83° período de sesiones

Acta resumida de la 2269ª sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el miércoles 23 de marzo de 2005, a las 15.00 horas

Presidenta:Sra. Palm (Vicepresidenta)

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto y de las situaciones de los países (continuación)

Informe inicial de Grecia (continuación)

En ausencia de la Presidenta, ocupa la Presidencia la Vicepresidenta, Sra. Palm

Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto y de las situaciones de los países (continuación)

Informe inicial de Grecia (continuación) (CCPR/C/83/L/GRC y CCPR/C/GRC/2004/1)

La Presidenta invita a los miembros del Comité a reanudar la formulación de preguntas y observaciones relativas a las respuestas a las preguntas 18 a 23 de la lista de cuestiones.

La Sra. Wedgwood dice que la interpretación estrecha que hace el Estado parte de los derechos consagrados en el artículo 27 del Pacto resulta contraproducente. La utilización de las nacionalidades, como la turca, macedonia o romaní, en los nombres de asociaciones privadas no plantea amenaza alguna y por cierto no constituye un intento de arrebatar el poder a las autoridades griegas. Le preocupa que la condena del Gobierno a tales denominaciones pueda ser utilizada para justificar la discriminación en el plano local. En tal sentido, sería interesante estudiar las estadísticas relativas a las personas de origen turco, macedonio o romaní que han llegado a ocupar puestos directivos a fin de determinar los efectos de la postura del Gobierno respecto de las denominaciones que mencionan nacionalidades. Hace una advertencia para que se evite caer presa del tipo de mentalidad que llevó a los turcos a negar la existencia de los curdos, diciendo que eran “turcos de las montañas”.

El Sr. Solari Yrigoyen, si bien observa con beneplácito el reconocimiento por parte de Grecia de los derechos de los objetores de conciencia y la ley de 2004 sobre servicio militar alternativo, pone en tela de juicio la prórroga del período normal de servicio militar por otros seis meses en el caso de servicio militar no armado y otros 11 meses en el caso del servicio comunitario alternativo. Esas prórrogas no se basan en criterios objetivos sino militares y son ambas de carácter punitivo y discriminatorio. Asimismo cuestiona la selección de las solicitudes de los objetores de conciencia por un comité compuesto por personal militar y la derogación de los derechos de los objetores de conciencia en tiempos de guerra. En Grecia es preciso realizar reformas amplias en relación con el estatuto de los objetores de conciencia, que fue objeto de crítica por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de Amnesty International y otras organizaciones no gubernamentales que se ocupan de los derechos humanos.

El Sr. O’Flaherty, refiriéndose al párrafo 854 del informe, dice que tener en cuenta el interés de los menores que han contraído matrimonio no basta para satisfacer las estipulaciones del Gobierno. Agradecería que se diera una explicación sobre la manera en que tales matrimonios benefician al niño y de la elevada incidencia de matrimonios de menores en determinadas comunidades; por ejemplo, la edad promedio de matrimonio de las mujeres romaníes es 14 años. También agradecería que la delegación se explayara respecto de la observación formulada por el Cónsul de Grecia en Alemania en relación con el matrimonio de un hombre musulmán romaní de 20 años y una niña musulmana romaní de 11 años de edad, en el sentido de que en cuestiones de derecho civil las autoridades de Grecia respetan la autonomía de las comunidades en que se aplica el Corán.

Conforme a las observaciones finales formuladas por el Comité de los Derechos del Niño en 2002, en el 60% de los hogares de Grecia se sigue practicando el castigo corporal. Pregunta si desde entonces se ha prohibido esa práctica y si el Gobierno está tomando medidas para modificar las actitudes en tal sentido. Pregunta además si Grecia participa en el estudio Pinheiro sobre la violencia contra los niños auspiciado por las Naciones Unidas y, si es así, si el Comité podría disponer de sus respuestas a la lista de cuestiones en relación con ese estudio.

Acogiendo con beneplácito la condena de la discriminación por motivos de orientación sexual en la nueva ley del Estado parte relativa a la igualdad de trato, pregunta de qué manera se aplica en la práctica esa legislación. ¿Ha cumplido Grecia con las recomendaciones adicionales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esa esfera, es decir, enmendando el artículo 347 del Código Penal y adoptando medidas concretas para afrontar las observaciones despectivas formuladas en los medios de comunicación y el trato discriminatorio y despectivo dispensado por funcionarios de aplicación de las leyes en razón de la orientación sexual? ¿Se están aplicando las recomendaciones de la Comisión sobre los programas de tolerancia en el sistema educativo?

