COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS
90º período de sesiones
ACTA RESUMIDA DE LA 2465ª SESIÓN
Celebrada en el Palacio Wilson, Ginebrael martes 17 de julio de 2007, a las 10.00 horas
Presidente:Sr. RIVAS POSADA
SUMARIO
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40 DEL PACTO (continuación)
Segundo informe periódico de la República Checa (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40 DEL PACTO (continuación)
Segundo informe periódico de la República Checa (continuación)(CCPR/C/CZE/2; CCPR/C/CZE/Q/2 y Add.1; HRI/CORE/1/Add.71/Rev.2)
Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de la República Checa vuelven a tomar asiento como participantes en el debate del Comité.
La Sra. WEDGWOOD dice que la reticencia del Estado Parte a restituir la propiedad a los no ciudadanos o no residentes que marcharon al exilio por una cuestión de principios choca radicalmente con su reputación como país de librepensadores. Como el exilio de esas personas estaba motivado políticamente, negarse a restituirles la propiedad plantea problemas con respecto a los artículos 26 y 19 del Pacto. La oradora se pregunta si el Estado Parte ha considerado plenamente las implicaciones de su política de restitución de la propiedad. El Estado argumentó que el requisito de ciudadanía y/o residencia para la restitución de la propiedad se había establecido para garantizar que los propietarios cuidasen mejor de la propiedad. Tal vez sería aconsejable que se fijase en otros Estados donde se han concedido indemnizaciones a los titulares provisionales de las propiedades por las mejoras realizadas en las mismas, una vez que los propietarios originales recuperaron la posesión, como incentivo para garantizar un mantenimiento adecuado.
A la oradora le preocupan especialmente los informes de que equipos policiales especiales están investigando los antecedentes de los reclamantes de la restitución de sus propiedades, incluidos quienes han presentado comunicaciones ante el Comité.Es preciso abordar cualquier forma implícita o explícita de intimidación. Aparentemente, no existe ninguna prohibición general a la titularidad de la propiedad para no ciudadanos o no residentes; si efectivamente así fuera, los requisitos restrictivos en relación con los reclamantes de la restitución de sus propiedades serían claramente discriminatorios. Aunque sería comprensible que el Estado Parte impusiera un límite de tamaño para impedir reclamaciones poco razonables, una negativa total a restituir la propiedad a los no ciudadanos y no residentes es inaceptable.
Si bien la oradora se da cuenta de que los médicos pueden carecer de sensibilidad con respecto a los derechos de los pacientes, corresponde al Estado Parte garantizar que prácticas como la esterilización forzada sean erradicadas.Las medidas correctivas eficaces pueden incluir, por ejemplo, la traducción de los formularios médicos al romaní, la presencia de un intérprete de romaní para instruir a los pacientes que se someten a procedimientos ginecológicos acerca de la naturaleza de la intervención, y la formación sobre los derechos de los pacientes en las facultades de Medicina.Asimismo, la ejecución de procedimientos de esterilización sin el consentimiento informado es un delito y debe ser enjuiciada.
El uso continuo de camas jaula y camas con red como medio de controlar a los pacientes en estado de agitación en los hospitales psiquiátricos es totalmente inaceptable, sobre todo por sus graves implicaciones para la salud física y mental de los pacientes.La oradora insta al Estado Parte a adoptar medidas urgentes para combatir esa práctica.
Sir Nigel RODLEY dice que, si bien el Estado Parte parece sugerir que las preocupaciones del Comité acerca de la discriminación en virtud del artículo 26 carecen de fundamento, la legislación checa hace una distinción en base a la nacionalidad al imponer restricciones relacionadas con la ciudadanía para acceder a la propiedad que se poseía con anterioridad o a una indemnización. Tales distinciones no sólo son poco razonables y desproporcionadas, sino también absurdas, dado que las personas afectadas fueron obligadas a exiliarse por el Estado Parte y posiblemente se vieron obligadas a adoptar la nacionalidad de su nuevo lugar de residencia. Hasta la fecha, el Estado Parte no ha ofrecido una explicación creíble de por qué no se está violando el artículo 26 en esos casos.El caso Des Fours Walderode ha sido el tema del debate entre el entonces Primer Ministro y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2002 y se ha identificado una posible solución; sin embargo, parece que no se ha adoptado ninguna medida a ese respecto.
La detención, relacionada con la migración, de menores extranjeros indocumentados durante 90 días prevista en el artículo 125 de la Ley de extranjería de septiembre de 2005 parece excesiva.El orador pregunta qué alternativas existen a la detención y cuántos menores extranjeros indocumentados hay detenidos. La misma Ley también prevé la detención de solicitantes de asilo bajo un régimen estricto durante un período renovable de 30 días. El orador pregunta acerca del período máximo de detención en tales circunstancias y la naturaleza exacta del régimen.
Las consecuencias de las actitudes indeseables de los médicos hacia los pacientes varían desde la esterilización forzada de mujeres y la denominada castración “voluntaria” hasta el uso de camas jaula, los tratamientos y el internamiento contra su voluntad de personas con problemas de salud mental. El Comité ha recibido un informe de un caso en el que una persona fue privada de su capacidad legal en 2001 sin ninguna notificación, e internada en el hospital psiquiátrico de Brno sin su consentimiento, en 2005, tras una disputa con su esposa.Cuando esa persona se opuso al tratamiento, el personal del hospital le informó de que había sido privado de su capacidad legal y que su opinión sobre el tratamiento era, en consecuencia, irrelevante. Como castigo le aplicaron inyecciones y grandes dosis de medicamentos con haloperidol, lo que le produjo daños en la vista. El verdadero problema no reside tanto en la actitud anticuada de los médicos como en el poder que les ha otorgado el Estado Parte. La tolerancia de los tratamientos, la esterilización y la castración contra la voluntad de la persona, la hospitalización forzada y el uso de camas jaula, entre otras prácticas, plantea graves problemas en relación con varios artículos del Pacto y debe abordarse con carácter urgente.
