80° período de sesiones
Acta resumida de la 2182ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el jueves 25 de marzo de 2004, a las 10.00 horas
Presidente:Sr. Amor
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto (continuación)
Segundo informe periódico de Lituania (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.
(continuación)
(CCPR/C/LTU/2003/2)
Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de Lituania toman asiento a la Mesa del Comité.
El Presidente invita a la delegación a responder a las preguntas adicionales de los miembros del Comité en relación con las preguntas 1 a 10 sobre la lista de cuestiones.
La Sra. Milǎsiüte (Lituania), en respuesta a una pregunta sobre la restitución de los bienes de los judíos, dice que hay leyes diferentes para los bienes propiedad de particulares y los bienes propiedad de comunidades religiosas. Las leyes que se aplican a los particulares son claras y prevén la restitución, previa presentación del título de propiedad o de los documentos acreditativos de la sucesión legítima.
La situación de los bienes religiosos es más complicada. Nunca ha sido fácil encontrar datos que demuestren que las comunidades actuales son las herederas legítimas de las comunidades a las que se expropiaron los bienes. Ante este problema, en 2002 el Gobierno elaboró las oportunas medidas legislativas. Se creó una comisión que concibió un plan de acción en consulta con el Ministerio de Justicia y el Comité Internacional de Representación de las Reclamaciones de Bienes Comunitarios Judíos en Lituania.
En primer lugar, el Gobierno distinguió entre bienes comunitarios “existentes” y “no existentes”. Se ha preparado una enmienda de la legislación mencionada, que está en espera de ser aprobada por el Parlamento. De conformidad con sus disposiciones, los bienes “existentes” son los edificios, las obras de arte y los objetos religiosos expropiados durante la Segunda Guerra Mundial o la ocupación posterior. A fin de establecer la sucesión legítima, se ha creado un programa de investigación para examinar a fondo los archivos del Estado en busca de pruebas de tales derechos. Se ha calculado el valor monetario de los bienes, que está siendo examinado por el Gobierno, para resolver los casos en que sería necesaria una indemnización en lugar de la restitución. Previa presentación de la documentación acreditativa de la legitimidad de la sucesión, se restituirán los bienes o se pagará una indemnización.
Una vez examinadas las reclamaciones económicas, el proyecto de ley se presentará al Parlamento para su aprobación.
Los bienes comunitarios “no existentes” son los edificios destruidos durante la Segunda Guerra Mundial y la ocupación posterior. El Gobierno actual no es responsable de los actos de la Potencia ocupante y no restaurará los bienes “no existentes” ni pagará indemnizaciones por ellos. La única excepción son las indemnizaciones por los solares de los edificios religiosos bombardeados, sufragadas con cargo a un fondo especial. Todavía se está planificando la restitución de los bienes “no existentes” y Lituania no puede proporcionar más detalles.
Los particulares no pueden apelar al Tribunal Constitucional de Lituania contra decisiones relativas a violaciones de los derechos humanos, pero pueden pedir a los tribunales inferiores que soliciten al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la constitucionalidad de una cuestión jurídica. La causa en la que se plantee el asunto quedará en suspenso a la espera de la resolución del Tribunal. El sistema funciona con eficacia. Lituania lamenta que no haya estadísticas sobre las cuestiones de derechos humanos remitidas al Tribunal Constitucional.
Las penas previstas en el nuevo Código Penal son la privación de libertad, la inhabilitación para ocupar cargos públicos, la privación del derecho a trabajar, multas y servicios comunitarios. La inhabilitación para ocupar cargos públicos es la privación del derecho a ser elegido o designado para ocupar cargos públicos o puestos en organizaciones no gubernamentales. El tribunal impone la pena a su discreción, normalmente por abuso en el ejercicio de cargo público. La inhabilitación para ocupar cargo público puede durar de uno a cinco años. Los servicios comunitarios dependen del consentimiento de la parte convicta y consisten entre 10 y 40 horas de servicios mensuales.
