Comité de Derechos Humanos

97° período de sesiones

Acta resumida de la 2660 a sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el miércoles 14 de octubre de 2009, a las 10.00 horas

Presidente:Sr. Iwasawa

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto

Segundo informe periódico de la República de Moldova (continuación)

Se decla ra abierta la sesión a las 10. 10 horas .

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto (tema 6 del programa) (continuación)

Segundo informe periódico de la República de Moldova (CCPR/C/MDA/2; CCPR/C/MDA/Q/2; CCPR/C/MDA/Q/2/Add.1; HRI/CORE/1/Add.4) (continuación)

1 . Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación moldova vuelven a tomar asiento a la mesa del Comité.

2. El Sr. Esanu (República de Moldova) explica que, debido a que es día de fiesta oficial en Chisinau, no ha podido obtener todos los datos, en particular las estadísticas, que se solicitaron en la sesión precedente; los enviará al Comité en el menor plazo posible. No obstante, según las informaciones de que dispone, el número de mujeres diputadas se elevaría actualmente a 25 de un total de 101 diputados, lo que significa que las mujeres representarían el 25% de los parlamentarios. En cuanto al caso de la joven perseguida por aborto, que se mencionó en la sesión anterior, conviene señalar que el aborto es legal en la República de Moldova y que no hay oposición de la opinión pública. En este caso, parece que la joven fue condenada por homicidio debido a que el aborto se había practicado en una fase muy avanzada del embarazo.

3. Se han adoptado medidas para mejorar el funcionamiento de las instituciones, de los defensores parlamentarios y del Centro de Derechos Humanos. La delegación no dispone de cifras precisas sobre el número de denuncias y peticiones que se han dirigido al defensor parlamentario ni sobre el número de investigaciones que este ha realizado, pero se puede decir que la mayoría de las denuncias hacen referencia al fondo más que a la legalidad de las decisiones adoptadas por los órganos judiciales.

4. En cuanto a la formación de los miembros de la policía y del sistema penitenciario, de los médicos o de los estudiosos de las cuestiones relacionadas con la salud o la procreación, el Ministerio de Educación estudia actualmente el programa vigente, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil; se tendrán en cuenta todas las observaciones formuladas por el Comité. En cuanto a la mejora de las competencias de los magistrados y de la policía, los programas de formación se revisarán teniendo en cuenta las observaciones formuladas por el Comité a fin de incluir exhaustivamente todos los aspectos relacionados con la protección de los derechos humanos.

5. El problema de la trata de seres humanos está muy vinculado al del conflicto con Transnistria, ya que la República de Moldova no controla la República autoproclamada de Transnistria, y las autoridades judiciales no pueden desplazarse hasta allí. En estos momentos, gracias a la misión de asistencia a la frontera entre la República de Moldova y Ucrania organizada con ayuda de la Unión Europea en 2005, existe un control fronterizo entre Transnistria y Ucrania, lo que permite, hasta cierto punto, impedir la trata de seres humanos a través del territorio moldovo. En principio, todos los proyectos humanitarios realizados por la República de Moldova en asociación con organismos internacionales afectan a personas que se encuentran en Transnistria (servicios médicos, educativos, etc.).

6. El Sr. Rusu (República de Moldova) explica que la forma más extendida de explotación es la trata con fines de prostitución o de carácter sexual, mientras que la explotación con fines económicos o laborales representa solo el 20% de los casos. Las víctimas son en su mayoría mujeres y hombres, mientras que los niños representan entre el 10% y el 15%. En cuanto a la eliminación de las 36 redes de trata de personas a que se ha hecho referencia, cabe señalar que las organizaciones criminales que constituyen esas redes cuentan no solo con ciudadanos moldovos sino también con nacionales de los países de destino (Turquía, países de la ex Yugoslavia como Kosovo o Macedonia, la Federación de Rusia, Italia, los Emiratos Árabes Unidos y, sobre todo con fines de explotación económica, España y Portugal) se estima que casi el 50% de las víctimas de esta plaga tienen entre 18 y 25 años, y el 30% entre 26 y 40.

7. En lo que respecta al calendario de aprobación de un proyecto de Ley sobre la lucha contra la discriminación, el proyecto se aprobaría sin duda en plazo muy breve si se excluyeran las disposiciones relativas a la discriminación basada en la orientación sexual. No obstante, como no se trata de suprimir esas disposiciones, es posible que la adopción se retrase. La cuestión de la discriminación no se presenta en la República de Moldova en forma aguda, ya que el país ha heredado de la ex Unión Soviética la aplicación del principio de igualdad de los dos sexos o de igualdad de las minorías. Durante la época soviética se menoscabaron numerosos derechos humanos, pero se respetó la igualdad del hombre y la mujer, independientemente de la nacionalidad. Así pues, varias generaciones han crecido en el respeto del principio de la no discriminación. Los romaníes sufren sin duda dificultades, no todas ellas resultantes de la discriminación. Conviene distinguir entre los actos de discriminación, que deben suprimirse, y los simples actos de violencia, que afectan tanto a los moldovos como a los miembros de las minorías. Hay que insistir en la lucha contra el fenómeno de la violencia, lo que requiere no tanto recursos financieros particulares como el estricto respeto de la ley por parte de todos.