El Sr. SCHORM (República Checa) dice que la Sra. Fábryová (comunicación Nº 765/1997) y los parientes del Sr. Brok (comunicación Nº 774/1997) han recibido una indemnización adecuada a través de un programa para indemnizar a particulares con el fin de mitigar las injusticias relacionadas con la propiedad que padecieron las víctimas del Holocausto, aún cuando el importe no sea totalmente proporcional al valor de la propiedad perdida. Sin embargo, dadas las aspiraciones de los demandantes, es poco probable que queden satisfechos con la indemnización otorgada. En los casos de Pezoldova y Czernin (comunicaciones Nº 757/1997 y 823/1998), existe la posibilidad de una indemnización voluntaria que, en comparación con los criterios de indemnización establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es meramente simbólica. El procedimiento relacionado con el caso del Sr. Czernin no ha concluido. La legislación recientemente promulgada prevé el pago de una indemnización por los daños morales causados por el procedimiento judicial excesivamente largo, indemnización a la que puede optar el Sr. Czernin.
El orador no tiene conocimiento de ninguna consulta entre el ex Primer Ministro y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en relación con el caso del Sr. Des Fours Walderode. El caso sigue pendiente y, sin duda, la esposa del difunto Sr. Walderode puede obtener una indemnización si ejerce los recursos internos.
En respuesta a la preocupación del Sr. Amor acerca de la aplicación de las observaciones finales del Comité, el orador dice que las cuestiones prioritarias entre los instrumentos internacionales y la legislación nacional fueron resueltos por el Tribunal Constitucional. El mecanismo establecido para aplicar las recomendaciones del Comité, si bien no está plenamente desarrollado, es coherente con las normas internacionales.
La restitución de las propiedades es un problema complejo y sensible en la República Checa. Los antiguos ciudadanos que emigraron a los Estados Unidos de América no se vieron desfavorecidos de ningún modo. Es innegable que la restitución de las propiedades ha sido muy generosa, con la única restricción de poseer una residencia legal o la ciudadanía.El Tribunal Constitucional ha dictaminado que el requisito de la ciudadanía es legal. No existe ninguna obligación legal para que el Estado restituya las propiedades.Si bien algunos pueden considerar que las restricciones son discriminatorias, en términos de residencia legal y ciudadanía, éstas no han sido introducidas por el Gobierno sino por el Parlamento y, en consecuencia, representan la voluntad popular.
El Sr. BUREŠ (República Checa) dice que en 2001 se modificó el Código de Procedimiento Penal para conferir al fiscal la facultad de investigar los delitos cometidos por miembros de la policía. El Gobierno anterior consideró que el nuevo sistema era suficientemente independiente e imparcial. Desde entonces se han adoptado medidas para establecer un órgano independiente que investigue las acusaciones contra miembros de la policía.
El seguimiento de la expulsión de los culpables de violencia doméstica de la vivienda compartida está garantizado por la policía y también por los denominados “centros de intervención”, que son centros de servicios sociales y existen en todas las provincias. Al ejecutar una orden de expulsión, la policía debe notificarlo al centro de intervención más cercano y proporcionar a la víctima los datos de contacto del centro o la organización no gubernamental correspondiente. Los centros de intervención ofrecen asesoramiento jurídico y asistencia psicológica a las víctimas y los testigos menores de la violencia doméstica.Para el testimonio de los testigos menores se utilizan unas salas de interrogatorio especiales a fin de minimizar el riesgo de una nueva victimización.
Los folletos informativos sobre los derechos de los detenidos están siendo traducidos a 11 idiomas. Las traducciones estarán disponibles a partir del 1º de agosto de 2007. Los extranjeros detenidos deben ser informados de sus derechos en un idioma que puedan entender. Normalmente hay intérpretes presentes durante el interrogatorio de detenidos extranjeros. Los detenidos tienen derecho a presentar denuncias ante Amnistía Internacional, el Comité de Derechos Humanos y otros órganos internacionales competentes. Las denuncias presentadas internamente son tramitadas por el supervisor, que puede investigar las acusaciones directamente o bien trasladar el caso a la unidad de supervisión y control del distrito.Esa unidad también es responsable de supervisar el modo en que las denuncias son tramitadas por supervisores de inferior categoría.
Los extranjeros sometidos a una orden de expulsión administrativa pueden estar detenidos durante un máximo de 180 días.
Con respecto a la pregunta 9 de la lista de cuestiones, el orador dice que el elevado número de incidentes relacionados con la detención de solicitantes de asilo en el centro de Poštorná se debió en parte al hecho de que era el único centro operativo a lo largo del año. Además, mientras otras instalaciones alojan principalmente familias, el centro de Poštorná es únicamente para hombres solteros. El orador señala a la atención la categorización de los incidentes originados por las detenciones relacionadas con el asilo que se introdujo en las estadísticas de 2007, como se detalla en la respuesta escrita a la pregunta 9. El 90% de dichos incidentes se produjo en la categoría de infracciones menos graves, que incluye el incumplimiento de las normas internas del centro de detención.
Como la Ley de regulación de la prostitución no ha entrado en vigor (pregunta 13), actualmente la prostitución no está regulada por el sistema jurídico.No obstante, hay algunas disposiciones que permiten a las autoridades investigar y castigar el proxenetismo y la trata de personas.Las actuales disposiciones sobre la trata se ajustan a la Convención internacional contra la delincuencia organizada transnacional, e incluye la prohibición de la trata de personas hacia y desde la República Checa y dentro del país, con fines de trabajo así como de explotación sexual. Las mujeres checas que han sido víctimas de la trata tienen derecho a todos los servicios y prestaciones sociales.El Ministerio del Interior está trabajando con la Organización Internacional para las Migraciones para repatriar a las mujeres checas que han sido objeto de trata hacia el extranjero y asegurarse de que disponen, si lo desean, de los servicios de las organizaciones no gubernamentales.Todas las personas que se declaran víctimas de la trata tienen derecho a la ayuda del Estado. Se han producido algunos casos de explotación sexual comercial de niños.