Respecto de las condiciones en las prisiones, los menores y los adultos comparten celda en circunstancias excepcionales con la aprobación del fiscal. El aislamiento se aplica rigurosamente, aunque la legislación no prevé casos excepcionales.
El Sr. Žilinskas (Lituania) dice que el Gobierno de Lituania otorga la máxima prioridad a la violencia doméstica. El Programa nacional de igualdad de oportunidades, establecido en junio de 2003, tiene por objetivo mejorar el marco jurídico para separar al maltratador de la familia y prestar apoyo a las víctimas. Se ha creado una red de centros de crisis para hombres y mujeres. Se necesitan más instalaciones de ese tipo.
La legislación relativa a la violencia contra los niños no ha cambiado significativamente con el nuevo Código Penal. Se ha añadido un nuevo capítulo sobre la responsabilidad penal por coacción sexual, como la violación de un menor y el acoso sexual. Los artículos del Código por los que se establece la responsabilidad penal por delitos contra la salud o la libertad prevén penas más rigurosas cuando se cometen contra menores. La legislación regula la conducta de los tutores.
El Código Civil permite a los niños menores de 14 años que crean que sus padres violan sus derechos dirigirse por sí mismos al Organismo de Protección de los Derechos de la Infancia, al que el personal de capacitación, educación, asistencia sanitaria, policía y otras instituciones debe notificar cualquier incidente de maltrato de niños por sus padres. Se puede apartar de sus padres a los niños cuyas vidas estén en peligro. Los niños víctimas de la violencia y sus familias reciben asistencia psicológica.
No es fácil determinar hasta dónde llega la violencia contra los niños. La policía y las instituciones educativas colaboran para evitar incidentes violentos en los que los niños podrían ser autores o víctimas. El Gobierno está elaborando una base de datos para facilitar el conocimiento del alcance de los abusos sexuales contra los niños y los Estados del mar Báltico están creando una base de datos con los nombres de los niños en situación de riesgo en ese sentido. Además, hay varios servicios de asistencia telefónica y se están organizando varias campañas preventivas.
El Sr. Bliznikas (Lituania) dice que Lituania considera la educación sexual un medio para fomentar los derechos de los jóvenes y que en ella participan organismos oficiales y organizaciones e instituciones no gubernamentales. El Ministerio de Educación tiene dos programas en ese ámbito: el denominado “Cambios” tiene por finalidad ayudar a los niños y niñas de 11 y 12 años a entender los cambios fisiológicos y psicológicos que produce la pubertad y la fisiología del cuerpo humano. Se ejecuta en escuelas secundarias de Lituania y comprende una guía para los profesores, carteles educativos, libros de texto para las niñas y los niños, un folleto para los padres y muestras de productos higiénicos. El programa “Preparación para la familia” y el “Programa universal de educación sexual” abarcan todas las etapas de la maduración, de la etapa preescolar a la secundaria, y comprenden actividades de capacitación de los profesores y foros y seminarios para los padres. La Asociación de Planificación Familiar y Salud Sexual, organización no gubernamental, tiene varios centenares de miembros, entre los que se cuentan doctores, psicólogos, periodistas, profesores, etc. Empresas farmacéuticas organizan con frecuencia seminarios de educación sexual y campañas sobre los anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual y su tratamiento y temas parecidos.
El Presidente invita a la delegación a responder a las preguntas 12 a 20 sobre la lista de cuestiones.
El Sr. Adomavičius (Lituania) dice, en respuesta a la pregunta 12, que, dada su situación geográfica y otros factores económicos y sociales, Lituania es un país de destino, origen y tránsito de víctimas de la trata. El Gobierno está haciendo todo lo posible para solucionar el problema. En 2003, el Parlamento ratificó el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En 2002, el Gobierno aprobó un programa bienal de lucha y prevención para eliminar las condiciones que fomentaban la prostitución y la trata y crear un sistema de medidas preventivas, mediante enmiendas legislativas, diagnósticos, la mejora de la educación, la integración social de las víctimas y medidas contra las organizaciones delictivas involucradas. Un aspecto del programa entrañaba la capacitación de trabajadores sociales, el establecimiento de servicios de asistencia telefónica y la preparación de folletos para las mujeres víctimas de la violencia doméstica, la prostitución o la trata. Además, se está realizando una amplia campaña de concienciación en todos los municipios y aldeas del país, principalmente para advertir a las mujeres y muchachas de los métodos utilizados por los tratantes de seres humanos, enseñarlas a identificarlos e informarlas de los recursos a disposición de las víctimas.