8. El Sr. Rusu (República de Moldova) dice que en los tres últimos años se han presentado tres denuncias penales por incitación al odio pero que en ninguno de esos casos se ha podido comprobar la existencia de discriminación: por ello, no se han presentado ante los tribunales. Se han organizado actividades formativas sobre la detección de la discriminación y la incitación al odio destinadas a los policías y a los funcionarios de la fiscalía.

9. El Presidente manifiesta su agradecimiento a la delegación moldova y pregunta a los miembros del comité si desean formular alguna otra pregunta.

10. Sir Nigel Rodley pregunta en qué medida se ha aplicado la reciente ley sobre el terrorismo, y desearía que se presentaran ejemplos concretos. Le complace saber que los fiscales visitan diariamente los centros de privación de libertad pero, como las alegaciones de malos tratos continúan siendo todavía numerosas, se pregunta en qué consisten exactamente esas visitas. Solicita igualmente aclaraciones sobre el mecanismo nacional de prevención y las modalidades de selección de sus miembros. Desearía saber igualmente si es cierto que el defensor parlamentario al frente de este mecanismo, que, según las informaciones de que él dispone, es un ex fiscal, dirige igualmente el Centro de Derechos Humanos. Pregunta también quién nombra el Consejo Consultivo y cuál es su autoridad en relación con los cuatro defensores parlamentarios.

11. La Sra. Keller dice que ha tomado nota de que se presentaría información complementaria por escrito sobre la cuestión del aborto y pregunta si existen medidas de prevención relativas a los casos en que la mujer se ve obligada a abortar por la presión social.

12. El Sr. Salvioli desearía aclaraciones sobre el proyecto de ley relativa a la lucha contra la discriminación, y pregunta si la República de Moldova ha tenido en cuenta las recomendaciones formuladas por la Oficina del Alto Comisionado en julio de 2009. No es solo la sociedad civil quien denuncia problemas de discriminación, son también órganos intergubernamentales como la Comisión Europea contra el Racismo, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

13. El Sr. Esanu (República de Moldova) explica que no hay ni un solo caso penal en el que se haya invocado la Ley sobre el terrorismo. Los fiscales deben visitar los lugares de detención provisional. Muchas veces se ha debatido esta cuestión, que debe ser objeto de nuevo examen. Se han adoptado ya medidas para evitar conflictos de interés; así, los fiscales que visitan los lugares de detención no son los mismos que se encargan de las investigaciones.

14. El Sr. Rusu (República de Moldova) agrega que, en calidad de fiscal con 25 años de ejercicio, puede afirmar que las visitas a los lugares de detención se toman muy en serio. Los fiscales deben visitar los lugares de detención de la policía, informarse sobre la suerte de los detenidos, hablar con ellos y verificar las declaraciones que han dado lugar a la detención preventiva. Se inspeccionan las celdas para comprobar que no hay detenidos sin el conocimiento del fiscal. Este informa a sus superiores y señala los eventuales casos de detención ilícita.

15. El Sr. Esanu (República de Moldova) dice que actualmente hay 170 personas detenidas en locales de la policía, 24 de las cuales están en espera de juicio. Esta cifra ha disminuido notablemente a raíz de un acuerdo alcanzado en 2007 con el Ministerio del Interior, en virtud del cual los detenidos en espera de juicio han sido trasladados a centros penitenciarios. El número de personas en espera de juicio que se encuentran detenidas en centros penitenciarios era de 2.456 en 2006 y 2.472 en 2007; después de las medidas adoptadas, la cifra pasó a 1.374 en 2008 —un descenso del 50%—, a 1.360 a comienzos de 2009 y a 1.121 en la actualidad. Así pues, se ha puesto en marcha una dinámica positiva.

16. El director del mecanismo nacional de prevención es efectivamente un defensor parlamentario, ex fiscal, nombrado por el Parlamento de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Un defensor parlamentario puede haber defendido anteriormente los derechos humanos. Su candidatura había suscitado ciertas objeciones por parte de la oposición y de algunas organizaciones, pero se estimó que no había participado en investigaciones ya que, en el ejercicio de sus funciones de fiscal, se ocupaba de la defensa de los derechos humanos. No se dispone de informaciones sobre sus responsabilidades en el Centro de Derechos Humanos. El mecanismo nacional de prevención está formado por defensores parlamentarios y funcionarios del Centro de Derechos Humanos. El Consejo Consultivo es un órgano formado por representantes del mundo asociativo, instituido por el Parlamento a propuesta de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos. Los miembros del Consejo Consultivo son autónomos y no dependen de los defensores parlamentarios; pueden visitar los centros penitenciarios, elaborar informes sobre sus visitas y presentarlos a quien corresponda para que se adopten medidas, si parece que no se han respetado los derechos fundamentales.

