Comité de Derechos Humanos

105º período de sesiones

Acta resumida de la 2900ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el jueves 12 de julio de 2012, a las 15.00 horas

Presidenta :Sra. Majodina

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40del Pacto (continuación)

Informe inicial de Maldivas

Cuestiones de organización y otros asuntos

Proyecto de declaración preliminar del Comité sobre el fortalecimiento de los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto (continuación)

Informe inicial de Maldivas (CCPR/C/MDV/1; CCPR/C/MDV/Q/1 y Add.1)

1. Por invitación de la Presidenta, la delegación de Maldivas toma asiento a la M esa del Comité.

2.El Sr. Jameel Ahmed (Maldivas) presenta el informe inicial de su país (CCPR/C/MDV/1) y dice que su Gobierno dispone de una política de protección de los derechos humanos y se ha adherido a los instrumentos internacionales básicos de derechos humanos con miras a velar por el cumplimiento de las normas fundamentales a escala nacional. Ya se habían registrado avances importantes incluso antes de que la nueva Constitución se aprobara en 2008, en particular por lo que se refiere al establecimiento de una institución nacional de derechos humanos, el nombramiento de las primeras magistradas del país y la introducción de un programa de reforma. Desde que se aprobó la nueva Constitución, en la que figura una extensa declaración de derechos, el país ha celebrado sus primeras elecciones multipartidistas libres y justas, ha suprimido la prohibición para las mujeres de presentar su candidatura a la presidencia, ha establecido varios órganos de supervisión independientes, entre ellos una Comisión del Servicio Judicial y una Comisión de Integridad de la Policía, así como una fiscalía pública, y ha adoptado medidas para crear un poder judicial plenamente independiente. También se ha promulgado recientemente, con apoyo de diversos partidos, nueva legislación por la que la violencia doméstica se tipifica como delito.

3.Es desafortunado que, pese a esos avances, numerosos instrumentos legislativos cruciales previstos en el programa de reforma y necesarios para dar cumplimiento a los derechos y principios consagrados en la nueva Constitución no hayan pasado de la fase de redacción y debate. Esa legislación, que sigue en etapa de preparación, consta de proyectos de ley en materia de libertad de información, prisiones y libertad condicional, igualdad y no discriminación, acoso sexual, salud mental, libertad de reunión y trata de personas. Además, muchas instituciones esenciales, como la Comisión de Derechos Humanos, están en fase de adaptación a los cambios derivados de la nueva Constitución y la transición a una democracia basada en los derechos humanos, por lo que no han podido cumplir eficazmente su mandato. También es considerablemente limitada la capacidad del poder judicial, que es independiente desde fechas recientes. En el ámbito internacional, Maldivas ha realizado grandes avances en la ratificación de los instrumentos fundamentales de derechos humanos y la presentación de informes al respecto, pero sus mecanismos de aplicación todavía deben fortalecerse en gran medida.

4.En 2012, Maldivas experimentó cambios importantes que tuvieron consecuencias claras para los derechos protegidos por el Pacto. A raíz de la detención y secuestro a mediados de enero del Presidente del Tribunal Penal, Abdulla Mohamed, y la ulterior negativa del Presidente Nasheed a ponerlo en libertad, pese a la orden dictada por el Tribunal Supremo, se vivieron semanas de malestar que culminaron con la dimisión del Presidente.

5.El sucesor del Presidente Nasheed fue el Vicepresidente Waheed, que en las elecciones de 2008 había sido debidamente elegido por sufragio popular en una candidatura conjunta y una plataforma común de políticas. Así pues, aunque la entrada en funciones del Presidente Waheed supone una continuación del gobierno más que un cambio y cumple plenamente las correspondientes disposiciones constitucionales, algunos partidos cuestionaron la naturaleza y la secuencia exactas de los acontecimientos a raíz de los cuales había dimitido el Presidente Nasheed, así como la legitimidad de la actual Administración, con lo cual se perpetuaron las tensiones políticas. Para resolver esas cuestiones y divisiones, el Presidente Waheed creó una Comisión de Investigación Nacional encargada de examinar las circunstancias que habían desembocado en el traspaso de poder, determinar la responsabilidad con respecto a toda violación de los derechos humanos que hubiera tenido lugar y sentar las bases de la reconciliación y el diálogo. Está previsto que la Comisión, que es plenamente imparcial e independiente de todas las ramas del Gobierno, dé a conocer sus conclusiones para fines de agosto de 2012.

6.Al asumir su cargo, el Presidente Waheed publicó una hoja de ruta en la que se exponía una serie de compromisos encaminados a hacer frente a las dificultades que encuentra el país en los ámbitos judicial, social y de la gobernanza y consolidar su frágil democracia. Esos compromisos consisten en restablecer la confianza pública en las instituciones democráticas defendiendo el estado de derecho, formando un gobierno de unidad nacional, respetando las disposiciones constitucionales y los derechos humanos, reformando el poder judicial, salvaguardando la libertad de los medios de comunicación y organizando en 2013 elecciones libres y justas. También se comprometió a entablar diálogos con distintos partidos para encontrar soluciones a las constantes tensiones políticas.