Por último, pregunta si el Estado parte está difundiendo su informe y las observaciones finales del Comité en los medios de difusión, en los sitios del Gobierno en la Internet, en bibliotecas públicas y en los documentos y las bibliotecas parlamentarios. ¿El informe y las observaciones finales pueden obtenerse gratis o a un precio módico?

El Sr. Glele Ahanhanzo pregunta por qué la edad establecida por la ley para contraer matrimonio varía de región en región y según los distintos grupos sociales y solicita estadísticas que demuestren los adelantos logrados en relación con la primera etapa del Plan de Acción Integrado para la inserción social de los romaníes para el período 2002-2008 en las esferas de la educación y la salud. También sería útil conocer en qué medida está representada la comunidad romaní en los órganos políticos, locales y administrativos de adopción de decisiones.

Sir Nigel Rodley pone en tela de juicio la distinción entre la objeción de conciencia por motivos religiosos y por motivos filosóficos o morales. ¿Por qué los objetores por motivos filosóficos y morales deben prestar servicio durante más tiempo que los que objetan por motivos religiosos? Si bien reconoce que el servicio alternativo es menos pesado que el servicio militar, no obstante se pregunta de qué manera se calcularon los períodos de prórroga del servicio militar no armado y alternativo y si su duración refleja en verdad su carácter y dificultad. También agradecería que se aclararan las denuncias de organizaciones no gubernamentales de que es posible ser eximido del servicio militar después de cumplir tres meses mediante pago.

Respecto de los anuncios de alquiler de departamentos publicados en periódicos, en los que se excluye a los extranjeros, señala a la atención del Estado parte el párrafo 8 de la observación general No. 31 del Comité, en la que se afirma el derecho de las personas a la protección contra la discriminación, conforme al sentido del artículo 26, en relación con los aspectos básicos de la vida ordinaria, como el trabajo o la vivienda.

Si bien el Comité considera el contexto al evaluar una determinación del Estado parte relativa a las minorías nacionales, no contempla el principio del margen de apreciación. El Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales aprobado por el Consejo de Europa no es pertinente para la jurisprudencia del Comité y bien podría asignar un sentido distinto al término “nacional” del que asigna el Pacto. ¿Con qué fundamento el Estado parte determina que si un grupo no se “autoidentifica” como una minoría nacional, no se considera a sí mismo como un grupo? Deben examinarse atentamente los obstáculos que podrían impedir que un grupo de esa índole se considere a sí mismo en esos términos.

El Sr. Bhagwati solicita más detalles sobre el procedimiento del Estado parte para la destitución de magistrados. ¿Quién está autorizado a iniciar tal procedimiento y de qué manera se asigna la prioridad a cada caso? Pregunta quién enjuicia a los magistrados y si en sus causas entiende un tribunal plenario, una división colegiada o un grupo de dos o tres magistrados.

También agradecería recibir información adicional sobre la competencia del Consejo Superior de la Magistratura que decidió los traslados y los ascensos. ¿Alguna vez los asuntos que tienen ante sí esos consejos fueron trasladados a un tribunal plenario o a un tribunal de familia cuando el Ministerio de Justicia no estuvo de acuerdo con sus recomendaciones?

Pregunta cuál es la jurisdicción del Tribunal Supremo y qué clases de causas tramita. ¿Funciona en algunas circunstancias como tribunal de primera instancia? ¿Los asuntos relacionados con derechos constitucionales le fueron remitidos en forma directa o sólo ante una apelación de tribunales inferiores? Sería conveniente asimismo tener más información acerca de los programas de capacitación de los magistrados del Tribunal Supremo y, si corresponde, de otros magistrados en lo que respecta a las disposiciones del Pacto.

Pregunta cuáles son los criterios para conceder asistencia jurídica, en qué consiste esa asistencia, quiénes son los abogados que la prestan y si son remunerados. ¿De qué manera se financia la asistencia jurídica en Grecia?

