Comité de los Derechos del Niño

Informes periódicos quinto y sexto combinados que Filipinas debía presentar en 2017 en virtud del artículo 44 de la Convención * **

[Fecha de recepción: 1 de marzo de 2019]

Introducción

1.El presente documento consolida los informes periódicos quinto y sexto de Filipinas relativos a la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que ratificó el 21 de agosto de 1990.

2.El Consejo Estatal para el Bienestar de la Infancia (en adelante, el Consejo) dirigió la preparación de este informe combinado con arreglo a la Orden Administrativa núm. 163, serie de 2006. Adscrito al Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo en virtud del Decreto núm. 233, firmado en 1987, el Consejo tiene el mandato de coordinar la aplicación y el cumplimiento de todas las leyes, y de formular, supervisar y evaluar las políticas, los programas y las medidas en favor de la infancia.

3.El informe se sometió a un proceso de formulación participativo. El Estado, por conducto del Consejo, celebró una serie de consultas con interesados gubernamentales y no gubernamentales antes de que la Secretaría del Comité Presidencial de Derechos Humanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores ultimaran el informe. Dicha Secretaría es el principal organismo asociado del Consejo en este cometido, ejerce su mandato a fin de que el órgano ejecutivo cumpla sus obligaciones generales en materia de derechos humanos, y actúa en calidad de principal órgano asesor del Presidente para que se aborden con eficacia todas las cuestiones relacionadas con los derechos humanos en el país. Entre las principales funciones de la Secretaría figuran la formulación del Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos, de conformidad con las obligaciones contraídas en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, y la adopción de un “enfoque basado en los derechos” en la formulación de dicho plan; la prestación de asistencia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y a sus familias; la evaluación y vigilancia de todos los aspectos relativos a la situación de los derechos humanos; el estricto cumplimiento por parte del Gobierno de todas sus obligaciones en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos en que Filipinas es parte; y la coordinación entre los principales organismos y grupos de trabajo respecto del cumplimiento de lo establecido en cada uno de los tratados internacionales de derechos humanos en que Filipinas es parte.

4.El Estado valora la protección y la promoción de los derechos humanos como cuestión de política acordada en su marco jurídico, la Constitución de Filipinas de 1987 y todas las leyes y reglamentos aplicables.

5.En el momento de redactarse el presente informe el Estado había comenzado a implementar una visión a largo plazo, incorporada en el Plan de Desarrollo de Filipinas (2017-2022). Durante los próximos 25 años el desarrollo del país se guiará por Ambisyon Natin 2040, como visión que aglutinará las aspiraciones de la población filipina con respecto a su vida personal y al país hasta 2040. A principios de 2016, el Organismo Nacional de Economía y Desarrollo encargó un estudio de alcance nacional sobre las aspiraciones, los valores y los principios de los filipinos, que reveló que el 79 % aspiraba a una “vida sencilla y cómoda”. Esto equivalía a la propiedad de una vivienda de tamaño medio, la capacidad de ofrecer educación universitaria a los hijos, ganar lo suficiente para cubrir las necesidades diarias, poseer al menos un coche/vehículo, y poder hacer vacaciones dentro del país. Más concretamente, se demostró que asegurar una educación completa a todos los niños era un deseo universal, independientemente de la situación económica, la región, el entorno urbano o el sector.

6.En los últimos años el Estado ha realizado importantes avances en lo que respecta a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), mediante la participación multisectorial y la colaboración institucional. Ocupó una posición destacada según los indicadores de los ODM relativos al bienestar de los niños, a saber: a) tasas de mortalidad infantil y de menores de 5 años; b) relación entre las tasas de alfabetización de mujeres y hombres de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años; y c) relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y superior. Por otro lado, se alcanzó un éxito medio en relación con los siguientes indicadores: a) tasa de terminación de la enseñanza primaria; b) porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado; y c) porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el sarampión.

7.El Estado ha adoptado el nuevo marco mundial denominado Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, centrado en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que abarcan el desarrollo económico y social y la protección del medio ambiente. Estos ODS se han integrado en el Plan de Desarrollo de Filipinas y en los planes sectoriales de desarrollo, aunque las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (ONG) hayan diseñado sus propios indicadores de éxito en relación con los ODS.

8.El Congreso del Estado, en su Cámara de Representantes, cuenta con un comité especial sobre los ODS. Este comité tenía autoridad sobre “todos los asuntos directa y principalmente relacionados con el logro del compromiso del país respecto de los ODM hasta 2015, entre ellos la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, el logro de la educación primaria universal, la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, la reducción de la mortalidad infantil, la mejora de la salud materna, la lucha contra el virus de la inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/sida), el paludismo y otras enfermedades, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo de una alianza mundial en favor del desarrollo”.

Medidas generales de aplicación

Legislación

9.Durante el período que se examina en el informe, el Estado promulgó 29 leyes relacionadas con la protección de los derechos del niño, a saber, 13 leyes sobre protección de la infancia (en particular, para combatir la ciberdelincuencia, la pornografía, la tortura y la trata, y leyes sobre la justicia juvenil y el acogimiento familiar); 9 leyes sobre educación y deportes (educación básica y temprana, becas, ciencia y tecnología); 4 leyes sobre salud (inmunización, lactancia materna y salud reproductiva); 2 leyes sobre la participación de los jóvenes; y 1 ley sobre la situación civil de los niños.

10.Se establecieron nuevos comités encargados principalmente de la protección de los derechos del niño, en particular: a) el Comité de la Infancia en la Cámara de Representantes, y b) el Comité de las Mujeres, los Niños, las Relaciones Familiares y la Igualdad de Género en el Senado.

11.El actual programa legislativo del Estado incluye lo siguiente: a) fortalecimiento del Consejo Estatal para el Bienestar de la Infancia; b) prohibición del castigo corporal y promoción de una disciplina positiva y no violenta; c) aumento de la edad legal que determina el delito de estupro y los actos de abuso sexual; d) protección de los niños en situaciones de conflicto armado; e) protección de los niños con discapacidad; f) eliminación de la discriminación de los niños nacidos fuera del matrimonio; g) concesión de la debida importancia a los primeros 1.000 días de la vida de un niño; y h) implementación del registro civil y determinación de las estadísticas vitales.

Coordinación

12.El Consejo para el Bienestar de la Infancia, en su calidad de organismo estatal encargado de coordinar la protección, el bienestar y el desarrollo de los niños, ha mantenido una estrecha relación de coordinación con la Secretaría del Comité Presidencial de Derechos Humanos y otros órganos de derechos humanos de Filipinas en lo que respecta a la promoción, la protección y el pleno ejercicio de los derechos del niño. La Secretaría es miembro activo de diferentes grupos de trabajo y comités de promoción y protección de los derechos del niño.

13.El Estado ha aumentado el presupuesto asignado a la protección de la infancia en los últimos años, y el Consejo recibió 38,3 millones de pesos en 2015, 48,46 millones de pesos en 2016, y 54,42 millones de pesos en 2017. En 2015, los comités/subcomités regionales de bienestar de la infancia también recibieron un presupuesto adicional para el personal de apoyo administrativo en al menos seis regiones. Aunque no dispone de oficinas regionales, el Consejo contrató personal técnico, que actúa como secretaría de esos comités/subcomités y les presta asistencia en el desempeño de sus funciones, muy en particular en la ejecución de las actividades previstas.

14.El Estado también ha hecho todo lo posible por incorporar los derechos del niño en la planificación y programación del desarrollo local para la infancia, en lo que se conoce como “cuatro obsequios o herencias para los niños”, a saber: a) el Plan de Desarrollo Local para la Infancia; b) el Plan de Inversiones Locales para la Infancia; c) el Código Local para la Infancia, y d) el Informe Local sobre la Situación de los Niños.

15.En 2016, la proporción de consejos locales de protección de la infancia variaba del 59 % al 82 %, y predominaban sobre todo en las ciudades. Desde septiembre de 2009, la situación al respecto fue la siguiente: a) 57 consejos locales en funcionamiento en 107 provincias o ciudades muy urbanizadas; b) 55 consejos locales en funcionamiento en 87 ciudades integradas y ciudades independientes; C9 718 consejos locales en funcionamiento en 1.397 municipios; y d) 16.041 consejos locales funcionando en 39.535 barangays (aldeas). Los consejos locales siguen desempeñando la importante función de establecer un entorno sano y protector para los niños. Además, se encargan de la implementación del Marco Estratégico Nacional del Plan de Desarrollo para la Infancia a nivel local.

16.En el marco de la Estrategia Nacional para Aumentar la Eficacia de los Consejos Locales de Protección de la Infancia, aprobada en 2014, se han adoptado las siguientes medidas: a) establecimiento del Consorcio de Consejos Locales de Protección de la Infancia para ampliar el intercambio de recursos, sincronizar actividades y evitar duplicaciones; b) auditoría obligatoria para el Sello de Gobernanza Local Adaptada a los Niños; c) introducción de las Comunidades de Intercambio de Prácticas de Gobernanza Local Adaptada a los Niños.

17.En 2012, el Estado adoptó un mecanismo denominado Convergencia de Consejos y Comités de la Infancia, integrado por diez consejos y/o comités, que sirve como foro de debate sobre las cuestiones relativas a la infancia y como plataforma de colaboración y cooperación entre los organismos y organizaciones que se encargan de proteger a los niños.

Plan de acción nacional

18.El Estado aplica un Plan de Acción Nacional para la Infancia, de carácter quinquenal, con el objetivo principal de reducir la brecha entre la situación actual de los niños filipinos y la visión del Estado al respecto hasta 2025, según se articula en el Marco Estratégico Nacional del Plan de Desarrollo para la Infancia (2000-2025). También conocido como Child 21, ofrece un marco y una hoja de ruta para la protección y el desarrollo de la infancia, con el fin de orientar y racionalizar todas las iniciativas en favor de los niños de Filipinas. Además, el Plan de Acción Nacional para la Infancia tiene por objeto incorporar los objetivos y las metas de Child 21 junto con los ODM y el documento de las Naciones Unidas titulado “Un mundo apropiado para los niños”.

19.En 2016, el Estado concluyó la aplicación del segundo Plan de Acción Nacional para la Infancia (2011-2016) con importantes logros, como mejoras en la salud, la nutrición y la educación de los niños, y una reducción en la incidencia de la pobreza del 35,2 % en 2011 al 31,4 % en 2015; la ejecución del 97,5 % de un total de 80 programas y proyectos; la aprobación de 28 leyes centradas en los niños y leyes conexas; la incorporación de medidas de política sobre la infancia en planes sectoriales específicos, como el Programa de Suficiencia de Alimentos Básicos y el Plan Estratégico de Alimentación de Lactantes y Niños de Corta Edad (2011-2016); un marco nacional integral de intervención para los jóvenes; la institucionalización de las políticas de protección de la infancia en los organismos públicos; el aumento de los presupuestos e inversiones que benefician a los niños en el sector de los servicios sociales, que en 2015 recibió la mayor asignación entre todos los sectores (37 % del presupuesto nacional); el establecimiento de una auditoría obligatoria de las dependencias de las administraciones locales, denominada Auditoría de Gobernanza Local Adaptada a los Niños, por parte del Ministerio del Interior y las Administraciones Locales y el Consejo Estatal para el Bienestar de la Infancia en 2014; y subsidios en efectivo y ayuda para la subsistencia proporcionados en el marco del Programa Pantawid Pamilyang Pilipino o el Programa de Transferencia Monetaria Condicionada, así como el Programa Integrado de Medios de Subsistencia del Ministerio de Trabajo y Empleo.

20.También es digno de mención el hecho de que el Estado llevara a cabo su tercer Plan de Acción Nacional para la Infancia en 2017. Se trata de un plan de acción de mediano plazo dirigido a los niños, que sienta las bases y define los resultados clave para la consecución de los ODS antes de 2030. Incluye el Plan de Acción Nacional para la Eliminación de la Violencia contra los Niños y el Plan de Respuesta Nacional contra la Pornografía Infantil, entre otros. El tercer Plan de Acción Nacional para la Infancia está en consonancia con el marco de promoción y programación denominado “Filipinas amiga de los niños: una sociedad protectora y solidaria por y para los niños”, que exige la creación de un sistema de reconocimiento y auditoría de las dependencias de las administraciones locales que muestran resultados positivos mediante programas encaminados al bienestar de la infancia. Las dependencias de las administraciones locales pueden optar a un premio concedido por el gobierno nacional en el marco del sistema de Premios Presidenciales para Municipios y Ciudades Amigas de los Niños, mientras que la auditoría de los programas está concebida para mejorar la prestación de los servicios sociales destinados a los niños.

21.Entre los objetivos del tercer Plan de Acción Nacional para la Infancia figuran los siguientes:

a)Reducción de la incidencia de la pobreza infantil del 31,4 % en 2015 al 20,35 % en 2022;

b)Aumento del registro de los nacimientos del 87,4 % en 2011 al 95 % en 2022;

c)Reducción de todas las formas de malnutrición antes de 2022;

d)En el caso de los niños menores de 5 años, reducción del retraso del crecimiento al 21,4 % desde el 33,4 % en 2015;

e)Reducción de la emaciación a menos del 5 % desde el 7,1 % en 2015;

f)Reducción de la prevalencia de sobrepeso para el mismo grupo de edad a menos del 3,9 % desde el 3,9 % en 2015;

g)Cobertura de las necesidades de nutrición de las adolescentes y las mujeres embarazadas y lactantes; reducción de la tasa de mortalidad de los recién nacidos; disminución de todas las formas de trabajo infantil; y reducción de todas las formas de violencia/explotación de los niños, entre otras cosas.

Vigilancia independiente

22.La Constitución de 1987 estableció la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, una institución nacional independiente de derechos humanos que vigila el cumplimiento por el gobierno de las obligaciones contraídas en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos.

23.El Estado ha reforzado la capacidad de la Comisión aumentando su presupuesto destinado a operaciones. De 2012 a 2017, ese presupuesto se incrementó un 165 %. Solo en 2017, el Estado casi duplicó el presupuesto asignado a la Comisión hasta 724,9 millones de pesos, en comparación con los 439 millones de pesos en 2016.

Asignación de recursos

24.Los datos obtenidos de conformidad con la Ley General de Consignaciones de 2010 a 2016 y en el marco del Programa de Gasto Nacional para 2017 muestran un aumento significativo de la asignación total del presupuesto relacionado con la infancia a nivel nacional, de 196.260 millones de pesos en 2010 a 684.050 millones de pesos en 2017. Esto equivale a un aumento medio del 20 % anual en la asignación a los programas destinados a la infancia.

25.El Estado, por mediación del Ministerio de Educación, ha recibido de forma sistemática la mayor proporción del presupuesto anual destinado a la infancia, en particular para la educación básica, y entre 2010 y 2017 se registró un incremento medio anual del 19,23 % en el presupuesto. En 2013 se observó un notable aumento presupuestario como parte de la preparación y la aplicación efectiva del Programa K-12, que añadió dos años más de educación básica a partir del año escolar 2016-2017.

26.El Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo recibió la segunda mayor asignación a programas centrados en los niños durante el período examinado en el informe. En particular, cabe destacar que su presupuesto aumentó un promedio del 40 % anual, el mayor incremento entre los organismos públicos con programas sustanciales destinados a la infancia. A esto obedece el aumento de la asignación presupuestaria para el Programa de Transferencia Monetaria Condicionada, que sumó un incremento de 10.000 millones de pesos en 2010 a 78.700 millones de pesos en 2017 en el presupuesto del Ministerio. Por su parte, el Ministerio de Salud registró la tercera asignación más importante a las partidas presupuestarias centradas en la infancia, y mostró rápidos incrementos a una tasa media anual del 23,1 %, incluidos los presupuestos del Consejo Nacional de Nutrición y la Comisión de Población.

27.Entre 2010 y 2017, otros organismos públicos con programas dedicados a la infancia registraron aumentos presupuestarios anuales, en particular, el 12,90 % para el Ministerio del Interior y las Administraciones Locales, el 13,03 % para el Ministerio de Justicia, y el 13,54 % para el Ministerio de Trabajo y Empleo. Esto es compatible con la política de asignación de mayores recursos a los servicios de protección de la infancia y otros programas conexos.

28.En un estudio sobre los fondos destinados a la infancia que abarca el período de 2007 a 2012, encargado por el Consejo Estatal para el Bienestar de la Infancia, se señaló que el Estado seguía aumentando sus asignaciones presupuestarias y el gasto dedicado a los niños. El total del gasto público destinado a la infancia se incrementó un 15 % anual en promedio, y pasó de 170.900 a 341.400 millones de pesos. Expresado como porcentaje del producto interno bruto (PIB), el total de ese gasto aumentó del 2,5 % del PIB en 2007 al 3,2 % del PIB en 2012. Así pues, a precios de 2000, el gasto público real por niño en el marco de los programas centrados en la infancia o programas conexos aumentó un promedio del 9 %, y pasó de 483 pesos en 2007 a 440 pesos en 2012. Durante el mismo período, el gasto del Gobierno central en servicios de salud para niños (servicios básicos de salud) aumentó un 90 % anual en promedio. El gasto del Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo en servicios centrados en los niños y servicios conexos se incrementó un 163 % anual en promedio, y pasó de 338 millones de pesos en 2007 a 42.800 millones de pesos en 2012.

29.En los años 2016 y 2017 también se registraron aumentos en el presupuesto destinado a los servicios sociales. En 2016 se destinó el 33,5 % del presupuesto nacional a los servicios sociales. Asimismo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo y el Ministerio de Salud figuraron entre los diez órganos ejecutivos con mayores asignaciones presupuestarias.

30.Estas cifras muestran un marcado incremento con respecto a las presentadas en el informe anterior, cuando la proporción de los servicios sociales en el gasto total mostró una tendencia descendente, del 31,06 % en 2002 al 28,9 % en 2004, y luego al 27,9 % en 2006. Cabe señalar también que el servicio de la deuda como componente del presupuesto representó únicamente el 17,1 % en el período de 2011 a 2016, en comparación con el 25,7 % en el período de 2001 a 2010, lo que refleja un cambio en las prioridades de gasto del Estado.

Dependencias de las administraciones locales

31.En 2012, el Estado, por mediación del Ministerio del Interior y las Administraciones Locales, dirigió el aumento del gasto de esas administraciones conforme a lo establecido en la Ley de Justicia y Bienestar Juvenil, que les ordena la asignación de al menos el 1 % de sus presupuestos a los programas y proyectos de los consejos locales de protección de la infancia. Desde 2014, un total de 19.211 dependencias de las administraciones locales han asignado el 1 % de sus ingresos fiscales internos, mientras que 2.963 sobrepasaron el 1 % en esa partida presupuestaria.