17. Algunas recomendaciones formuladas por el Alto Comisionado acerca del proyecto de ley relativa a la lucha contra la discriminación se han incorporado al texto; otras, no. Por ejemplo, la recomendación referente a la creación de un mecanismo especialmente encargado de las cuestiones relacionadas con la discriminación no se ha aplicado porque se ha considerado preferible concentrar los esfuerzos en el fortalecimiento de las instituciones existentes, es decir, el Centro de Derechos Humanos y los defensores parlamentarios, dotándoles de los recursos humanos y financieros necesarios para que puedan desempeñar eficazmente su misión de protección de los derechos humanos. Los representantes de la sociedad civil que participaron en las consultas sobre el proyecto de ley podrán confirmar que las autoridades han dado muestras de apertura durante todo el proceso. Continúa el debate público sobre cuestiones como la discriminación basada en la orientación sexual y solo se tomará una decisión una vez que se hayan expresado y examinado debidamente los puntos de vista de todas las partes interesadas.

18. El ejercicio de presiones con el fin de obligar a una mujer a someterse a un aborto es ilegal en virtud de la ley. Posteriormente, podrán presentarse por escrito ejemplos de medidas concretas adoptadas para proteger a la mujer frente a tales presiones.

19. El Presidente agradece a la delegación sus respuestas a las preguntas complementarias de los miembros del Comité y la invita a que responda a las preguntas núms. 13 a 24 de la lista de cuestiones.

20. El Sr. Esanu (República de Moldova) dice que la ley garantiza a las personas en régimen de prisión preventiva el derecho a entablar contacto con un abogado desde el momento de su detención o, si no tienen los medios para ello, a utilizar gratuitamente los servicios de un abogado de oficio. No obstante, es cierto que, en la práctica, la policía no permite siempre a esas personas comunicarse con un abogado desde el momento de la detención, y la calidad de las prestaciones ofrecidas por los abogados de oficio es muchas veces insuficiente. En 2007 se aprobó una nueva ley cuyo objetivo era reforzar el sistema de asistencia letrada y, por iniciativa del Ministerio de Justicia, se ha emprendido una revisión del conjunto de disposiciones que regulan el funcionamiento de la asistencia letrada a fin de determinar los medios para mejorar la calidad de las prestaciones, en particular mediante la definición de criterios más estrictos para la selección de los abogados de oficio. Si el Comité lo desea, se le podrán enviar las propuestas finales del Ministerio de Justicia.

21. A petición del Parlamento se ha llevado a cabo una encuesta en los centros penitenciarios del país para determinar la situación de las personas en espera de juicio que se encuentran detenidas. Los resultados de la encuesta han sido analizados con el fin de determinar los medios disponibles para reducir la duración de la detención antes del juicio y se han tomado con ese fin diversas medidas, en particular de carácter legislativo. El control judicial de la legalidad de la detención se ha reforzado igualmente, ya que el fundamento de los motivos de la prolongación de la detención es ahora revisado por los tribunales cada tres meses, y toda prolongación más allá de los plazos previstos por la ley debe ahora ser objeto de una demanda previa debidamente justificada ante el fiscal general, y ser autorizada por este último. Posteriormente, se enviarán por escrito al Comité estadísticas referentes a la duración de la detención antes del juicio.

22. El Gobierno moldovo no ahorra esfuerzos por mejorar la situación en las cárceles, como demuestran las informaciones facilitadas por escrito en respuesta a la pregunta núm. 14. En su informe sobre la visita realizada a la República de Moldova en julio de 2009, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura reconoció que se habían logrado importantes progresos. La prisión núm. 7 de Rusca, por ejemplo, se ha renovado en su totalidad y cumple ahora plenamente las normas internacionales. La prisión núm. 1 de Taraclia se ha renovado parcialmente, pero debido a la crisis financiera las obras que debían realizarse este año han tenido que suspenderse. Las condiciones de la prisión núm. 13, donde se encuentra detenido un gran número de personas en espera de juicio, continúan siendo muy difíciles, pero por el momento el Gobierno no dispone de los recursos necesarios para llevar a buen fin el proyecto de construcción de un nuevo centro al que se puedan trasladar esas personas. En cuanto a los locales de la policía, el Ministerio del Interior ha examinado la situación de todas las celdas de prisión preventiva y ha ordenado la realización de las obras de renovación necesarias. Si bien persiste el problema del hacinamiento penitenciario, las estadísticas demuestran que el número de detenidos —tanto condenados como en prisión preventiva— en los centros penitenciarios ha descendido casi un tercio entre 2006 y 2009, y según las cifras más recientes su total en la actualidad es de 6.610 detenidos. En el contexto de los esfuerzos desplegados para reducir la población carcelaria, se ha adoptado una Ley de reforma del Código Penal que reduce la duración de las penas de prisión de un gran número de infracciones, pero es todavía demasiado temprano para medir su repercusión en la población penitenciaría. Los créditos presupuestarios asignados al sistema penitenciario han aumentado de forma considerable y en 2009 suman aproximadamente 236 millones de lei, frente a los 135 millones de 2006. El monto inicialmente previsto era todavía más elevado, pero la crisis financiera ha obligado al Gobierno a hacer una revisión a la baja. Entre 2006 y 2009, la reducción de la población penitenciaría junto con el aumento de los fondos asignados a la administración penitenciaría permitió en conjunto una clara mejoría de la situación de los detenidos. El Gobierno es consciente de que queda todavía mucho por hacer y de que se necesitarán más recursos para resolver los problemas todavía pendientes, en primer lugar para construir nuevos centros penitenciarios, pero está decidido a hacer todo lo necesario para conseguirlo.

