COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS
90º período de sesiones
ACTA RESUMIDA DE LA 2455ª SESIÓN
Celebrada en el Palacio Wilson, Ginebrael martes 10 de julio de 2007, a las 10.00 horas
Presidente:Sr. RIVAS POSADA
SUMARIO
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40 DEL PACTO (continuación)
Tercer informe periódico de Zambia (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 10.00 horas.
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40 DEL PACTO (tema 6 del programa) (continuación)
Tercer informe periódico de Zambia (continuación) (CCPR/C/ZMB/3; CCPR/C/ZMB/Q/3)
Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de Zambia vuelven a tomar asiento como participantes a la mesa del Comité.
La Sra. KAWIMBE (Zambia) dice que la cifra correcta para la actual tasa de mortalidad materna es de 729 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos. El aborto es ilegal, pero si una mujer sufre complicaciones durante el embarazo que ponen en peligro su vida o la del hijo no nacido, entonces se puede realizar una interrupción del embarazo.Existen centros adecuados para esas intervenciones, cada uno de ellos con tres médicos, en las nueve provincias del país.
El Sr. CHILUNDIKA (Zambia) dice que actualmente hay 297 presos en el pabellón de los condenados a muerte. En mayo de 2007, el Presidente anunció que tenía intención de firmar una ley para conmutar la pena de muerte por algunos delitos a cadena perpetua. Las autoridades penitenciarias presentaron un informe detallando el efecto que tendría esa ley, sin que el Presidente haya respondido aún. No se ha llevado a cabo ningún estudio sobre el efecto de la moratoria de la pena de muerte.
La Sra. IMBWAE (Zambia) dice que, aunque se ha redactado un proyecto de ley sobre la violencia de género con la ayuda de la sociedad civil, el Gobierno de Zambia ha decidido que se requiere una consulta más amplia. La División de la igualdad de género en el desarrollo llevará a cabo una consulta a escala nacional y una auditoría de la legislación existente para determinar las deficiencias en relación con dicha violencia.
El Sr. LYEMPE (Zambia) dice que las refugiadas disfrutan de los mismos derechos que todas las demás personas en Zambia, dado que la Constitución prohíbe toda forma de discriminación. Actualmente hay unas 2.160 refugiadas. La cifra ha disminuido como consecuencia de los programas de repatriación en curso con varios países que han logrado la paz recientemente. Los ciudadanos de otros países sólo pueden ser deportados si el Ministerio del Interior emite una orden para su deportación por motivos como haber sido condenado por un delito o haber realizado actividades que ponen en peligro la paz o la seguridad.Los funcionarios de inmigración pueden deportar a los ciudadanos de otros países únicamente después de que se haya emitido esa orden. Los ciudadanos de otros países tienen derecho a impugnar las órdenes de deportación ante la Corte Superior, como quedó demostrado en el caso de Roy Clarke c. el Fiscal General (CCPR/C/ZMB/3, párr. 259).
La Sra. KAWIMBE (Zambia) dice que los abogados no pueden comparecer en los juzgados locales porque se han formado en derecho legislado, no en derecho consuetudinario. Los juzgadoslocales dependen de los jueces presidentes y las costumbres que prevalecen en la zona en cuestión. Todas las personas, incluidas las mujeres solteras y casadas, tienen derecho a cambiar de lugar de residencia o de ocupación en cualquier momento.
A fin de aplicar los dictámenes de los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados, dichos dictámenes fueron presentados a las autoridades pertinentes, incluidos el Ministro de Justicia y el Secretario del Gabinete. A continuación se encargó a las instituciones pertinentes que aplicasen las recomendaciones de los órganos creados en virtud de tratados y el Comité interministerial de presentación de informes de derechos humanos designó a unos representantes para que supervisaran la aplicación.
La Sra. IMBWAE (Zambia) añade que el Gobierno ha reforzado su capacidad para responder a las recomendaciones de los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados mediante la creación del Comité interministerial de presentación de informes de derechos humanos y la asignación de un presupuesto anual para la aplicación de las disposiciones de los instrumentos internacionales de los que Zambia es parte.
El Sr. ZULU (Zambia) dice que los castigos corporales están prohibidos en virtud de varias leyes nacionales. Toda persona considerada culpable de infligir dicho castigo a un niño en un centro de enseñanza o una institución dedicada al cuidado de los niños comete un delito. Se han adoptado medidas para sensibilizar a las autoridades educativas y a los cuidadores de las instituciones dedicadas al cuidado de los niños acerca de los derechos de los niños y la calidad de la atención prestada, incluido el derecho a no sufrir castigos corporales. También se han realizado otras campañas en los medios impresos y de radiodifusión para sensibilizar al público, incluidos los propios niños.
La Sra. KAWIMBE (Zambia) dice que en el próximo informe de Zambia al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se ofrecerán más detalles sobre las medidas adoptadas para capacitar a las mujeres y mejorar su situación.