32.Entre 2008 y 2012, el gasto de las administraciones locales en programas centrados en la infancia y otros programas conexos (es decir, educación, salud y bienestar social) representó en promedio el 15,76 % del presupuesto local total. Sin embargo, como se indica en el estudio encargado por el Consejo Estatal para el Bienestar de la Infancia, que abarca ese período, la proporción de dichos programas en el gasto total de las administraciones locales disminuyó al 15 % en 2012, tras aumentar del 14 % en 2007 al 15,7 % en 2011. A precios de 2000, el gasto real en los programas centrados en la infancia y programas conexos se incrementó un 5 % en promedio en el período de 2007 a 2011, y pasó de 600 a 726 pesos, antes de disminuir a 695 pesos en 2012. El descenso puede atribuirse a una menor asignación de ingresos fiscales internos en 2012. Sin embargo, cabe señalar que el gasto de las administraciones locales en materia de salud y servicios básicos aumentó durante el mismo período.

33.Entre otras fuentes presupuestarias especiales destinadas a los niños figuran el Gravamen Especial para el Fondo de Educación (es decir, un impuesto del 1 % sobre el valor estimado de los bienes inmuebles), y el Fondo de la Corporación de Juegos de Azar y Entretenimiento de Filipinas para la aplicación del Programa de Atención y Desarrollo en la Primera Infancia.

Organizaciones internacionales

34.El Estado mantiene su colaboración con las organizaciones internacionales en el ámbito de la asistencia técnica y financiera multisectorial. En 2014, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia y el Ministerio de Presupuesto y Gestión suscribieron un memorando de acuerdo para fortalecer la capacidad de vigilancia y evaluación del Gobierno con miras al establecimiento de un sistema nacional de vigilancia y evaluación basado en los resultados que permitiera una asignación más eficaz de los recursos, especialmente para los niños filipinos.

Reunión de datos

35.El Estado ha mejorado continuamente su reunión de datos sobre los niños. En 2016, el Consejo Estatal para el Bienestar de la Infancia desarrolló el Sistema Armonizado de Vigilancia y Evaluación, que unificó el Sistema de Vigilancia y Evaluación Basado en Resultados que se utilizaba para vigilar la aplicación del Plan de Acción Nacional para la Infancia, y el Sistema de Macrovigilancia Subaybay Bata (es decir, de seguimiento de los niños), a fin de permitir que se generara información centrada en la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

36.El informe anual sobre la situación de los niños filipinos documenta su situación de año en año. El Consejo Estatal para el Bienestar de la Infancia se encarga de elaborar el informe, que sirve de material de promoción para todos los sectores de la sociedad que trabajan con y para los niños.

37.El Estado promulgó la Ley de Estadísticas de Filipinas de 2013 con el objetivo de racionalizar y promover la eficiencia y la eficacia en la prestación de servicios de estadística y de mantener un sistema estadístico integrado que se caracterice por la independencia, la objetividad y la integridad, a fin de mejorar la capacidad de respuesta a las exigencias del desarrollo nacional equitativo, que es fundamental para la planificación del desarrollo local en lo que respecta a la infancia.

38.La reunión periódica de datos sobre el trabajo infantil mediante el sistema de estadísticas designadas se puso a prueba en la encuesta sobre la fuerza de trabajo de octubre de 2017, realizada por el Ministerio de Trabajo y Empleo en coordinación con la Oficina de Estadística de Filipinas.

Difusión, capacitación y sensibilización

39.El Estado, bajo la dirección del Consejo Estatal para el Bienestar de la Infancia y sus organismos asociados, llevó a cabo una serie de talleres de orientación acerca del funcionamiento del Sistema de Vigilancia, Información y Respuesta ante Violaciones Graves de los Derechos del Niño en Situaciones de Conflicto Armado, así como de la Convención sobre los Derechos del Niño.

40.También impartió los siguientes talleres de capacitación en materia de derechos humanos para jueces y funcionarios judiciales, así como agentes de la autoridad: Formación para la mejora de las competencias de los jueces de sala y de tribunales de familia y los funcionarios judiciales en la sustanciación de casos de abusos sexuales y explotación sexual comercial de niños; y Capacitación para las entrevistas forenses a niños, dirigido a los investigadores de la Oficina Nacional de Investigaciones.

Definición de niño

41.La Ley de la República núm. 7610 (serie de 1992), o Ley de Protección Especial de los Niños contra el Maltrato, la Explotación y la Discriminación, define al niño como toda persona menor de 18 años o que es mayor de edad pero no puede cuidarse o protegerse completamente frente al maltrato, el descuido, la crueldad, la explotación o la discriminación, debido a una discapacidad física o mental u otra afección. En virtud del Código de Familia, en su forma modificada por la Ley de la República núm. 6809 (serie de 1989), la emancipación de la patria potestad se produce al alcanzar la mayoría de edad, es decir, a los 18 años. Por debajo de esa edad, se considera que la persona es menor. Así pues, los términos “menor” y “niño” se utilizan para referirse a las personas que no son responsables ni pueden responder de ningún acto en la vida civil.

Principios generales

No discriminación

42.Las leyes y políticas estatales en vigor establecen el principio de no discriminación de los niños. El reconocimiento por parte del Estado del papel fundamental de la juventud en la construcción nacional, y la protección de su desarrollo y bienestar, están contemplados en la sección 13, artículo II, de la Constitución de Filipinas de 1987.

43.En consecuencia, en los documentos del segundo Plan de Acción Nacional para la Infancia de 2016 se indica que 13 de las 28 leyes centradas en la infancia y leyes conexas aprobadas en el período de 2011 a 2016 se refieren a la protección del niño, lo que refuerza aún más la Ley de la República núm. 7610 (serie de 1992) al ofrecer una protección especial a los niños frente a todas las formas de maltrato, descuido, crueldad, explotación, discriminación y otras vulneraciones de sus derechos.

44.La Ley de la República núm. 9710 (serie de 2009), o Carta Magna de la Mujer, es una ley general sobre los derechos humanos de las mujeres que procura poner freno a la discriminación de que son objeto mediante el reconocimiento, la protección, el cumplimiento y la defensa de los derechos de las filipinas, incluidas las muchachas, al proporcionarles lo siguiente:

a)Protección frente a todas las formas de discriminación contra las niñas en la educación, la salud y la nutrición, así como el desarrollo de aptitudes;

b)Protección frente a todas las formas de abuso y explotación;

c)Acceso en igualdad de condiciones de las niñas musulmanas e indígenas en las madaris, o escuelas musulmanas, las escuelas de cultura y modos de vida tradicionales, y las escuelas ordinarias; y

d)Planes de estudios que tengan en cuenta el género, incluidos conocimientos básicos de derecho, libros y planes de estudios en las madaris y escuelas de cultura y modos de vida tradicionales.

45.De acuerdo con la Carta Magna de la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas es la entidad defensora en materia de género, designada con los siguientes mandatos: abogar por la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres; fortalecer el Programa de Educación sobre los Derechos Humanos de dicha Comisión e investigar las vulneraciones de derechos, incluidas las cometidas por agentes estatales y no estatales. Este cometido se lleva a cabo en todas las oficinas regionales de la Comisión mediante respuestas adecuadas de promoción, protección y políticas que se basan en protocolos para la investigación de los casos que afectan a las mujeres y las niñas, y a personas de diversa orientación sexual e identidad o expresión de género.

46.El Plan de Desarrollo de Filipinas (2017-2022) pone de relieve la elaboración de una hoja de ruta multisectorial para los niños en el contexto de la mejora de su bienestar y en el marco de los principales programas aplicados por diversos organismos, como el Programa de Transferencia Monetaria Condicionada.

47.En 2012, el Consejo Estatal para el Bienestar de la Infancia puso en marcha su política y marco de protección de la infancia bajo el lema “Filipinas Amiga de los Niños: Una Sociedad Solidaria y Protectora por y para los Niños”, como medio de hacer realidad los compromisos asumidos de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño. Promueve la no discriminación incentivando el cuidado y la protección de los niños y la asignación de servicios básicos y esenciales de salud, nutrición y educación para todos los niños sin discriminación.

Interés superior del niño

48.En la jurisprudencia del Estado se aboga por el “interés superior del niño”, e incluso el Tribunal Supremo recuerda a los jueces que deben tenerlo en cuenta no solo en sus decisiones, sino también en el desarrollo de los procedimientos:

a)De conformidad con la normativa sobre los niños testigos, de 2000, reiterada en la normativa sobre los menores de edad en conflicto con la ley, promulgada en 2009, el Estado define el “interés superior del niño” como “la totalidad de las circunstancias y condiciones más favorables para la supervivencia, la protección y los sentimientos de seguridad del niño, y más alentadoras para su desarrollo físico, psicológico y emocional [...]”, así como “la opción menos perjudicial que esté disponible para salvaguardar el crecimiento y el desarrollo del niño”;

b)En consonancia con la normativa sobre los niños testigos, el Estado proporciona un entorno que permita a los niños prestar una declaración fiable y exhaustiva, disminuya al máximo su exposición al estrés traumático, aliente a prestar declaración en los procesos judiciales y facilite la averiguación de la verdad;

c)En la normativa sobre los menores de edad en conflicto con la ley se reitera que el interés superior del niño es la consideración primordial en todas las decisiones que les afecten, incluidos los niños que están en conflicto con la ley. Entre los factores que se tienen en cuenta para determinar el interés superior de los menores en conflicto con la ley figuran la edad, el sexo, la salud mental y física, los vínculos emocionales con los padres y la familia, los modos de vida, los antecedentes y la madurez.

Respeto por las opiniones del niño

49.El Estado aplica el Marco Nacional para la Participación de los Niños, que tiene por objeto orientar a quienes trabajan con niños mediante la presentación de leyes que defiendan su participación en la familia, la comunidad y la construcción de la nación. Además, examina la evolución del concepto de participación, así como los principios rectores y los ámbitos de participación significativa de los niños.

50.Según el segundo informe del Plan de Acción Nacional para la Infancia, 4 de las 28 leyes centradas en los niños y leyes conexas que se aprobaron en el período 2011‑2016 se referían a la participación de los niños y jóvenes.

51.La Ley de la República núm. 10742 (serie de 2015), o Ley de Reforma del Sangguniang Kabataan (Consejo de la Juventud) de 2015, permite que los jóvenes de 15 a 30 años formen parte de la Katipunan ng Kabataan (Asamblea de la Juventud). Asimismo, se han creado oficinas de desarrollo de la juventud en las dependencias de las administraciones locales para ayudar a los consejos de la juventud en los programas relacionados con su desarrollo y bienestar en la localidad en cuestión, promoviendo así el objetivo del Estado de fomentar la participación de los jóvenes en los asuntos públicos y cívicos de la nación.

52.En 2014 se diseñó una Guía Nacional sobre la Participación de los Niños y los Jóvenes en Filipinas a fin de establecer normas nacionales y proporcionar orientación programática, técnica y normativa para la participación coherente, segura, de alta calidad y significativa de la población en general y de los propios niños.

53.Entre otras iniciativas del Estado para asegurar la participación de los niños cabe mencionar las siguientes:

a)Inclusión de los niños como miembros en los comités/subcomités regionales de bienestar de la infancia; participación de los niños en la Cumbre Legislativa de Vicealcaldes de Filipinas en 2014; y participación en el canal de noticias Kabataan (Juventud), con un programa de televisión escrito y producido por jóvenes;

b)Apoyo al Foro para la Infancia de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), que complementa la labor de la Comisión de la ASEAN sobre la Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres y los Niños;

c)Aplicación por las administraciones locales de sus respectivos códigos de bienestar de la infancia para permitir que se escuchen las voces de los niños en los procesos de adopción de decisiones, y reconocer plenamente a los niños como agentes del cambio.

Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo

54.El Estado defiende y protege los derechos de los niños a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, consagrados en la Constitución de Filipinas de 1987 y en otras leyes conexas. La Carta de Derechos, en virtud del artículo III de la Constitución de 1987, garantiza el estado de derecho y el derecho a igual protección. En la sección 11, artículo II de la Constitución se establece como política de Estado el reconocimiento de la dignidad de toda persona humana y la garantía del pleno respeto de los derechos humanos. El Estado ha adoptado medidas adicionales para que esos derechos se promuevan y protejan en relación con los niños, entre ellas las siguientes:

a)Ley de Acogimiento en Hogares de Guarda, de 2012 (Ley de la República núm. 10165);

b)Ley de Vacunación Obligatoria de Lactantes y Niños, de 2011 (Ley de la República núm. 10152);

c)Ley de la Primera Infancia, de 2013 (Ley de la República núm. 10410);

d)Ley de Protección y Socorro de Emergencia para la Infancia (Ley de la República núm. 10821); y

e)Ley de Acceso Universal a una Educación Terciaria de Calidad (Ley de la República núm. 10931).

55.En 2013, el número de muertes registradas de niños menores de 1 año disminuyó en más de un 1 %, y pasó de las 22.254 en 2012 a 21.992. Desde 2006, el Estado continúa aplicando su programa de salud materna y neonatal en colaboración con el Ministerio de Salud, el UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Ejecuciones extrajudiciales

56.En respuesta a las observaciones finales y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en el sentido de que el Estado debe hacer todo lo posible para reforzar la protección del derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo del niño, entre otras cosas adoptando todas las medidas necesarias para impedir la ejecuciones extrajudiciales de niños e investigar a fondo todos los presuntos casos de asesinato y llevar a los autores ante la justicia, el Estado aplica un mecanismo establecido de conformidad con una directiva presidencial emitida en 2012, a saber, la Orden Administrativa núm. 35, para el examen y la resolución de los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otras violaciones graves del derecho a la vida y la libertad.

57.En relación con lo anterior cabe señalar que, el 25 de septiembre de 2017, 16 senadores presentaron la Resolución del Senado núm. 516 para que se llevara a cabo una investigación, en apoyo de la legislación, con el fin de establecer las razones institucionales que daban lugar a esas ejecuciones. En relación con la demanda presentada contra los policías de la ciudad de Caloocan implicados en el asesinato de Kian Lloyd de los Santos, el tribunal de primera instancia declaró al acusado culpable más allá de toda duda razonable.

58.El Estado sigue velando por la plena rendición de cuentas de todos los funcionarios implicados en casos de muertes relacionadas con drogas.

Derechos y libertades civiles

Inscripción de los nacimientos, nombres y nacionalidad

59.A fin de atender las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos con respecto a la inscripción de nacimientos, el Estado sigue promoviendo un registro eficiente y gratuito mediante las inscripciones móviles en las zonas remotas. En 2012, la oficina del Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo en la Región Autónoma del Mindanao Musulmán llevó a cabo una campaña de inscripción móvil gratuita en los municipios de Talayan, Datu Odin Sinsuat, Shariff Aguak, Datu Blah, Sinsuat, en Maguindanao (Mindanao), y más de 5.000 adultos y niños se beneficiaron del servicio. En 2013 se promulgó la Ley núm. 293 de Autonomía del Mindanao Musulmán, o Ley de Establecimiento de la Inscripción Gratuita de los Nacimientos en la Región Autónoma del Mindanao Musulmán, con el fin de promover el derecho efectivo a un nombre, a una nacionalidad y a una identidad.

60.Para asegurar el derecho de todo niño filipino a un nombre y a una nacionalidad, el Estado, por mediación de la Oficina de Estadística de Filipinas, lleva a cabo campañas de concienciación sobre la importancia del registro civil. Se presta especial atención a la inscripción de los niños pertenecientes a los pueblos indígenas/familias indigentes y otros grupos marginados. La Oficina de Estadística establece puntos de registro civil, también conocidos como Serbilis, en las proximidades de las escuelas, las zonas de difícil acceso y las comunidades indígenas. También se dispone de otros canales para la prestación de este servicio, como las solicitudes en línea a través del sitio web Serbilis de la Oficina de Estadística, las solicitudes telefónicas a través de la línea de asistencia de la Oficina de Estadística y el sistema de entrada de solicitudes por lotes, que emplea y autoriza a entidades privadas tales como centros comerciales para que reciban solicitudes y emitan documentos de registro civil a la población. Además, se ha puesto en marcha un proyecto de registro civil móvil gratuito para la renovación de documentos civiles dañados o perdidos en las zonas afectadas por emergencias.

61.Por otra parte, el Estado facilita seminarios de concienciación sobre la inscripción de los nacimientos, dirigidos a los beneficiarios del Programa de Transferencia Monetaria Condicionada, mediante las denominadas “sesiones de desarrollo de la familia”. Dicho programa se puso en marcha en 2007, y el Gobierno lo amplió en diciembre de 2016 a fin de llegar a un total de 20 millones de filipinos pertenecientes a 4,4 millones de hogares. El programa beneficia aproximadamente al 20 % de la población, en su mayoría los más pobres.

62.El Estado, en asociación con el UNICEF, prosiguió la renovación de documentos civiles y la inscripción digital de nacimientos para los supervivientes del tifón Haiyan (Yolanda) que devastó el país en 2013. Esas medidas beneficiaron a 115.028 personas, incluidos niños, a quienes se facilitó el acceso a las reclamaciones y prestaciones.

63.El Estado implementó el Plan Estratégico de Registro Civil y Estadísticas Vitales de Filipinas (2014-2018), y determinó las prioridades y oportunidades para la adopción de medidas por los organismos públicos competentes en esa esfera. El sistema de registro civil y estadísticas vitales procura adaptarse a las circunstancias particulares de los filipinos al facilitar su accesibilidad, registro y utilización, en respuesta a la necesidad de cualquier de filipino de que se reconozcan y registren todos y cada uno de los sucesos vitales que así lo requieren.

64.En 2015 entró en vigor la Proclamación Civil núm. 1106, en virtud de la cual se declaró el período de 2015 a 2024 como el Decenio del Registro Civil y las Estadísticas Vitales y se ordenó a los organismos competentes que diseñaran programas para promover el registro civil.

65.En cuanto a la discriminación de los niños nacidos fuera del matrimonio, el Estado respondió a este problema mediante la promulgación de la Ley de la República núm. 9858 (serie de 2010), que permite la legitimación de los niños nacidos de progenitores que no tienen la edad mínima para contraer matrimonio.

Preservación de la identidad

66.En 2017, el Estado, por mediación del Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo, facilitó la repatriación de 1.415 niños indocumentados, en su mayoría procedentes de la Arabia Saudita, que se acogieron al Programa de Amnistía General. Esto es conforme con la política del Estado de prestar servicios de apoyo a los trabajadores migratorios y sus dependientes.

67.En 2016, el Estado, por conducto del Comité Interinstitucional de Estadísticas de Migración de la Oficina de Estadística de Filipinas, elaboró un marco para mejorar la reunión, el seguimiento y la gestión de datos de los hijos de migrantes.

