Comité de Derechos Humanos
97º período de sesiones
Acta resumida de la 2665ª sesión
Celebrada en el Palais de las Naciones, Ginebra, el viernes 16 de octubre de 2009, a las 15.00 horas
Presidente: Sr. Iwasawa
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto (continuación)
Sexto informe periódico de la Federación de Rusia (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto (continuación)
Sexto informe periódico de la Federación de Rusia (continuación) (CCPR/C/RUS/6; CCPR/C/RUS/Q/6 y Add.1)
1. Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de la Federación de Rusia vuelven a tomar asiento a la mesa del Comité.
2. El Sr. Davidov (Federación de Rusia), aclarando una declaración anterior, explica que no dijo que la opinión pública consideraría antidemocrática la abolición de la pena de muerte, sino que era necesario un mayor debate sobre la cuestión. Está de acuerdo en que el Gobierno tiene derecho a adoptar una posición más avanzada que la opinión pública, pero debe hacerlo con cuidado para evitar el conflicto social, y debe asegurar que una proporción importante de la población esté plenamente preparada para el cambio. Está de acuerdo en que el Gobierno debería realizar una mayor labor de sensibilización con miras a la abolición legal de la pena de muerte. Ya hace más de 15 años que se aplica la moratoria a la ejecución de la pena capital y toda una generación de ciudadanos rusos ha crecido con una nueva actitud hacia la pena de muerte. Las normas de derechos humanos internacionales y extranjeras y los enfoques internacionales relacionados con la cuestión de la pena capital se estudian en las escuelas. Por tanto, considera que es sólo cuestión de tiempo, y que la opinión pública de la Federación de Rusia pronto estará en condiciones de aceptar la abolición. Lo importante es que la pena de muerte no se está aplicando en la práctica, y está convencido de que no se aplicará en el futuro.
3. En relación con los esfuerzos para luchar contra la corrupción en el sistema judicial, en 2007 se inició un programa federal que abarca un conjunto de medidas reglamentarias contra la corrupción. El programa incorpora requisitos más estrictos para los jueces y los candidatos a cargos judiciales. Los jueces están obligados a informar a las partes si alguien trató de establecer contacto con ellos fuera de los procedimientos judiciales y, si tales contactos pueden crear un conflicto de intereses, las partes pueden presentar una objeción contra el juez. Las inmunidades legales de los magistrados excedían de las necesarias o previstas en la Constitución y se restringieron.
4.El Consejo de la Magistratura es el único órgano con autoridad para tomar medidas disciplinarias contra un juez y, según las estadísticas del Consejo, 358 jueces fueron declarados culpables en 2008, y de ellos, 56 fueron destituidos por actividades incompatibles con su cargo. Los jueces declarados culpables tienen derecho a apelar ante un órgano de la Corte Suprema. Pedirá información estadística sobre esas apelaciones.
5. El Sr. Sizov (Federación de Rusia) dice que las medidas contra el terrorismo que se aplican en su país son realmente estrictas, pero son necesarias dada la situación del momento y no contravienen en modo alguno el Pacto. Se aplicaron diversas medidas para asegurar que la información obtenida en investigaciones contra el terrorismo no se publique: en primer lugar, aquellos que están en poder de la información son personalmente responsables de cualquier divulgación de la misma; en segundo lugar, la información no puede utilizarse contra un ciudadano, ni siquiera con el propósito de incoar un proceso penal contra él, si ésta no se ha obtenido de conformidad con el procedimiento de investigación penal. Subraya que las disposiciones de lucha contra el terrorismo no permiten ninguna vulneración del derecho constitucional a la privacidad de las comunicaciones y que los investigadores deben aportar pruebas a fin de obtener una orden judicial que les permita llevar a cabo sus investigaciones.
6.Con respecto a la cuestión de los delitos y publicaciones extremistas, reconoce que las opiniones de los expertos pueden estar sesgadas y que también pueden ser deficientes de algún otro modo, como por ejemplo por razones de incompetencia. A su juicio, sin embargo, la legislación rusa contiene suficientes medidas para prevenir tales situaciones: la responsabilidad penal de los expertos está claramente establecido; los investigadores y los fiscales analizan las pruebas periciales; y corresponde al tribunal decidir la importancia de las pruebas.
7. La Sra. Kurovskaya (Federación de Rusia) subraya que no existe ninguna relación extraoficial vinculada con extradiciones entre la Oficina del Fiscal General de la Federación de Rusia y Estados extranjeros. La Oficina investiga la legalidad y justificación de las solicitudes de extradición. La extradición entre Estados que pertenecen a la Comunidad de Estados Independientes se rige por la Convención de Minsk, y se requieren garantías del cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el derecho internacional, entre otras cosas, de que la persona no será sometida a torturas ni castigada con la pena capital. Es posible apelar una orden de extradición ante la Corte Suprema.