¿Qué medidas se están adoptando para controlar la corrupción entre fiscales y magistrados? Agradecería recibir información adicional sobre los casos de 32 agentes de policía y civiles acusados de corrupción y trata de mujeres. De acuerdo con un informe de una organización no gubernamental, tras la expiración del plazo para enjuiciarlos, sólo se mantuvieron los cargos contra tres de los acusados.

Por último, la delegación debería explicar por qué los romaníes, que evidentemente tienen su propia cultura y modo de vida, no son considerados una minoría conforme al sentido que se le da en el Pacto.

El Sr. Wieruszewski dice que la protección de las minorías es evidentemente un problema en el Estado parte, aun cuando éste parezca estar tratando de presentar su propia interpretación de la situación. Recientemente se aplazó en forma indefinida la difusión de un programa de la televisión estatal sobre la región de Flórina, en la región occidental de Grecia, pues mostraba a algunos habitantes del lugar que decían que su lengua materna era el macedonio y que el Estado la había prohibido durante décadas. Esa medida acarrea problemas no sólo en relación con el artículo 27, sino también con el artículo 19 del Pacto. Si bien reconoce que la cuestión es delicada, espera que el Estado parte respete los derechos de la minoría macedonia.

El Comité sabe bien que las observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fueron malinterpretadas en el sentido de que las minorías étnicas podían existir, pero que en definitiva no existían en Grecia, y que por consiguiente tendría sumo cuidado en utilizar términos no ambiguos. Señala a la atención de los miembros la observación general No. 23, de acuerdo con la cual la existencia de una minoría étnica, religiosa o lingüística en un Estado parte determinado no depende de una decisión de ese Estado parte sino que debe establecerse por criterios objetivos. Todo grupo que tenga características lingüísticas culturales diferenciadas pertenece por consiguiente a una minoría y tiene derecho a ser protegido, independientemente de la posición del Estado parte.

No obstante la afirmación del Estado parte de que la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa Sidiropoulos contra Grecia fue modificada en virtud de su decisión en la causa Gorzelik y otros contra Polonia, en la que el Tribunal determinó que la negativa de Polonia a inscribir una asociación con carácter de “minoría nacional” de Silesia no constituía una violación del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, ambos casos son totalmente distintos. En el segundo, el Tribunal no consideró que hubiera violación porque los objetivos de la asociación en cuestión resultaron ser distintos de los establecidos en su estatuto. No obstante, hay muchas organizaciones en Polonia que defienden los derechos del pueblo silesio.

Por último, espera que el Estado parte tome la iniciativa para eliminar la discriminación por motivos de orientación sexual a fin de asegurar la plena protección de los derechos consagrados en la Constitución.

El Sr. Castillero Hoyos desea saber qué medidas se han tomado o se tomarán para resolver la cuestión de la sharia. Conforme a la información de que dispone el Comité, las mujeres pertenecientes a la minoría musulmana de Tracia a menudo sufren discriminación en cuestiones relativas a la herencia y la residencia familiar, entre otras; no obstante la mayoría de ellas no saben que podrían recurrir a una jurisdicción distinta de la sharia. Además, las escasas apelaciones formuladas se centran en la aplicación del proceso de la sharia, y no en la propia ley.

Asimismo agradecería recibir más información respecto de la investigación sobre la desaparición de un orfanato, entre 1998 y 2002, de 502 menores, en su mayoría de origen romaní y albanés, de quienes las autoridades desconocen el paradero y que constituye un hecho sumamente preocupante. No parece haber estadísticas sobre las minorías en general, lo cual da la impresión de que el Estado parte no reconoce plenamente su existencia. No puede comprender por qué las personas que lo desean, aun cuando su número sea reducido, no pueden ser tratadas como una minoría y cómo el Estado parte puede seguir haciendo caso omiso de un grupo social tan importante. No acepta la excusa del Estado parte de que la cuestión es de carácter político, pues las cuestiones relativas a las minorías son siempre políticas. Esa no es una excusa válida para desconocer el Pacto.