68.El Estado sigue apoyando el seguimiento y la prestación de asistencia en el caso de los hijos filipinos indocumentados de trabajadores migratorios. En junio de 2017, el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo evaluó su Programa Internacional de Servicios de Bienestar para Nacionales Filipinos en Kuwait y la Arabia Saudita. Según la base de datos del Ministerio, 734 niños abandonados e indocumentados fueron repatriados desde Kuwait y la Arabia Saudita en el período comprendido entre enero y junio de 2017. El Ministerio proporcionó asistencia financiera y de aeropuerto por valor de 5.000 pesos filipinos a cada familia a su llegada a Filipinas. Diferentes oficinas regionales del Ministerio proporcionaron también intervenciones adecuadas y una mayor coordinación asistencial.

69.A fin de seguir mejorando el mecanismo para localizar y ayudar a los hijos filipinos indocumentados de los trabajadores migrantes en el extranjero, la Oficina de Estadística y el Ministerio de Relaciones Exteriores examinaron la posibilidad de establecer un sistema de registro de los nacimientos en línea.

70.Para hacer frente al incesante aumento de los nacimientos no declarados en el extranjero, la Oficina de Estadística publicó la Circular núm. 2017-12, en la que se establecen ciertos requisitos para la preparación de las declaraciones de nacimiento de niños en el extranjero de padre/s filipinos sin ningún documento extranjero.

Libertad de expresión, de pensamiento y de asociación (en referencia alrespeto por las opiniones del niño)

Protección de la vida privada y de la imagen

71.Por iniciativa del Comité para la Protección Especial de los Niños, mediante un proceso participativo en el que intervinieron especialistas y profesionales de los medios de comunicación, y con arreglo a la política estatal consistente en mantener y promover la privacidad y la protección de la imagen del niño, en 2009 se revisaron las directrices para los profesionales de los medios de comunicación sobre la cobertura y la denuncia de casos de malos tratos a los niños. Sobre la base de las disposiciones pertinentes de la Convención sobre los Derechos del Niño, las directrices revisadas han contribuido a que la cobertura y la información en los medios de comunicación, tanto impresos como audiovisuales, sean más respetuosas y responsables en los casos que afectan a los niños.

Acceso a la información

72.El Estado vela por que todos los ciudadanos, incluidos los niños, tengan derecho a acceder a la información. En espera de que se promulgara una ley de libertad de información se dictó el Decreto núm. 2, (serie de 2016), que hace efectivo en el ejecutivo el derecho constitucional del pueblo a la información y las políticas estatales relativas a la plena difusión pública y la transparencia. Esto complementa la Ley de Confidencialidad de los Datos de 2012 (Ley de la República núm. 10173), que protege los datos personales en los sistemas de información y las comunicaciones tanto en el ámbito público como en el privado.

Protección contra los materiales nocivos para el bienestar de los niños

73.La Junta de Revisión y Clasificación Cinematográfica y de Televisión tiene la tarea de examinar, revisar y clasificar todas las películas y programas de televisión, incluido el material publicitario destinado a su distribución en salas y otros lugares, para su emisión por televisión o su visualización en general. Consciente de los derechos del niño, la Junta publicó la Circular núm. 08-2012, que exige a la industria cinematográfica el estreno de diferentes versiones de la misma película en respuesta a las necesidades de los distintos grupos de edad. Por una parte, la circular proporcionó una revisión de la clasificación de las películas, a la que añadió la orientación estricta por parte de los padres. Los programas con esta clasificación solo se emiten a partir de las 21.00 horas.

74.El Estado prosigue con sus iniciativas encaminadas a la protección de los niños en una época caracterizada por tecnologías de la información modernas y avanzadas, en particular:

a)El Consejo Nacional de Televisión Infantil colabora con varias cadenas de televisión para desarrollar las normas relativas a la programación infantil. Por ejemplo, el 23 de octubre de 2016, CBN Asia estrenó su programa para niños titulado Oyayi en ABS‑CBN, en asociación con el Consejo. Este programa se diseñó para sensibilizar a los niños filipinos en lo que respecta al medio ambiente, la cultura, la familia y las artes, y al mismo tiempo enseñarles a convertirse en ciudadanos sabios a una edad temprana;

b)La Ley de Lucha contra la Pornografía Infantil de 2009 (Ley de la República núm. 9775) protege a los niños de los materiales nocivos y ayuda a prevenir su victimización. Como consecuencia, en 2014 se estableció el Proyecto de Ciberseguridad contra la Pornografía Infantil, que facilitó la adquisición de equipos para la identificación de depredadores sexuales en línea. En 2016, la Oficina de Ciberdelincuencia del Departamento de Justicia, organismo encargado de la coordinación en los casos de la pornografía infantil en línea, y la División de Ciberdelincuencia de la Oficina Nacional de Investigaciones, reforzaron su cooperación institucional mediante el intercambio de equipo forense digital para ayudar en las investigaciones de los casos de explotación sexual de niños en línea. De 2014 a 2016, la Oficina de Ciberdelincuencia recibió alrededor de 66.000 informes de esos casos del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados;

c)En 2014, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones publicó la Circular núm. 01-01-2014, en la que se establecen directrices para los proveedores de servicios de Internet en relación con la instalación de programas informáticos de filtrado que bloqueen el acceso o la transmisión respecto de cualquier forma de pornografía infantil. En virtud de las directrices, se requiere la instalación de un filtro web para diversas categorías de texto, imágenes y vídeos, con una categoría explícita sobre la pornografía infantil, y la pertenencia o afiliación a una fuente reconocida de sitios web de pornografía infantil bloqueados, en cumplimiento de la Ley contra la Pornografía (Ley de la República núm. 9775);

d)El Ministerio de Educación y Stairway Foundation, una ONG de atención a la infancia, pusieron en marcha un proyecto de ciberseguridad destinado a hacer que Internet sea más segura para los niños;

e)El Ministerio de Educación, la Federación de Radiodifusión de Filipinas y la Asociación de Publicistas de Filipinas suscribieron un memorando de acuerdo sobre la vigilancia y la tramitación de las denuncias sobre programas y anuncios televisivos indeseables o que se consideren perjudiciales para los niños.

Violencia contra los niños

Respuestas del Gobierno a la violencia contra los niños

75.El Estado ha seguido reforzando las leyes para prohibir todas las formas de violencia contra los niños mediante la promulgación de la Ley contra el Acoso Escolar de 2013, la Ley Ampliada contra la Trata de Personas de 2012, y la Ley de Prevención de la Ciberdelincuencia de 2012.

76.A fin de mejorar las capacidades de todas las personas que trabajan con y para los niños, se forma continuamente a los proveedores de servicios para que apliquen el Protocolo de Coordinación de la Asistencia Prestada a las Víctimas Infantiles de Maltrato, Descuido y Explotación, que destaca las funciones y responsabilidades de los organismos públicos y sus asociados en todo el proceso, desde la denuncia de los casos de maltrato infantil hasta su resolución, y vela por que las víctimas infantiles sean tratadas de manera adecuada y respetuosa. También se han instituido procedimientos y servicios de investigación y entrevista adaptados a las necesidades de los niños. El Comité para la Protección Especial de los Niños publicó una serie de circulares relativas al tratamiento adecuado de las declaraciones juradas por las que se retira la acusación en los casos de maltrato infantil, la realización de autopsias sin consentimiento, y la renuncia al enjuiciamiento de los trabajadores sociales que se encuentran bajo custodia precautoria.

77.El Consejo Interinstitucional contra la Pornografía Infantil, creado en 2010 en virtud de la Ley contra la Pornografía Infantil de 2009 (Ley de la República núm. 9775), es el órgano que se encarga principalmente de vigilar la aplicación de dicha Ley. Elaboró un módulo sobre equipos multidisciplinarios que sirve de guía para capacitar a los proveedores de servicios, los garantes de los derechos de los niños, los padres o tutores y los propios niños sobre la manera de responder al abuso y la explotación sexual en línea.

78.En 2017, el Estado aprobó el Plan de Acción Nacional para la Eliminación de la Violencia contra los Niños, a modo de respuesta multisectorial a los resultados del estudio de referencia nacional sobre la violencia contra los niños de 2015, que el Estado realizó por mediación del Consejo para el Bienestar de la Infancia en colaboración con el UNICEF, el Ministerio de Salud, la Fundación Consuelo Zobel de Alger y la Universidad de Filipinas. En el estudio participaron 3.866 niños y jóvenes de 13 a 24 años de edad, pertenecientes a 4.300 hogares de 172 barangays (aldeas) de las 17 regiones del país, con el fin de determinar la prevalencia y las diversas formas de violencia contra los niños. El estudio reveló que el 80 % de los niños filipinos era objeto de alguna forma de violencia en sus respectivos hogares, escuelas, lugares de trabajo o comunidades. Una vez realizado el estudio, Filipinas fue elegida país pionero en el marco de la Alianza Mundial para Acabar con la Violencia contra los Niños. Por su parte, el Plan de Acción Nacional para la Eliminación de la Violencia contra los Niños se centró en romper el ciclo de la violencia mediante la respuesta a sus causas fundamentales, el fomento de la capacidad de los niños para protegerse a sí mismos, la mejora del entorno legislativo, el aumento de los servicios integrados de prevención y respuesta a la violencia, y el acceso a los servicios sociales.

79.En 2012 se promulgó la Ley de la República núm. 10398, en virtud de la cual se declaró el 25 de noviembre como Día de la Conciencia Nacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y los Niños.

Medidas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración de las víctimas en la sociedad

80.El Estado, por mediación del Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo, mantiene varios servicios destinados a las víctimas de maltrato infantil. La Oficina de Normas y Acreditación y las oficinas regionales del Ministerio proporcionan asistencia técnica y supervisan los programas y servicios ofrecidos. Se prestan servicios de tratamiento, recuperación y rehabilitación mediante equipos multidisciplinarios integrados por trabajadores sociales, psicólogos, padres de familia e instructores vocacionales. De 2011 a 2016, los centros que prestan dichos servicios atendieron a 2.829 niños abandonados, 5.101 niños desatendidos y 23.086 niños atendidos en centros residenciales.

81.Las familias afectadas participan como asociadas en las tareas de curación y recuperación de las víctimas de maltrato infantil. Los trabajadores sociales han sido capacitados en procedimientos adecuados para los niños en los ámbitos del asesoramiento individual y de grupo, las terapias de teatro o lúdicas, la formación en liderazgo, actividades socioculturales y sesiones de artes creativas.

82.El Estado, por mediación del Ministerio de Salud, estableció 79 dependencias de protección de las mujeres y los niños en varios hospitales públicos de todo el país. En el protocolo de notificación, examen, documentación y prestación de asistencia respecto de los niños víctimas participan equipos médicos con capacitación profesional que tienen en cuenta sus necesidades, incluidos médicos y profesionales de la salud mental.

83.Hay líneas de asistencia telefónica para la denuncia de casos de maltrato, explotación y violencia, como las de las unidades de intervención en situación de crisis que funcionan las 24 horas del día en todas las oficinas regionales del Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo, la ANGELNET de la Policía Nacional de Filipinas, el Sistema de Vigilancia, Información y Respuesta ante Violaciones Graves de los Derechos del Niño en Situaciones de Conflicto Armado, dependiente del Consejo Estatal de Bienestar del Niño, el Equipo de Respuesta Rápida Sagip Manggagawa del Ministerio de Trabajo, y el Equipo de Respuesta Rápida del Ministerio de Justicia, entre otras. La radio y los medios impresos también se utilizan para informar al público sobre las vías disponibles para la denuncia de los casos. Algunas comunidades también cuentan con equipos de tareas contra el maltrato infantil, que llevan a cabo la vigilancia y el seguimiento de los niños en situaciones de riesgo.

Tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

84.En cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Ley contra la Tortura de 2009 (Ley de la República núm. 9745) permanece en vigor y sanciona los actos de tortura cometidos por las autoridades o sus agentes.

85.El Estado ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en abril de 2012, y permitió la visita del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura en junio de 2015. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es un requisito del Protocolo Facultativo, sigue siendo objeto de deliberaciones en el Congreso.

86.La Ley de Lucha contra las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de 2012 (Ley de la República núm. 10353) tipifica como delito la desaparición forzada por parte de agentes del Estado o quienes actúen bajo sus órdenes. En virtud de esta Ley, todos los centros de detención son públicos, y el derecho de acceso a la comunicación y a la liberación inmediata es absoluto.

87.En virtud de la Orden Administrativa núm. 35 (serie de 2012) se creó el Comité Interinstitucional sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Desapariciones Forzadas, Torturas y Otras Violaciones Graves del Derecho a la Vida, la Libertad y la Seguridad de la Persona. El Comité está presidido por el Secretario de Justicia e integrado por varios organismos públicos. Sus funciones incluyen el inventario de los casos, la investigación de los casos no resueltos, el enjuiciamiento y la presentación de informes periódicos al Presidente.

88.La norma sobre el recurso de amparo, que el Tribunal Supremo de Filipinas dictó en octubre de 2007, sigue siendo un recurso jurídico fácilmente disponible para toda persona cuyo derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad se haya visto vulnerado o amenazado por un acto o una omisión ilegales a cargo de un funcionario o empleado público, o de un particular o una entidad privada. Abarca las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas o amenazas de ellas, y apoya la Ley contra la Tortura y la Ley contra las Desapariciones Forzadas o Involuntarias al proporcionar un recurso inmediato y protección en los tribunales.

Castigo corporal y acoso

89.En virtud de la Orden del Ministerio de Educación núm. 40 (2012), el Estado aplica una política de protección de la infancia que incluye medidas de prohibición del maltrato, la violencia, la explotación, la discriminación y demás formas de abuso, y ofrece respuesta a los incidentes de acoso en las escuelas. En el momento de redactarse el presente informe, varios proyectos de ley que alientan la disciplina positiva y prohíben el castigo corporal estaban pendientes de tramitación en el Congreso de Filipinas.

90.La promulgación de la Ley contra el Acoso Escolar de 2013 (Ley de la República núm. 10627), que describe los mecanismos para hacer frente a incidentes de acoso en las escuelas, fue un logro importante durante el período objeto de examen.

Entorno familiar y modalidades alternativas de cuidado

91.La Constitución de Filipinas de 1987 reconoce el carácter sagrado de la vida familiar y la necesidad de proteger y fortalecer la familia, una institución social autónoma que es fundamental y se considera la base de la nación. Por lo que se refiere a los niños en particular, el Estado defiende su derecho a la asistencia, con inclusión de la nutrición y el cuidado debido, así como a la protección especial contra todas las formas de descuido, maltrato, crueldad, explotación y demás situaciones perjudiciales para su desarrollo.

92.Esa política constitucional se hace efectiva en el Programa Socioeconómico de Diez Puntos del Gobierno, que tiene por objeto combatir la pobreza generacional, aumentar los niveles de vida y sostener un crecimiento económico elevado mediante la inversión en el desarrollo del capital humano y la mejora de los programas de protección social, entre otras cosas.

93.El Estado, por mediación del Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo, emplea una estrategia de convergencia para armonizar la aplicación continua de los programas fundamentales de reducción de la pobreza, como el Programa de Transferencia Monetaria Condicionada, el Programa de Medios de Subsistencia Sostenibles y el Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan (Programa de Prestación Amplia e Integrada de Servicios Sociales).

Los niños y los trabajadores migrantes

94.La Ley de la Administración del Bienestar de los Trabajadores en el Extranjero de 2016 (Ley de la República núm. 10801) reforzó aún más los servicios de apoyo del Gobierno filipino a los trabajadores filipinos en el extranjero y sus dependientes. En 2015 había 2,4 millones de esos trabajadores, de los cuales 1,2 millones eran hombres y 1,3 millones eran mujeres, con el resultado de que entre 3 y 6 millones de niños se quedaron sin uno o ambos progenitores. El Estado continúa estando a la altura del desafío de mantener un entorno familiar apropiado, habida cuenta del creciente número de trabajadores filipinos en el extranjero que dejan atrás a sus hijos.

95.El Estado, a través de la Administración del Bienestar de los Trabajadores en el Extranjero, ejecuta programas de repatriación y reintegración, y otorga becas para niños dependientes y asistencia financiera y de subsistencia. Entre 2013 y 2016, unos 30.000 becarios se beneficiaron del fondo de educación y capacitación, por un monto total de 30 millones de pesos filipinos, destinado a hijos de padres trabajadores filipinos en el extranjero.

96.En 2016 se establecieron 41 escuelas filipinas en 10 países del extranjero, con el fin de atender las necesidades educativas de los niños filipinos que vivían con sus padres trabajadores en el extranjero. Se trata de instituciones educativas debidamente registradas que aplican el plan de estudios de enseñanza básica del Ministerio de Educación, y prestan servicio a 33.000 estudiantes matriculados desde la enseñanza preescolar hasta la secundaria.

97.La Comisión de Filipinos en el Extranjero informó de que en 2015 había 686.630 niños registrados que habían salido del país o habían emigrado. En reconocimiento de los diversos problemas a los que se enfrentan, la Comisión propuso que se incluyera a los niños filipinos en el extranjero en el Plan de Desarrollo de la Juventud de Filipinas (2017-2022).

98.El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo y la Administración del Bienestar de los Trabajadores en el Extranjero firmaron un memorando de entendimiento con objeto de seguir promoviendo la campaña interinstitucional para prestar servicios de asistencia social, prevenir el maltrato y la explotación de los niños y proporcionar recursos a tal fin, especialmente en beneficio de los niños que quedan atrás debido a la emigración de sus padres para trabajar en el extranjero.

99.El memorando de entendimiento, que complementa las leyes vigentes sobre protección de la infancia, dio lugar a la implementación de un programa en marzo de 2017 para familiarizar a los cuidadores y ejecutores de los programas sobre los derechos y las responsabilidades de los niños, y prevenir los malos tratos y la violencia contra ellos en la comunidad. El programa también tenía por finalidad concienciar a la población sobre las preocupaciones de los niños que se quedan sin sus padres trabajadores en el extranjero, identificar las intervenciones de protección adecuadas para esos niños, promover las actitudes y perspectivas más necesarias para hacer frente a las cuestiones conexas, establecer puntos de convergencia entre la Administración del Bienestar de los Trabajadores en el Extranjero, el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo y el Ministerio de Justicia por un lado, y las administraciones locales por el otro, y formular un plan de acción a fin de abordar dichas cuestiones y dificultades.

Niños privados de un entorno familiar

100.La aprobación de la Ley de Acogimiento en Hogares de Guarda de 2012 es la contribución más importante del Estado a la protección y promoción de los derechos de los niños privados de un entorno familiar. La Ley fortalece los arreglos de acogimiento familiar y las modalidades alternativas de cuidado parental en el marco de un programa sólido, proporciona incentivos a las familias de acogida, y simplifica los requisitos/procesos relativos al cuidado de niños colocados en hogares de guarda.