8.En lo que respecta a la investigación penal de la tortura, su Gobierno siempre toma las medidas necesarias para que esos delitos se investiguen objetivamente. Existe ahora un procedimiento especial para presentar denuncias contra funcionarios y el nuevo comité especial de investigación se ha separado de la Oficina del Fiscal General para asegurar su independencia. Además, los denunciantes tienen derecho a apelar toda acción incorrecta o falta de acción en relación con su caso.
9. La Sra. Korunova (Federación de Rusia) dice que el informe anual del Defensor de los Derechos Humanos de la Federación de Rusia contiene sólo estadísticas generales sobre las denuncias recibidas; hay un promedio de 30.000 al año. Representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores se reúnen periódicamente con el Defensor de los Derechos Humanos y le piden que proporcione estadísticas más detalladas sobre las denuncias recibidas. La oradora destaca, sin embargo, que el Defensor de los Derechos Humanos es independiente y que el Ministerio, por tanto, sólo puede solicitarle, no exigirle, esa información. En su entendimiento, el Defensor ha presentado un informe escrito y no oral a la Duma Estatal, método admitido con arreglo a la ley federal. El cargado programa legislativo de la Duma Estatal bien puede haber sido un factor determinante de esa decisión.
10. En lo que respecta a la violencia doméstica contra la mujer, señala a la atención de los presentes el importante papel que desempeñan las mujeres, que constituyen el 54 por ciento de la población, en la economía, la administración pública y el sistema jurídico, por ejemplo. Hay más mujeres que hombres con educación superior en el país y las mujeres ocupan tres puestos ministeriales fundamentales. La oradora hace hincapié en que en la Federación de Rusia las mujeres no viven con miedo ni se consideran ciudadanos de segunda clase. El nivel de delitos violentos sigue siendo relativamente alto, pero esos delitos no están dirigidos exclusivamente contra las mujeres. Tres generaciones de familias rusas viven a menudo bajo el mismo techo, por lo que no sólo las mujeres, sino también los ancianos y los niños son susceptibles de sufrir violencia doméstica. La importancia que concede el Gobierno a la cuestión ha quedado demostrada por el hecho de que designara 2008 como "Año de la Familia", con eventos, programas y planes de acción especiales, y por la prioridad que asignó a la visita efectuada en 2007 por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, cuyas recomendaciones se están aplicando.
11. El Sr. Matyushkin (Federación de Rusia), refiriéndose a las muertes ilegales en el Cáucaso septentrional, dice que su Gobierno ha acatado la presunción de muerte dictaminada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a pesar de que los recursos internos a este respecto no se agotaron. El Gobierno ha tomado medidas particulares y generales de conformidad con las decisiones del Tribunal Europeo. Continúan las investigaciones internas de casos individuales.
12.El Presidente de la Federación de Rusia ha pedido a un grupo de trabajo creado por el Ministerio de Justicia que redacte un proyecto de ley sobre indemnización a los ciudadanos que sufrieron daños y perjuicios durante operaciones antiterroristas en la República de Chechenia. El objetivo es proporcionar un recurso interno eficaz para los ciudadanos cuyos derechos hayan sido violados.
13. Sobre el tema de las fosas comunes en el Cáucaso septentrional, dice que la correspondiente comisión de investigación sólo ha recibido dos informes. En un caso, el sitio resultó ser un viejo cementerio, y el otro caso aún se está investigando.
14. Con respecto a la declaración de mayo 2009 de un funcionario del Estado de que "se matará a los wahabíes", explica que, por razones históricas, en la región del Cáucaso septentrional la palabra "wahabíes" no tiene un sentido religioso, sino que se utiliza para referirse a los terroristas armados. En tales circunstancias, y de conformidad con la legislación nacional y las obligaciones internacionales, se matará, en efecto, a los terroristas armados que se resistan a las fuerzas de seguridad.
15. El orador se refiere al caso del Sr. Gasaev, que fue extraditado de España a la Federación de Rusia a condición de que funcionarios españoles pudieran visitarlo en prisión para asegurarse de que se lo trata adecuadamente. La Oficina del Fiscal General de la Federación de Rusia está trabajando en la elaboración de un procedimiento análogo, por el cual funcionarios rusos puedan visitar a personas extraditadas a otros países para supervisar el cumplimiento de las garantías de extradición más eficazmente.
16. Con respecto al caso de la Sra. Kudeshkina, que apeló al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con su destitución del puesto de magistrado, dice que la apelación se hizo sobre la base de presuntas violaciones de los artículos 6 y 10 del Convenio Europeo, pero que el Tribunal sólo reconoció violación del artículo 10, que garantiza la libertad de discurso. No hubo violación del procedimiento judicial al destituirla de su cargo. El orador señala que la decisión del Tribunal relacionada con el artículo 10 fue tomada solamente por una mayoría de cuatro a tres, lo cual sugiere que la situación no era inequívoca.
17.El Presidente invita a la delegación a responder a las preguntas 18 a 30 de la lista de cuestiones (CCPR/C/RUS/Q/6).
18.El Sr. Ankundinov (Federación de Rusia) dice que se referirá en primer lugar a una cuestión planteada por la Sra. Keller en relación con los grupos sociales. El artículo 136 del Código Penal sanciona la discriminación por motivos de sexo, raza, origen étnico, idioma, estatus oficial, lugar de residencia, religión u otras convicciones, o la pertenencia a una asociación o grupo social. La expresión "grupo social" es algo vaga y ha planteado graves dificultades de interpretación. La cuestión sólo puede resolverse mediante una sentencia del Tribunal Supremo. Por el momento, sin embargo, es poco lo que puede informarse acerca de la experiencia práctica, pues casi no ha habido acusaciones de discriminación contra un grupo social. Con respecto al caso del Sr. Sawa Terentiev, éste ha sido condenado por incitación a odiar a los agentes de policía, no como grupo social sino como grupo que ocupa un cargo oficial en la sociedad.
19. La ley garantiza a acusados y condenados pleno acceso a los abogados. Todas las personas tienen derecho, después de la detención o cuando se inician las actuaciones penales, a solicitar la asistencia de un abogado o a obtener asistencia letrada. Es cierto que hay problemas, pero son de organización y no sistémicos. Donde no hay abogados de oficio, la investigación no puede continuar ya que el resultado se declararía inadmisible.
20. En respuesta a la pregunta 21 de la lista de cuestiones, dice que las enmiendas a la Ley sobre la actividad de los abogados y el Colegio de abogados de la Federación de Rusia entró en vigor en enero de 2009. Estas enmiendas no afectarán negativamente a la independencia de los miembros de la profesión jurídica, sino que más bien aumentarán sus facultades.
21. Lamentablemente es cierto que algunos abogados han sido asesinados. El caso más reciente, que se encuentra actualmente ante los tribunales, es el de dos abogados que fueron asesinados por una banda cuyos miembros eran, en realidad, otros abogados. También se produjo un caso en Moscú en 2008 y otro en Vladivostok unos años antes. Los asesinatos estuvieron, sin duda, relacionados de algún modo con las actividades profesionales de los abogados, pero no está claro si habían tratado de impedir que las bandas actuaran o si habían tratado de tomar control de ellas.
22. En cuanto a los hechos ocurridos en el teatro Dubrovka de Moscú en 2002, dice que más de 40 terroristas tomaron como rehenes a un público de más de 1.000 personas durante varios días. Amenazaron con matar a miembros del público a menos que el Gobierno cumpliera sus demandas. Las autoridades intervinieron para liberar a los rehenes y mataron a todos los terroristas, pero desafortunadamente también murieron un gran número de rehenes. Se llevó a cabo una investigación para determinar si la acción de las autoridades había sido justificada. Las personas que ayudaron a los terroristas fueron juzgadas y condenadas a cadena perpetua, pero ninguno de los miembros de los organismos del Estado que participaron en la decisión de usar la fuerza para liberar a los rehenes había sido declarado culpable de negligencia o acción injustificada porque la situación había constituido una emergencia.
23. Las circunstancias fueron similares a las de la toma de rehenes en la escuela de Beslán. Sólo un terrorista fue juzgado y condenado a cadena perpetua. La investigación llegó a la conclusión de que las víctimas habían muerto como resultado de los actos terroristas. Los terroristas utilizaron explosivos y abrieron fuego contra los niños que habían tratado de escapar. Murieron en total 332 rehenes. Más de 1.000 personas fueron interrogadas durante la investigación parlamentaria y sus conclusiones dieron lugar a unas 2.000 publicaciones. El caso aún no se cerró.
24.Sr. Gaidov (Federación de Rusia) dice que su país ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo de 2004 para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención. La legislación rusa también refleja plenamente las obligaciones internacionales del país en lo que respecta a la lucha contra las desapariciones forzadas. El Código Penal define los delitos de secuestro y tráfico de personas, y cerca de una docena de grupos criminales comparecieron ante la justicia por su participación en la trata de personas para su explotación sexual en el país o en el extranjero. La Federación de Rusia participa en el programa de cooperación sobre la trata de seres humanos de la Comunidad de Estados Independientes para el período 2007-2010. También coopera con las autoridades policiales en Alemania, Israel, el Reino Unido, los Estados Unidos y otros países. A finales de 2004, se estableció en el Ministerio del Interior un punto de contacto nacional para cooperar con la organización de la Unión Europea para la aplicación de la ley (Europol) en cuestiones como el trabajo ilegal y la trata de personas. Se registró una tendencia a la baja en el número de delitos relacionados con el secuestro, la retención ilegal, el tráfico y el trabajo ilegal: en 2006 se registraron 2.400 casos; en 2007, 2.027; en 2008, 1.551; y en el primer semestre de 2009, poco más de 800.
25. Los delitos de trata de seres humanos también incluyen la prostitución organizada y la producción, difusión y venta ilegales de material pornográfico. Desde 2006 se han registrado alrededor de 1.000 casos de pornografía infantil en la Internet y el Ministerio del Interior está llevando a cabo trabajos de investigación con los representantes de los organismos policiales extranjeros (por ejemplo, los de Canadá y Suiza) para identificar a los delincuentes y cerrar los sitios de Internet. Hay planes para una cooperación más estrecha entre los servicios policiales y las ONG nacionales e internacionales como Save the Children. Se adoptó un gran número de medidas para proteger a las posibles víctimas y reducir el número de mujeres y niños que se ven involucrados en la prostitución, como por ejemplo, el mejoramiento de los niveles de vida de la familia y campañas de sensibilización. Un papel importante en este contexto corresponde a los organismos de protección social, que organizan programas de rehabilitación social, psicológica y física para las víctimas de la trata de seres humanos, así como asistencia jurídica. El Ministerio de Asuntos Internos también coopera con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y en 2007 se estableció en Moscú un centro especial de rehabilitación de la OIM para proporcionar asistencia médica, psicológica y social a las víctimas de la trata. Por ejemplo, 14 niñas de Moldova fueron liberadas de la esclavitud sexual en 2007 y regresaron a sus hogares después de recibir tratamiento de rehabilitación en el centro.
26.El Sr. Filimonov (Federación de Rusia), respondiendo a las preguntas 19 y 20 de la lista de cuestiones, dice que la población carcelaria, que aumentó durante el período 2006‑2008, se redujo en 10.128 desde el comienzo de 2009. Hay también menos personas en prisión preventiva. Las asignaciones del presupuesto federal para el sistema penitenciario aumentaron con miras a mejorar las condiciones, tanto de los acusados como de los condenados. La cuantía de la asignación aumentó en más del doble entre 2005 y 2009, a pesar de la crisis económica mundial. Con arreglo a un programa especial para mejorar las condiciones de la detención preventiva, se prevé la ampliación de las instalaciones en 176.000 metros cuadrados. Las nuevas celdas cumplirán plenamente las normas internacionales. Ya se han construido diez instalaciones de este tipo, con 3.558 celdas de detención preventiva. Con todo, el hacinamiento sigue siendo un problema en cinco regiones. En 2005 aumentaron las raciones de alimentos para las personas en detención preventiva. Se proporciona gratuitamente ropa de cama, vajilla, cubertería y artículos de tocador.
27. La Sra. Keller pregunta acerca de la causa Lantsova c. Federación de Rusia, que el Comité examinó en 2002. El Sr. Lantsov murió de neumonía en 1995 en un centro de detención preventiva de Moscú. De acuerdo con los profesionales médicos, no pidió asistencia médica a tiempo y cuando se dieron cuenta de su estado era demasiado tarde para un tratamiento eficaz. El Comité instó a la Federación de Rusia a que mejorara las condiciones de detención, a fin de garantizar que esos casos no se repitieran. En 2005, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social emitieron un decreto sobre el tratamiento médico de los detenidos, tanto en los centros de detención preventiva como en las cárceles. Como resultado, todos los detenidos fueron sometidos a un examen médico. Al primer signo de enfermedad, se proporcionó tratamiento médico, ya sea en el centro de detención o en un hospital. Personal médico realiza una ronda de las celdas todos los días. Los detenidos pasan una revisión médica general una vez por mes y otra revisión más a fondo cada dos meses.
28. Las personas privadas de libertad pueden presentar una queja ante la Oficina del Fiscal General, las autoridades encargadas de la administración de los centros de detención preventiva o el Comisionado Federal para los Derechos Humanos (Defensor del Pueblo). Una ley federal promulgada en 2008 prevé la supervisión pública del respeto de los derechos humanos en los lugares de detención. Se estableció una comisión de supervisión y sus miembros realizaron más de 400 visitas a los centros de detención durante el primer semestre de 2009.