7.A raíz de este esfuerzo por fomentar el diálogo y generar consenso, los maldivos, por lo general, han podido seguir llevando su vida cotidiana, pero las constantes protestas que organizan en la capital los partidarios del ex Presidente hacen prácticamente imposible la vida normal. La noche anterior a la sesión actual, por ejemplo, se prendió fuego al coche de un ministro, seis agentes de policía resultaron gravemente heridos y varios periodistas recibieron heridas en la cabeza. No obstante, el orador desea recalcar que el uso de la fuerza es mínimo, que la policía se contiene al máximo y que las fuerzas del orden están adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

8.El Gobierno se opone a todos los actos de violencia; las recientes protestas fueron de carácter violento. Las restricciones que se impusieron y las medidas de dispersión de las multitudes adoptadas por los agentes del orden se ajustaron al derecho interno y al deber jurídico y moral de las fuerzas del orden de proteger a los ciudadanos y velar por que las personas actúen sin transgredir los límites de una reunión pacífica. Los mecanismos nacionales competentes investigarán toda denuncia de uso excesivo de la fuerza.

9.En cuanto a los progresos de su país en la aplicación del Pacto, el orador reconoce que el formato empleado para su informe inicial, consistente en un breve documento específico para el tratado con referencias cruzadas a un documento básico común (HRI/CORE/MDV/2010), ha sido objeto de algunas críticas. A ese respecto, desea recalcar lo siguiente: en primer lugar, el formato en que se presentó el informe se determinó con el objeto de reducir al mínimo los retrasos; en segundo lugar, Maldivas es un pequeño Estado en desarrollo con muy escasa capacidad para preparar por separado informes correspondientes a cada uno de los ocho tratados de derechos humanos en los que es actualmente parte; y, en tercer lugar, tanto el documento básico común como el informe específico para el tratado se prepararon con apoyo del ACNUDH.

10.En cuanto a la situación del Pacto en la legislación interna, en el artículo 93 de la nueva Constitución se establece que los instrumentos jurídicos internacionales deben convertirse en leyes internas concretas para ser aplicables en Maldivas. Por ese motivo, para acercar más la legislación nacional a las obligaciones de Maldivas de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, se han redactado varios proyectos de ley nuevos. Entre los que son actualmente objeto de examen cabe destacar una nueva legislación de lucha contra el terrorismo y una revisión del Código Penal que, desafortunadamente, el Parlamento tiene ante sí desde hace años. Sin embargo, la actual Administración espera que se apruebe antes de las próximas elecciones.

11.Se han registrado avances importantes en el ámbito de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, y recientemente se ha creado un nuevo Ministerio de Género, Familia y Derechos Humanos que se ocupa de las cuestiones relativas a la igualdad y la discriminación. El Gobierno cuenta también con una política nacional en materia de igualdad de género que promueve la igualdad sustantiva, y está preparando, con apoyo de diversos partidos, legislación interna específica para incorporar los derechos y obligaciones que figuran en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

12.La transición a la democracia también ha afianzado la posición con respecto a la prevención de la tortura y los malos tratos en las cárceles, y en los apartados 45 y 46 del artículo 16 se han incorporado disposiciones y salvaguardias detalladas. No obstante, esas disposiciones todavía no se han citado ante tribunales. Tras la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se estableció en la Comisión de Derechos Humanos un mecanismo nacional preventivo encargado de visitar periódicamente centros de reclusión. El mecanismo realizó 13 visitas en 2009 y publicó varios informes. Aunque todas las cárceles cumplían las normas mínimas, los informes dan idea de un sistema que se esfuerza por sobrellevar la presión derivada del carácter inadecuado de las instalaciones, la capacitación, los procedimientos y la disciplina, lo cual menoscaba los derechos y el bienestar de los presos y pone en peligro a los funcionarios.

13.La labor en curso encaminada a mejorar el sistema ha consistido, hasta la fecha, en renovar la cárcel de Maafushi, separar a los reclusos por género y tipo de delito, reinstaurar la libertad condicional, crear programas de rehabilitación y reintegración y volver a introducir programas de capacitación de los funcionarios. El proyecto de ley sobre las prisiones y la libertad condicional, que se presentará en breve, se considera instrumento fundamental para mejorar las prisiones de Maldivas y modernizará y racionalizará el sistema penitenciario haciendo mucho más hincapié en la rehabilitación.

14.En lo que respecta a la libertad de religión, el orador dice que su Gobierno no tiene previsto retirar su reserva al artículo 18 del Pacto. Ser maldivo y ser musulmán son condiciones relacionadas entre sí e inseparables, y es amplio el apoyo público a que el país siga siendo musulmán al cien por cien, si bien se permite a los residentes extranjeros no musulmanes practicar en privado otras religiones.

15.El derecho a la libertad de reunión sin necesidad de obtener permiso previo se ha consagrado en el derecho maldivo, y las manifestaciones y marchas están permitidas de conformidad con los derechos constitucionales de todos los maldivos. Por desgracia, garantizar el ejercicio responsable de ese derecho sigue planteando problemas, pues algunos sectores de la sociedad entienden que la libertad de reunión es absoluta. Por ejemplo, a menudo se celebran manifestaciones políticas a altas horas de la noche sin habérselo notificado debidamente a las autoridades competentes y con poca o ninguna consideración de los derechos y el bienestar de los demás.

16.La libertad de prensa ha mejorado apreciablemente. Se creó un consejo de medios de comunicación independientes que actúa como órgano de autorregulación, y en mayo de 2012 el Presidente cedió el control de la Corporación Nacional de Radio y Televisión de Maldivas, con lo cual eliminó toda la influencia gubernamental en las emisiones públicas. La nueva Administración también está adoptando las medidas necesarias para que los periodistas puedan trabajar eficazmente y en condiciones de seguridad durante el período previo a las próximas elecciones.