La información proporcionada en el párrafo 155 del informe periódico sobre la limitación de la libertad o confinamiento de una persona agresiva guarda relación con un comportamiento físicamente agresivo que constituye una agresión contra otra persona, y no con actitudes agresivas. Una persona que agrede a otra, ya sea a un civil o un agente de policía, puede ser detenida durante un máximo de dos horas.
Las autoridades civiles gestionan los centros de detención para extranjeros (pregunta 9). El régimen poco severo de esos centros es similar al que está en vigor en los centros para los solicitantes de asilo, donde los detenidos pueden moverse libremente y hablar con otros detenidos.Bajo un régimen estricto, el movimiento por el centro está limitado a una hora al día y los detenidos no pueden comunicarse entre sí. Los detenidos pueden ser sometidos a un régimen estricto durante un máximo de 30 días, y si durante ese tiempo exhiben un comportamiento que merezca una prórroga, el período máximo será de otros 30 días.
El número de niños no acompañados que llegan a la República Checa está descendiendo. En 2004, se creó una escuela para proporcionar a esos niños educación y otros servicios, y se hace todo lo posible para repatriarlos, a menos que se les conceda asilo.
La Sra. OTÁHALOVÁ (República Checa) dice que el informe anual de 2006 del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura incluye una amplia opinión sobre los medios de restricción en las instituciones psiquiátricas para adultos. En línea con ese informe, el uso de camas jaula está prohibido en toda la República Checa, y el uso de camas con red está disminuyendo; de hecho su uso se ha excluido totalmente de las instituciones de atención social. La protección de los derechos de los pacientes de las instituciones psiquiátricas y de las personas con discapacidad y trastornos mentales es una prioridad para el Ministro encargado de los derechos humanos y las minorías nacionales.
El Comisionado Gubernamental para los Derechos Humanos supervisa el caso de Vĕra Musilová. Según la investigación policial, en dicho caso no se ha infringido ninguna disposición del derecho penal. No obstante, el Ombudsman concluyó que el personal de la institución psiquiátrica donde falleció la Sra. Musilová era culpable de malos tratos.
El Ministerio de Salud publicó unas directrices sobre el uso de camas jaula y camas con red, y las autoridades médicas y de derechos humanos están fomentando el debate sobre la introducción de normas reglamentarias relativas al uso de restricciones en los servicios de atención de la salud.Todas las instituciones psiquiátricas tienen sus propios reglamentos sobre los medios de restricción. De conformidad con el sistema de apelación en los servicios de atención de la salud, los pacientes tienen derecho a presentar denuncias ante los directores de las instituciones psiquiátricas. Si eso falla, las denuncias se pueden presentar ante el Ministerio de Salud.
Todas las medidas que privan a los pacientes de libertad personal, incluido el internamiento contra su voluntad en instituciones psiquiátricas, se someten a un examen judicial. Una importante enmienda al Código de Procedimiento Civil aprobada en 2005 ha reforzado la protección a las personas que han sido privadas de su capacidad legal y las que han sido internadas en instituciones de atención sanitaria. En concreto, la enmienda permite que las personas en tales situaciones influyan en las medidas adoptadas, ya sea personalmente o a través de sus representantes. Según la legislación enmendada, los tribunales deben informar a dichas personas de sus derechos, incluido el derecho a elegir un representante para las actuaciones pertinentes. Si las personas afectadas no eligen a su propio representante, los tribunales les designarán abogados para que actúen como tutores. En la actualidad los tribunales están obligados a escuchar a los expertos independientes además de los médicos de los pacientes, y los pacientes ya no pueden quedar excluidos directamente del contacto con el mundo exterior. Las personas internadas en instituciones de atención sanitaria pueden solicitar un examen y una decisión con respecto a su liberación, aunque hayan sido privadas de su capacidad legal. Los tribunales deben informar a la Oficina del Fiscal General de todos los procedimientos que inicien en relación con la capacidad legal, y los veredictos sobre la admisibilidad de la aceptación o el internamiento en una institución de atención sanitaria. Además, las personas privadas de su capacidad legal, cuyas solicitudes previas para la restitución de esa capacidad hayan sido rechazadas, tienen derecho a presentar una segunda solicitud de restitución al cabo de un año. El período máximo durante el cual una persona puede ser internada por orden judicial en un centro sanitario para su examen se ha reducido a seis semanas.
En cuanto a las distintas conclusiones del Ombudsman y el órgano consultivo del Ministerio de Salud sobre los casos de esterilización forzada (pregunta 5), la oradora explica que el órgano consultivo ha investigado la cuestión del maltrato desde el punto de vista médico.El Ombudsmanha evaluado la actuación del Ministerio de Salud, adoptando un enfoque más amplio, desde el punto de vista histórico y de los derechos humanos. No se han iniciado procedimientos penales, dado que la policía no constató infracciones del derecho penal. Sobre la cuestión de las indemnizacionesindividuales, es posible que el Ombudsman no haya tenido en cuenta el fallo del Tribunal Supremo enel sentido de que para los derechos violados no existe ninguna limitación estatutaria. Con respecto a la indemnización general, varios órganos gubernamentales están debatiendo la posibilidad de crear un fondo para ayudar a las víctimas de la esterilización forzada, que nunca ha sido legal en la República Checa. Los trabajadores sociales y las organizaciones no gubernamentales trabajan con las comunidades romaníes, proporcionando asistencia e información sobre muchas cuestiones, incluido el consentimiento informado sobre la esterilización y la legislación pertinente. Los médicos reciben formación en cuestiones de derechos humanos como parte de sus estudios médicos. Dado que la comunidad romaní sólo representa el 0,2% de la población, los formularios de consentimiento para la esterilización no se han traducido al idioma romaní.La castración sólo se puede realizar a petición, y con el consentimiento informado, de la persona afectada, y con la aprobación de un comité compuesto por un abogado y al menos dos médicos.