Lista de cuestiones (continuación) (CCPR/C/83/L/GRC)

Derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos y protección de las minorías nacionales (artículos 25, 26 y 27 del Pacto)

La Sra. Kyriakaki (Grecia), refiriéndose a la pregunta 24, dice que conforme al párrafo 2 del artículo 1 del Pacto y el artículo 1 del Protocolo del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Constitución de Grecia dispone que el derecho a la propiedad no puede ser aplicado contra el interés público. A falta de títulos de propiedad o permisos de asentamiento, el desalojo es legítimo en los casos en que haya demanda de infraestructura de interés público. La misma norma se aplica a todos los ciudadanos griegos, a los romaníes y a otras personas. No obstante, el derecho a la vivienda está resguardado por la Constitución y los romaníes son reconocidos como un grupo vulnerable. En el caso en cuestión, las familias romaníes estuvieron acampando en forma ilegal en terrenos cercanos al estadio olímpico en los que se estaba edificando. Antes de su desalojo, se había llegado a un acuerdo para reubicarlos en viviendas convencionales de la misma municipalidad. A falta de títulos de propiedad, era imposible otorgar una indemnización, pero la municipalidad se comprometió a subsidiarles el alquiler hasta que se hallara una solución permanente. Surgió un problema debido a que la municipalidad no pudo seguir subsidiando el alquiler a causa de las dificultades financieras que se plantearon a fines de 2003. No obstante, el Estado proporcionó la financiación necesaria y corresponde ahora a la municipalidad hallar un terreno adecuado.

Conforme al Código de Procedimiento Penal, los registros domiciliarios siempre se realizan en presencia de un funcionario judicial y con el pleno respeto de los derechos individuales. Siempre se investigan las denuncias. En 2004 la policía fue llamada en 59 oportunidades en las que, tras el pedido judicial correspondiente, se desalojó a familias romaníes de terrenos ocupados ilegalmente. La policía trata a los ciudadanos romaníes de la misma manera que a cualquier otro ciudadano y los delitos cometidos entre romaníes son tratados con la máxima consideración y en estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes.

Difusión de información relativa al Pacto (artículo 2 del Pacto)

La Sra. Telalian (Grecia), refiriéndose a la pregunta 25, dice que el informe fue presentado en forma de borrador a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo competente para emitir opiniones sobre informes de derechos humanos. La Comisión formuló extensas observaciones, la mayoría de las cuales fueron incorporadas en la versión final del informe. De conformidad con las sugerencias del Comité, Grecia adoptará todas las medidas necesarias para señalar las observaciones finales del Comité a la atención de las autoridades, los profesionales de la ley y la sociedad civil.

El Sr. Demetracopoulos (Grecia) dice que, en su calidad de experto en información y comunicaciones, tiene la tarea concreta de informar a los medios de difusión de Grecia sobre las deliberaciones celebradas, las cuestiones delicadas que se han planteado y las recomendaciones formuladas. Espera que gracias a ello la población de Grecia esté mejor informada y no haya necesidad de plantear las mismas cuestiones en el futuro.

La Sra. Telalian (Grecia), refiriéndose a la pregunta 26, dice que ya se han adoptado algunas medidas de concienciación de la población. Entre ellas, la campaña de difusión del Ministerio de Justicia, realizada inmediatamente después de la ratificación del Pacto y los seminarios organizados por el Departamento de Capacitación de la Escuela Nacional de Magistrados en 2000-2001. Los abogados, investigadores y organizaciones no gubernamentales están manifestando un interés cada vez mayor en la legislación internacional en materia de derechos humanos y en particular en el Pacto, como lo demuestra la publicación reciente de un estudio sobre la jurisprudencia del Comité y un libro sobre los métodos de trabajo del Comité del Colegio de Abogados de Atenas.

En las respuestas por escrito se dan otros ejemplos de las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos. La capacitación permanente de la policía respecto de la protección de los derechos humanos de los grupos sociales vulnerables, como los romaníes, sigue siendo una prioridad y se presta particular atención a la capacitación de los guardias fronterizos. El Gobierno asigna una gran importancia a la capacitación de oficiales de investigación, agentes de policía y magistrados en la lucha contra el racismo en todas sus formas, a fin de que puedan luchar contra los delitos de motivación racial en sociedades modernas y multiculturales. Si bien se han realizado adelantos importantes, aún queda mucho por hacer.