17.La Sra. Adam (Maldivas), resumiendo y complementando las respuestas escritas de su Gobierno a la lista de cuestiones (CCPR/C/MDV/1/Add.1), dice que los derechos consagrados en el Pacto no son aplicables directamente en Maldivas, sino que se aplican por conducto de la Constitución y la legislación secundaria pertinente. La nueva Constitución de 2008 protege la gran mayoría de los derechos del Pacto, al igual que formaliza la creación y el mandato de la Comisión de Derechos Humanos, creada en 2003, de conformidad con los Principios de París.

18.Como todos los Estados, en la lucha contra el terrorismo Maldivas aspira a hallar un difícil equilibrio entre la garantía de su seguridad nacional y la protección de los derechos humanos y las libertades. No obstante, la nueva legislación de lucha contra el terrorismo, una vez aprobada, deberá asegurar que el derecho de Maldivas por el que se rige ese ámbito coincide plenamente con las obligaciones internacionales del país, incluidas las contraídas en virtud del Pacto.

19.Por lo que se refiere a la discriminación, aunque en la Constitución de 2008 se establece que todos los ciudadanos disfrutan de los mismos derechos y libertades sin discriminación alguna, su Gobierno reconoce que hace falta mejorar la protección de conformidad con el actual marco legislativo secundario y que son necesarios más progresos legislativos. Por ejemplo, aunque el país ha adoptado numerosas medidas para mejorar la condición de la mujer en la esfera pública y eliminar la discriminación por motivo de género en el empleo y otros ámbitos, las mujeres siguen siendo objeto de discriminación de hecho. Los estereotipos sexistas negativos están institucionalizados y siguen siendo un importante obstáculo para la igualdad. Asimismo, la oradora puede confirmar que el Gobierno no tiene previsto retirar su reserva al artículo 16 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer por lo que se refiere a la herencia.

20.Sigue vigente la moratoria para la pena de muerte, aunque un miembro del Parlamento que no ostenta ningún cargo ha presentado una enmienda a la Ley de clemencia alegando que la pena capital puede servir para reducir la tasa de delitos violentos, que aumenta constantemente.

21.Como confirman las cifras presentadas en respuesta a la pregunta 9 de la lista de cuestiones, el número de denuncias de tortura y malos tratos recibidas por la Comisión de Integridad de la Policía aumentó espectacularmente desde 2008 a medida que la institución crecía y se desarrollaba. Desde que la Ley de la policía entró en vigor, se ha procedido a dos inculpaciones formales, se siguen investigando otras tres denuncias y se ha cesado por conducta indebida a casi 100 agentes de policía.

22.Aunque también se ha registrado un aumento acusado del número de casos de violencia doméstica denunciados e investigados, el Gobierno es consciente de que las cifras siguen sin reflejar con exactitud la magnitud del problema. Se espera que con la aplicación del proyecto de ley sobre violencia doméstica las víctimas estén más dispuestas a presentar denuncias. El Gobierno está decidido a hacer frente a la prevalencia de la violencia contra la mujer y la cuestión de la impunidad, y en febrero de 2008 modificó las directrices pertinentes sobre imposición de penas para garantizar que estas fueran más apropiadas. También se han puesto en marcha programas de capacitación y sensibilización dirigidos a agentes de policía, magistrados y otros funcionarios públicos en relación con el maltrato de niños, la violencia doméstica y el acoso sexual.

23.Aunque la actual Administración respeta rigurosamente la norma con arreglo a la cual una persona no puede permanecer más de 24 horas detenida sin una orden judicial, no cabe duda de que el anterior Gobierno incumplió la norma en varias ocasiones. A pesar de las intensas presiones nacionales e internacionales a raíz de las cuales se puso en libertad al Sr. Abdul Gayoom, parlamentario detenido y recluido arbitrariamente en 2010, varias figuras políticas, entre ellas el actual Ministro del Interior, fueron objeto de injusticias semejantes en 2011. La nueva Administración está prestando pleno apoyo a las instituciones competentes para que se respete el debido procedimiento de detención y reclusión.

24.La Constitución de 2008 estableció el poder judicial como entidad separada e independiente del Estado, y, aunque en los tres últimos años la independencia se ha visto a veces en peligro, el actual Gobierno está decidido a defender el principio de independencia y seguirá avanzando a partir de los progresos realizados.

25.El Gobierno no tiene previsto retirar las restricciones a la libertad de religión, pero está decidido a respetar la libertad de opinión, expresión y reunión.

26.El Sr. O' Flaherty dice que, aunque los derechos civiles y políticos son objeto de un tratamiento bastante extenso en el documento básico común, no considera que el modelo elegido por el Estado parte para presentar informes sea especialmente eficiente. Además, entre los órganos creados en virtud de tratados está generalizado el consenso de que los informes integrados no son un mecanismo eficaz y de que son necesarios informes detallados específicos para cada tratado, además de un documento básico sólido. El orador insta al Estado parte a adoptar en el futuro o bien el marco normalizado de presentación de informes, o bien el procedimiento basado en una lista de cuestiones anterior a la presentación del informe.