23. El Gobierno comparte las preocupaciones del Comité acerca de las dificultades que impiden la buena administración de la justicia. Se ha emprendido un amplio plan de reforma del sistema judicial, algunos de cuyos elementos se han mencionado ya, por ejemplo, la supresión progresiva de los tribunales económicos y militares y la transferencia de sus competencias a los tribunales ordinarios, y la reforma del Consejo Superior de la Magistratura. Otros temas son todavía motivo de debate, como el mandato inicial que los jueces deben efectuar antes de su nombramiento vitalicio: algunos desearían reducirlo de cinco a tres años mientras que otros recomiendan su supresión pura y simple. Está también previsto modificar la legislación para garantizar la ejecución de las decisiones judiciales.

24. El Sr. Rusu (República de Moldova) dice que el Gobierno, en asociación con el UNICEF, se esfuerza por reformar el sistema de justicia para menores. Desde hace tres años, se insiste en las medidas de sustitución de la pena de libertad, como el envío de los menores delincuentes a centros de educación especializados. Desde 2007, los asuntos penales que implican a menores son competencia exclusiva de la fiscalía, y los fiscales han recibido formación específica para conocer de las infracciones cometidas por menores. La detención preventiva de un menor no puede durar más de 24 horas y el plazo máximo de la detención provisional es de cuatro meses. La detención de un menor solo está autorizada en los casos de infracciones graves con violencia y, por una misma sanción, las penas privativas de libertad aplicables a un menor duran la mitad que las aplicables a un adulto. Los menores son detenidos en centros o en espacios reservados para ellos. Entre 2005 y 2008, el número de infracciones cometidas por menores disminuyó sensiblemente. En el 85% de los casos se trata de robos.

25. El Sr. Esanu (República de Moldova) dice que el número de víctimas de la violencia familiar supera con mucho la capacidad de acogida de los hogares y albergues existentes, pero la apertura de nuevos centros requiere cuantiosos recursos que, lamentablemente, el Gobierno no tiene; no se trata de una excusa para mantener la situación actual, ya que la falta de medios es una realidad que no se puede dejar de tener en cuenta. El Comité encontrará en las respuestas escritas las estadísticas solicitadas sobre los casos de explotación económica o sexual de niños registrados en la República de Moldova (pregunta núm. 18).

26. Desde la adopción, en mayo de 2007, de la nueva Ley de cultos, el registro de los grupos religiosos es competencia del Ministerio de Justicia y no del Servicio Estatal de Cultos, que se ha disuelto. El Ministerio de Justicia mantiene un diálogo constante con los representantes de los diferentes cultos sobre todas las cuestiones de su incumbencia. El registro de un grupo religioso puede denegarse cuando no se han realizado los trámites necesarios, por ejemplo, si falta alguno de los documentos requeridos. El registro de grupos musulmanes se ha denegado recientemente por ese motivo. La Ley garantiza la independencia de los grupos religiosos pero no les exime del respeto de determinados principios, pues podría ocurrir que algunos grupos religiosos traten de limitar los derechos de sus fieles en forma no compatible con la legislación moldova. Por esta razón, el Ministerio de Justicia debe dar muestras de gran atención al examinar las solicitudes de registro. Para reforzar todavía más la libertad religiosa, ha elaborado un proyecto de ley que tiene en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que trata de suprimir las sanciones previstas por la actual legislación contra quienes practican en público un culto que no ha sido previamente registrado. Un primer examen del texto ha permitido observar algunas lagunas que el Ministerio de Justicia va a tratar de corregir.

27. En lo que respecta a la libertad de expresión, la mayor parte de las disposiciones legislativas son adecuadas, pero no obstante hay todavía un problema relacionado con la concesión de licencias a las cadenas de televisión. Efectivamente, hay divergencias entre las disposiciones del Código de Medios Audiovisuales y las del decreto parlamentario que regulan las competencias del organismo encargado de otorgar licencias acerca de la manera de otorgar estas: automáticamente o mediante concurso. El Tribunal Constitucional ha recibido el encargo de verificar la constitucionalidad del decreto, en el que se dispone que la prolongación automática de las licencias solo puede tener lugar en el caso de las cadenas de televisión que las han obtenido después de la entrada en vigor del Código de Medios Audiovisuales, pero no ha llegado a pronunciarse al respecto. La ley prevé que en este caso el texto impugnado se considere como constitucional, por lo que son todavía aplicables sus disposiciones. No obstante, la cuestión no está resuelta: el Código de Medios Audiovisuales no prevé expresamente la posibilidad de recurrir a la competencia, por lo que no está excluido que en caso de examen por un tribunal este exija al órgano en cuestión que prolongue las licencias sin recurso a la licitación.

28. La legislación moldova protege los derechos de las personas pertenecientes a minorías, y en las respuestas escritas se han presentado informaciones detalladas acerca de su representación en los organismos públicos. Como ejemplo suplementario, baste decir que uno de los puestos de vicepresidente del Parlamento está ocupado por una persona perteneciente a una minoría.