29. Hay actualmente 25.000 personas discapacitadas en prisión. Con arreglo al programa de liberación anticipada de las personas cuya condición les impide completar su condena, se liberaron en 2009 unos 500 presos discapacitados. Estos presos gozaban de algunos privilegios, como el de alimentos adicionales. Hay talleres en los que se tienen en cuenta sus necesidades y que les permiten adquirir aptitudes a pesar de su discapacidad. También reciben prestaciones por discapacidad y medicamentos, lo mismo que fuera de la prisión.
30.Sr. Demidov (Federación de Rusia) dice que, como consecuencia de las enmiendas a la Ley federal de garantías de los derechos de los pueblos indígenas numéricamente pequeños, el artículo 4 de la Ley ya no está en vigor. Con arreglo a la legislación aprobada en 2009, su Gobierno preparó una lista de lugares de residencia y actividades económicas tradicionales de varios pueblos indígenas, que refuerza sus derechos en relación con la tierra y los recursos. La política del Gobierno consiste en promover el desarrollo sostenible de esas comunidades y su uso tradicional de los recursos naturales, respetando su hábitat y sus modos de vida tradicionales, y al mismo tiempo mejorando su calidad de vida, reduciendo la mortalidad infantil y aumentando la esperanza de vida. El proceso de consolidación de los territorios constitutivos de la Federación de Rusia a través de la incorporación de las zonas autónomas nacionales no tuvo efectos negativos en los derechos de los pueblos indígenas. Las autoridades tienen la obligación de ayudar a los pueblos indígenas a preservar su modo de vida tradicional, incluido su idioma y cultura. Se establecieron algunos organismos locales para tal fin. En el plano federal, las medidas adoptadas para ayudar a las comunidades indígenas pequeñas de la región septentrional, Siberia y el lejano oriente ruso incluyen el apoyo a numerosos festivales donde se celebran aspectos de las culturas indígenas y esfuerzos de sensibilización respecto de las normas internacionales relacionadas con los derechos indígenas. En 2009, el Gobierno asignó unos 600 millones de rublos a subsidios para promover el desarrollo económico y social de las comunidades indígenas pequeñas de la región septentrional.
31.La Sra. Motoc pregunta si el Estado parte prevé incrementar su actual asignación de recursos para hacer frente a la trata de personas, dado que el problema está tan extendido en su territorio.
32. Desea saber si se harán esfuerzos para que el servicio civil sea una opción atractiva con respecto al servicio militar.
33.El Comité desearía recibir información adicional sobre la representación de los pueblos indígenas en los medios de comunicación.
34.La Sra. Keller, refiriéndose a las respuestas presentadas por escrito a la pregunta 26 de la lista de cuestiones, dice que es sorprendente que el Estado parte afirme en tantos casos que los asesinatos de los periodistas no tienen nada que ver con sus actividades profesionales. Si bien entiende que los propios asesinos podrían haber estado motivados por otros factores, pregunta cuán minuciosas fueron las investigaciones de las autoridades y sobre qué base se puede determinar que los atentados no se relacionaban con la labor de los periodistas. En cuanto a la información proporcionada en el párrafo 395 de las respuestas, pregunta por qué el caso del asesinato de Anna Politkovskaya se juzgó en el tribunal militar del distrito de Moscú. Sería útil conocer la duración exacta de las penas de prisión a las que fueron condenados los asesinos del Sr. Domnikov. En el párrafo 396 se afirma que las investigaciones de la muerte del Sr. Ifanov se cerraron por "falta de acto penal". La oradora pregunta cómo llegaron los investigadores a esa conclusión. En el mismo párrafo se indica que continúan las investigaciones preliminares de la muerte del Sr. Safronov, comenzadas en marzo de 2007. Pregunta por qué hay tal atraso en la presentación de los cargos. Además, solicita información sobre los casos de Abdulla Alishayev, Malik Akhmedilov, Natalia Estemirova, Marina Pisareva, Ilias Shurpaiev, Vyacheslav Yaroshenko y Magomed Yevloyev.
35. La oradora desearía saber cuán onerosos son los requisitos de presentación de informes para las ONG que tienen conexiones con países extranjeros conforme a la ley de 2006 que rige las actividades de organizaciones no comerciales.
36. Pide información adicional sobre el efecto que pueden tener las acciones del personal encargado de la aplicación de la ley en el disfrute del derecho a la libertad de reunión y expresión, en particular su exigencia de un permiso oficial para realizar manifestaciones a pesar de que la ley no lo estipula, el traslado de las manifestaciones a lugares aislados, la petición de que se cambien los lemas, el requisito de notificación del número estimado de participantes, la intimidación de los posibles manifestantes antes de la manifestación y el uso desproporcionado de la fuerza para dispersar a los manifestantes.