27.Aunque la información adicional presentada en la exposición verbal con respecto a la lista de cuestiones ha sido muy útil, es preocupante la insinuación de que la Constitución ajusta debidamente en el plano interno los derechos previstos en el Pacto. Por ejemplo, el idioma y la religión están excluidos de la lista de motivos de discriminación prohibidos que forma parte de la declaración de derechos de la Constitución, y el artículo 16, que permite limitar, cuando se juzgue necesario, un derecho o libertad previsto en la Constitución para proteger los principios del islam, tiene un alcance preocupantemente amplio. No obstante, el orador no considera esencial la adopción de un modelo monista, siempre que el poder judicial esté abierto a la posibilidad de que se invoquen tratados con fines de persuasión. Pregunta si el Estado parte se plantea esa posibilidad, así como la de incorporar las disposiciones del Pacto en programas de capacitación judicial.

28.Observando, por último, que el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos ha incluido a la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas en la categoría "B" únicamente porque su mandato no abarca todos los derechos y libertades fundamentales y porque los no musulmanes no pueden ser nombrados comisionados, pide garantías de que se eliminarán las restricciones.

29.El Sr. Salvioli, observando con satisfacción los progresos del Estado parte y la retirada de su reserva al artículo 17 del Pacto, dice que le sigue preocupando la persistencia de los obstáculos a la participación de la mujer en la vida pública y política, así como el reducido porcentaje de mujeres que forman parte del parlamento o el poder judicial. En vista de que se han mencionado los estereotipos sexistas como factor decisivo al respecto, pregunta qué estrategias existen para luchar contra los estereotipos, si se han llevado a cabo campañas de sensibilización pública, incluso en las escuelas, y si se aplican cupos para aumentar la participación de la mujer en la política.

30.En vista de la vinculación entre la discriminación y la violencia doméstica, también le preocupó enterarse de que, en casos de violación, es necesario el testimonio de dos hombres o cuatro mujeres para obtener una condena. Dado que en otros ámbitos jurídicos parece que el testimonio de una mujer tiene el mismo peso que el de un hombre ante un tribunal, invita a la delegación a explicar esa anomalía.

31.El orador insta al Gobierno a incluir la orientación sexual entre los motivos de discriminación expresamente prohibidos en toda nueva ley de lucha contra la discriminación que se elabore y a acelerar la ratificación del Convenio Nº 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación), de 1958.

32.En relación con el párrafo 40 de las respuestas escritas, pide a la delegación que aclare los motivos del trato diferente dispensado a las mujeres en relación con la herencia, así como la compatibilidad de esas disparidades con el artículo 3 del Pacto. También pide a la delegación que explique el motivo de que estén prohibidos los matrimonios entre mujeres musulmanas y extranjeros no musulmanes y la manera en que el hecho de que los homosexuales puedan ser objeto de ostracismo e incluso flagelación es compatible con el artículo 6 de la Convención, así como la afirmación del Estado parte de que ninguna ley discrimina expresamente a las personas por su orientación sexual.

33.Observando que la discriminación de la mujer prevalece en todo el mundo, también en Estados no musulmanes, y que, en consecuencia, no cabe atribuirla a la religión, insta al Estado parte a hacer frente al machismo y los estereotipos, que son factores fundamentales de que se mantenga el statu quo.

34.La Sra. Waterval, refiriéndose a la propuesta de enmienda de la Ley sobre clemencia, dice que agradecería que se explicara la diferencia entre un proyecto de ley presentado por un miembro del Parlamento que no ostenta ningún cargo y un proyecto de ley presentado por un parlamentario. En vista de que, en virtud de la propuesta, la pena de muerte pasaría a ser obligatoria si el Tribunal Supremo la confirma, la cuestión es muy preocupante, especialmente porque, en algunos casos, podría considerarse que los menores de edad incurren en responsabilidad penal. La oradora desea obtener información sobre las posibles consecuencias de la aprobación de la enmienda e insta al Estado parte a que, en su lugar, estudie la posibilidad de adoptar legislación encaminada a abolir por completo la pena de muerte. También desea saber si el Estado parte dejará sin efecto la enmienda para cumplir lo dispuesto en el Pacto en caso de que el Parlamento la apruebe.

35.El Sr. Thelin dice que comparte con el Sr. O'Flaherty las preocupaciones suscitadas por el modelo adoptado para presentar informes. También comparte sus preocupaciones con respecto a la posición que ocupa el Pacto en relación con la legislación interna, pues, si los derechos civiles y políticos consagrados en la Constitución están supeditados a principios religiosos, puede cuestionarse la universalidad de esos derechos, propugnada en el Pacto.

36.Reconociendo que es probable que la reciente evolución de los acontecimientos haya modificado las perspectivas por lo que se refiere a los estados de emergencia y la lucha contra el terrorismo, pregunta si el proyecto de ley de lucha contra el terrorismo, que lleva cuatro años en fase de redacción, se está demorando por cuestiones técnicas o por falta de apoyo político. ¿Se ve obstaculizada la aprobación del proyecto de ley por rivalidades políticas semejantes a las que, según se reconoce con toda franqueza, impiden que se apruebe el nuevo Código Penal?

37.Según las respuestas escritas, las indemnizaciones recibidas por las víctimas de las explosiones ocurridas en el Parque del Sultán no fueron concedidas por los tribunales, sino por el Ministerio de Turismo, lo cual parece salirse de lo habitual. En consecuencia, se agradecería que se aclararan los motivos de que los tribunales que condenaron a los autores no hayan concedido las indemnizaciones, aunque los heridos fueran todos extranjeros, así como las indemnizaciones concedidas.