En cuanto a la legislación en el Código Penal en 1998 la trata de seres humanos se tipificó como delito. De conformidad con el nuevo Código Penal de 2003, el delito de compraventa de personas está penado con una sanción de 2 a 20 años de prisión, independientemente de la nacionalidad y el lugar de residencia del autor del delito o del lugar donde se cometa, incluso si el acto no se considera delito en ese lugar. En las actuaciones judiciales, Lituania se ha centrado en aumentar la protección de los testigos y las víctimas, para alentarlos a testificar contra los tratantes. Como en la trata de seres humanos participa la delincuencia organizada internacional, es necesaria una mayor cooperación internacional.
En lo que respecta a la pregunta 13, el Código Administrativo regula la práctica de la detención administrativa y especifica qué instituciones pueden efectuar detenciones. En las fronteras, el Servicio Estatal de Control Fronterizo puede detener durante un máximo de 3 horas, para establecer un atestado, y un máximo de 48 horas, con fines de identificación y determinación de circunstancias adicionales, a las personas que crucen ilegalmente la frontera. En virtud del artículo 271 del Código Administrativo, esas personas pueden apelar contra la detención administrativa ante un tribunal, pero hasta la fecha nadie ha ejercido este derecho.
En cuanto a la pregunta 14, en virtud de la Ley del estatuto de los refugiados, las solicitudes de asilo se pueden presentar por escrito u oralmente en los puntos fronterizos, las comisarías de policía o el centro de registro de extranjeros. El Servicio Estatal de Control Fronterizo interroga al extranjero, recoge sus datos personales, determina su itinerario y examina qué motivos alega para presentar la solicitud. La información se remite al Departamento de Migración, que efectúa una minuciosa investigación y adopta una decisión sobre el estatuto jurídico del solicitante de asilo en 48 horas. No se puede detener a los solicitantes de asilo durante más de 48 horas, salvo por mandato judicial, en cuyo caso ingresan en el centro de registro de extranjeros, pero el juez puede optar por una medida distinta de la detención. Lituania respeta el principio de no devolución. Las solicitudes de asilo sólo se desestiman cuando los solicitantes llegan al país desde un tercer país seguro. Cuando la solicitud se examina de conformidad con el procedimiento ordinario, que dura seis meses, se aloja al solicitante en el Centro de Acogida de Refugiados. Cuando se examina de conformidad con el procedimiento acelerado, que dura un mes, el solicitante vive en el centro de registro de extranjeros hasta que se adopte una decisión.
En lo que respecta a la pregunta 15, la legislación garantiza la privacidad de las comunicaciones telefónicas, con determinadas limitaciones en situaciones extraordinarias para proteger el Estado y el interés general. En virtud de la Ley de telecomunicaciones, aprobada el 9 de junio de 1998, los funcionarios de policía que realicen investigaciones pueden efectuar escuchas telefónicas por mandato judicial previa solicitud del fiscal. El mandato se debe obtener tres días antes del comienzo de las escuchas, de lo contrario, se ha de detener la operación y destruir todas las grabaciones.
La Ley de actividades operacionales dispone que los presidentes de determinados tribunales deben autorizar la utilización de equipo técnico previa recomendación motivada del Fiscal General. En casos urgentes, cuando esté en peligro la vida o la seguridad, el fiscal puede adoptar la decisión, sujeta a la aprobación posterior de un juez.
En lo relativo a la pregunta 16, sobre las diferencias entre las religiones, Lituania reconoce tres categorías de comunidades religiosas: las tradicionales, las reconocidas por el Estado y las de otro tipo. Hay nueve comunidades religiosas tradicionales. El Parlamento puede reconocer oficialmente las comunidades religiosas no tradicionales 25 años después de su registro en Lituania, siempre que sus enseñanzas y prácticas no sean contrarias a la legislación ni a la moralidad. Otras comunidades religiosas no tradicionales pueden verse reconocida personalidad jurídica previo registro.
