de datos y de la intimidad y adopte otras nuevas —también en relación con las injerencias arbitrarias o ilegales— y que proporcione información sobre lo sucedido y una disculpa formal a los pacientes actuales y antiguos afectados.

Respeto del hogar y de la familia (art. 23)

49.El Comité observa con preocupación:

a)La información según la cual las personas con discapacidad no cuentan con el apoyo suficiente para ejercer la patria potestad y cumplir sus responsabilidades de crianza;

b)El hecho de que en el sector de la salud se dé prioridad a los “padres sanos”, lo que desvaloriza a las personas con discapacidad, en particular a las mujeres con discapacidad, y les impide acceder a los procedimientos y las tecnologías de fertilidad existentes, así como a la adopción y el acogimiento familiar;

c)Lo dispuesto en el artículo 13 a), párrafo 7, de la Ley de Adopción, núm. 5741‑1981, que permite la adopción de niños nacidos de padres con discapacidad intelectual sin el consentimiento personal informado de estos últimos;

d)Las decisiones adoptadas por las autoridades de bienestar infantil y los tribunales de separar a los niños de sus padres con discapacidad, en particular de los padres con discapacidad intelectual, sobre la base de evaluaciones de la capacidad parental;

e)La información según la cual los padres de niños con discapacidad no reciben apoyo, lo que conduce al abandono y el internamiento.

50. El Comité recomienda al Estado parte que, en estrecha consulta con las personas con discapacidad y con la participación activa de estas, por conducto de las organizaciones que las representan:

a) Aplique medidas encaminadas a proporcionar un apoyo adecuado y programas de formación accesibles para que todos los padres con discapacidad puedan ejercer la patria potestad y cumplir sus responsabilidades de crianza —también en los ámbitos del desarrollo, la salud y la educación del niño— y revise los requisitos para acceder a las prestaciones por discapacidad y las ayudas económicas a fin de que todos los padres con discapacidad puedan beneficiarse de ellas;

b) Ponga en marcha programas para hacer frente a la estigmatización, el capacitismo y la discriminación en el sector sanitario y facilite el acceso de las personas con discapacidad, en particular de las mujeres con discapacidad, a los procedimientos y tecnologías de fertilidad existentes, así como a la adopción y el acogimiento familiar, en igualdad de condiciones con las demás personas;

c) Derogue las disposiciones de la Ley de Adopción que permiten la adopción de niños nacidos de padres con discapacidad intelectual sin el consentimiento personal informado de estos últimos;

d) Aplique medidas para impedir que se separe a los niños de sus padres por motivos de discapacidad —incluidas medidas destinadas a sustituir las evaluaciones de la capacidad parental por evaluaciones del apoyo que necesitan los padres con discapacidad para cumplir sus responsabilidades parentales y de crianza— y proporcione asistencia jurídica y ajustes procesales adecuados;

e) Sensibilice a los padres de niños con discapacidad acerca de la igualdad de derechos de los niños con discapacidad con respecto a la vida familiar y vele por que los padres y las familias de niños con discapacidad tengan acceso al apoyo necesario para criar a sus hijos.

Educación (art. 24)

51.El Comité observa con preocupación:

a)El hecho de que el Estado parte mantenga la educación segregada en forma de aulas especiales para niños con discapacidad en las escuelas ordinarias y siga invirtiendo recursos humanos, técnicos y financieros en este tipo de educación;

b)Las actitudes negativas de padres y docentes, que desvalorizan y estigmatizan a los niños con discapacidad, incluidos los niños autistas, lo que los priva de la posibilidad de tener acceso al sistema educativo;

c)La realización limitada e inconstante de ajustes razonables para los niños con discapacidad que asisten a escuelas ordinarias y los estudiantes con discapacidad matriculados en centros de educación terciaria;

d)La interrupción de las prácticas que mejoran la accesibilidad del entorno de aprendizaje, incluida la enseñanza a distancia y el acceso a clases en línea, y las escasas medidas adoptadas para que los materiales impresos estén disponibles en formatos alternativos, como el braille.