101.En 2015 había 1.705 familias de acogida autorizadas, acreditadas y evaluadas por el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo. De 2011 a 2016 (primer trimestre), 3.734 niños fueron colocados en hogares de guarda. De 2012 a 2015, se asignaron 41 millones de pesos (804.000 dólares de los Estados Unidos) a la aplicación de la Ley de Acogimiento en Hogares de Guarda.

102.En marzo de 2016, el Tribunal Supremo de Filipinas se pronunció sobre el histórico caso Poe-Llamanzares v. COMELEC (G.R. núm. 221697), y sostuvo que “negar la plena ciudadanía filipina a todos los expósitos y convertirlos en apátridas debido únicamente a la posibilidad teórica de que una entre esas miles de personas haya nacido no solo de uno, sino de dos extranjeros, es manifiestamente discriminatorio, irracional e injusto”. Así pues, “[D]esde el punto de vista jurídico, los niños expósitos tienen la categoría de ciudadanos por nacimiento”, habida cuenta además de que los tratados internacionales de derechos humanos obligan a los Estados partes a “conceder la nacionalidad desde el nacimiento y asegurarse de que ningún niño sea apátrida”.

Adopción

103.Con el fin de asegurar protección a los niños en los procedimientos de adopción, la Ley de la República núm. 9523, promulgada en 2009, agiliza el procedimiento legal necesario para que el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo declare disponible para la adopción mediante un proceso administrativo, en lugar de un procedimiento judicial, a todo niño objeto de abandono o descuido o entregado a las autoridades. Desde que se promulgó la Ley, un total de 979 niños fueron declarados disponibles para la adopción en el país, mientras que 2.854 reunieron los requisitos necesarios para la adopción internacional.

104.En el período de 2009 a 2016, los niños filipinos sometidos al proceso de adopción internacional fueron destinados a las siguientes regiones: Estados Unidos (1.761), Europa (1.922), Asia y el Pacífico (374) y Canadá (502). Se incluye a los niños declarados aptos para el procedimiento de adopción internacional antes de 2009, pero colocados con los padres adoptivos adecuados durante ese período.

105.Como medida adicional contra la trata de personas, y para reforzar los mecanismos legales de adopción, el 16 de marzo de 2016 el Estado se adhirió al Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Las modificaciones introducidas en la Ley contra la Trata de Personas incluyen asimismo la tipificación del delito de trata con fines de adopción.

106.El Estado celebra la Semana de Concienciación sobre la Adopción la primera semana de febrero todos los años, con el fin de educar a la población sobre la adopción legal y animarla a proporcionar hogares afectuosos y permanentes a los niños.

107.En el caso Poe-Llamanzares v. COMELEC, el Tribunal sostuvo que una persona que ha sido adoptada legalmente no incurre en falsedad alguna al señalar que “nació de” los adoptantes en la solicitud de repatriación, sobre la base de tres motivos, a saber: 1) como norma general, uno de los efectos de la adopción es “eliminar todos los vínculos jurídicos entre los padres biológicos y el niño adoptado”; 2) la solicitante tenía derecho a un certificado de nacimiento modificado “que acreditara el hecho de que el adoptado es hijo del adoptante o de los adoptantes”; y 3) la ley exige que “se mantenga la estricta confidencialidad” de todos los registros y documentos relacionados con los casos de adopción.

Niños con padres encarcelados

108.Todavía no se ha realizado un estudio que proporcione información de referencia sobre las repercusiones negativas en los niños con padres encarcelados, a fin de que el Estado pueda elaborar políticas y programas destinados a ayudar y prestar asistencia a esos niños.

Discapacidad, salud básica y bienestar

Discapacidad

109.Como parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Estado ha establecido programas para proteger los derechos de los niños con discapacidad. En 2010, la Oficina de Estadística de Filipinas informó de que había 1,4 millones de personas con discapacidad, de las cuales el 18,9 %, es decir, 372.154, eran niños de 10 a 14 años. El Consejo Nacional para Asuntos de Discapacidad también informó en 2011 de que los tipos de discapacidad más frecuentes eran las deficiencias visuales, auditivas, ortopédicas, mentales y del habla.

110.Para actualizar los datos de la Oficina de Estadística se realizó la Encuesta Nacional de Prevalencia de la Discapacidad/Encuesta Modelo sobre Funcionalidad de 2016, que era una adaptación de la Encuesta Modelo sobre Discapacidad de la OMS y exploraba la discapacidad como resultado de las interacciones entre una persona con un problema de salud y diversos factores ambientales y personales, en lugar de centrarse en la salud o las afecciones de la persona en cuestión.

111.De conformidad con el Plan de Acción Mundial de la OMS sobre Discapacidad (2014-2021), el Estado, por mediación del Ministerio de Salud, revisó su política nacional de fortalecimiento de la salud y el bienestar de las personas con discapacidad en 2015. El objetivo es mejorar el acceso a los establecimientos y servicios sanitarios “eliminando las barreras físicas y sistémicas relacionadas con el diseño arquitectónico de las instalaciones de atención de la salud”, y reforzar la utilización del Registro de Personas con Discapacidad de Filipinas a fin de mejorar la reunión de datos pertinentes e internacionalmente comparables sobre la discapacidad.

112.En virtud de la Proclamación núm. 688, por la que se declara el período de 2013 a 2022 como el decenio filipino para hacer realidad los derechos de las personas con discapacidad, se aprobó el Tercer Decenio de Asia y el Pacífico para Hacer Realidad los Derechos de las Personas con Discapacidad (2013-2022), con el fin de “[a]mpliar la intervención temprana y la educación para los niños con discapacidad”. En consecuencia, el Consejo Nacional para Asuntos de Discapacidad y el Consejo Estatal para el Bienestar de la Infancia apoyaron la elaboración del Programa Legislativo sobre la Infancia para el 17º Congreso, que incluye un proyecto de ley sobre el establecimiento de centros de recursos de aprendizaje para la educación inclusiva de los niños y jóvenes con necesidades especiales.

113.El Estado ha formulado el Plan Quinquenal de Desarrollo de la Educación de los Niños y Jóvenes con Discapacidad (2014-2019).

114.Entre los principales instrumentos legislativos promulgados por el Estado en este ámbito durante el período objeto de examen figuran los siguientes:

a)Ley de la República núm. 10821 (serie de 2016), que formula un programa integral de emergencia para la protección de la infancia en situaciones de desastre y otras situaciones de emergencia, incluidos los niños con discapacidad, de conformidad con las normas humanitarias internacionales aceptadas;

b)Ley de la República núm. 10754 (serie de 2015), que prevé un descuento del 20 % y la exención del impuesto sobre el valor añadido, así como la creación de carriles prioritarios, para las personas con discapacidad;

c)Ley de la República núm. 10747 (serie de 2015), o Ley de Enfermedades Raras de Filipinas, que exige al Gobierno que elabore una política integral para atender las necesidades de las personas con enfermedades raras;

d)Ley de la República núm. 10372 (serie de 2012), que permite la reproducción de materiales con derechos de autor en formatos accesibles para su utilización en actividades de aprendizaje destinadas a las personas con discapacidad;

e)Ley de la República núm. 10366 (serie de 2012), por la que se establecen mesas de votación accesibles;

f)Ley de la República núm. 10410 (serie de 2012), o Ley de la Primera Infancia, que, entre otras cosas, promueve la inclusión de los niños con necesidades especiales, proporciona ajustes razonables y entornos accesibles para los niños con discapacidad, y aboga por el respeto de la diversidad cultural y lingüística, incluido el uso de la lengua de señas filipina como lengua visual de las personas sordas; y

g)Ley de la República núm. 10070 (serie de 2009), por la que se modificó la Carta Magna de las Personas con Discapacidad y se requirió su mejor aplicación a nivel local, así como el establecimiento de oficinas encargadas de los asuntos de las personas con discapacidad.

115.El 23 de noviembre de 2017 se aprobaron las Normas y Reglamentos de Aplicación de la Ley de Enfermedades Raras de Filipinas.

116.En 2013, el Estado, por conducto del Consejo Nacional para Asuntos de Discapacidad, hizo posible que 78 dependencias de las administraciones locales de 17 regiones fueran más “atentas” con las personas con discapacidad gracias a los seminarios de información y capacitación impartidos. En cuanto al socorro en casos de desastre, el Estado, por conducto del Consejo, ha colaborado con el Comité Interinstitucional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres y contribuyó a la elaboración de un manual sobre el plan de inclusión de la discapacidad en la preparación para casos de desastre. También en 2013, el Consejo estableció secciones de discapacidad en seis escuelas primarias, que se impulsaron en 2014 mediante la publicación por el Ministerio de Educación de las Directrices de Aplicación del Sistema de Aprendizaje Alternativo para Personas con Discapacidad.

117.En 2014 se celebró la primera Convención de Salud Pública sobre la Salud y el Bienestar de las Personas con Discapacidad, que alineó y agrupó estratégicamente varios programas destinados a recién nacidos, lactantes y niños pequeños con el fin de abarcar el desarrollo infantil y la prevención de la discapacidad. Entre esos programas figuran los destinados a la exploración de recién nacidos (análisis de sangre metabólico), la exploración auditiva de recién nacidos, el desarrollo infantil temprano, la prevención de lesiones infantiles y las enfermedades raras.

118.PhilHealth, la empresa pública del seguro médico en Filipinas, aumentó la cobertura del cribado neonatal para detectar la discapacidad en los recién nacidos con miras a una prevención temprana, y pasó de 393 en 2004 a 5.620 en 2014. PhilHealth también ha facilitado un conjunto de prestaciones a los niños con discapacidad, en particular con deficiencias auditivas, visuales y de movilidad y desarrollo. Si bien las prestaciones aún no se han implantado en los hospitales, se están preparando tres puntos de prestación de servicios a nivel subnacional (es decir, centros para niños con discapacidad) con el fin de hacer frente a la enorme brecha en los servicios destinados a esos niños.

119.El Estado utiliza el Manual del Encuestador del Censo de Población y Vivienda de 2010, que incluye seis categorías básicas de dificultades funcionales, a saber, las relacionadas con la vista, el oído, caminar o subir escaleras, recordar/concentrarse, cuidarse a sí mismo y comunicarse.

120.Una medida reciente para cumplir con la obligación del Estado en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el Plan Quinquenal de Desarrollo de la Educación de los Niños y Jóvenes con Discapacidad (2014-2019), elaborado por el Ministerio de Educación.

121.El Estado, con la ayuda de las ONG, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales, prosigue sus iniciativas encaminadas a promover la concienciación y las respuestas en relación con los problemas que afectan a los niños con discapacidad en los planos nacional, regional y subnacional.

122.Hay proyectos de ley destinados a los niños con necesidades especiales pendientes de aprobación en el Congreso, cuyo objetivo es el establecimiento de al menos un centro de educación especial en cada división escolar y tres en las grandes divisiones escolares.

Atención primaria de la salud

123.El estado de salud de los niños sigue mejorando, como indican la tendencia descendente y la disminución constante en las tasas de mortalidad neonatal, de los lactantes y de los niños menores de 5 años. La tasa de mortalidad infantil disminuyó a 27,1 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 2016, en comparación con las 33,4 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 2008. Entre los lactantes, la tasa de mortalidad fue de 21,5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 2016, lo que supone una reducción con respecto a la tasa de 25,9 registrada en 2008. En el caso de los recién nacidos, la tasa de 2016 fue de 12,6 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, en comparación con las 15 defunciones en 2008. Si bien aún queda mucho por hacer para que las cifras continúen bajando en los próximos años, se constata una marcada mejora en esta esfera de la atención sanitaria.

124.Como parte del compromiso del Estado de alcanzar los ODM en materia de salud maternoinfantil, el Ministerio de Salud encabezó la estrategia de salud y nutrición materna, neonatal e infantil. Las dependencias de las administraciones locales han aplicado esta política en el marco de ordenanzas que prevén incentivos para las parteras tradicionales que remitan a las mujeres embarazadas a los establecimientos sanitarios. La estrategia de salud y nutrición materna, neonatal e infantil ha sido decisiva para la disminución de las muertes registradas, ya que hizo frente a causas como la neumonía, la diarrea y las enfermedades prevenibles mediante vacunación. El Ministerio de Salud ha instituido asimismo las intervenciones integrales en materia de nutrición y atención de la salud maternoinfantil.

125.Desde 2007, el Estado ha acometido un programa de reformas para llegar a los pobres de manera más eficaz, en cuyo marco cabe señalar el logro de la atención sanitaria universal. Uno de los programas clave en ese contexto es el Sistema Nacional de Selección de Hogares para la Reducción de la Pobreza, que se ha utilizado a fin de inscribir a los pobres identificados en los diferentes programas de protección social, incluido PhilHealth. Además de la inscripción automática en PhilHealth, los centros de salud del Gobierno también están obligados a prestar sus servicios a las personas clasificadas como pobres sin “copago” ni “facturación de saldo”. Los primeros resultados de estas reformas muestran que se ha producido un fuerte incremento de la utilización de PhilHealth por parte de la población más pobre.

126.El Ministerio de Salud se unió a la comunidad internacional en la primera campaña de 1.000 días para hacer frente a la malnutrición. En ese contexto, el Estado comenzó a aplicar el Código Nacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna de conformidad con la Ley de la República núm. 10028, o Ley de Promoción Ampliada de la Lactancia Materna de 2009.

127.Para fortalecer aún más la atención primaria de la salud, en 2015 se publicaron las directrices nacionales para la gestión de la malnutrición aguda de los lactantes y los niños menores de 5 años; a partir de 2016 se fomentó la capacidad de los trabajadores sanitarios de la comunidad y los hospitales; y el Gobierno ha adquirido productos básicos para la gestión de la malnutrición aguda moderada y grave en provincias seleccionadas con una carga elevada de malnutrición.

128.El Plan de Acción Nacional sobre Nutrición (2017-2022) se aprobó en febrero de 2017. Incluye tanto programas específicos de nutrición que abarcan programas “planificados y diseñados para producir resultados nutricionales”, tales como los de alimentación de lactantes y niños de corta edad y suplementos con micronutrientes, como programas que tienen en cuenta la nutrición en relación con “proyectos de desarrollo adaptados para producir resultados nutricionales”. Estos programas incorporan el establecimiento de vías de acceso a los mercados de nutrición infantil y la incorporación de la nutrición a los medios de vida sostenibles.

129.Varias organismos disponen de programas de alimentación suplementaria, como el programa de alimentación suplementaria del Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo para niños de 24 a 59 meses y el del Ministerio de Educación para niños en edad escolar.

Iniciativas para hacer frente a los problemas de salud

130.El Estado prosigue sus iniciativas para hacer frente a los problemas de salud que afectan específicamente a los niños. A continuación se exponen algunos de los ejemplos más notables al respecto:

a)Búsqueda de intervenciones de gran impacto centradas en 5 esferas fundamentales de la atención sanitaria universal, a saber, la reducción de la tasa de mortalidad de niños menores de 1 año, la disminución de la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años, la reducción del cociente de mortalidad materna, la eliminación del VIH/sida, y el aumento de las redes de prestación de servicios en las comunidades pobres;

b)Promulgación de la Ley de Vacunación Obligatoria de Lactantes y Niños de 2011 (Ley de la República núm. 10152), que prevé la vacunación gratuita contra diversas enfermedades en los hospitales y centros públicos;

c)Provisión de cobertura de seguro médico para los hijos de los afiliados a PhilHealth. En 2013, un total de 385.456 niños fueron declarados dependientes de padres inscritos en PhilHealth, en su mayoría procedentes de familias beneficiarias del Programa de Transferencia Monetaria Condicionada del Gobierno; y

d)Aplicación del Programa de Promoción de la Buena Nutrición, como componente del Programa Acelerado de Mitigación del Hambre, que tiene por objeto aumentar los conocimientos de las personas sobre nutrición y promover la lactancia materna como medio de mitigación del hambre. El programa se centró en la capacitación en materia de alimentación de los lactantes y los niños de corta edad, así como en la organización de grupos de apoyo para asesorar a las mujeres embarazadas y las madres de bebés hasta los 23 meses.

131.En aras de fomentar la lactancia materna y proporcionar una mejor protección de la maternidad, ambas cámaras del Congreso aprobaron recientemente un proyecto de ley de licencia de maternidad ampliada, que prevé 105 días de licencia de maternidad remunerada para las madres que trabajan.

Salud reproductiva de los adolescentes

132.En respuesta a la observación final sobre la necesidad de hacer efectivos los derechos de los niños y adolescentes en el marco de programas y servicios en la esfera de la salud reproductiva, incluido el asesoramiento, el Congreso de Filipinas promulgó la Ley de la República núm. 10354, o Ley de Paternidad y Salud Reproductiva Responsables de 2012. El Tribunal Supremo ratificó la constitucionalidad de esa Ley, incluido el derecho de los menores de edad a recibir asesoramiento en materia de salud reproductiva sin necesidad del consentimiento de los padres.

133.Además, en la observación final se recomendó que el Estado reforzara la educación sexual centrada en la prevención de los embarazos precoces y las infecciones de transmisión sexual. Este aspecto se aborda en la Ley de la República núm. 10354, que exige impartir una educación sexual apropiada para el desarrollo en todas las escuelas por mediación del Ministerio de Educación, que también se encarga de vigilar su implementación.

134.Con el fin de facilitar la colaboración y resolver las cuestiones relativas a la aplicación de la Ley de Paternidad y Salud Reproductiva Responsables, el Ministerio de Salud dirigió la creación de equipos nacionales y regionales de aplicación mediante la Orden Administrativa núm. 2015-0002. Esos equipos están integrados por miembros de los organismos públicos y las organizaciones de la sociedad civil competentes que se encargan de coordinar, vigilar y evaluar la aplicación de la ley.

135.Se promulgó el Decreto núm. 12 (serie de 2016), por el que se ordenaba al Ministerio de Salud, la Comisión de Población, el Ministerio del Interior y las Administraciones Locales y otros organismos públicos que colaborasen con las dependencias de esas administraciones en la aplicación de estrategias tales como la cartografía de zonas para localizar parejas e individuos con necesidades desatendidas de planificación familiar moderna, como requiere la Ley de Paternidad y Salud Reproductiva Responsables. Además, el Ministerio de Salud dictó la orden administrativa relativa a las directrices para la consecución del tamaño familiar deseado mediante una disminución acelerada y sostenida de las necesidades desatendidas de métodos modernos de planificación familiar, con miras a facilitar la aplicación del Decreto.

136.El Programa de Salud y Desarrollo de los Adolescentes es uno de los principales componentes del Programa de Gestión de la Población de Filipinas. El objetivo general del Programa de Salud y Desarrollo de los Adolescentes es contribuir a la mejora y la promoción del bienestar completo de la juventud filipina en los grupos de edad de 10 a 14, 15 a 19 y 20 a 24 años, haciendo hincapié en su salud sexual y reproductiva. En particular, el programa tiene por objeto contribuir a la disminución de la incidencia de los embarazos en la adolescencia y de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/sida entre los jóvenes, conforme a las tendencias establecidas en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo.

137.You-for-You, o U4U Teen Trail Initiative, es el portal de recursos de salud para los adolescentes de Filipinas. Se trata de un proyecto de la Comisión de Población y el Ministerio de Salud junto con sus asociados para el desarrollo, que consiste en un sitio web interactivo y dinámico cuyo objetivo es proporcionar a los adolescentes filipinos de 15 a 19 años de edad información fundamental sobre el retraso del inicio de la actividad sexual y la prevención de las infecciones de transmisión sexual.

138.En el momento de redactarse el presente informe, el Congreso de Filipinas examinaba un proyecto de ley para establecer una política nacional de prevención de los embarazos en la adolescencia e institucionalizar la protección social para los padres adolescentes.

Iniciativas para un estilo de vida sano

139.El Ministerio de Educación ha integrado la educación física y las competencias para la vida en los planes de estudios con el fin de promover estilos de vida sanos entre los jóvenes. En 2017, el Ministerio dictó la Orden Ministerial núm. 13, que prohíbe la venta y distribución de comida basura en las escuelas.

140.En 2012 se aprobó la Ley de la República núm. 10351, o Ley de Impuesto Especiales, a fin de disuadir del consumo de productos de tabaco y alcohol a la población en general, incluidos los niños. La Ley contribuye a la generación de ingresos y la promoción de la salud.

141.El Banco Mundial informó de que, entre 2012 y 2016, se generaron 86.100 millones de pesos filipinos en ingresos adicionales gracias a esa Ley, que se utilizaron para financiar servicios sociales públicos como la cobertura sanitaria universal. Los primeros datos apuntan a una disminución del consumo de tabaco como resultado de la aplicación de la Ley. Más recientemente, las advertencias sanitarias gráficas se hicieron obligatorias para todos los paquetes de cigarrillos.

142.En 2016, el Ministerio de Educación dictó la Orden Ministerial núm. 48 para implementar efectivamente un programa integral de control del tabaco. En 2017 se promulgó el Decreto núm. 26, que prohíbe fumar en todos los lugares públicos.

143.Se ha promulgado la Ley de la República núm. 10963, o TRAIN 1, que incluye un impuesto especial sobre las bebidas azucaradas. Esta medida tiene por objeto frenar el consumo de azúcar, especialmente entre los niños y jóvenes, y generar ingresos públicos adicionales para los servicios sociales relacionados con la salud.

Salud mental y abuso de sustancias

144.El Estado lleva cabo un proceso de consolidación de todas sus políticas relacionadas con la salud mental a fin de elaborar una política integral de salud mental en la infancia y adolescencia. A este respecto, cabe señalar la enorme contribución de la Ley de Salud Mental de Filipinas (Ley de la República núm. 11036), que establece los derechos de las personas con necesidades de salud mental.

145.El Ministerio de Salud ha publicado directrices nacionales sobre el apoyo psicosocial para adultos y niños con deficiencias mentales. También creó el Comité Nacional de Gestión de Programas, así como los Equipos de Desarrollo y Gestión de Programas, para asegurar la sostenibilidad de los programas públicos de salud mental.

146.Con motivo del Día Nacional de Concienciación sobre la Prevención del Suicidio el Ministerio de Salud, en asociación con la Fundación Natasha Goulbourn, puso en marcha el Proyecto HOPELINE, una línea telefónica de apoyo en situaciones de crisis que funciona las 24 horas del día y los siete días de la semana para prevenir la depresión y el suicidio, con el objetivo de prestar asistencia a las personas con problemas de salud mental.

147.El consumo de drogas, que afecta considerablemente a la salud mental en general, es también una preocupación importante en el caso de los niños.

148.Según la encuesta más reciente realizada por la Junta de Drogas Nocivas en 2015, la tasa de prevalencia del consumo de drogas aumentó al 2,3 % (lo que representa 1,76 millones de personas) en comparación con el 1,8 % (1,3 millones de toxicómanos) en 2012. La Junta también informó de un total de 4.392 admisiones en centros de rehabilitación en 2014, mientras que otros organismos, incluida la Policía Nacional, notificaron que 184.252 personas habían completado el programa de recuperación y bienestar en diferentes centros de rehabilitación del país. Además, según el Organismo de Fiscalización de Drogas de Filipinas, en marzo de 2018 se había rescatado a 649 menores de edad en operaciones relacionadas con las drogas.

149.Los datos procedentes de 29 centros residenciales y 2 centros no residenciales de tratamiento y rehabilitación mostraron que la edad media de los pacientes era de 30 años y que el más joven tenía 9 años. Cuando se les preguntó cuándo habían comenzado a consumir drogas, los pacientes respondieron que entre los 15 y los 19 años, y esto representaba el 47,79 % del grupo. La mitad del grupo (50,30 %) había tomado drogas de 2 a 5 veces por semana, mientras que el 21 % las consumía diariamente.

150.En 2017 se promulgó el Decreto núm. 15 por el que se estableció el Comité Interdepartamental de Lucha contra las Drogas Ilegales. Dirigido por el Organismo de Fiscalización de Drogas de Filipinas, el Comité tiene el mandato de implementar un sistema integrado de planificación, ejecución y observancia de políticas, programas y proyectos contra el uso indebido de drogas ilegales. El Estado responde al problema de las drogas en el marco de programas integrales, en el reconocimiento de que las drogas son un problema comunitario y de salud pública. Uno de los cuatro grupos de que consta el Comité es el grupo de rehabilitación y reintegración, que ha supervisado la construcción de centros de tratamiento por mediación de asociaciones público-privadas.

151.Los organismos públicos orientados a la infancia también reconocen el problema y hacen todo lo posible para hacerle frente en el contexto de diversas intervenciones. Además, se preparan estudios y evaluaciones, así como políticas conexas. El Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo puso en marcha recientemente su programa Yakap Bayan(abrazo del pueblo), que tiene por objeto convertir a los drogodependientes en recuperación en miembros productivos de la comunidad gracias a los servicios médicos y psicosociales, que incluyen la desintoxicación, el asesoramiento, la capacitación en aptitudes de subsistencia y el fomento de las capacidades.

VIH/Sida

152.El Ministerio de Salud ha emitido las siguientes órdenes administrativas en respuesta a las preocupaciones sobre el VIH/sida:

a)Orden Administrativa núm. 2009-0016, por la que se establecen políticas y directrices para prevenir la transmisión del VIH de madre a hijo;

b)Orden Administrativa núm. 2014-0031, por la que se establecen políticas y directrices sobre el uso de la terapia antirretrovírica para las personas que viven con el VIH y los lactantes infectados por el VIH;

c)Orden Administrativa núm. 2016-0035, por la que se establecen directrices sobre la prestación de atención prenatal de calidad en todas las maternidades y en todos los establecimientos sanitarios que prestan servicios de maternidad; y

d)Orden Administrativa núm. 2017-0019, por la que se establecen directrices para el consentimiento informado; un trabajador social autorizado podrá dar su consentimiento para la realización de la prueba del VIH a menores de edad únicamente si no se puede obtener el consentimiento de los padres o parientes más cercanos.

153.En 2017 se impulsó la labor del Comité sobre la Infancia y el VIH/Sida, dependiente del Comité Estatal para el Bienestar de la Infancia, a fin de responder a la prevalencia creciente del VIH. Para hacer frente a los problemas actuales a causa de la legislación en vigor que impide a los adolescentes menores de 18 años acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva sin el consentimiento de los padres, incluidos el asesoramiento y las pruebas de detección del VIH, el Comité sobre la Infancia y el VIH/Sida elaboró el protocolo de prestación del consentimiento por poder para la realización de pruebas de detección del VIH y la prestación de servicios a los niños vulnerables y en situación de riesgo de contraer el VIH, que está a la espera de su aprobación por el Consejo Nacional del Sida.

154.En las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño se señaló la necesidad de reforzar las campañas de concienciación sobre el VIH/sida en el país y de asegurar el acceso a una educación sobre el VIH/sida apropiada a cada edad, con el fin de poner a disposición de los niños competencias para la vida que les permitan reducir su vulnerabilidad al VIH y a las infecciones de transmisión sexual. Esto se lleva a cabo mediante la aplicación de un Plan de Mediano Plazo sobre el Sida, cuyo objeto es proporcionar orientación estratégica con miras a una respuesta multisectorial al sida a nivel nacional, regional y local, por mediación del Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior y las Administraciones Locales. En el momento de redactarse el presente informe dicho plan se encontraba en su sexta fase desde que se concibió en 2008. El Sexto Plan de Mediano Plazo sobre el Sida (2017-2022) se centra en lo siguiente:

a)Aumento de los conocimientos sobre la transmisión, la prevención y los servicios relacionados con el VIH entre los jóvenes de 15 a 24 años hasta el 90 %;

b)Prevención de nuevas infecciones por el VIH entre los 15 y los 24 años;

c)Pruebas y tratamientos para el 90 % de las personas que viven con el VIH; y

d)Eliminación de la transmisión del VIH de madre a hijo.

Salud ambiental

155.En 2009, el Estado promulgó la Ley sobre el Cambio Climático (Ley de la República núm. 9729), por la que se estableció la Comisión sobre el Cambio Climático, que presta sus servicios como único órgano de formulación de políticas públicas en materia de coordinación, vigilancia y evaluación de los programas y planes de acción relativos al cambio climático.

156.En 2012, la Ley de la República núm. 9729 fue modificada por la Ley de la República núm. 10174. En virtud de esta Ley se estableció el Fondo para la Supervivencia de la Población, con el fin de financiar los proyectos de adaptación al cambio climático y su mitigación formulados por las administraciones locales, que son decisivos teniendo en cuenta la vulnerabilidad del archipiélago filipino y de los habitantes de las zonas costeras a los efectos desastrosos del cambio climático.

157.En 2017, el Estado ratificó el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. El Acuerdo de París reafirma nuestras leyes y políticas nacionales para hacer frente al cambio climático ya que, según sus propios términos, “tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza”.

158.En 2013 se promulgó la Ley de la República núm. 10620, o Ley de Etiquetado de Seguridad de Juguetes y Juegos de 2013, para garantizar que los productos destinados a los niños estén libres de sustancias químicas tóxicas, peligrosas y nocivas. Hay proyectos de ley pendientes en el Congreso de Filipinas cuya finalidad es hacer cumplir los requisitos de etiquetado de los materiales y sustancias químicas que se utilizan en los productos de consumo, así como prohibir la importación o fabricación de productos nocivos. El Gobierno de Filipinas, en asociación con las ONG y el sector privado, también ha organizado una exitosa campaña para eliminar gradualmente la pintura a base de plomo.

159.El Estado sigue aplicando diversos programas y políticas que promueven la salud ambiental, como la Política de Adquisiciones Ecológicas, que fomenta la compra de productos cuyo impacto ambiental adverso es mínimo.

Educación, esparcimiento y actividades culturales

160.La educación continúa siendo una de las principales prioridades del país en relación con los derechos del niño, como se refleja en los diversos logros del Estado en el marco del Consejo de Atención y Desarrollo en la Primera Infancia, dependiente del Ministerio de Educación, y la Autoridad de Educación Técnica y Desarrollo de Aptitudes.

161.En sus observaciones finales, el Comité de los Derechos del Niño instó al Estado a que asignara los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios con el fin de que la enseñanza primaria sea universal, gratuita y accesible para todos los niños, en particular los residentes en los barangays (aldeas) más remotos, y a que atendiera las necesidades educativas de los niños pertenecientes a grupos vulnerables. La Ley de la Primera Infancia de 2013 establece que el Consejo de Atención y Desarrollo en la Primera Infancia es el organismo encargado de la educación de los niños hasta los 4 años de edad:

a)En 2015 y 2018 se establecieron más de 200 centros nacionales de desarrollo infantil en 70 provincias. Los centros Bulilit (para los más pequeños) ofrecen un aprendizaje preparatorio de calidad a los niños hasta los 4 años, con miras a apoyar su transición del hogar a las instituciones de educación formal. Los centros también sirven como lugares de implementación de iniciativas en el marco del Programa de Aprendizaje Temprano y del Programa de Apoyo a la Familia, a cargo del Consejo de Atención y Desarrollo en la Primera Infancia;

b)Se produjo un aumento del 3 % en el número de centros de desarrollo infantil, que pasó de 51.797 en 2011 a 53.436 en 2013;

c)Los informes del Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo revelan que la tasa de matriculación en los centros de desarrollo infantil aumentó un 4 %, de 1.699.888 en 2011 a 1.778.274 en 2013. Aunque la tasa bruta de matriculación disminuyó del 109,20 % en el año escolar 2014/15 al 105,3 % en el año escolar 2015/16, había aumentado enormemente considerada en el contexto de los últimos diez años. De manera análoga, la tasa de participación, que es la relación entre la matriculación y la población total en el rango de edad escolar, aumentó del 19,45 % en 2010 al 38 % en 2012.

162.La tarea de desarrollar una política integral de educación y cuidado de la primera infancia y de concienciar sobre los beneficios derivados de las oportunidades de educación preescolar y aprendizaje temprano también se lleva a cabo con arreglo a lo establecido en la Ley de la República núm. 10157, que institucionaliza el jardín de infancia como componente de la educación básica y prevé su obligatoriedad para el ingreso en el primer grado:

a)Desde la promulgación de la Ley de la República núm. 10157 en 2012, se ha registrado un aumento del 28 % en las matriculaciones. En el año escolar 2011/12 se registró la mayor matriculación en guarderías, es decir, 2.106.345 alumnos en comparación con 1.650.232 en el año escolar 2010/11;

b)En el año escolar 2012/13 se registró una tasa neta de matriculación del 77 % en las guarderías. Compárese con el año escolar 2015/16, cuando se produjo una mejora significativa en el número bruto de esas matrículas y se alcanzó una tasa del 93,43 %.

163.Un importante avance en educación fue la aplicación de la Ley Ampliada de Educación Básica de 2013, que amplía el ciclo de la enseñanza básica de los 10 a los 12 años y establece un plan de estudios más sofisticado a fin de capacitar a los estudiantes con las aptitudes que se necesitan en el siglo XXI, mejoradas mediante el Programa K-12. El Ministerio de Educación promovió la educación multilingüe basada en la lengua materna, que enseña a los alumnos a leer y escribir en su primera lengua para que puedan comprender más fácilmente los conceptos. En 2013 el Ministerio rediseñó su estructura organizativa mediante un programa de racionalización, que permitió una mejor prestación de los servicios. La Autoridad de Educación Técnica y Desarrollo de Aptitudes también identificó y desarrolló itinerarios técnicos y vocacionales para estudiantes de secundaria superior con miras a adaptar mejor las capacidades de la fuerza de trabajo al mercado laboral.

Mejor acceso a la educación

164.Al responder a las observaciones y recomendaciones finales, el Estado es consciente de que el acceso a la enseñanza primaria y secundaria ha fluctuado, como se desprende de la tasa neta de matriculación. Las cifras se redujeron en el año escolar 2005/06 (84,44 % en primaria; 58,54 % en secundaria), y aumentaron en el año escolar 2010/13 (95,92 % en primaria; 64,30 % en secundaria). Con respecto al primer grado concretamente, en el año escolar 2012/13 se registró una tasa de matriculación del 82 %. Es importante señalar esto, ya que quienes acceden a los primeros grados también tienen más posibilidades de proseguir en los grados superiores, en comparación con quienes carecen por completo de acceso.

165.No obstante, se pueden observar mejoras en la tasa de supervivencia de cohorte y la tasa de terminación de estudios que, en agosto de 2016, fueron del 87,07 % y el 83,43 % respectivamente. Se trata de un aumento considerable en relación con las estadísticas de 2009, que registraron un promedio del 76,41 % en la tasa de cohorte y del 72,87 % en la tasa de terminación. Asimismo, la tasa de abandono escolar registró una tendencia significativa a la baja, y pasó del 6,24 % en el año escolar 2012/13 al 2,70 % en agosto de 2016.

166.El número de graduados también aumentó constantemente, y pasó de 1.675.267 y 1.068.479 en 2008 para los niveles primario y secundario de enseñanza, respectivamente, a 1.971.092 y 1.202.111 en 2015. Sin embargo, es necesario mejorar los resultados del Examen Nacional de Evaluación, cuyo promedio general fue del 59 % para los estudiantes de tercer grado desde el año escolar 2009 hasta el año escolar 2013, del 68,48 % para los estudiantes de sexto grado desde el año escolar 2009 hasta el año escolar 2014, y del 49,51 % para los estudiantes de secundaria en este mismo período.

167.Con respecto a los jóvenes no escolarizados, la encuesta sobre alfabetización funcional, educación y medios de comunicación de 2013, que abarcó a unos 36 millones de personas de 6 a 24 años de edad, reveló que uno de cada diez o unos 4 millones de niños y jóvenes filipinos no estaban escolarizados.

168.El Ministerio de Educación ofrece asistencia financiera a los estudiantes que desean seguir una educación básica en escuelas que no pertenecen al Ministerio al cubrir una parte importante de los gastos escolares:

a)El Programa de Asistencia a los Alumnos y Profesores de Enseñanza Privada permite a los estudiantes que reúnan los requisitos necesarios proseguir la enseñanza secundaria en escuelas privadas mediante la concesión de un subsidio anual fijo para cubrir la matrícula y otros gastos escolares. En el año escolar 2016/17, el Ministerio de Educación prestó asistencia a 932.090 alumnos de escuelas privadas y, antes de 2015, logró aumentar el subsidio hasta 11.000 pesos en las escuelas de la Región de la Capital Nacional y hasta 8.500 pesos en las escuelas fuera de esa región. En 2016 se destinaron al programa 21.180 millones de pesos del presupuesto general del Ministerio de Educación;

b)El programa de vales, dirigido a estudiantes de secundaria superior en escuelas privadas, asciende a 22.500 pesos y beneficia a un total de 615.929 alumnos.

169.El Programa de Transferencia Monetaria Condicionada contribuyó al aumento de las matrículas y de la asistencia a la escuela, así como a la disminución de las tasas de abandono. En 2017, el Estado promulgó la Ley de la República núm. 10931, que ofrece educación terciaria gratuita en 112 universidades e institutos públicos.

Educación para niños pertenecientes a grupos vulnerables

170.Con el fin de promover la igualdad de acceso entre los alumnos, el Estado, por mediación del Ministerio de Educación, elaboró varios programas para atender las necesidades de los niños pertenecientes a grupos vulnerables, entre ellos los niños con discapacidad, los niños pertenecientes a grupos minoritarios y los niños y jóvenes que no asisten a la escuela.

171.En cuanto a los niños con discapacidad, el programa de educación especial del Ministerio de Educación siguió registrando avances significativos, con 54.282 matriculados en escuelas de primaria y 100.459 en escuelas de secundaria en el año escolar 2015/16. El Ministerio de Educación también instituyó el Plan Quinquenal de Desarrollo de la Educación de los Niños y Jóvenes con Discapacidad (2014-2019), que previó una hoja de ruta coherente con los objetivos de la Educación para Todos que se establecen en la Declaración de Salamanca, y la Estrategia de Incheon para Hacer Realidad los Derechos de las Personas con Discapacidad en Asia y el Pacífico.

172.Según el censo de Filipinas de 2010 y la estimación del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, aproximadamente 5 millones de niños indígenas de 5 a 15 años de edad deberían estar inscritos en guarderías hasta el noveno grado. El Ministerio de Educación promulgó varias políticas que se ocupan de la educación de los niños indígenas, en particular las siguientes:

a)Orden Ministerial núm. 62 (serie de 2011) – Adopción del Marco Nacional de Políticas Educativas de los Pueblos Indígenas;

b)Orden Ministerial núm. 103 (serie de 2011) – Creación de la Oficina de Educación de los Pueblos Indígenas;

c)Orden Ministerial núm. 32 (serie de 2015) – Adopción del Marco Curricular de Educación de los Pueblos Indígenas;

d)Orden Ministerial núm. 50 (serie de 2016) – Directrices de contratación de docentes de la categoría I en las escuelas que imparten enseñanza a los pueblos indígenas desde el curso escolar 2016-2017; y

e)Orden Ministerial núm. 3 (serie de 2017) – Directrices plurianuales de implementación relativas a la asignación y utilización del fondo de apoyo al Programa de Educación de los Pueblos Indígenas.

173.En el año escolar 2015/16, el Ministerio de Educación registró aproximadamente 1,9 millones de niños indígenas matriculados desde guardería hasta el 6º grado, pero tan solo alrededor de 500.000 hasta el 11º grado. En el año escolar 2016/17 se habían matriculado un total de 2.251.765 alumnos de los pueblos indígenas desde el jardín de infancia hasta el sexto grado, incluida la educación especial sin grado, y 678.072 en la enseñanza secundaria. Aunque es una parte significativa de la población, la cifra sigue siendo tan solo una fracción del número de graduados al que se ha hecho referencia anteriormente.

174.En 2011 el Ministerio de Educación de Filipinas, en asociación con la Embajada de Australia, puso en marcha su Programa de Respuesta a la Educación Indígena y Musulmana, que abarca las necesidades educativas de esos grupos de población.

175.Tras el asedio de Marawi se puso en marcha la Brigada Eskwela sa Marawi, una vez reanudaron su actividad 12 escuelas públicas de la ciudad de Marawi en septiembre de 2017. Con el fin de asegurar la continuidad de la educación de los niños, en el marco de esa iniciativa se contribuyó a la reparación y limpieza de las escuelas. Se utilizó un “sistema conectado y hermanado” que conectaba las escuelas afectadas de la ciudad de Marawi con las oficinas regionales y la división de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán, con el fin de obtener apoyo en forma de mano de obra y suministros de otros recursos necesarios para la rehabilitación. En noviembre de 2017, el Ministerio de Educación en la Región Autónoma del Mindanao Musulmán comenzó la reparación de 7 escuelas dañadas en la ciudad de Marawi y otras 54 escuelas en diferentes partes de Lanao del Sur.

176.Las madaris, en particular las madrasas privadas normalizadas, han sido objeto de un proceso de armonización, mejora y modificación como parte del sistema educativo. De conformidad con la Orden Ministerial núm. 51 (2014), se establece el plan de estudios normalizado para las escuelas públicas primarias y las madaris privadas, y todas las madrasas del país deben adoptar y aplicar ese plan normalizado para obtener la acreditación gubernamental. En las escuelas públicas, el plan de estudios mejorado, que también se establece por ley, obliga a ofrecer estudios de árabe y valores islámicos a los estudiantes musulmanes de las zonas donde hay población musulmana. En el año escolar 2016/17, el número de alumnos musulmanes matriculados ascendió a 938.366 desde el jardín de infancia hasta el sexto grado, y a 253.393 desde el séptimo hasta el décimo grado.

177.La Tahderriyah (enseñanza preescolar/jardín de infancia para los niños de Bangsamoro) ha llegado al menos a 20.482 niños de 813 lugares donde se imparte ese plan de enseñanza. Las clases de árabe y de valores islámicos en el marco del Sistema de Aprendizaje Alternativo están diseñadas para que los migrantes musulmanes puedan contribuir positivamente a los esfuerzos de paz de nuestro Gobierno, con miras a mejorar la calidad de vida de la juventud musulmana. En el año escolar 2016/17 se habían inscrito en el programa 566.708 estudiantes de primaria y 4.156 estudiantes de secundaria en las escuelas públicas, y el mayor número de inscripciones se registró en la Región Autónoma del Mindanao Musulmán.

178.Además, el Gobierno también ha aprobado la Ley de Historia Integrada, que incorpora la historia, la cultura y la identidad de los filipinos musulmanes y los pueblos indígenas en los estudios de historia de Filipinas.

179.En coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, el Ministerio de Educación organizó dos congresos nacionales de educadores, en 2009 y en 2011. Sin embargo, el tema de los derechos humanos no se incluye obligatoriamente en los planes de estudios. También se han puesto en marcha iniciativas para incluir la ley marcial y las violaciones de los derechos humanos como parte de los planes, con el fin de evitar el revisionismo histórico.

Aprendizaje informal y formación profesional

180.En la encuesta sobre alfabetización funcional, educación y medios de comunicación de 2013 se especificaba que 1 de cada 10 niños y jóvenes filipinos, es decir, unos 4 millones, no asistía a la escuela, y que el motivo principal era el matrimonio (1,7 % de varones, 36,2 % de mujeres), seguido de unos ingresos familiares insuficientes para la asistencia a la escuela, la falta de interés personal (33,1 % de varones, 10,3 % de mujeres), las tareas domésticas (1,8 % de varones, 13,7 % de mujeres) y el elevado costo de la educación. Sobre la base de la Encuesta Anual de Indicadores de Pobreza de 2017, alrededor del 9 % de los 39,2 millones de filipinos de 6 a 24 años eran niños y jóvenes no escolarizados, cuya proporción fue mayor entre las mujeres (63,3 %) que entre los varones (36,7 %). Las razones más comunes para no asistir a la escuela fueron el matrimonio o los asuntos familiares (57 % de mujeres, 2,5 % de varones), la falta de interés personal (13,6 % de mujeres, 43,8 % de varones), y el elevado costo de la educación o las preocupaciones financieras (14,3 % de mujeres, 24 % de varones).

181.En un esfuerzo por abordar este problema, el Ministerio de Educación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de la República núm. 9155, institucionalizó su Sistema de Aprendizaje Alternativo, un sistema paralelo que ofrece una alternativa práctica a la instrucción oficial e incluye fuentes de conocimientos y aptitudes tanto no académicas como informales. En lo referente al programa Balik-Paaralan Para sa, que alienta a jóvenes y adultos no escolarizados a que regresen a la escuela, cabe señalar que la oficina del Ministerio de Educación encargada de gestionar el Sistema de Aprendizaje Alternativo logró recabar la participación de 5.951 estudiantes varones y 3.509 mujeres en 2016.

182.A fin de facilitar aún más el acceso a la educación para todos, el Ministerio de Educación puso en práctica su Programa de Escuela Secundaria Abierta como forma alternativa de impartir enseñanza secundaria en las escuelas públicas y privadas del país. El programa tiene como objetivo retener en la escuela a los posibles desertores y animar a los niños y jóvenes no escolarizados en edad de asistir a la escuela secundaria a que regresen a ella. Se centra en el estudio independiente, a un ritmo propio y flexible, para llegar a los alumnos que no pueden iniciar o terminar la secundaria por problemas de tiempo, distancia, discapacidad física, dificultades financieras o problemas familiares. Proporciona a los estudiantes en edad de asistir a la escuela secundaria acceso a la enseñanza oficial mediante una modalidad alternativa.

183.En respuesta a las observaciones finales en el sentido de que el Estado adoptara medidas concretas para reducir las tasas de deserción de estudiantes en la enseñanza primaria y secundaria, hiciera frente a las causas que impiden finalizar los estudios escolares, como las tradiciones culturales y la pobreza, y aumentara el número de alumnos que pasan de la enseñanza primaria a la secundaria, el Gobierno elaboró Modalidades Alternativos de Enseñanza para los estudiantes sin educación formal, que corren el riesgo de abandonar los estudios o que tienen dificultades para asistir a la escuela debido a limitaciones sociales y económicas, en particular las siguientes:

a)El Programa Abot-Alam, una alianza del Ministerio de Educación y las organizaciones de la sociedad civil, cuya finalidad es hacer un seguimiento de los jóvenes que no asisten a la escuela para que completen su educación básica, y organizar actividades a fin de integrar diversos programas destinados a esos jóvenes y ofrecerles oportunidades de educación, empleo e iniciativa empresarial, con miras a conseguir que ninguna persona joven deje de asistir a la escuela. En 2016, se presentó un proyecto de ley del Senado para institucionalizar este programa con los objetivos de crear un banco de datos de niños y jóvenes no escolarizados y de ofrecerles acceso a programas y servicios;

b)El programa Kariton Klasrum, que utiliza carritos con materiales de aprendizaje, suministros escolares, kits de higiene, botiquines de primeros auxilios y módulos del Ministerio de Educación destinados a las zonas de difícil acceso, para impartir enseñanza a los jóvenes que no asisten a la escuela y otros niños. En 2014, la Compañía Adolescentes Dinámicos registró a 43 alumnos en al menos dos ubicaciones de Cavite, donde el programa funciona a pleno rendimiento.

184.El Programa de Educación Multigrado, que ofrece clases de distintos grados en escuelas primarias situadas en localidades distantes y poco pobladas. Una clase multigrado suele abarcar dos o más grados distintos a cargo de un único docente. La mayoría de sus alumnos son estudiantes que pertenecen a comunidades aisladas y con dificultades financieras o a comunidades indígenas, y que residen en zonas remotas donde las escuelas están separadas unas de otras. Esto significa que niños con diferentes aptitudes, capacidades, niveles de desarrollo y necesidades se mezclan en una clase y trabajan juntos bajo las directrices de un docente.

185.El itinerario de formación profesional técnica en la escuela secundaria superior registró un número importante de matriculaciones (562.572 de los 1.445.107 alumnos matriculados en el año escolar 2016/17, es decir, el 38,93 % del total a nivel nacional). Mientras que la Autoridad de Educación Técnica y Desarrollo de Aptitudes insta a los estudiantes a elegir ese itinerario, la piedra angular del sistema sigue siendo la posibilidad que tiene el estudiante de elegir el itinerario que considere más conveniente.

Programas de capacitación

186.Si bien el acceso a la educación sigue siendo un componente necesario en la defensa de los derechos del niño, el Estado vela por que la calidad de la enseñanza también se mantenga. Esto es coherente con las observaciones finales, que alientan al Estado a mejorar la calidad de la enseñanza mediante el aumento de la proporción de maestros respecto del número de alumnos de la enseñanza primaria y secundaria, velando al mismo tiempo por que los maestros reciban una formación adecuada y estén plenamente calificados, y por que reciban sueldos adecuados. El Ministerio de Educación lleva a cabo regularmente programas de formación para fortalecer las capacidades de los educadores. Un ejemplo es la capacitación impartida en 2016 a los profesores de secundaria superior en el marco del Programa de Educación Básica K-12, que les orientó e informó con respecto a la evolución y los enfoques más adecuados de los planes de estudios en ese nivel de enseñanza. También se impartió capacitación sobre la política de protección de la infancia del Ministerio de Educación.

187.El Estado ha creado programas que abordan la reducción y gestión del riesgo de desastres. En 2011, en virtud de la Ley de la República núm. 10121, el Ministerio de Educación creó una Oficina de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres para poner en marcha y dirigir el establecimiento de mecanismos de preparación, garantía de la protección y aumento de la capacidad de recuperación de sus integrantes, en particular la comunidad escolar.

188.En 2012 se dictó la Orden Ministerial núm. 40, o Política de Protección de la Infancia, con miras a vigilar y disminuir los casos de violencia contra los niños. En el período 2015-2016 se denunciaron 29.723 casos de intimidación y 7.558 casos de maltrato infantil en las escuelas. Dicha Orden reitera las prohibiciones de maltrato contra los niños, como la imposición de castigos corporales, y penaliza los comportamientos abusivos tales como los actos de intimidación. En este sentido, describe en líneas generales los deberes y las responsabilidades de los funcionarios de las escuelas, crea procesos para la gestión de los casos y las denuncias de maltrato, e impone sanciones por la violación de sus disposiciones y de otras leyes. En 2016 se publicó el Memorando núm. 131 del Ministerio de Educación, denominado Capacitación y Designación de Especialistas del Ministerio de Educación para la Tramitación de los Casos que Afectan a los Niños, con el fin de designar a esos especialistas y equiparlos para que presten asesoramiento técnico y remitan y supervisen los casos de maltrato infantil.

Medidas especiales de protección

189.El Estado reconoce la vulnerabilidad de numerosos miembros de la sociedad, especialmente en un país en desarrollo donde la mitigación de la pobreza y la falta de crecimiento económico inclusivo siguen siendo un problema.

Refugiados, solicitantes de asilo y migrantes

190.En 2011, el Estado firmó el instrumento de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas (Convención de 1954). En 2012, el Ministerio de Justicia también emitió la Circular núm. 58, o Normas sobre el Establecimiento del Procedimiento de Determinación de la Condición de Refugiado y Apátrida, con miras a ofrecer un proceso de solicitud más eficiente a los refugiados. El Ministerio de Justicia también mantiene una base de datos de los solicitantes de asilo y refugiados.

191.El ejecutivo regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha reconocido asimismo las iniciativas del Estado para proteger los derechos de esas personas. Además, el Proyecto de Determinación de la Condición de Refugiado, dirigido por la Dependencia de Tramitación de los Casos de Refugiados y Apátridas del Ministerio de Justicia y el Mecanismo de Tránsito de Emergencia, fue muy bien recibido. En el marco de otro proyecto se identifica y registra a las personas de ascendencia indonesia en cooperación con el Consulado de Indonesia en Mindanao.

192.El Estado ha dirigido las actividades llevadas a cabo en el marco de la iniciativa denominada Migrantes en Países en Situaciones de Crisis. Su objetivo es mejorar la capacidad de prevención, preparación y respuesta para hacer frente a las situaciones de crisis que afectan a los migrantes. Se celebraron consultas regionales que dieron lugar a los Principios, Directrices y Prácticas para los Migrantes en Países en Situaciones de Crisis.

Explotación económica y trabajo infantil

193.Según la Encuesta sobre la Infancia de 2011, llevada a cabo por la Oficina de Estadística de Filipinas con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alrededor de 2,1 millones de niños realizaban trabajo infantil, de los cuales el 58,4 % estaba empleado en el sector agrícola (agricultura y ganadería, caza y prestación de servicios conexos); el 34,6 % trabajaba en el sector de los servicios (comercio al por menor, servicios de alimentación, información y comunicaciones); y el 7 % lo hacía en el sector de la minería y explotación en canteras.

194.El Plan de Desarrollo de Filipinas (2017-2022) apoya programas e iniciativas para eliminar el trabajo infantil. El objetivo final es liberar al 30 % (aproximadamente 630.000 niños) de esos 2,1 millones de trabajadores. Entre las medidas para combatir el trabajo infantil cabe mencionar las siguientes:

a)Orden Ministerial núm. 149 (serie de 2016), o Directrices para evaluar y determinar los trabajos peligrosos en relación con el empleo de personas menores de 18 años; Orden Ministerial núm. 156 (serie de 2016, o Normas y reglamentos que rigen las condiciones de trabajo y de vida de los pescadores a bordo de los pesqueros que participan en operaciones de pesca comercial; y Orden Ministerial núm. 159 (serie de 2016), o Directrices para el empleo de los trabajadores migratorios en el sector de la caña de azúcar;

b)El Sagip Batang Manggagawa (o Rescate de los Niños Trabajadores) es un mecanismo interinstitucional de acción rápida que responde a los casos de niños que trabajan en condiciones extremadamente abyectas mediante su detección, vigilancia y rescate. De 2008 a 2016 se llevaron a cabo un total de 153 operaciones de rescate de 857 niños trabajadores y se cerraron 51 establecimientos;

c)Ayuda para la subsistencia destinada a los padres de los niños trabajadores, que consta de un Negokart (carreta), el equipo inicial para crear una pequeña empresa o los materiales necesarios para asegurar los medios de subsistencia. En el marco del Programa Integrado de Medios de Subsistencia y Empleo de Emergencia del Ministerio de Trabajo y Empleo, los beneficiarios de los medios de subsistencia no deben permitir que sus hijos participen en el trabajo infantil. Entre 2008 y 2016 se prestó asistencia a un total de 24.393 padres de antiguos niños trabajadores;

d)Campaña para Erradicar el Trabajo Infantil en los Barangays, implementada de 2014 a 2016 en 337 barangays de todo el país, que obtuvieron la certificación de libres de trabajo infantil por el Ministerio de Trabajo y sus asociados;

e)Directrices operacionales de 2012 sobre la emisión del sello de establecimiento y/o zona libre de trabajo infantil en el marco del programa de incentivos al cumplimiento de la legislación en esa esfera, con miras a promover prácticas comerciales conformes y socialmente responsables. Entre 2013 y 2016, un total de 213 establecimientos fueron reconocidos como libres de trabajo infantil;

f)Programa HELP ME (salud, educación, medios de subsistencia, promoción, protección y enjuiciamiento, vigilancia y evaluación), o Programa de Convergencia para Hacer Frente al Trabajo Infantil, que involucra a organismos públicos desde el nivel nacional hasta el de barangay para la prestación de servicios a los niños trabajadores y sus familias. En 2016 se firmó la Circular relativa al memorando conjunto sobre las directrices de aplicación de ese programa de convergencia, con el fin de “promover la expansión de una alianza en favor de la prestación de servicios que beneficien directamente a las víctimas del trabajo infantil en esferas como la salud, la educación, el bienestar y la asistencia jurídica, así como oportunidades económicas viables para los padres de esos niños”. Cada uno de los organismos que suscribieron la circular tiene obligaciones específicas en relación con las esferas abarcadas en sus respectivos mandatos;

g)Manual de procedimiento para tramitar las denuncias de trata de personas, contratación ilegal y trabajo infantil, o procedimiento operativo normalizado para las oficinas regionales y locales del Ministerio de Trabajo y Empleo;

h)El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT prestó apoyo técnico y financiero a la ejecución del proyecto de colaboración y asistencia para la reducción del trabajo infantil a nivel nacional, en las esferas de la legislación, aplicación, vigilancia, elaboración y ejecución de los planes de acción nacionales y en la mejora en la aplicación de políticas y programas conexos; apoyó asimismo el proyecto de convocatoria para poner freno al trabajo infantil y mejorar las condiciones de trabajo en la minería de oro artesanal y en pequeña escala (CARING-Gold), con miras a establecer una plataforma para que los actores interesados elaborasen estrategias encaminadas a solucionar el problema del trabajo infantil y las malas condiciones de trabajo en la minería de oro artesanal y en pequeña escala;

i)De 2013 a 2016, el Instituto Ecuménico de Educación e Investigación Laboral ejecutó el proyecto de base comunitaria Bata Balik-Eskwela, financiado por la Unión Europea, a fin de combatir el trabajo infantil en los sectores peligrosos de las plantaciones y la minería. El proyecto apoyó la reintegración de los niños trabajadores en la escuela formal e incluyó la formación de los Centros de AprendizajeBata Balik-Eskwelaen comunidades de plantaciones y minas, en seis zonas ubicadas en Agusan del Sur, Camarines Norte, Valle de Compostela, Bukidnon, Negros Occidental y Davao del Norte. Según la Comisión Europea, se han abierto 6 centros de aprendizaje Bata Balik-Eskwelaen 6 comunidades de plantaciones y minas, y cada año se matriculan en ellos al menos 100 niños;

j)El proyecto ABK3 LEAP (medios de subsistencia, educación, promoción y protección), dirigido por World Vision y encaminado a la reducción del trabajo infantil en las zonas dedicadas al cultivo de caña de azúcar, se ejecutó de 2012 a 2016 y ayudó a 54.479 niños de 30.412 hogares; 30.348 beneficiarios recibieron ayudas para sus medios de subsistencia; 53.613 niños recibieron apoyo en forma de escolarización formal; y 142 barangays, 37 ciudades/municipios y 8 provincias recibieron asistencia para desarrollar políticas y programas sobre los derechos del niño y la reducción del trabajo infantil;

k)El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos mencionó a Filipinas en sus informes de 2012 a 2015, y destacó los importantes avances en las iniciativas destinadas a la eliminación de las peores formas de trabajo infantil en el país;

l)A principios de 2017 se lanzó el Programa de Asistencia Estratégica para la Información, la Educación, los Medios de Subsistencia y otras Intervenciones de Desarrollo. Se puso a prueba en tres ámbitos prioritarios con un gran número de niños que trabajan en la pesca de altura, la minería, la explotación de canteras y la agricultura. Uno de los objetivos del programa era el establecimiento de un sistema de registro del trabajo infantil a nivel local para identificar a los niños trabajadores de la comunidad y hacer un seguimiento de sus casos, así como una ventanilla de asistencia a los barangays para prestar servicios a los niños trabajadores y sus familias, y facilitar las operaciones de rescate en caso necesario;

m)Se creó un módulo adicional sobre el trabajo infantil para informar mejor a las familias que permiten a sus hijos trabajar a una edad temprana sobre los efectos del trabajo infantil a largo plazo, con el objetivo de integrar ese módulo en las sesiones mensuales de desarrollo familiar dirigidas a los beneficiarios del Programa de Transferencia Monetaria Condicionada.

Grupos minoritarios o indígenas

195.Hay iniciativas de los organismos públicos para hacer efectivos los derechos de los niños indígenas. El Ministerio de Educación ha establecido la Oficina de Educación de los Pueblos Indígenas, que ayuda a implementar programas de educación específicos para ellos, y ha desarrollado programas que satisfarán las necesidades de aprendizaje de sus comunidades; el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo cuenta con el Marco de Participación de los Pueblos Indígenas y el Programa de Transferencia Monetaria Condicionada Modificada para los pueblos indígenas en las zonas geográficamente aisladas y desfavorecidas, que depende del Programa Pantawid Pamilyang Pilipino o del Programa de Trasferencia Monetaria Condicionada; por su parte, el Ministerio de Salud se ha unido a la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas y el Ministerio del Interior y las Administraciones Locales para abordar diversas cuestiones relativas a la prestación de servicios sanitarios básicos a las comunidades de los pueblos indígenas.

196.En 2015 se presentaron proyectos de ley sobre la elaboración de perfiles antirreligiosos y raciales, una Ley de Salvaguardia de los Derechos de Propiedad Tradicionales de los Pueblos Indígenas, y una Ley para Garantizar la Igualdad de Oportunidades de Empleo a los Miembros de las Comunidades Culturales Indígenas y la Preferencia en el Empleo en Determinados Casos. Otro proyecto de ley presentado en 2016 se refiere a un sistema de registro civil libre y adaptado a las culturas de los pueblos indígenas. Estos proyectos de ley se examinaron en ambas cámaras del Congreso, donde deben pasar tres lecturas y ser firmados por el Presidente antes de convertirse en ley.

197.En 2016, el Estado se comprometió a implementar el Marco de Participación de los Pueblos Indígenas y el Programa de Transferencia Monetaria Condicionada Modificada para los pueblos indígenas de las zonas geográficamente aisladas y desfavorecidas, del que se beneficiaron unas 200.000 familias. Gracias a los esfuerzos conjuntos del Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas y el Ministerio del Interior y las Administraciones Locales, se prestaron servicios de salud básicos a esas comunidades.

198.La protección de los niños indígenas prevista en la Ley de la República núm. 8371, o Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas de 1997, continúa haciendo frente a dificultades debido a la falta de recursos financieros y humanos de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas. La falta de datos precisos sobre los niños indígenas supone un problema para el diseño de programas basados en pruebas y en la obtención de resultados.

Niños en situación de riesgo en las calles

199.Se está trabajando para determinar el número exacto de niños en situación de riesgo en las calles del país, a pesar de la dificultad que supone su movilidad y el hecho de que pasen temporadas en la calle. En 2010, el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo dirigió una evaluación rápida de los niños en situación de riesgo en las calles y las familias que viven en las calles en las 17 dependencias de las administraciones locales de Metro Manila, y se contabilizaron 3.072 niños durante el período objeto de esa evaluación. También se observó que la cifra aumentaba durante la temporada de Navidad, como confirmó la encuestaPasko ng Batang Pinoy de 2012, en la que otros 3.703 niños fueron identificados como “niños en situación ocasional de riesgo en las calles”.

200.Este programa de evaluación rápida de niños en situación de riesgo se amplió en 2015 para incluir la Región III, los niños en situación de riesgo en las calles, 2.060 familias de la calle y 904 adultos de la calle. La mayoría se encontraba en la Región de la Capital Nacional y la Región III, y no se contabilizó de ninguno en las regiones VI, VII y XI. Una encuesta más reciente, realizada entre enero y agosto de 2016 en la Región de la Capital Nacional, indica que había 4.367 niños en situación de riesgo en las calles, 3.191 de los cuales estaban en esa situación o seguían manteniendo una comunicación regular con sus familias, y 1.176 habían sido abandonados o desatendidos, o pertenecían a familias de la calle sin hogar. En las regiones IV-A CALABARZO, V, VI, VII y XI se contabilizaron 7.114 niños en situación de riesgo en las calles, 2.060 familias de la calle y 904 adultos de la calle. La mayoría se encontraba en la Región de la Capital Nacional y la Región III, y no se contabilizó ninguno en las regiones VI, VII y XI. Una encuesta más reciente, realizada entre enero y agosto de 2016 en la Región de la Capital Nacional, señala que había 4.367 niños en situación de riesgo en las calles, 3.191 de los cuales estaban en esa situación o seguían manteniendo una comunicación regular con sus familias, y 1.176 habían sido abandonados o desatendidos, o pertenecían a familias de la calle sin hogar.

201.En 2011, el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo se fijó la meta de “incidencia cero” respecto de posibles niños en situación de riesgo en las calles de las principales vías de Metro Manila. Ese mismo año, la Junta del Consejo Estatal para el Bienestar de la Infancia aprobó un protocolo sobre las operaciones de rescate de niños en situación de riesgo en las calles, como guía para todas las partes interesadas al respecto, implementada en 2012 mediante una circular que suscribieron conjuntamente el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo y el Ministerio del Interior y las Administraciones Locales. En 2015 y 2016 se pusieron en marcha varias operaciones en zonas prioritarias de la Región de la Capital Nacional con objeto de sacar de la calle a los niños en situaciones peligrosas, así como a sus familias. De enero a septiembre de 2016, el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo informó de que un total de 14.759 personas fueron asistidas y sacadas de las calles, de las cuales el 53,9 % eran niños. Un total de 7.625 niños fueron devueltos a sus familias, mientras que 7.134 fueron colocados en alojamientos temporales.

202.En 2015, el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo puso en marcha el Programa Integral para Niños y Familias en Situación de Riesgo en las Calles y Pueblos Indígenas, especialmente los sama bajaus, como enfoque integrado de respuesta a las necesidades de los niños de la calle y sus familias. El programa ofrece un conjunto de servicios, intervenciones y oportunidades para que las personas beneficiarias vivan productivamente en un entorno seguro. En 2016, el programa había proporcionado, entre otras cosas, asistencia educativa a 6.938 niños y sama bajaus; servicios a 15.928 niños en 58 centros de actividades; inscripciones de nacimientos a 78 sama bajaus; y asistencia financiera y formación práctica a 1.015 familias.

203.El Estado también lanzó el Programa de Transferencia Monetaria Condicionada Modificada para las familias que necesitan protección especial, dirigido a las familias de la calle y sus hijos, en reconocimiento del hecho de que la pobreza es la causa fundamental de esa situación. Las condiciones del programa se ajustan para responder a las necesidades y características de las familias y los niños de la calle, si bien en general se procura ofrecer oportunidades a los niños en situación de riesgo para que realicen los trayectos hacia o desde la escuela y se beneficien de los servicios de salud. El Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo también ha aumentado el número de centros de actividades para niños en situación de riesgo en las calles y sus familias, donde pueden beneficiarse de servicios públicos y actividades de subsistencia. En términos reales, según los datos del Organismo Nacional de Economía y Desarrollo, en 2017 había 4.394.813 hogares que recibían subsidios en efectivo en el marco de dicho programa. De hecho, se había producido una meseta en la tendencia del número de beneficiarios, debido fundamentalmente al hecho de que algunas de estas personas se habían graduado.

204.En diciembre de 2017 se dio nuevo impulso a la Red Nacional de los Niños de la Calle, una estructura de coordinación interinstitucional integrada por organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y asociados internacionales para el desarrollo, adscrita al Consejo Estatal para el Bienestar de la Infancia, con el objetivo principal de responder a la observación general núm. 21 sobre los niños en situación de calle, publicada por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

Explotación y abusos sexuales

205.El Estado reconoce que la explotación y los abusos sexuales son un problema constante en el país. El Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo informó de que, en 2016, un total de 1.045 niños fueron víctimas de abusos sexuales, mientras que 149 niños fueron objeto de explotación sexual. La explotación se da en forma de prostitución, pedofilia, ciberpornografía y acoso sexual. El estudio de referencia nacional sobre la violencia contra los niños señaló que estas formas de abuso afectan habitualmente tanto a las niñas como a los niños. Dada esta situación, el Gobierno ha mantenido y mejorado sus iniciativas para combatirla.

206.En 2012, el Estado pasó a ser miembro de la Alianza Mundial contra el Abuso Sexual de los Niños en Internet. Esto permitió que Filipinas tuviera acceso a redes privadas y se le notificaran las pistas relacionadas con la explotación sexual de los niños en ese ámbito. Además de la Ley contra la Pornografía Infantil, la Ley de Prevención de la Ciberdelincuencia y el Proyecto de Ciberseguridad contra la Pornografía Infantil, otras medidas incluyen las siguientes:

a)La Policía Nacional y los fiscales de Filipinas recibieron capacitación sobre el Protocolo de Gestión de los Casos de Niños Víctimas de Maltrato, Descuido y Explotación; se impartió formación en materia de ciberdelincuencia a los fiscales; y se proporcionó capacitación/orientación sobre el abuso de niños en línea;

b)La Junta de Medios Ópticos llevó a cabo 41 campañas de información sobre la pornografía infantil, y también se incautó de 76.368 dispositivos ópticos falsificados que contenían pornografía infantil.

207.El Consejo Interinstitucional contra la Pornografía Infantil en Filipinas ha dirigido y coordinado diversas iniciativas para hacer frente a esa lacra. Se creó un manual sobre la legislación conexa y sus normas de aplicación, así como una guía para las dependencias de las administraciones locales. El Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo creó una línea de asistencia mediante SMS que permite a la población denunciar los sitios de pornografía infantil para su bloqueo. En 2014, el Ministerio de Justicia designó a fiscales de ciberdelincuencia con el fin de que se tramitaran mejor esos casos.

208.El Programa Especial del Grupo de Lucha contra la Ciberdelincuencia (ANGELNET) de la Policía Nacional de Filipinas estableció un centro de operaciones para la coordinación de toda la información y las preocupaciones relativas a Internet entre los principales actores. De enero a septiembre de 2016, investigó 136 casos de maltrato infantil en línea. En 2016, la Policía Nacional había cerrado 322 sitios web de pornografía infantil a los que antes se podía acceder libremente en Internet. El Consejo Interinstitucional contra la Pornografía Infantil en Filipinas desarrolló una serie de procesos interoperables para la tramitación y gestión de los casos de pornografía infantil, y una guía para la atención terapéutica y psicosocial de las víctimas y supervivientes de esa lacra.

209.Se celebraron varias conferencias y actividades de fomento de la capacidad, en particular, la Conferencia Nacional sobre la Protección de los Niños en la Era Cibernética (noviembre de 2013); un taller de planificación de actividades para la Alianza Global contra el Abuso Sexual de Niños en Internet (mayo de 2014); un diálogo de mesa redonda de los sectores público y privado sobre el abuso sexual de niños en Internet (octubre de 2014); y 9 foros juveniles organizados por Stairway Foundation Inc., en los que participaron 600 estudiantes de escuelas públicas. También se puso en marcha la denominada Iniciativa de Ciberseguridad.

Venta, trata de personas y secuestro

210.La erradicación de la trata de personas sigue siendo una de las prioridades del Gobierno. Según un informe del Ministerio de Justicia de 2012, las adolescentes de 14 a 17 años suelen ser víctimas de la trata, ya que son atraídas por ofertas de trabajo en hogares, restaurantes, fábricas y agencias de entretenimiento, únicamente para terminar como esclavas sexuales. El Gobierno también informó de que el 90 % de los 318 menores de edad objeto de trata en el período de 2001 a 2011 eran niñas. El Consejo Interinstitucional contra la Trata informó de que, entre 2003 y 2016, se habían registrado y documentado 2.048 casos de víctimas de trata menores de edad. En 2016, al investigarse más casos, el Consejo Interinstitucional contra la Trata rescató o prestó servicios a 9.380 víctimas.

211.En junio de 2016, en reconocimiento del empeño del Gobierno de Filipinas en la lucha contra la trata de personas, la Oficina para Combatir y Vigilar la Trata de Personas adscrita al Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó su 15º informe anual sobre la trata, y promovió al país de la categoría 2 a la categoría 1, de manera que es el primero del sudeste asiático en alcanzar esa categoría, que se mantuvo en el informe del Departamento de Estado de 2017.

212.En 2015, el Consejo Interinstitucional contra la Trata informó de que había adoptado las medidas y alcanzado los objetivos que se exponen a continuación:

a)Creación de la línea de acción/asistencia telefónica 1343 por parte del Consejo Interinstitucional contra la Trata, que recibió un total de 30.019 llamadas entre 2011 y 2016. El 2 % de las llamadas realizadas se verificaron como casos de trata de niños, lo que permitió rescatar a 463 víctimas desde 2011, mientras que el resto no pudieron verificarse o estaban relacionadas con otras vulneraciones de la ley. También funcionan 24 equipos de tareas contra la trata de personas en diferentes zonas del país;

b)Alianza con la Junta de Examen y Clasificación Cinematográfica y de Televisión para el lanzamiento de campañas de concienciación, en cuyo marco la Junta publicó un memorando para ordenar a todas las salas que emitieran la presentación audiovisual del Consejo Interinstitucional contra la Trata;

c)Se realizaron 281 actividades de formación y fomento de la capacidad para funcionarios públicos y personal de ONG. El Consejo Interinstitucional contra la Trata ya ha organizado y apoyado 841 cursos de formación impartidos por asociados y organismos miembros desde 2012. Participaron en estos cursos 66.312 funcionarios públicos y del sector privado, así como estudiantes de secundaria y terciaria, docentes, académicos, gerentes de hoteles, personal de hoteles y seguridad, y operadores y conductores de autobuses;

d)Lanzamiento del Manual de las Dimensiones Laborales de la Trata de Personas, para que los fiscales e investigadores comprendan mejor todas las cuestiones relacionadas con la trata;

e)Establecimiento de los Centros de Operaciones del Consejo Interinstitucional contra la Trata, que sirven de alojamiento temporal para los testigos y las víctimas de esa lacra. Desde 2013, los agentes de los centros localizaron y persuadieron a 197 víctimas/testigos, y los escoltaron para que comparecieran y testificaran ante los tribunales. También prestaron asistencia en materia de transporte y seguridad a 640 víctimas/testigos de la trata, en relación con sus audiencias judiciales y sesiones de información jurídica programadas. Todas estas iniciativas contribuyeron a la investigación y el enjuiciamiento de los casos de trata de personas. Además, en julio de 2016 se creó la Sección de Delitos contra los Niños en Internet, adscrita a la División de Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio de Justicia.

213.Los organismos estatales también han adoptado medidas para contribuir a la campaña general contra la trata, en particular las siguientes:

a)El Ministerio de Relaciones Exteriores organizó talleres regionales sobre la lucha contra la trata de personas, dirigidos a las delegaciones del Servicio de Relaciones Exteriores de Filipinas, a fin de formar al personal destacado en primera línea en la identificación de posibles víctimas y la prestación de asistencia. En 2015, el Ministerio publicó un manual sobre los marcos jurídicos para la lucha contra la trata de personas a nivel nacional e internacional. En 2013 y 2015, la Academia Judicial de Filipinas llevó a cabo programas de capacitación para mejorar las competencias, en los que participaron más de 120 jueces y funcionarios de los tribunales que se ocupan de los casos de trata;

b)De conformidad con la Ley de la República núm. 10821, al declararse el estado de calamidad pública la Policía Nacional y el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo, con la asistencia de las Fuerzas Armadas, reforzaron las medidas de vigilancia para prevenir la trata y el trabajo y la prostitución de niños, incluida la violencia doméstica y sexual;

c)El Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo implementa un Programa de Recuperación y Reintegración de las Personas Víctimas de la Trata. Un total de 10.232 víctimas de la trata fueron asistidas y atendidas en el marco de este programa, el 17 % de las cuales (1.689) eran menores de edad. Los datos muestran que las mujeres son más vulnerables a la trata que los hombres (6.723 contra 2.133).