38.Volviendo a la clara declaración por el Estado parte de que no tiene previsto retirar su reserva al artículo 18 por lo que se refiere a la libertad de religión, el orador dice que en el párrafo 109 de su documento básico el Estado parte parece renunciar en cierta medida a esa posición. El hecho de que no haya formulado reservas a los artículos 2, 20, 26 y 27 da a entender que se mantienen algunos elementos de la libertad de religión, y, tal como el Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias observaba en un informe de 2007, parece que la reserva solo se aplica a los aspectos de la manifestación de la libertad de religión, pero no al derecho a tener o adoptar la religión o creencia que uno prefiera. De ser correcta esa interpretación, no ve motivo para que el Estado parte no pueda retirar la reserva en su totalidad.

39.Habiendo recibido inquietantes noticias de torturas sistemáticas y sistémicas y de falta de mecanismos adecuados para tramitar las denuncias, el orador desea saber si la Comisión de Investigación Nacional creada para examinar lo ocurrido a principios de 2012 también se encargará de investigar toda denuncia de tortura que surja o si los tribunales seguirán siendo competentes para conocer de esos incidentes. En vista de que prosiguen las protestas y manifestaciones, también desea saber cuál será la autoridad competente en relación con los incidentes ocurridos desde febrero, observando que, a pesar de las garantías del Estado parte por lo que se refiere a la contención y al uso mínimo de la fuerza, inevitablemente surgirán denuncias de malos tratos. La delegación mencionó los apartados 45 y 46 del artículo 16 en relación con la prevención de la tortura y los malos tratos, pero no queda claro si esas disposiciones figuran en una ley vigente o en un proyecto de ley presentado al parlamento.

40.El orador celebra las estadísticas detalladas relativas a las denuncias recibidas por la Comisión de Integridad de la Policía, establecida en 2008 por la Ley de la policía. Sin embargo, en vista de que la Comisión funciona dentro de la estructura de la fuerza de policía y el Ministerio del Interior, se pregunta si dispondrá de la independencia necesaria para ocuparse de las denuncias presentadas contra las fuerzas de seguridad. De hecho, gran parte de las denuncias se desestiman, y la fiscalía pública no recibe más de tres casos al año. También pregunta por los mecanismos para tramitar las denuncias presentadas por reclusos de abusos cometidos por el personal penitenciario. Observando que, por motivos de economía, las fuerzas de defensa y la policía colaboran, pregunta por la manera en que se abordan las denuncias de abusos cometidos por agentes de fuerzas de defensa. ¿Se dirigen las víctimas a la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, o a un fiscal o la policía?

41.El orador cita un informe publicado en junio de 2012 por la organización no gubernamental internacional conocida con el nombre de Redress, que ha emprendido una investigación de la tortura en Maldivas de 1978 a 2008 y ha obtenido testimonios de víctimas. En el informe se mencionan 24 casos de tortura, de ninguno de los cuales se ha ocupado el sistema de justicia penal. Según Redress, gran parte de los entrevistados denunció violencia y abusos graves y reiterados sufridos por personas bajo custodia estatal. Las torturas y los malos tratos consistían en colgar al detenido, golpearlo con puños y porras, darle patadas, vendarle los ojos y esposarlo, dislocarle las articulaciones y romperle los huesos, ahogarlo o arrojarlo al mar, sumergirlo en un tanque de agua, causarle quemaduras, deslumbrarlo con luces intensas, dejarlo varios días a la intemperie atado a un árbol y, en un caso, atarlo a la jaula de un cocodrilo. También eran habituales las agresiones y humillaciones sexuales. Gran parte de los testimonios coinciden en que el único límite de las torturas y los malos tratos infligidos era la imaginación de los funcionarios responsables. Es cierto que los presuntos abusos se cometieron durante el régimen anterior, pero el régimen actual es responsable de investigar los hechos y enjuiciar a los autores, pues si persiste el clima de impunidad estos seguirán abusando de las personas bajo su control.

42.De conformidad con el párrafo 55 de las respuestas a la lista de cuestiones, la Comisión de Integridad de la Policía no está facultada para promover la rehabilitación e indemnización de las víctimas. El orador pregunta si las solicitudes de indemnización deben dirigirse a los tribunales y si se están adoptando medidas para rectificar la situación.

43.Celebra la promulgación de la Ley de violencia doméstica y la modificación de las directrices sobre imposición de penas para garantizar que esta sea más apropiada en el caso de autores de abusos sexuales. Sin embargo, en el párrafo 61 de las respuestas no queda claro si las sentencias condenatorias impuestas consisten fundamentalmente en multas o en penas de prisión.

44.El orador observa que el Estado parte está pasando de un sistema de pruebas basado en confesiones a otro de carácter forense. No obstante, la sharia se sigue aplicando a los casos de relaciones sexuales extramaritales, que, de no haber confesión, han de sustentarse en el testimonio de cuatro hombres. Cabe sostener que esa disposición constituye una violación del Pacto. También plantea cuestiones con respecto a la violación dentro del matrimonio, que naturalmente ha de tipificarse como delito. Pregunta si Maldivas cuenta con centros para acoger a mujeres víctimas de abusos sexuales.

45.Según el "informe paralelo" de la Comisión de Derechos Humanos, ninguna ley prohíbe los castigos corporales en las escuelas, pero el Ministerio de Educación sí los prohíbe. No obstante, en el párrafo 72 de las respuestas se sostiene que los castigos corporales están prohibidos por ley. El orador pide que se aclare la situación.