52. Recordando su observación general núm. 4 (2016), sobre el derecho a la educación inclusiva, y las metas 4.5 y 4.a de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité recomienda al Estado parte que, en estrecha consulta con las personas con discapacidad y con la participación activa de estas, por conducto de las organizaciones que las representan:

a) Elabore una estrategia para facilitar la transición de la educación especial a una educación inclusiva de calidad para todos los niños con discapacidad, entre otras vías velando por que el mandato del Comité Shapira se base en la Convención;

b) Fomente las actividades de formación y concienciación sobre los derechos de los niños con discapacidad, incluido el derecho a la educación inclusiva, dirigidas a los propios niños con discapacidad, a sus padres y familiares, a los docentes y a los miembros de las comunidades religiosas, así como a la sociedad en general;

c) Adopte medidas legislativas, de política y administrativas encaminadas a la realización de ajustes razonables en todos los centros de enseñanza ordinaria, tanto públicos como privados, y en la educación terciaria, y reconozca que la denegación de ajustes razonables constituye una forma de discriminación;

d) Aplique medidas para que el entorno de aprendizaje —incluidos el entorno físico, los procedimientos de admisión, los recursos y métodos didácticos, las plataformas de aprendizaje en línea, las aulas y el transporte— sea accesible para los niños con discapacidad, y adopte medidas que garanticen la oferta y la disponibilidad de material en braille, en lectura fácil y otros formatos digitales accesibles y de medios aumentativos y alternativos de comunicación.

Salud (art. 25)

53.El Comité está preocupado por:

a)La insuficiencia de medidas adoptadas para responder a situaciones de malestar psíquico en niños, niñas y adolescentes con discapacidad en zonas afectadas por conflictos;

b)La falta de acceso de las personas con discapacidad a la atención sanitaria, los limitados servicios de salud pública y las restricciones económicas para acceder a los servicios sanitarios privados, que afectan especialmente a las personas con discapacidad de las comunidades árabes y las personas con discapacidad con necesidades de apoyo complejas;

c)Los obstáculos que encuentran las mujeres y las niñas con discapacidad para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, también en casos de violencia sexual;

d)Las barreras debidas a la actitud de los profesionales médicos en relación con el acceso de las personas con discapacidad a la atención sanitaria;

e)La discriminación por las empresas privadas en la prestación de seguros de salud y de vida.

54. El Comité recomienda al Estado parte que, en estrecha consulta con las personas con discapacidad y con la participación activa de estas, por conducto de las organizaciones que las representan:

a) Refuerce las medidas destinadas a hacer frente a los efectos perjudiciales de la ocupación, las hostilidades, la violencia y la inseguridad prolongadas en la salud de los niños con discapacidad y se asegure de que los programas y las medidas de apoyo tengan en cuenta la situación de los niños con discapacidad de las comunidades árabes y sean accesibles para todos los niños con discapacidad;

b) Aumente las asignaciones presupuestarias destinadas a mejorar la accesibilidad de los servicios y los centros sanitarios para las personas con discapacidad y adopte programas en los planos nacional y local que permitan ofrecer servicios sanitarios asequibles, accesibles, de calidad y que tengan en cuenta las diferencias culturales, así como tecnología adaptada y de apoyo;

c) Aplique medidas para proporcionar a las mujeres y las niñas con discapacidad servicios de salud sexual y reproductiva adecuados y accesibles y se asegure de que el apoyo y el asesoramiento en casos de violencia de género sean accesibles, inclusivos y adaptados a la edad y al género;

d) Vele por que el enfoque de la discapacidad basado en los derechos humanos y el respeto de la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad se incluyan en los planes de formación de todos los profesionales médicos y sanitarios;

e) Adopte todas las medidas legislativas, de política y administrativas que procedan para que todas las personas con discapacidad puedan beneficiarse sin discriminación de un seguro médico.

Trabajo y empleo (art. 27)

55.El Comité observa con preocupación:

a)La baja tasa de empleo de las personas con discapacidad; el hecho de que gran parte de las personas con discapacidad que trabajan lo hagan a tiempo parcial o con horarios variables; la escasa efectividad de las medidas encaminadas a fomentar el empleo de las personas con discapacidad; la estigmatización y las actitudes negativas de que son objeto las personas con discapacidad en el lugar de trabajo, y las barreras de accesibilidad y debidas a la actitud que dificultan la capacitación para el empleo y la promoción profesional;

b)El hecho de que se recurra a la modalidad del empleo protegido, en virtud de la cual las personas con discapacidad no están cubiertas por la legislación laboral, como forma de readaptación profesional para personas con discapacidad;

c)El bajo nivel de concienciación y de realización de ajustes razonables en el lugar de trabajo, en particular en el sector de la alta tecnología;

d)La falta de accesibilidad de los programas de formación profesional y de los programas destinados a reforzar las iniciativas empresariales.