En lo que respecta a la pregunta 17, el párrafo 3 del artículo 4 de la Ley de leva nacional regula el servicio sustitutorio de quienes no deseen portar armas por sus creencias religiosas o pacifistas. Una comisión especial, integrada por representantes del ejército, médicos y sacerdotes, decide cuál es el servicio sustitutorio adecuado. No obstante, se está elaborando un proyecto de reglamento que permitirá prestar el servicio sustitutorio fuera del marco del sistema de defensa nacional.
En cuanto a la pregunta 18, la legislación de Lituania sobre las actividades y el registro de las asociaciones, las organizaciones no gubernamentales y los partidos políticos es compatible con el Pacto. Desde el 1º de enero de 2004, todas las personas jurídicas tienen la obligación de estar inscritas en el nuevo Registro de Personas Jurídicas, para lo cual han de presentar determinados documentos, entre ellos un certificado de cumplimiento de los requisitos que la ley dispone, que no es necesario en el caso de los sindicatos. Se puede apelar de la denegación del registro ante los tribunales. En virtud del párrafo 13 del artículo 1 del Código Civil, en caso de conflicto entre leyes, prevalecerán las disposiciones de los acuerdos internacionales.
En lo que respecta a la pregunta 19, en 2001 se modificó la legislación para que se puedan pagar las prestaciones por hijos previa solicitud de cualquiera de los progenitores.
En lo relativo a la pregunta 20, en 2002 el Ministerio de Justicia y el Consejo Judicial organizaron un programa de formación de jueces sobre diversas cuestiones internacionales de derechos humanos y aplicación e interpretación de los tratados internacionales, prestando especial atención al Pacto. El Centro de Formación Judicial, fundado en 1997, participó activamente en ese programa. Los jueces y los fiscales también recibieron formación sobre la protección de los derechos humanos en el marco del Proyecto de hermanamiento de PHARE. Un acuerdo especial con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la educación en derechos humanos se centra en los conocimientos sobre derecho y derechos humanos en la enseñanza secundaria mediante cursos para profesores, libros de texto y metodología de enseñanza.
El Pacto se ha publicado varias veces durante los últimos años en Lituania. El texto forma parte de todas las compilaciones de textos sobre los derechos humanos y de todos los libros de texto sobre las normas internacionales de derechos humanos. El Pacto y el informe del Estado parte se pueden consultar en Internet y se traducirán y publicarán las observaciones finales del Comité.
El Presidente invita al Comité a plantear más preguntas a la delegación sobre sus respuestas a la lista de cuestiones.
El Sr. Castillero Hoyos felicita a la delegación por los progresos sostenibles de Lituania en el campo de los derechos humanos, pero agradecerá que se confirme que todos los solicitantes de asilo pueden acceder al proceso de solicitud, independientemente de su país de procedencia, origen étnico o condición social. Se ha tenido conocimiento de que, en septiembre de 2003, se denegó el acceso en la frontera a dos grupos de chechenos, integrados en su mayoría por mujeres y niños. El orador se pregunta qué efecto tendrán las medidas de lucha contra el terrorismo en los solicitantes de asilo, especialmente en lo relativo a la libertad de circulación, el derecho de no devolución y la unidad familiar. En cuanto a la formación de los jueces, desea saber qué medidas se han adoptado o se están estudiando para que los jueces que entiendan en las solicitudes de asilo estén lo mejor preparados posible.
El nuevo Código Laboral prohíbe las huelgas en los servicios esenciales, categoría definida de forma muy amplia, y en otras ramas de la industria es necesaria la aprobación de dos tercios, como mínimo, de los trabajadores por votación para convocar una huelga. Al parecer, los sindicatos tienen demasiadas restricciones.