46.Pregunta qué delitos son punibles con flagelación de conformidad con la sharia y si esas sentencias condenatorias se cumplen en la práctica. De conformidad con el párrafo 75 de las respuesta, las mujeres tienen muchas más probabilidades de ser azotadas en público que los hombres. Parece que el Gobierno procura velar por que esos castigos no se apliquen de forma discriminatoria. A su juicio, la manera más fácil de conseguirlo consistiría en abolirlos por completo.

47.Sir Nigel Rodley, refiriéndose al traspaso de poderes que tuvo lugar en febrero de 2012, observa que, según la delegación, el Sr. Nasheed y el Sr. Waheed fueron elegidos por sufragio popular en una candidatura conjunta y una plataforma común de políticas en las elecciones de 2008. Según el artículo 112 b) de la Constitución, todo candidato a la presidencia debe anunciar públicamente el nombre del Vicepresidente que se presenta con él. Entiende que ambos cumplieron ese requisito. También pregunta si el nombre del Vicepresidente propuesto, es decir, el Sr. Waheed, aparecía en la papeleta electoral.

48.En relación con la voluntad del Presidente Waheed de celebrar elecciones libres y justas en 2013, el orador pregunta si antes se habían programado elecciones para esa fecha. Cuando se produjo el traspaso de poderes, el Gobierno prometió en un principio celebrar elecciones en 2012, de lo cual se retractó posteriormente. Habida cuenta de que conviene que el público refrende la legitimidad del nuevo Gobierno, pregunta por los motivos del cambio de plan.

49.En vista de que se aduce que el ex Presidente tal vez firmara la carta de dimisión bajo coacción, el orador aguarda con interés las conclusiones de la Comisión nacional de investigación, cuya publicación está prevista para agosto de 2012. Sea cual sea el resultado, es tal el grado de polarización del país que puede que convenga preparar de algún modo a la sociedad maldiva para garantizar el mantenimiento del orden público. Parece haber cierta contradicción en la presentación verbal de la delegación. Una vez se afirmaba que los maldivos habían podido seguir llevando su vida cotidiana con normalidad, pero a continuación se sostenía que las protestas violentas hacen prácticamente imposible la vida normal en la capital. Convendría saber más de lo que hace la sociedad maldiva ante circunstancias que, patentemente, generan gran tensión.

50.El Sr. Iwasawa dice que el informe inicial de Maldivas, aunque se presentó con bastante rapidez si se compara con los de otros Estados partes, incumple, lamentablemente, las directrices revisadas del Comité (CCPR/C/2009/1), aprobadas en octubre de 2010. No obstante, el documento básico (HRI/CORE/MDV/2010) es bastante detallado, y muchas partes guardan relación con el Pacto. También reconoce que Maldivas es un pequeño país insular en desarrollo con capacidad limitada de preparar informes para los numerosos órganos creados en virtud de tratados. Además, las respuestas escritas son muy amplias.

51.El orador insta a las autoridades maldivas a adoptar para sus futuros informes periódicos el nuevo procedimiento del Comité, basado en una lista de cuestiones anterior a la presentación del informe.

52.El Sr. Neuman, haciendo referencia al proyecto de ley relativo a la aplicación de la pena de muerte, pone de manifiesto el artículo 6, párrafo 4, del Pacto, con arreglo al cual toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte, pudiendo concederse la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital en todos los casos. El Estado parte no ha formulado reservas en relación con esa disposición. Su reserva al artículo 18 no es aplicable al artículo 6.

53.El Sr. Ben Achour dice que en la Constitución de Maldivas, redactada en 2008, figuran disposiciones semejantes a las de las constituciones de casi todos los países musulmanes. En el capítulo 2 se exponen los derechos y libertades fundamentales universalmente reconocidos, pero en el artículo 2 se afirma que Maldivas es una república basada en los principios del islam. Se garantizan los derechos y libertades siempre que sean compatibles con los preceptos islámicos. En ese sentido, el lugar que ocupa la religión en la Constitución repercute directamente en cuestiones relativas a la familia, la mujer, la ciudadanía, el derecho penal y otras muchas cuestiones. El orador insta al Estado parte a inspirarse en una interpretación modernista del islam orientada en gran medida a compaginar los preceptos religiosos con los derechos humanos universalmente reconocidos.

54.Pregunta por la medida en que la legislación penal de Maldivas permite castigos corporales como la flagelación, la lapidación, la amputación y otras sanciones islámicas.

55.Algunas organizaciones no gubernamentales sostienen que las autoridades maldivas no están adoptando medidas suficientemente firmes para hacer frente al uso de la violencia, especialmente por parte de las fuerzas del orden contra opositores políticos del Gobierno. El orador pregunta por las medidas que se están adoptando para vigilar y controlar las conductas abusivas, especialmente por parte de la policía.

56.El Sr. Bouzid dice que, según el párrafo 75 de las respuestas a la lista de cuestiones, el Código Penal no establece la flagelación como pena. No obstante, esta se administra como castigo por determinados delitos previstos en la sharia. Pregunta si la imponen tribunales ordinarios o tribunales especiales de la sharia.

57.Observando que, según el mismo párrafo, las mujeres tienen más probabilidades de ser azotadas en público pese a que la utilización de pruebas forenses puede remediar esa discriminación, el orador pregunta si actualmente se utilizan pruebas forenses en los casos de adulterio. También pregunta si el Gobierno está adoptando medidas para abolir la pena de flagelación.

Se suspende la sesión a las 17.15 horas y se reanuda a las 17.20 horas.