56. Recordando su observación general núm. 8 (2022), relativa al derecho de las personas con discapacidad al trabajo y al empleo, el Comité recomienda al Estado parte que, en estrecha consulta con las personas con discapacidad y con la participación activa de estas, por conducto de las organizaciones que las representan:

a) Adopte medidas integrales para impedir que los empleadores releguen a las personas con discapacidad a determinadas ocupaciones, puestos de trabajo reservados o departamentos laborales concretos y para que las personas con discapacidad puedan beneficiarse de oportunidades de promoción y crecimiento profesional en igualdad de condiciones con las demás, y refuerce las medidas de fomento del empleo de las personas con discapacidad, con una perspectiva que tenga en cuenta el género y la edad;

b) Elabore una estrategia nacional para lograr una transición rápida del empleo segregado, que incluye el empleo protegido, al empleo libremente elegido en el mercado laboral y a un entorno laboral que sea abierto, inclusivo y accesible para las personas con discapacidad y que ofrezca condiciones de trabajo dignas, incluida la igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y la reparación de agravios;

c) Sensibilice a los empleadores públicos y privados sobre el deber de realizar ajustes razonables y la necesidad de contar con procesos claros, accesibles y oportunos para responder a las solicitudes de ajustes razonables;

d) Vele por que las personas con discapacidad reciban capacitación continua sobre las competencias laborales, el espíritu emprendedor y la asistencia técnica para la gestión de empresas.

Nivel de vida adecuado y protección social (art. 28)

57.El Comité está preocupado por el hecho de que las prestaciones por discapacidad sean inferiores al salario mínimo y por la desigualdad en el acceso a ellas, ya que las personas con discapacidad que viven en residencias solo perciben el 20 % del importe concedido a las personas con discapacidad que viven en la comunidad.

58. El Comité recomienda al Estado parte que se asegure de que las personas con discapacidad tengan acceso a prestaciones de protección social destinadas específicamente a ellas y que se sitúen por encima del umbral de pobreza, así como de que las personas con discapacidad que aún viven en instituciones reciban prestaciones por discapacidad en igualdad de condiciones con otras personas con discapacidad.

Participación en la vida política y pública (art. 29)

59.El Comité observa con preocupación:

a)La información sobre el número relativamente bajo de cabinas de votación accesibles y la insuficiencia de las medidas adoptadas para que las personas con discapacidad puedan votar;

b)La escasa información facilitada sobre la accesibilidad y los ajustes razonables para los miembros de la Knéset con discapacidad.

60. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Fortalezca la capacidad del subcomité creado para mejorar la accesibilidad al voto y adopte un plan, sujeto a plazos, con miras a lograr la accesibilidad universal de los procedimientos de votación, así como del entorno, las instalaciones y los materiales electorales, para todas las personas con discapacidad;

b) Adopte medidas de apoyo a los candidatos con discapacidad para que puedan presentarse a las elecciones y ocupar cargos en igualdad de condiciones con los demás, y vele por que la Knéset avance en la mejora de la accesibilidad de la información, las instalaciones y los procesos conexos.

Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimientoy el deporte (art. 30)

61.Preocupan al Comité los lentos avances en la mejora de la accesibilidad de los lugares religiosos —como sinagogas y lugares sagrados, entre ellos los cristianos, judíos y musulmanes— y de los actos religiosos, así como las barreras para acceder a parques, lugares en que se realizan actos culturales y centros y eventos deportivos.

62. El Comité recomienda al Estado parte que, en estrecha consulta con las personas con discapacidad y con la participación activa de estas, por conducto de las organizaciones que las representan, adopte medidas para facilitar el acceso a todos los lugares y actos religiosos y a las instalaciones y servicios culturales, recreativos, turísticos y deportivos de los sectores público y privado, y haga un seguimiento de los progresos realizados.

63.Al Comité le preocupa que la normativa que regula la accesibilidad de los parques infantiles para los niños con discapacidad no se aplique a todos los parques.

64. Recordando su observación general núm. 2 (2014), relativa a la accesibilidad, el Comité recomienda al Estado parte que extienda el ámbito de aplicación de la normativa a todos los parques infantiles destinados a niños con discapacidad, tanto nuevos como existentes.

C.Obligaciones específicas (arts. 31 a 33)

Recopilación de datos y estadísticas (art. 31)

65.El Comité expresa su preocupación por la escasa información proporcionada sobre las personas con discapacidad que sufren discriminación múltiple e interseccional, como las mujeres y las niñas con discapacidad, los niños con discapacidad, los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo con discapacidad, las personas con discapacidad de las comunidades jaredíes, las personas con discapacidad de las comunidades árabes, los palestinos con discapacidad —incluidos los refugiados palestinos con discapacidad—, las personas con discapacidad de las comunidades beduinas o de pastores y las personas con discapacidad lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer.