El Sr. Kourakis (Grecia) dice que conforme al Código Correccional de 1999, todos los detenidos son examinados a su llegada por un médico y, si se detecta algún problema de salud, son tratados o trasladados a un hospital. Los detenidos pueden ser también examinados por un médico forense o un médico del Centro de Rehabilitación Médica para Víctimas de Tortura. Todos esos servicios son gratuitos. El Centro, establecido en 1989, está a cargo de 15 personas (entre ellas médicos, psicólogos y abogados), ha recibido la acreditación del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura de Copenhague y recibe financiación del Gobierno, la Unión Europea y las Naciones Unidas.

En cuanto a la supervisión de las condiciones imperantes en las cárceles, la Inspección de Cárceles, establecida en 2002, tiene libre acceso a las cárceles y debe realizar inspecciones periódicas. Los detenidos pueden denunciar los problemas existentes a los inspectores o fiscales, y estos últimos trabajan a tiempo completo en las cuatro cárceles principales del país. El Ombudsman, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también tienen libre acceso a las cárceles. La Comisión está integrada por representantes de muchas organizaciones no gubernamentales, entre ellas Amnesty International, y cualquiera de ellas puede participar en las visitas a las cárceles que realiza la Comisión.

La intervención de oficio por parte de funcionarios del Gobierno significa que si un funcionario toma conocimiento de un caso de discriminación racial, pueden adoptarse todas las medidas necesarias para resolverlo, aunque a menudo tales casos también entrañan la libertad de expresión y por consiguiente son difíciles de enjuiciar. Una nueva ley prohíbe la discriminación racial en el ámbito laboral y se han incrementado las sanciones por discriminación en el empleo por motivos raciales de un máximo de un año a tres años o más. Por otra parte, una nueva ley dispone que a nadie se le puede denegar el empleo por razones de orientación sexual.

Se presentarán los textos de la legislación pertinente relativa a la asistencia jurídica. En términos prácticos, un acusado puede solicitar asistencia jurídica al fiscal, los magistrados o el Colegio de Abogados, ya sea antes o durante las actuaciones judiciales. Las organizaciones no gubernamentales pueden facilitar una lista de los abogados que están dispuestos a atender tales casos, pero también es posible consultar a otros abogados. El Estado sufraga los gastos de la asistencia jurídica.

Respecto de la tipificación de la homosexualidad, el artículo 347 del Código Penal sanciona únicamente la prostitución masculina o los actos que signifiquen el abuso de una persona en situación de dependencia, como por ejemplo, las relaciones homosexuales entre un maestro y un alumno. La sociedad avanza hacia la liberalización y seguramente en momento oportuno se realizarán otras reformas.

Si bien la Comisión Nacional de Derechos Humanos sugirió recientemente la enmienda de la legislación y las políticas vigentes, el Gobierno considera que no es conveniente hacerla en este momento.

Respecto de las minorías étnicas y el artículo 27 del Pacto, la Sra. Telalian (Grecia) destaca que no es posible comparar los musulmanes de Tracia y los curdos de Turquía, desde el Tratado de Lausana de 1923, la minoría musulmana de Grecia ha sido reconocida oficialmente y se han adoptado medidas para asegurar el respeto de sus derechos. Eso no ocurre con los curdos en Turquía. Grecia es también parte en el Convenio Marco Europeo para la Protección de las Minorías Nacionales. A los musulmanes nunca se les ha denegado el derecho a formar asociaciones culturales o religiosas ni a utilizar su propia lengua. La minoría musulmana de Grecia prospera y se están corrigiendo las injusticias.

Refiriéndose a la decisión del tribunal de disolver una asociación que utilizó la palabra “turco” en su nombre, dice que los objetivos y los escritos de esa asociación eran contrarios al orden público y los intereses del Estado de Grecia. El uso de la palabra “turco” representa un intento por parte del 50% de la minoría de imponer su identidad a la otra mitad. Ha habido musulmanes en Grecia desde el siglo XIV y no llegaron de Turquía. No obstante, las autoridades de Grecia aceptan la denominación “musulmanes griegos de origen turco” para describir a quienes migraron desde Turquía.

En cuanto a la pregunta de si un grupo constituye una minoría étnica nacional, existen criterios objetivos, entre ellos los deseos del propio grupo, que contribuyen a determinar su situación. No obstante, Grecia no considera que el artículo 27 del Pacto imponga al Estado la obligación de conceder tal reconocimiento, lo cual podría provocar tensiones con otros grupos.