29. En cuanto a la difusión de información sobre el Pacto, el texto de este figura en la colección de instrumentos internacionales ratificados por la República de Moldova que se ha distribuido a todas las autoridades locales y a las bibliotecas. Se ha publicado igualmente en el sitio web oficial del Ministerio de Justicia, en el que puede ser consultado por todo el que lo desee. Por otro lado, toda la legislación moldova está a disposición del público en Internet en moldovo, que es la lengua oficial, y en ruso, pues la ley exige que los proyectos de ley deban traducirse al ruso para que puedan ser examinados.

30. El Presidente agradece a la delegación Moldova las respuestas presentadas e invita a los miembros del Comité a que formulen preguntas sobre los puntos 13 a 24 de la lista de cuestiones.

31. Sir Nigel Rodley dice que no entiende bien a partir de qué momento una persona tiene derecho a consultar un abogado cuando es detenida, sea por una infracción administrativa o penal. De acuerdo con las respuestas escritas, en este último caso el interesado tendría derecho a reunirse con un abogado "antes de su primera audiencia como sospechoso". ¿Significa eso que es posible que una persona esté detenida sin ser necesariamente sospechosa de infracción y que no tenga acceso a un abogado? ¿Cuál es el procedimiento para determinar si una persona es sospechosa? Quizá se trate de un malentendido, pero el orador desearía tener la seguridad de que una persona tiene derecho a consultar un abogado desde el primer momento de su detención o, cuando menos, en el momento de su primer interrogatorio por la policía.

32. Según las informaciones recibidas de ONG, ha habido casos en que la policía habría negado a algunas personas el acceso a un abogado. Es difícil comprender que los policías responsables de la denegación ilegal del derecho a consultar un abogado escapen a toda sanción. Sería muy interesante saber qué ocurre cuando un fiscal encargado de controlar la legalidad de una detención descubre que se ha privado a alguien de su derecho de acceso a un abogado. Es indudable que los fiscales desempeñan un papel sumamente importante y que su función consiste ante todo en verificar la legalidad de la detención y conseguir la liberación de todas las personas que no estén detenidas legalmente. Sir Nigel Rodley se pregunta, no obstante, si es posible que los fiscales, considerando que esa es su principal tarea, concedan menos importancia a otros elementos de la detención. Estima que la detención en los locales policiales no debe prolongarse más allá de 72 horas, pero que en la práctica ocurre que algunas personas sospechosas de infracciones administrativas sean mantenidas durante un tiempo más prolongado. Si eso es cierto, convendría saber cuáles son las razones. Es evidente que esas personas corren mayores riesgos cuando están detenidas en las dependencias de la policía en vez de en otros lugares, por lo que habría que saber igualmente si las personas que se encuentran en prisión preventiva en los centros de detención pueden ser enviadas a las dependencias policiales para interrogatorios suplementarios, y si así ocurre de hecho en algunos casos.

33. Hay que felicitar al Estado parte por haber conseguido reducir la población penitenciaría en un tercio. La disminución constante del número de presos demuestra que las autoridades tienen interés en solucionar este problema. A pesar de ello, como ha dicho la misma delegación, en algunos lugares las condiciones de vida de los detenidos preventivos son peores que las de los condenados. Parecería que el problema de la superpoblación carcelaria se ha resuelto en general pero que continúa habiendo problemas en centros concretos, en particular, según las informaciones facilitadas por las ONG, en la prisión núm. 13. Sería interesante conocer la capacidad de ese centro y el número de personas recluidas en él. La delegación podría presentar su propia valoración de la situación en los centros que acogen a los detenidos en espera de juicio y explicar por qué razón esas condiciones son peores que en los centros penitenciarios. Según algunas fuentes, las personas que sufren tuberculosis diagnosticada antes de su reclusión son encarceladas en centros penitenciarios, práctica que, si se confirma, es sin duda muy preocupante.

34. En cuanto a la administración de la justicia, la delegación misma ha reconocido que había graves problemas, y sería interesante saber qué parte del sistema judicial está afectada. Según las informaciones recibidas por el Comité, los jueces se verían sometidos a fuertes presiones para tomar en algunos casos la decisión deseada por las autoridades. Sería más difícil influir a los magistrados si estos fueran designados de forma independiente por el Consejo Superior de la Magistratura. Se necesitan precisiones acerca del procedimiento disciplinario, el papel de los presidentes de los tribunales y las modalidades de nombramiento de estos. De acuerdo con las informaciones procedentes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, las audiencias no se celebran sistemáticamente ante un tribunal, y en algunos casos tendrían lugar en las oficinas de los edificios judiciales, o incluso en los pasillos. Asimismo, hay testimonios de que los jueces dictan mandatos de detención contra personas que no sabían ni siquiera que habían sido interrogadas por un magistrado. Parece, pues, que el conjunto del sistema judicial no sigue una línea de conducta totalmente compatible con una administración imparcial de la justicia. Sería interesante escuchar a la delegación a este respecto.