Cuestiones de organización y otros asuntos

Proyecto de declaración preliminar del Comité sobre el fortalecimiento de los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados (continuación)

58.La Presidenta invita al Comité a examinar el proyecto de declaración preliminar (documento sin signatura) distribuido a los miembros.

Preámbulo

59.El Sr. Thelin dice que el término "adicionales" en la nueva oración tercera del preámbulo ("El Comité conviene en que el sistema debe fortalecerse, en particular mediante la recepción de recursos adicionales adecuados") puede inducir a error. Sugiere volver a redactar la frase para que diga "en particular mediante recursos suficientes y sostenidos".

60. Así queda acordado.

61.El Sr. Neuman, haciendo referencia al texto añadido a la penúltima oración ("El Comité recuerda que el proceso intergubernamental debe respetar la integridad de los respectivos tratados, adoptar un enfoque basado en múltiples interesados, respetar las facultades de los órganos creados en virtud de tratados para decidir sus propios métodos de trabajo y reglamentos y garantizar su independencia"), dice que él solo propuso la primera y la tercera de esas obligaciones. No se opone a que se añada la obligación de garantizar la independencia de los órganos creados en virtud de tratados, pero no lo tiene tan claro en cuanto a la afirmación de que debe adoptarse un enfoque basado en múltiples interesados, pues el fundamento jurídico al respecto no es tan sólido. Sugiere eliminar ese elemento.

62.El Sr. O' Flaherty explica que el fragmento es una combinación de las sugerencias presentadas por diversos miembros del Comité. Conviene en que debe eliminarse la referencia a un enfoque basado en múltiples interesados.

63.El Sr. Thelin sugiere eliminar la expresión "adoptar un enfoque basado en múltiples interesados", sustituirla por la conjunción "y" y mantener la referencia a garantizar la independencia de los órganos creados en virtud de tratados.

64.Sir Nigel Rodley dice que la referencia a garantizar la independencia de los órganos creados en virtud de tratados podría dar la impresión de que el Comité está indebidamente a la defensiva, como si sintiera que su independencia se ve amenazada. En consecuencia, preferiría eliminarla también.

65.La Presidenta dice que también le preocupa la actitud defensiva implícita en la frase, pues la independencia de los órganos creados en virtud de tratados ha de darse por sentada.

66.El Sr. Thelin dice que conviene recordar a los Estados que la labor de los órganos creados en virtud de tratados es independiente; es firme partidario de que se mantenga la referencia a la necesidad de garantizar esa independencia.

67.El Sr. O' Flaherty está de acuerdo con el Sr. Thelin.

68. Queda aprobado el preámbulo en su forma enmendada.

Párrafo 1

69.El Sr. Flinterman propone que se elimine de la segunda oración el término "más" en la expresión "reconociendo al mismo tiempo sus consecuencias más problemáticas".

70. Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.

Párrafos 2 a 4

71. Quedan aprobados los párrafos 2 a 4.

Párrafo 5

72.El Sr. Kälin dice que en la última oración debe sustituirse "con sujeción a las disposiciones de los tratados" por "con sujeción, sin embargo, a las disposiciones de los respectivos tratados", pues los distintos tratados difieren en algunos aspectos.

73. Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.

Párrafo 6

74.Sir Nigel Rodley dice que, en la primera oración, el término "preocupación" no suena bien, pues está vinculado con las observaciones del Comité sobre situaciones negativas en los Estados partes. Propone en su lugar "duda", "escepticismo" o "recelo".

75.El Sr. O' Flaherty sugiere "inquietud".

76. Queda aprobado el párrafo 6 en su forma enmendada.

Párrafo 7

77.El Sr. Bouzid dice que el párrafo debe redactarse con mayor firmeza, pues el Comité debería acoger con satisfacción las soluciones amigables convenidas por Estados partes en casos particulares. No obstante, esas soluciones deben respetar los principios establecidos en virtud de la aceptación del Pacto por las partes.

78.El Sr. O' Flaherty dice que el grupo de trabajo también consideró al principio de sus deliberaciones que las soluciones amigables deberían acogerse con satisfacción, pero ha quedado claro que todavía deben abordarse algunas cuestiones. En ese sentido, la formulación expresa deliberadamente la voluntad de contención.

79.La Sra. Waterval, observando que las soluciones amigables no se mencionan en el Pacto ni en el Protocolo Facultativo, dice que debe seguirse examinando el tema.

80.El Sr. Salvioli dice que las soluciones amigables son importantes porque los Estados suelen cumplir mejor los acuerdos concertados con autores de denuncias. Sin embargo, es fundamental velar por que los órganos creados en virtud de tratados puedan aprobar o rechazar esas soluciones, pues los Estados a veces presionan a presuntas víctimas para que acepten soluciones que no respetan las normas internacionales de derechos humanos establecidas.

81.El Sr. Rivas Posada dice que hay que distinguir claramente entre alentar o acoger con satisfacción las soluciones amigables y tomar parte activa en su facilitación o en la mediación entre las partes, modo de proceder que sería peligroso e inaceptable. El desequilibrio de poder entre el Estado y la presunta víctima suscita, y con razón, escepticismo con respecto a las soluciones amigables, preocupación que queda debidamente expresada en el párrafo.

82.El Sr. Flinterman dice que es preferible mantener el texto actual.

83.El Sr. Thelin está de acuerdo.

84.El Sr. Kälin propone que se agregue al final de la segunda oración el sintagma "así como lo que constituiría la función adecuada de los órganos creados en virtud de tratados a este respecto".