El orador pregunta qué porcentaje de los residentes en Lituania pertenece a minorías y, en particular, qué porcentaje de quienes tienen derecho de voto y de los afiliados de los partidos políticos pertenece a esos grupos y qué porcentaje de los cargos electos y no electos son desempeñados por miembros de minorías.
El Sr. Ando dice que se ha hablado de la restitución de los bienes de la comunidad judía confiscados durante la Segunda Guerra Mundial y el régimen comunista, y que, a ese propósito, se plantea la cuestión de si se trata a las demás comunidades religiosas en condiciones de igualdad en ese sentido, y, como la mayoría de las confiscaciones tuvieron lugar cuando Lituania era territorio ocupado, se pregunta si se negociaron indemnizaciones con las potencias ocupantes en favor de esas comunidades religiosas. El orador también se muestra interesado por conocer si las comunidades religiosas registradas disfrutan de algún beneficio que no se conceda a las que no lo estén.
Los sindicatos no han gozado de popularidad después de la caída del socialismo. El orador pregunta el número de sindicatos que existen en la actualidad, en qué sectores, si tienen vínculos con las asociaciones internacionales de sindicatos y si los trabajadores extranjeros pueden afiliarse a ellos.
En lo relativo a los malos tratos a los niños, según el párrafo 269 del informe, los niños maltratados por los padres pueden solicitar protección a una institución del Estado. El orador se pregunta cómo puede solicitar un niño muy pequeño esa protección y si el Defensor de los Derechos del Niño puede investigar esas denuncias o remitirlas a otro organismo. Es difícil detectar los malos tratos a los niños. En el Japón, redes de organizaciones no gubernamentales tratan de ayudar a los niños y prestar asistencia a las madres cuya situación desesperada podría llevarlas a maltratar a sus hijos y el orador se pregunta si en Lituania existe algún sistema parecido.
Sir Nigel Rodley manifiesta su interés por determinar el grado en que el nuevo Código de Procedimiento Penal ha cambiado las prácticas anteriores y pregunta si la policía todavía puede detener a los sospechosos sin orden judicial y, en ese caso, bajo qué circunstancias y durante cuánto tiempo y, cuando se detiene a sospechosos antes de que se expida una orden judicial, si la policía puede interrogarlos y si debe hacerlo en presencia de un abogado. El orador también pregunta además en qué etapa del procedimiento se permite a los sospechosos utilizar los servicios de un abogado y si el sistema de asistencia jurídica es eficaz.
En relación con el párrafo 112 del informe, el orador pregunta durante cuánto tiempo se puede prolongar la detención, si se detiene a los sospechosos en locales policiales y, en caso negativo, si se los vuelve a trasladar a esos locales para interrogarlos y si la administración de la prisión preventiva y las prisiones son ahora competencia del Ministerio de Justicia.
Por último, a propósito de las denuncias de malos tratos perpetrados por la policía de Lituana, el orador se pregunta si la delegación puede proporcionar información sobre el número de denuncias presentadas y el curso que se les ha dado.
El Sr. Kälin, en relación con la pregunta 14 sobre la lista de cuestiones, dice que ha estudiado la información complementaria facilitada sobre las prácticas de asilo y manifiesta su preocupación por que sólo se conceda el estatuto de refugiado a unas cuantas personas al año y se pregunta si las promesas consagradas en la legislación sobre el asilo no son más que teóricas. El orador pide más información sobre la situación.
En cuanto a la pregunta del Sr. Scheinin sobre la aplicación del principio de no devolución en casos de tortura inminente, el orador sigue un tanto perplejo y reconoce que expertos extranjeros han declarado que la nueva ley de extranjería está en conformidad con el derecho internacional. En el contexto del terrorismo, no obstante, la mayoría de los casos tiene que ver con la extradición y no la mera deportación de extranjeros. El orador pregunta si, en casos de terrorismo, el Gobierno de Lituania está realmente dispuesto a no aplicar el principio de no devolución.