El Sr. POKORNÝ (República Checa) dice que los esfuerzos del Gobierno de la República Checa para lograr un equilibrio entre ambos sexos en la política se han centrado en concienciar al electorado. No se han fijado cuotas o plazos para incrementar la participación de las mujeres en política. Un proyecto de ley que incluía incentivos financieros para que los partidos políticos pudieran introducir cuotas para las candidatas fue rechazado debido a una falta de consenso en cuestiones que no guardaban relación con la igualdad entre los géneros.
Para 2009 se prevé la creación de una oficina nacional para el empleo y la administración social.Una de sus tareas será coordinar las actividades de todos los organismos públicos responsables de la protección social y legal de los niños, reforzando el enfoque sobre la acción preventiva, y asegurando una mayor cooperación con la policía y los servicios jurídicos en materia de maltrato infantil. La política adoptada en 2006 define las áreas de preocupación y las prioridades en la atención de los niños en situación de riesgo y los niños que viven aparte de sus familias. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está realizando un seguimiento de esa política mediante la preparación de unas directrices para trabajar con las familias en situación de riesgo, material informativo sobre la prevención y resolución de conflictos familiares, y servicios de asesoramiento para las familias.
El Sr. HNÁTIK (República Checa), respondiendo a la pregunta sobre la posible participación de la República Checa en el traslado ilegal de los denominados “detenidos de alto valor”, cita una carta que el Ministro de Relaciones Exteriores checo envió al Secretario General del Consejo de Europa. En la carta se afirma claramente que el Gobierno no tenía conocimiento alguno de dicha participación. El Consejo ha considerado las respuestas a sus preguntas satisfactorias y exhaustivas. El informe final del Consejo sobre el asunto no incluye ninguna referencia específica a la participación de la República Checa en dichas actividades y no se formula acusación alguna.
El Sr. KONŮPEK (República Checa), refiriéndose a la pregunta 2, dice que debido a la falta de jueces recién titulados que deseen trabajar en Bohemia septentrional desde 1991, se han acumulado los casos pendientes. Con el fin de resolver ese problema, en junio de 2007 se designaron ocho nuevos jueces a esa región y se adoptaron nuevas medidas para garantizar que se destinan allí jueces suficientes.
No hay estadísticas disponibles sobre la duración de los procedimientos del Tribunal Supremo. Los datos existentes indican que aproximadamente el 50% de las causas del Tribunal Supremo se tramitan en el plazo de 6 meses, un 30% de 6 a 12 meses, un 15% de 13 a 24 meses y el 5% restante en un plazo superior a los 24 meses.
Actualmente no existe ninguna disposición jurídica para la destitución de los presidentes y vicepresidentes de los tribunales. A fin de resolver esa situación, el Gobierno ha propuesto que se otorgue al Ministro de Justicia la autoridad para destituir a dichos funcionarios si se demuestra que actúan con gran negligencia, si bien tendrán la posibilidad de apelar esa decisión ante el Tribunal Supremo.
El hacinamiento en las cárceles ha resultado especialmente problemático entre 1997 y 2000. Una enmienda de 2001 al Código de Procedimiento Penal ha establecido unas normas más estrictas para imponer la detención preventiva y ha limitado la duración de esa detención, por lo que ha producido el efecto de reducir la población reclusa total. En 2003, el espacio asignado a cada preso se había fijado en 4 metros cuadrados. El nivel actual de hacinamiento en las cárceles es del 1,37%.
En respuesta a la pregunta de la Sra. Chanet relativa al párrafo 147 del informe periódico, el orador dice que en 2004 el Tribunal Constitucional reconoció plenamente el derecho del acusado a ser oído durante las actuaciones para determinar si debe permanecer bajo custodia. De conformidad con el artículo 89 de la Constitución, las decisiones ejecutables del Tribunal son vinculantes para todos los órganos y personas. No se ha tomado en consideración ninguna enmienda a la legislación vigente, y se exige a los tribunales y fiscales que sigan automáticamente el ratio decidendi (razonamiento decisivo) del fallo del Tribunal.
En cuanto a las preguntas del Sr. Bhagwati con respecto a la pregunta 2 de la lista de cuestiones, el orador dice que los procedimientos para la utilización de “resoluciones judiciales penales” (CCPR/C/CZE/Q/2/Add.1, p. 4) se establecen en los apartado e) y g) del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal. El juez puede dictar esas resoluciones en los casos en los que la pena máxima por el delito en cuestión es de cinco años de prisión. Los hechos alegados deben estar apoyados por pruebas suficientes y la persona condenada tiene derecho a apelar contra la resolución en el plazo de ocho días.
En 2001 se creó un servicio de mediación, conforme a la Ley Nº 257/2000. El uso de la mediación está sujeto al consentimiento de la persona condenada y la víctima. Los funcionarios encargados de la mediación deben tener título universitario y presentarse a un examen especial tras completar el curso de formación organizado por el Servicio de Mediación y Libertad Condicional.
La Constitución otorga el derecho de apelación a las personas cuyos derechos básicos han sido supuestamente violados por la decisión de otro tribunal –incluido el Tribunal Supremo– o una institución gubernamental, siempre que esa decisión sea definitiva y no haya otros recursos disponibles.