66. El Comité recomienda al Estado parte que recopile datos desglosados y lleve a cabo investigaciones sobre la situación de las personas con discapacidad que sufren discriminación múltiple e interseccional que sirvan de base para elaborar políticas, como por ejemplo la adopción de medidas contra la discriminación, incluidas medidas positivas.

Cooperación internacional (art. 32)

67.El Comité acoge con satisfacción la información proporcionada por el Estado parte sobre la promoción de la integración de la discapacidad en los programas de cooperación internacional. No obstante, está preocupado por la falta de una estrategia internacional de desarrollo que sea integral e inclusiva de la discapacidad para promover los derechos de las personas con discapacidad y por que no se realicen evaluaciones del impacto de las iniciativas existentes, incluidas las relativas a la creación de capacidades y el suministro de dispositivos.

68. El Comité recomienda al Estado parte que, en estrecha consulta con las personas con discapacidad y con la participación activa de estas, por conducto de las organizaciones que las representan:

a) Adopte una estrategia internacional de desarrollo que sea integral e inclusiva de la discapacidad;

b) Establezca un marco de seguimiento y rendición de cuentas que permita evaluar el impacto de los programas, proyectos y políticas de cooperación internacional dirigidos a las personas con discapacidad.

Aplicación y seguimiento nacionales (art. 33)

69.Al Comité preocupa que:

a)La Comisión para la Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad carezca de autoridad para garantizar que los derechos humanos de las personas con discapacidad se integren en todas las carteras ministeriales del Gobierno;

b)La Comisión para la Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad carezca de independencia para supervisar la aplicación de la Convención y no se ajuste a los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París);

c)La diversidad de las organizaciones de personas con discapacidad que participan en la supervisión de la aplicación de la Convención sea escasa.

70. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Refuerce la autoridad y las competencias de la Comisión para la Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad para que la discapacidad se integre en todos los programas gubernamentales;

b) Establezca un marco independiente de supervisión, de conformidad con el artículo 33, párrafo 2, de la Convención, que se ajuste a los Principios de París y tenga en cuenta el reglamento del Comité en relación con la función y la participación de los marcos independientes de supervisión ;

c) Vele por la plena participación de todas las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan en el proceso de seguimiento. El Estado parte debe proporcionar metodologías inclusivas y accesibles y recursos humanos, financieros y técnicos que permitan realizar un seguimiento periódico.

IV.Seguimiento

Difusión de información

71. El Comité subraya la importancia de todas las recomendaciones que figuran en las presentes observaciones finales. En relación con las medidas que deben adoptarse con carácter urgente, desea señalar a la atención del Estado parte las recomendaciones formuladas en los párrafos 22, sobre el derecho a la vida, 36, sobre la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y 52, sobre la educación.

72. El Comité solicita al Estado parte que aplique las recomendaciones formuladas en las presentes observaciones finales. Le recomienda que transmita dichas observaciones, para su examen y para la adopción de medidas al respecto, a los miembros del Gobierno y de la Knéset, los funcionarios de los ministerios competentes, las autoridades locales y los miembros de los grupos profesionales pertinentes, como los profesionales de la educación, de la medicina y del derecho, así como a los medios de comunicación, utilizando para ello estrategias de comunicación social modernas.

73. El Comité alienta encarecidamente al Estado parte a que haga partícipes a las organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones de personas con discapacidad, en la preparación de su informe periódico.

74. El Comité solicita al Estado parte que difunda ampliamente las presentes observaciones finales, en particular entre las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de personas con discapacidad, así como entre las propias personas con discapacidad y sus familiares, en los idiomas nacionales y minoritarios, incluida la lengua de señas, y en formatos accesibles, en particular en lectura fácil, y que las publique en el sitio web del Gobierno dedicado a los derechos humanos.

Próximo informe periódico

75.El Comité solicita al Estado parte que presente sus informes periódicos segundo a quinto combinados a más tardar el 28 de octubre de 2030 y que incluya en ellos información sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas en las presentes observaciones finales. El Comité solicita también al Estado parte que considere la posibilidad de presentar dichos informes según el procedimiento simplificado de presentación de informes, con arreglo al cual el Comité elabora una lista de cuestiones al menos un año antes de la fecha prevista para la presentación del informe del Estado parte. Las respuestas a esa lista de cuestiones constituirán el informe del Estado parte.