37.El Sr. Lallah pregunta por qué es difícil respetar el derecho a tener un abogado defensor desde el primer momento en que una persona es privada de libertad, como se indica en el párrafo 361 de las respuestas. Pide aclaraciones respecto del párrafo 362 de las respuestas, en particular el significado de la expresión "la presencia del sospechoso", y pregunta si el sospechoso tiene derecho a un abogado defensor desde el momento en que es privado de libertad. También desea saber cómo se respeta el derecho a tener un asesor letrado, dado que las reglamentaciones relativas a la detención en celdas temporarias y centros de prisión preventiva incluyen el concepto de cuarentena. Pregunta si dichas reglamentaciones no violan el artículo 9 (1 y 2) del Pacto.
38. El Comité agradecería mayores detalles sobre el proyecto de ley relativo a la actividad de los abogados y el Colegio de abogados en la Federación de Rusia. Pregunta si permite que el organismo estatal encargado de la inscripción emprenda una acción judicial para quitarle la licencia a un abogado sin aprobación del Colegio de abogados. También pide confirmación de las noticias de que el proyecto de ley permitirá al organismo estatal encargado de la inscripción obtener acceso a los archivos de los abogados sobre casos que se están investigando y pedirles que respondan preguntas sobre cualquier caso en los que trabajen, lo cual sería claramente una violación fundamental del artículo 14 del Pacto.
39. El Sr. Thelin pregunta cómo se define en el Estado parte la profesión de periodista, si los periodistas están acreditados y, en caso afirmativo, cuál es el órgano competente. Si existe un sistema de acreditación, pregunta si la acreditación puede suspenderse, con o sin advertencia previa, y si esa decisión puede apelarse.
40. El Comité agradecería información sobre las investigaciones, acusaciones y condenas relacionadas con los periodistas asesinados, en comparación con otros asesinatos. Sería útil saber si los asesinatos de los periodistas fueron investigados tan seriamente y con la misma eficacia en lo que respecta a los resultados que otros asesinatos. Recomienda que el Estado parte despenalice la difamación y la convierta en una acción civil. Pregunta cuántos juicios civiles contra periodistas se inician cada año. También recomienda que, en vez de proteger a los funcionarios públicos enjuiciados por difamación, se lleve a cabo una investigación; la legislación pertinente debe armonizarse con las normas internacionales. Pregunta si los daños y perjuicios de hasta 1 millón de euros que, según se informa, debieron pagar los periodistas y medios de comunicación condenados en juicios civiles relacionados con las elecciones corresponden al promedio de daños y perjuicios pagados en otros casos. Por último, desea saber qué medidas toman las autoridades para garantizar que los periodistas que cubren las manifestaciones puedan trabajar sin interferencia.
41. El Sr. Rivas Posada, refiriéndose a la respuesta a la pregunta 20 (párrafo 355), pregunta por qué se utiliza la expresión "encarcelamiento administrativo" para referirse a un encarcelamiento ordenado por un tribunal. Sería útil saber si la expresión "detención administrativa" (párrafo 357) se refiere a un tipo de detención diferente del "encarcelamiento administrativo". Pregunta por qué algunas personas están exentas del encarcelamiento administrativo, como se indica en el párrafo 356 de las respuestas.
42.La Sra. Wedgwood hace hincapié en la necesidad de alentar a las ONG, en vez de limitarlas mediante normas estrictas de registro o restricciones a la financiación extranjera. Las organizaciones no gubernamentales proporcionan información esencial a los gobiernos en las sociedades burocráticas.
43.Pregunta en qué medida los agentes del Servicio de Seguridad Federal están realmente exentos de la ley.
44.Agradecería comentarios de la delegación sobre el caso de Mijaíl Jodorkovski, en particular porque se realizó una encuesta al respecto y alrededor del 60 por ciento de los encuestados opinaron que el nuevo caso, tan cercano al final de su pena de prisión, sólo se había iniciado con fines mercenarios.
45.Tras afirmar que todas las personas deben tener una nacionalidad, la oradora expresa su preocupación por los apátridas, y señala en particular la situación ilegal de los no rusos que están residiendo en lo que ahora es la Federación de Rusia desde la desintegración de la Unión Soviética y los refugiados georgianos de la guerra de Abjasia de 1992-1993 que entraron en el país antes de 2002. Alienta al Estado parte a que adopte medidas para regularizar la situación de estos grupos.