Un juez del Tribunal Constitucional es nombrado por el Presidente de la República, con la aprobación del Senado; y un juez del Tribunal Supremo –anteriormente nombrado por el Presidente de la República– es designado para ese Tribunal por el Ministro de Justicia, en consulta con el presidente del tribunal al que el juez estaba asignado hasta ese momento.En ambos casos, los jueces deben tener una licenciatura en derecho y al menos 10 años de experiencia profesional. Los procedimientos de nombramiento que se aplican al Tribunal Administrativo Supremo son similares a los de los tribunales ordinarios.
El Sr. O’FLAHERTY dice que, en vista de las limitaciones de tiempo, agradecería que cualquier respuesta a sus comentarios se formulase por escrito. Sobre la pregunta 1, el orador desea saber por qué la delegación no ha hecho ninguna referencia a algunos de los casos que él ha mencionado y se pregunta si se podría proporcionar alguna información sobre las comunicaciones que ha mencionado (Nº765/1997 y 774/1997). Al parecer se ha malentendido la pregunta del orador con respecto a la indemnización para las víctimas según las disposiciones relativas a los supervivientes del Holocausto. El orador no ha cuestionado la idoneidad de la indemnización, sino que desea saber si la indemnización habría sido recibida en cualquier caso por las personas afectadas por ser supervivientes del Holocausto, o si se han beneficiado del hecho de que se hubiera presentado la comunicación ante el Comité. Además, ¿se considera que la indemnización constituye una reparación total?
Con respecto a la referencia de la delegación a la complejidad de adjudicar los asuntos relacionados con indemnizaciones, el orador no comprende por qué no se pueden ofrecer determinadas cantidades a las personas afectadas, para ver si son aceptadas o rechazadas.
Con respecto al supuesto uso del aeropuerto de Praga para el tránsito en casos de entrega, el orador toma nota de la respuesta de que el Gobierno no tenía conocimiento de tales casos. Si bien el orador no pone en duda la veracidad de esa respuesta, señala a la atención los comentarios del jefe de análisis de seguridad del Instituto de Relaciones Internacionales de Praga, que indican que el servicio de inteligencia checo tenía idea acerca del tipo de vuelos que operaban en ese aeropuerto. En cualquier caso, la existencia de tan graves acusaciones, que plantean cuestiones en relación con el artículo 7 del Pacto, entre otras cosas, debe alentar al Estado Parte a investigar el asunto. El orador insta a las autoridades a considerar la introducción de un sistema de inspección en el aeropuerto, dirigido especialmente a los vuelos civiles, con el propósito de poner fin a dichas prácticas.
Volviendo a la cuestión de las camas jaula y las camas con red, el orador subraya que la definición de cama jaula que ha estado utilizando es una descripción facilitada por el Comité Europeo para la prevención de la tortura: se refiere genéricamente a “camas jaula/con red”. Con respecto a las camas jaula tal como las define el Estado Parte, su prohibición, reiterada por la delegación, es encomiable. A pesar de ello, se sigue denunciando la existencia de dichas camas en algunos centros.¿Puede el Estado Parte garantizar que todas han sido retiradas? Si bien también se acogen con satisfacción los esfuerzos anunciados para reducir el uso de camas con red, en vista de la abrumadora condena internacional de esa práctica, ¿podría el Estado Parte comprometerse a eliminar las camas con red, en lugar de reducir su número? El orador toma nota de la puntualización de la delegación de que las cuestiones de restricción, en concreto en relación con las camas con red, se abordan institución por institución. Sin embargo, lo que se requiere es un conjunto de normas nacionales y un sistema nacional de inspección.
Sir Nigel RODLEY dice que desea corregir su anterior sugerencia de que el ex Primer Ministro Zeman se había comprometido con la Sra. Robinson, ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos. El informe anual de 2002 indica que la Comisionada pidió al Primer Ministro que garantizase la aplicación de los dictámenes emitidos por el Comité, pero no menciona ningún compromiso explícito por su parte.
En respuesta a la referencia efectuada por la delegación sobre la naturaleza del debate y las susceptibilidades políticas, el orador recuerda que la labor del Comité es garantizar la aplicación del Pacto. Cualquier poder del Gobierno, inclusive el legislativo y el judicial –pero no necesariamente el ejecutivo– puede comprometer la responsabilidad del Estado Parte. Si bien el orador comprende la difícil situación política de la República Checa, la obligación permanece y una violación persiste hasta que se le pone remedio.
La Sra. PALM agradece la información en relación con la esterilización. En el contexto del debate en curso dentro del Gobierno sobre la indemnización para las víctimas, la oradora solicita la confirmación del Estado Parte de que en un futuro próximo adoptará una decisión sobre una indemnización general a todas las víctimas de violaciones, con independencia del momento en que fueron cometidas.
No obstante, la oradora manifiesta su decepción ante la respuesta de la delegación a la pregunta relativa a la participación de las mujeres en política, especialmente a tenor de las recomendaciones efectuadas por el Comité tras el examen del informe inicial de la República Checa.Se aconsejaba al Estado Parte que adoptase medidas para incrementar el nivel de participación de las mujeres en los sectores público y privado, a fin de cumplir sus obligaciones de conformidad con los artículos 3 y 26 del Pacto. Sin embargo, en la presente sesión, la delegación ha expresado su negativa a introducir cuotas o interferir con los partidos políticos, prefiriendo en cambio sensibilizar al público en general sobre la cuestión. Cuando el grado de participación de las mujeres disminuye –como sucede en la República Checa– las obligaciones en virtud del Pacto exigen una acción positiva.