35. La Sra. Keller agradece a la delegación las valiosas respuestas a la pregunta relativa a la justicia de menores. Desearía recibir información detallada sobre los informes de evaluación psicosocial de la personalidad de los menores en conflicto con la ley; en particular, desearía saber si las personas encargadas de realizar la evaluación han recibido una formación especial, qué tipo de información figura en esos informes y si existen directivas oficiales para orientar esa práctica. Pregunta qué medidas se han adoptado para establecer dispositivos de prevención primaria y secundaria de la delincuencia y de la reincidencia de menores.

36. El Sr. Salvioli dice que en su informe de 2009 la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer presenta un conjunto de recomendaciones específicas que tratan de mejorar la situación de la República de Moldova en lo que respecta a la violencia contra la mujer. El Estado parte ha realizado indudablemente notables esfuerzos de prevención y sanción, pero las informaciones recibidas de organizaciones internacionales y de ONG parecen indicar que continúa habiendo un problema grave. En su lista de cuestiones, el Comité pide al Estado parte que comunique informaciones detalladas sobre las medidas adoptadas para garantizar que los jueces, los fiscales, los agentes de la fuerza pública, el personal de los servicios de salud y los trabajadores sociales conozcan el marco legislativo referente a la violencia contra la mujer, pero no ha habido respuesta. Por el contrario, se han presentado informaciones muy precisas sobre la violencia contra los niños, la explotación sexual de estos y las peores formas de trabajo infantil. De ahí se deduce que se intensificarán los esfuerzos por combatir esa plaga, lo que constituye una iniciativa encomiable. En cuanto a la libertad de religión, el Gobierno no ha presentado informaciones detalladas sobre las medidas adoptadas para luchar contra la intolerancia religiosa y el acosamiento practicados por las autoridades estatales, incluida la policía, con respecto a personas pertenecientes a grupos religiosos minoritarios, en particular los musulmanes. En cuanto al registro de los diferentes cultos, es sin duda difícil proceder si la asociación no presenta los documentos necesarios. De todas formas, es preocupante que las solicitudes de registro de una treintena de organizaciones religiosas musulmanas estén todavía en suspenso, lo que repercute en el ejercicio mismo del culto pero igualmente en otras prácticas, como las ceremonias de enterramiento. Sería conveniente saber qué medidas se han adoptado para garantizar en la práctica la libertad religiosa y proceder al registro de los cultos que han presentado una solicitud.

37. El Sr. Rivas Posada desea abordar la cuestión de la libertad de expresión. Según la información que obra en manos del Comité, los periodistas practican la autocensura por temor a las represalias. Parece que la Ley sobre la difamación en los medios de comunicación es particularmente estricta y que es invocada con frecuencia, más por particulares que por el Gobierno. Se habían solicitado informaciones a este respecto en la pregunta núm. 20 de la lista de cuestiones pero las informaciones facilitadas en las respuestas escritas hacen referencia a la libertad de reunión. Se ha notificado al Comité que se ha adoptado recientemente una ley sobre la televisión pública pero que, en lo que se refiere a la televisión privada, preocupa el riesgo de concentración, y hasta de monopolio, de los medios de comunicación. Convendría que el Gobierno examinara esta cuestión.

38. De las respuestas detalladas facilitadas por el Estado parte se deduce que las personas pertenecientes a minorías participan ampliamente en todos los niveles de la administración pública. No obstante, parece que algunas minorías, en particular los romaníes, continúan sufriendo de discriminación en el acceso a los servicios públicos. Si bien representan solo una pequeña parte de la población del país, los romaníes son particularmente vulnerables y merecen atención prioritaria, en especial en los ámbitos de la educación y la salud. La delegación ha indicado que los grupos desfavorecidos de la población tienen dificultades en esos sectores, y que no era preciso ver en ello una discriminación. No obstante, en muchos países los romaníes son muy vulnerables, están marginados socialmente y deben hacer frente a una marcada resistencia cultural. En lo que respecta a la educación, un estudio del PNUD ha revelado que solo el 27% del personal docente estaba dispuesto a trabajar con colegas romaníes. La existencia de un factor cultural que conduce al aislamiento de la población romaní es, por lo tanto, innegable y el Estado debe educar a la población para buscar un remedio. Sería interesante saber cuál es la representación de las minorías en los órganos judiciales, además de los órganos administrativos. Se plantea igualmente la cuestión de los servicios obligatorios de interpretación ante los jueces cuando una de las partes habla el idioma de un grupo minoritario.

39. La delegación ha explicado que se publican en Internet informaciones sobre la labor de los órganos establecidos en virtud de tratados así como los documentos pertinentes y que todos podían consultarlos libremente. No obstante, como el Comité recuerda con frecuencia, los Estados partes tienen obligación no solo de procurar que la población tenga acceso a esas informaciones sino también de intervenir activamente en su divulgación y de velar por que lleguen a conocimiento del mayor número posible de personas, en particular de profesionales como los magistrados. Están además obligados a promover las consultas para la preparación de los informes periódicos y de suscitar en la sociedad el interés por la labor de esos órganos.