El Sr. Solari Yrigoyen, en relación con la pregunta 17 sobre la lista de cuestiones, recuerda que, en sus observaciones finales sobre el informe inicial de Lituania, el Comité expresó preocupación por las condiciones del servicio sustitutorio de los objetores de conciencia al servicio militar, en particular, los motivos para otorgar el derecho a realizar dicho servicio y su duración y recomendó que el Estado parte aclarase las razones y los requisitos para realizar, sin discriminación, un servicio sustitutorio por motivos de conciencia o creencias religiosas para garantizar el respeto del derecho de libertad de conciencia y de religión. El informe ante el Comité no ofrece más informaciones sobre la situación reinante en Lituania y el orador se muestra seriamente preocupado por que la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, salvaguardada por el artículo 18 del Pacto, no esté protegida adecuadamente por la legislación de Lituania.
A este respecto, el orador pregunta si los interesados se pueden declarar objetores de conciencia o si deben demostrar que tienen motivos religiosos o pacifistas reconocidos para su objeción y, considerando que la comisión especial a la que se hace referencia en la respuesta escrita a la pregunta 17 parece estar integrada por oficiales militares, se pregunta si los criterios utilizados para determinar si se debe permitir a los interesados realizar un servicio sustitutorio son completamente objetivos. El orador pregunta cuántas solicitudes se aprobaron y cuántas se denegaron el año anterior y si, en caso de denegación, los solicitantes tienen la posibilidad de recurrir y, en ese caso, ante qué organismo. Por último, agradecerá que se le comunique la duración del servicio sustitutorio en comparación con la del servicio militar ordinario y si ese servicio sustitutorio se circunscribe al ámbito militar.
El Sr. Wieruszewski, en relación con la pregunta 12 sobre la lista de cuestiones, desearía más información sobre las medidas concretas adoptadas para aumentar la protección de las víctimas y los testigos y se muestra especialmente interesado por el estatuto de inmigrante otorgado a los ciudadanos extranjeros.
El orador comparte la preocupación del Sr. Kälin por el escaso número de personas a las que se concede el estatuto de refugiado, se pregunta si los solicitantes de asilo pueden desplazarse libremente por Lituania o deben permanecer en centros de registro de extranjeros mientras se tramitan sus solicitudes y pregunta si se permite a los solicitantes de asilo permanecer en Lituania hasta que se resuelvan sus casos cuando inician un procedimiento de apelación contra la denegación del estatuto de refugiado.
La Sra. Wedgwood pregunta si se han adoptado disposiciones específicas para el alojamiento de niños en los centros de registro de extranjeros, observa que la mayoría de los solicitantes de asilo en Lituania son de origen ruso y pregunta si existe el concepto de “apátrida”. En relación con la pregunta del Sr. Ando sobre la sucesión y la restauración de los bienes de las comunidades religiosas, la oradora desearía más detalles sobre los criterios empleados para determinar que las comunidades religiosas actuales son efectivamente las herederas legítimas.
El Sr. Depasquale observa que la trata, en particular con fines de turismo sexual, está aumentando en todo el mundo. Sin embargo, el número de casos denunciados en Lituania es extraordinariamente bajo y no parece reflejar la situación real. El orador se pregunta, pues, si la policía de Lituania mantiene registros de individuos acusados de trata por otros países y espera que la participación del Gobierno de Lituania en las iniciativas internacionales para luchar contra el fenómeno aumente cuando Lituania se adhiera a la Unión Europea.
En cuanto a la legislación laboral en vigor, el nuevo Código de Procedimiento Penal no permite a los abogados afiliados a los sindicatos ejercer ante el Tribunal Supremo y el orador se pregunta qué consecuencias tiene esa restricción en la prestación de asistencia jurídica.
El Sr. Ando señala que, debido a las dificultades económicas de Lituania, a menudo se descuida la salud de las mujeres y desearía saber si las mujeres lituanas tienen acceso a recursos de planificación familiar, métodos anticonceptivos y asistencia durante el parto.
El Sr. Scheinin, en relación con la pregunta 13 sobre la lista de cuestiones, dice que la respuesta por escrito es insuficiente y desea saber si es rápido y eficaz el examen judicial de todos los tipos de detención administrativa, no sólo los casos relacionados con el control de las fronteras.
En relación con la respuesta por escrito a la pregunta 14, el orador pregunta por los procedimientos de detención preventiva aplicables a los extranjeros y los solicitantes de asilo y si hay alguna diferencia entre ellos y se pregunta si los tribunales ven realmente esos casos durante el período inicial de detención de 48 horas o si simplemente se presentan los hechos. En cuanto al párrafo 116 del informe, relativo a los períodos prolongados de detención preventiva autorizados por decisión judicial, el orador pregunta si los tribunales sólo examinan trimestralmente la duración de la detención preventiva y, por último, se pregunta si las apelaciones contra las decisiones en materia del estatuto de refugiado, la protección humanitaria o la deportación tienen efecto suspensivo.
Se suspende la sesión a las 12.00 horas y se reanuda a las 12.15 horas.
El Presidente invita a la delegación de Lituania a responder a las preguntas orales del Comité.
El Sr. Vidtmann (Lituania), a propósito de la participación de las minorías nacionales en la vida pública y política, dice que la población de Lituania está integrada por ciudadanos de 121 países. En virtud del artículo 33 de la Constitución, todos los ciudadanos, incluidos los que pertenecen a las minorías nacionales, tienen derecho a ocupar cargos en la administración pública y participar en el gobierno del Estado en condiciones de igualdad. Las minorías nacionales están representadas en todos los partidos políticos de todas las ideologías y tienen derecho a crear sus propios partidos. En la actualidad, hay cinco partidos de minorías en Lituania y tanto el Partido Polaco de Acción Electoral como la Unión de Rusos Lituanos ocupan dos escaños en el Parlamento. Además, los grupos étnicos minoritarios están representados en los municipios. Una mayoría polaca controla dos concejos municipales del distrito de Vilnius.
La Sra. Milašiūte señala que es necesario modificar la legislación de Lituania sobre la restitución de bienes, porque no es adecuada para la situación de la comunidad judía. Otras comunidades religiosas disfrutan del derecho a la restitución, porque están registradas oficialmente y, por lo tanto, tienen personalidad jurídica. El criterio para la sucesión no se basa en la consanguinidad, sino en los factores culturales. No obstante, es demasiado pronto para tratar detalladamente el asunto, puesto que la legislación pertinente todavía está en fase de elaboración.
Sólo los abogados colegiados pueden ejercer ante el Tribunal Supremo, pero, como hasta la fecha no ha habido ningún caso en que se haya denegado la asistencia jurídica, la oradora no puede proporcionar información sobre problemas al respecto. En cuanto al derecho de huelga y la naturaleza de las prescripciones que afectan a los trabajadores de sectores vitales, el Gobierno ha tratado de equilibrar los intereses de los sectores público y privado. En lo que respecta a la cualificación judicial, los jueces asisten a seminarios y reciben formación oficial y formación entre pares en el lugar de trabajo. Existen procedimientos para subsanar los errores judiciales. En lo relativo a la cuestión de los objetores de conciencia, recientemente dos testigos de Jehová a quienes se había denegado el derecho a prestar servicio sustitutorio han apelado ante los tribunales y han ganado el caso.
El Sr. Vidickas dice que, en virtud del artículo 10 de la Ley del estatuto de los refugiados de Lituania, los solicitantes de asilo no pueden entrar en Lituania desde un tercer país seguro. Compete al Ministerio del Interior y al Ministerio de Relaciones Exteriores determinar si el país en cuestión es seguro o no. En noviembre de 2002, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados intervino ante las autoridades de Lituania después de la devolución de dos grupos de chechenos a Belarús. El Alto Comisionado no constató ninguna violación de la legislación, pero declaró que era necesario supervisar las prácticas de admisión de solicitantes de asilo en el territorio. Se incluyó a un funcionario de la Oficina del Alto Comisionado en el grupo de trabajo encargado de redactar una nueva ley de extranjería. El descenso del índice de concesiones del estatuto de refugiado desde 2000 se debe en parte al establecimiento de otro régimen de protección, por el que se conceden permisos de residencia temporal por motivos humanitarios, así como a una definición restringida del término “refugiado”. En 2002, de las 294 solicitudes de asilo, 240 correspondían a ciudadanos chechenos.
Al 1º de enero de 2004, sólo 7.917 apátridas vivían permanentemente en Lituania. En lo referente a la libertad de circulación de los solicitantes de asilo, en virtud del artículo 12 de la Ley del estatuto de los refugiados, en casos excepcionales se puede detener temporalmente a los solicitantes de asilo en los centros de registro de extranjeros. En lo relativo al efecto suspensivo de las decisiones de asilo, si los tribunales deniegan el asilo, los solicitantes pueden apelar ante los tribunales y no se los puede expulsar mientras no se haya resuelto la apelación. La Ley del estatuto de los refugiados dispone que la policía no puede detener a ciudadanos extranjeros durante más de 48 horas, salvo en circunstancias excepcionales, y únicamente por orden judicial.
El Sr. Žilinskas, en relación con la protección de los derechos del niño, dice que Lituania tiene una amplia red de organizaciones no gubernamentales, a las que los particulares se pueden dirigir cuando se violen esos derechos. El Gobierno apoya a esas organizaciones, colaborando estrechamente con el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo. En lo que respecta a la trata de seres humanos, hay pocas denuncias porque a menudo es difícil que las víctimas aporten pruebas sobre quienes participan en la trata. Las víctimas son reacias a denunciar a los responsables o simplemente no saben de quién se trata. Lituania no tiene grandes conocimientos en ese terreno y no siempre se aplican las prácticas de investigación adecuadas. El Gobierno y las organizaciones no gubernamentales prestan asistencia psicológica y de otro tipo y reinsertan a las víctimas en la sociedad. Se tiene la intención de crear programas al respecto y prestar apoyo a las organizaciones no gubernamentales, entre otras medidas con un fondo especial y centros de protección de las víctimas.
El Presidente, concluyendo el examen por el Comité del segundo informe periódico de Lituania, dice que es importante reconocer todo lo que el país ha hecho y sigue haciendo en favor del respeto de las disposiciones del Pacto. Lituania está elaborando rápidamente la pertinente legislación para confirmar los diferentes instrumentos internacionales que ha ratificado. Además, el Presidente se felicita por los organismos y los mecanismos establecidos para garantizar el respeto de los derechos humanos. El sistema del defensor plantea problemas, pero también es indudablemente una importante contribución a la protección de los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos de Lituania parece desempeñar una función activa y Lituania está en el buen camino.
No obstante, hay problemas pendientes en algunos terrenos, en particular los de la violencia doméstica, el trato dado a los ciudadanos extranjeros y la lucha contra el terrorismo. Evidentemente, el problema de la violencia doméstica no es específico de Lituania. Es difícil combatirlo, pero Lituania debe y podría hacer más al respecto. La protección de los niños es otra área donde hay que esforzarse más. Al parecer, los ciudadanos extranjeros no se encuentran en una situación muy cómoda en Lituania y, a menudo, encuentran dificultades en todas las etapas del proceso de solicitud de asilo y no siempre consiguen lograr la protección de los tribunales. En lo que respecta al origen étnico de los ciudadanos de los países del antiguo bloque soviético, al parecer muchos colectivos étnicos se han recluido en sus comunidades, condenándose de ese modo al ostracismo, y, como consecuencia de ello, se han creado partidos políticos basados en los orígenes étnicos, lo cual podría parecer un reflejo del proceso democrático, pero los riesgos de esas divisiones sociales son evidentes.
Por último, el Presidente señala que la legitimidad de la lucha contra el terrorismo es incuestionable. No obstante, aunque a menudo parece que los países rivalizan por demostrar que han adoptado las medidas antiterroristas más eficaces, deberían recordar que los derechos humanos son siempre una prioridad. Sería bueno que Lituania fuese un poco más clara en ese sentido. Concluyendo su intervención, el Presidente dice que no duda de que Lituania defenderá siempre los derechos humanos y las disposiciones del Pacto.