La Sra. WEDGWOOD señala que la traducción de un formulario de consentimiento al romaní sólo costaría 150 dólares. La oradora insta a la delegación a proporcionar la información solicitada sobre la unidad policial que investiga a las personas que han presentado reclamaciones de bienes inmuebles.
La Sra. OTÁHALOVÁ (República Checa), respondiendo a la pregunta 15 de la lista de cuestiones, dice que le complace anunciar que en junio de 2007 se aprobó un proyecto de ley contra la discriminación que estaba a la espera de la aprobación del Gobierno, y que será debatido en el Parlamento en el otoño. El proyecto de ley prohíbe la discriminación por motivos de raza, origen étnico, nacionalidad, sexo, orientación sexual, discapacidad, religión y edad. Su contenido es muy similar al del proyecto de ley original descrito en el informe, que fue rechazado por el Parlamento en 2006. La obligación es garantizar la igualdad de trato y la protección contra la discriminación que se aplica, entre otras cosas, al: empleo, la posibilidad de ser miembro de organizaciones, la seguridad social, la atención de la salud, la educación y la vivienda.El proyecto de ley establece la opción de introducir medidas de acción afirmativa. Se está poniendo en marcha una institución que proporcione asistencia jurídica y orientación a las víctimas de la discriminación.
En cuanto a la pregunta 19, la oradora dice que la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales establece claramente el derecho de toda persona a decidir su nacionalidad. El Gobierno de la República checa es consciente de las dificultades que se derivan de la recopilación de datos sobre las minorías nacionales y el origen étnico, ya que dicha información se considera sensible. Las autoridades conceden una creciente importancia al asunto, esforzándose por vigilar la situación a través de análisis cuantitativos y cualitativos. Uno de esos análisis, centrado en las comunidades romaníes socialmente excluidas, se llevó a cabo en 2006. Sin embargo, el método de investigación no proporcionó información sobre los romaníes que no estaban afectados por problemas de integración.Tal vez se debería aplicar un enfoque sociológico de la recopilación de datos, para evaluar la situación de conformidad con la legislación vigente.
Con respecto a la pregunta 17, en 1997 se creó el Consejo de Gobierno para Asuntos de la Comunidad Romaní, que publica un informe anual. Además, la República Checa participa en la Década de la Inclusión Romaní 2005-2015, bajo cuyos auspicios se están poniendo en marcha programas en diversas esferas. En la esfera de la vivienda, por ejemplo, los trabajadores sociales desempeñan una función importante ayudando a los romaníes socialmente excluidos en su vida cotidiana. El Ministerio de Desarrollo Regional financia un programa de apoyo para la construcción de pisos subvencionados, al que asigna unos 500 millones de coronas al año. El Ministerio también se ocupa de la cuestión de la segregación espacial y financia programas en esa esfera. El Ministerio de Salud también ha puesto en marcha una serie de iniciativas, incluido un proyecto denominado “Asistentes sociales y de salud en zonas socialmente excluidas”, financiado por el Fondo Social Europeo.
Además, la oradora señala a la atención un ciclo de seminarios titulados “Formación política para las mujeres romaníes” organizado en 2006, con vistas a animar a las directoras de las organizaciones sin ánimo de lucro romaníes y a las activistas romaníes a que contribuyan al desarrollo de la sociedad civil y participen más activamente en las políticas locales y nacionales. También se presentó una propuesta para crear una agencia para la prevención de la exclusión social bajo los auspicios del Ministerio de los Derechos Humanos y las Minorías Nacionales; su puesta en marcha está prevista para 2008.
El Sr. POKORNÝ (República Checa) dice que la igualdad de acceso al empleo, con independencia del origen racial, étnico o social, se consagra en la nueva Ley de empleo aprobada en 2004. La discriminación también está prohibida en virtud de la nueva Ley laboral de enero de 2007. Una nueva Ley de inspección laboral aprobada en 2005 ha reorganizado las inspecciones nacionales, mejorando su competencia y fijando multas de hasta 20.000 dólares por trato discriminatorio. La Ley de empleo promueve el derecho al trabajo y el acceso al empleo a través de cursos de formación y otras medidas, centrándose en determinados grupos. Si bien los grupos destinatarios se definen de conformidad con la situación laboral o educativa, ante la dificultad de recopilar información sobre el origen étnico de las personas, muchos romaníes fueron incluidos en esos grupos.
El plan de acción nacional para el fomento del empleo aprobado en 2004 presenta la política de empleo y los objetivos nacionales a medio plazo, incluyendo medidas para proporcionar empleo a las personas desfavorecidas y mejorar la sostenibilidad del sistema de protección social. El Programa Operativo de Desarrollo de los Recursos Humanos, introducido en 2004, tiene por objeto desarrollar una política activa de empleo para solicitantes de empleo de larga duración. Durante el bienio 2005-2006 se asignaron unos 14 millones de dólares a ese programa. También se han puesto en marcha programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
En respuesta a la pregunta 18, el orador hace hincapié en que el acceso al sistema de seguridad social no se basa en la nacionalidad sino en la actividad económica o la residencia permanente en la República Checa. Los derechos sociales de los migrantes están garantizados a través de acuerdos bilaterales con sus respectivos países. La legislación laboral prohíbe la discriminación por motivos de nacionalidad, aunque se requiera un permiso de trabajo válido para el empleo, excepto en el caso de los nacionales extranjeros que han obtenido la residencia permanente. A finales de junio de 2007 más de 200.000 extranjeros estaban empleados legalmente en el país. La situación de los nacionales extranjeros es evaluada y actualizada anualmente a través del Plan de integración de los nacionales extranjeros, que ayuda a identificar y eliminar los obstáculos jurídicos e institucionales. En 2004-2005 se llevó a cabo un análisis detallado de la situación de los extranjeros residentes de larga duración, bajo los auspicios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Las conclusiones de ese análisis se utilizaron para actualizar el Plan de integración de los nacionales extranjeros y para desarrollar proyectos y publicaciones en esa esfera, como el “Folleto informativo para nacionales extranjeros en la República Checa”, que se encuentra disponible en cinco idiomas.