40. El Sr. Amor dice que no entiende bien cuál es la situación de la Ley de cultos y sus elementos. En efecto, en el párrafo 546 del informe se afirma que el proyecto de ley fue aprobado por el Parlamento en 2007 y se presentó al Presidente de la República de Moldova para su promulgación, pero, en el párrafo siguiente, continúa haciéndose referencia al "proyecto de ley". ¿Significa eso que el proyecto no ha sido promulgado por el Presidente? Deberían aclararse también algunos otros puntos: los derechos de propiedad de las organizaciones religiosas, que parecen restringidos; el "derecho de fiscalización" que las comunidades religiosas tienen sobre las actividades de sus adeptos y el nombramiento de los dirigentes, ya que no se comprende si las organizaciones religiosas no lo hacen o no pueden hacerlo. Por otro lado, se afirma, por un lado, que el hecho de que un grupo religioso no esté registrado no impide la práctica de la religión en cuestión mientras que, por el otro, se dice que había un proyecto de ley tendente a abrogar las sanciones aplicables en caso de falta de registro de un grupo religioso, lo que querría decir que en la situación actual un grupo no registrado podría ser objeto de sanciones. Conviene distinguir entre el registro y la manifestación de una religión. El registro tiene como función otorgar un estatuto legal a un grupo religioso. La ausencia de registro de un grupo no debería en ningún caso impedir la práctica o manifestación de su religión. EL Comité espera con interés las aclaraciones de la delegación sobre todos estos puntos.

41. El Sr. Bouzid pregunta si los tribunales moldovos han examinado casos relacionados con el tráfico de armas.

42. El Presidente invita a la delegación a que responda las preguntas de los miembros del Comité.

43. El Sr. Esanu (República de Moldova) dice que la delegación responderá de inmediato a las preguntas relativas a la administración de la justicia. Todo sospechoso tiene derecho a recibir ayuda de un abogado, desde el momento de su detención. Este derecho está garantizado por la ley, que prevé también sanciones en caso de infracción. Es cierto que hay muchas denuncias referentes al acceso de los detenidos a un abogado, y todas ellas se han examinado, pero se trata de un problema de funcionamiento. En cualquier caso, las concesiones realizadas en condiciones no conformes con la ley no son admisibles ante un tribunal.

44. El Sr. Rusu (República de Moldova) agrega que todo detenido recibe información acerca de sus derechos y que la notificación se consigna en un registro. Así pues, el fiscal puede verificar si los derechos del detenido se han respetado a lo largo de todo el procedimiento y hacer anular todo acto que se hubiera ejecutado de forma ilegal.

45. El Sr. Esanu (República de Moldova) explica que, según la ley, toda persona sospechosa de infracción pasa de la responsabilidad del Ministerio del Interior a la del Ministerio de Justicia una vez transcurridas las 72 horas de detención preventiva. No obstante ocurre que algunos detenidos permanecen en las dependencias policiales porque el Ministerio de Justicia no tiene todavía centros de detención provisional, fuera de las cinco grandes ciudades del país. Por el contrario, puede ocurrir que, durante la instrucción, una persona sea trasladada de un centro de detención provisional a una comisaría. Estas situaciones dejarán de producirse una vez que todos los centros de detención sean competencia del Ministerio de Justicia.

46. Todo lo referente al funcionamiento de la prisión núm. 13, incluido el número de detenidos que puede acoger, está regulado por un decreto del Ministerio de Justicia. Es cierto que hace algunos años, por falta de camas suficientes, los detenidos de este centro debían dormir por turnos, lo que es inadmisible; actualmente, su número no es superior al fijado por el decreto. Igualmente, los tuberculosos son más numerosos que en el pasado y están separados de los demás detenidos. Varios centros disponen de un pabellón reservado para ellos y en 2008 un hospital penitenciario se renovó por completo a fin de acogerlos en condiciones más favorables para su curación.

47. El incumplimiento de la Ley por algunos jueces preocupa intensamente al Ministerio de Justicia, que señala periódicamente esta cuestión a la atención del Consejo Superior de la Magistratura. Los procedimientos disciplinarios son tratados por un comité de jueces cuyo presidente es nombrado por indicación de este Consejo. En la práctica, los jueces no son perseguidos, lo que es ciertamente lamentable, pero el Ministerio de Justicia no puede intervenir ni imponer él mismo sanciones, ya que el poder judicial es totalmente independiente del poder ejecutivo. A fin de reforzar la eficacia del comité de jueces, se ha previsto modificar su composición de manera que esté formado por una mitad de jueces y otra mitad de profesores universitarios. La escasez de locales continúa siendo un problema real y ocurre de hecho que los jueces se ven obligados a celebrar las audiencias en su despacho. Se ha asignado un presupuesto de 15 millones de lei para mejorar los locales de justicia y varios tribunales se han renovado ya gracias al apoyo de los Estados Unidos en el marco del programa "Desafío del Milenio".

48. El Sr. Rusu (República de Moldova) dice que en el caso de los menores están previstas siempre medidas distintas de la privación de libertad. La ley prevé que los menores pueden ser enviados a escuelas especializadas o a centros correccionales, lo que en la práctica no ocurre casi nunca. Está prevista la creación de centros para los jóvenes delincuentes, pero por el momento se trata solo de un proyecto piloto. Los correccionales del pasado ya no están en servicio.