46.Por último, expresa la opinión de que sólo actos concretos deben tipificarse en la legislación. Usar un concepto abstracto como "extremismo" para referirse a un acto punible puede poner en peligro la libertad de expresión, en particular de las organizaciones no gubernamentales.
47. Sir Nigel Rodley pide estadísticas sobre las personas en prisión preventiva y establecimientos penales e información sobre los centros de detención con mayor número de reclusos de los que su capacidad permite. Pregunta si la función de rehabilitación de las antiguas colonias penales sigue siendo ejercida por las instituciones creadas para reemplazarlas o si se centran en el control, administración y mantenimiento de la detención. En vista de las denuncias de que muchas personas condenadas por delitos de terrorismo en el Cáucaso septentrional han sido víctimas de prácticas como detención ilegal o tortura para obtener confesiones, pregunta si el Estado parte está considerando la posibilidad de una revisión sistemática de todas esas condenas.
48.En relación con una pregunta formulada anteriormente por la Sra. Keller, pregunta quién selecciona a los expertos encargados de determinar lo que constituye extremismo, quién forma un grupo social determinado y si los acusados pueden recurrir a sus propios expertos para sostener una posición divergente. Aunque acoge con satisfacción las medidas para obtener no sólo promesas sino también garantías antes de devolver a las personas a países a los cuales de otro modo no podrían ser devueltos, recuerda que el Comité expresó siempre la opinión de que cuanto más sistemática sea la práctica de devolución a esos países, menos efectivas suelen ser esas garantías. Por último, aunque se felicita del pago de indemnizaciones a las personas afectadas por las operaciones antiterroristas, insta a las autoridades del Estado parte a que enjuicien a los terroristas y pongan fin a su impunidad.
49.El Sr. Fathalla pide aclaraciones sobre el concepto y la naturaleza de los tribunales de arbitraje penal y pregunta acerca de las disposiciones legales que permiten que los acusados estén representados por cualquier persona, independientemente de que sea o no un jurista profesional.
50. El Sr. Bouzid desea saber la proporción de decisiones judiciales que no se aplican en la práctica.
51.La Sra. Majodina expresa preocupación por las restricciones vagas y excesivas establecidas en el artículo 51 de la ley sobre medios de comunicación, que prohíben que los periodistas oculten información y desacrediten a particulares. De ese modo se limitan las posibilidades de difundir información de todo tipo, como dispone el artículo 19 del Pacto. Haciéndose eco de las observaciones del Sr. Thelin acerca del mayor grado de protección contra la difamación que se concede a los funcionarios, que puede conducir a la autocensura de los medios de comunicación, pregunta si el Estado parte se propone enmendar la legislación para adecuarla a las normas internacionales.
52. La Sra. Vagina (Federación de Rusia) esboza las modificaciones introducidas en agosto de 2009 en la legislación que rige las actividades de las organizaciones no comerciales y el procedimiento que condujo a su introducción, que incluye consultas en un grupo de trabajo integrado por representantes del Gobierno, el Parlamento y la sociedad civil. El procedimiento de registro de esas organizaciones se simplificó, y se prevén enmiendas similares a la legislación sobre formas concretas de organizaciones no comerciales, como por ejemplo los grupos religiosos. Ahora sólo se permiten verificaciones programadas de las actividades de los grupos no comerciales una vez cada tres años.
53.A fin de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, las organizaciones no comerciales que reciben financiación del Estado están obligadas a presentar y publicar periódicamente sus cuentas e informes sobre sus actividades, pero los procedimientos de información se han simplificado y actualizado para tener en cuenta los adelantos tecnológicos. Las organizaciones con un beneficio anual de menos de 3 millones de rublos y las que no reciben financiación de fuentes extranjeras solo deben presentar informes a las autoridades regionales. No hay disposiciones legislativas que restrinjan la asignación de subvenciones estatales, o cualquier otra forma de financiación prevista en la ley, a las organizaciones no comerciales que reciben financiamiento extranjero. Contrariamente a la acusación de que se imponen obstáculos burocráticos a la inscripción, los procedimientos estatales de inscripción están muy regulados. Las normas pertinentes se preparan y enmiendan teniendo en cuenta las opiniones de las ONG, lo cual también se aplica a las enmiendas que entraron en vigor en agosto de 2009. Las decisiones de denegación de registro pueden apelarse. Las acusaciones de denegación desproporcionada del registro de organizaciones públicas y religiosas son infundadas: la proporción de solicitudes denegadas se mantiene alrededor del 0,1 por ciento desde 2005.
54. En respuesta a las preguntas del Sr. Lallah sobre el proyecto de ley relativo a las actividades de los abogados y el Colegio de abogados, dice que este no contiene ninguna disposición del tipo que mencionó.