El término “macedonio”, que significa mucho para el pueblo de Grecia, es equívoco cuando lo utiliza un grupo pequeño que desea vincularse con la nación macedonia y reclamar derechos de minoría nacional en Grecia. La participación de la llamada minoría macedonia en la vida política de Grecia, a través de su “Asociación Arcoiris” aumentó en un porcentaje reducido en los últimos años después de las elecciones parlamentarias.

Grecia no tiene un problema importante con las minorías nacionales; algunas veces, por exceso de celo, las organizaciones no gubernamentales exageran los problemas.

Examinando las disposiciones pertinentes relativas a la sharia y el estatuto de los muftis, dice que los musulmanes podrían aplicar la sharia o el derecho civil de Grecia, pero la decisión de los muftis debe ser compatible con el derecho griego y no debe poner en peligro los derechos de la población musulmana. El caso de la niña musulmana de 11 años que fue raptada, quedó embarazada y por ello fue casada de conformidad con la sharia, a pesar de contravenir la legislación griega, es excepcional.

El Sr. Stavrakakis (Grecia) dice que de acuerdo con un protocolo en vigencia celebrado entre Turquía y Grecia, los extranjeros procedentes de Turquía pueden solicitar asilo en Grecia. No se expulsa a nadie hasta que se haya adoptado una decisión respecto de la solicitud de asilo. Se han construido nuevas instalaciones de detención que pueden albergar hasta 600 reclusos. Respecto del caso de los 25 o 30 jóvenes no acompañados de entre 15 y 18 años de edad, dice que ninguno de ellos pidió asilo y que todos fueron liberados después de tres meses de detención.

La Sra. Grigoriou (Grecia), refiriéndose a la igualdad de género, dice que como consecuencia de las medidas adoptadas ha aumentado el número de mujeres que ocupan cargos legislativos y altos puestos administrativos, incluidos los de ministro, presidente del Parlamento de Grecia y alcalde de Atenas. El número de mujeres que ocupan puestos en prefecturas casi se ha duplicado. En 1980 el Consejo Jurídico del Estado se componía únicamente de hombres. Actualmente, el 40% de sus miembros son mujeres.

La Sra. Mouzakiti (Grecia) explica que si bien está prohibida la incautación de libros durante el proceso de impresión, pueden ser incautados una vez puestos en circulación, por orden del fiscal o por los motivos concretos estipulados en la Constitución. El Tribunal de Primera Instancia de Atenas declaró que un libro considerado ofensivo constituía una obra de arte conforme al párrafo 1 del artículo 16 de la Constitución y rechazó el pedido de adopción de medidas preventivas. Los magistrados deben sopesar el contenido y el valor artístico para adoptar tales decisiones. En tal sentido, cabe señalar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidió prohibir algunas películas citando la obligación de evitar expresiones que constituyen una amenaza a los derechos de otras personas.

El Sr. Vallianatos (Grecia) dice que al no existir diferencia entre las entidades privadas y las públicas en cuanto al reconocimiento ante la ley, las comunidades religiosas ortodoxa, judía y musulmana de Grecia tienen todas personalidad jurídica; aunque nunca la solicitó el Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos pidió a la Iglesia Católica Romana en febrero de 2005 que indicara el tipo de personalidad jurídica que deseaba tener. Las leyes que rigen los lugares de culto datan de 1938-1939, pero menciona diversos ejemplos de la manera en que en la práctica los fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Consejo de Estado de Grecia y los tribunales de Grecia han desarrollado e interpretado sus disposiciones a fin de ajustarlas a las exigencias de la libertad de culto. Se aclaró debidamente la significación del término “religión conocida” a fin de que sirviera de orientación a quienes solicitan el reconocimiento de una comunidad religiosa.

En febrero de 2005 se promulgaron nuevas leyes en las que se enmendaron las normas escolares para incluir una prohibición absoluta del castigo corporal en todos los niveles educativos. Las estadísticas sobre educación de la minoría romaní indican que el número de niños romaníes que asisten a la escuela primaria aumentó en un tercio entre 2001 y 2003 y que actualmente hay 13 escuelas destinadas especialmente a los niños romaníes. Además, mientras en 1998 el 75% de los escolares romaníes habían desertado, en 2004 desertó solamente el 25%. El objetivo de las tarjetas de tránsito para estudiantes, de las que se emitieron 600 en el año lectivo 2004-2005, es permitir que los niños sigan a sus padres nómades y puedan ingresar fácilmente en la escuela del lugar en que vivían. El programa de seminarios para maestros de escuela primaria y profesores de secundaria de las escuelas romaníes se ha hecho extensivo a 40 prefecturas, tiene más de 1.000 participantes y elaboró un diccionario romaní-griego. El Gobierno aún no está satisfecho con la situación, pero las estadísticas indican que hay voluntad de promover el adelanto de las comunidades romaníes, con la participación de las familias de los niños y la sensibilidad de las autoridades locales frente a sus necesidades educativas.

La Sra. Telalian (Grecia) dice que el Centro Cultural Islámico que se ha proyectado, cuya construcción se ha demorado por razones burocráticas, será administrado por una fundación de bien público cuyos miembros serán griegos y representantes de los Estados árabes que tengan misiones diplomáticas en Atenas, y que el proyecto es financiado por la Arabia Saudita.

El Sr. Gogos (Grecia) dice que mientras el artículo 48 de la Constitución griega enumera los derechos que pueden ser derogados durante el estado de sitio, los derechos enunciados en el párrafo 1 del artículo 4 del Pacto no pueden ser derogados ni siquiera en ese caso. La libertad de circulación es uno de tales derechos.

En un futuro próximo no se podrán reducir más de lo que se redujo en julio de 2004 el período de servicio de los objetores de conciencia, aunque éstos se beneficiarán indirectamente de la reducción gradual del servicio militar ordinario. La causa Petromelidis se refiere a un conscripto que en 1992 solicitó el estatuto de objetor de conciencia cuando esta situación no estaba prevista en la ley y en consecuencia fue acusado de insubordinación, delito tipificado en el Código Penal, y fue condenado a una pena de prisión en suspenso de cuatro años. Tras la aprobación de la Ley No. 2510 en 1997 se negó a prestar servicios como objetor de conciencia, aduciendo la duración del servicio, y fue condenado nuevamente por insubordinación, esta vez ante un tribunal militar, y su caso se encuentra actualmente en apelación ante los tribunales de Grecia. Conforme a la Ley No. 2510, ni los gremialistas ni los soldados pueden hacer huelga. En los otros 26 casos de objetores de conciencia mencionados, a los solicitantes se les denegó ese estatuto por falta de la debida documentación o se revocó el estatuto conforme a la Ley No. 2510. Un comité especial integrado por profesores universitarios, un oficial de reclutamiento del ejército y un médico militar examinó todas las solicitudes.

La duración del servicio militar se determina de acuerdo con las necesidades de defensa del país y las amenazas a su seguridad, en particular cuando la guerra es inminente; y la duración del servicio de los objetores de conciencia es proporcional, por las mismas razones. No obstante, el Ministerio de Defensa está autorizado a suspender el derecho de un conscripto a prestar servicio alternativo si se ve comprometida gravemente la seguridad del país. El servicio civil es considerado menos pesado que el servicio militar, pues este último se cumple dentro de las estructuras del ejército. La diferencia de trato de los dos tipos de servicio depende del principio reconocido en la Constitución de la igualdad proporcional de derechos y obligaciones.

La Sra. Despotopoulou (Grecia) dice que el Comité Interministerial encargado de abordar la trata de seres humanos está integrado por los secretarios generales de los ministerios competentes y que adopta decisiones administrativas que son obligatorias para todos los funcionarios, incluidos los encargados de la aplicación de las leyes. El Comité Interministerial está en condiciones de asegurar la aplicación expeditiva de sus decisiones por parte de las autoridades competentes, como ocurrió con el establecimiento de los refugios para las víctimas de la trata administrados por el Estado y la enmienda de la legislación con el fin de que los permisos de residencia de las víctimas fueran utilizados asimismo como permisos de trabajo. Desde la aprobación de la Ley No. 3634 a fines de 2002 se enjuiciaron más de 300 casos de trata, la mayoría de los cuales se encuentran ante los tribunales.