La Sra. IMBWAE (Zambia) dice que, con el propósito de incorporar los instrumentos internacionales a la legislación nacional una vez firmados, se han llevado a cabo unas consultas pormenorizadas entre los ministerios, los departamentos gubernamentales y las partes interesadas. Las decisiones resultantes se han incorporado a la legislación nacional.
El Sr. O’FLAHERTY dice que sería útil disponer de más información sobre la situación de hecho con respecto al disfrute de los derechos en virtud del Pacto, con independencia del marco constitucional y jurídico, particularmente dada la prevalencia del derecho consuetudinario en muchas partes de Zambia. El orador pregunta qué medidas se han adoptado para garantizar que se tendrán en cuenta las opiniones de las mujeres en el proceso de reforma y codificación del derecho consuetudinario, especialmente en vista de los numerosos problemas que al parecer encuentran las mujeres en el marco de ese sistema de leyes. También sería útil saber cómo garantizará el Estado parte que en el proceso de reforma el derecho consuetudinario se revisará de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.
El orador solicita información adicional sobre las medidas que está adoptando el Gobierno para desalentar lo que reconoce como malas prácticas, tales como el precio de la novia, la poligamia, la “limpieza sexual” y la apropiación de patrimonio. El orador pide que se aclare si los funcionarios de los tribunales consuetudinarios reciben formación sobre cuestiones de género pertinentes para sus responsabilidades.Resultaría útil saber si abordar los delitos sexuales es una cuestión de alta prioridad para el Gobierno. El orador pregunta cómo se asegura el Estado parte de que los agentes de policía reciban formación en el empleo sobre cuestiones de género y de violencia sexual. Dado que al parecer los castigos corporales se siguen aplicando de forma generalizada, el orador solicita más datos sobre las campañas de información y formación de base comunitaria que se están realizando o se están estudiando.
La Sra. WEDGWOOD pide que se aclare cómo pueden los acusados apelar contra las resoluciones dictadas por los tribunales consuetudinarios si no se permite a los abogados comparecer en dichos tribunales, lo que implica que no queda constancia escrita de sus actuaciones. Dado que existe una excepción constitucional para el derecho consuetudinario, parece ser que las mujeres cuyos movimientos están controlados por sus padres o maridos no disfrutan en realidad de la libertad de circulación.La oradora agradecería una respuesta de la delegación a esa afirmación, y a los informes que sugieren que el precio de la novia se sigue considerando como una adquisición de los servicios de la esposa, resaltando la noción de que las mujeres son propiedad de los hombres.
El Sr. LALLAH pregunta si se ha realizado algún estudio para verificar qué efecto tiene el derecho consuetudinario sobre cada derecho en virtud del Pacto. En caso negativo, el orador pide a la delegación que invite al Presidente a dar instrucciones a los funcionarios de derecho consuetudinario para que estudien el Pacto y examinen el grado de cumplimiento del derecho consuetudinario con sus disposiciones.
Sir Nigel RODLEY solicita información actualizada sobre el estado del caso Lubuto (lista de cuestiones, pregunta 3). El orador agradecería recibir detalles por escrito sobre los casos presentados ante la Dirección de Denuncias contra la Policía, en particular información sobre el número de denuncias por año y la naturaleza y resolución de las mismas. El orador invita a la delegación a comentar un caso denunciado en el cual, el 18 de junio de 2007, unos sospechosos de bandidaje fueron llevados al hospital tras haber sido tiroteados por las fuerzas del orden.Dos médicos que se quejaron del estado de los cuerpos de las víctimas fueron detenidos, planteando cuestiones sobre el uso de la fuerza y la imposición de restricciones por parte de la policía, y sobre la tolerancia policial ante el uso de la fuerza en los interrogatorios. El orador no comprende por qué los informes de la Comisión de Derechos Humanos se publicaron con un retraso de varios años. Si bien el motivo principal para la demora era la supuesta falta de recursos, de hecho costaría muy poco hacer públicos los informes, y se podrían utilizar medios electrónicos. Además, resulta extraño que los informes de la Comisión no se hayan presentado ante el Comité. El orador pregunta si el Estado parte aceptaría recursos de financiación extranjeros a fin de publicar esos informes oportunamente.
La Sra. IMBWAE (Zambia), refiriéndose a las observaciones sobre los informes de la Comisión de Derechos Humanos, recuerda que la Comisión cuenta con financiación del Tesoro, y tiene autonomía para determinar su modo de funcionamiento. La Comisión organiza su propio plan de trabajo de conformidad con su presupuesto y, si bien prepara y publica informes anuales, la responsabilidad con respecto a su frecuencia y el modo de hacerlo –incluida la decisión de publicar o no los informes a través de Internet– recae exclusivamente en la Comisión.
La Sra. CHANDA (Zambia) dice, con respecto a la cuestión del derecho consuetudinario, que los jueces de los juzgados locales reciben una formación adecuada sobre los procedimientos a seguir, de modo que al adjudicar asuntos civiles que involucran al derecho consuetudinario, siguen el mismo procedimiento que el Tribunal Subordinado o la Corte Superior, donde cada parte tiene el mismo derecho a ser oída sin discriminación.
La oradora señala a la atención el hecho de que las sesiones del tribunal consuetudinario se basan en la Ley de juzgados locales; el tribunal consuetudinario no es un tribunal ordinario. Dicho tribunal sigue un procedimiento acelerado, y las partes que no quedan satisfechas con su decisión tienen derecho a apelar al Tribunal Subordinado. Posteriormente se vuelve a iniciar el juicio, fase en la cual se garantiza a las partes el derecho a una representación jurídica.
La Sra. NHEKAIRO (Zambia) dice que se ha emprendido un amplio procedimiento de consulta en las nueve provincias en el contexto de la revisión del derecho consuetudinario. Se ha prestado especial atención a las opiniones de las mujeres y las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de los derechos de las mujeres; esas opiniones se han reflejado en el informe y se tendrán en cuenta de la forma debida en la armonización y codificación del derecho consuetudinario.
La Sra. IMBWAE (Zambia) dice que si bien el proceso de revisión de la legislación nacional tiene en cuenta los distintos tratados y obligaciones internacionales contraídos por Zambia, no puede, sin embargo, hacer caso omiso de los deseos del pueblo de Zambia. Por lo tanto, el Gobierno de Zambia se está esforzando para sensibilizar a los zambianos y convencerlos de la necesidad de apoyar el proceso.
El Sr. KAONGA (Zambia) dice que muchas de las cuestiones planteadas por el Comité en relación con las prácticas tradicionales consideradas perjudiciales han sido abordadas. Los políticos están intentando sensibilizar al público sobre las implicaciones de los rituales de “limpieza sexual” y su relación con el VIH/SIDA, y una campaña nacional vibrante ha conducido a la creación del Ministerio de Género y Desarrollo.
El pago del precio de la novia, conocido como “lobola”, es una práctica común en algunos grupos étnicos que proporciona a la familia de la novia la garantía de que el marido cuidará de ella. Considerando que es esencial contemplar tales prácticas desde un punto de vista cultural –más que intelectual– el orador sugiere realizar un estudio que implique a los dirigentes tradicionales, con vistas a desarrollar una estrategia que integre las sensibilidades culturales en el proceso de revisión.
La Sra. IMBWAE (Zambia) lamenta que “lobola” se considere de forma tan negativa, subrayando que se trata de una tradición apreciada por muchas novias, que no se sienten compradas ni como personas ni por sus servicios.
El Sr. KAONGA (Zambia) señala que Zambia, Zimbabwe y Malawi comparten culturas similares que difieren de aquellos países en los que se realizan prácticas como la mutilación genital.
El Sr. ZULU (Zambia) dice que tras la abolición de los castigos corporales en Zambia, el Ministerio de Educación envió circulares a todas las escuelas informándoles de esa medida. También fueron informadas todas las juntas de educación y las asociaciones de padres y docentes. Los diversos aspectos de la abolición se siguen debatiendo en muchos foros educativos, y los niños de las escuelas y otras instituciones dedicadas al cuidado de los niños participan activamente en la promoción de sus derechos.
Existe un creciente número de instituciones fuera del sistema de educación oficial, y a fin de garantizar que cumplen las normas mínimas nacionales de atención, los funcionarios gubernamentales han impartido formación a los docentes de esas instituciones sobre la necesidad de cumplir esas normas y sobre aspectos relacionados con el maltrato de niños.Se ha incrementado la sensibilización pública a través de programas de radio y televisión en más de 72 idiomas locales, que abordan los derechos de los niños y la violación de esos derechos.Además, se han adaptado los textos oficiales relativos a la promoción de los derechos de los niños para los lectores en general y se han traducido a todos los idiomas locales.Por último, se están desarrollando las capacidades de las inspecciones gubernamentales responsables de supervisar la situación en instituciones con denuncias continuas de casos de castigos corporales.
El Sr. DAKA (Zambia) dice que todos los nuevos agentes de policía reciben formación en cuestiones de género, mientras que los programas de reciclaje para los agentes en servicio incluyen un curso sobre cuestiones de género, normalmente junto con otros cursos. Zambia recibe un patrocinio significativo de organizaciones no gubernamentales como UNICEF y Care International para la formación de los agentes de policía en cuestiones de género y derechos humanos.
En cuanto al supuesto arresto de dos médicos que habían expresado su indignación por el trato de cuatro delincuentes por parte de la policía, los agentes de policía dispararon a los delincuentes y los llevaron al hospital para que certificaran su muerte y posteriormente fueran trasladados al depósito de cadáveres.Tras expresar su indignación públicamente, atrayendo una gran atención, se pidió a los médicos que acompañaran a los agentes de policía a la comisaría, pero no fueron detenidos.De hecho, uno de ellos declaró posteriormente a la prensa que habían mantenido unas “fructíferas discusiones” con la policía, que les había explicado que con frecuencia no tienen más remedio que intercambiar disparos con los delincuentes armados.
El Sr. CHILUNDIKA (Zambia) lamenta tener que informar al Comité que el Sr. Lubuto (lista de cuestiones, pregunta 3) murió en prisión de causas naturales. El Comité recibirá los detalles sobre esta defunción. En cualquier caso, la decisión presidencial sobre la conmutación de su pena de muerte por una cadena perpetua u otra condena prolongada estaba pendiente.
La Sra. KAWIMBE (Zambia) dice que desea rectificar la impresión de que no se concede ninguna prioridad a los delitos sexuales. Mediante la Ley nº 15 de 2005 se ha modificado el Código Penal, introduciendo penas para los delitos sexuales, incluidos la violación, el secuestro y contagiar una enfermedad a un niño. En cuanto al proyecto de ley sobre la violencia por motivos de género, es de amplio alcance, aborda ambos géneros y se está sometiendo a un proceso de consulta para determinar su contenido final.
La Sra. IMBWAE (Zambia), en respuesta a la pregunta 13 de la lista de cuestiones, dice que el Gobierno de Zambia reconoce la necesidad de mejorar las malas condiciones reinantes en los lugares de detención mediante, entre otras cosas, la reducción del hacinamiento y la mejora del saneamiento y el acceso a agua, comida y ropa limpias y atención médica. Esto se logrará a través de una serie de programas y estrategias desarrollados en el marco del quinto Plan de Desarrollo Nacional de Zambia.
Pasando a la pregunta 14, la oradora dice que se ha ordenado a todos los jefes de comisarías que apliquen medidas disciplinarias inmediatas a los agentes de policía que detengan a personas por cuestiones civiles.
Con respecto al caso de los tres periodistas que habían sido declarados culpables de “flagrante desacato a la Asamblea Nacional” (pregunta 15), se invita al Comité a tomar nota de que la Corte Superior resolvió el asunto en el caso de Fred M’membe y otros. La Corte Superior falló que la Asamblea Nacional no tiene poder para condenar a una persona a prisión ya que esto es contrario al principio de la separación democrática de poderes. A continuación declara que la función del Parlamento es promulgar leyes, mientras que interpretar las leyes y dictar sentencia es el cometido del poder judicial.
Los jueces disfrutan de una seguridad constitucional en el cargo (pregunta 16). Normalmente abandonan el cargo cuando se jubilan a los 65 años. Un juez sólo puede ser relevado de sus obligaciones por el Presidente, de conformidad con el artículo 98 de la Constitución y sujeto a las conclusiones de un tribunal.
En las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2001, los partidos políticos no se limitaron a los medios de comunicación estatales, sino que también tuvieron acceso a las emisoras de radio de las comunidades para proporcionar información sobre los candidatos y los manifiestos (pregunta 17).
En relación con la pregunta 18, el Gobierno de Zambia desea informar al Comité que el examen de la petición de invalidación de la elección presidencial ha concluido y que el Tribunal Supremo ha emitido un fallo sobre el asunto en 2005. La Corte ha fallado que la elección del actual Presidente es válida.
A pesar de que el Código Penal estipula que un niño menor de 8 años puede ser penalmente responsable de sus actos bajo determinadas circunstancias, la actual Ley de menores contiene suficientes disposiciones para salvaguardar la integridad y el desarrollo de los niños de 8 a 12 años (pregunta 19). Asimismo, actualmente se está llevando a cabo una importante reforma del sistema de justicia de menores.
La preparación del informe periódico incluyó amplias consultas entre las partes interesadas, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales y órganos constitucionales como la Comisión de Derechos Humanos (pregunta 20). El Gobierno de Zambia ha organizado talleres en las nueve provincias a fin de elaborar y validar un proyecto de informe. La promoción y protección de los derechos humanos es una prioridad para el Gobierno, como queda demostrado por el hecho de que es uno de los componentes del quinto Plan de Desarrollo Nacional.
El Sr. SHEARER agradece las observaciones autocríticas realizadas por el Estado parte en respuesta a la pregunta 13, reconociendo la necesidad de mejorar las malas condiciones reinantes en los lugares de detención y detallando sus propuestas en el marco del quinto Plan de Desarrollo Nacional para remediar la situación, incluida la construcción de la nueva prisión de Mwembeshi. Si bien no es la práctica habitual del Comité alentar la construcción de prisiones, en el caso actual es inevitable, en vista de la información facilitada por una organización no gubernamental de que las celdas de detención de las prisiones existentes, diseñadas para dar cabida a 30 presos, actualmente alojan hasta 100 presos – un grado de hacinamiento totalmente inaceptable.El orador pide a la delegación que indique si esa información es correcta. Además, el orador desea saber si el Gobierno está estudiando alternativas al encarcelamiento. En el párrafo 235 del informe se indica que se está introduciendo la cuestión de la libertad condicional en el proyecto de enmienda de la Ley de prisiones.El orador pide una aclaración de la definición de libertad condicional en Zambia y se pregunta hasta qué punto la legislación existente o las nuevas leyes propuestas permiten alternativas al encarcelamiento como las condenas suspendidas, que tendrían el efecto deseable de reducir el hacinamiento en las cárceles.
El orador observa con reconocimiento los distintos programas que se están estudiando en relación con las demoras judiciales y la ausencia de mecanismos que faciliten el acceso a la justicia de los pobres y vulnerables.Si bien habitualmente no se suele felicitar a un Estado parte por sus propuestas, el orador considera apropiado reconocer y seguir alentando las buenas intenciones del Gobierno en esas esferas.
Pasando a la pregunta 20, el orador se pregunta qué posibilidades hay de publicar esa información en el sitio web del Gobierno y agradecería que la delegación le facilitase más detalles del contenido del sitio web; asimismo, invita a la delegación a comentar la posibilidad de utilizar el sitio web para informar al público en general del cumplimiento y el progreso de Zambia en la aplicación de sus obligaciones de conformidad con los distintos instrumentos de derechos humanos.
El Sr. KHALIL dice que, según parece, las condiciones de las celdas de la policía en Zambia son espantosas y, según la información a disposición del Comité, con frecuencia las celdas han sido utilizadas para detener a personas que habían incumplido sus obligaciones contractuales hasta que pagaron sus deudas. Así pues, el orador espera que la situación haya mejorado desde la creación del puesto de supervisor de las celdas de la comisaría o agente de custodia. El orador pregunta si los agentes de custodia informan al Ministerio de Justicia o al Ministerio del Interior.
Se han recibido numerosas denuncias de acoso policial e intimidación de periodistas. El Sr. M’membe, Redactor Jefe del único diario independiente de Zambia, denunció que le habían detenido por criticar al Presidente. El Sr. Mukwita, un periodista de una emisora de radio independiente, al parecer fue obligado a dimitir después de realizar una entrevista en la cual supuestamente se había insultado al Presidente. El hecho de que la difamación del Presidente sea un delito penal incumple el artículo 19 del Pacto. Aparentemente, el proyecto de ley presentado en 2002 incluye disposiciones sobre la libertad de expresión que armonizan adecuadamente la ley con el Pacto, por lo que el orador pregunta por qué no se ha aprobado esa legislación y si es probable que sea aprobada en el futuro.
Además, el orador desea saber si algún juez ha sido destituido. Según los informes, muchos magistrados han renunciado debido a las malas condiciones y varios otros han ido a la huelga o no se han presentado a trabajar en protesta por sus bajos salarios y la inadecuada prestación de servicios. El orador confía en que el Gobierno estudiará formas de resolver ese problema.
Asimismo, el orador se congratula de que la reciente legislación establezca un límite de tiempo para plantear conflictos relacionados con los resultados electorales ante los tribunales.
El Sr. O’FLAHERTY pide a la delegación que formule sus observaciones sobre los informes de que a los partidos de la oposición se les impidió celebrar mítines en enero de 2004. El orador también solicita sus comentarios sobre los informes de que Michael Sata, un líder de la oposición, fue detenido en 2005 con cargos de sedición y espionaje, pero no fue juzgado. En 2006, el Presidente de Zambia presuntamente ordenó a la policía que impidiera que el Sr. Sata celebrase una concentración, pero la orden fue anulada por el Subsecretario de Justicia, quien posteriormente fue obligado a dimitir. Ese mismo año, según parece, el Sr. Sata fue acusado de hacer una declaración falsa de sus bienes cuando se presentó a las elecciones presidenciales. El orador desea saber si esos informes son correctos.
Según la Ley electoral de 2006 es ilegal publicar sondeos de opinión y resultados electorales no oficiales. El orador se pregunta si esto es compatible con la libertad de expresión.
El orador desea saber si el Gobierno de Zambia está estudiando medidas para elevar la edad de responsabilidad penal, que actualmente está fijada en los 8 años. El Comité de los Derechos del Niño ha pedido a Zambia que eleve la edad de responsabilidad penal al menos a los 12 años, y el orador pide a la delegación que confirme un informe que dice que en 2003 se detuvo y se encarceló a un niño de 6 años de edad acusado de asesinato. De ser cierto, ¿se ha adoptado alguna medida disciplinaria contra los responsables de esa detención ilegal?
Pasando a un tema que lamentablemente se omitió en la lista de cuestiones, el orador pregunta si el Gobierno de Zambia tiene previsto derogar las disposiciones del Código Penal que tipifican como delito las relaciones homosexuales, con independencia de las costumbres. La información proporcionada por las organizaciones no gubernamentales sugiere que los homosexuales son víctimas de discriminación, abuso, violencia y chantaje por muchos integrantes de la sociedad, incluyendo a instituciones de la sociedad civil, altos funcionarios y la policía. El orador pregunta cómo protege o tiene previsto proteger el Gobierno de Zambia a los homosexuales, un grupo vulnerable, de la discriminación y el maltrato.
El Sr. BHAGWATI pregunta qué medidas ha adoptado el Gobierno para solucionar la falta de magistrados y salas de juicio que están obstaculizando la administración de justicia. El orador desea saber si alguna vez se han tomado medidas disciplinarias contra los funcionarios judiciales.
Además, el orador desea saber cómo se designan los miembros de la Dirección de Denuncias Judiciales, sobre qué tribunales tiene jurisdicción, y por qué no tramita procesos penales, según se indica en las respuestas escritas.El orador pregunta por qué no se han aplicado la mayoría de las recomendaciones de la Dirección y quién decide si sus recomendaciones son válidas.
La Sra. CHANET dice que la prisión preventiva es una norma de hecho en Zambia, no sólo porque la fianza está por encima de las posibilidades financieras de mucha gente, sino también porque en muchos delitos, incluidos los delitos menores de robo de vehículos, no se admite fianza. Tal situación es incompatible con el artículo 9 del Pacto y la oradora solicita una explicación al respecto.
Con respecto a la libertad de expresión, al igual que el Sr. Khalil, la oradora desearía obtener más información acerca del presunto acoso a los periodistas. En particular, la oradora pregunta si la investigación judicial del caso del Sr. Mukuka, que al parecer fue golpeado mientras permanecía bajo custodia policial en 2005, ha concluido y cuáles han sido sus conclusiones. Si bien es aceptable sancionar la difamación del Presidente, la oradora está de acuerdo con el Sr. Khalil en que imponer penas de prisión en tales casos constituye una violación del artículo 9 del Pacto, por lo que la oradora invita a la delegación a comentar el caso.
El Sr. AMOR pregunta qué se está haciendo para mejorar la situación que deniega a los zambianos el derecho a ser juzgados sin dilaciones indebidas. y cuál es el promedio de tiempo que tardan los casos penales y civiles en llegar a los tribunales, la proporción jueces-casos, y el número de abogados. ¿Qué formación en derechos humanos reciben los abogados y jueces?
La Sra. MAJODINA desea saber cómo abordan las autoridades la coacción sexual y la violencia por motivos de género a las que se somete a las reclusas. La oradora pregunta por las medidas adoptadas para asistir a las reclusas que dan a luz en prisión o que tienen niños pequeños a los que cuidar.
En vista de la grave escasez de personal en las instituciones psiquiátricas y la falta de recursos financieros del sistema de atención de la salud, la oradora pregunta qué medidas se han adoptado para garantizar que los enfermos psíquicos reciban un trato humano.
Se interrumpe la sesión a las 11.55 horas y se reanuda a las 12.15 horas.
El Sr. CHILUNDIKA (Zambia) dice que la población carcelaria se ha quintuplicado desde la independencia y muchas cárceles están en un muy mal estado. Esto ha hecho necesario construir nuevas cárceles y reacondicionar las existentes. Se han adoptado medidas para reducir el hacinamiento y ya no se da el caso, por ejemplo, de que 100 presos ocupen celdas previstas para 30. El número de presos de la prisión de Lusaka Central, por ejemplo, se ha reducido de 1.000 a 400. A finales de 2007 se pondrá en marcha un servicio comunitario de prueba como alternativa al encarcelamiento.
Las presas no están sometidas a ninguna coacción sexual o violencia por motivos de género porque la ley estipula que sólo pueden entrar en contacto con agentes de sexo femenino. A las presas embarazadas se les proporciona atención prenatal, pero la mayoría de las cárceles no están diseñadas para niños y son lugares inadecuados para criarlos.No obstante, se autoriza a las madres a cuidar de sus hijos hasta que cumplen los 4 años, edad a la que normalmente son entregados a hogares de acogida o a sus familiares.
La Sra. CHANDA (Zambia) dice que no se ha producido ningún caso de destitución de jueces. En respuesta a las huelgas de los magistrados que demandaban mejores condiciones de servicio en 2004 y 2005, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas para mejorar la situación. Se ha equiparado a los magistrados profesionales con el Fiscal de la República; los magistrados no profesionales están clasificados ligeramente por encima de los funcionarios públicos. Como consecuencia, no se han producido nuevas huelgas motivadas por las malas condiciones del servicio.
A fin de abordar la escasez de salas de juicio, que en parte es responsable de las demoras en la tramitación, se ha construido un nuevo complejo de juzgados con 12 salas de juicio en Lusaka, la provincia más extensa de Zambia. Actualmente se están construyendo otras 12 salas de juicio. El presupuesto para 2007 prevé además la construcción de cuatro nuevas salas de juicio en otras provincias.
Michael Sata fue llevado ante el Tribunal Subordinado acusado de espionaje. Poco después de que se iniciara el proceso, el Sr. Sata decidió presentar su caso ante la Corte Superior a fin de aclarar algunas cuestiones concretas. Una vez que la Corte Superior pronunció su fallo, se reanudó el proceso ante el Tribunal Subordinado. El Tribunal Subordinado ha sobreseído la causa contra el Sr. Sata por una falsa declaración; hasta la fecha el Fiscal General no ha apelado esa decisión.
La Dirección de Denuncias Judiciales no tiene jurisdicción sobre los jueces de los tribunalessuperiores, que son designados por el Presidente. Los procedimientos de medidas disciplinarias están establecidos en la Constitución. La Dirección de Denuncias Judiciales es responsable de examinar los casos de abuso de autoridad por parte de los magistrados, pero no es competente para examinar los fallos que dictan. La Corte Superior es la única autoridad con jurisdicción para la supervisión general de los magistrados.
En el pasado, las personas acusadas de robar vehículos no podían solicitar la libertad bajo fianza. La nueva disposición se introdujo para abordar la elevada prevalencia de estos delitos.En vista de la posterior reducción del número de delitos, se ha enmendado el Código Penal para que se admita fianza por el robo de vehículos. Si las circunstancias financieras de los acusados les impiden disfrutar del beneficio de la fianza, se les puede liberar de las obligaciones de pago a discreción del tribunal.
Se han realizado esfuerzos concertados para abordar los problemas de transporte que impiden el traslado puntual de los acusados al tribunal. En Lusaka se han superado los problemas porque el recién construido complejo de juzgados está situado justo enfrente de la prisión principal. En las demás provincias la policía ha asegurado el transporte suficiente para garantizar el traslado de los sospechosos.
El período máximo para procesar las peticiones de invalidación de las elecciones es de 90 días; no hay límite de tiempo para otros asuntos civiles o penales.En junio de 2007 se celebró una reunión para debatir los límites de tiempo. En la actualidad se exige a los magistrados que presenten estadísticas mensuales sobre el rendimiento individual, que ha reducido el número de detenidos en espera de juicio en la prisión de Lusaka de más de 1.000 a 700. Sin embargo, la responsabilidad por las demoras en la instrucción de las causas no reside únicamente en el poder judicial; también es preciso tener en cuenta las medidas adoptadas por los defensores y las circunstancias específicas de cada caso.
Zambia cuenta con 20 jueces de la Corte Superior, 9 jueces del Tribunal Supremo, 24 magistrados profesionales y 230 magistrados legos. A principios de julio de 2007, 34 nuevos magistrados juraron su cargo, con el objetivo de aumentar el número de magistrados en las zonas periféricas.
La Sra. IMBWAE (Zambia) dice que la Universidad de Zambia lleva organizando cursos diurnos y nocturnos para obtener la licenciatura en derecho desde 2000, y se licencian unos 100 estudiantes al año. El Instituto de Educación Jurídica Avanzada de Zambia acepta unos 100 abogados al año, aproximadamente.
La Sra. KAWIMBE (Zambia) dice que el tercer informe periódico de Zambia y las observacionesfinales del Comité se publicarán en el sitio web del Gobierno, que actualmente está en construcción.
La sección B del informe contiene ejemplos de conducta que se clasifican como difamación civil o penal. La difamación del Presidente es un delito penal. En particular, el caso de Fred M’membe, ejemplifica una conducta que equivale a una difamación. Es necesario equilibrar el interés público frente al interés del individuo. Los periodistas de Zambia disfrutan de libertad de expresión, especialmente en el contexto de su actividad profesional, y la legislación no pretende limitar ese derecho. El Gobierno intenta fomentar un entorno propicio para el disfrute del derecho constitucional a la libertad de expresión, incluso por los medios de comunicación.
El proyecto de ley de libertad de información fue retirado del Parlamento en 2002 a fin de eliminar determinadas disposiciones polémicas. La demora en la promulgación del proyecto de ley ha proporcionado una oportunidad para conocer sus implicaciones para la estructura delservicio público. Su promulgación exige una revisión completa de las estructuras de gestión y recuperación de expedientes en las instituciones públicas. Los periodistas son los principales defensores del proyecto de ley, pero es igualmente importante concienciar a otras partes interesadas de su naturaleza. En el contexto de la lucha contra el terrorismo, el Gobierno ha ordenado a determinadasinstituciones que publiquen información sensible y también ha establecido una comisión de denuncias legales.
El Sr. KAONGA (Zambia) dice que la homosexualidad no se tolera en Zambia, por motivos religiosos y culturales. Lograr unos cambios de actitud que faciliten una aceptación amplia de la homosexualidad exigiría un proceso largo y difícil.
El Sr. DAKA (Zambia) dice que cada comisaría de policía tiene un agente de custodia responsable de garantizar la legalidad y supervisar las condiciones de las detenciones.El funcionario informa al jefe de la comisaría. En relación con la labor de la Dirección de Denuncias contra la Policía, se presentarán estadísticas adicionales por escrito.
La información específica sobre los mítines previstos por el Partido de la República de Zambia y el Partido Unido para el Desarrollo Nacional, y los motivos para su prohibición se proporcionarán a su debido tiempo. Después de un fallo del Tribunal Supremo en 2005, la policía introdujo un nuevo sistema para la aplicación de la Ley de orden público, y desde entonces no se han recibido denuncias relacionadas con la aplicación de la Ley.
El Gobierno de Zambia lamenta profundamente la detención por asesinato de un niño de 6 años y agradece la rápida intervención de las organizaciones no gubernamentales que llamaron la atención sobre el caso. El niño ha sido puesto en libertad, pero no tenía conocimiento de ninguna medida disciplinaria contra los funcionarios en cuestión.
La Sra. IMBWAE (Zambia) dice que todos los abogados reciben formación en derechos humanos. La Dirección de Denuncias Judiciales está compuesta por eminentes abogados y jueces con décadas de experiencia.
La delegación de Zambia no puede proporcionar información específica sobre la situación de los hospitales psiquiátricos. Sin embargo, el sector sanitario en general padece una grave escasez de personal y la crisis ha afectado a todos los centros de salud, incluidos los hospitales psiquiátricos.
La Sra. WEDGWOOD dice que el Comité agradecería la presencia de la Comisión de Derechos Humanos de Zambia en su próxima reunión con el Estado Parte. La imposibilidad de esa Comisión para publicar su informe anual debido a la falta de fondos implica directamente al Gobierno, que es el responsable de su financiación.
La oradora pregunta si el Estado parte ha considerado la posibilidad de introducir el denominado “derecho de traslación” que permitiría a las personas que no desean comparecer ante un tribunal consuetudinario presentar su caso directamente ante un tribunal de primera instancia.
Las largas demoras en la instrucción de los casos es motivo de profunda preocupación y es incompatible con el Pacto. Aunque las medidas adoptadas para animar a los magistrados a acelerar los procedimientos son encomiables, debe existir una disposición para el sobreseimiento de un caso una vez que concluya un plazo determinado.
Sir Nigel RODLEY pregunta si el único impedimento para la publicación del informe anual de la Comisión de Derechos Humanos es la carencia de financiación. De no ser así, el orador desea obtener información sobre cualquier otro problema.
Si bien el orador aprecia que cambiar la percepción pública de la homosexualidad no es una tarea sencilla, no se deben utilizar las creencias religiosas y consuetudinarias como justificación para la discriminación.
El Sr. BHAGWATI pregunta si es cierto que todas las recomendaciones, excepto una sobre la libertad de expresión, efectuadas por la Comisión de Reforma de la Constitución constituida en 1993 fueron rechazadas. De ser así, el orador desearía conocer los motivos. Otra comisión de reforma establecida en 1999 llegó a conclusiones similares y el orador desea saber qué medidas se adoptaron, en su caso, en respuesta a sus recomendaciones.
La Sra. NHEKAIRO (Zambia) dice que, según la legislación zambiana, la jurisdicción respecto de los asuntos de derecho consuetudinario corresponde a los juzgados locales. Sin embargo, cualquier sentencia, incluidas las dictadas por los tribunales consuetudinarios, se puede recurrir ante el tribunal superior correspondiente. Por tanto, es innecesario enmendar la legislación a fin de ofrecer la posibilidad de eludir los juzgados locales.
La Sra. KAWIMBE (Zambia) dice que no existe una política estatal deliberada para la discriminación de determinadas personas por motivos de su orientación sexual.
La Sra. IMBWAE (Zambia) dice que no tiene conocimiento de los motivos por los cuales la Comisión de Derechos Humanos no ha publicado su informe anual. Por lo que la oradora sabe, la Comisión recibe apoyo financiero de fuentes no gubernamentales. Se invitará a la Comisión a participar en cualquier reunión futura con el Comité.
El PRESIDENTE, resumiendo el debate, dice que el Comité sigue preocupado ante determinadas disposiciones que figuran en el derecho consuetudinario y su incongruencia con los derechos garantizados en el Pacto. Si bien el Comité no tiene intención de poner en duda la validez del derecho consuetudinario, su mandato consiste en garantizar la protección de los derechos del Pacto y supervisar los esfuerzos de los Estados partes para armonizar sus leyes locales con el Pacto. El orador insta firmemente al Estado parte a modificar las disposiciones del derecho consuetudinario que son incompatibles con el Pacto. El Estado parte debe continuar sus esfuerzos para aumentar la comprensión del Pacto, incorporar sus disposiciones a la legislación interna y supervisar su aplicación.
La Constitución de Zambia no hace ninguna referencia a los derechos del Pacto que no admiten suspensión en caso de un estado de excepción, por lo que incumple el artículo 4 del Pacto. El propio Estado parte ha reconocido la contradicción del párrafo 92 de su informe y debería adoptar medidas correctivas. El orador anima encarecidamente al Estado parte a presentar su próximo informe sin una demora excesiva, a fin de facilitar el diálogo permanente con el Comité.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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