55.El Sr. Filimonov (Federación de Rusia) dice que, aunque las cifras globales de la población carcelaria en relación con la capacidad de la cárceles indica que aún queda espacio disponible, la distribución de los detenidos es despareja. Cinco regiones, para las cuales da cifras concretas, registran cierto grado de hacinamiento, problema que el Gobierno se propone abordar. Se proporcionarán datos adicionales por escrito.
56. El Sr. Matyushkin (Federación de Rusia) agrega que se prevé un amplio programa de reforma del sistema penitenciario, que incluye la eliminación de las colonias penales restantes de la época soviética. Un objetivo fundamental de la reforma es proporcionar distintos establecimientos de detención para dos categorías de delincuentes: los reincidentes y los primerizos que, a juicio del tribunal, merezcan una pena de prisión. Para el segundo grupo, se dará mayor importancia al trabajo y la rehabilitación.
57.El Sr. Gaidov (Federación de Rusia) explica que, a pesar de la similitud en el lenguaje, el encarcelamiento administrativo y la detención administrativa son dos conceptos diferentes. En encarcelamiento administrativo es una de las nueve penas posibles para un delito administrativo, en cambio la detención administrativa es una forma de garantizar que los procedimientos se lleven a cabo efectivamente. Por ejemplo, si se requieren procedimientos médicos para determinar la condición del sospechoso, esa persona se mantendrá en detención administrativa. El encarcelamiento administrativo puede durar hasta 15 días, excepto en circunstancias concretas, como un estado de emergencia u operaciones antiterroristas, y puede ser impuesto por un tribunal. La detención administrativa puede ser impuesta por la policía y los funcionarios encargados de la aplicación de la ley por un máximo de tres horas, o 40 horas en circunstancias especiales, con la aprobación de un fiscal. Los procedimientos para imponer una sentencia de encarcelamiento administrativo se rigen actualmente por un decreto gubernamental, pero el Parlamento está examinando un proyecto de ley, de conformidad con el principio constitucional de que las personas sólo pueden ser privadas de su libertad o ver restringidos sus derechos en virtud de la legislación federal y por decisión de un tribunal
58.La Sra. Korunova (Federación de Rusia) dice que su Gobierno reconoce plenamente la magnitud del problema de la trata de seres humanos, en particular las mujeres, dentro y fuera de la Federación de Rusia. Sin embargo, subraya que es difícil determinar el número exacto de mujeres víctimas de trata, debido a la naturaleza oculta del problema. El Gobierno estima que se trata de decenas de miles por año y no de más de medio millón, como sostiene un informe de la ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo cual indica que la situación no es mucho peor en la Federación de Rusia que en otros países. Con todo, se asignan y seguirán asignando recursos para combatir el problema y prestar apoyo a las víctimas.
59. El Sr. Matyushkin (Federación de Rusia), en respuesta a una pregunta del Sr. Bouzid, dice que las mejoras en la legislación y los cambios en los procedimientos y las instituciones pertinentes han aumentado el porcentaje de ejecución de las decisiones de los tribunales nacionales en juicios civiles, del 50 por ciento hace unos años, a alrededor del 70 por ciento. Con una inversión suficiente, un porcentaje de ejecución del 80 por ciento es un objetivo realista.
60. Otro aspecto del problema es la continua imposibilidad de la Federación de Rusia de hacer cumplir las sentencias relativas a deudas, en relación con las cuales no existen recursos nacionales efectivos, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que examinó más de 200 casos presentados por ciudadanos rusos. Su sentencia en el caso de prueba de Burdov c. Rusia (No. 2), que se convirtió en sentencia firme el 4 de mayo de 2009, exigía que el Estado proporcionara un recurso interno efectivo o recursos que aseguraran una reparación adecuada y suficiente en caso de no aplicación o demora en la aplicación de las sentencias nacionales en un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de la sentencia firme. También pedía que el Estado, en el plazo de un año, proporcionara reparación a todas las víctimas de falta de pago o demora injustificada en el pago por las autoridades estatales después de haberse dictado sentencia a su favor, que hubieran presentado solicitudes a un tribunal antes de dictarse la sentencia o cuyas solicitudes se hubieran comunicado al Gobierno con arreglo al apartado b) del párrafo 2 del artículo 54 del reglamento del Tribunal. Se ha preparado un proyecto de ley sobre la cuestión y se presentará al Parlamento en breve.
61.En conclusión, expresa su agradecimiento al Comité por el diálogo fructífero que tuvo lugar, y reafirma el compromiso de su Gobierno con el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos. El proceso de presentación de informes en virtud del Pacto será valioso en el desarrollo de su legislación y en la práctica.
Se levanta la sesión a las 18.05 horas.