214.El Estado también ha impulsado una mayor cooperación entre los Estados miembros de la ASEAN en la lucha contra la trata de personas. En 2004 la ASEAN firmó la Declaración contra la Trata de Personas, en Particular de Mujeres y Niños, y en el período de 2010 a 2012 se aplicó un programa de trabajo relativo al Plan de Acción de la ASEAN contra la Delincuencia Transnacional, a fin de seguir fortaleciendo la cooperación regional e internacional en materia de lucha y prevención contra la trata de personas.

215.En febrero de 2017, Filipinas ratificó la Convención de la ASEAN contra la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños, en la que se reconoce que la trata es “una ofensa a la dignidad de los seres humanos”. El Plan de Acción de la ASEAN contra la Trata de Personas tiene por objeto reforzar la vigilancia de las fronteras entre los Estados miembros, procurar que se enjuicie un mayor número de casos de trata y fortalecer la cooperación regional en esa esfera. El Ministerio de Relaciones Exteriores lidera la participación del Gobierno de Filipinas en la reunión de la ASEAN sobre la trata de personas y en el Día Mundial contra la Trata de Personas, que las Naciones Unidas celebran el 30 de julio.

216.En 2017, los Estados Unidos y Filipinas firmaron una nueva alianza, a saber, la Alianza del Pacto de Protección Infantil, para mejorar las iniciativas encaminadas a reducir la explotación sexual de los niños en Internet y la trata de niños con fines de explotación laboral en Filipinas. El Pacto consiste en un plan cuatrienal elaborado conjuntamente con el fin de reforzar las iniciativas vigentes para enjuiciar y condenar a los traficantes de niños; proporcionar una atención integral a los niños víctimas de estos delitos, que tenga en cuenta los traumas sufridos; y evitar que esa clase de delitos se cometan en el futuro.

Niños en conflicto con la ley: administración del sistema de justicia juvenil

217.El Estado prosigue sus actividades encaminadas a responder a la situación de los niños en conflicto con la ley. El Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo informó de que, entre 2011 y 2016, prestó servicio a 14.001 de esos niños, y que la cifra disminuyó de 3.341 en 2011 a 1.778 en 2016. La disminución puede atribuirse a la validación y limpieza de los registros de la Policía Nacional. En el período de 2012 a 2015, los delitos más frecuentes en los que estuvieron implicados niños fueron los relacionados con la propiedad (47 %), seguidos de los delitos contra las personas (28 %).

218.En lo que respecta a los niños en conflicto con la ley, un logro fundamental fue la promulgación de la Ley de la República núm. 10630 (serie de 2012), por la que se reforzó el sistema de justicia juvenil y se modificó la Ley de Justicia y Bienestar Juvenil de 2006 (Ley de la República núm. 9344). La Ley prevé la creación del Centro de Intervención y Apoyo Intensivos para Menores, la asignación de fondos a los Bahay Pag-Asa,y la vigilancia del Consejo de Justicia y Bienestar Juvenil por el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo.

219.De conformidad con Ley de la República núm. 10630, los niños en conflicto con la ley que no hayan alcanzado la edad de responsabilidad penal estarán sujetos a intervenciones comunitarias supervisadas por los funcionarios locales de bienestar social y desarrollo, a menos que el interés superior del niño exija su remisión a un centro de atención para jóvenes o Bahay Pag-asa, administrado por las dependencias de las administraciones locales o por ONG autorizadas y/o acreditadas bajo la vigilancia del Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo. La Ley institucionaliza la remisión de los niños en conflicto con la ley en el marco del sistema de justicia Katarungang Pambarangay, así como en el ámbito de la policía, la fiscalía y los tribunales. Entre 2013 y 2016, un total de 2.599 niños participaron en intervenciones comunitarias, mientras que 1.821 se acogieron a programas de remisión. En el caso de los niños declarados culpables y cuyas sentencias no se suspendieron, la Administración de la Libertad Condicional y la Libertad Vigilada informó de que, de 2008 a 2016, un total de 275 niños fueron puestos en libertad vigilada. Los consejos regionales de justicia y bienestar juvenil que se han establecido en todas las regiones del país realizan inspecciones periódicas de las instalaciones penitenciarias para velar por la inmediata liberación de los niños detenidos. En 2015 y 2016 se visitaron 190 y 319 centros penitenciarios, respectivamente, lo que dio lugar a la liberación de 178 niños. Filipinas también se asegura de que los niños no permanezcan en esos establecimientos junto con los adultos, si la reclusión es necesaria.

220.El Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo informó de que, entre 2011 y 2016, se atendió a 9.194 niños en conflicto con la ley en diversos centros, de los cuales 3.647 fueron dados de alta y rehabilitados. Uno de los establecimientos dependientes del Ministerio, el Bahay Pag-Asa, es una institución de atención infantil que funciona las 24 horas del día, financiada y administrada por dependencias locales y ONG autorizadas y/o acreditadas que prestan servicios de asistencia residencial de corta duración a los niños en conflicto con la ley que tienen más de 15 años pero menos de 18 y se encuentran a la espera de la resolución judicial de sus casos. Funcionan en parte como centros de intervención y apoyo intensivo a los jóvenes. En las zonas que carecen de ellos, los niños se destinan a un centro regional de rehabilitación de jóvenes. Estas medidas han dado lugar a una importante disminución del número de niños encarcelados, y antes de que se promulgara la Ley de la República núm. 9344 en 2006, el promedio anual de niños encarcelados era de 1.976. Entre 2012 y 2016, la cifra disminuyó a 400.

221.Se han adoptado medidas para que los niños en conflicto con la ley reciban un trato adecuado antes y durante su detención. El Consejo de Justicia y Bienestar Juvenil desarrolló un Marco Nacional de Intervención Juvenil Integral para orientar a todas las partes interesadas, especialmente las dependencias de las administraciones locales, en la ejecución de los programas de intervención juvenil. En octubre de 2016, la Policía Nacional de Filipinas publicó un manual sobre la gestión de los casos de niños en situación de riesgo y en conflicto con la ley. También impartió varios cursos de capacitación a los funcionarios de la Oficina de Protección de la Mujer y el Niño para mejorar sus competencias de investigación y asegurar el éxito en la presentación de los casos, así como capacitación en materia de delitos contra los niños a través de Internet. Otros agentes del orden también recibieron capacitación sobre acumulación de casos y sensibilidad a las cuestiones de género. El Ministerio del Interior y las Administraciones Locales publicó la Circular núm. 2016-68, o Directrices para las Dependencias de las Administraciones Locales sobre el Desarrollo del Programa Integral de Intervención Juvenil a Nivel Local. En 2015, un total de 30 provincias, 82 ciudades, 585 municipios y 5.451 barangays disponían de programas locales de intervención juvenil que también se habían integrado en los planes de desarrollo local.

222.En 2009, el Tribunal Supremo publicó una norma sobre los menores en conflicto con la ley, que preveía una serie de derechos para esos niños como la asistencia inmediata por parte de un abogado y un trabajador social; el acceso a sus familiares; la información sobre los cargos y la remisión; y la confidencialidad de los exámenes médicos y dentales, entre otros. También preveía la liberación de los niños en el reconocimiento del compromiso asumido con respecto a su bienestar, así como el traslado a un centro de detención de jóvenes.

223.También se ha impartido continuamente formación a diversos garantes de la justicia juvenil. El Consejo de Justicia y Bienestar Juvenil informó de que, en 2016, un total de 13.939 funcionarios de las administraciones locales habían sido capacitados y supervisados. Entre 2012 y 2014, la Academia Judicial de Filipinas también llevó a cabo 11 programas de capacitación para más de 450 jueces de tribunales y personal encargado de los casos relacionados con niños, con la participación de la Fiscalía. La Oficina Nacional de Investigaciones y el Ministerio de Justicia impartieron capacitación sobre la gestión de los casos de niños víctimas, el enjuiciamiento de la ciberdelincuencia y el maltrato infantil en Internet. La Oficina Nacional de Investigaciones también dispuso 14 despachos para niños en sus oficinas de todo el país.

224.Entre otras políticas destinadas a los niños en conflicto con la ley cabe mencionar las siguientes:

a)Directrices del Ministerio de Educación de 2015 sobre la gestión de los casos de niños en situación de riesgo y en conflicto con la ley;

b)Resolución de la Comisión Nacional de la Juventud núm. 6 (2014) relativa a las directrices sobre la participación activa del Sangguniang Kabataan y las organizaciones juveniles en la aplicación de la Ley de la República núm. 9344, en su forma modificada por la Ley de la República núm. 10630;

c)Directrices del Consejo de Justicia y Bienestar Juvenil para el establecimiento de comités y secretarías regionales de justicia y bienestar juvenil;

d)Protocolo de Gestión de la Atención Integrada para los Garantes de Derechos, elaborado por el Consejo de Justicia y Bienestar Juvenil; y

e)Plano de planta/diseño físico normalizado para los Bahay Pag-Asa.

Edad mínima de responsabilidad penal

225.Como ya se ha mencionado, la Ley de la República núm. 10630 dispone que todo niño bajo custodia menor de 15 años debe ser entregado de inmediato para la custodia de sus padres o tutor o, en su defecto, del pariente más cercano. A efectos comparativos, cabe señalar que algunos de los siguientes países asiáticos aplican las siguientes medidas punitivas a los niños que superan la edad de responsabilidad penal prescrita: en el Japón, los tribunales de familia están autorizados a internar a niños de tan solo 11 años en escuelas de formación de menores bajo la administración de la Dirección de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia; en la República de Corea, los niños pueden ser objeto de medidas de protección a partir de los 12 años de edad, incluida la colocación en instituciones de bienestar infantil, instituciones de protección de menores y reformatorios o escuelas de formación de menores; en Camboya, los niños menores de 14 años pueden ser sometidos a medidas de “vigilancia, educación, protección y asistencia”; y en China continental, los menores de edad pueden ser considerados penalmente responsables de homicidio intencional, de herir intencionalmente a otra persona para causar lesiones graves de muerte, y de violación, robo, tráfico de drogas, incendio intencionado, explosión o envenenamiento, a partir de los 14 años de edad.

226.En el momento de redactarse el presente informe, había iniciativas para reducir la edad mínima de responsabilidad penal de los 15 a los 9 años, en el marco de proyectos de ley pendientes de resolución en el Congreso, y no había ninguna indicación clara de que fueran a aprobarse. Una versión aprobada por el Subcomité de Reformas Penitenciarias de la Cámara de Representantes mantuvo la edad mínima de responsabilidad penal en 15 años. También se informó de que el apoyo público y del Congreso a esa medida había disminuido. El Consejo de Justicia y Bienestar Juvenil prosiguió su labor de cabildeo y promoción legislativa directa para que se presentaran a los legisladores informes basados en datos empíricos, recomendaciones en materia de políticas y documentos consultivos.

Aplicación de los protocolos facultativos

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía

227.En 2016, el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo informó de que 61 niños eran víctimas de la pornografía infantil, 40 de la prostitución y 301 de la trata. Para hacer frente a estos problemas, el Estado puso en marcha programas como el Programa de Transferencia Monetaria Condicionada; el Programa Integral para Niños en Situación de Riesgo en las Calles, Familias de la Calle y Pueblos Indígenas; la Política de Protección de la Infancia en las Escuelas; el Programa de Turismo Responsable con la Infancia; el Sistema de Macrovigilancia Subaybay Bata;y el Programa de Recuperación y Reintegración para las Personas Víctimas de la Trata. Filipinas ha diseñado programas centrados en el fomento de la capacidad de su sistema de justicia para aplicar la Ley de la República núm. 9344 y sus normas y reglamentos. Se están facilitando a los jueces y los guardias de seguridad competencias adecuadas para tratar con los niños afectados.

228.El Estado, a través del Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo, también presta apoyo a las víctimas en el marco del Programa de Recuperación y Reintegración de las Personas Víctimas de la Trata/Deportadas, que cuenta con alojamientos, intervenciones en situaciones de crisis, campañas de sensibilización e instalaciones residenciales. Además, se ha establecido un Sistema Nacional de Remisión como mecanismo que fortalece las redes de remisión de los organismos que se ocupan de las víctimas de la trata, lo que permite a los encargados de gestionar los casos responder a la trata de manera más eficaz. El Ministerio mantiene 66 centros de acogida. Entre abril de 2014 y enero de 2015 se atendió a un total de 1.101 mujeres y niñas en 14 refugios para mujeres y refugios para mujeres y niñas, y a 821 niñas en los hogares para niñas de todo el país y en Marilac Hills.

229.A fin de prevenir la trata de niños, el Estado, por mediación del Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo, exige autorizaciones de viaje a los menores que no están acompañados por sus padres. El Consejo Interinstitucional contra la Trata ha creado equipos de tareas y de respuesta rápida para detectar a los traficantes en los aeropuertos y otros lugares estratégicos.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados

230.Desde que se presentó el último informe en 2007, se ha notificado que el Estado sigue haciendo frente al problema de la participación de niños en los conflictos armados, especialmente en Mindanao. En 2012, el Consejo Estatal para el Bienestar de la Infancia informó de que, desde 2008, entre 30.000 y 50.000 niños habían sido desplazados cada año debido a conflictos armados según las estimaciones. El Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo informó de que en 2016 se había prestado asistencia a un total de 17 niños víctimas de conflicto armado.

231.La edad mínima de admisión en la Academia Militar de Filipinas es de 17 años (que sigue siendo la edad de la minoría), y no debe ser superior a los 22 años en el momento de solicitarse la admisión. En agosto de 2016 se informó de que 1.146 examinados (743 varones y 403 mujeres) fueron admitidos en el proceso de selección de la Academia. El Curso de Formación de Oficiales en la Reserva es ahora voluntario y, en su lugar, el Gobierno ha instituido un Programa Nacional de Formación del Servicio conforme a la Ley de la República núm. 9163, del que ese curso es solo un componente.

232.En la medida de lo posible, se está procurando determinar el número de niños solicitantes de asilo y refugiados que llegan al Estado parte procedentes de zonas en las que podrían haber sido reclutados o utilizados en hostilidades, así como el número de niños a los que se ofrecen medidas de recuperación física y psicológica y de reintegración en la sociedad.

233.También se han adoptado varias medidas para proteger los derechos de los niños que participan en los conflictos armados. La principal es el Decreto núm. 138, firmado en 2013, que fortaleció la aplicación del Marco de Programas relativos a la Participación de Niños en los Conflictos Armados y reinstituyó el Comité Interinstitucional sobre la Participación de Niños en los Conflictos Armados. Este Comité no solo lleva a cabo campañas de capacitación, promoción e información en materia de derechos humanos, sino que también pone en práctica el Sistema de Vigilancia, Información y Respuesta ante Violaciones Graves de los Derechos del Niño en Situaciones de Conflicto Armado, incluidos el asesinato y la mutilación, el reclutamiento y la utilización de niños, los ataques contra escuelas y hospitales o establecimientos sanitarios, el secuestro de niños, la violación y otros tipos de violencia de género, y la denegación del acceso humanitario. En coordinación con el Comité Interinstitucional sobre la Participación de Niños en los Conflictos Armados, el Consejo Estatal para el Bienestar de la Infancia sigue promoviendo actividades de formación para los proveedores de servicios de primera línea, especialmente los organismos de coordinación. En 2015 y 2016 se impartió formación a 105 proveedores de servicios sobre la protección de los niños en zonas afectadas por conflictos.

234.El Sistema de Vigilancia, Información y Respuesta ante Violaciones Graves de los Derechos del Niño en Situaciones de Conflicto Armado amplió el papel del Consejo Estatal para el Bienestar de la Infancia a fin de que se coordinara con las oficinas apropiadas a nivel nacional y local. En el momento de redactarse el presente informe, se examinaban 107 casos en el marco de este sistema. A ese respecto, cabe mencionar la Circular núm. 2016-67 del Ministerio del Interior y las Administraciones Locales, en la que se instaba a dichas administraciones a que adoptaran y utilizaran el protocolo y las directrices del sistema en virtud del Decreto núm. 138.

235.Los principales garantes de esta labor son el Ministerio de Defensa Nacional‑Fuerzas Armadas de Filipinas y el Ministerio de Educación, que emitieron circulares (Directriz núm. 25 de las Fuerzas Armadas y Memorando núm. 221 del Ministerio de Educación) para ofrecer orientaciones sobre la forma en que ambas entidades deben llevar a cabo sus actividades en las escuelas y hospitales en situaciones de conflicto armado. También han coordinado la entrega de los niños rescatados junto con los funcionarios de los barangay, la Policía Nacional, los funcionarios locales de salud y los funcionarios locales de bienestar social y desarrollo. El Plan de Campaña del Ministerio de Defensa Nacional-Fuerzas Armadas de Filipinas para el período de 2010 a 2016 también se centró en el apoyo a la comunidad. Además, en colaboración con el UNICEF, en 2011 establecieron un plan de trabajo estratégico para prevenir violaciones graves de los derechos del niño.

236.En febrero de 2016, el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas de Filipinas promulgaron la Circular núm. 01 sobre la protección de la infancia en situaciones de conflicto armado, en la que se formulaban políticas a fin de prohibir las violaciones graves de los derechos del niño y se determinaban procedimientos y directrices para la vigilancia, la presentación de informes y la respuesta a esas violaciones cometidas por agentes estatales o no estatales Las directrices incluían disposiciones pertinentes sobre la selección de los voluntarios en la Unidad Geográfica de las Fuerzas Armadas Ciudadanas (CAFGU), el Cuerpo de Auxiliares Activos y el Cuerpo Especial de Auxiliares Activos de la CAFGU, la realización de actividades militares en escuelas y hospitales, y la responsabilidad de los mandos en la promoción de esta normativa.

237.En 2014, el Gobierno y el Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI) firmaron un Acuerdo Integral sobre Bangsamoro a fin de crear Bangsamoro, una nueva región autónoma para el pueblo musulmán. Sin embargo, su aprobación se suspendió y tuvo que ser objeto de un plebiscito. Es importante señalar que la prohibición de involucrar a los niños en los conflictos armados forma parte de ese acuerdo histórico. El 19 de febrero de 2017, el FMLI liberó al primer grupo de niños, aproximadamente unos 50, que habían participado con anterioridad en un conflicto armado.