El Sr. Demetracopoulos dice que recientemente se aplazó la transmisión de un programa de televisión debido a un simple problema de horarios y que el programa iba a ser transmitido el fin de semana siguiente en la misma hora y el mismo canal. Pudo aclarar sin dificultades el asunto y, a su juicio, no debió haberse planteado la pregunta.

La Sra. Wedgwood dice que aunque nunca tuvo la intención de sugerir que Grecia no cumplía las responsabilidades que le incumben en virtud del Tratado de Lausana, mencionó anteriormente el ejemplo de los turcos y los curdos como algo que, a su juicio, constituye un caso extremo de negación de que existen comunidades que se consideran a sí mismas distintas desde el punto de vista religioso, cultural o lingüístico. Además, si se permite a una persona autoidentificarse con una minoría, ¿por qué tres personas no pueden formar una asociación que utilice esa autodenominación como nombre? Proceder de ese modo no es declarar su lealtad a otro Estado y el término “turco” no debe ser anatema, a menos que en Grecia haya alguna discrepancia que no comprenda entre la personalidad jurídica en el derecho privado y en el derecho público. Parece ser simplemente una cuestión de autoconocimiento y no una designación oficial, y seguramente los elementos susceptibles de confusión u ofensa en la elección del nombre de un grupo pueden ser dilucidados con un intercambio libre de ideas.

Pide a la delegación que examine la lista de estudios de casos de violencia policial que recibió y en los próximos días que proporcione al Comité datos actualizados.

El Sr. Wieruszewski dice que no encuentra discrepancia entre la posición de los diversos órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados y la de los órganos europeos de derechos humanos respecto de la cuestión que constituye la sustancia del artículo 27 del Pacto. Por el contrario, en forma unánime todos interpretan la cuestión de la misma manera que lo ha hecho el Comité.

Señala además que el Comité debe recibir de las delegaciones toda información que pueda disipar hasta el más simple malentendido burocrático; no corresponde que el Comité se ocupe de obtener esas aclaraciones.

Además, manifiesta su inquietud por la observación del jefe de la delegación que se refirió al “exceso de celo” de una organización no gubernamental. Las organizaciones no gubernamentales no siempre están en condiciones de verificar cabalmente todas las denuncias. No obstante, su participación y la información que proporcionan son muy importantes en cualquier país democrático.

Por otra parte, agradece profundamente la franqueza e intensidad del diálogo con la delegación, que demuestra que Grecia toma muy en serio sus obligaciones.

La Sra. Telalian asegura al Sr. Wieruszewski que el Gobierno da mucha importancia a la función indispensable de las organizaciones no gubernamentales y está cooperando estrechamente con todos los grupos de la sociedad civil; se refirió simplemente a una organización no gubernamental en particular que se dedica a los intereses de una minoría étnica. El Gobierno no niega que existe un problema y está procurando resolverlo. Deben tomarse en cuenta tanto los sentimientos de la gente interesada como las circunstancias particulares reinantes en Grecia y no debe olvidarse que el problema es parte de una cuestión más amplia relativa a los Balcanes.

El Gobierno desde luego tiene pleno conocimiento del significado del artículo 27 del Pacto y, obviamente, hasta dos o tres personas pueden identificarse como grupo. No obstante, no era eso a lo que se refería.

Sir Nigel Rodley observa que nunca se respondió a las preguntas del Comité relativas al empleo de la fuerza por la policía y la investigación independiente de esas denuncias.

La Presidenta dice que, lamentablemente, no se respondió a algunas preguntas por falta de tiempo, pero que la delegación convino en responder por escrito en los próximos días.

Da las gracias a la delegación por sus muy interesantes exposiciones y señala la ventaja de contar con la presencia de muchos expertos que puedan dar respuestas detalladas. El Comité sigue teniendo algunas inquietudes, en particular respecto de la protección de las minorías, la legislación y la práctica relativas a los objetores de conciencia, los derechos de los niños y las condiciones de las cárceles.

La Sra. Telalian (Grecia) agradece al Comité por haber sostenido un intercambio de opiniones y un debate muy interesantes, lo cual es seguramente el primer paso en una larga y fructífera cooperación. Todas las observaciones del Comité serán transmitidas a su Gobierno, que les dará seguimiento.

Se levanta la s e sión a las 18.00 horas.