La Sra. KAPROVÁ (República Checa) dice que el Gobierno de la República Checa cree que los niños avanzarán más en la escuela únicamente si muestran interés en la educación permanente y participan responsablemente en la sociedad civil. No obstante, es necesario atender las necesidades educativas de cada alumno y tener en cuenta las decisiones de los padres con respecto a la educación de sus hijos. En el marco de la Ley de escuelas se han adoptado diversas medidas para garantizar que todos los alumnos, incluidos aquellos socialmente desfavorecidos, puedan acceder a la misma calidad de educación. Las medidas incluyen un aumento del número de profesores, la reducción del tamaño de la clase y la aplicación de planes educativos individuales.
Los niños romaníes asisten a escuelas o programas especiales sólo si su capacidad cognitiva así lo requiere o sus padres lo desean. El Gobierno nunca ha segregado deliberadamente a alumnos romaníes ni les ha proporcionado una educación inferior. Dado que las escuelas y los programas especiales son relativamente costosos, ni siquiera tiene interés financiero para el Gobierno incrementar el número de niños que asisten a los mismos. En febrero de 2006, en un caso relacionado con las escuelas especiales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que los niños romaníes no eran víctimas de discriminación en la educación. A continuación, el caso se remitió a la Gran Sala del Tribunal, que debe emitir una declaración en septiembre de 2007.
Las autoridades han adoptado una serie de medidas para integrar a los alumnos desfavorecidos, especialmente los alumnos romaníes, y reducir el número de niños que reciben una educación especial. Como parte de la reforma curricular 2007-2008, cada escuela puede desarrollar un programa para atender las necesidades de todos los alumnos. En 2006, dentro de un plan financiado por el Ministerio de Educación, Juventud y Deporte, se han contratado unos 400 profesores ayudantes romaníes en las escuelas y otros están recibiendo formación. Todos los niños desfavorecidos tienen derecho a un año de educación preescolar gratuita. En 2006, unos 1.500 alumnos socialmente desfavorecidos han asistido a clases preparatorias diseñadas para evitar el fracaso académico. Además, esos niños no tienen que pagar por la comida, el alojamiento y otros servicios escolares.
El Ministerio de Educación, Juventud y Deporte ha lanzado un proyecto de intervención temprana para niños en situación de riesgo que se basa en la cooperación interdisciplinar; en mayo de 2005 se aprobó un nuevo material para la formación de personal profesional. Se han diseñado programas de educación especiales para ayudar a las organizaciones no gubernamentales en su trabajo de integración social en las regiones con un gran número de romaníes.Se ha ofrecido asistencia para transporte, vivienda y material escolar a más de 3.000 romaníes socialmente desfavorecidos de las escuelas secundarias. Asimismo, se han destinado recursos de la Unión Europea para la integración de la población romaní.
El Sr. BUREŠ (República Checa) dice que la Estrategia Nacional para el Trabajo de la Policía con las Minorías Nacionales o Étnicas tiene cuatro pilares principales. Primero, se han nombrado funcionarios de enlace en los servicios regionales de la policía para supervisar las relaciones de la policía con los miembros de las minorías nacionales y étnicas, los extranjeros y los socialmente desfavorecidos.Segundo, se han nombrado ayudantes civiles, en ocasiones pertenecientes a las comunidades minoritarias, en zonas donde hay minorías numerosas. Tercero, se han elaborado planes de acción regional para el trabajo policial con las minorías. Cuarto, se han introducido incentivos para animar a los miembros de las minorías a unirse a las fuerzas de policía. Es difícil medir la eficacia de la estrategia en la reducción de los casos de maltrato de miembros de las minorías nacionales y étnicas por parte de la policía.Sin embargo, en 2005 se denunciaron tres casos de maltrato de la policía y ningún caso en 2006.
El número de delitos por motivos raciales ha disminuido ligeramente: en 2005 se registraron 253 casos, que representan el 0,07% de todos los delitos denunciados en la República Checa, y 248 casos en 2006. Sólo una quinta parte de ellos incluía violencia por motivos raciales.
El Sr. SHEARER elogia al Estado Parte por el proyecto de ley contra la discriminación descrito en el segundo informe periódico. El proyecto de ley contiene disposiciones innovadoras, como el “motivo presunto”, y aspectos muy positivos, incluido el destacado papel que desempeñan la sociedad civil y el Ombudsman. Sin embargo, en vista del reciente rechazo por el Parlamento checo de un proyecto de ley similar, el orador se pregunta si es probable que sea aprobado y qué indicios de apoyo han dado en líneas generales los partidos políticos representados en el Parlamento. Además, el orador se pregunta si el Gobierno checo tiene intención de aplicar la Recomendación nº 2 de política general de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia sobre los órganos especializados en la lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia a nivel nacional.
A pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno, incluida la aplicación de la Estrategia Nacional para el Trabajo de la Policía con las Minorías Nacionales o Étnicas, el Comité ha continuado recibiendo denuncias de hostigamiento de la policía contra esas minorías y los extranjeros. Un informe de una organización no gubernamental hacía referencia a señales claras de antagonismo hacia las minorías, en particular los romaníes. El orador pide que la delegación informe al Comité de las tendencias en las denuncias de dicho hostigamiento y que proporcione información detallada sobre los procesamientos relacionados.