85.Sir Nigel Rodley dice que el Comité tendrá que ocuparse de garantizar que se llegue a soluciones amigables en condiciones de libertad, y no como consecuencia de la desigualdad de poder. Sin embargo, el párrafo no es más que una observación preliminar sobre la cuestión y, como tal, es adecuadamente neutral. En él no se insinúa que el Comité acoja con satisfacción la propuesta, sino que está interesado en ella. Está de acuerdo en que se apruebe con la modificación propuesta o sin ella.

86.La Presidenta, hablando en nombre de un miembro del grupo de trabajo, dice que aceptaría que se aprobara la versión actual, pues en ella se reconoce que existen muchas cuestiones que incluso podrían exponer el procedimiento a abusos. Tampoco se opondrá a que se apruebe la adición propuesta por el Sr. Kälin.

87. Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada.

Párrafo 8

88.El Sr. O' Flaherty explica que el párrafo se ha incluido porque, de excluirse, podría transmitirse la impresión de que el Comité está tratando de evitar una cuestión delicada.

89.El Sr. Rivas Posada dice que no es apropiado que el Comité emita una opinión sobre una cuestión que afecta directamente a los miembros del Comité o guarda relación con su conducta.

90.El Sr. Bouzid dice que no entiende el motivo de que el Comité declare que no formulará observaciones. A su juicio, el párrafo podría omitirse.

91.El Sr. Thelin dice que la exclusión del párrafo podría plantear más cuestiones que su inclusión, que viene a indicar que el Comité no ha pasado por alto la cuestión.

92. Queda aprobado el párrafo 8.

Párrafos 9 a 14

93. Quedan aprobados los párrafos 9 a 14.

94.El Sr. O' Flaherty dice que es importante poner lo antes posible a disposición del público la declaración preliminar y señalarla a la atención de la Asamblea General. Pregunta si la secretaría facilitará la participación de un miembro del Comité en el debate temático sobre el fortalecimiento y la mejora del funcionamiento eficaz del sistema de órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, que se celebrará en Nueva York del 16 al 18 de julio de 2012.

95.El Sr. Thelin dice que el proceso en su conjunto tiene por objeto velar por que un miembro del Comité exprese las opiniones de este en ese debate. Es importante que el Comité esté representado, pues también asistirán presidentes de otros órganos creados en virtud de tratados. Como la Presidenta del Comité de Derechos Humanos no puede aceptar la invitación, sugiere que el Comité convenga en enviar al Sr. O'Flaherty en calidad de Vicepresidente y miembro del Comité con conocimientos especialmente amplios en la cuestión.

96.Sir Nigel Rodley dice que convendría no solo poner a disposición del público la declaración preliminar, sino también transmitírsela a partes especialmente interesadas, como el Presidente de la Asamblea General, sus cofacilitadores en el marco del proceso intergubernamental de fortalecimiento y mejora del funcionamiento eficaz del sistema de órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos y el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, así como informarles de que los demás órganos creados en virtud de tratados también han recibido la declaración.

97.El Sr. O' Flaherty sugiere que la secretaría también envíe directamente la declaración a los 167 Estados partes en el Pacto para velar por su amplia difusión.

98.La Presidenta dice que esa mañana se decidió enviar un representante a la reunión de Nueva York, independientemente de algunos aspectos técnicos, como la emisión de una invitación oficial, que todavía no se han resuelto. La secretaría distribuirá la declaración preliminar a los destinatarios mencionados, a los presidentes de los demás órganos creados en virtud de tratados y, posiblemente, a todos los miembros de la Asamblea General, pues el fortalecimiento del sistema de órganos creados en virtud de tratados incumbe a la Asamblea.

99.El Sr. O' Flaherty dice que todavía no se ha resuelto la cuestión de la autorización del viaje para su asistencia a la reunión de Nueva York.

100.La Presidenta dice que entiende que no habrá obstáculos importantes.

101.El Sr. Walker (secretaría) dice que los cofacilitadores han informado a la secretaría de que los representantes en el debate temático de los órganos creados en virtud de tratados serán el Presidente y el Vicepresidente de la Reunión de los Presidentes, por lo que no se cursará invitación oficial al Comité de Derechos Humanos. No obstante, el debate está abierto a la participación de observadores, y los miembros del Comité pueden asistir a él, si bien, desgraciadamente, la secretaría carece de fondos para financiar el desplazamiento.

102.El Sr. Thelin dice que se opone enérgicamente al hecho de que la secretaría no pueda posibilitar el cumplimiento por el Comité de una de sus decisiones en un momento fundamental para fortalecer el sistema de órganos creados en virtud de tratados.

103.El Sr. Salvioli dice que, en vista de que de los 18 miembros del Comité no todos han asistido al período de sesiones, los correspondientes ahorros tal vez puedan utilizarse para financiar el desplazamiento del Sr. O'Flaherty a Nueva York.

104.La Sra. Waterval respalda la sugerencia del Sr. Salvioli.

105.Sir Nigel Rodley dice que no respalda la sugerencia. El Comité está empezando a comportarse de manera indigna. La falta de fondos no es la cuestión principal. Es muy lamentable que la secretaría no haya encontrado la manera de obtener una invitación para asistir a la reunión de Nueva York, y desea que la cuestión vuelva a examinarse en un plazo de 24 horas en lugar de proceder a la financiación de los gastos del viaje.

106.La Presidenta dice que todavía queda tiempo para colaborar con la secretaría en la solución del asunto.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas .