COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS
88º período de sesiones
ACTA RESUMIDA (PARCIAL)* DE LA 2400ª SESIÓN
celebrada en el Palacio Wilson, Ginebra,el martes 17 de octubre de 2006 a las 15.00 horas
Presidenta:Sra.CHANET
SUMARIO
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 40 DEL PACTO (continuación)
Informe inicial de Honduras (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 40 DEL PACTO (tema 6 del programa) (continuación)
Informe inicial de Honduras (continuación) (CCPR/C/HND/2005/1; CCPR/C/HND/Q/1 y Add.1; HRI/CORE/1/Add.96/Rev.1)
Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de Honduras vuelven a tomar asiento a la mesa del Comité.
La Sra. SÁNCHEZ (Honduras), refiriéndose a la pregunta 18 de la lista de cuestiones (CCPR/C/HND/Q/1), dice que el Registro Nacional de las Personas ha iniciado un programa de registro itinerante para facilitar el registro de los habitantes de regiones remotas del país.Para promover el registro de los nacimientos, el Registro Nacional de las Personas ha abierto 14 oficinas en zonas rurales, ha realizado una serie de campañas de información pública y concienciación y ha simplificado los formularios de registro civil.
La Sra. GARCÍA (Honduras) afirma que el personal de hospitales y centros de salud ha recibido capacitación para registrar los nacimientos que tienen lugar en dichos centros; sin embargo, muchos padres no registran los nacimientos que se producen en el hogar.En el marco del proceso de reforma nacional, el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia defiende la necesidad de un centro nacional de información que elabore estadísticas que facilitarán la identificación de los principales problemas que afectan a los niños y las familias.
La Sra. NARVÁEZ PUERTO (Honduras), refiriéndose a la pregunta 19, indica que el nuevo Gobierno considera que el acceso a la tierra es un derecho fundamental de las comunidades indígenas y negras.En consecuencia, ha creado una unidad técnica dentro del Instituto Nacional Agrario para atender las reclamaciones relativas a la propiedad de la tierra que presentan esas comunidades.La mayoría de los títulos de propiedad ancestrales presentados ante organismos estatales han sido reconocidos y debidamente registrados.Actualmente los esfuerzos se centran en dotar de infraestructuras básicas a las comunidades que habitan esas tierras.También se están realizando progresos en la solución de una serie de demandas de expropiación presentadas por comunidades indígenas y negras, y el Estado ha concedido derechos de propiedad en algunas zonas, incluidas Cayos Cochinos y San Juan.
La Sra. SÁNCHEZ (Honduras) indica que las actividades del Programa Nacional de Educación para los Pueblos Indígena y Afrohondureño incluyen la elaboración de libros de texto en siete lenguas indígenas y en español como segunda lengua, el desarrollo de directrices nacionales para un programa escolar bilingüe y la capacitación de maestros en las comunidades indígenas y negras.Gracias al apoyo internacional, se han equipado unos 300 centros comunitarios para ofrecer educación preescolar en esas comunidades.Se está trabajando para convertir el Programa Nacional en un departamento permanente de educación bilingüe intercultural.
El Sr. LARA WATSON (Honduras) señala que la Secretaría de Gobernación y Justicia ha diseñado un programa para brindar apoyo a las comunidades indígenas y negras.El programa consta de tres componentes principales:selección y diseño de infraestructuras básicas, en especial, saneamiento; capacitación de representantes de federaciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales interesados en asuntos de las poblaciones indígena y negra, y elaboración de un proyecto de ley para incorporar los derechos de esas poblaciones a la legislación nacional; y, finalmente, supervisión y evaluación de la ejecución del programa.
La Sra. ESTRADA DE UCLÉS (Honduras) dice que el Instituto Nacional de la Mujer realiza actividades de seguimiento con el fin de asegurar la efectiva aplicación de programas orientados a mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas y negras, en particular de aquellos que persiguen fomentar y proteger los intereses de la mujer en esas comunidades.
El Sr. JOHNSON LÓPEZ, relator para el país, pregunta si se ha encomendado a algún organismo específico la supervisión del adecuado funcionamiento del poder judicial.El orador solicita que se aclaren los retrasos notificados en el tratamiento de determinados asuntos penales, en especial aquellos en los que se ha presentado un recurso de amparo.Asimismo, desea saber qué medidas se han adoptado para brindar atención y educación a los hijos de los reclusos.La delegación debe indicar el fundamento jurídico de la decisión de declarar ancestrales ciertas tierras y, en consecuencia, reintegrables a los grupos indígenas, y cómo se han evitado conflictos de intereses con los anteriores propietarios.
El Sr. ANDO recuerda que en su jurisprudencia el Comité ha establecido una distinción entre el derecho a la libre determinación contemplado en el artículo 1 del Pacto y los derechos de las minorías que figuran en el artículo 27.El orador se pregunta cuál es la postura del Gobierno hondureño respecto a la relación existente entre esos derechos y a quiénes ha designado como sujetos del derecho a la libre determinación en Honduras.Además, pide que se aclare en qué medida el asesinato de Germán Antonio Rivas guarda relación con el derecho a la libertad de expresión.La delegación también debería explicar en detalle las circunstancias que rodearon los asesinatos de Carlos Luna y otros defensores de los derechos indígenas sobre la tierra, y su posible conexión con el derecho a la libertad de expresión.
Dado que para crear un sindicato se requiere un mínimo de 30 trabajadores, el orador desea saber si existen disposiciones legislativas que protejan el derecho de los trabajadores a organizarse, particularmente en el caso de los agricultores.Pregunta si la ley hondureña establece un salario mínimo y si esa disposición se aplica a los trabajadores no sindicados.Finalmente, el orador expresa el deseo de saber si el Gobierno ha adoptado alguna medida para abordar la relación entre los niños cuyo nacimiento no se ha registrado y los niños de la calle.
El Sr. CASTILLERO HOYOS pregunta si el Gobierno tiene previsto organizar campañas de concienciación para funcionarios de prisiones en relación con los reclusos homosexuales.El orador desearía que se le facilitase información acerca del uso de castigos corporales en las prisiones, tanto a adultos como a menores,y pregunta qué medidas se han adoptado para erradicar el maltrato de menores en el hogar.La delegación debe aportar más información sobre el proyecto de ley dirigido a derogar la actual legislación que permite el castigo corporal en el hogar.
El orador desea saber si el Gobierno ha aprobado alguna medida para sancionar a los partidos políticos que incumplan las cuotas de participación de mujeres candidatas y qué mecanismos ha creado para garantizar la aplicación efectiva de la cuota de género del 30%.Los estudios políticos han demostrado que el sistema de cuotas funciona mejor cuando los partidos presentan listas cerradas que cuando presentan listas abiertas.Asimismo, pregunta si se han adoptado otras medidas para promover la participación de las mujeres en las elecciones políticas, especialmente en vista de su desventaja financiera en relación con sus homólogos varones.El orador desea conocer qué medidas ha aprobado el Gobierno para luchar contra la discriminación por motivos de edad, que, según los informes, es habitual en el sector privado.Finalmente, se pregunta si el Gobierno considera oportuno adoptar medidas de acción afirmativa en favor de los pueblos indígenas y Garifuna.
El Sr. BHAGWATI solicita información respecto a la forma de nombramiento, períodos de servicio y aptitudes profesionales exigibles a los magistrados de la Corte Suprema y de instancias inferiores, y pregunta cómo se garantiza la independencia de dichos magistrados.El orador desea saber cuántas personas trabajan en el Despacho del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, cómo fueron seleccionadas y cuáles son sus funciones,Asimismo, expresa el deseo de saber qué medidas se han adoptado para brindar atención y educación a los niños de la calle.
Sir Nigel RODLEY dice que, sin dudar de la buena fe con que la policía hondureña desempeña sus funciones, considera que sería recomendable que autoridades distintas de la policía, como la Secretaría de Justicia, se encargaran de la prisión preventiva y del encarcelamiento tras el juicio.El orador se pregunta si el Gobierno prevé modificar su legislación a tal fin.
El Sr. JIMÉNEZ PUERTO (Honduras) señala que el Gobierno es consciente de la necesidad de poner la gestión de las prisiones bajo la dirección de la Secretaría de Gobernación y Justicia.Se están poniendo en marcha iniciativas para concienciar al público de los derechos que asisten a las personas internadas en centros de detención o cárceles.
La Sra. DUBÓN VILLEDA (Honduras) indica que, aunque se ha aprobado una ley que prevé la creación de un consejo judicial, dicho órgano aún no se ha establecido.El Gobierno sabe que dicho órgano es necesario para garantizar la adecuada supervisión de las actividades del poder judicial.
El período de servicio de los magistrados de la Corte Suprema es de siete años.Estos magistrados son elegidos por el Congreso Nacional entre abogados debidamente colegiados que han sido titulares de un órgano jurisdiccional durante cinco años o ejercido la profesión durante diez.
La Oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se creó por disposición legislativa en 1992 y recibió reconocimiento constitucional en 1994.La misión de dicha Oficina es vigilar el respeto de todos los derechos y libertades fundamentales.
La Sra. GARCÍA (Honduras) indica que el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia ha informado a todas las organizaciones públicas y privadas pertinentes de la necesidad de actuar en beneficio de los intereses de la infancia.Los menores internados en centros de detención administrados por el Instituto tienen derecho a recibir visitas de sus familiares y abogados, y el Instituto proporciona asistencia letrada a los acusados que no pueden costearse un abogado.La función del Instituto está evolucionando actualmente desde la aplicación de políticas al desarrollo de éstas.El Gobierno ha reconocido que debe supervisar y coordinar las actividades de los asociados gubernamentales y no gubernamentales que trabajan con niños, así como habilitar un sistema integral de recopilación de datos sobre niños.
Una gran parte de los niños no asisten a la escuela.Aunque hay aproximadamente 400 niños viviendo en las calles, muchos más trabajan en las calles con permiso paterno y viven en casa.
La Sra. NARVÁEZ PUERTO (Honduras) afirma que la legislación hondureña no contiene disposiciones específicas relativas al reconocimiento de los derechos de propiedad ancestrales de las comunidades indígenas.Varios grupos que reclaman derechos sobre la tierra basándose en la ocupación de ésta han exigido que se incorpore al Código Civil una disposición relativa a esos derechos.Pese al actual vacío legal en la materia, el Gobierno está examinando seriamente varias reclamaciones.
El Sr. JIMÉNEZ PUERTO (Honduras) añade que, si bien un artículo de la Constitución se refiere al deber del Estado de respetar los derechos e intereses de las comunidades indígenas, especialmente en relación con las tierras ocupadas, la falta de una disposición legislativa clara ha dificultado los intentos de resolver la cuestión.El Presidente ha nombrado una comisión para promover el diálogo con las comunidades indígenas y negras, y se ha comprometido a proporcionar a esas comunidades asistencia jurídica en sus reclamaciones de propiedad sobre la tierra.
En lo tocante al caso de Germán Antonio Rivas, las investigaciones del Fiscal General no han detectado por el momento ninguna conexión entre su asesinato y sus actividades periodísticas.
La Sra. PONCE (Honduras) indica que actualmente se está investigando el asesinato de la activista ecologista Janeth Kawas.Dado que sus actividades afectaron a muchas personas, es imposible determinar en el momento actual quiénes pudieron haber sido los autores.Se han escuchado críticas respecto al retraso indebido de las diligencias penales.
La Sra. ESTRADA DE UCLÉS (Honduras) manifiesta que la cuota del 30% de candidatas en las elecciones sólo ha funcionado en los partidos con listas abiertas.Sin embargo, la forma en que se ha aplicado la regla del 30% en las últimas elecciones también ha sido objeto de algunas críticas.Existen planes de introducir cuotas para animar a los miembros de las comunidades étnicas a presentarse a las elecciones.
El Sr. JIMÉNEZ PUERTO (Honduras) dice que el proyecto de ley en proceso de examen establece medidas para garantizar que las personas mayores de 40 años tengan las mismas oportunidades laborales que las más jóvenes.
La Sra. PONCE (Honduras) afirma que la legislación vigente dispone que hombres y mujeres deben recibir idéntica retribución por el mismo trabajo.El hecho de discriminar a las personas por cualquier motivo, incluidos el género o la edad, constituye un delito.Toda persona declarada culpable por ese tipo de discriminación puede ser condenada a penas de entre tres y cinco años de privación de libertad.
El Sr. ANDO pregunta cómo se protege a los trabajadores que no están afiliados a ningún sindicato.
El Sr. JIMÉNEZ PUERTO (Honduras) indica que numerosas disposiciones legislativas nacionales y tratados y convenciones internacionales protegen a todos los trabajadores.Asimismo, los sindicatos negocian contratos colectivos de los que se benefician todos los trabajadores, estén o no afiliados a algún sindicato.
La PRESIDENTA elogia la franqueza de las respuestas de la delegación y los progresos realizados en el respeto de muchos derechos humanos.No obstante, el Comité mantiene su preocupación por las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y las condiciones en las cárceles, así como por los procedimientos de arresto o de declaración de estado de excepción.
El Sr. URBIZO PANTING (Honduras) agradece al Comité el fructífero diálogo.El orador reafirma el compromiso del Gobierno de Honduras de seguir colaborando con el Comité con miras a mejorar la situación de los derechos humanos en Honduras en cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
La delegación de Honduras se retira.
El debate abarcado por el acta concluye a las 16.55 horas.
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