49. El Sr. Esanu (República de Moldova), pasando a la cuestión de la libertad religiosa, dice que solo se han rechazado dos solicitudes de registro de grupos religiosos. El Ministerio de Justicia, directamente responsable de este tema, transmitirá al Comité todas las informaciones útiles a este respecto, en particular los motivos de las delegaciones. Existía ya un sistema de registro en virtud de la ley de cultos de 1992, pero el encargado era un órgano gubernamental especial. La ley fue derogada y sustituida por la Ley de 2007 sobre cultos y entidades subsidiarias. La Constitución reconoce la libertad de religión, y un culto puede ser practicado aun cuando no esté registrado. Las acciones no son aplicables a no ser que la práctica del culto represente una infracción de los derechos ajenos. Se ha encargado a varios expertos que estudien esta cuestión más atentamente, a fin de armonizar la Ley completamente con la Constitución y el Pacto. En lo que respecta al nombramiento de los dirigentes de los grupos religiosos, la ley dispone claramente que el Estado no puede intervenir en esa decisión. En realidad, es en el seno de las mismas comunidades religiosas donde se plantean los problemas, y muchos fieles se quejan de que sus dirigentes no respetan sus derechos y realizan los nombramientos sin consultarlos. De la misma manera, la dirección de los grupos religiosos pretende con frecuencia administrar los bienes de la comunidad, mientras que ello corresponde realmente a la comunidad. El Estado no impone por su parte ninguna restricción al derecho de propiedad.

50.La libertad de expresión está garantizada a los periodistas en conformidad con las normas internacionales. Así lo ha confirmado un análisis de las principales disposiciones europeas al respecto. Los posibles problemas se deben no tanto a la ley en sí misma cuanto a su aplicación. Las condiciones en que un periodista incurre en responsabilidad están claramente especificadas en el artículo 16 del Código Civil. Las asociaciones de periodistas desearían que la legislación se modifique a fin de proteger a la prensa de posibles procesamientos, pero el Gobierno no está dispuesto a limitar la responsabilidad de los periodistas cuando estos violan los derechos de otro propagando informaciones erróneas. Por el contrario, en el caso de Teleradio Moldova existe un problema muy grave. La ley prohíbe a los poderes públicos ejercer influencia sobre la radio y la televisión públicas, pero la práctica es muy distinta. Es de esperar que este problema no se plantee ya con el nuevo Gobierno, que no tiene ninguna vinculación con la dirección de Teleradio Moldova.

51. El Sr. Rusu (República de Moldova) dice que la Ley sobre la prevención y represión de la violencia familiar ha sido recientemente objeto de evaluación, un año después de su entrada en vigor. Dicho texto introdujo muchas novedades y no cabe duda de que su aplicación, junto con las medidas adoptadas a fin de 2008 en el marco del Plan de acción para la prevención y represión de la violencia contra los niños, conseguirá resultados concretos. Se observa ya que los tribunales invocan esa ley y que las denuncias son menos numerosas. Se han impartido tres programas de formación sobre la nueva ley a los fiscales y a los trabajadores sociales.

52. El Sr. Esanu (República de Moldova) indica que se transmitirán posteriormente al Comité datos sobre la representación de las minorías nacionales en el sector de la justicia. En cuanto a la utilización de los idiomas minoritarios, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Civil disponen que los procesos se lleven a cabo en el idioma de la mayoría de los participantes, en otras palabras, en moldovo o en ruso. No obstante, todo acusado tiene derecho a responder en su idioma y a tener acceso a los escritos relacionados con la causa en ese idioma. La entrada en vigor, en septiembre de 2009, de la Ley sobre la homologación de los intérpretes judiciales debería facilitar la realización de ese derecho.

53. No se ha presentado ante los tribunales ningún caso de tráfico de armas. Este tráfico afecta probablemente a Transnitria pero el Gobierno no tiene información a ese respecto, ya que no ejerce ningún control sobre esa región.

54. Finalmente, en lo que atañe a la divulgación de las labores del Comité, el Gobierno examinará los medios necesarios para intervenir más activamente en ese sentido. Por el momento, la elaboración de los informes periódicos sometidos a los órganos establecidos en función de tratados se contempla en un decreto gubernamental relativo a la creación de una comisión especial dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores e Integración Europea, en la que participan todos los ministerios competentes.

55. La delegación agradece al Comité su atención y permanece a su disposición para facilitar todo tipo de información adicional. La República de Moldova debe realizar rápidamente un camino que otras democracias han tardado varios siglos en recorrer, pero está convencida de que, con ayuda de los mecanismos internacionales, podrá revisar su legislación para armonizarla con los instrumentos nacionales y de esa manera proteger mejor los derechos humanos. No obstante, el cambio de la ley no es lo más difícil: lo que requiere más tiempo es su aplicación y, para ello, hay que cambiar también las mentalidades.

56. El Presidente dice que el Comité es consciente de las dificultades que debe afrontar la República de Moldova y espera que este diálogo, así como las observaciones finales que se publicarán al final del período de sesiones, ayuden al Estado parte a mejorar la situación en el país. Agradece encarecidamente a la delegación la franqueza y la apertura de espíritu con que ha respondido a las numerosas preguntas del Comité.

57. Se retira la delegación Moldova.

Se levanta la sesión a las 13 . 05 horas.