La legislación checa que promueve la igualdad entre ciudadanos y no ciudadanos parece compleja y difícil de aplicar. La información proporcionada al Comité sugiere que existen una serie de barreras culturales y lingüísticas para su aplicación, en particular con respecto a la vivienda. El orador pregunta qué medidas prácticas se han adoptado o se están estudiando para hacer más accesible la información sobre el derecho a la vivienda en otros idiomas aparte del checo. Las medidas con ese fin pueden incluir la publicación de folletos en los principales idiomas de los no ciudadanos y la creación de oficinas de asesoramiento para no ciudadanos.
El orador desea saber si el conocimiento del idioma checo es un requisito para adquirir la ciudadanía y si la ley reconoce la doble nacionalidad.
La Sra. MOTOC pregunta qué están haciendo las autoridades checas para garantizar que los programas dirigidos a reducir el desempleo de las comunidades romaníes sean eficaces. La oradora acoge con satisfacción el hecho de que los tribunales estén tramitando casos de discriminación contra los romaníes por los empleadores.
La oradora pide a la delegación que comente las denuncias de que las pruebas oficiales utilizadas para determinar si los escolares padecen alguna discapacidad psíquica eran tendenciosas contra los niños romaníes, al no tener en cuenta las diferencias culturales.Se ha denunciado que los responsables de la gestión de las escuelas estaban motivados económicamente para clasificar a los niños romaníes como discapacitados psíquicos en vez de socialmente desfavorecidos; la oradora pide a la delegación sus comentarios al respecto. Si son ciertas las denuncias de que muchos niños romaníes fueron llevados a instituciones especiales para huérfanos y niños abandonados en lugar de escuelas normales, la oradora agradecería una explicación.
Con respecto a la atención de la salud, la oradora pregunta si la supuesta inferioridad en la atención prestada a los miembros de la comunidad romaní se puede atribuir a la debilidad del sistema o a una discriminación contra los romaníes.
Al parecer, a pesar de los programas gubernamentales para eliminar la discriminación contra los romaníes en el mercado inmobiliario, los romaníes sufren desproporcionadamente el desahucio y la segregación. La oradora pide a la delegación que aclare la situación.
Una serie de encuestas independientes indican que, si bien el racismo en general no es un problema en la República Checa, presenta la mayor incidencia de sentimiento contrario a los romaníes de todos los países de Europa Central y Oriental. Por lo tanto, la oradora se pregunta si el Gobierno ha considerado dirigir las campañas contra el racismo para abordar específicamente la discriminación contra los romaníes. Asimismo, la oradora pregunta si las disparidades entre las estadísticas sobre el número de romaníes que viven en el Estado Parte facilitadas por fuentes oficiales y las que proceden de fuentes de la sociedad civil se pueden explicar por el temor de los romaníes a la discriminación. ¿Ha aumentado el número de juicios relacionados con la discriminación contra los romaníes en los últimos años?
La oradora pide a la delegación que comente las denuncias de que personas consideradas incapaces legalmente han sido privadas de sus derechos, en particular del derecho a la vida familiar.
El Sr. O’FLAHERTY dice que el Estado Parte ha respondido a las preguntas sobre la educación en materia de derechos humanos con información detallada sobre numerosos cursos, pero no ha transmitido la idea de un programa nacional sistemático y claro dirigido a ampliar los conocimientos sobre los derechos humanos y las obligaciones en virtud del Pacto. El orador sugiere que el Gobierno formule un plan de acción de enseñanza de los derechos humanos que pueda recibir asistencia de ACNUD. En su defecto, será necesario hacer más para aumentar el conocimiento y la comprensión del Pacto y de los procedimientos del Protocolo Facultativo entre abogados, profesores y miembros de las profesiones de atención sanitaria. Se debe prestar más atención a la enseñanza de los derechos humanos en las universidades, y el orador pregunta si existe algún centro académico especializado en derechos humanos.
En cuanto a la redacción del segundo informe periódico, el orador desea conocer el grado de participación del Comisionado Gubernamental para los Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos y la sociedad civil.
El orador pregunta si el Gobierno considerará, además de su publicación en el sitio web oficial, la obtención de copias en papel de las observaciones finales del Comité y posiblemente su envío a todas las bibliotecas públicas y a la biblioteca del Parlamento.
Sir Nigel RODLEY solicita una aclaración adicional sobre los poderes aparentemente conferidos en virtud de la legislación checa a los médicos en términos de internamiento, tratamiento de los internos y tutela legal. El orador pregunta si, tras las enmiendas legislativas, ya no es posible poner a las personas bajo tutela legal sin una decisión de los tribunales y sin ser informadas.En opinión del orador, los abogados no están mejor dotados que los médicos para que se les confieran tales poderes.
La Sra. MAJODINA pregunta qué mecanismos se han establecido para vigilar la aplicación de las medidas adoptadas para combatir la discriminación contra los romaníes. La oradora señala que la discriminación histórica con frecuencia deja un legado de discriminación sistémica persistente que es difícil de detectar ya que es sutil o indirecta. Dado que las medidas incluyen una acción afirmativa, la oradora desea saber qué parámetros de referencia se han establecido para determinar que la acción afirmativa ya no será necesaria, concretamente, una vez que se haya logrado una igualdad sostenible entre los romaníes y el resto de la población.
El PRESIDENTE destaca la preocupación del Comité ante la interpretación que hace la República Checa del alcance y la naturaleza de los dictámenes del Comité sobre los casos previstos en el Protocolo Facultativo. El Comité tiene el mandato de presentar sus conclusiones sobre los casos presentados por las personas con arreglo a dicho Protocolo. La adopción de medidas jurídicas para abordar cualquier infracción es una de las obligaciones del Estado Parte en el marco de sus compromisos. Otra de las preocupaciones del Comité es la discriminación contra los miembros de la minoría romaní. El Gobierno no sólo debe aprobar una legislación sino también adoptar medidas prácticas para proteger los derechos humanos y sancionar a los culpables de cualquier infracción.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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